Yo creo, sinceramente, en lo que dijo Pedro Aguirre Cerda: "Gobernar es educar". Y lo creo porque de no haber ocurrido el proceso que nace el año 1938, quizás Chile no sería el Chile de hoy.

Yo recuerdo haber escuchado en una charla a Joaquín Lavín, cuando se refería a la revolución silenciosa, libro que publicó por allá en los años 80, señalar que había cometido un solo gran error, según él, en su texto. Yo creo que cometió varios. Pero, en fin.

Pero él cometió uno. Dijo y reconoció que nada de lo ocurrido para el crecimiento y el desarrollo económico del país habría sucedido, de no haber habido los profesionales y el capital humano que Chile tenía. Y ese capital humano no se formó, con una educación con la cobertura que hoy día tiene, pero sí con colegios que tenían una calidad que permitía en su momento asegurar que las personas que de allí egresaban podían entrar a la universidad y de allí tener una salida para poder servir al país.

Seamos francos. Yo creo que el gran problema, y así, además, lo ha señalado mi partido, el partido radical-socialdemócrata, el gran problema de la educación nace con la concepción de la municipalización de la educación. Y nace porque ha sido muy curioso el proceso. Todos los alcaldes o gran parte de los ediles de este país han denostado contra la municipalización de la educación, han reclamado que no tienen financiamiento, han sostenido que efectivamente no pueden cumplir con los objetivos de la educación. Pero seamos francos, en el momento en que se plantea el que se desalcaldice la municipalización en ese momento sí que entran a defender el proceso. ¿Por preocupación por la educación?

Yo creo que no. Yo creo que es porque la educación, el proceso educativo, el control sobre los profesores y sobre los establecimientos educacionales permite poder electoral. Y hoy día estamos amarrados a ese proceso en función de intereses particulares personales de 345 personas.

Yo entiendo que esa ha sido la causa del gran drama que vive la educación chilena, fundamentalmente la educación destinada a las clases más desposeídas.

La preocupación de los Gobiernos democráticos por la educación ha sido importante. Inicialmente centró bríos al daño que produjo la dictadura con potentes inversiones en obras de infraestructura y  dedicó ingentes esfuerzos a la modernización del sistema, a recuperar la dignidad de los docentes, a la expansión de las matrículas y beneficios de los estudiantes.

Pero, reconozcamos, todo lo anterior con magros resultados finales, que incluso llevaron a la rebelión de los estudiantes secundarios, denominada "La Revolución de los Pingüinos".

La falla radica en el modelo educacional impuesto, que asignó al Estado un rol subsidiario, y a que la educación formara parte, en un segmento importante, de la política de mercado.

El Estado, por el contrario, debe jugar tres papeles a lo menos: el normativo y regulador, estableciendo y haciendo respetar el recto espíritu de la legislación, que tiende a fomentar la educación; ser compensador de las diferencias para asegurar una calidad para todos, y evaluador y supervisor del proceso educacional en sus diversas instancias, niveles y unidades.

Por ello resultaba imprescindible asumir cambios sustantivos en el sistema como en su operación, reforzando la cualidad rectora del Estado, como cautelador de los equilibrios sociales ante las graves asimetrías que hoy padece nuestra sociedad y como propulsor de una formación que entregue valores.

Para ello se requiere formar y perfeccionar permanentemente y con excelencia al profesorado, incentivar el diseño mejoramiento educativo para adecuarlo a las nuevas exigencias educacionales.

La LGE declara en su artículo 1° que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; que es deber del Estado velar por su cumplimiento y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo de calidad.

Agrega que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, y dentro de ello especifica que la educación y su calidad es un derecho de todas las personas, que debe propender a que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley y que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a no ser discriminados arbitrariamente; a que se respete su integridad física y moral, su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, todo ello con especial atención en aquellas personas o colectivos que requieran apoyo especial.

Declara este proyecto de ley, siguiendo a la Constitución, que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso de ella a toda la población.

En tal sentido, el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento tampoco para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte de la institución educacional.

Establece un Consejo Nacional de Educación, del cual ya hemos escuchado, que fijará las bases curriculares para la educación parvularia, básica y media.

Instaura la Agencia de Calidad de la Educación, a la que corresponde diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de los logros de aprendizaje, según estándares referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media, evaluaciones aplicables en forma periódica a la educación básica y a la media, e informar a los padres los resultados obtenidos.

En el mismo sentido, los establecimientos de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo a un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, deberán ser certificados válida y autónomamente por y en la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que les confiere la ley, permitiendo los sostenedores particulares cuyo objeto social único sea la educación, además de las personas jurídicas de Derecho Público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por la ley.

Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública respecto de sus usos y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de recursos que realizará la Superintendencia de Educación. Esta será la encargada de fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado a todos los sostenedores, con sanciones que llegan, en el caso de los privados, a la pérdida de su calidad si no cumplieran con las obligaciones que les señala la ley.

No hay duda que es laudable el espíritu del presente proyecto, pero ello no está logrado con niveles de aceptación necesarios.

El Estado está obligado constitucionalmente a otorgar una educación pública de carácter gratuito. Nada se dice en este proyecto respecto a la constitucionalidad del cobro del financiamiento compartido por parte de los sostenedores particulares. Si bien se ha publicitado que esta ley defiende la exclusión del lucro dentro de la educación, es claro en el hecho y de la lectura del proyecto que estamos discutiendo, que la mantención del financiamiento compartido no cumple con la norma constitucional.

En mi opinión, quienes deseen tener educación pagada, que concurran a ella, pero la educación pública que sea pública y gratuita.

Mucho se ha dicho sobre la calidad educacional, pero gravar a los profesores con el deber de actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar; exponer y enseñar debidamente los contenidos curriculares; las largas jornadas docentes; la escasez de material de perfeccionamiento adecuado y las remuneraciones del sector educacional privado no sujeto al Estatuto Docente, perciben que no hacen posible cumplir con esta obligación. Deben contemplarse mecanismos que permitan que esta declaración se concrete en la realidad.

Los sostenedores subvencionados deben respetar la libertad personal y de conciencia de los educandos, así como sus convicciones religiosas o ideológicas, pero ello conforme a un reglamento interno del establecimiento y a su programa educativo.

Un Estado laico debe permitir y exigir que los alumnos permanezcan en el establecimiento respectivo, aun cuando no se sometan a las exigencias de carácter valórico que les pueda imponer sus fundadores o directivos, puesto que dicho establecimiento percibe financiamiento público.

Sin duda este proyecto es un avance, pero a su vez contiene falencias, algunas de las cuales me he permitido expresar. Hagamos del proceso educativo un proyecto integrador, libertario, pluralista y democrático.