Sus discrepancias con el paquete de medidas de apoyo financiero por unos 120 millones de dólares que anunció el Ejecutivo para el sector de la industria salmonera manifestó el senador Pedro Muñoz, integrante de la Comisión de Trabajo.

El parlamentario señaló que además del perfeccionamiento normativo y mejoras institucionales en investigación y desarrollo, la salmonicultura requiere de la implementación de nuevas prácticas laborales y ambientales con el fin de enfrentar la crisis generada tras la detección del virus ISA en algunas de sus plantas.

El legislador precisó que comprende el problema social que esto trae asociado y sostuvo que "ello evidentemente amerita acciones estatales", pero señaló que las medidas debieran ir focalizadas esencialmente a los trabajadores y, particularmente, a quienes han sido o serán despedidos a consecuencia de la crisis.

Puntualizó que la industria salmonera "ha sido en gran parte responsable del problema que le afecta, pues sus operadores fueron advertidos en innumerables ocasiones de los riesgos de la sobrepoblación y de otras prácticas productivas, pero privilegiaron la reducción de costos y la maximización de las utilidades".

Por estas razones, planteó que "cualquier aporte o garantía estatal dirigido al empresariado debería ir asociado a compromisos ambientales y laborales más estrictos y a una mayor contribución del sector al erario público que compense las externalidades negativas de esta industria".

Recordó que el sector salmonero ha sido denunciado en innumerables ocasiones por prácticas de abuso laboral, en especial vinculadas a las deficientes condiciones de higiene y seguridad en que se desenvuelven sus trabajadores y a consecuencia de las cuales, muchos han perdido la vida.

Por ello, el senador Muñoz sostuvo que "el apoyo del Gobierno debiera estar condicionado a una nueva política de prácticas ambientales y laborales, que resguarden el entorno, que permitan un ordenamiento territorial de la industria del salmón y, especialmente, que aseguren un respeto a los derechos de los trabajadores".

Reiteró además la necesidad de que "mientras estos aspectos no se afinen no debiera autorizarse la extensión de la industria a la Región de Magallanes", por lo que enfatizó en el imperativo de concluir el estudio de medidas de bioseguridad y ordenamiento territorial y de mantener, en tanto ello ocurra, una moratoria en la entrega de concesiones.

PLAN DE APOYO

Cabe recordar que el Plan de apoyo a la salmonicultura dado a conocer por la Presidenta Bachelet contempla una nueva garantía CORFO para los créditos bancarios que financien inversiones sanitarias y el manejo ambiental de los cultivos.

Esta medida garantiza hasta un 60% los créditos otorgados al sector, con un tope de hasta 8 millones de dólares. Asimismo, informó que se ampliará la cobertura ofrecida por el crédito CORFO-Inversión para los pescadores artesanales que decidan realizar acuicultura en sus áreas de manejo, pasando del 50% al 70% de garantías CORFO sobre crédito otorgado, al tiempo que se impulsará un trabajo con los proveedores de la industria, para que accedan a los instrumentos financieros de CORFO y BancoEstado.

Por otro lado se modernizará la regulación en diversos aspectos ambientales y sanitarios, por ejemplo, una mejor regulación para la introducción de ovas, un plan de reducción del uso de antibióticos y los incentivos para que se trabaje bajo el concepto de "barrios de concesiones", mediante incentivos económicos y un proyecto de ley que permitirá reordenar las concesiones bajo ese concepto.