Los equipos técnicos del Ejecutivo y los senadores de la Comisión de Economía elaborarán una propuesta que permita resolver las discrepancias que existen en cuanto al monto de las multas que regirán para sancionar conductas que atenten contra la libre competencia o la creación de "carteles".

Así lo afirmaron los senadores Guillermo Vásquez y Jovino Novoa, presidente e integrante de la Comisión de Economía, respectivamente, quienes coincidieron en que éste es uno de los temas que deberá zanjar la instancia en el marco de la tramitación del proyecto, en segundo trámite que aumenta las facultades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Este debate coincide con la reciente determinación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de sancionar con multas por unos US$40 millones a los tres consorcios más grandes de farmacias del país, los que en conjunto se llevan el 93% del mercado, y que estarían actuando concertadamente para tener un control vertical del mercado farmacéutico.

Cabe recordar que la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados, en primer trámite, consiste en aumentar las multas máximas a aplicar por el Tribunal, de 20 mil a 30 mil unidades tributarias anuales (UTA), es decir, desde unos $8 mil millones a $12 mil millones.

El senador Guillermo Vásquez, explicó que "el criterio del Ejecutivo es aumentar las multas para sancionar drásticamente la formación de "carteles" o colusión de empresas para fijar precios de mercado".

Precisó que "la idea es que el Tribunal pueda aplicar estas multas frente a los hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, de manera que se disuada a las empresas de ejecutar tales prácticas y, principalmente, constituya un incentivo adicional para el sujeto que está en condiciones de beneficiarse por las declaraciones o entrega de antecedentes eficaces para la investigación".

Sin embargo, precisó que "en el análisis de las indicaciones no hemos llegado al tema de la delación compensada aún" por lo que se mostró partidario de alcanzar una fórmula que permita inhibir en forma eficaz la creación de carteles, "porque hasta el momento ningún tribunal ha aplicado las multas vigentes de 20 mil UTA".

Por otra parte, el parlamentario propuso eliminar el artículo que establece que para ejercer el recurso de reclamación al Tribunal -que es como una apelación ante la Corte Suprema- se debe depositar y dejar en consignación el 10% equivalente de la multa".

Puntualizó que este hecho "significa denegación de justicia y dado el alto monto de las multas es claro que para muchas empresas sería imposible dejar tal monto en consignación". Por eso, aseguró que "la Constitución establece que la justicia tiene que impartirse para todos y no solo para quienes tengan los recursos para poder recurrir".

En tanto, el senador Jovino Novoa manifestó que si bien "no hubo acuerdo en aumentar las multas por infracción a la libre competencia los equipos técnicos de los senadores junto con los del Ejecutivo quedaron de buscar una propuesta para la próxima semana".

Actualmente la multa máxima es de 20 mil UTA, unos 8 mil millones de pesos, que se puede aplicar a cada empresa que participe en un acto atentatorio contra la libre competencia y a las personas que intervienen en él. No obstante, el gobierno quiere aumentar a 30 mil UTA dicha multa, lo que a nosotros nos parece desproporcionado y, de hecho nunca se han aplicado ni siquiera la mitad de las multas vigentes".

Aclaró que "el tema de fondo es sancionar los carteles y la colusión de empresas, por lo que tendremos que aplicar una fórmula de solución por la vía de aumentar las multas para las empresas que incurran en colusión y mantener la multa actual para el resto de las infracciones".

En esa misma línea, el legislador señaló que la Comisión de Economía aumentó los plazos de prescripción para los casos generales de infracción a la libre competencia de 2 a 3 años y amplió hasta 5 años el plazo de prescripción para los casos de creación de carteles de empresas, considerando que éstos últimos son más difíciles de pesquisar".

En lo fundamental, el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para dotar de mayor independencia a sus integrantes; adecuar aquellas disposiciones procedimentales que afectan su gestión o la eficiencia en la dictación de sus resoluciones, y fortalecer las atribuciones que debe tener la Fiscalía Nacional Económica, como órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados.