Cuando faltan pocas semanas para que se inicie un nuevo proceso de admisión universitaria, el senador Alejandro Navarro insistió en la necesidad de obligar a las universidades, a través de una ley, a publicar el costo total de los aranceles de sus carreras, así como el aumento de los precios de las matriculas.

Por ello, la planteará a la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio, Sally Bendersky, que agilice el trámite de una moción de su autoría que busca transparentar el costo total de las carreras universitarias, y que se encuentra en primer trámite en la Comisión de Economía de la Cámara Alta.

Según explicó el legislador, el objetivo central de su proyecto  es "evitar cualquier intento de publicidad engañosa que pudieran ejercer las casas de estudios, que hoy en día gastan millones en marketing para captar alumnos con folletería y mensajes publicitarios, pero que en ninguno de los casos dan a conocer el monto real que finalmente les costará el estudio de los cinco o seis años que tendrán que estar pagando el servicio".

Junto con señalar que es fundamental terminar con la angustia que enfrentan los alumnos y sus familias cuando no pueden costear sus carreras, el senador Navarro precisó que "queremos que los aranceles de las carreras universitarias queden establecidos al momento de adquirir el servicio, pues así ocurre con otras compras, como por ejemplo una casa o un terreno. Ahí el cliente sabe perfectamente cuánto es el valor total  y cuánto es la tasa de interés que deberá pagar por la compra. Lo que esperamos que también se establezca en el valor de la educación superior".

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En lo fundamental, la moción tiene como finalidad agregarle un nuevo artículo a la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor, estableciendo que los establecimientos educacionales de nivel superior, como centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades del ámbito privado, al momento de ingreso a alguna de sus carreras, deberán pactar con sus alumnos, padres o representante, el arancel correspondiente a todos los años electivos de dicha carrera y su reajuste anual, de carácter fijo o variable.

Ello, no implicará la obligación de cursar los años lectivos posteriores al vigente en el momento de celebrar el contrato.

Asimismo, las casas de estudios superiores deberán hacer públicos el último trimestre de cada año el arancel proyectado por carrera, para el año siguiente, y por el tiempo de duración de la misma.

La iniciativa señala que los aranceles proyectados y efectivos por carrera, sólo podrán fijarse de acuerdo a los parámetros económicos establecidos en el Reglamento respectivo dictado por la autoridad correspondiente, el cual contemplará al menos, fundamentos tales como infraestructura, investigación, docencia, equipamiento y otros, estrictamente apegados al ámbito propio del título profesional respectivo, para justificar el alza o baja del arancel.

"Estos establecimientos deberán contemplar la oferta de contratos con costos definidos para los aranceles durante toda la carrera, cuyas condiciones también serán fijadas por Reglamento", precisó el senador Navarro.

El legislador puntualizó que "con esta iniciativa lo que queremos es que tanto los alumnos que entran a primer año como sus padres sepan elegir, así como eligen calidad, infraestructura y enseñanza, puedan hacerlo también con el costo total de la carrera en la mano, evitando así, la deserción universitaria".

Agregó que "es lamentable que muchos jóvenes y sus familias se embarquen a la deriva en un proyecto educacional sin siquiera poder acceder a la información completa de cuánto les costará finalmente la carrera. En muchos casos el incremento que sufren les llega por sorpresa a fines de cada año, provocando en algunos hogares tener que encalillarse más de lo presupuestado inicialmente y en otros, finalmente dejar los estudios por falta de recursos".