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El senador Jovino Novoa, hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet a definir si va a continuar con la misma política de transporte o si piensa hacerle cambios de fondo al Transantiago. Ello porque estima que de mantener al actual jefe de la cartera, René Cortázar, se estaría reconociendo que el sistema permanecería igual el próximo año.
"El Gobierno está por hacer un cambio de gabinete y está por definir cuál será su gestión desde aquí hasta el término de su mandato. Y tiene que decir si va a mantener la actual política de transporte y respaldar un sistema de transporte que le significa al país un costo de 2 teletones mensuales", aseveró el parlamentario..
Además, le exigió al ministro Cortázar "que transparente ante todo el país el uso del 2% constitucional. Tenemos fundadas sospechas de que se están usando fondos de emergencia para pagar intereses de un crédito que el ministro obtuvo de forma ilegal", puntualizó.
El senador Novoa, advirtió que "sería de la mayor gravedad que con los recursos de emergencia se estén pagando estos préstamos" y recordó que de acuerdo a la Constitución, los ministros que autoricen pagos con cargo al 2% constitucional que sean distintos al propósito de la autorización, son responsables solidariamente del uso de esos recursos e incluso pueden ser acusados de malversación de caudales públicos, porque el decreto que autoriza el uso de esos recursos está firmado por la presidenta y por todos los ministros.
El parlamentario destacó que en el pasado el Ejecutivo ha usado el 2% para casos de emergencia, para terremotos, inundaciones, para casos extremos de cesantía. "Siempre ha sido usado para propósitos de emergencia y por períodos acotados. No estamos dispuestos a que se transforme en un sistema permanente", aseveró.
Además, acusó al ministro de Transportes de "una inconsistencia tremenda", puesto que en el decreto que dictó para reducir pagos a los operadores en caso de no cumplimiento de índices de frecuencia y regularidad señala que el uso de estos fondos es excepcionalísimo y que se usarán para mantener funcionando el sistema. Sin embargo, está usando esos fondos para pagar los intereses del préstamo del BID impugnado por el Tribunal Constitucional y que ha servido para cubrir el déficit que presenta el transporte público de la capital.
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