Desde hace muchos años vengo planteando que nuestra democracia tiene dos enfermedades que se potencian mutuamente. Estas nos afectan desde el nacimiento de nuestra República. Por un lado, el excesivo presidencialismo consagrado en nuestra historia constitucional y por otro, el centralismo del aparato político-administrativo del Estado.

Por lo anterior, la aprobación del proyecto de reforma constitucional que establece la elección directa de los consejeros regionales me atrevo a calificarlo como un paso  trascendente.

Con tal decisión la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado busca terminar con una anomalía democrática que implica el que dichos consejeros sean nombrados por los concejales municipales, transformándolos en una suerte de colegio electoral, cuestión que no contempla nuestro ordenamiento constitucional, restándole así legitimidad a una función relevante como es la de ser miembro de una instancia fundamental para el desarrollo regional.

Junto con lo anterior, entre otras materias, la reforma aprobada establece que el presidente del consejo regional sea elegido de entre los propios consejeros regionales y regula -por primera vez de manera concluyente- la transferencia de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales.

Con estas dos medidas se ha abierto un campo rico de posibilidades para que la ley orgánica constitucional de gobierno y administración regional acentúe la voluntad mayoritaria existente en el país en orden a conferirle a nuestras regiones un rol más preponderante en la construcción de su propio futuro.

Esta reforma pasará pronto a la Sala del Senado. Espero sinceramente que los temores infundados que han existido con anterioridad que han impedido darle cabida a una reforma de tal entidad, se disipen definitivamente durante el debate. Ello pues soy un convencido que las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento comparten la idea esencial según la cual el perfeccionamiento de nuestra democracia requiere de instituciones cada vez más cercanas a la ciudadanía, más eficientes en el manejo de los recursos públicos, y más participativas en su gestión. Como se ha dicho, Chile requiere con urgencia más y mejor democracia.

Para hacer realidad este proceso es fundamental tener una institución legitimada por el voto popular y lograr que la transferencia de competencias a las regiones se realice sin interferencias ni obstáculos de ninguna naturaleza. En ese sentido el proyecto de reforma constitucional no deja dudas pues junto con establecer las competencias que "a lo menos" han de transferirse, señala los requisitos que deberán observar las regiones a fin de que este proceso culmine exitosamente.  

La experiencia internacional nos enseña que toda transferencia de competencias desde el gobierno central que administra las instituciones públicas de carácter estatal, son difíciles y complejas. Es más, estos por lo general son renuentes a perder atribuciones que por largos años le han sido propias. Por otra parte, la misma experiencia indica que quienes desean asumir tales potestades lo hacen sin tener en consideración siempre las reales posibilidades que tienen de ejercerlas con propiedad.

Por lo anterior, las reformas aprobadas requerirán de la máxima sabiduría legislativa para que ellas se expresen de manera adecuada en la ley orgánica respectiva. Ellas han contado con el respaldo de los senadores de la Alianza y de la Concertación, así como del gobierno, suponen el inicio de un proceso de cambio institucional sustantivo que abre perspectivas insospechadas para todas nuestras regiones. Dicho proceso, sin embargo, supone la máxima responsabilidad política y desterrar todo asomo de "demagogia regionalista" que tanto mal le ha hecho a países vecinos que intentaron infructuosamente en el pasado, desplegar un proceso similar al que se intenta con las medidas que comentamos.

Durante el debate llevado a efecto en la Comisión sostuve que todos estos cambios que pretendemos introducir a la Constitución, no sólo modifican sustantivamente el tipo de Estado nacional que Chile ha ido construyendo a lo largo de su historia sino que sientan las bases para un nuevo Estado, para un sistema institucional diferente. Es más, los conceptos que hemos vertido en la carta constitucional apuntan positivamente a difundir el poder a lo largo y ancho del territorio y hacer de la democracia un ordenamiento más amplio, participativo e inclusivo. Es decir, tal como lo sostuve, ellos implican un paso decisivo hacia la construcción de las bases institucionales de un Estado Nacional de Regiones Autónomas.