Por Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado.

Hemos sido testigos de un vasto y multitudinario movimiento de los empleados públicos solicitando un reajuste  de 14,5%, movimiento que ha tenido una amplia convocatoria.

Sin duda, los empleados públicos despiertan simpatía entre quienes tienen en sus principios la defensa de la clase media, de donde proviene la mayoría de estos funcionarios. El sector público es vital en el funcionamiento de un país, desde su economía hasta las funciones más vitales y que comprometen el modo y calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, generalmente  no sólo son ignorados sino incluso mirados en menos, y donde más de una vez, se los ha pasado a llevar por razones que se supone son de mucho más alto interés patrio. Esto tiene también mucho que ver con las dificultades que encuentra este sector para expresarse en forma pública, que lamentablemente parece ser la única forma con algún grado de eficacia para quien quiere conseguir algo.

Evidentemente, el sector público tiene que ver con la necesidad de contar con un Estado moderno, eficiente e incorrupto, que todos reclaman, pero el desdén con que son tratados, señala una dirección opuesta a esta  meta universalmente requerida.

En consecuencia, como se debe reaccionar ante esta petición de 14,5% de reajuste de los trabajadores públicos, que excede con mucho la alta inflación y está inserta en medio de un cuadro económico bastante sombrío.

Me parece que se debe comenzar desde ya, una mesa de conversaciones entre los representantes del sector y autoridades y especialistas , para insertar a estos trabajadores en un Plan de Modernización del Estado, un esquema mucho más promisorio que el que ha regido hasta ahora, y donde los trabajadores, en general de excelente calidad, logren encontrar  una carrera funcionaria que les depare en el largo plazo, un horizonte mucho mejor que un reajuste puntual de esta magnitud y deban pasar muchos años para que sus rentas y su carrera funcionaria vuelva a alinearse.

Se engañan quienes creen que esto significará reemplazos a vasta escala por profesionales universitarios. La función pública requiere experiencia y eficiencia que estos trabajadores demuestran tener y sin perjuicio, o más bien mediante la capacitación que se les pueda brindar, serán generalmente  aptos para un mejor Estado. Porque el rezago del Estado evidentemente no se debe a sus funcionarios sino a las normas, leyes, y costumbres que los rigen, sin mencionar algunos aspectos políticos que han sido especialmente nefastos.