La Superintendencia de Pensiones acaba de difundir un informe en que se estima en unos US $ 25.000 las pérdidas acumuladas del sistema previsional sólo en los últimos doce meses. Se trata de recursos destinados a solventar la vejez de los trabajadores chilenos y se estima que la merma equivale a varios años de cotizaciones, lo que ciertamente afecta sus expectativas. Cinco cosas inquietan especialmente.

Primero, la completa falta de respuesta del sistema y sus principales actores, Administradoras y Superintendencia, respecto de este tipo de contingencias y su incapacidad para dar señales oportunas a los afiliados. Mientras entre julio y diciembre de 2007 se desataba la crisis subprime, en nuestro país muchos afiliados seguían derivando sus ahorros hacia los fondos de mayor riesgo, A y B.

Segundo, que sigamos con un mecanismo único, sin competencia y caro. Urge crear una AFP estatal que permita una regulación desde adentro y que genere estímulos para la disminución de cobros de comisiones de administración.

Tercero, la excesiva apertura en la cartera de inversiones del sistema previsional chileno. La administración privada de los fondos fue replicada en muchos países del continente y de otras latitudes. Sin embargo no todos enfrentan hoy la misma situación nuestra. Chile supera largamente los promedios de fondos destinados a títulos en el extranjero (35%). Otras naciones no alcanzan el 10% e incluso algunas lo prohíben. Asimismo, nuestro país encabeza las inversiones en el sector financiero (25%).

Cuarto, es indignante la falta de relación entre las utilidades de las administradoras y el resultado de su gestión. No es aceptable que los cotizantes pierdan el 30% de sus fondos y los responsables obtengan utilidades. Debe buscarse fórmulas que establezcan comisiones mínimas fijas por la administración y que, por sobre ello, incentiven a quienes toman buenas decisiones y castiguen a quienes lo hagan mal.

Por último, debemos generar alguna solución transitoria para los afiliados en edad de jubilar que se hayan visto más afectados, por encontrarse en los Fondos A y B. Sería oportuno que el Fisco, que autorizó estos límites y carteras de inversión, fuera en ayuda de estos cotizantes, les prestara los recursos perdidos para poder jubilar en condiciones similares a las existentes antes de la crisis y los recupere en unos años, cuando los fondos hayan vuelto - como esperamos - a sus valores históricos. Sería una especie de Bono de Reconocimiento inverso.