PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULACIÓN DE DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES



El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6355-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 87ª, en 10 de marzo de 2010.

Informe de Comisión:

Agricultura: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de marzo de 1991, UPOV 91; convertir a Chile en una potencia agroalimentaria y forestal; fomentar el pleno respeto de los derechos sobre las obtenciones de variedades vegetales; fortalecer la industria de investigación, desarrollo e innovación de variedades vegetales, y atraer inversión extranjera asociada a la investigación, desarrollo e innovación.

La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Coloma, García y Larraín (don Hernán) y el pronunciamiento en contra de los Senadores señora Rincón y señor Letelier.

La Comisión propone que la iniciativa, por contener normas que inciden en materia presupuestaria y financiera del Estado, como consta en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, sea también informada por la Comisión de Hacienda en el segundo informe.

Cabe hacer presente que los artículos 11, 35, 36 y 53 tienen el carácter de normas orgánico constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 19 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.



El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, considero necesario, antes de entrar al debate de esta iniciativa de ley, hacer algunas precisiones sobre el Convenio UPOV 91.

Desde el año 1996 nuestro país es parte del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 78), cuyo objetivo principal fue el establecimiento de un marco jurídico que garantizara al obtentor de una nueva variedad vegetal el reconocimiento al derecho sobre la variedad de su creación.

Posteriormente, el Convenio UPOV 91 desarrolló un sistema de protección que ya existe en Chile, en virtud de la promulgación de la ley 19.342. Dicho sistema entrega a los creadores de nuevas variedades vegetales un derecho sobre su creación, que les permite su explotación exclusiva por un tiempo determinado. Se protegen aquellas variedades desarrolladas que cumplan con los requisitos de ser nuevas, distintas y homogéneas y que sean registradas como tales.

El UPOV 91 incorporó estándares más precisos a los ya aplicables en nuestro país, pues respecto a la protección amplió los derechos de los obtentores de nuevas variedades no solo al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, sino que también al producto de la cosecha cuando el primero no ha sido debidamente adquirido, y extendió los plazos mínimos de protección de 15 y 20 años a 18 y 25 años, respectivamente.

Por otra parte, reafirmó la facultad de los países para establecer excepciones al derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales. De esa manera, los derechos de los pequeños agricultores se hallan claramente considerados en el UPOV 91.

Asimismo, cabe consignar que Chile, a través de los acuerdos comerciales con importantes socios comerciales, tales como Estados Unidos, Japón y Australia, asumió el compromiso de adherir al UPOV 91 antes del mes de enero de 2009. De modo que si no hubiese suscrito dicho Convenio le habría significado muchas sanciones, que era necesario evitar, sin considerar, por otra parte, el problema de la falta de confiabilidad que hubiera generado el hecho de que nuestro país no cumpliera con la palabra empeñada en el ámbito internacional.

Sin embargo, este Convenio trata de una materia absolutamente distinta a la posible introducción de transgénicos en nuestro país, a lo que me opongo mientras subsistan dudas acerca de sus efectos para la salud humana.

El transgénico es una variedad modificada genéticamente. Un obtentor vegetal es la persona que obtiene una variedad vegetal.

A este respecto, cabe preguntarse qué se entiende por variedad nueva. Es aquella que existe en la naturaleza, pero que hasta hoy no ha sido descubierta. Asimismo, es variedad nueva la que ya fue descubierta, pero que ha sido modificada genéticamente. Entonces, el que produce una variedad nueva también tiene derecho de obtentor, o sea, a que se le pague una suma o porcentaje por la comercialización o producción.

Indudablemente que ello puede ser complejo en el tiempo, ya que podría acarrear la ruina de la pequeña agricultura, o bien estimular una menor existencia de cultivos libres de derechos que se deben pagar.

Lo que queda claro con el impulso de esta ley en proyecto es el mayor poder de control que se da a los obtentores, asegurándoles la protección de sus variedades.

Entonces, estamos frente a una discriminación incuestionable entre aquellos que pretenden lucrar con la obtención de variedades y quienes han dedicado gran parte de su esfuerzo a mejorar y obtener nuevas variedades, intercambiándolas sin un interés económico.

Por otra parte, si se imponen variedades mejoradas, cuyo perfeccionamiento se halla directamente asociado al uso de gran cantidad de pesticidas y fertilizantes inorgánicos, estaremos frente a un atentado al medioambiente y la biodiversidad.

Además debe tenerse presente que la verdadera forma de protección de los recursos genéticos es catastrando toda nuestra riqueza vegetal, incluyendo variedades endémicas, nativas y locales, que serán las grandes víctimas de la privatización, porque presentan un importante interés comercial.

Creemos firmemente que el problema fundamental de este proyecto de ley es que no asegura en modo alguno el respeto a los derechos de los obtentores indígenas y campesinos, que han trabajado durante muchos años para adaptar diversas variedades a sus condiciones adversas, pues, en lugar de ser registradas, han sido compartidas de manera desinteresada e intercambiadas sin ambiciones de ningún tipo.

Todas estas consideraciones nos llevan a no estar de acuerdo con la iniciativa en debate, con las atribuciones que se entregan a las empresas para hacer uso abusivo de variedades locales y nativas, pudiendo incluso apropiarse de ellas.

Si esta normativa se aprueba, será indudablemente el tiro de gracia que se asestará a la pequeña agricultura del país, la cual es un agente esencial en la producción alimentaria y, además, representa una fuente generadora de empleos bastante importante.

En virtud de todo lo expuesto, voto en contra de la aprobación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde intervenir al Senador señor García, quien no se encuentra en la Sala en este momento.

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.



El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito segunda discusión para el proyecto que nos ocupa.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme. Pero antes vamos a agotar la primera discusión.

¿Desea continuar con el uso de la palabra, Su Señoría?

El señor NAVARRO.- No, señor Presidente, después voy a intervenir.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Okay.

En la primera discusión, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.



El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal como ha señalado el Secretario de nuestra Corporación, estamos frente a un proyecto de ley cuyo propósito es actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1961; convertir a Chile en un potencia agroalimentaria y forestal; fomentar el pleno respeto de los derechos sobre las obtenciones de variedades vegetales; fortalecer la industria de investigación, desarrollo e innovación de variedades vegetales, y atraer inversión extranjera asociada a la investigación, desarrollo e innovación. Propone, asimismo, derogar la actual ley N° 19.342, que rige esta materia.

Como es posible advertir, se trata de una iniciativa que busca establecer una forma de regular el derecho de propiedad intelectual de quien desarrolla una nueva variedad vegetal y que, a través de esa vía, constituye una creación y hace una contribución al desarrollo, como lo es una obra literaria, musical o de otra naturaleza, en que siempre se reconoce la propiedad intelectual del autor y sobre esa base se registra y se protege su creación.

Esta iniciativa fue presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Se discutió largamente en la Cámara de Diputados, que en sesión del martes 9 de marzo de 2010 -vale decir, en el período legislativo anterior- la aprobó en forma unánime.

Durante su tramitación en la Cámara Baja fue informada en la Sala por los Presidentes de las distintas Comisiones que la analizaron.

Por ejemplo, la Diputada señora Denise Pascal, quien habló en representación de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, señaló que la idea matriz o fundamental del proyecto, que era "actualizar el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales y el privilegio del agricultor, a fin de impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales y mejorar la productividad agrícola nacional", de alguna manera se hallaba destinada a favorecer "el registro en Chile de nuevas variedades vegetales creadas no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, creándose un nuevo ambiente institucional propicio para la concreción de nuevos contratos de licencia de tecnología que favorecerá el acceso a materiales de punta, que constituyen una de las bases para el incremento de la competitividad nacional.".

Agregó que esa Comisión tomó "conocimiento de la iniciativa legal, por cuanto consideró que las normas propuestas podrían implicar una eventual desprotección del mundo campesino e indígena en relación con los cultivos tradicionales y la protección del medio ambiente".

Contó todos los esfuerzos que hicieron y explicitó la conclusión a que llegaron.

Al respecto, señaló: "La votación general del proyecto se realizó sin mayor debate, ya que, después de haber recibido las opiniones de los invitados a la Comisión, sus integrantes concordamos en la conveniencia de legislar sobre la materia, procediendo a dar su aprobación general por unanimidad.".

Lo mismo informaron los Diputados señores Delmastro y Barros, en representación de sus respectivas Comisiones.

El debate es bastante interesante. De alguna manera recoge las inquietudes planteadas sobre la materia en el último tiempo, fundamentalmente por la prensa, y en particular por ONG que están muy en contra de este proyecto, al cual han llamado "Ley Monsanto", por cuanto establecen que, uno, favorecería la transgenia; dos, permitiría el registro de las especies vegetales, y tres, les impediría a los pequeños agricultores usar las semillas con posterioridad a la cosecha.

La verdad es que esta discusión se registró en la Cámara de Diputados, por lo que he podido analizar de sus antecedentes. Y por eso la he traído a colación, pues tengo la impresión de que se ha generado un debate ideológico ajeno a la realidad de la iniciativa que nos ocupa.

Este proyecto no guarda ninguna relación con la transgenia. Solo se refiere a las especies que van mejorando por desarrollos hechos en un laboratorio.

En Chile, el INIA ha creado muchas variedades de esta forma (maíces, trigos, en fin), que no han sido producto de procesos transgénicos -es decir, no se ha utilizado la ingeniería genética para generar una nueva especie-, sino simplemente de mejoramientos como consecuencia de la evolución, de la selección, de cruces y de otros mecanismos que se usan en este ámbito.

Esta iniciativa no afecta en absoluto a las normas transgénicas. Así ha quedado claro tanto en el debate habido en nuestra Comisión de Agricultura cuanto en el registrado en la Cámara de Diputados.

En seguida, se dice que con la fórmula propuesta se podrán patentar la papa, la araucaria y otras especies autóctonas de nuestro país.

Eso es completamente falso, porque está expresamente prohibida la posibilidad de patentar especies. Solo se pueden patentar creaciones de una variedad de una especie hecha por alguien, en que deben acreditarse los procedimientos, las características y las diferencias que hay con ella.

Por lo tanto, es imposible patentar una especie nativa; está expresamente prohibido: solo es factible patentar variaciones nuevas creadas en laboratorio, acreditando sus procedimientos y las diferencias respecto de otros productos. Por lo demás, pueden desarrollarse variedades sobre variedades.

Tampoco es efectiva la imposibilidad de que los pequeños agricultores reutilicen las semillas.

La Cámara de Diputados corrigió esta materia, y quedó expresamente autorizada la reutilización indefinida.

Señor Presidente, traigo a colación aquello porque esta iniciativa fue aprobada en forma unánime por los Diputados. Algunos de quienes la votaron a favor son hoy día Senadores de la República. Pero, aparentemente, los inconvenientes que ahora se han hecho presentes a través de la campaña en comento los estaría llevando a modificar su posición.

Yo solo quiero señalar que, a mi entender, las razones que tuvieron la Presidenta Bachelet para presentar esta iniciativa y la Cámara de Diputados para aprobarla se mantienen.

Considero que la campaña realizada contra este proyecto no corresponde a la verdad de los hechos. Y está habiendo una tergiversación de la realidad, la que ya fue despejada tanto en la Cámara de Diputados como, a mi juicio, en la Comisión de Agricultura del Senado, conforme a las informaciones y opiniones que recibimos de expertos.

Entonces, yo me pregunto qué está pasando, por qué se producen esos cambios, por qué tal diferencia ideológica en la materia.

Hemos oído que, a raíz de la referida campaña, la Presidenta Bachelet quiere modificar este proyecto.

Esa sería su afirmación. La habría hecho en una visita a Temuco, al ser requerida por la prensa -entiendo- sobre el particular.

Si eso es así, no sé qué interés particular tienen los Senadores de la Nueva Mayoría en discutir este proyecto, tanto más cuanto que la Presidenta electa planteó la conveniencia de revisarlo. Porque, habiéndolo aprobado la Cámara de Diputados, si el Senado lo rechazara -por cierto, puede hacerlo- no terminaría su tramitación, sino que se constituiría una Comisión Mixta para procurar que aquella prosiguiera.

Si tal será el destino, ¿no parece más razonable esperar que asuma el nuevo Gobierno y atender las inquietudes de la Presidenta electa? Ello, para evitar una tramitación equivocada, como la que tendría lugar si el Senado rechazara esta iniciativa.

Estimamos que eso es lo razonable, señor Presidente, y por tal motivo no hemos apurado la tramitación de este proyecto.

Por cierto, ella se puede acelerar. No tenemos ningún problema en votar, porque consideramos que la iniciativa de la Presidenta Bachelet tiene justificación. Y la votación unánime de distinguidos Diputados de la Concertación y de la Alianza así lo evidencia.

Los cambios registrados posteriormente tienen que ver con otras materias y, a la luz del análisis que conocimos de los distintos expertos, no se sustentan.

Por lo tanto, vuelvo a plantear si tiene sentido que sigamos tramitando un proyecto que, según anunciaron las autoridades que asumirán en pocas semanas más, se revisará totalmente.

Por cierto, hay pleno derecho a hacerlo. Lo que no tendría sentido sería avanzar mientras tanto en la tramitación de una iniciativa que, si se rechazara -porque debe aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional-, forzaría a una Comisión Mixta, órgano que tendría una dificultad mayor para corregir los errores señalados por quienes justifican rechazar un proyecto que antes aprobaron.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.



El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto es largamente esperado por los pequeños agricultores, quienes desean que el Senado lo rechace. Ellos lo estudiaron, hicieron observaciones...

¡Me cortó el micrófono, señor Presidente!

El señor ESCALONA.- ¡No le quite la palabra al colega, señor Presidente...!

El señor LAGOS.- ¡Déjelo que termine la idea, aunque no sea buena...!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Prosiga, señor Senador. Y le ruego excusarme.

El señor TUMA.- Espero que se agreguen los segundos que no utilicé debido a la interrupción.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Así se hará, Su Señoría.

El señor TUMA.- Señor Presidente, esta iniciativa se halla motivada por el cumplimiento de un convenio internacional, el UPOV 91, donde se establece una mayor protección para los agricultores que introducen novedades en materia de semillas -no necesariamente con transgénicos, como se ha señalado- y se les otorga un privilegio a los pequeños agricultores, el que no se cautela legalmente.

Por lo tanto, la iniciativa en debate, que ha sido observada por los pequeños agricultores y, especialmente, por las comunidades indígenas, debe ser revisada, tal como lo planteó la Presidenta Bachelet.

Durante la discusión particular profundizaré más sobre la alta conveniencia que reviste el rechazo de la idea de legislar.

Dada la participación activa que han tenido en esta materia muchísimas comunidades y organizaciones, pienso que, con la concurrencia de los pequeños agricultores y de las comunidades indígenas, deberíamos construir un texto que concitara el pleno respaldo del Parlamento y, principalmente, de los afectados.

En consecuencia, yo rechazaré este proyecto de ley, aun cuando lo haya aprobado en mi condición de Diputado y aunque sea una adecuación al UPOV 91, pues la cuestión tiene que ver con la forma como hacemos participar en la legislación que estamos analizando a los afectados por una iniciativa legal de esta naturaleza, quienes, por tanto, le formulan reparos.

Entonces, reservaré para la discusión particular mi argumentación en detalle respecto a la inconveniencia de aprobar un proyecto de ley que atenta contra los intereses de los pequeños campesinos y, especialmente, de las comunidades indígenas.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.



El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, debo recordar que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión 1991, fue ratificado por ambas Cámaras -me atrevería a decirlo- unánimemente.

En segundo lugar, cabe hacer presente que el UPOV 91 es un instrumento que nos obligamos a suscribir cuando firmamos los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Japón.

Por lo tanto, estamos en presencia de uno de aquellos compromisos internacionales que los países serios siempre procuran cumplir.

La proyectada ley de obtentores vegetales materializa la obligación que suscribimos en los tratados de libre comercio con las dos naciones que acabo de individualizar.

Como se indicó, esta iniciativa fue enviada por la Presidenta Bachelet. Y nadie dijo nada mientras se analizaba en la Cámara de Diputados. Pero cuando inició su tramitación en el Senado diversas organizaciones dejaron caer no solo una serie de dudas sino también una enorme cantidad de descalificaciones sobre los tres Senadores de la Comisión de Agricultura que, por estimar que el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales es uno de los grandes activos de Chile, votamos a favor de la idea de legislar.

A esta iniciativa se la ha demonizado llamándola "Ley Monsanto".

¿Y qué se ha dicho de ella?

Primero, que permite el uso de transgénicos.

¡No es así! ¡Eso es de falsedad absoluta! La regulación de los transgénicos se halla en otra ley, la que no se toca en el proyecto que nos ocupa esta tarde.

Se ha sostenido también que esta iniciativa posibilita el registro de vegetales de carácter genérico -lo explicó bien en la Sala el Senador Hernán Larraín-: la papa, en fin.

¡Eso también es falso! Los vegetales de aquella índole, de uso común en la población, no pueden ser inscritos en el registro de variedades vegetales, pues no tienen este carácter: se hallan en estado natural.

Asimismo, se ha afirmado que este proyecto posibilitaría el registro de plantas de uso ancestral por nuestros pueblos originarios, especialmente por el mapuche.

Incluso, se ha expresado que permitiría registrar las yerbas medicinales que, siguiendo una tradición de años y años -me atrevería a decir "de siglos"-, las machis ocupan en las acciones de salud que llevan adelante.

Eso tampoco es verdad, porque -repito- las especies genéricas, las plantas que se hallan en estado natural, que son las usadas por las machis, no pueden inscribirse.

¿Por qué considero necesaria una ley de obtentores vegetales, señor Presidente?

En primer término, porque debemos dar cumplimiento a un acuerdo internacional. Yo no creo que Chile, país con una economía pequeña y ubicado en el fin del mundo, pueda darse el lujo de no respetar los acuerdos internacionales a que se obligó -como ya dije- en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Japón.

Y, en segundo lugar, porque el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión 1991, dentro de sus cláusulas permite que cada nación adecue su legislación y dicte normas sobre lo que se denomina "privilegio del pequeño agricultor", que consiste precisamente en determinar cuántas veces después de la primera cosecha es factible utilizar una semilla certificada.

En consecuencia, sigo creyendo que la ley en proyecto es necesaria.

Ahora bien, la Presidenta electa -reitero que ella envió este proyecto de ley al Congreso Nacional-, durante una visita a la Región de La Araucanía (entiendo que a la comuna de Nueva Imperial), en un encuentro con dirigentes de nuestro pueblo mapuche señaló que deseaba revisar esta iniciativa, denominada "Ley Monsanto". Y así lo recogió la prensa.

Yo puedo dar fe de que la ley en proyecto ha provocado enorme inquietud en muchas organizaciones, particularmente mapuches. ¡Y cómo no, pues, si algunos grupos les están diciendo, ni más ni menos, que van a perder el uso de sus plantas medicinales, de sus semillas y de sus frutos, como el maqui, en circunstancias de que -insisto- no es posible inscribir ninguna de esas especies, toda vez que -reitero- se encuentran en estado natural y, conforme a la definición que da el mismo texto que nos ocupa, no constituyen variedades vegetales!

Por lo tanto, señor Presidente, considero que lo más sano, lo más razonable es esperar que asuma la nueva Presidenta de la República, quien se comprometió públicamente en Nueva Imperial a revisar la legislación en proyecto.

Si es posible rever los tratados de libre comercio que suscribimos con Estados Unidos y Japón y no obligarnos a cumplir estrictamente el UPOV 91, ¡fantástico!

Si es posible que modifiquemos este nuevo proyecto de ley sobre obtentores vegetales, ¡fantástico!

Ninguno de nosotros -estoy seguro- está por quitarle nada a nadie, menos a los pequeños agricultores, menos a nuestro pueblo mapuche.

Me asiste la convicción de que todos nosotros queremos el desarrollo de nuestros campesinos. Todos deseamos, entre otras cosas, que cuenten con los mejores insumos para hacer producir su tierra, y dentro de ellos, con las mejores semillas, que son las certificadas. Porque negarse a usarlas es como oponerse hoy a vacunas o a medicamentos. Es tan absurdo como eso.

Pero para que obtengamos semillas certificadas, variedades vegetales nuevas -por ejemplo, parras, frutales-, plantas nuevas, se requiere que alguien investigue y proteger la investigación dentro del marco de la propiedad intelectual, que es un derecho reconocido internacionalmente.

Por lo demás, ¿quién es el principal investigador en Chile? El Estado, a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Más que los privados, el principal investigador de nuevas semillas, de variedades vegetales, es el propio Ministerio de Agricultura.

En consecuencia, considero mucho más lógico que esperemos.

Si podemos modificar los compromisos internacionales a los que nos obligamos y despachar una ley que, por lo menos en cuanto a privilegiar al pequeño agricultor, sea todavía mucho más generosa, bienvenido sea. Porque mi posición es que a nuestros pequeños agricultores, a nuestros campesinos, les demos todas las condiciones para que puedan desarrollarse, para que puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Por esa razón, adhiero a la solicitud de segunda discusión.

Más aún, le daría un tiempo al nuevo Gobierno, que asume el próximo 11 de marzo, para ver cómo se puede resolver de mejor manera el proyecto que nos ocupa.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.



El señor ROSSI.- Estábamos conversando con el Ministro señor Larroulet, señor Presidente, acerca de la iniciativa sobre el lobby, para ver si podemos contar con un registro previo¿

En cuanto a la materia que nos ocupa, he estado escuchando con mucha atención los argumentos planteados respecto de quién presentó el proyecto.

Fue la propia Presidenta Bachelet, en verdad, quien señaló que había cambiado de opinión. Y ello reviste un tremendo valor. La política no es estática. Tienen lugar fenómenos sociales, y eso genera un impacto en la vida y la visión de una persona en relación con muchas cosas.

Por tal motivo, haría un llamado a no recurrir a este elemento. Porque hace quince, veinte años, muchos parlamentarios estaban de acuerdo con la calidad de hijo natural. Recién en 1952 la mujer tuvo derecho a voto en las elecciones parlamentarias. Y hubo voto censitario: sufragaban quienes estaban en un registro, los privilegiados. Pero las sociedades cambian. Y hoy día, con toda la información con que contamos, pensamos que el proyecto evidentemente no es bueno en la fórmula en que está presentado.

Nadie está discutiendo que no hay que pagar por lo que se invierte en la creación o invención de algo nuevo, sea una semilla o un fármaco.

A la gente que nos escucha en su casa a lo mejor le hace mucho más sentido considerar las patentes farmacéuticas, por ser algo más de su vida cotidiana. ¿Quién puede afirmar que el descubridor de la aspirina, Bayer, no tiene algún derecho a recuperar su inversión, de manera de seguir fomentando la invención de nuevos fármacos que ayuden a mejorar la salud? Nadie.

El problema es el abuso. Porque todos sabemos que no hay un justo precio en materia de patentes. Las transnacionales abusan sobre la base de la salud o la enfermedad de la población. A eso estamos haciendo referencia hoy.

Y quiero señalar algunos aspectos que se han estudiado bastante. No es algo que se le ocurrió a Nueva Mayoría. Organismos internacionales están en contra justamente de iniciativas como la que debatimos. Y ello, no por prejuicios o consignas, ni por incurrir en una confusión con los transgénicos, que seguramente deberemos discutir en otro minuto.

Esta clase de proyecto entorpece los procesos de reducción de la pobreza especialmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración económica, lo que afecta el empleo. La UNCTAD, organismo de mucho prestigio, ha sido muy clara al respecto. Y hay consenso en tal sentido. Por eso, existe un cuestionamiento generalizado, no solo en Chile, sino también en el mundo entero.

En seguida, también se afecta la seguridad alimentaria y el medio ambiente, básicamente porque se tiende a favorecer los monocultivos, los cultivos acotados, lo cual genera dos consecuencias.

Una de ellas es la disminución del rango alimentario en la agricultura. Existe una oferta menos diversa, por resultar más rentable. Y ahí sí son importantes los transgénicos, que desplazan a otros cultivos, que son objeto de polinización y contaminan, y que inciden justamente en nuestras variedades autóctonas, en nuestro patrimonio genético.

Pero al aumentar los cultivos acotados también se incrementa el uso de agroquímicos. Y se encuentra totalmente demostrado -no tengo que extenderme en ello- el impacto en el medio ambiente.

Un tercer factor, reconocido por muchos organismos internacionales, es que se restringe la circulación de recursos genéticos vegetales y se provoca un efecto, por tanto, en la biodiversidad. Ello tiene directa relación con lo que he planteado en el segundo punto.

Un cuarto elemento es que se pone en riesgo a las familias campesinas, particularmente en el ámbito de los pueblos originarios. Habrá una contienda entre transnacionales que quieren inscribir ciertas semillas como propias. Estamos legislando en la materia y ni siquiera existe en Chile un registro de nuestras variedades. A ello obedece la indefensión de tanta mujer agricultora, especialmente mapuche, que ha venido a conversar con nosotros.

Y, finalmente, algo que me parece el mayor de los abusos es que las semillas que se compran no se pueden volver a usar. Entonces, el control de la producción, de la agricultura, de la vida de estas familias, lo tiene una empresa transnacional, que fija el precio.

He entregado varios argumentos para votar en contra. No se trata de algo antojadizo, ni de demagogia, ni de una confusión con los transgénicos. Porque aquí se ha hecho referencia a la "Ley Monsanto". Evidentemente, la gente tiende a colocar un nombre para identificar. Eso lo hemos vivido siempre. Nosotros rechazaremos la iniciativa.

Y estoy muy contento de que por lo menos la hayamos discutido, pese a todas las dificultades que enfrentamos, como lo planteamos en un comienzo con el Honorable señor Gómez.

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Navarro.



El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo en mis manos una transcripción de lo difundido el 4 de diciembre recién pasado en el sitio web de radio Cooperativa. Se expresa que la Primera Mandataria electa aseguró que el articulado en debate "podría afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales".

"La candidata presidencial de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, aseguró que el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, conocido como "Ley Monsanto", no le gusta y que va a revisarlo si ella llega a La Moneda.

"Durante su participación en "El informante", de TVN, al ser consultada sobre si está a favor de este proyecto, la ex Mandataria respondió: "No, porque cuando se envió esa ley tenía otro sentido del que ha llegado a ser".

"Por lo tanto, nosotros hemos planteado que vamos a revisar esa ley, porque hay una evidencia clara de que habrían elementos que podrían, por un lado, dañar la salud y, por otro más importante, podrían afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales", aseguró.".

La opinión de la Presidenta es clara respecto de la calificación de la normativa y, por cierto, de que el proyecto en debate no es el más adecuado.

María Isabel Manzur, bióloga, doctorada y destacada profesora, entendida en transgénicos, ha señalado, a través de múltiples artículos, que la versión de la UPOV de 1991, diferente de las correspondientes a los años setenta y ochenta, es mucho más restrictiva para los agricultores y otorga enormes beneficios a las empresas de semillas.

Señor Presidente, hemos recomendado a los parlamentarios de Nueva Mayoría rechazar la iniciativa que nos ocupa, ya que la adhesión a la UPOV de 1991 no es obligatoria para Chile, en tanto ya se encuentra suscrito al acta anterior, de 1978, y porque la nueva versión traerá consecuencias irreversibles para nuestra agricultura, debido al desequilibrio que crea entre los derechos de los agricultores y los propios de los mejoradores y obtentores.

Se pretende presentar el proyecto como tendiente a proteger. Por mi parte, sostengo que es para abusar.

Los derechos de obtentores vegetales son una forma de propiedad intelectual para la protección específica de nuevas variedades de plantas -para que una de ellas pueda ser resguardada, debe ser nueva, distinta, uniforme y estable- y se rigen por la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuyo objetivo es salvaguardarlos con un derecho de propiedad intelectual. El Convenio fue adoptado en París el año 1961 y fue revisado en 1972, 1978 y 1991.

Chile adhirió al acta de 1978 en 1996 y la implementó mediante la ley N° 19.342, Reguladora de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, dictada en 1994.

Sin embargo -y aquí se encuentra la clave-, nuestro país firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que entró en vigencia el 1° de enero de 2004, en virtud del cual se le obliga a incorporarse a la versión de la UPOV de 1991. Por ello, en enero de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reemplaza la ley N° 19.342, y se acogió la adhesión de Chile a la UPOV de 1991.

Deseo recordar que, en esa ocasión, 17 Senadores recurrimos al Tribunal Constitucional para que la aprobación se declarara inconstitucional por afectar derechos fundamentales. El organismo, en sentencia de junio de 2011, rechazó la presentación por una votación dividida de 6 votos contra 4, pero estos últimos son esenciales y determinantes.

Claramente, para quienes quieran establecerla, la diferencia entre el acta de 1978 y la de 1991 es bastante grande. Esta última otorga muchos más beneficios a las empresas y restringe los derechos de los agricultores.

Por ejemplo, en cuanto a variedades por proteger, cada país es libre, conforme a la UPOV de 1978, de designar aquella que desea, en tanto que, de acuerdo con la UPOV de 1991, ello se extiende obligatoriamente a todas las de plantas y las esencialmente derivadas.

Respecto del período de protección, la UPOV de 1978 contempla un mínimo de 15 años, con 18 para vides y árboles, y la UPOV de 1991, 20 años, con 25 para vides y árboles.

Tocante al ámbito de protección, la UPOV de 1978 se restringe al material reproductivo de la variedad, en tanto que la UPOV de 1991 se expande al uso comercial de todo el material, incluido el reproductivo, la cosecha y los productos elaborados a partir de esta última, como harina y vino, y aumentan vastamente las posibilidades de ganancias sobre las variedades protegidas.

En lo atinente a la utilización de variedades protegidas para crear otras, ello es posible, conforme a la UPOV de 1978, pero, de acuerdo con la UPOV de 1991, se encuentra sujeta al pago de derechos.

¡Monsanto! ¡Ese es el meollo, señor Presidente! ¡Aquí va a haber que pagar, y quienes tengan que hacerlo serán los agricultores!

Según la UPOV de 1978, estos últimos pueden resembrar semillas, mas la UPOV de 1991 determina que el derecho se halla sujeto a la legislación nacional; puede ser suprimido por los gobiernos o utilizado "solamente dentro de ciertos límites", y niega el llamado "privilegio de los agricultores".

La doble protección por medio de patentes y derechos de obtentor, tocante al UPOV de 1978, se halla prohibida, mas la UPOV de 1991 la permite, lo que significa que una variedad puede ser simultáneamente patentada y admitir el goce de derechos de obtentor.

Señor Presidente, las dudas sobre Monsanto son realmente impresionantes. Invito a todos los que nos escuchan, a mis colegas, a visitar la página web verdadahora.cl, donde se descubre que esa empresa está hace rato en Chile y con subsidio de la CORFO. Desde 2009, en un programa que llama a la inversión extranjera, hemos estado subsidiando la producción de semillas transgénicas en instalaciones no especificadas en las Regiones Metropolitana, de Arica y Parinacota, de O'Higgins y del Maule. Son cultivadas en más de 20 mil hectáreas para exportarse a los Estados Unidos.

Claramente, el que nos ocupa es un proyecto restrictivo, innecesario, por cuanto la UPOV de 1978 reúne todas las condiciones necesarias.

¿Qué se pretende aquí? Lo mismo que pasó con Microsoft. Lo advertimos al suscribir el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Derechos de propiedad intelectual, ¡bien!, y hoy día la empresa nos cobra. El Congreso destina 30 mil a 35 mil millones de pesos anuales solo al pago de patentes. He sido majadero, durante el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, para tratar de determinar cuánto gastamos por tal concepto.

Claro, cuando se visitó Silicon Valley, Microsoft regaló mil computadores, pero ahora es preciso sufragar la patente por cada programa instalado en uno de ellos. Ello implica que si usted, señor Presidente, compra un compacto de Los Prisioneros y quiere ponerlo en el auto, tiene que pagar; si quiere escucharlo en el living de su casa, tiene que pagar. Porque los programas patentados por dicha empresa solo pueden funcionar en un solo computador, ni siquiera en otro de la misma oficina, y es preciso cancelar la patente cada dos años, porque esta se renueva innecesariamente.

¿Qué se desprende del asunto? Que vale la pena observar todas las exigencias de propiedad intelectual implícitas en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos

He presentado un proyecto de ley para requerir el debate en el Congreso de ese tipo de instrumento internacional. Hoy día nos llega como un paquete: o se rechaza o se aprueba. Eso es una aberración jurídica para la democracia interna de cada país. O se vota en contra, sin discusión. En los hechos, la discusión era secreta, porque tenía lugar entre los gobiernos, sin la participación de los Parlamentos. Los convenios eran ratificados por el Congreso, sin debate.

Eso nos pasó en 2004. Deseo recordar que el único que votó en contra fue el Diputado señor Aguiló. Si bien traía algunos beneficios, el tratado de libre comercio contenía todos estos elementos, y argumentamos, en el momento de la controversia: "La votación se va a ganar, pero no vamos a permitir que se profundicen las desigualdades, el control y, particularmente, el abuso".

El proyecto en examen fomenta la expansión de los transgénicos y la contaminación genética, pues no es claro al limitar el derecho del obtentor sobre variedades con un impacto negativo sobre el medio ambiente, como sucede en el caso de las semillas transgénicas, que contaminan a otras plantas a través del polen.

La miel de los agricultores de Ñuble y de todo Chile fue rechazada en Alemania, por contener trazas de transgénicos. Las abejas polinizan, vuelan de un lado a otro y de repente se meten en un predio con dichos cultivos, que son secretos, registrándose la contaminación de nuestra miel, lo que puede provocar enormes daños si esta política continúa.

Pero, en particular, existen propuestas adicionales para quienes creen que podemos "violentar" el derecho de los Estados Unidos. Hay propuestas que invitamos a debatir. Por eso he pedido segunda discusión. Estimo que la ausencia de colegas da lugar a un debate acotado.

A mi juicio, la Presidenta Bachelet ha sido clara: el proyecto no se va a aprobar durante el Gobierno actual. Vamos a discutirlo durante la próxima Administración, con otro Congreso, con otro Senado y también con otra visión. Porque hemos hecho un recorrido que nos permite visualizar de manera crítica lo que hemos obrado. Hay alternativas sobre cómo enfrentar el UPOV de 1991 y es bueno debatir de manera muy amplia.

Señor Presidente, creo que sería un grave error para Chile aprobar este proyecto, por todo lo que aquí se ha señalado, pero, particularmente, porque sería el resultado de una imposición.

Por eso, anticipo mi rechazo.

Vamos a tener la posibilidad de analizar en segunda discusión esta iniciativa. Como esta no cuenta con consenso a nivel nacional -por el contrario-, espero que todos los que estén relacionados con el gran negocio de Monsanto en Chile pongan las cartas sobre la mesa, a fin de saber cuál es exactamente el tipo de debate que estamos dispuestos a dar.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para los efectos de dar una explicación a quienes están viendo hoy día esta discusión, debo decir que el Orden del Día termina a las 19:30, en este instante, y que no tenemos quórum para tomar el acuerdo de prorrogar la hora.

En consecuencia, el tratamiento de esta iniciativa continuará en la próxima sesión. Quedan inscritos para intervenir en esa oportunidad los Senadores señora Rincón, señor Quintana, señora Lily Pérez, señor Sabag, señor Escalona y quien habla.

Es importante que quienes están observando este debate entiendan que los proyectos se ponen en tabla dependiendo de la urgencia con que el Ejecutivo los califica, la que puede ser "discusión inmediata" "suma" o "simple". --El proyecto queda para segunda discusión.