AUTORIZACIÓN PARA RETIRO ANTICIPADO DE FONDOS PREVISIONALES
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Honorable Sala, sin lugar a dudas, estamos en una encrucijada: muchas personas necesitan dinero para recuperarse de la pandemia y no cuentan con otra fuente de ingresos; al mismo tiempo, tenemos un sistema de pensiones que no funciona y que debemos cambiar. Asimismo, existe una materia pendiente que es responsabilidad de todos y todas quienes estamos en política, y es hacer conciencia sobre la importancia del ahorro para la vejez.
En el 2019, Presidente, me parecía buena idea usar los fondos de los trabajadores en ahorro de pensiones para enfrentar la emergencia, pues pese a que teníamos recursos en el Estado, 30 mil millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y el Fondo de Reserva de Pensiones depositados en el exterior, y se podía recurrir a ellos; pese a que estábamos en posición de pedir endeudamiento y podíamos hacerlo a buena tasa, no se hizo. Y se ofrecían pensiones o ayudas de emergencia de verdad irrisorias.
El primer, el segundo y el tercer retiro permitieron salir del hoyo en que nos encontrábamos. Se pudieron salvar empleos, empresas e incluso sumar recursos al Fisco a través del efecto del IVA que se recaudó.
He leído y escuchado a quienes hacían pronósticos sobre la realidad, y la verdad es que ella no fue la que se pintaba. Por mi formación jurídica, debo partir citando el artículo 1° de la Constitución vigente, que nos dice que el Estado está al servicio de la persona humana; que debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos su mayor realización espiritual y material posible.
Este texto, sin duda, podrá ser perfeccionado; pero mientras rijan el Estado, el Gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y otras entidades públicas y privadas, debe actuarse respetando su letra, espíritu y actuando ante emergencias graves como en la que nos encontramos.
No puedo imaginar que haya personas que ignoran el grave impacto en la mayoría de los habitantes del mundo y de nuestro país producto de la pandemia. Tampoco, señor Presidente, puedo olvidar que el propio Texto Constitucional y los tratados vigentes reconocen que la seguridad social es un derecho humano y que, por ello, el Estado debe actuar para garantizar a todos el uso de prestaciones básicas uniformes, ya sea por instituciones públicas o privadas, sin afectar valores ni textos jurídicos vigentes. En los limitados espacios que tengo, y uno de ellos es este, el Parlamento, debo ejercer mi rol.
Soy contraria, Presidente, al sistema de AFP que tenemos, por no ser de seguridad social y por entregar pensiones de verdad miserables.
Reconocer el derecho de los afiliados a decidir si se quedan en una AFP o se cambian a una entidad estatal es parte de los planteamientos que ha hecho nuestra candidata presidencial. Y creo que es parte del debate que tenemos que dar.
Un sistema que nos ofrezca certezas, seguridades y que frente a contribuciones definidas otorgue beneficios definidos debiera ser parte de las cosas que se instalen en el debate profundo de una seguridad social real.
¿Qué temas tienen que estudiarse? Muchos y varios: si está afectada o no la libre competencia entre las AFP y aseguradoras, yo creo que sí; si hay intangibilidad de los contratos; cómo tener comisiones y primas apropiadas para evitar ganancias exageradas; si los retiros afectan el derecho de propiedad de los afiliados; si se justifican retiros excepcionales; si hay o no una baja de pensiones en los retiros programados, cuál es el efecto y cómo puede abordarse.
Creo, señor Presidente, que hay muchos y variados temas que nos hemos negado a debatir: la libre competencia entre las AFP y las aseguradoras. Hoy eso no existe, pues tienen los mismos dueños. Al menos cinco de las siete AFP son de las compañías de seguros.
Tengamos presente que los recursos manejados por las AFP y las compañías de seguros representan una suma equivalente cercana al producto interno bruto de Chile, esto es, todo lo que se produce en el país en bienes y servicios tanto en el sector público como en el privado.
Nuestra intervención, junto a la colaboración de destacados expertos -y quiero destacar a uno: Patricio Basso- y el apoyo transversal de varios colegas de este Senado, obligó a la Superintendencia de Pensiones a modificar los cálculos de la tasa de interés técnico del retiro programado que lesionaba adicionalmente a los pensionados de nuestro país. Lamentablemente, no se han recogido las propuestas que hemos colocado encima de la mesa y que se han acompañado con estudios y con proyectos de ley para avanzar.
Creo, Presidente, que las futuras modificaciones tienen que avanzar a la posibilidad de retiro en casos excepcionales. Eso es algo que tiene que estar en el debate de pensiones.
Creo también que las pensiones de retiro programado tienen que ser revisadas, sin perjuicio de que caminemos a un nuevo sistema.
Desde el punto de vista del debate que hoy día nos atañe -lo he dicho en innumerables oportunidades-, voy a aprobar la idea de legislar.
Por ello pienso que debemos avanzar hacia modificaciones que faciliten este debate, un debate que sea útil para las personas que pasan situaciones complejas, que no tienen derecho a IFE y requieren apoyo; que se haga dentro de un marco jurídico que dé certezas; que no se genere un daño a la industria porque eso trae efectos colaterales para las personas; que se reconozca la libertad de cada uno de nosotros, Senadores y Senadoras, para legislar dentro del ámbito de la Constitución vigente; que hagamos adecuaciones para que los retiros se hagan en plazos y cuotas; que se corrija el texto aprobado en la Cámara de Diputados en materia de rentas vitalicias; que se elimine el cobro de la comisión, establecido en el artículo 45 bis del decreto ley Nº 3.500, que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Vaya redondeando, Senadora.
La señora RINCÓN.-... que haga perder más de un millón de dólares diarios a los fondos de los afiliados, velando así por su mayor volumen; que promovamos una campaña para que los afiliados de AFP retiren sus recursos y los depositen en la cuenta 2, que les permita invertir en los fondos que den más ganancias y no en los fondos a que por edad están obligados y que significan pérdidas; y que comprometamos, señor Presidente, al Estado a accionar judicialmente contra las AFP para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del decreto Nº 3.500, respondan por las cuantiosas pérdidas de los fondos C, D y E, ya que ellas tomaron las decisiones de inversión en los bonos afectados y no han actuado con la diligencia exigida por la ley para reparar los daños causados.
Voto a favor la idea de legislar, señor Presidente.