PRÓRROGA DE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA
El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Saludo a los señores Ministros del Interior, de Salud y Secretaría General de la Presidencia, y a los Subsecretarios presentes.
Presidenta, llevamos dieciséis meses de pandemia y nadie tiene certeza sobre cuánto tiempo más se mantendrá la emergencia. Pueden ser meses o, incluso, años.
En todo este tiempo, el Congreso ha discutido varias veces sobre las ayudas sociales y económicas para enfrentar los efectos de la crisis y, finalmente, se ha llegado a un acuerdo más o menos sustancial.
Sin embargo, no ha habido oportunidad para un debate de fondo sobre las medidas sanitarias, lo que se explica porque la autoridad ¡ya cuenta con las atribuciones necesarias!
Justamente debido a esta falta de debate, es que no soy partidario de renovar el estado de excepción; al menos, no sin antes hacer una evaluación detallada de las medidas sanitarias que están afectando a millones de chilenos. En general, todas las medidas han sido fundadas y han contado con el apoyo de los expertos y de la gran mayoría de la ciudadanía, pero con el transcurso del tiempo muchas de ellas son percibidas hoy como ineficaces, injustas y desproporcionadas.
La realidad actual es que la autoridad dispone, con gran libertad, de las medidas sanitarias que estime pertinentes, sin que esté claro el proceso de consulta a los expertos o actores claves, como ha quedado en evidencia en diversas ocasiones. El Congreso no ha participado en ello, solo en las medidas de orden económico y social.
Además, se ha caído en cierto inmovilismo; las medidas se mantienen por simple inercia, pues cualquiera innovación mayor en una dirección determinada le acarrearía críticas al Gobierno de uno u otro lado. Creo que, en lo sucesivo, esto debe cambiar.
El marco de atribuciones de la autoridad sanitaria debe estar circunscrito al que le otorga el Código Sanitario y, si requiriera facultades adicionales, ya sea de manera permanente, temporal, general o particular, estas deben ser solicitadas al Congreso.
Los estados de excepción apuntan a reforzar las potestades gubernamentales para controlar el orden público en situaciones puntuales; no están concebidos para enfrentar emergencias sanitarias ni menos para extenderse indefinidamente en el tiempo.
Dejo en claro que me opongo a la renovación del estado de excepción, pero no porque rechace que los militares salgan a la calle. Ese no es el problema. Tampoco me niego a la prórroga porque esté de acuerdo en que se flexibilicen las medidas sanitarias sin considerar la situación epidemiológica. No es así. ¡No!
Rechazo volver a habilitar el estado de excepción porque creo que a estas alturas de la crisis ha dejado de ser una herramienta útil y el Gobierno debe proponer un marco más permanente para enfrentar una crisis que puede extenderse todavía un buen tiempo más.
Debe haber una discusión más de fondo en este Congreso sobre la estrategia a seguir en el próximo período. Es evidente que el proceso de vacunación y las medidas personales de autocuidado, que son la base de esta estrategia, deben mantenerse y profundizarse. Pero las medidas de control social deben ser evaluadas.
Se argumenta que el estado de excepción le otorga facultades adicionales al Gobierno, pero creo que prácticamente todas las medidas podrían dictarse también en el marco de las atribuciones que otorga la ley común. En efecto, ellas están contempladas en el Código Sanitario; en particular, en los artículos 24, 26 y 27, que se refieren a las diversas medidas de restricción, aislamiento e inspección que pueden disponerse, y en el artículo 36, que autoriza al Presidente de la República para otorgar facultades extraordinarias a la autoridad para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia. Esta es una norma amplísima y es la que sirve de base al decreto N° 4, que estableció la alerta sanitaria y que ha sido modificado y ampliado en diversas oportunidades, cada vez que ha sido necesario.
Insisto, si el Ejecutivo requiere nuevas medidas legales, puede solicitarlas al Congreso, y esa será la oportunidad para evaluarlas. Hemos dictado decenas de leyes sobre la pandemia; hemos aprobado todos los proyectos de ley propuestos por el Gobierno. No veo por qué no puede ocurrir lo mismo con las medidas sanitarias.
Yo llamo a este Senado a asumir plenamente sus responsabilidades. Cada vez que se renueva el estado de catástrofe, en la práctica, estamos delegando en el Ejecutivo para que este disponga medidas libremente, con lo cual quedan fuera de nuestra discusión importantes materias.
Por ejemplo, la efectividad de la fiscalización: ¿de qué sirven, como decía el señor Ministro del Interior, millones de controles en las calles, efectuados por policías o militares, si luego eso se traduce en unas cuantas multas y apenas una fracción de ellas logra ser cobrada?
O bien, si está comprobado que la principal fuente de contagio es por aerosoles, ¿por qué seguimos prohibiendo actividades al aire libre, en circunstancias de que las probabilidades de contagio en esas condiciones son muy bajas?
¿Por qué siguen restringiéndose actividades sociales o económicas según la esencialidad de los bienes o servicios de que se trate y no de acuerdo a las condiciones de ventilación de los recintos donde se desarrollan?
¿Por qué se imponen sin cuestionamiento limitaciones a la libertad de las personas vacunadas, pero no se cuestiona la libertad de las personas de vacunarse o no, en circunstancias de que el artículo 32 del Código Sanitario faculta a la autoridad para declarar obligatoria la vacunación de la población?
¿Por qué le ha costado tanto a este Gobierno imponer control de precios a productos esenciales, pudiendo hacerlo en virtud del estado de excepción o de alerta sanitaria, pero no duda en restringir la libertad personal de la población por más de un año?
Quiero recordarle al señor Ministro del Interior que las leyes vinculadas a beneficios de las pymes, a los IFE (en sus distintas modalidades), a la protección del empleo y a las cuentas de servicios básicos y otras no están sujetas al estado de excepción constitucional.
Creo, estimados colegas, que es tiempo de discutir estos asuntos, y, para ello, la única herramienta de que disponemos nosotros es no renovar la declaración de estado de excepción y obligar al Ejecutivo a traer los proyectos pertinentes a este Congreso.
Por estas razones, Presidenta, voto en contra.