NUEVO DISEÑO DE PROCESO DE LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE REGIÓN METROPOLITANA (TRANSANTIAGO)
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
Varios expertos en materia de transporte han señalado que no hacer licitación termina aumentando los precios del sistema y los costos del mismo; particularmente, respecto de las compras de buses eléctricos, las que se han hecho sin licitaciones y vía trato directo. Si bien esto lo permite la legislación actual, se está vulnerando uno de los principales principios que debieran orientar la labor fiscal: la transparencia en los procesos de compra de bienes públicos.
No está claro -y el Ministerio aún no ha logrado explicarlo- cuál es el esquema estatal que se utilizó para comprar esos nuevos buses. Lo que sí está claro -y está consignado en el Acta Nº 167 del Panel de Expertos, de 25 septiembre de 2019- es que, previo al alza de los 30 pesos, la falta de competencia del sistema, causada por una política consistente de compras vía trato directo, está generando un aumento importante de los costos.
Dichos costos del sistema se han traspasado sistemáticamente, señora Presidenta, a los usuarios desde 2018, cuando el transporte subió 10 por ciento. Igual situación se produjo en 2019, año del estallido social, cuando también aumentó 10 por ciento la tarifa del transporte de pasajeros, a pesar de que el IPC solamente había aumentado 3 por ciento.
Nuestra hipótesis es que el aumento de precios a los usuarios finales se debe precisamente a la falta de competencia y al modo en el cual se compraron estos buses eléctricos, que terminaron siendo adjudicados por contrato directo. A ello se suman otros factores de mala gestión, como lo que ocurrió con la extensión de los contratos de empresas mal evaluadas, como Express y Alsacia, lo cual repercute en un sistema más caro, con malos indicadores y, en períodos normales, mal evaluado por las autoridades y -más importante- por los usuarios, las personas.
Es urgente, entonces, relevar el tema de la transparencia en estos procesos, ya que esta falta de transparencia implicó el aumento de tratos directos en 2018 y 2019, lo que a su vez generó alzas en las tarifas, produciéndose el aumento de treinta pesos, punto cúlmine de un incremento sistemático de tarifas que acarreaba el sistema y que sirvió como catalizador al malestar de la ciudadanía.
La transparencia en los procesos de licitación y de compra de bienes que van en directo beneficio de la ciudadanía, como son los buses de transporte público, ha sido nuestra misión en cada Ley de Presupuestos cuando se ha discutido este tema. Podemos recordar una y otra vez las intervenciones de nuestro colega Jorge Pizarro en ese ámbito.
Así, en el Presupuesto del año 2020 insistimos en que era necesario adecuar la compra de buses eléctricos a la ley 19.886, de compras públicas, y en especial respecto de la glosa del Ministerio de Transportes, con cargo al subsidio de transporte, que buscaba comprar vía trato directo buses eléctricos. En este punto, a nuestro juicio, era necesario que al menos se incluyeran los criterios de costo final tarifario proyectado, precio, calidad técnica y criterios sustentables. Ambas indicaciones de nuestra autoría fueron declaradas inadmisibles, pero no por ello, innecesarias.
El tiempo, señora Presidenta, nos ha dado la razón. Y estamos aquí, a más de un año de esas indicaciones, a casi dos años del estallido social iniciado por esa chispa de los treinta pesos, y aún no tenemos una respuesta clara del Ejecutivo. Una propuesta transparente que no siga incrementando los costos del transporte para todos los chilenos.
Además del gran problema de transparencia en los procesos de licitación y de compra de buses eléctricos para la renovación de la flota, hemos observado en este nuevo proceso de licitación grandes diferencias en cuanto al costo de los buses que se busca adquirir respecto del promedio de los contratos del año 2019-2020.
En consecuencia, vemos que existe un sobreprecio de un 8 por ciento entre la mejor oferta que está en licitación y el promedio de los contratos 2019-2020, y casi un 40 por ciento de sobreprecio en el caso de los buses eléctricos. Si bien la autoridad ha señalado que estos mayores precios obedecen a servicios adicionales que se han incluido, no es menos cierto que dichas diferencias de precios van a afectar el financiamiento del sistema en el mediano y en el largo plazo, impacto que, dicho sea de paso, el Ministerio no ha sido capaz de cuantificar. Ello es especialmente preocupante, ya que en atención a las circunstancias de pandemia, de crisis económica actual, no será posible adecuar las tarifas sin que ello devenga en un malestar de la ciudadanía.
Otro problema que ha demostrado el diseño actual, del reemplazo del modelo de provisión de flota, es que la oferta de proveedores ha disminuido y, por consiguiente, ha bajado la competencia prometida por el Ministerio en el cambio de estructura de la licitación. Una muestra de lo anterior es que, si bien se han recibido veintitrés ofertas, esto es para la totalidad de las licitaciones. En siete de los procesos no se presentó ninguna oferta y, en el caso de los procesos de buses eléctricos, solo se recibieron dos. En definitiva, son actores que ya están presentes en el sistema del transporte público, con lo cual la promesa de abrir la oferta, ampliar la competencia y, en definitiva, bajar los costos de los usuarios, no se está cumpliendo.
Señora Presidenta, el sistema de transporte público es una deuda histórica, no solamente con Santiago. Ya decía la Senadora y Presidenta de la Comisión de Transportes, Ximena Órdenes, que se concentra en Santiago la mayoría de los recursos fiscales para su financiamiento. Pero además se afecta a las regiones, y especialmente a la zona rural, donde el costo por kilómetro es varias veces mayor al de las zonas metropolitanas.
Hemos insistido en varias ocasiones con la urgencia de la conectividad, no solamente digital, sino también respecto de los servicios sanitarios y de todo servicio público, en este caso, el transporte.
Con los retrasos que actualmente presenta la licitación del transporte público de Santiago; con las promesas incumplidas respecto de la estructura fiscal y cambios estructurales del modelo actual; con una evaluación deficitaria por parte de la ciudadanía sobre la calidad y el alto costo del transporte público, y en especial respecto a la transparencia de los procesos de licitación, que no están a la altura de los cambios que se pretende realizar, no podemos estar conformes con la manera en que se está tratando de forma reiterada la materia del transporte.
Actualmente, una persona con un sueldo mínimo, solo para desplazarse al trabajo de ida y vuelta, desembolsa el 10 por ciento de su salario. Nos ubicamos en el top ten de las tarifas más caras del transporte público respecto del salario medio. Esto no puede seguir. Prácticas como las contrataciones por trato directo, falta de transparencia en los procesos de licitación y deficiencia en la gestión del sistema de transporte público generan mayores costos a los usuarios finales y un mal servicio.
Necesitamos con urgencia que se cumplan las promesas y plazos y, especialmente, que se cumpla con la ciudadanía en cuanto a un transporte de alto estándar de calidad, continuidad del servicio y transparencia, pero sin tener que pagar una tarifa impagable.
Señora Presidenta, tenemos el diagnóstico, identificamos los problemas y las deficiencias; ahora nos toca entregar soluciones rápidas, para que en el futuro no se pueda decir que no lo vimos venir y para que finalmente tengamos la solución para la ciudadanía antes de que nos estalle el problema en la cara.
Gracias, Presidenta.