ACUERDO ENTRE PADRE Y MADRE PARA DETERMINAR ORDEN DE TRANSMISIÓN DE SUS PRIMEROS APELLIDOS A HIJOS COMUNES
El señor ELIZALDE.- Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que en nuestro ordenamiento constitucional el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador de gran importancia. Tan así es que, por ejemplo, en cuanto al uso de la palabra, tanto en las sesiones de Sala como en las de Comisiones los Ministros de Estado tienen -así podríamos decirlo- un derecho preferente. Y, por cierto, parte de la labor legislativa se realiza en torno a un permanente diálogo con el Gobierno, cualquiera que sea su orientación, obviamente, en la medida en que haya sido elegido democráticamente.
Sin embargo, a mí me llama la atención en el sentido de que este no es un caso aislado: que el Gobierno llegue tarde a un debate de esta relevancia. Hace un par de días íbamos a votar en la Sala un proyecto de la Comisión de Agricultura, pero el Ejecutivo presentó una indicación: se habló con la Mesa y el proyecto tuvo que volver a la Comisión. En dicha instancia hicimos el reclamo: ¿Por qué el Gobierno había presentado esa indicación en la tramitación de ese proyecto? Y no fue una sorpresa -quiero decir esto- para el Ministerio de Agricultura, porque esta iniciativa se estuvo debatiendo durante bastante tiempo. Pues bien, el proyecto tuvo que volver a la Comisión para que el Gobierno presentara la indicación respectiva. Actuamos de buena fe, en un espíritu constructivo, y finalmente la acogimos.
Pero esta es una práctica que hay que erradicar, porque por un mínimo respeto y deferencia hacia el Congreso Nacional lo que corresponde es que el Ejecutivo se haga parte en el debate legislativo a tiempo y presente las indicaciones con la misma celeridad con la cual las debemos presentar los parlamentarios.
A mí me llama la atención que se llegue tardíamente a este debate. Por cierto, no es solo responsabilidad de este Gobierno. Pero en lo que respecta a esta Administración, llama la atención que haya tenido que llegar a la Sala el proyecto para señalar que tenía observaciones.
La excusa de que esto se vio en una Comisión que no fue la de Constitución no me parece buena. Hay un Ministerio Secretaría General de la Presidencia que cuenta con un ejército de abogados que deben hacer seguimiento a los trámites legislativos, uno por Comisión -así ha sido tradicionalmente- y que han de estar informando respecto del avance de los distintos proyectos de ley. Por tanto, el que una iniciativa esté en una u otra Comisión no es relevante; es más, nuestro Reglamento no exige que los proyectos sean vistos en una Comisión en particular: es la Sala la que resuelve en qué Comisiones será analizada una iniciativa.
Entonces, a mí esa me parece una mala excusa.
Ahora bien, el Gobierno tiene varias alternativas si es que esta iniciativa finalmente se aprueba hoy día. En primer lugar, presentar un proyecto de ley adicional para introducir las modificaciones a que ha hecho referencia el Ministro, o eventualmente enviar un veto de carácter aditivo o sustitutivo.
Pero sí es evidente que no hay excusa para haber llegado tarde a un debate que lleva años en el Parlamento y que es fundamental.
Y entro al fondo del asunto: es de toda lógica que se pueda escoger el orden de los apellidos. Esta es una norma que existe en otras partes del mundo y que establece una igualdad de género. Porque la tradición que existe en Chile de dos apellidos, que es la española, establece que el apellido del padre va primero y el de la madre va segundo. En legislaciones de otros países se puede alterar ese orden. Incluso en otras partes del mundo existe un solo apellido. Es más, durante la vida de las personas su estado civil puede significar que se modifique el apellido. Y eso no genera problemas de identificación, porque en el caso chileno en particular hay un dato que nunca cambia y que nos acompaña desde que somos inscritos en el Registro Civil, porque nuestro nacimiento es inscrito en dicho Servicio a contar de principios de la década del 80: el Rol Único Nacional. La runificación establece una asociación entre un número y una persona, e independientemente del cambio de nombre, no se altera nunca y permite la identificación de las personas.
Es más, nuestra legislación actualmente permite el cambio de nombre.
Por eso quisiera insistir en que el Gobierno debe corregir este error y tiene que ser más proactivo para los efectos de participar en el debate de los distintos proyectos de ley. No debe esperar a que lleguen a la Sala para señalar: "¡Ah! Me interesa aportar. ¿Saben qué? En esta oportunidad quiero realizar una observación: voy a presentar una indicación".
Por un mínimo de respeto el Gobierno debiera cumplir con los mismos plazos que tenemos los parlamentarios. Porque si un parlamentario llega ahora a la Sala y dice "¿Saben qué? Me olvidé, no me interesó; pero ahora quiero formular indicaciones", existe una serie de requisitos para que las pueda presentar en la Sala. Incluso, cuando hay urgencias tenemos mayores restricciones.
Entonces, lo único que pido es que el Ejecutivo sea más deferente y respetuoso con el trabajo que realiza el Congreso Nacional y llegue a tiempo. Ello, a fin de que no se vuelva a repetir la experiencia de que, cuando los proyectos están en Sala, señale que quiere participar presentando modificaciones a través de indicaciones para perfeccionar su texto.
De todas maneras, creo que es necesario aprobar esta iniciativa, pues en el fondo, como lo señalé, plantea una norma básica que establece una verdadera igualdad de género, en que finalmente se puede decidir cuál es el orden de los apellidos sin que exista una preeminencia anticipada respecto del apellido del padre, independientemente de que, por defecto, cuando no exista ese acuerdo el mismo proyecto dispone que será el apellido del padre el que irá primero.