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MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y CREACIÓN DE MECANISMOS SIMPLIFICADOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS


La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, en verdad, este es un proyecto tremendamente pertinente en los tiempos que corren, ya lo han dicho mis colegas y no voy a explayarme en aquello.
La situación va a ser crítica. Cuando uno ve lo que está pasando en otros países del resto del mundo se da cuenta de que tenemos una economía frágil, que hay muchas empresas -y lo leí ayer en la prensa internacional- que se han sostenido gracias a las ayudas de los gobiernos, pero que probablemente pasada la pandemia no sean capaces de resistir la situación en que se encuentran.
El mundo está cambiando, el mundo del e-commerce se ha instalado, y además habrá una fuerte modificación desde el punto de vista de las competencias laborales que se van a necesitar.
Dicho aquello es del caso señalar que cuando uno mira lo que ha ocurrido en nuestro país desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.720 a la fecha, sin lugar a dudas constata que ha habido un aumento importante, significativo del procedimiento concursal.
Sin embargo, hay una serie de fallas en dicha ley. Al respeto, quiero decir que esta normativa se tramitó en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y yo me opuse a ella porque consideraba que era engorrosa, que no cumplía los objetivos y que iba a traer graves problemas a las personas y en el mundo financiero.
Han pasado los años y hoy día estamos debatiendo los cambios que se necesitan. En la Comisión se escuchó a una serie de expertos y académicos, a organizaciones, en fin, quienes se refirieron a esta modificación y a cómo ha funcionado la ley hasta la fecha.
Sin duda, este proyecto debe recoger las distintas sugerencias que todos ellos hicieron cuando se discutió en general.
Las ideas centrales de esta iniciativa se hallan orientadas a contar con una normativa concursal robusta que contemple procedimientos eficientes y que, obviamente, ofrezca alternativas previas a la liquidación; a que se modernicen los procedimientos concursales considerados en la ley; y, además, a que se creen nuevos procedimientos concursales simplificados especiales para la micro y pequeña empresa.
El Senador Carlos Bianchi hizo alusión a ello. Considero fundamental que abordemos esto, sobre todo cuando muchos de los invitados hicieron observaciones en esta materia y el informe que preparó la Comisión de Economía y el que entregó su propio Presidente en la sesión pasada así lo han señalado.
Asimismo, creo que esta iniciativa requiere una tramitación rápida; que el Ejecutivo y la Comisión recojan muchas de las cuestiones que se dieron durante su discusión. Ello, porque ciertamente hay una serie de aspectos que no son ventajosos a la hora de debatir las modificaciones que se están proponiendo.
La modernización de los procedimientos evidentemente resulta necesaria; pero no se incluye, por ejemplo, la liquidación extraordinaria de las pymes que están en peligro de insolvencia producto de la pandemia.
También subsiste el problema de emprendedores endeudados como personas naturales y jurídicas que están forzados a elegir entre un procedimiento u otro, y se recomienda que el efecto del procedimiento de renegociación personal tenga un efecto sobre el endeudamiento de la pyme, una limitación de la responsabilidad del socio como garante respecto de la empresa.
Tampoco en la ley en proyecto, como señalaron algunos de los expertos que expusieron, hay alguna mención expresa vinculada con el período extraordinario de crisis económica provocada por la pandemia.
Sin lugar a dudas, es necesario simplificar. Es importante que exista comunicación con programas de reactivación (no sé si esto lo señaló la Senadora Aravena o el Senador Bianchi) entre Corfo, Sercotec, Fosis para que haya información financiera y comercial de quienes están en esto; y que además existan incentivos a la reinserción financiera de las mipes con un porcentaje de retorno del crédito para lograr recuperación económica y, a la vez, combatir la idea de que el procedimiento hace que los deudores no paguen finalmente las deudas.
Eso forma parte del problema que ha tenido esta iniciativa: o sea, que hay un incentivo a endeudarse, a declararse en insolvencia y no asumir el costo de lo que ello significa, lo cual se traduce en un encarecimiento del crédito para el resto del sistema.
Son temas que discutimos en la Comisión, y me parece importante que se recojan en la discusión particular.
Así que voy a votar a favor de este proyecto. Creo que esto era necesario. Sí pediría que se le pusiera la máxima urgencia, porque los tiempos que corren van a requerir esta normativa.