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ESTABLECIMIENTO DE AVALÚO COMERCIAL DE BIENES RAÍCES COMO MÍNIMO ANTE SUBASTAS PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDA ÚNICA


La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
Gracias al Presidente de la Comisión por tan detallado informe.
Quiero agradecer a todos y cada uno de los colegas que han estado trabajando en esta moción; además, a la Secretaría de la Comisión, a la Biblioteca. La verdad es que ha sido un gran trabajo. Por cierto, también a los profesores que nos acompañaron en el debate.
En el proyecto de ley se mencionan varias de las razones por las que una iniciativa con estas características se vuelve indispensable, Presidenta. Sin lugar a dudas, en medio de la pandemia es más relevante aun esta discusión.
De acuerdo con los recientes datos entregados por la Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2018, se puede concluir que en Chile se registra un considerable atraso salarial. Los resultados más importantes de dicho estudio indican que el 50 por ciento de los trabajadores en nuestro país gana menos de 400 mil pesos; y prácticamente siete de cada diez trabajadores, menos de 550 mil pesos líquidos. Solo el 20,2 por ciento gana más de 750 mil pesos y un 83,7 por ciento de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de 750 mil pesos líquidos.
El endeudamiento es generalizado entre los chilenos, quienes son las personas más endeudadas de América Latina. De acuerdo con los datos del Banco Central, el endeudamiento de los hogares chilenos marcó un máximo histórico equivalente al 73,3 por ciento del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior.
El 79 por ciento de las deudas en Chile se produce por créditos de consumo. El 45 por ciento de las personas en deuda posee compromisos financieros mediante créditos de consumo con el retail, mientras que el 34 por ciento ha asumido deudas con la banca. Por tanto, el 79 por ciento de las personas que declaran tener deudas asumieron estos créditos de consumo en el retail o en la banca.
A la vez, hay altos niveles de morosidad. Según los datos del Informe de Deuda Personal de la Universidad San Sebastián-Equifax, en marzo de 2019 se registraron 4,6 millones de deudores morosos, lo que implica un aumento del 3 por ciento respecto de igual período de 2018. Sin lugar a dudas, esta cifra va a aumentar con la pandemia.
Respecto a la mora promedio nacional consignada en ese estudio, esta también registró un aumento, del 10 por ciento, llegando a 1.754.525 pesos. Además, según los datos de la última encuesta de presupuesto familiar del INE, más del 70 por ciento de los hogares está endeudado.
Usted supondrá, Presidenta, que con la pandemia todos -¡todos!- estos números e indicadores han aumentado.
En cuanto a las pérdidas de la casa propia en los procesos de cobranzas judiciales de deudas impagas cabe señalar lo siguiente.
Del total de procesos en los tribunales civiles en Chile, más del 80 por ciento corresponde a cobranzas por deudas impagas que impulsan los bancos, el sistema financiero y el retail: créditos de consumo, préstamos en casas comerciales, etcétera.
Las ideas matrices del proyecto se centran, por tanto -y lo ha dicho así el Presidente de la Comisión, el Senador Álvaro Elizalde-, en proteger a los hombres, mujeres y niños que componen nuestra clase media que se encuentra altamente endeudada, y en particular en defender la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios ante la posibilidad de que vean perdido su único bien raíz, que es además el hogar familiar.
Razones de mínima justicia obligan a legislar en la materia a fin de poner coto a esta desproporcionada regulación procesal. No por que una persona tenga deudas impagas y deba someterse a un juicio ejecutivo la única opción posible es que sea despojada del bien raíz embargado o hipotecado, que constituye además su hogar familiar, y que ello se haga en condiciones sumamente desmejoradas en lo que respecta al valor de la propiedad.
Hoy día, sin esta ley, a una persona que mantiene una deuda en el retail le pueden rematar su casa a un cuarto del avalúo fiscal. ¡Sí, a un cuarto del avalúo fiscal!
La verdad es que esto parece un poco obsceno.
Los principales objetivos del proyecto son, por consiguiente, otorgar mayor protección a los deudores tanto generales como hipotecarios, no para que no paguen, sino para que la persecución que se les hace sea proporcional frente a la posibilidad de remate de su inmueble en caso de morosidad, defendiendo la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos e hipotecarios.
Por ello se modifica tanto el Código de Procedimiento Civil como la Ley General de Bancos.
Este proyecto es importante en condiciones normales; es urgente en condiciones de pandemia.
Gracias, Presidenta.