CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. VETO
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Entiendo que la Senadora Von Baer se equivocó al final, porque estamos votando el veto, no la admisibilidad.
Lo que pasa es que si el argumento de la Senadora Von Baer hubiera sido acogido por el Ejecutivo -y creo que es un argumento que tiene mérito-, lo lógico habría sido presentar un veto aditivo, que hubiera precisado de qué tipo de investigación se trata. Pero el Gobierno hace algo completamente distinto: envía un veto sustitutivo que lo que exige es una medida cautelar. Y es ahí donde surge el problema y cobra fuerza la argumentación de la Senadora Rincón.
Porque, pienso que si este veto hubiese venido de un sector político garantista o que utiliza como argumento político sistemáticamente el garantismo, uno podría decir: "Bueno, efectivamente, aquí lo relevante es la presunción de inocencia". Pero viene del sector político que gobierna, que ha usado y abusado del argumento del populismo penal.
Entonces, la pregunta es: ¿qué hay detrás? Y yo creo que lo que hay detrás es algo muy simple, y es que los negocios con el Estado son más importantes que la protección de los niños. Disculpen que lo diga de manera tan directa: "los niños primero", salvo que sean obstáculo para quien está haciendo un negocio con el Estado y por tanto está cumpliendo una función con recursos públicos; no a la presunción de inocencia, salvo que esto afecte a quien está haciendo negocios con el Estado y utilizando recursos públicos para cumplir una determinada tarea.
Es ahí donde se expresa una contradicción. Y el veto planteado por el Ejecutivo creo que no resuelve adecuadamente el problema -reitero-, porque se podría haber precisado, pero, al exigirse una medida de carácter cautelar, lo que se está estableciendo, en el caso de que sea una investigación por un delito contra niños, es que si la familia, o quien represente al niño, niña o adolescente, no exige esta medida cautelar, entonces no pasa nada. Y lamentablemente ha ocurrido en nuestro país que quienes administran este tipo de instituciones privadas están siendo investigados por delitos graves contra los niños.
Por eso tiene sentido lo que dijo hace un rato el Senador Montes. Este es un caso excepcionalísimo, que requiere una regulación especial, de carácter preventivo, puesto que lo que está en juego es demasiado importante: que un niño continúe en una situación de peligro, como potencial víctima, de quien comete delitos en su contra.
Reitero: si el argumento del Gobierno hubiera sido el que esgrimió la Senadora Von Baer, que creo que es un argumento que hay que considerar, la pregunta es: ¿por qué se reemplaza el texto de esta forma, exigiendo la medida cautelar, y no se precisa a qué tipo de investigación nos estamos refiriendo, estableciendo una regulación más estricta y reducida respecto de los delitos contra niños, niñas y adolescentes?
Por eso estimo que lo que finalmente prima aquí es una visión neológica y la defensa de determinados intereses. En definitiva, populismo penal siempre, salvo que afecte a los negocios. Creo que es una contradicción evidente que da cuenta de una discusión muy de fondo al momento de regular esta materia.
Pienso que la observación no resuelve el problema y que, lamentablemente, deja en un ámbito de desprotección a los niños, niñas y adolescentes que pudieran ser víctimas de estos delitos y, por tanto, no resguarda adecuadamente su protección y sus derechos.
Por consiguiente, "los niños primero" termina siendo un eslogan y no un compromiso efectivo, al menos en lo que respecta a este veto. Y como es esto lo que se está votando, me voy a pronunciar en contra.
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
A mí me parece muy preocupante la intervención de la Senadora Von Baer en un punto que dice relación con la actuación del Ministro y la votación respecto de la admisibilidad de las observaciones del Presidente de la República, particularmente en esta observación.
Es evidente que en un proceso legislativo donde una de las Cámaras, como el Senado, expresa la diversidad de la sociedad, que por lo demás es el resultado de una elección democrática, existen distintas formas de legislar o construir mayorías para aprobar los proyectos.
La primera es confrontar las fuerzas políticas para que nos midamos. Punto. Y la segunda es la búsqueda de entendimiento en que obviamente, teniendo posturas distintas, se hacen concesiones recíprocas con el objeto de avanzar en la aprobación de una legislación, más aún en el caso de un Gobierno que no tiene mayoría en la sociedad ni tampoco en ambas Cámaras.
En ese contexto, lo que el Ministro hizo aquí fue intervenir con el objeto de generar un ambiente distinto, dar una señal. Si el tema fuera la discusión puramente jurídica de la admisibilidad, entonces para qué intervino el Gobierno diciendo lo que dijo.
Y limitamos ahí el debate.
De hecho, yo voté junto a la Senadora Rincón. No cambié mi postura jurídica.
Sin embargo, ciertos Senadores cambiaron de buena fe su voto para contribuir a un acuerdo. Y, acto seguido, se cuestiona la buena fe con la cual esos Senadores modificaron su votación, señalando que no era jurídicamente justificado.
Entonces, para el futuro, es bueno saberlo.
Cuando el Gobierno quiera la señal de un acuerdo diremos: "Mire, aquí nos limitamos a la discusión jurídica y punto". Habrá buena fe. Y que se cuestione, por lo tanto, a los Senadores que contribuyeron a que la votación de la admisibilidad tuviera el resultado que tuvo.
Entonces, a mí eso me parece preocupante.
Además, nosotros creemos que es fundamental avanzar en una Ley de Garantías. Lo hemos dicho, no hoy sino muchas veces, y le hemos pedido al Gobierno avanzar con un ritmo rápido en esta materia.
Por eso se presentó en su momento esta indicación. Se ha discutido: "No, es que fue presentada al último minuto". Pero estaba dentro de las ideas matrices y, estando dentro de las ideas matrices, se puede presentar. Punto. Ha ocurrido muchas veces. ¡Ha ocurrido muchas veces!
Yo no quisiera citar, para no ofender a ningún Senador aquí, ejemplos que han defendido posturas contrarias en otros casos específicos.
Y me parece preocupante además que se anuncie recurrir al Tribunal Constitucional, porque eso va en contra del sentido de lo que fue la intervención del Ministro. O que se haga esto que se llama la "reserva de inconstitucionalidad" que, por lo demás, no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que se instaló casi como una costumbre, introducida por la ex Senadora Olga Feliú.
Entonces, efectivamente se crea un clima enrarecido, en circunstancias de que el objeto es generar acuerdos para avanzar en una legislación que es fundamental para el país, pero donde legítimamente tenemos posturas contradictorias en puntos específicos. Y si la voluntad es concurrir a una legislación que finalmente se apruebe, habiendo un Gobierno que no tiene mayoría en el Senado, es de toda lógica que por lo menos esté dispuesto a dialogar y, si va a dar una señal, que ella se cumpla, porque, en caso contrario, se genera una legítima desconfianza para las discusiones que podamos tener en otros proyectos de ley tan importantes como el que hemos visto en la tarde de hoy.
Entonces, opino que la señal que ha dado la Senadora Von Baer no contribuye al clima que se había generado en esta Sala.
Digo esto como una crítica política, respetando obviamente la postura planteada por la Senadora Von Baer.
Creo que ello genera un clima enrarecido para lo que se había avanzado en esta sesión.
De más está decir que la Ley de Garantías de la Niñez o de la infancia fue una recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Infancia y, además, está en coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Dicha normativa será fundamental para tener una buena institucionalidad y una regulación global no solo respecto de los servicios encargados de brindar protección, sino también en lo relativo al propósito de proteger adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes.
Vamos a insistir en que se tramite esa iniciativa con celeridad, por las implicancias que tiene para las políticas públicas.