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MODIFICACIÓN A LEY SOBRE REGULACIÓN DE ENTREVISTAS GRABADAS EN VIDEOS Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES.


La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
La verdad es que no iba a intervenir durante el debate de este proyecto. Pero después de escuchar a algunos colegas y de hablar con otros que participaron en su discusión en la Comisión, y al revisar el informe, creo que tenemos que ser capaces de compatibilizar el sentido de la ley con su pertinencia.
Y no podemos obviar lo que ha pasado en nuestro país.
Cuando consideramos, Presidenta, que la primera etapa de esta ley se inició el 3 octubre del 2019 y que incorporaba un 14 por ciento del territorio de nuestro país, incluida la Región del Maule, que yo represento; que la segunda comenzará en octubre próximo, y la tercera, en octubre del próximo año; y cuando vemos lo que han sido las capacitaciones para esto, la preparación del personal en medio de la pandemia, sencillamente uno no puede obligar a lo imposible.
Creo que esta ley posee dos virtudes. En primer lugar, incorpora ciertas situaciones que no estaban consideradas, para quedar dentro del amparo del sistema de las entrevistas videograbadas; esto es, incorpora a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de los delitos contemplados en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. Y, en segundo término, prorroga en cuatro meses -de 18 a 22 meses- la entrada en vigencia de la ley, y de 30 a 42 meses la tercera etapa de ella.
Entonces, Presidenta, no es que no se vaya a cumplir con la ley; no es que estemos vulnerando su espíritu; sino que lo que nos está pidiendo el legislador, y entiendo que ha habido unanimidad en la Comisión de Constitución al respecto, es que esto lo hagamos bien. Y que además nos situemos en la realidad que tenemos hoy día como país. Quizá lo que debiéramos pedirle al Ejecutivo es un detalle de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de esta normativa.
Yo creo, Presidenta, y lo digo porque nos faltan tribunales especializados en materia de infancia, y en otras áreas, por cierto, que debemos tender a eso. Debemos tender a que exista equidad territorial en los tribunales, equidad territorial en distintas materias. Pero negarse a una realidad que ha ocurrido, y que hace imposible ir a la velocidad que el legislador se propuso cuando se aprobó esta normativa, no es correcto.
Por mi parte, lamento que se tenga que postergar o diferir en algunos meses la implementación gradual que el legislador consignó. Pero considero que eso recoge también la necesidad de establecer una adecuación a la realidad. Y hoy día la realidad nos ha tocado; y debiéramos aprovechar lo que la pandemia nos deja para discutir sobre la inequidad profunda que existe en nuestro país y sobre cómo hacemos para corregirla.
Yo voy a aprobar lo que han informado unánimemente en la Comisión de Constitución. Y obviamente voy a pedir al Ministerio de Justicia, a través de la Mesa del Senado, un informe respecto de qué ha pasado con las implementaciones que ya se han hecho y los presupuestos que se han ejecutado.
Voto a favor.