REGULACIÓN DE MEDIDAS DE RETENCIÓN JUDICIAL DE FONDOS PREVISIONALES Y SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS EN RAZÓN DE DEUDAS POR OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
Estimados y estimadas colegas, el presente proyecto del Ejecutivo, sin lugar a dudas, es un avance en un asunto de la mayor necesidad.
Las deudas de pensiones de alimentos son un tema muchas veces invisibilizado y hasta minimizado por la sociedad. Se habla de los deudores de alimentos como "papitos corazón". Esto no es más que caricaturizar un tema complejo, minimizar el drama que viven 70 mil niños, niñas y adolescentes, cuyas deudas en pensiones alimenticias suman más de 180 mil millones de pesos y con una morosidad superior al 84 por ciento.
Lo digo y lo mantengo: señora Presidenta, no son "papitos corazón"; son infractores de ley, y de "papitos" tienen solo el nombre.
El 90 por ciento de los deudores son hombres, y el 10 por ciento, mujeres. Sí, nueve de cada diez deudores son hombres, agravando la situación desmejorada de la mujer en el tema económico y laboral. Pero también sabemos que son miles los padres que efectivamente cumplen sus obligaciones y, sin embargo, se les impide ver a sus hijos.
Por ello, hay que enfocar este problema desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. No es un tema de hombres o de mujeres, ni de madres o de padres. Es un asunto de la infancia, y como sociedad, señora Presidenta, debemos darle la importancia que corresponde.
El Estado, como sabemos, está al debe con la infancia. Lo digo porque esto no corresponde exclusivamente a un tema relacionado con las familias, sino que es un tema social, y el Estado debe involucrarse.
Vimos cómo el caso de Ámbar le puso rostro a la situación de vulnerabilidad en que viven miles de niños y jóvenes: esa menor fue a buscar el dinero de la pensión alimenticia que le envió el padre y, trágicamente, su vida le fue arrebatada a manos de la pareja de su madre.
Allí fallaron todas las alarmas y medidas preventivas que como Estado debiéramos tener, por lo que debemos establecer otras, como aumentar facultades cautelares al juez en casos de vulnerabilidad y permitir que cuidadores de hecho reciban pensiones en sus cuentas o a través del tribunal.
Como Presidenta de la Comisión de Infancia, me ha tocado ver el drama en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y una ayuda imprescindible para lograr concretar los tan conocidos derechos de los niños es contar con recursos materiales para su desarrollo. De ahí la importancia de tener recursos económicos permanentes con los que los niños, niñas y adolescentes puedan subsistir.
Señora Presidenta, al tratar esto solo como un tema privado de la familia, el Estado está incumpliendo su deber de protección a la infancia. Así que deben establecerse varias medidas para evitar que se eluda el pago de pensiones. Y por ello celebro la conformación de una comisión amplia, a la que se me ha invitado como Presidenta de la Comisión de Infancia por parte de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Una de las principales modificaciones tiene que ser el establecimiento de un fondo solidario de pensiones alimenticias, de carácter estatal y subsidiario, en donde el Estado cuente con reservas para proveer a los niños, niñas y adolescentes vulnerados de nuestro país, que son abandonados económicamente por uno de sus padres. Además, el Estado debe perseguir con mano firme a los deudores, de tal manera que el fondo no se transforme en un incentivo al incumplimiento, sino que se complemente con medidas efectivas de retención de salarios y de devolución de impuestos, con aumento de las penas a los empleadores que se coludan con los deudores para falsear ingresos, con información de deudas en el Boletín Comercial y con la imposibilidad de que los deudores puedan acceder a beneficios estatales.
Esto ya existe en países como Francia y España, donde los estándares de protección a la niñez son altos y acordes a la importancia que tienen.
Señora Presidenta, cuando introdujimos la indicación que permite la retención del 10 por ciento a los deudores de pensiones de alimentos en la discusión del proyecto de reforma constitucional sobre retiro del 10 por ciento, nuestra intención fue saldar la deuda histórica que tenemos con la infancia. Y digo "tenemos" porque, como señalé, esto debe ser un tema de Estado: trasciende a los gobiernos.
Frente a eso, yo espero que el Gobierno honre el compromiso que dice tener con la infancia y le ponga urgencia a los proyectos de reforma constitucional que este Senado ha presentado mediante iniciativas de la Senadora Allende y nuestra, para que los padres que se niegan a hacer el retiro de los fondos puedan ser obligados por el juez a realizar aquello, aunque, como nos han informado esta mañana, la Cámara de Diputados avanzará más rápido en estas materias.
Por lo tanto, ese tema lo veremos de todas maneras.
Finalmente, debo señalar que apruebo este proyecto de ley. Y, tal como se ha dicho aquí, con la Senadora Allende retiramos la mayoría de nuestras indicaciones para avanzar con rapidez, aunque creo que lamentablemente hay cosas que no van a quedar suficientemente claras.
Gracias, señora Presidenta.