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AUMENTO DE CAPITAL DE FOGAPE Y FLEXIBILIZACIÓN TEMPORAL DE SUS REQUISITOS


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, ¡qué bueno que se reconozca que gracias a la solidez que dejaron gobiernos anteriores se puede hacer lo que estamos haciendo!
El señor MOREIRA.- ¡Buena esa...!
El señor QUINTEROS.- Tal como lo he hecho en otros proyectos, voy a votar a favor de este, que se suma a los anteriores para enfrentar esta pandemia.
Primero fue el "bono COVID" para los más vulnerables. Luego, el proyecto referido al subsidio de cesantía, destinado a dar mayor protección a los trabajadores formales. Ahora se trata de flexibilizar y otorgar mayor financiamiento y cobertura a las empresas, así como mejores condiciones del crédito, especialmente a las pequeñas y medianas.
Obviamente, en el marco de una emergencia, no hay espacio para debatir en profundidad sobre cada iniciativa. Además, queda en evidencia la debilidad estratégica de nuestras políticas públicas, de nuestro Estado, que no tiene toda la información, por ejemplo, para hacerse cargo de la situación que afecta a algunos sectores de la población. De esta manera, aún no contamos con acciones eficaces que vayan dirigidas a apoyar a trabajadores informales, pequeños prestadores de servicios que emiten boletas de honorarios o a micro y pequeños empresarios que no se encuentran bancarizados.
Hacemos un llamado al Gobierno para que haga llegar lo antes posible un proyecto que venga a aliviar el bolsillo de todos aquellos trabajadores a honorarios y trabajadores informales o independientes, que han visto mermados sus ingresos desde que se declaró el estado de catástrofe. Pienso en los taxistas, en los colectiveros, en los pescadores artesanales, en los algueros, en los comerciantes ambulantes, en los vendedores en carros de comida rápida.
Necesitamos hoy una propuesta para apoyar a quienes no han recibido ninguna solución para hacer frente a una crisis económica que los golpea directamente.
Asimismo, hay que revisar la operación de algunos programas focalizados que pueden desempeñar un rol activo en la emergencia, como Indap, Enami o el nuevo Indespa, que están en condiciones de diseñar y ejecutar programas específicos referidos a pequeños agricultores, mineros y pescadores artesanales.
Otro aspecto que debiera tomarse en cuenta es el cumplimiento de diversos objetivos de política pública que son especialmente sensibles a esta emergencia. Es el caso del cumplimiento de las obligaciones laborales. Resulta difícil de entender que el Estado entregue ayuda a aquellos empleadores que no respetan los derechos de sus trabajadores.
Por último, señora Presidenta, no puedo dejar de llamar la atención sobre el alcance y la oportunidad de los beneficios que estamos aprobando. Con mucha lógica, este proyecto contempla financiamiento hasta por el valor de tres meses de ventas de las empresas, perfectamente concordantes con la extensión probable de la emergencia. Y ya se anuncia, a pesar de que todavía no hay ley, que puede estar operativo desde la próxima semana.
Sin embargo, el "bono COVID" se estableció por un mes, y solo después de un largo debate el Gobierno declaró que no se descarta su extensión. Ojalá sea realidad que se empieza a pagar desde mañana.
El Gobierno debe ser cuidadoso en cada uno de sus programas en cuanto a que sean equivalentes y suficientes, tanto en su magnitud como en su oportunidad. No puede ser de otro modo.
He dicho.