CONCESIÓN DE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO POR ENFERMEDAD COVID-19. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero valorar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que reparó una norma que había quedado incoherente, particularmente en cuanto a quienes, beneficiándose por la ley en proyecto, no cumplían la pena alternativa y, por tanto, por una votación que se produjo en la Cámara de Diputados, quedaban sin sanción, lo que es un absurdo.
Y este nuevo texto que está sometido a consideración del Senado le da un sentido coherente a la normativa, que además expresa un sentido humanitario fundamental, que es proteger a la población carcelaria -no estamos hablando de quienes son más peligrosos o de quienes han cometido delitos más graves-, la que se encuentra entre los grupos de riesgo, ya que en caso de producirse un foco infeccioso de coronavirus en algún penal obviamente podrían arriesgar sus vidas.
En tal sentido, creo que el Ministro de Justicia ha hecho un muy buen trabajo, tratando de generar condiciones para que, efectivamente, en las cárceles tengamos las mejores condiciones -valga la redundancia- para enfrentar esta situación tan compleja.
Hay otras medidas adicionales que se tienen que adoptar, medidas de carácter sanitario, las inversiones necesarias, porque aunque estemos hablando de personas que se encuentran privadas de libertad por haber cometido un delito, su protección es responsabilidad del Estado, y este debe actuar conforme a lo que eso representa.
Así que me parece muy importante que se apruebe esta normativa.
Y quiero sumarme a lo que han planteado los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra respecto a la situación de aquellos que, no habiendo sido condenados, que han sido formalizados, que están siendo investigados, se encuentran actualmente sometidos a alguna medida cautelar de privación de libertad, y que en muchos casos podrían llegar a una absolución o a una condena con una pena inferior a lo que representa en los hechos esta medida cautelar.
Creo que hay que hacerse cargo de esa situación.
Y, por tanto, debiéramos debatir no sobre casos concretos, porque no corresponde a nosotros involucrarnos en causas que están pendientes, pero sí respecto de criterios generales que permitan enfrentar de la mejor forma posible la situación del coronavirus en las cárceles chilenas.
Ese es un tema que le hemos planteado al Gobierno para buscar una alternativa, porque aquí lo relevante es dar el debido marco de seguridad a quienes están hoy día privados de libertad, independientemente de los delitos que hayan cometido.
Resulta evidente que este tipo de normativas no se puede aplicar respecto de los delitos más graves ni de quienes constituyen un peligro para la sociedad, pero eso no obsta a que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no se produzca un foco de contagio que pudiera terminar con la vida de los reclusos. Y todos sabemos las consecuencias que eso podría tener para nuestro país.
Así que creo que hay que redoblar los esfuerzos. Por cierto, proteger a toda la población, pero no dejar en la desprotección a quienes estén privados de libertad.
El Estado no se venga, el Estado imparte justicia. Y eso es muy importante. Nunca hay que perder esa perspectiva.
Por lo anterior, voto a favor.