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FORTALECIMIENTO EN IMPOSICIÓN DE PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS EN DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL CONTRA NIÑOS O NIÑAS


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que el Senador Huenchumilla y el propio Ministro de Justicia ya han hecho una buena y detallada relación de este proyecto.
Esta iniciativa de ley busca fortalecer la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes respecto a personas que han sido condenadas por delitos sexuales, evitando que vuelvan a tener contacto con ellos, sea en un ambiente laboral o educativo. Lo anterior permite la protección real de nuestros niños, niñas y adolescentes, y evita la reincidencia de los abusadores.
La legislación actual ha permitido que más de ocho mil abusadores, en datos del año 2019, se encuentren en el Registro General de Condenas, al cual puede acceder un gran número de servicios públicos en convenio, registrándose más de cuatro millones de consultas hasta el momento.
Sin embargo, existen imperfecciones legales que deben ser corregidas en materia procesal penal, como el deber de la Fiscalía de exigir la inhabilitación perpetua para trabajar con menores de edad. Además, debe haber una adecuación de protocolos en la Corte Suprema y el Registro Civil, en orden a mantener actualizado el Registro General de Condenas.
Así, se logra que los servicios públicos (seremías y Superintendencia de Educación) accedan a información oficial y de manera obligatoria, para fiscalizar que en los establecimientos educacionales no existan personas enjuiciadas por este tipo de delitos.
Como refuerzo a lo anterior, valoramos que se establezca como obligación de los tribunales el indicar expresamente que se está imponiendo la pena de inhabilitación, para que el Registro Civil proceda a la inscripción de la sentencia que corresponde, y así concretizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el nuevo "Registro Seccional de Inhabilitaciones" se distinguirá entre inhabilitaciones temporales y perpetuas, prohibiéndose expresamente la eliminación de estas últimas de ese registro.
Además, por fin avanzamos en el término de la distinción entre víctimas menores de 14 años o mayores de 14 y menores de 18 años, respecto a la aplicación de la inhabilitación perpetua del artículo 372 del Código Penal, permitiendo así una aplicación igualitaria de dicha medida de protección a los niños, niñas y adolescentes sin discriminación.
Estamos por apoyar esta iniciativa que perfecciona la legislación vigente en esta materia. Creemos que puede ser enriquecida por experiencias de otras legislaciones que han creado registros detallados de las personas que cometen este tipo de delitos, manteniendo a los servicios públicos y policías al tanto de sus movimientos, cambios de domicilio o de trabajo, evitando, así, su reincidencia y protegiendo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Con esto podríamos estar alertas en caso de que un abusador condenado viva en las proximidades de escuelas o colegios, y evitar su reincidencia y el daño a esos niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior, señor Presidente, se debe hacer, por cierto, resguardando la intimidad, el debido proceso y los datos personales de los procesados, pero, a su vez, permitiendo a las autoridades y servicios públicos pertinentes el uso de esos datos. Asimismo, deberán incorporarse indicaciones para permitir que estos sean manejados por policías, para que, en el caso de reincidencia, tengan de primera mano los antecedentes para la pronta captura de los abusadores.
Finalmente, estimamos pertinente un avance mayor en esta materia, siempre desde la prevención, que es desde donde evitamos situaciones tristes, difíciles, complejas y dolorosas como es el abuso infantil.
Debemos lograr una regulación de códigos de conducta y reglamentos al interior de los colegios, que sean obligatorios, para visibilizar el peligro y estar pendientes, alertas ante conductas de abuso sexual de las personas que están en contacto con nuestros niños, niñas y adolescentes; y que efectivamente se denuncie a los abusadores.
Muchas veces los mismos colegios no han dado la debida importancia a estos graves hechos, permitiendo que abusadores se mantengan por mucho tiempo haciendo daño a nuestros niños. Esto no podemos permitirlo.
Nada sacamos con seguir aumentando las penas y creando registros, si no hacemos un trabajo de prevención y concientización de la gravedad que produce el abuso en la infancia.