PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE PARA PROMOVER LA INVERSIÓN
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la realidad en materia de inversión y de crecimiento ha estado muy por debajo de las expectativas que el Gobierno generó en la población al momento de ser electo, y esta brecha ha aumentado después de que detonara la crisis social.
Entendemos, en consecuencia, la urgencia del Ejecutivo por mostrar logros en esta área, pero no podemos aceptar que ello sea a cualquier precio.
Nadie puede estar en desacuerdo con promover la inversión en beneficio de nuestro país, y por eso voté a favor de la idea de legislar.
No podríamos negarnos a la intención de disminuir los plazos de tramitación de los proyectos y eliminar cualquier tipo de incerteza jurídica. Sin embargo, no es razonable que este afán por atraer inversionistas implique ampliar los márgenes de acción para las empresas, reduciendo los controles, debilitando las regulaciones medioambientales y, en general, flexibilizando las normativas en provecho de unos cuantos.
¿No hemos aprendido nada de las experiencias de Quintero y Puchuncaví, o de Nova Australis?
La actitud que ha tenido el Gobierno para omitir una discusión a fondo sobre las implicancias ambientales contenidas en el proyecto genera, cuando menos, dudas. La proposición del Ejecutivo considera un conjunto de disposiciones que impactan de manera clara y profunda en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Solo un ejemplo: si se aprueba la propuesta de hacer de la consulta de pertinencia un instrumento vinculante, se atenta contra el principio de evaluación integral de los proyectos ambientales, y se abre la puerta para que determinados proyectos se amparen en esta figura para eludir los procesos fiscalizadores.
Es extraño debatir en una misma iniciativa de ley temas ambientales, mineros, municipales, procesales y administrativos. Sería plausible discutirlos en conjunto si se tratara de eliminar regulaciones obsoletas, incoherentes o inútiles; pero este no es el caso.
Cada regulación posee un fundamento específico que aquí no se ha tenido siempre en cuenta.
Sin ir más lejos, el proyecto que ahora estamos discutiendo incorpora normas sobre tramitación electrónica ante las direcciones de obras municipales y la Dirección General de Aguas, en circunstancias de que, paralelamente, se aprobó y publicó una ley general sobre tramitación electrónica de procedimientos administrativos. Entonces, estamos frente a una duplicidad de contenidos que no resulta coherente ni sistemática.
Eso mismo ocurre en materia ambiental, donde paralelamente se está discutiendo otro proyecto de reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En ese ámbito se han expresado aprensiones fundadas respecto de que se estarían eliminando algunas salvaguardas con el solo objeto de amparar la acción unilateral, muchas veces abusiva, de los titulares de inversiones.
Puedo entender que los empresarios busquen disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos -y en eso estaré de acuerdo-; pero muchas veces estos solo quieren disminuir sus costos, especialmente si se relacionan con medidas de mitigación.
Por momentos, pareciera que, más que ante medidas proinversión para beneficiar el crecimiento de la economía de nuestro país, estuviéramos frente a una agenda preparada por bufetes de abogados corporativos para eliminar barreras a grupos de inversores.
El Gobierno ha anunciado varias agendas económicas, referidas a inversión, productividad, innovación, crecimiento. Sin embargo, las cifras económicas y la crisis política de los últimos meses no solo exigen un esfuerzo mayor, sino también una revisión del modelo de desarrollo.
Chile necesita un proyecto proinversión de verdad que surja de una estrategia de desarrollo integral de largo plazo; que establezca las áreas productivas por las que nuestro país apostará, y que, sobre esa base, pueda orientar los esfuerzos en materia de educación, investigación, infraestructura y ordenamiento territorial.
Y eso, lamentablemente, nuestra nación no lo tiene. En su lugar, estamos llenos de agendas cortas y de proyectos misceláneos.
Por ese camino se verá frustrada la promesa de crecimiento que formulara este Gobierno al momento de asumir, tal como ha ocurrido con la oferta de mayor seguridad o de mejor calidad de vida.
He dicho.