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REBAJA DE RENTABILIDAD Y PERFECCIONAMIENTO DE PROCESO TARIFARIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, voy a informar brevemente acerca del proyecto de ley en análisis, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (boletines Nos 12.567-08 y 12.471-08, refundidos).
El objetivo de este proyecto es revisar la rentabilidad de las empresas y los procedimientos de determinación de costos de los prestadores del servicio de distribución eléctrica. Si bien no disminuirá significativamente la tarifa, sí lo hará la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas (600 mil millones de pesos aproximadamente en los próximos cuatro años), sin afectar la seguridad del servicio.
Entre las modificaciones a la ley actual se encuentra el reemplazo de la tasa de costo de capital fijo de 10 por ciento utilizada en el proceso de valorización por un cálculo de tasa; la modificación de la forma de resolver las discrepancias entre el regulador y las empresas, eliminando el sistema de ponderación de costos; y mejoras en la definición de las áreas típicas para reflejar adecuadamente las condiciones particulares de cada empresa. Asimismo, existe un compromiso para abordar a la brevedad en otro proyecto de ley los demás aspectos relacionados con el servicio de distribución eléctrica.
Las modificaciones introducidas por la Comisión de Minería y Energía son básicamente las siguientes.
La referida instancia acordó aprobar la presente iniciativa de ley sobre la base de un protocolo suscrito entre el Ejecutivo y los integrantes de la Comisión, en el cual el Gobierno asumió diferentes compromisos en materias relativas a horas punta, límite de invierno, alumbrado público, sistemas medianos y aislados, subsidio eléctrico, régimen de potencia y "Ley larga de distribución y comercialización eléctrica" (incorporación de competencia, revisión del esquema de empresa modelo, consideración de estándares de seguridad y calidad de servicios y mejoras en los sistemas de información y transparencia).
Así, en el contexto de la discusión particular, se introdujeron modificaciones para reducir la exigencia de potencia conectada del usuario final de 500 a 300 kilowatts, con el objeto de que más usuarios tengan la opción de pasar de cliente regulado a cliente libre (es precisamente sobre este aspecto que se ha pedido votación separada). Esto beneficia especialmente a municipios y pymes.
Igualmente, se incorporan mayores exigencias para que en la estructuración de las tarifas se reflejen los costos que dan origen al valor agregado de distribución, otorgando opción a presentar observaciones.
También se estableció una banda para que la tasa de rentabilidad económica, después de impuestos, no difiera en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa de actualización definida en la ley.
Finalmente, se consultaron tres disposiciones transitorias nuevas, relativas al alcance de la exigencia de contar con un giro exclusivo y contabilidad separada, a mantener en pesos los niveles de precios asociados al valor agregado de distribución y a la obligación de la Comisión Nacional de Energía de informar al Senado y a la Cámara de Diputados sobre el total de recursos que las empresas distribuidoras dejaron de percibir por concepto de rentabilidad, con respecto a la tasa actual de 10 por ciento, antes de impuestos, que es la vigente y que se modifica conforme a esta disposición legal.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.


El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, este proyecto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que se han impulsado en el último tiempo por parte del Ejecutivo. La primera es la que congela el alza de tarifas y lleva a valor presente la rebaja en la generación, significativa pero que no se estaba expresando en las tarifas, además de otros proyectos que se van a ingresar posteriormente, el más importante de los cuales es la "Ley larga", la que, de acuerdo al protocolo suscrito con el Gobierno, debiera presentarse a más tardar el 1° de marzo para permitir abordar, efectivamente, los temas estructurales de la distribución y, por cierto, incorporar mayor competitividad, mayor competencia al sistema, y generar mayores estándares de calidad con menores precios. Evidentemente, ese es un debate fundamental, que debe desarrollarse con celeridad, pero también con acuciosidad para arribar a una buena ley.
Quiero destacar el protocolo que se firmó con el Gobierno, el cual incorpora una serie de aspectos que me parecen fundamentales:
-Primero, las horas punta, donde obviamente se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno, que todavía es insuficiente, por lo que se van a incorporar los análisis y estudios que hay en esta materia para mejorar la propuesta.
-El límite de invierno, donde también el Gobierno se ha comprometido a generar una propuesta para asegurar que este recargo no incremente de manera considerable las cuentas, principalmente de aquellas personas y familias vulnerables que utilizan electricidad para calefaccionar sus hogares. Esto es muy importante, además, para enfrentar el drama de la contaminación, porque todos sabemos que los mecanismos de calefacción que se utilizan en Chile no son los más limpios y estamos viendo situaciones dramáticas en muchas ciudades del país.
-Respecto al alumbrado público, se va a hacer una propuesta.
-En un marco similar al tema que se va a votar por separado, al cual me voy a referir posteriormente, se va a presentar en enero un proyecto relativo a los sistemas medianos y aislados.
-Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la protección de los clientes residenciales en un plazo no superior a 120 días, generando una propuesta que permita dictar un reglamento que haga operativo y aplicable este subsidio cuando se produzcan alzas superiores al 5 por ciento.
-Hay también materias referidas al régimen de potencia.
-Y la "Ley larga", a la cual ya he hecho referencia, va a abordar al menos la incorporación de competencia en la distribución y comercialización; la revisión del esquema de la empresa modelo; la consideración de estándares de seguridad y calidad de servicio en el nuevo modelo, y mejoras en los mecanismos de información y transparencia del sistema.
Con respecto a lo que se va a votar por separado, es bien importante precisar que en la actualidad los clientes de más de 5.000 kilowatts son libres, esto es, negocian directamente el precio con sus proveedores.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡500!
El señor SANDOVAL.- ¡500 kilowatts!
El señor ELIZALDE.- No, 5.000. Por favor, hay un error: no son 500; son 5.000.
Esos son libres. Bajo los 500 son regulados. Y los que están entre los 500 y los 5.000 son regulados pero pueden optar por ser libres. Y eso, efectivamente, les permite negociar un mejor precio.
Lo que se está planteando es rebajar ese margen a 300 kilowatts. Por tanto, no quedan desprotegidos; no pasan inmediatamente a ser libres, sino que pueden optar por ser libres.
La razón de esto obedece, básicamente, a un planteamiento que nos realizaron los municipios, que efectivamente tienen costos asociados al consumo eléctrico muy altos y que, a través de esta iniciativa, podrían contratar en mejores condiciones.
Pero lo importante de destacar aquí es que estos clientes no quedan en la desprotección y siguen estando protegidos si esa es su voluntad.
Sin embargo, la indicación ha sido necesaria porque, teóricamente, los clientes regulados están protegidos para pagar menos, pero en la actualidad están pagando mucho más, debido a que, si bien los costos de generación han bajado, como los contratos son de largo plazo, esos costos de generación más bajos no se han vinculado a la tarifa, salvo a través de un proyecto que aprobamos hace poco, que tiene una forma de compensación en el tiempo. En rigor, siempre pagan los clientes; lo que pasa es que no se alzan las tarifas ahora, pero después van a tener que pagar más. A través de este mecanismo lo que se pretende es que, negociando directamente, puedan pagar menos.
Y algo que es muy importante hacer presente, señora Presidenta -y le pido un minuto más, para concluir-, es que el objetivo fundamental de la "Ley larga", creo yo, entre muchos otros, es generar condiciones para que los clientes protegidos paguen menos. Porque es absurdo proteger a los clientes que no pueden contratar libremente y que, sin embargo, terminen pagando más. El sentido básico de la protección es que paguen menos, pero hoy, en los hechos, están pagando más.
Ese es el alcance de la indicación presentada por la Senadora Provoste, aprobada no unánimemente, sino por mayoría en la Comisión de Minería y Energía.
He dicho.