INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS RESERVADOS
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto en debate, que regula la información y rendición de gastos reservados y deroga los "pisos mínimos" que estaban establecidos para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, es un paso más para dar mayor transparencia al uso de los recursos públicos.
Lo anterior se suma a otros cambios introducidos en el Gobierno anterior, especialmente en cuanto al financiamiento de la política y a la probidad en la función pública.
Todas estas reformas han surgido de una convicción genuina y han contado con el entendimiento amplio de todos los sectores, pero es cierto que, por desgracia, han sido impulsadas normalmente a partir de una nueva investigación o denuncia.
Y este caso no es la excepción.
Pero ello no desmerece la importancia de esta iniciativa y el mérito del Ejecutivo al promoverla.
Sobre el proyecto en comento, cabe señalar que la naturaleza y complejidad de las funciones del Estado obligan a que ciertas autoridades dispongan de la facultad de efectuar determinados gastos inherentes al servicio de manera reservada o secreta.
El principio de publicidad de los actos y gastos del Estado cede, en este caso, frente a las necesidades propias del orden público o la seguridad interna o externa del país.
Con todo, esta excepción al principio de la transparencia no rige para otros principios, como los de responsabilidad, control y probidad. Las modalidades de aplicación y ejecución pueden ser diferentes, pero ningún acto y ninguna autoridad pueden estar exentos de la obligación de rendición de cuenta y de la posibilidad de fiscalización.
Es imposible prescindir de los gastos reservados; sin embargo, la autoridad a su cargo, cualquiera que sea su jerarquía, debe saber que ese gasto siempre será controlado y su eventual mal uso, severamente castigado.
En general, es natural que exista desconfianza hacia los gastos reservados, especialmente de parte de la opinión pública. Pero es inconveniente que la sospecha se extienda al fundamento mismo que los justifica.
Se puede ser crítico del Presidente o de los ministros; se puede tener un juicio histórico muy duro sobre las Fuerzas Armadas y el rol de sus comandantes en jefe, pero es necesario entender que, cualesquiera que sean las personas que ejerzan temporalmente esos cargos, todas ellas se enfrentarán a situaciones complejas que conllevarán seguramente la necesidad de aplicar gastos reservados.
En consecuencia, el problema no está en los gastos reservados en sí, sino que en la falta de mecanismos para asegurar su correcto uso.
Por eso, no debemos confundirnos.
Es justa la indignación que ha producido el conocimiento de las irregularidades y delitos cometidos por ex altos mandos del Ejército en el destino de los gastos reservados de la institución.
Son justificadas también las aprensiones que generan ciertas operaciones de inteligencia llevadas a cabo por el Ejército y Carabineros.
Es inaceptable la corrupción y la vulneración de derechos básicos de las personas.
Pero sigo confiando en las instituciones. Sigo creyendo en su rol insustituible y en la necesidad que tienen de contar con herramientas y recursos adecuados a sus fines.
El proyecto avanza en el fortalecimiento de la subordinación y el control civil y democrático de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Los ministros de Estado, el Congreso, la Contraloría General de la República tendrán un papel específico que cumplir en el control de los gastos reservados.
No podrá seguir siendo válida la respuesta simple y reiterada tantas veces de -abro comillas- "no tener información".
Creo que sus funciones pueden ser robustecidas aún más, pero este proyecto va en la dirección correcta.
Por estas razones, voto a favor, señor Presidente.
He dicho.