EMERGENCIA ACAECIDA EN CIUDAD DE OSORNO POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el servicio de producción y distribución de agua potable es una función pública que ha sido entregada a administración privada, algo que al momento de abordar constructivamente una crisis pareciera olvidarse, dado que usualmente se suele buscar un culpable y así evitar la adecuada rendición de cuentas por parte de las empresas sanitarias, la Superintendencia y el mismo Gobierno.
Y me refiero a las responsabilidades correspondientes no solo desde una simple mirada de la culpa, que suele ser una forma simplista de ver la mejora continua, sino que desde una aproximación que permita mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas, así como también asumir que no existe función que esté ajena a la posibilidad de interrumpirse, por lo que saber cómo actuar frente a una crisis es claramente fundamental.
Estoy convencida de que la mera rendición de cuentas y las sanciones a la empresa, siendo necesarias -y en este caso, urgentes-, son claramente insuficientes para enfrentar futuras emergencias de este tipo y que ocurran como consecuencia de un fenómeno natural o por acción humana.
Se requiere comprender que existen una serie de actores e iniciativas que si no operan de manera encadenada, coordinada y colaborativamente, seguiremos en la dinámica que ha caracterizado a nuestro país en múltiples emergencias en la última década y que en esta ocasión no ha sido la excepción.
Quizás debiéramos agradecer que en esta oportunidad hayamos tenido a un gran líder local, quien fue capaz de reaccionar frente a la crisis y de articular a la comuna: hablo del Alcalde de Osorno, señor Jaime Bertin.
La protección y bienestar de la comunidad debe ser nuestra permanente preocupación, y tenemos que ocuparnos en ver cómo analizamos lo ocurrido para reconocer las debilidades que, junto con asociarse a rendición de cuentas y responsabilidades, deben acompañarse de mejoras.
Normas, estándares, procedimientos, fiscalización son elementos que se encadenan en la relación que la autoridad establece con la función pública administrada por una institución, sea esta pública o privada.
Señor Presidente, desde el año 2018 la Superintendencia de Servicios Sanitarios tenía conocimiento sobre las anomalías presentadas por la planta de Essal, en Osorno, las que ponían en serio riesgo la continuidad en la provisión de los suministros de agua potable. Por tanto, una se puede preguntar dónde estuvo la Superintendencia durante estos nueve meses para evitar la falla en el sistema de producción de agua potable de Essal.
La empresa, sin lugar a dudas, tiene responsabilidades, y es obligación de esta rendir cuentas, asumirlas y tomar medidas incluso por sobre la norma, pues los estándares definidos por el Estado siempre serán el mínimo exigible.
Pero con esta misma claridad, soy enfática al señalar que las instituciones estatales deben también rendir cuenta sobre las normas y estándares que rigen una función crítica, y asumir responsabilidades más allá de la mera administración del daño y la fiscalización o sanción posemergencia.
Por ello, hemos estado trabajando junto con diversos colegas en un proyecto de acuerdo que se haga cargo de todo esto, incluso de quiénes deben estar en los directorios de este tipo de empresas y de cuáles han de ser sus inhabilidades.
Aquí no debemos perder el foco; no podemos poner por encima de la protección y bienestar de la comunidad la discusión ideológica que muchas veces termina por alejarse de las personas y entrar en la trinchera política pequeña. Acá lo central es hacer los esfuerzos por disminuir las probabilidades de ocurrencia de este tipo de hechos y, por cierto, establecer las medidas adecuadas para responder frente a una emergencia.
La producción y distribución de agua potable es una función pública -no podemos olvidar esto-, por lo cual, independientemente de quién la administre, el Estado es el último responsable de velar porque se actúe de manera correcta y no mantenerse casi como un espectador que se centra en culpar, fiscalizar y sancionar sobre el daño, cuando lo que requiere la comunidad en el momento de la crisis es el adecuado manejo de la emergencia, en este caso, asegurando la continuidad de distribución de agua potable en el menor tiempo posible, mientras se restituye la normalidad, incluso con independencia de quién lo realice operacionalmente.
En esta situación, señor Presidente, hay responsabilidades tanto en el ámbito de la regulación así como en la acción e iniciativa en materia de fiscalización, encadenamiento proactivo con el sector regulado y, por cierto, de mejora continua, especialmente a partir de las emergencias, que -como he señalado- se han repetido de manera significativa en la última década, sin importar el origen.
Una vez más hemos visto no solo la debilidad, sino también la carencia absoluta de una respuesta mínimamente eficiente y eficaz en materia de distribución de este vital elemento en caso de una emergencia, que ahora habría sido causada por la acción de un operario, pero que perfectamente pudo haber ocurrido por un fenómeno de clima extremo o un terremoto.
La emergencia que hoy afecta a nuestros conciudadanos de Osorno...
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo.
Puede continuar, señora Senadora, con cargo a los minutos que le restan a su Comité.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Señor Presidente, la emergencia que hoy afecta a nuestros conciudadanos de Osorno nos debe convocar a que cada actor del sistema rinda cuentas sobre la fragilidad de una función crítica como es la producción y distribución de agua potable, lo que incluye desde las relaciones con el Estado y su obligación en materia regulatoria, normativa, fiscalizadora, hasta la exigencia de actuar en prevención, mitigación, respuesta y recuperación frente a la interrupción de servicios básicos o críticos.
Creo que eso debiéramos concluir hoy día, señor Presidente.