MARCO REGULATORIO PARA MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DE CASINOS
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace décadas que las máquinas de juegos comenzaron a aparecer en los barrios de nuestras ciudades. Un vacío regulatorio, reconocido por la propia Contraloría, permitió su proliferación, a veces con autorización municipal y otras veces sin ella.
Hoy se calcula -y acá se ha dicho- que existen centenares de miles de estos dispositivos prácticamente en todos los rincones del país, tanto urbanos como rurales.
En este tiempo, múltiples proyectos de ley se han presentado. Algunos han perseguido prohibir completamente estas máquinas y otros buscan regular esta actividad.
¿Qué es lo mejor? ¿Prohibir absolutamente o regular esta actividad?
Yo soy partidario...
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Reitero a las personas que están en las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones.
Les pido escuchar con respeto a cada uno de los señores Senadores que hacen sus intervenciones y esperar el resultado.
Les solicito orden.
El señor QUINTEROS.- Yo soy partidario, señor Presidente, de regular esta actividad, y por las siguientes razones.
En primer lugar, porque es la regla general de nuestro ordenamiento jurídico.
Al respecto, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. En consecuencia, la ley puede prohibir una actividad solo cuando esta sea contraria a alguno de estos bienes jurídicos.
¿Serán las máquinas de juegos instaladas en un almacén de barrio contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional? Es bien difícil sostener eso y, más aún, fundarlo.
Nuestro sistema está construido sobre la libertad como principio general. La regulación, que debe ser por ley, es una excepción y lo es aún más la prohibición, reservada solo para casos excepcionales, mientras que la penalización es todavía más excepcional.
En el caso de los juegos de azar, desde el Código Civil del siglo XIX, ellos se encuentran prohibidos, seguramente siguiendo los patrones de moral que en esos tiempos existían. Sin embargo, diversas leyes han ido autorizando juegos de azar, como las loterías, los hipódromos o los casinos, y recientemente las rifas, los bingos o sorteos.
No obstante, a estas alturas del siglo XXI, pienso que esas categorías han sido sobrepasadas completamente por la realidad.
Un sector relevante de la población no ve ningún problema moral en acceder a la entretención de estas máquinas. El problema radica en quién salvaguarda que dichas máquinas efectivamente se basen en un juego exento de fraude. Pero esto es materia de regulación y no de prohibición.
Además, de acuerdo a otras normativas internacionales, las máquinas de juego programadas, que son una buena parte de las que existen en el país, técnicamente no son equivalentes a las de azar, por lo que tampoco estarían prohibidas.
En definitiva, una prohibición general, como la que se promueve en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, puede tener problemas de constitucionalidad, que, a mi modo de ver, debieran ser analizados por la Comisión de Constitución antes de resolver.
En segundo lugar, considero que el proyecto, tal como está, viola la igualdad ante la ley.
En el debate de la Comisión de Gobierno insistí, en múltiples oportunidades, en que si se quería establecer una prohibición general, entonces se debía atacar las diferentes modalidades de juego que hoy se desarrollan abiertamente, incluso con publicidad en televisión, y no solo limitarse a perseguir a pequeños comerciantes.
Hoy vemos, por ejemplo, publicidad de juegos en línea, casinos virtuales donde las sumas que se transan son muy superiores a las que se pudieran jugar en las llamadas "máquinas tragamonedas". Asimismo, en la televisación de partidos de fútbol apreciamos siempre publicidad que llama a marcar un número para participar en un sorteo con premio en dinero.
En la Comisión, el Gobierno admitió que estas prácticas son ilegales, pero se negó a incluir esas actividades en este proyecto.
Yo me pregunto: ¿por qué se debe perseguir al comerciante que tiene una máquina de juego con penas de reclusión de hasta cinco años y multas de hasta 10 millones de pesos, mientras que las grandes empresas internacionales que mantienen sistemas de juegos en línea y que operan con publicidad no arriesgan ninguna sanción?
¡Yo no acepto esta odiosa discriminación!
--(Aplausos en tribunas).
Lo mismo ocurre con las personas que juegan. Una simple vecina que juega 200 pesos en una máquina tragamonedas se expondrá a una sanción de reclusión menor o de multa de entre 500 mil y un millón de pesos, mientras que el que cómodamente juega por internet grandes sumas de dinero con su tarjeta de crédito no se expone a ninguna sanción.
¡Yo no acepto el doble estándar!
Puedo entender, aunque no comparto, los argumentos de quienes quieren prohibir. Legítimamente, hay quienes desean desincentivar la ludopatía y sus perniciosos efectos en muchas familias, pero la verdad es que los juegos legales también generan ludopatía.
En cualquier caso, podría comprender esas razones sociales; sin embargo, no me es posible aceptar los argumentos de aquellos que pretenden discriminar.
Señor Presidente, no puedo dejar de referirme al complejo contexto en que este proyecto ha sido debatido. Mientras lo discutíamos en la Comisión, abruptamente se activaron antiguos procesos de carácter penal, incluso dando lugar a medidas de allanamientos e interceptaciones telefónicas, todo con gran publicidad.
En este marco y en estos tiempos, es muy fácil que se desacredite a quienes participan del debate. A algunos se les acusará de estar coludidos con los casinos y a otros, con los operadores de las máquinas tragamonedas.
Yo no creo ni lo uno ni lo otro.
Pero estoy convencido de que este Parlamento debe tomar una posición de todas maneras. Nosotros estamos para buscar soluciones y no para mirar para el lado.
Debo reconocer que este Gobierno al menos ha tomado una posición, aunque no esté de acuerdo con ella.
Espero que de aquí salga una decisión clara. Lo peor es seguir en la indefinición en la que hemos estado durante tantos años.
Creo que la respuesta más adecuada es la regulación, que se definan tipos de máquinas que se pueden explotar, número máximo, incompatibilidad con el expendio de alcohol y prohibición para menores de edad.
Estimo que debe primar el criterio de realidad.
No veo cómo se podría implementar una prohibición general, más aún cuando muchos desarrollan sus actividades bajo el amparo de una patente municipal.
El criterio de realidad es el mismo que se ha tenido en cuenta cuando se ha promovido la regulación de nuevas actividades que se inician al margen del ordenamiento legal, como la plataforma de transporte Uber.
Pienso, al mismo tiempo, que la regulación de las máquinas de juego y de los juegos en línea puede ser una nueva fuente de recursos, que se calcula que puede llegar hasta más de 200 millones de dólares, los que hoy simplemente no se recaudan. Podría compensar, de paso, las nuevas obligaciones que se les entregan a los municipios sin financiamiento adicional alguno.
Tampoco el proyecto considera recursos adicionales para la Superintendencia de Casinos de Juego, que solo cuenta a nivel nacional con doce fiscalizadores, extrañamente todos en la ciudad de Santiago, pese a que la Región Metropolitana es la única donde no existen casinos.
En definitiva, señor Presidente, solicito que este proyecto sea analizado previamente por la Comisión de Constitución y, para el caso de que sea aprobado, me pronunciaré por incorporar en él normas regulatorias efectivas y no la mera prohibición, que solo promoverá mayor clandestinaje.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Reitero: silencio a las tribunas.
El Senador señor Quinteros ha pedido que el proyecto sea remitido a la Comisión de Constitución.
Su Señoría, lo solicita ¿para después de la votación o previo a ella?
El señor QUINTEROS.- Previo, señor Presidente.