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MODIFICACIÓN A CÓDIGO PENAL Y A LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO, SOBORNO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración y aprobando en esta sesión, después de un largo debate parlamentario y de la discusión en Comisión Mixta, es fundamental para nuestra democracia.
Hablamos de un proyecto que modifica el Código Penal en materia de cohecho y soborno e introduce cambios en otros cuerpos legales y que fue iniciativa de los Senadores Araya, De Urresti y Harboe y de los entonces Senadores y actuales Ministros de Estado Alberto Espina y Hernán Larraín.
La corrupción es un flagelo que afecta a las sociedades y que es necesario enfrentar con fuerza y voluntad resuelta. Esta daña el prestigio de las instituciones; afecta su legitimidad. Pero lo más complicado es que perjudica a las personas, porque hace que las decisiones que adoptan las instituciones no se lleven a cabo pensando en el bien común, en lo que es mejor para el país, sino considerando el interés de quien paga, y de quien paga cometiendo un delito, un ilícito penal que debe ser sancionado de manera enérgica y clara.
Sociedades con altos niveles de corrupción han generado un sistema en que las decisiones públicas dependen del pago de los privados. Y las empresas incluso consideran dentro de sus ítems de gasto la compra del funcionario que debe adoptar esa decisión. Esta es una especie de impuesto, pero un impuesto que no tiene asociado un ingreso para el Estado, para financiar políticas públicas o sociales, sino que termina en el bolsillo del funcionario.
Y eso es precisamente lo que debemos evitar y, cuando ocurre, erradicar de manera enérgica en nuestra sociedad.
Por eso este proyecto es un avance, porque establece una nueva regulación en materia de tipificación de delitos, actualizando los tipos existentes y estableciendo nuevos tipos penales; aumenta las penas -lo más importante-, ya que muchos delitos que estaban tipificados como simples delitos ahora son crímenes; establece nuevas normas de prescripción, e incorpora técnicas especiales de investigación.
A la vez, se contemplan agravantes que es necesario mencionar, como la pena efectiva, en la mayoría de los casos, para las altas autoridades de elección popular o de los primeros niveles jerárquicos que estén involucradas en estos ilícitos. Y, además, considera relevante la cuantía y los montos afectados cuando se comenten estos ilícitos.
Yo quiero destacar, en particular, el avance en la tipificación del cohecho sin contraprestación o por mera actividad, algo que se encuentra tipificado en la legislación española hace un siglo, que generó todo un debate en la Comisión, pero que finalmente fue acogido y que se considera dentro del marco de esta nueva regulación.
Me parece fundamental, a propósito de lo que decía el Senador Huenchumilla, que entendamos como sociedad que no basta con la tipificación y la aplicación efectiva de sanciones a quienes cometen estos delitos.
Por cierto que se requiere una disuasión eficiente, efectiva y el temor ante la acción punitiva del Estado respecto de aquellos que transgreden la ley y transgreden principios básicos de convivencia. Pero el principal desafío es la formación de los ciudadanos y, particularmente, de los servidores públicos para que no cometan estos ilícitos.
Es necesario preservar el sentido de la función pública como una actividad de servicio público, en que las instituciones adopten sus decisiones -como lo señalé anteriormente- pensando en el bien común y no en el interés de quien ha sido comprado o quien paga por obtener una decisión favorable de parte del Estado.
Se trata de un desafío permanente.
Y, por tanto, se requiere aquí no solo un cambio de legislación con un salto cualitativo, como el que expresa la normativa que hoy vamos a aprobar, sino, sobre todo, la transmisión de valores para formar a los servidores públicos y a los funcionarios públicos a fin de erradicar definitivamente este tipo de conductas en nuestro país.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voto a favor.