AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA CREAR PLANTAS DESALINIZADORAS
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la problemática de la disponibilidad de recursos hídricos para el consumo humano y productivo es ampliamente conocida en nuestro país, tal como lo exponen en sus argumentos los autores de la iniciativa. De hecho, la industria minera, por ejemplo, va a experimentar una necesidad adicional de agua en porcentajes superiores al 40 por ciento en los próximos años. Por otro lado, tenemos una situación de sequía que ha afectado, como parte del calentamiento global, a un número significativo de nuestras regiones.
Por eso se requiere, obviamente, una visión integral para ver cómo resolver la situación del agua en Chile, la que, si bien en términos generales podría ser considerado un recurso abundante, es, por no estar distribuida de la misma manera en todas las regiones del país, un recurso escaso. De ahí la importancia de políticas públicas que tiendan a generar condiciones para contar con más agua y administrar de mejor forma aquella de la cual se dispone.
Hay situaciones dramáticas, como la que se vive aquí, en la Quinta Región, en la zona de Petorca, donde no existe agua disponible para el consumo humano. Por cierto, la primera prioridad para el agua siempre debe ser el consumo humano, y la segunda, la agricultura.
En este marco, son múltiples las iniciativas que desarrolla el Estado, a través de políticas públicas, y también los privados para enfrentar esta situación. Las obras de embalsamiento son una expresión de esas políticas, pero solo son aplicables en aquellos lugares en que los cursos de agua hacen posible extraer y almacenar el recurso.
Por eso igualmente existen soluciones de pequeña escala, como la construcción de pequeños tranques que permiten la acumulación de aguas lluvia para utilizarlas, sobre todo, en labores de carácter agrícola.
Y existe una tercera forma, que es expresión del desarrollo tecnológico, como es, precisamente, la construcción de plantas desalinizadoras. El Norte Grande de nuestro país tiene experiencia en esta solución. Sin embargo, la mayor parte de estas iniciativas son de carácter privado y minero, no forman parte de una política integral, y, por cierto, son escasas en comparación con los enormes desafíos que tenemos por delante.
Por eso, el presente proyecto pretende hacerse cargo de este problema.
Quisiera resaltar algunos de sus aspectos.
En primer lugar, se enfoca en dar respuesta estructural y directa a la falta de recursos hídricos en las zonas afectadas.
En segundo término, habilita al Estado para realizar una actividad empresarial que de otro modo nadie asumiría, como ha quedado demostrado hasta ahora. Sea por fallas de mercado o por las razones que fueren, lo concreto es que muchas veces no ha habido disponibilidad de los privados para efectuar inversiones.
Quiero destacar, además, que esta es una iniciativa presentada por los Diputados socialistas señora Daniella Cicardini, aún en ejercicio, y los ex parlamentarios Luis Lemus y Cristian Urizar, como representantes de zonas del Norte Grande y de la Quinta Región que se ven especialmente afectadas por situaciones de sequía.
¿Qué hace el proyecto? Aborda directamente la proactividad del Estado ante la grave problemática del déficit de recursos hídricos, facultándolo para llevar a cabo actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación de plantas desalinizadoras, así como su explotación, utilizando para ello el marco normativo con que cuenta el Ministerio de Obras Públicas, que le permite encomendar estudios, proyección, construcción, ampliación y reparación de obras tendientes a cumplir precisamente tal objetivo, conviniendo con él sus condiciones, modalidades y financiamiento, tal como lo establece el inciso segundo del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997.
Esta iniciativa, obviamente, llega en un momento oportuno. En los últimos meses hemos conocido nuevos datos que muestran la urgencia de tomar medidas de fondo. La grave sobreexplotación del acuífero del salar de Atacama por parte de empresas mineras es un ejemplo. A pesar de las inversiones que estas han realizado -se inauguró recientemente una planta desalinizadora, la más grande del continente, según se dice-, el desequilibrio en el acuífero del salar se mantiene y amenaza con aumentar. Y son muchos otros los ejemplos que podríamos citar.
Si bien el déficit hídrico afecta de manera más evidente al norte del país, en el centro-sur también existe un problema, con mayor fuerza en las zonas del secano costero, sin posibilidades de riego disponible en el valle central a partir de obras de embalsamiento. En el secano costero se ha ido trabajando, aunque sin la intensidad y la extensión necesarias a través de las soluciones individuales que señalé anteriormente, esto es, mediante obras de almacenamiento de aguas lluvia. Estas son, obviamente, insuficientes y, por tanto, se requiere levantar plantas desalinizadoras igualmente en esta zona, como única manera de enfrentar en el largo plazo las consecuencias del cambio climático.
Lo veo, sin ir más lejos, en el territorio costero de mi región, desde Vichuquén hasta Curanipe. Si no actuamos a tiempo para resolver con visión estratégica la cuestión hídrica en estas zonas, arriesgamos su desertificación y, por cierto, la amenaza de despoblamiento.
Ahora, se ha planteado aquí que este proyecto de ley tendría un carácter más bien programático que concreto. Pero hoy lo estamos votando en general y debemos vincularlo con el que se aprobó la semana pasada, a fin de generar un marco institucional adecuado para fomentar las inversiones en este ámbito, ya sea del sector privado o del sector público. Obviamente, estos proyectos son perfectibles y requieren una modificación sustantiva para los efectos de cumplir con el objetivo para el cual han sido presentados.
Por todo lo anterior, señor Presidente, porque creo que es una señal política importante, y porque también me parece imprescindible que sea perfeccionado en el contexto de la discusión legislativa, voto a favor del proyecto.