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MODIFICACIÓN A LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA REGULACIÓN DE TENDIDO DE CABLES AÉREOS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que estamos votando tiene plena pertinencia, pues dotará a los municipios de un instrumento del que hasta el día de hoy carecen y que les permitirá disponer el retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad.
Como alcalde, tuve ocasión de constatar el abuso que cometen las empresas de telecomunicaciones, que no se ocupan de retirar sus redes aéreas en desuso.
Lo común hasta ahora es que las empresas no asuman dicha tarea, con lo cual afectan el paisaje urbano y, muchas veces, la seguridad de los peatones, quienes deben cuidarse para no sufrir un accidente cuando los cables caen a la vía pública, especialmente en regiones donde es usual el fuerte viento.
Tal negligencia responde a una actitud más general de buena parte de los concesionarios de servicios públicos, que no se hacen cargo de externalidades negativas causadas por las redes o la operación de sus servicios.
Por regla general, tratándose de la distribución de energía eléctrica, de agua potable, de gas y de telecomunicaciones, se goza de servidumbres gratuitas para tender o construir redes en bienes nacionales de uso público. La libertad y gratuidad, que adquirían pleno sentido años atrás, cuando el objetivo era lograr una mayor cobertura, han perdido justificación en algunos casos producto del desarrollo tecnológico o de los abusos cometidos.
Así como se acepta el cobro de peaje a los vehículos por circular en vías saturadas, de la misma manera habría que establecer un pago por líneas que se extienden en calles saturadas visualmente. De este modo, existiría un incentivo para el tendido de redes subterráneas, lo que hoy día depende del desarrollador inmobiliario, de la mera voluntad de la empresa de servicios o de aportes públicos.
Además, es preciso tener en cuenta que las entidades de telecomunicaciones pagan a las distribuidoras eléctricas por utilizar sus postes como puntos de apoyo, pero no aportan ni un peso a las municipalidades por el uso del espacio aéreo. Por su parte, las empresas eléctricas se excusan en que solo los arriendan, y es muy difícil pesquisar a las de telecomunicaciones dueñas de los tendidos, siendo más complicado aún conseguir que los retiren.
Hasta ahora se dependía de la buena voluntad de las empresas para lograr esto último. En adelante se contará con un procedimiento para obligarlas a actuar.
Con todo, creo que se deben incorporar perfeccionamientos al procedimiento establecido para la eliminación de los cables en desuso, así como al régimen de sanciones.
Pero, en líneas generales, apoyo la idea de legislar.
El articulado puede llegar a ser muy útil para la gestión municipal, para la limpieza visual de nuestras ciudades y caminos, y espero que ponga en alerta a los concesionarios con relación a otros efectos negativos o abusos que sufren las comunidades hasta el día de hoy y que reciben como única respuesta la indolencia de las empresas, las cuales se refugian en marcos legales elaborados hace décadas y que ameritan una revisión.
He dicho.