ANÁLISIS DE FACULTADES DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUJECIÓN DE ACTUACIONES DE ESTE ENTE A ARTÍCULO 7° DEL TEXTO FUNDAMENTAL

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, más y mejor democracia para Chile. Ese es el desafío que tenemos por delante.

Nadie se puede sentir amenazado, porque una mejor democracia permite una mayor legitimidad de las instituciones, que los ciudadanos se sientan representados y, por tanto, tener una mejor convivencia, un mejor país, una mejor sociedad.

La Constitución -ya lo dijo la Senadora Provoste-, sin duda adolece de una falla de origen. Chile necesita una nueva Carta Fundamental en la que todos nos sintamos representados, incluso aquellos que se oponen a ella. Hablo de una Constitución nacida en democracia, no impuesta por la fuerza, de la que todos formemos parte.

Sin embargo, a este problema estructural de nuestro sistema político se suma la existencia de un Tribunal Constitucional que en el último tiempo ha asumido un evidente activismo político, con una lógica de trinchera; desempeñando un papel partisano; transformándose en el brazo político de un sector; pasando a llevar el principio de deferencia razonada con el legislador; arrogándose funciones legislativas, y conociendo asuntos que no son propios de su competencia. Hoy juega la misma función que en el pasado ejercían los Senadores designados: la de una "tercera Cámara", la cual altera la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo en la composición del Congreso Nacional.

Además, sus fallos adolecen de errores jurídicos evidentes, e incluso en su redacción se observa falta de coherencia.

El mejor ejemplo es el fallo referido al Servicio Nacional del Consumidor, en que, junto con cercenar parte importante de las atribuciones que se le otorgaban a dicho Servicio -el Tribunal Constitucional se transformó en una especie de guardián del abuso, sin pensar en la protección de las personas-, no señala lo mismo en su parte considerativa que en su parte resolutiva.

Ante la consulta de la Cámara de Diputados respecto del fallo, el mencionado Tribunal dijo: "No ha lugar". O sea, no estuvo dispuesto a aclarar los problemas de redacción. Y ya hemos visto toda la complicación que se ha generado a propósito del decreto promulgatorio del Presidente de la República y de la representación del Contralor.

En síntesis, han pasado meses -medio año- desde que se inició el control de constitucionalidad del proyecto respectivo, y la Contraloría no ha podido tomar razón del decreto promulgatorio correspondiente. De tal manera que la ley que protege de mejor forma a los consumidores ante los abusos de que puedan ser objeto, no ha entrado en vigencia.

Podríamos citar muchos otros ejemplos.

El Tribunal Constitucional -por decirlo de alguna manera- se ha convertido en el principal enemigo del Tribunal Constitucional y en el mejor promotor de una Constitución nacida en democracia, reforzando la crisis de legitimidad de nuestro sistema político y funcionando -como señalé al principio de mi intervención- como un actor político más bajo la lógica de trinchera.

Resultan claras las palabras del Diputado Bellolio cuando se discutía la reforma educacional. Luego de perder una votación señaló: "No importa, vamos al Tribunal Constitucional: allá estamos 6 a 4".

Aquello da cuenta de que, lamentablemente, el Tribunal Constitucional, sobre la base de sus fallos recientes, se ha transformado en una herramienta de determinado sector político que no aplica en forma adecuada la justicia constitucional y que emite fallos -ya lo dije- que adolecen de errores de coherencia y de fundamento jurídico.

Por lo tanto, resulta imprescindible debatir acerca de un nuevo marco de control de constitucionalidad en nuestro país. Asimismo, es preciso reiterar la principal necesidad que tiene Chile: una nueva Constitución nacida en democracia.