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DÉFICIT ESTRUCTURAL EN MUNICIPIOS. OFICIOS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, se han conocido diversas denuncias contra alcaldes por situaciones deficitarias en los presupuestos municipales.
Por su parte, las nuevas autoridades han destacado el papel del Gobierno en la lucha contra la corrupción en los municipios.
No se puede descartar la posibilidad de irregularidades y hasta de ilícitos en casos puntuales; pero se omite el hecho de que detrás de muchas de las denuncias hay una situación de déficit estructural cuyo origen es preciso buscarlo en condiciones externas a la gestión.
Es cierto que ha habido abusos. Basta recordar los cuestionados viajes de concejales. Pero esta no es la causa de la crisis.
Año a año, los costos de los servicios municipales aumentan más allá del IPC; se han aprobado incrementos de remuneraciones sin considerar apoyo fiscal o subestimándolo; se han entregado nuevas atribuciones sin financiamiento del nivel central; persiste un injusto mecanismo de distribución del Fondo Común Municipal, y los déficits en los sistemas de financiamiento de la educación y la salud primaria se arrastran desde hace décadas.
Ahora, confirmando la tendencia, el Gobierno ha anunciado con bombos y platillos una rebaja en el alza de las contribuciones, lo que afecta directamente a los municipios que dependen casi exclusivamente del Fondo Común Municipal, en especial los más pobres. La menor recaudación se estima en 60 millones de dólares, lo que equivale al aumento del aporte fiscal dispuesto por ley hace dos años, cuando se aprobó el nuevo cuerpo legal de plantas.
Frente a esta realidad, el margen para la actuación de un gobierno municipal es bastante limitado. No se pueden imponer nuevos tributos a actividades de connotación local; la posibilidad de endeudamiento se halla muy restringida y requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda, y, peor aún, una gestión eficiente para generar nuevos ingresos puede ser "castigada" con una menor participación en el Fondo Común Municipal.
Por otro lado, las nuevas atribuciones no son optativas: constituyen obligaciones que debe asumir cada municipio.
Lo único que queda a muchos de ellos es disminuir prestaciones y beneficios a los vecinos.
No es esta la realidad del Estado a nivel central, que cuenta con una amplia gama de herramientas en su política fiscal. Además, como bien se sabe, no solo existe un déficit en el Presupuesto anual, sino que este también es estructural, incluso. Para la gran mayoría de los expertos, eso no es percibido como un escenario catastrofista, sino normal en la marcha de la economía. Nuestro país se ha autoimpuesto, entonces, una regla fiscal de equilibrio en el largo plazo.
Es hora de revisar el sistema de financiamiento municipal, que se halla en crisis desde hace muchos años y afecta, de manera transversal, a alcaldes de todos los sectores políticos.
En caso contrario, continuará aumentando la desconfianza en la gestión pública, que no distingue déficit de desfalco, y, lo que es peor, los vecinos verán consecuencias en los servicios que esperan de los gobiernos locales.
Por lo tanto, solicito oficiar a los señores Ministro del Interior y Ministro de Hacienda a fin de que informen las acciones previstas para enfrentar la situación de déficit presupuestario a que me he referido y si se considera entre ellas una reforma a la Ley de Rentas Municipales que signifique un mejoramiento real de los ingresos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.