ESTABLECIMIENTO DE MARCO JURÍDICO PARA UNIVERSIDADES DEL ESTADO

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, siempre he sido partidario de un trato preferente del Estado hacia las universidades estatales. El Estado le debe dar un trato prioritario a sus universidades.

Esto, que parecería de Perogrullo en cualquier parte del mundo, no lo es así en Chile. Hasta algunas autoridades de universidades públicas se autocensuran y evitan utilizar dicha expresión.

Como en muchas cosas, en Chile se da la situación inversa: es el Estado el que discrimina negativamente y perjudica a sus universidades.

Un entramado de normas que parten desde la Constitución y que incluye a leyes, estatutos, fondos, reglamentos y dictámenes de la Contraloría General de la República conforma un marco jurídico que asfixia y termina limitando a estas instituciones.

Ello se contrasta con la libertad de que disponen las instituciones privadas y la marcada preferencia del sector privado, especialmente de las empresas y ejecutivos, por ciertas universidades también privadas, que se expresa en redes, donaciones y proyectos conjuntos.

Este proyecto se propone volver a poner las cosas en su lugar. Es decir, a retomar un camino que ya recorrió el país, en los comienzos de la república, cuando tomó la decisión de crear e impulsar la Universidad de Chile, institución llamada a constituirse en pilar fundamental del desarrollo nacional.

Era entonces un Estado mucho más pequeño que el actual, pero que, a pesar de ello y quizás por lo mismo, apostó por una institución del Estado para acompañar al país en su proceso de consolidación y desarrollo.

Esos objetivos los cumplió sobradamente la Universidad de Chile, que luego fue acompañada por la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago.

Lo que propone este proyecto no es nada revolucionario, entonces. Es casi conservador si nos comparamos con otros países.

Lo que dice es casi una obviedad: las universidades del Estado responden al interés público, a los más altos intereses de la sociedad, y requieren ser tratadas de acuerdo a su propia especificidad.

Lo mínimo entonces es que cuenten con un marco propio, aunque creo que nos quedamos cortos, o al menos estamos llegando atrasados, con las normas que estamos aprobando.

Por ejemplo, en materia de objetivos o de misión, creo que el país puede fijarle exigencias diferentes a la Universidad de Chile, que vayan de la mano de sus capacidades.

En el mundo globalizado de hoy, pienso que dicha casa de estudios superiores debe constituirse en un actor de clase mundial.

Hoy se ubica entre las diez primeras de América Latina y en el lugar 200 a nivel internacional.

Si queremos diversificar nuestra economía, como acá se ha dicho; si queremos liderar en la sociedad del conocimiento, nuestra principal universidad debe proponerse objetivos superiores y su dueño, el Estado de Chile, debe impulsarla y apoyarla en ese propósito.

En bastantes aspectos, la Casa de Bello debe ser la cara y el aporte de Chile al mundo, tal como nuestras Fuerzas Armadas contribuyen a la paz mundial en muchos territorios del planeta, o CODELCO, que debe transformarse en un actor mundial para seguir liderando la industria minera a nivel internacional.

La Universidad de Chile debe estar abierta al conocimiento de punta, a profesores, a estudiantes y a programas que respondan a esa escala global.

Por lo tanto, es posible que requiera condiciones diferentes para acometer estos desafíos. Con las normas actuales, no sé si Andrés Bello, un sabio de su tiempo, hubiera podido ser rector de la Universidad de Chile.

Esta necesidad de mayor diferenciación también rige respecto de las universidades regionales. Su vinculación con el medio, su relación con las comunidades y con los gobiernos regionales debe adquirir otra calidad.

Por cierto, debe haber complementariedad y colaboración con las entidades de carácter nacional.

Un buen ejemplo a citar es la Escuela de Temporada, que se desarrolló en estos días en Chiloé, organizada en conjunto por la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Chile. La última se había desarrollado hace cincuenta años.

Es clave, entonces, recuperar el tiempo perdido, conformando asociaciones o consorcios que cuenten con autonomía para acceder a recursos y asumir proyectos comunes.

Ahora bien, todo lo anterior no obsta a que el Estado reconozca las especificidades propias de ciertas universidades privadas con clara vocación pública, como aquellas que conforman el G9 y otras privadas que se destacan en sus funciones y se guían igualmente por el interés público. Algunas de ellas pueden constituirse también en instituciones de clase mundial, y el Estado debe apoyar esos proyectos.

Pero eso es materia de otras iniciativas. En esta, se trata de regular y fortalecer a las instituciones del sistema estatal, y con ellas nuestro compromiso debe ser fuerte y nítido.

¡La situación actual no puede seguir dilatándose!

¡No es posible que continúe achicándose el sector estatal, como ha ocurrido en los últimos años!

¡Hay que actuar ahora!

De otra manera, nuestro país desaprovechará una nueva oportunidad para desarrollar sus regiones, para acercarnos a las fronteras del conocimiento, para posicionar a Chile en el mundo del futuro.