CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto -como se señaló ayer- es crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar una instancia de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.

Quiero recordar que Chile se fundó sobre la masacre y la ruina de la sociedad indígena.

Esta verdad dura y difícil de aceptar no es la consigna de un activista o de un grupo radical. Es el juicio de años de estudio dedicados a la historia del pueblo mapuche del profesor José Bengoa, quien fue el encargado de la Comisión Especial para Pueblos Indígenas en el primer gobierno democrático.

Pero los errores y horrores no se limitaron al período de configuración de nuestro país, sino que se prolongaron en pleno período de consolidación de la república. Así se concluye en el Informe para la Verdad Histórica y Nuevo Trato que una Comisión de alto nivel, encabezada por el ex Presidente Aylwin, le entregara al entonces Presidente Lagos el año 2003.

Ese es el trasfondo de los conflictos y desencuentros que tienen expresión hasta hoy en vastos territorios de nuestro país y que el referido informe propuso enfrentar a través de diversas iniciativas.

Una de esas propuestas es, justamente, la constitución de un Consejo de Pueblos Indígenas como entidad representativa de dichos pueblos ante los diversos órganos del Estado.

Han pasado casi quince años desde la entrega de ese informe y estamos recién aprobando este proyecto.

En todo caso, no podemos decir que no se ha hecho nada en este tiempo.

Por una parte, se aprobó el Convenio 169 de la OIT, que también había sido recomendado por la misma Comisión.

A la vez, se ha continuado con una activa política de restitución de tierras y aguas.

De igual modo, se aprobó el Ministerio de las Culturas, que es clave en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural.

Hoy mismo estamos despachando desde el Congreso el proyecto que regula la permanencia en el territorio de Isla de Pascua, que es una aspiración sentida del pueblo rapanui.

Y hoy en la Comisión de Gobierno se aprobó la idea de legislar respecto del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.

Pese a los avances, persiste una situación de conflictividad social que se ha traducido, incluso, en actos de violencia, principalmente en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, los cuales se han extendido hasta la de Los Ríos, y en días recientes han llegado hasta la de Los Lagos, que represento en el Senado.

La Presidenta Bachelet convocó a una mesa de diálogo y hay nuevas propuestas.

Pero el conflicto es muy antiguo, demasiado profundo y no hemos tenido una sola mirada sobre cómo enfrentarlo.

Durante años, por ejemplo, ha habido sectores que han negado la existencia de los "pueblos indígenas", reconociendo solo la condición de "poblaciones indígenas", como si se tratara únicamente de grupos de personas, sin identidad, cultura, lengua e historia común.

¿Alguien puede negar la existencia de estos pueblos en el Chile de hoy?

Posiblemente no. Pero todavía hay muchos que lo ven solo como un elemento folclórico o un factor de pobreza e intentan desconocer sus intereses concretos cuando se trata de resolver sobre proyectos de inversión pública o privada enclavados en sus territorios históricos.

Hace pocos días, para citar un caso reciente, la Corte Suprema invalidó una resolución de calificación ambiental que había aprobado la construcción de una central hidroeléctrica en la cuenca del río Puelo, en la Región de Los Lagos, porque el estudio antropológico que servía de sustento al estudio de impacto ambiental no había recogido debidamente la realidad indígena del territorio afectado.

Justamente, este tipo de omisiones o de abusos podrá evitarse una vez que se implemente el sistema completo, con los consejos de pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Porque los consejos de pueblos tendrán como rol principal representar sus intereses concretos, no solo con ocasión de la dictación de normas, políticas o programas que les incumban, sino también respecto a proyectos de inversión específicos.

Ya no será únicamente la opinión de una persona natural o de una comunidad indígena o de una ONG, sino que será la opinión legítima de un pueblo la que habrá que tomar en cuenta.

Esto redundará no solo en una mayor participación de los pueblos en las decisiones que los afectan. También se traducirá en reglas del juego más claras para los actores públicos y privados interesados en invertir, quienes hoy día deben considerar la posibilidad de enfrentar largos procesos judiciales.

Por cierto, en la discusión en particular de la iniciativa podremos revisar los alcances de los procesos de consulta indígena,...

El señor QUINTANA.- ¡Por favor, señor Presidente, dele más tiempo!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.

El señor QUINTEROS.-... en especial en cuanto a su procedencia y a la relación con otros procesos de consulta previstos en la ley.

Asimismo, podremos determinar con más detalle las características de estas corporaciones de derecho público, cuidando de compatibilizarlas con el marco jurídico que rige a la Administración del Estado y con las tradiciones y normas consuetudinarias de cada pueblo.

Debe resguardarse que se trata de instancias de representación y no de servicios públicos propiamente tales, por lo que han de tener un tratamiento diferente.

Cabe destacar que se efectuó un amplio proceso de consulta indígena que alcanzó importantes acuerdos, pese a que no todos los pueblos cuentan con una organización única.

Por lo mismo, estoy convencido de que estos consejos constituirán una valiosa herramienta para avanzar en materia de políticas públicas sobre sus pueblos originarios.