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ESTABLECIMIENTO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA EDUCACIÓN SUPERIOR


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.783-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 34ª, en 19 de julio de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 71ª, en 12 de diciembre de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
-Crear un Sistema de Educación Superior, que estará integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en la materia, así como por las instituciones de educación superior. Dicho sistema es de provisión mixta y se compone por dos subsistemas: el universitario y el técnico profesional.
-Considerar una nueva institucionalidad integrada por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior y consagrar diversas modificaciones al actual Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, es decir, en materia de acreditación.
-Consagrar el financiamiento institucional para la gratuidad, disponiéndose al efecto que a él podrán acceder las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los requisitos señalados en la ley.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Montes, Quintana e Ignacio Walker.
Cabe tener presente que los artículos 7, letra e); 19, letra b), inciso primero, e inciso final; 33; 51, inciso primero; 81, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 24), 38) y 39); 118, números 1), 2), 3), 4), 5) y 6); y 119, número 14), permanentes, así como la disposición segunda transitoria tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 158 a 256 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, propongo abrir la votación, en cuyo caso mi discurso sería parte de la fundamentación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación manteniendo los tiempos?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente.
La señora ALLENDE.- De acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría.


El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, este es uno de los proyectos más emblemáticos de la reforma educacional que hemos impulsado en los últimos años.
Quiero recordar que se partió con la Ley de Inclusión, aprobada el 30 de enero del 2015, después de un encendido debate. De ahí quedó una cuestión pendiente: la de los arriendos o las compraventas de los inmuebles por parte de los sostenedores privados. Eso se arregló en el último mes, contemplándose una mayor flexibilidad a ese respecto.
Después vino la carrera docente. Se invirtieron 2 mil 300 millones de dólares para prestigiar, dignificar la labor de nuestros profesores, del magisterio.
Existen 90 mil profesores de la educación pública que ya tienen, desde agosto, un aumento del 20, 30 por ciento de sus remuneraciones. El 2019, 100 mil profesores de la educación particular subvencionada también lo tendrán; a cambio, por supuesto, de normas de desempeño, de evaluación, de una verdadera carrera docente.
Después tratamos la iniciativa de ley sobre la nueva educación pública, para prestigiarla, porque muchas veces se nos ha ido quedando atrás. Se aprobó en esta Sala con una votación de 34 a 0.
Vino la educación parvularia. Estamos creando 70 mil cupos nuevos de salas cuna y jardines infantiles; creamos una Subsecretaría y una Intendencia de Educación Parvularia. Se trata de un reconocimiento oficial para las salas cuna y jardines infantiles.
Es decir, Ley de Inclusión, carrera docente, nueva educación pública y educación parvularia.
Creamos 15 centros de formación técnica, uno por región en el país; 2 universidades nuevas (estatales).
En ese contexto, el proyecto de ley sobre educación superior cobra mucho sentido; al igual que el referido a las universidades estatales, que está siendo despachado por la Cámara de Diputados, y que entrará pronto al Senado.
Eso, en cuanto al contexto.
Segundo. Esta iniciativa ingresó el 5 de julio del 2016.
En el caso del Senado, desde el 9 de agosto del año en curso, tuvimos cuatro meses (en ocho sesiones, con 38 invitados, incluidos 17 rectores) para formarnos una idea y lograr dos grandes acuerdos:
Primero, la necesidad de legislar: casi ningún invitado dejó de reconocer que se requiere una regulación, una normativa.
Y, segundo, una opinión muy mayoritaria, muy crítica, respecto de muchos de los contenidos de este proyecto.
Recordemos que estamos en la votación en general, discutiendo los contenidos fundamentales de este proyecto.
Aprovecho de pedir, señor Presidente, que se fije un plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de diciembre.
De todos los aspectos que contempla la iniciativa (calidad, acreditación, institucionalidad, financiamiento) tiendo a pensar (esto se aprobó por unanimidad en la Comisión: 5 por 0) que lo que debiera ordenar esta pirámide es el concepto de la calidad de la educación superior; el concepto de la acreditación.
Se fortalece el Consejo Nacional de Acreditación, el sistema de acreditación, porque tiene incidencia en todo lo demás: la institucionalidad, el financiamiento, etcétera.
Señor Presidente, hay dos pilares fundamentales de este proyecto: institucionalidad y financiamiento institucional para la gratuidad.
Respecto de lo primero, los 38 invitados estimaron unánimemente que hay una subregulación, una falta de regulación, pero se advirtió sobre el peligro de una sobrerregulación, de pasar de un extremo a otro.
Por lo tanto, conversamos con el Ministerio de Educación -aquí está su titular, la señora Adriana Delpiano- acerca de una minuta, ya presentada en la Comisión, donde se recoge parte muy importante de tales observaciones, para alivianar, mejorar, perfeccionar el entramado burocrático administrativo institucional, que era y sigue siendo muy pesado en el proyecto y puede ahogar las energías creadoras del sistema de educación superior.
Por eso, en la minuta se plantean nuevas normas sobre la Subsecretaría de Educación Superior. Esta ya no regirá verticalmente el sistema, sino que colaborará en la coordinación, en la plataforma informática, por ejemplo, del mecanismo de admisión, de acceso, el cual estará principalmente en manos de los propios establecimientos de educación superior y de unos comités técnicos que se crearán para tal efecto, a fin de evitar cualquier discrecionalidad.
Entonces, estando de acuerdo en la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, habrá nuevas normas para impedir que esta ahogue las energías creadoras a que aludíamos. No me voy a referir en detalle a ellas, las cuales serán propuestas a través de indicaciones que se presentarán dentro de un plazo que nosotros estamos proponiendo que se extienda hasta el 28 de diciembre.
En el caso de la Superintendencia de Educación Superior, es evidente que hay mucho control burocrático administrativo vertical, bajo el amparo de la fiscalización, que es necesaria, especialmente para el uso de los recursos públicos destinados a dicho nivel de enseñanza. Aquí se elimina, por ejemplo, el informe sobre viabilidad financiera de las instituciones, prefiriéndose una auditoría externa.
También se contemplan diversas garantías en beneficio de las instituciones de educación superior, como la facultad de ingresar a los establecimientos y el acceso a documentos, libros, antecedentes, etcétera; lograr, sobre todo, una organización institucional más adecuada a su contexto y realidad regional, respetando, en el fondo, la autonomía de las instituciones (menciono, por ejemplo, a la Universidad de Concepción y la Universidad Austral), a objeto de que puedan mantener su actual forma organizativa, y, en general, que cada institución pueda definir sus órganos de gobierno dentro de los parámetros generales que consagra la normativa.
En cuanto a la acreditación institucional, que es como el vértice de la pirámide que le da sentido a este proyecto de educación superior, se establecen niveles de acreditación institucional y criterios y estándares de evaluación, y se mantiene la obligación de acreditar todas las dimensiones, salvo la dimensión de generación de conocimientos, creación y/o innovación, que solo será obligatoria para obtener la acreditación de excelencia en su nivel más alto. Esto tiene influencia y significación tanto para la acreditación como para el financiamiento del arancel regulado, de manera que no sea un problema, un castigo para el que investiga, el que innova, el que crea, sino un premio en materia de acreditación y de financiamiento a través del arancel regulado.
Finalmente, respecto del financiamiento institucional para la gratuidad, se perfecciona la regulación de vacantes, el arancel regulado -ya lo he dicho-, incorporando el criterio de investigación, etcétera.
Quiero expresarlo con mucha claridad: aquí hay artículos permanentes y artículos transitorios.
En los permanentes se establecen ciertos parámetros desde el punto de vista de la carga tributaria que el país pudiera alcanzar, a propósito del crecimiento económico, en los años o décadas que vengan por delante. Y los transitorios van a ser, digo yo, la realidad permanente de esta iniciativa: un mix de gratuidad, becas y créditos.
La gratuidad ya alcanza este año al 23 por ciento de toda la matrícula de la educación superior (260 mil de un millón 200 mil alumnos), y el 2018 llegará, en virtud del Presupuesto, al 30 por ciento, cubriendo a quienes se hallen dentro del 60 por ciento de menores ingresos.
El que no tenga gratuidad -yo siempre hablo de "gratuidad para el que la necesita"-, accederá a becas: Gómez Millas y Bicentenario, en el ámbito universitario, y Nuevo Milenio, para los CFT e IP, como el DOUC e INACAP.
Y el que no tenga gratuidad ni becas, podrá postular a un crédito, con la nueva modalidad que estamos implementando. A cientos de miles de alumnos se les aplica una tasa de interés de 2 por ciento; la deuda se paga solo si el egresado se encuentra trabajando, y la cuota no rebasa el 10 por ciento de su ingreso.
Por lo tanto, los artículos transitorios son para los próximos años y décadas. Claro, si algún día llegamos a ser Dinamarca, con una carga tributaria del 30 por ciento del producto, es evidente que las nuevas generaciones, nuestros nietos, establecerán otras normas. Pero, por ahora, lo que instauran los artículos transitorios, que van a ser lo permanente, no es la gratuidad universal, sino una gratuidad en la medida de lo posible, a través de un mix de gratuidad, becas y créditos. Durante los años y las décadas que vengan, dependiendo de los parámetros de crecimiento y de la carga tributaria, ese será el régimen aplicable.
Los artículos permanentes consagran una cuestión más bien programática, de aspiración.
Me parece que es una buena solución.
Termino, señor Presidente, manifestando que ojalá se apruebe al final un plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de diciembre.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que hemos llegado a uno de los momentos más trascendentales del profundo proceso de reforma educacional que ha llevado adelante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Pocas materias son tan importantes para nuestra sociedad, para cada uno de sus ciudadanos, para cada una de las personas, como esta.
Como señaló el Presidente de la Comisión de Educación, quien expuso sobre un panorama bastante amplio, es imposible no referirse a ese contexto e ignorar los 70 mil cupos de la educación preescolar o parvularia, que incentiva, motiva, despierta habilidades y que es tan necesaria en los primeros tres años de vida.
Cómo no pensar en la carrera docente, donde, finalmente, hemos tratado de devolverles la dignidad y una mejor remuneración y reconocimiento a nuestros profesores.
Cómo no pensar, pese a la campaña intensa que se hizo en contra, en lo que va a significar que de aquí en adelante 2 millones 800 mil familias no se vean obligadas al copago.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, señor Presidente.
No logro entender -me ha tocado escucharlo en más de un debate- al candidato Sebastián Piñera, quien afirma, una y otra vez, que el que no paga no tiene compromiso, o tiene menos compromiso, para ser más exacta y fidedigna. Lo dijo en Tolerancia Cero y lo repitió en otra oportunidad.
Me parece un profundo error. Y, más que error, marca la mirada que existe cuando se piensa en la forma y los parámetros de la educación: más que considerarla un derecho social, más que verla como un derecho que debiera estar garantizado, más que estimarla como algo cuyo acceso debería asegurar el Estado, existe una mirada mercantilista según la cual, al parecer, solo el que paga, solo el que pone dinero está más comprometido con la educación.
Eso lo considero un insulto a las familias más vulnerables, a las familias de sectores medios -a las que a algunos miembros de la Oposición y al candidato presidencial de ese sector les gusta tanto mencionar-, que ganan menos de 500 mil o 600 mil pesos.
¿Qué pueden hacer padres con tres hijos que desean ponerlos en una escuela particular subvencionada cuyo copago puede ir desde los 20 mil hasta los 84 mil pesos?
¡Hasta cuándo se va a seguir discriminando a la gente colocándola en el parámetro del pago!
Esa es una de las realidades.
En definitiva, más allá de las dificultades que hubo y que finalmente se aclararon con respecto a la transición de los colegios particulares hacia sin fines de lucro, ahora estamos liberando del pago a más de 2 millones 800 mil familias, las cuales tendrán libertad para escoger dónde poner a sus hijos, pero no por el dinero. Es el gran paradigma que hemos intentado establecer en esta reforma y que a veces ha sido manipulado, distorsionado o poco comprendido, pero que es muy trascendente, porque representa una mirada diferente.
Por lo mismo, tenemos que decir que ahora estamos dando un paso aún mayor, llegando, por fin, al nivel de la educación superior.
Estas inquietudes nacieron con el primer movimiento que hubo, conocido como el de los "pingüinos", y siguieron después, con las irrupciones masivas en las calles los años 2011 y 2013.
Debemos reconocer que fueron los estudiantes los que pusieron la demanda de la gratuidad, la demanda por mejorar la calidad de la educación superior, y la demanda de hacernos cargo, como Estado, de algo que no éramos capaces de regular y fiscalizar, porque, a diferencia de la educación básica, el lucro está prohibido en las instituciones de educación superior.
Aunque no fuimos capaces de detectarlos a tiempo, todos sabíamos que se cometían abusos, que había falta de transparencia. En este país se decretó un libertinaje -porque ya no era libertad- respecto de la educación superior, que llevó a la existencia de muchos planteles que no reunían condiciones universitarias, que no cumplieron jamás con los requisitos, con la acreditación, con el rigor que debe caracterizar a una institución de este tipo. Simplemente, era gente que vio la posibilidad de lucrar, de generar excedentes y que no se preocupó de lo demás.
Por eso, la demanda estudiantil nos hizo ver, con toda razón, que había llegado el momento de legislar sobre la materia.
Y aquí voy a hacer otro paréntesis.
Yo espero que en la discusión particular nos hagamos cargo de la sanción para aquellos que, a pesar de esta nueva regulación, de la creación de la Superintendencia y de las normas establecidas, insistan en operaciones poco transparentes, relacionadas de alguna manera con terceros, que les permitan generar un lucro indebido. La idea es que, si hay excedentes, estos se inviertan en el proyecto educativo. La educación, en realidad, es una vocación: no es para ganar dinero y no debiera ser ese el horizonte.
Digo lo anterior porque me parece que la sanción que se contempla para este delito es insuficiente. Considero que tres años no son disuasivos para quienes quieran continuar con prácticas que han venido realizando por largo tiempo.
Desde ya se lo planteo a la señora Ministra, que nos acompaña hoy día en la Sala, para que se recoja como observación junto a las muchas que ya se han formulado, de manera de poder cambiar aquello.
Esto no ha sido fácil. Quiero recordar la historia. Cuando aprobamos por primera vez la gratuidad en el Presupuesto, la Derecha se opuso, nos llevó al Tribunal Constitucional y casi nos quedamos sin gratuidad. ¡No podemos olvidarlo!
Y yo me alegro de que hoy, a escasos días de una nueva elección presidencial, el candidato de la Oposición haya cambiado de opinión.
Aquí está presente el Senador Ossandón, quien condicionó su apoyo a un cambio en el concepto y el criterio de abordar la educación y la gratuidad.
Si la necesidad de contar con más respaldo y de superar el magro resultado de la primera vuelta (36 por ciento) ha obligado a ese candidato a recibir estas nuevas orientaciones, a cambiar su planteamiento en 180 grados, ¡enhorabuena para nosotros! Porque a mis queridos colegas les voy a decir algo más: si hay un legado de la Presidenta Bachelet que será recordado históricamente en el país, va a ser su concepto de gratuidad, que es, en el fondo, entender la educación como un derecho social garantizado, no como un bien que debe ser transado en el mercado, ni como un bien mercantilista que obligue al estudiante a llegar solo hasta donde el bolsillo se lo permita, manteniendo a su familia angustiada y al egresado con 15 años de deuda.
Por eso, quiero recordar que nos llevaron al Tribunal Constitucional y casi nos quedamos sin gratuidad, pero que, con perseverancia y persistencia, este Gobierno ha insistido en establecer la educación como uno de sus pilares fundamentales. Y me alegro de ello, porque sé que de ahora en adelante la mirada será distinta.
¡Cómo no me voy a alegrar si hoy día casi 257 mil familias no están pagando la educación superior de sus hijos! Es algo tremendamente importante. En la Región de Valparaíso 31.992 estudiantes, representativos del 12,4 por ciento a nivel nacional, no pagan.
Y, aunque no forma parte de este proyecto pero sí de la reforma educacional, también quiero recordar la creación de quince centros de formación técnica -uno por cada región- y de dos universidades donde no las había: O´Higgins y Aisén.
Esta va a ser la herencia de la Presidenta Bachelet, que será recordada por muchos años.
Y algo más.
La creación de quince nuevos CFT habla de que también hemos entendido que a la educación técnico-profesional hay que darle el estatus y las condiciones necesarias para transformarla en una excelente alternativa, que les permita a los estudiantes conectarse con sus regiones y obtener alta empleabilidad.
Y esta es, igualmente, una de las miradas que a este país le hacían mucha falta, porque no todo se debe resolver a través de la educación universitaria.
Hay que dar más oportunidades y, sobre todo, insistir en lo que este proyecto, por fin, pretende garantizar: más calidad, en la medida en que las instituciones estén acreditadas.
Debemos fortalecer el sistema de acreditación, de modo que no haya arbitrariedad, que no se repitan los delitos que se perpetraron en el pasado o incluso el lobby que se aceptaba. La acreditación debe ser muy seria, muy rigurosa, muy profesional, porque es la garantía que tienen los padres de que están enviando a sus hijos a estudiar a una institución de calidad, que ofrece una formación que el día de mañana les permitirá ser profesionales que aporten no solo a sí mismos, sino también a sus familias.
Por lo tanto, espero que culminemos con éxito un proceso que aún está pendiente, pues debemos seguir trabajando con las universidades públicas, a las cuales debemos darles, de una vez por todas, el impulso que merecen y que necesitan después de haber sido tan maltratadas durante tantos años.
Voto que sí.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Saludo a la delegación de la Escuela Escuadrón, de Coronel, que hoy nos acompaña en el Senado.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer, para fundamentar su voto.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, hace ya bastante tiempo existe un consenso transversal en cuanto a que es de vital importancia para Chile contar con una nueva normativa que regule nuestro sistema de educación superior. Pero esta debe avanzar en la dirección correcta, con una visión que se haga cargo de los desafíos del futuro, sin afectar la igualdad de los estudiantes, discriminándolos arbitrariamente, sin atentar -y esto es muy importante- contra la autonomía de las instituciones de educación superior, y sin limitar indebidamente la libertad de enseñanza.
El proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, da cuenta de una sobrerregulación que -ya lo dijo el Presidente de la Comisión y fue una preocupación planteada transversalmente por distintos rectores y personalidades que escuchamos en dicho organismo- puede limitar fuertemente la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza, por lo que incluso -si el texto queda tal como está- estaremos frente a eventuales vicios de inconstitucionalidad que, obviamente, deben ser subsanados si queremos avanzar de manera correcta en esta iniciativa.
Al inicio de la discusión en la Comisión de Educación, nosotros esperábamos un debate con altura de miras y una visión de Estado que le permitiera al Gobierno rectificar todo aquello del proyecto que afecta los derechos de las familias y de los estudiantes vulnerables, así como, sobre todo, el derecho de las instituciones a contar con un proyecto educativo diverso y autónomo.
Pues bien, señor Presidente, ese llamado fue acogido por el Gobierno y por la Ministra del ramo. Por eso, antes de la votación de la idea de legislar en la Comisión, ella dio cuenta de una serie de modificaciones que serán ingresadas por el Ejecutivo durante la discusión particular y que nosotros consideramos que, en general, apuntan en la dirección correcta, para resguardar los conceptos antes mencionados y subsanar la mayoría de los problemas advertidos transversalmente por casi todos los expositores en dicho órgano técnico.
En este sentido, el Gobierno se comprometió:
1) A terminar con la sobrerregulación del sistema, eliminando, por ejemplo, la posibilidad de que sea la Superintendencia la que determine algo tan vago y discutible como la viabilidad financiera de las instituciones, la cual se establece como causal para dar lugar a la administración provisional e incluso al cierre de las instituciones de educación superior. El Gobierno señaló que eliminará esta causal.
2) Incluir contrapesos a las nuevas facultades de la Subsecretaría, las cuales van a ir reduciendo su excesiva discrecionalidad en el Sistema Único de Acceso. La decisión sobre la pertinencia y la idoneidad de los programas e instrumentos de admisión ahora quedará a cargo de los comités técnicos y no de una autoridad política.
Asimismo, el Gobierno eliminará el rol de la Subsecretaría como órgano rector de todo el sistema, lo cual evidentemente afecta la libertad de enseñanza y la autonomía de las universidades, tal como fue planteado por todos los expositores en la Comisión.
3) En este sentido, además, el Gobierno se comprometió a consagrar una garantía explícita referida a que tanto la determinación de los requisitos de admisión a cada plan o programa de estudios como la selección de los postulantes serán siempre efectuadas por las instituciones de educación superior.
4) También se reducirá la regulación en la estructura jurídica de las instituciones de educación superior privadas para no afectar su autonomía y para que estas puedan alcanzar una organización institucional más adecuada a su contexto y realidad regional.
Para mí, como Senadora de la Región de Los Ríos, lo anterior resultaba absolutamente crucial para prestar nuestra aprobación al proyecto, porque esta regulación afectaba directamente a la Universidad Austral y a la de Concepción. De esta manera, la primera podrá mantener, según el compromiso que asumió la Ministra, su actual forma organizativa.
5) Se adecúa la definición de personas relacionadas a los estándares vigentes en la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas. Así, el grado de consanguineidad pasa de tercero a segundo, y el porcentaje de participación de las personas jurídicas de 5 a 10 por ciento, permitiendo de este modo que las instituciones de educación superior adopten una forma más flexible en su forma de relacionarse con las demás universidades.
6) Además, el Gobierno se comprometió a incorporar un procedimiento que permita la celebración de operaciones prohibidas, siempre que la Superintendencia apruebe previamente un mecanismo de resolución de conflictos de interés, propuesto por la propia institución de educación superior.
7) Finalmente, el Ejecutivo señaló que mantendrá la obligación de acreditar todas las dimensiones, pero excluyó la de generación de conocimiento, creación y/o innovación (investigación), que solo será obligatoria para obtener la acreditación de excelencia, que es la más alta del sistema.
Con eso se transparenta el sistema, sin obligar a que todas las universidades deban ser complejas y se reconoce a las llamadas "universidades docentes".
Todos estos compromisos, adquiridos por escrito por la Ministra de Educación, nos han llevado a entregar nuestro voto favorable a la idea de legislar.
En consecuencia, votamos a favor de una nueva Ley de Educación Superior, sabiendo que aún existen diferencias que deben ser debatidas en las próximas semanas en la Comisión de Educación durante la discusión en particular con el objeto de subsanar los problemas que aún quedan pendientes.
Nosotros agradecemos la flexibilidad y la apertura del Gobierno, porque creemos que nos van a llevar a una mejor regulación del sistema de educación superior.
Sin embargo, como señalé, aún hay temas muy importantes que se encuentran pendientes, de los cuales solo mencionaré algunos -son más-, pues no me alcanza el tiempo.
Debemos modificar todas las normas referentes a los principios del sistema de educación superior a fin de no alterar por esta vía lo que ya legislamos en la Ley General de Educación, principalmente aquello que dice relación con un principio tan sensible como la autonomía de las universidades.
De otro lado, debemos cuestionar si realmente es necesario crear una Subsecretaría de Educación Superior, lo cual aumentaría innecesariamente el aparataje estatal y, además, convertiría a este organismo en un agente relevante para la fijación de los aranceles, en vez de ser una instancia técnica. Una amplia mayoría de los expositores y de los rectores plantearon que su creación es innecesaria.
También debemos discutir si precisamos un marco de cualificaciones, el que ha sido transversalmente criticado por tratarse de un concepto no arraigado en nuestra cultura, que da cuenta de cierta ambigüedad y abre la puerta para estandarizar el sistema de educación superior, afectando la diversidad y la autonomía de las instituciones. Ello constituye un germen de vulneración a la libertad de enseñanza y, sobre todo -esto es lo que a mí más me preocupa-, a la autonomía.
Asimismo, debemos revisar el sistema de acceso que propone el Gobierno para no restar autonomía a las universidades, tal como lo han sostenido transversalmente todos los actores.
Finalmente, resulta muy importante señalar que este proyecto no consagra -como se ha dicho- la gratuidad universal, sino que, como sostuvo el Senador Ignacio Walker, solo garantiza una gratuidad en la medida de lo posible.
En efecto, según los cálculos expuestos en la Comisión, sobre la base del texto del proyecto de ley del Gobierno, recién en once años más se aumentará del 60 al 70 por ciento, en circunstancias de que hoy día estamos en el 23 por ciento de la matrícula. Para llegar al 90 por ciento más vulnerable se demorará por lo menos, ¡por lo menos!, setenta años más.
Señor Presidente, otro problema de esta iniciativa es que regula con un espejo retrovisor: mira hacia el pasado y no hacia los desafíos futuros de nuestro sistema de educación superior.
Y, por último, una reflexión final.
Ojalá los esfuerzos para financiar la educación superior sean de la misma intensidad cuando tengamos que preocuparnos de aquellos que no marchan: los niños de Chile en educación preescolar y escolar, y, sobre todo, nuestros adultos mayores por sus pensiones.
Gracias a la apertura de la señora Ministra...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
Para finalizar, en atención a lo anterior y valorando y reconociendo los compromisos adquiridos por escrito por la Ministra, los cambios comprometidos para el proyecto y las posibilidades de avance que vemos para contar con una Ley de Educación Superior mucho más flexible y respetuosa de la autonomía de las universidades, votamos a favor de la idea de legislar.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Saludo a los alumnos del Colegio Jorge Prieto Letelier, de Peñalolén, que hoy día nos acompañan.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, para todos aquellos que estamos hoy día acá y para los que han formado parte de este debate no cabe duda alguna de la necesidad que existe en nuestro país de impulsar una reforma a la educación superior después de 36 años.
Y esto no tiene que ver con razones ideológicas ni económicas, sino con la necesidad de hacerse cargo de la realidad de un Chile que cambió.
La educación superior es central para el desarrollo, para determinar cómo asumimos los desafíos futuros del país; para su crecimiento económico; para su desarrollo social; para una mejor distribución del ingreso y de las posibilidades que tienen la población, las familias, los jóvenes, la participación, la cultura, la justicia, la inclusión, la innovación, las ciencias, las artes.
No cabe duda alguna de que la educación superior es la medida del desarrollo de Chile.
Sin embargo, este proyecto, cuya idea de legislar hoy día estamos votando, no es esa reforma.
Con esto quiero ser clara en cuanto al desafío que tenemos en materia de discusión legislativa y reconocer la importancia de lo que hoy día estamos votando, toda vez que, de alguna manera, es un paso necesario, imprescindible, previo para llevar adelante esa reforma más profunda.
En definitiva, uno podría decir que este proyecto es como servir la mesa: establece el ordenamiento, el funcionamiento, el financiamiento de la estructura de los servicios necesarios para dar un paso siguiente.
Eso estamos planteando acá desde las distintas estructuras que consagra la iniciativa, como la Subsecretaría de Educación Superior; las instancias de acreditación; los mecanismos para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos; el establecimiento de la gratuidad, tal como se ha planteado en la Sala; el cómo entregamos atribuciones y recursos que nos permitan ordenar, aclarar los caminos, ajustar normas y resolver tensiones que es evidente que hoy día existen y que hemos visto: cómo se ha instalado el lucro, vulnerando las limitaciones al respecto, y cómo todos los jóvenes de nuestro país pueden tener acceso a desarrollar sus talentos.
Sobre ese debate, al que hoy día estamos llamados, entiendo que en la discusión particular hay todavía, además de los compromisos que asumió la Ministra y que se han reiterado en la Sala, mucho por hacer.
Por eso a mí me gustaría plantear al menos dos principios que me parece fundamental dejar establecidos en esta mesa que hoy día estamos ordenando, y que no han sido identificados con suficiente claridad.
El primero tiene que ver con la realidad de un país diverso, que de norte a sur, pasando por el centro, requiere el fortalecimiento de su identidad.
Me refiero al desarrollo regional como un principio positivo que tiene que quedar consignado en los artículos iniciales del proyecto de ley.
Eso guarda relación no solamente con cómo se potencian las universidades regionales y no se las castiga con aranceles regulados que no necesariamente reconozcan la composición del alumnado que accede a ellas, sino también con cómo estas se transforman en polos de desarrollo. Esto tiene que ver con la fortaleza del territorio; con su vinculación a la labor de la universidad; con la posibilidad de la formación de docentes a través del intercambio nacional e internacional; con las pasantías para alumnos y profesores; con la investigación y con el reconocimiento de cómo se generan efectivamente espacios para la creación y la innovación, a fin de que las universidades se vayan diferenciando, y, en definitiva, esta diferenciación en nuestros territorios sea una ganancia para el desarrollo del país.
En segundo lugar, cuando hablamos de educación, me parece fundamental el principio del compromiso cívico y social.
Hemos centrado el debate en el derecho a la gratuidad. Y todos reconocemos cómo lo instalaron los jóvenes: movilizándose en las calles. Es un principio que llega para quedarse, que se ha matizado, por supuesto, y discutido respecto a su financiamiento. ¡Pero ya nadie duda de cómo fue instalado!
Yo creo en una sociedad no solo de derechos, sino también de deberes.
Y ese es un principio que debe quedar establecido en el proyecto de ley.
Esto tiene implicancias prácticas. Por ejemplo, parte de lo que hemos construido como propuesta es que un alumno favorecido con gratuidad en educación superior, una vez terminada su carrera -en buena hora que lo haga-, se desempeñe durante un año en el Servicio País, en una comuna rural, en una localidad donde se requiera un profesional. Es decir, que de alguna manera sea parte de su formación el estar en contacto con una realidad que le entregue un sentido adicional a contar con una carrera: el aporte al país.
Me parece que ese es un principio que debe quedar consignado no solamente en la formación de pregrado, sino también en la de posgrado.
Para estudiantes de posgrado, en que el Estado ha financiado su educación -y me parece muy bien, además, que eso se haga y se potencie-, no debería presentarse el problema de que una vez que regresen al país con su grado de doctor no tengan dónde trabajar.
Asimismo, previamente ellos deberían definir a qué región van a volver a realizar su aporte (en un centro universitario), y su tesis tendría que estar relacionada con los desafíos existentes, por ejemplo, con el desarrollo de energía solar, en el norte; o con temas de conservación, en el sur; o con cómo tener mejores ciudades. De alguna manera, esos deberían ser recursos que estén a disposición de un fin, en que tengamos una mirada equilibrada de derechos y deberes.
Por lo tanto, el principio positivo del desarrollo regional y el compromiso cívico y social son dos elementos que tienen que incorporarse.
Un segundo punto que me gustaría destacar es que si hablamos de un sistema de educación superior es imprescindible darle más fuerza a la educación técnico-profesional.
Aquí se contempla una estrategia nacional de formación técnico-profesional y una unidad de coordinación.
Sin embargo, me parece que la educación técnica sigue siendo el pariente pobre de la educación. Es como si se pensara que todo el sistema apunta a que los jóvenes deben llegar a ser universitarios y las carreras profesionales son el único camino.
Creo que tenemos que revalorar la educación técnica. Esta tiene que recuperar un sitial que, además, es imprescindible para la existencia del capital humano necesario para asumir los desafíos de futuro.
No pienso en una educación de segunda categoría, sino, muy por el contrario, en la lógica de una formación continua, de la trayectoria de vida de una persona, y en cómo contar con una educación técnica relacionada con lo que hacen los jóvenes en la educación media (pensando mucho más en la experiencia alemana de la educación dual, que conocimos), que efectivamente entregue las mejores herramientas para acceder a un trabajo y para aportar a las necesidades del territorio.
En tal sentido, debemos sostener una discusión sobre el rol de los centros de formación técnica -materia que aprobamos en este Parlamento-, ya que no tiene sentido que compitan con la oferta privada.
Así no es como entiendo el rol del Estado, sino como una instancia articuladora en la lógica del fortalecimiento de la educación técnica en las trayectorias de vida, de la vinculación de la educación técnica con el mundo secundario, de la necesidad efectiva de mano de obra calificada y de los desafíos en cada una de las regiones.
Al respecto, creo que tenemos que avanzar, primero, en garantizar la gratuidad para el cien por ciento de los alumnos de la educación técnica, pero mirado desde la lógica de cómo avanzamos en aumentar los años de educación obligatoria; y que esto sea un paso que les permita a muchos seguir después una carrera universitaria, pero a otros, no. Algunos continuarán, incluso, perfeccionándose.
Ahí tenemos un ejemplo más de cómo no está contemplada la formación posterior en carreras tecnológicas. Respecto de la educación universitaria siempre pensamos en doctorado, en magíster, pero no así con relación a la educación técnica, donde se requiere, sobre todo si pensamos en un mundo donde el incorporar la tecnología y su desarrollo es fundamental para los desafíos futuros.
Creo que en materia de educación técnica tenemos bastante que hacer en la discusión particular del proyecto. Y aportaremos, sin duda, con indicaciones en esa línea, entendiendo, tal como lo señalaba inicialmente, que este ordenamiento que hacemos hoy día es un paso previo, indispensable, para lograr la educación superior necesaria para nuestro país.
Y, solo a modo de titular, señalo también la necesidad de generar espacios de creatividad, de innovación, que tienen que ver con la autonomía.
Existe el compromiso de no caer en la sobrerregulación. Sé que esta es necesaria (más bien, la vigilancia, la fiscalización). Sin embargo, espero que no signifique que pesen más las herramientas de control que la existencia de una educación superior que sea un motor de pensamiento, de generación de conocimientos, de generación de capacidades para el desarrollo de nuestro país.
Con gusto, voto a favor de este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sus Señorías, tomando en cuenta la hora de término de la sesión, ¿habría acuerdo para que la fundamentación de voto fuera por cinco minutos?
El señor QUINTANA.- ¡No! Estamos en la discusión en general.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, continuamos.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Gobierno, porque estamos ampliando una de las políticas públicas más importantes de los últimos años.
La educación es la principal herramienta de movilidad social. Y si el Gobierno se ha fijado como objetivo reducir la desigualdad, qué mejor entonces que ampliar la posibilidad de que más jóvenes tengan acceso a la educación superior.
En estos días se ha planteado una discusión respecto de los elementos cuantitativos: los costos de los programas, los verdaderos beneficios, en fin.
Por eso, creo importante ponerle cifras, números a lo que el Gobierno está haciendo y a lo que deberemos seguir haciendo en el futuro.
En este año, 262 mil 160 estudiantes han accedido a la gratuidad o han renovado su acceso a ella. De estos, 93 mil 327 son jóvenes que ingresaron este año a la educación superior, y 54 mil 713 son alumnos que ya cursaban alguna carrera.
El total de beneficiarios representa al 25 por ciento de toda la matrícula de pregrado. Para decirlo de otra forma: hoy, 2017, uno de cada cuatro estudiantes de educación superior ya estudia sin pagar matrícula o arancel.
Qué distinto es esto, ¿no? ¡Qué diferente es a lo que ocurría hasta hace algunos años!
Desde el punto de vista de la distribución, de los 262 mil estudiantes favorecidos con la gratuidad el año 2017, 93 mil 535 jóvenes (es decir, un 35,7 por ciento) están matriculados en un centro de formación técnica o en un instituto profesional, mientras que un 64 por ciento lo está en universidades.
Eso habla de que la mirada no solo tiene que ser puesta en quienes desean estudiar carreras profesionales, sino también en aquellos que legítimamente quieren cursar carreras técnicas.
¡Por Dios que es importante para nuestro país perfeccionar a nuestros jóvenes en carreras técnicas!
Hoy día el desarrollo de la tecnología y los avances en innovación, en investigación, en robótica exigen capacidades técnicas que un aula universitaria no entrega, pero que sí puede dar un instituto profesional o un centro de formación técnica.
Los números nos revelan que más de la mitad de los jóvenes de primer año beneficiados con la gratuidad pertenecen al sector técnico profesional, lo cual resulta tremendamente importante.
Señor Presidente, considero de gran relevancia señalar también que la gratuidad no es exclusiva para aquellos alumnos con vulnerabilidad social. Por cierto, en este momento estamos hablando de los segmentos más pobres de nuestro país. Pero también en estos segmentos se está exigiendo reunir requisitos de ingreso, es decir, talento y esfuerzo.
¡Qué distinto sería Chile si existiera un sistema discriminatorio por talento y esfuerzo y no por plata!
Hoy día estamos avanzando hacia allá: no solo damos gratuidad a quienes socialmente la necesitan, sino también a aquellos que, requiriéndola, poseen talento y esfuerzo. Son premiados el talento y el esfuerzo.
¡Qué relevancia tiene esto!
¡Es muy importante!
Un señor dijo por ahí que quien paga tiene mayor compromiso.
Le quiero responder, no con discursos, sino con cifras objetivas. Como a este caballero le gustan las cifras, veamos qué nos dicen las cifras.
Puedo afirmar en esta Sala que los jóvenes beneficiados con la gratuidad son más comprometidos que aquellos que no la tienen. El nivel de deserción de ellos es menor que el de aquellos que no tienen gratuidad.
Sepa usted, señor Presidente, que este año la retención de los estudiantes que cuentan con gratuidad fue de 86,8 por ciento -es decir, casi 9 de cada 10 se mantienen-, mientras que entre aquellos que estudian sin gratuidad la retención fue de 79,2 por ciento.
Este elemento es cuantitativo, objetivo.
Pero también hay uno subjetivo.
En mi zona, en las Regiones del Biobío y de Ñuble, me ha tocado compartir con beneficiarios de la gratuidad y sus familias.
No se imagina, señor Presidente, su nivel de compromiso con el buen rendimiento, pues saben que esta es la primera oportunidad, y quizás la última, que tienen para salir de la condición de pobreza.
Hablo de esa hija de una temporera de la comuna de Coihueco, cuya madre jamás en la vida pensó que un hijo suyo cursaría la enseñanza técnica o profesional y que hoy ve cómo esa joven estudia en una universidad. Ante esto uno dice: "¡Por Dios que es importante!".
Se le está cambiando la vida a la gente.
Tenemos un desafío relacionado con la lejanía de ciertas zonas, pues la gratuidad en el pago del arancel y de la matrícula no siempre es suficiente. Porque también hay que cubrir gastos de traslado o de alojamiento a quienes deben viajar desde el mundo rural a la zona urbana.
Sin embargo, ¡por Dios que es importante lo que estamos haciendo!
Es destacable que la Presidenta de la República también haya tenido la valentía de impulsar la gratuidad a instituciones sin fines de lucro. Porque la tentación, y la presión de algunos, apuntaba a que el beneficio abarcara a todas las entidades educacionales. Pero lo que no queremos es que estos recursos que todos los chilenos estamos aportamos para la gratuidad se destinen a algunas instituciones que impulsarán un negocio inmobiliario.
Es muy importante que cada peso que se gasta en gratuidad se invierta en calidad de la educación.
Desde el punto de vista de la descentralización, en 2017, 62,5 por ciento de los beneficiarios de la gratuidad corresponde a jóvenes que estudian en regiones distintas a la Región Metropolitana. Es decir, más de 6 de cada 10 jóvenes que accedieron al beneficio no viven en la Capital, lo cual es tremendamente importante.
Me felicito de haber votado a favor, ya que 14,2 por ciento del total de beneficiarios -es decir, 37 mil 183 estudiantes- pertenece a las actuales Regiones del Biobío y de Ñuble.
Es de gran trascendencia dar oportunidades a jóvenes de regiones.
Ahora tenemos que pasar al segundo nivel: descentralizar dentro de las regiones, sobre todo a los sectores más rurales.
Adicionalmente, la gratuidad ha favorecido a 2 mil 642 jóvenes con discapacidad y a mil 831 extranjeros.
¡Qué importante es incluir a través de la educación en momentos en que se discute sobre inmigración e inclusión!
Aquí está la inclusión: 2 mil 642 jóvenes con discapacidad fueron beneficiados con la gratuidad.
¡Qué importante es eso!
A partir de este año los hijos de 27 mil 250 familias que estaban endeudadas con el CAE pasarán a estudiar gratis. Es decir, dejarán de endeudarse para estudiar.
¡Eso también es muy relevante!
Señor Presidente, 35,9 por ciento de los beneficiarios de la gratuidad proviene de un colegio municipal.
¡Qué importante resulta eso cuando gran parte de la sociedad chilena estudia en la educación pública!
¿Qué sucede en materia de proyección?
Actualmente, los beneficiarios provienen de familias que pertenecen al 50 por ciento de la población con menores ingresos. Tenemos que avanzar hacia el 60 por ciento, lo cual implica pasar a un ingreso per cápita familiar ubicado entre 180 mil y 230 mil pesos. Para decirlo de otra forma: los hijos de familias conformadas por 4 personas cuyo ingreso total llegue hasta 920 mil pesos podrían estudiar gratis. Así, la hija de profesores y aquella cuyo padre es comerciante también estudiarían gratis.
¡Qué tremendo beneficio!
Señor Presidente, considero muy relevante lo que estamos haciendo hoy. Felicito al Gobierno de la Presidenta Bachelet. Es importante que la gente sepa cuánto estamos avanzando.
Encantado voto a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto, pues me parece que es la mejor herramienta de movilidad social.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto viene a coronar una reforma al sistema educativo en Chile que comenzó con fuerza durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y al término de su mandato vemos cómo se ha cumplido una quimera, un sueño para la sociedad chilena.
Estamos definiendo como indispensable el rol del Estado en materia de educación.
Lo que se decidió, y que votará el Congreso, es la gratuidad universal. Esto tiene que ver con cómo garantizamos calidad en la educación superior.
Ello, sin perjuicio de las otras reformas aprobadas por el Parlamento y que ya se encuentran en proceso, relacionadas con el acceso a la educación prebásica, a la educación parvularia, a la educación básica, a la educación media (científico-humanista y técnico-profesional) y a la educación superior.
Me parece que uno de los elementos centrales de la movilidad social tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de las personas.
Y mediante esta iniciativa estamos poniendo el acento precisamente en eliminar una desigualdad enorme que afecta a los sectores más vulnerables, que carecían de capacidad para la movilidad social por falta de conocimiento, a tal extremo que recién ahora estamos terminando con las cifras de analfabetos en Chile. De hecho, en la Región de La Araucanía todavía existen zonas en donde hay bolsones de personas que no saben leer ni escribir.
Al mismo tiempo, hoy en mi Región más de 20 mil estudiantes tienen acceso a la educación superior gratuita, y además con calidad.
Por esa razón en este proceso se crearon organismos como la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia de Calidad de la Educación y un sistema de financiamiento para las instituciones, a fin de que proceda efectivamente la gratuidad.
Cuando hablábamos de gratuidad muchas veces el foco de la discusión apuntaba a si la entregábamos a unos pocos, es decir, al 40 o 50 por ciento, o al 70 por ciento, o si llegábamos al 90 o 100 por ciento.
Ese debate, que ha llamado la atención especialmente de determinados centros de estudio, tiene que ver con decidir cuál es el rol del Estado para garantizar este derecho. ¡Porque esto es un derecho! Y no se puede garantizar un derecho solo a una parte de la sociedad. Por eso la gratuidad es universal, es para todos.
Pero algunos dicen: "¡Cómo vamos a financiar los elevados costos que implica incorporar a sectores de altos ingresos en un beneficio que no deberían recibir!"; "Quizás con esos recursos tendríamos que atender otras necesidades básicas, como el agua potable"; "Hay familias que no cuentan con agua potable, entonces, ¡cómo vamos a garantizar acceso universal a sectores pudientes para financiarles la educación!".
Lo que sucede es que el concepto del derecho a la educación tiene que ver con que no se puede parcializar ese derecho, así como no puede parcializarse el derecho a la seguridad, al acceso a la vía pública o a los bienes públicos.
Creo que una sociedad que avanza es aquella que garantiza derechos tan básicos, tan elementales como la herramienta más importante para la promoción social.
Este proyecto viene a coronar un gran esfuerzo, con una enorme participación. Estaba leyendo en los informes que más de 130 instituciones asistieron al debate de esta iniciativa, que, en verdad, hace cuatro años nadie soñaba que sería una realidad.
El paso que Chile ha dado en esta materia es gigantesco, colosal; es un ejemplo. Estos resultados no se verán mañana, no se verán el próximo año, sino a mediano y a largo plazo.
Pero pienso que vamos a marcar un antes y un después a partir de lo que significa esta reforma, en un área en la que todavía resta mucho.
Aún queda bastante por hacer en los otros niveles de educación. Pero asegurar calidad y universalidad es un paso que esta sociedad merece, que los chilenos merecen, y no nos vamos a arrepentir de ello.
Por eso, con mucho entusiasmo, voto a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto de ley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Gobierno, a la Ministra de Educación por este logro y por seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de la educación pública y en la gratuidad. Quienes somos hijos de la educación pública gratuita sabemos el significado de la ley en proyecto.
Deseo recordar que en marzo de 1981 iniciaba su funcionamiento, en una casona de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, la llamada "primera universidad privada del país". Unos meses más tarde se inauguraba en el mismo sector oriente de la Capital, el primer mall de Chile.
Con la inauguración de la nueva y pequeña universidad se iniciaba el que llegaría a ser un próspero negocio, enfocado inicialmente en un nicho muy acotado de jóvenes de clase alta que no habían obtenido un puntaje suficiente en la entonces Prueba de Aptitud Académica.
Con los años, llegaron a ser más de un centenar de instituciones, y aumentaron su cobertura hasta más de la mitad de la matrícula total, extendiéndose a alumnos de sectores medios e incluso vulnerables.
Con los centros comerciales pasó otro tanto. Se extendieron en toda la ciudad y por todo nuestro país, controlando hoy la mayor parte de las ventas.
La proliferación de malls y de universidades es parte de un mismo proceso de expansión del consumo y de mercantilización de la sociedad.
¡Pero no es lo mismo un mall que una universidad!
Para algunos es lo mismo. ¡Y no para cualquiera! Un ex Presidente y ahora candidato dijo, al inaugurar un edificio de DUOC, que la educación es un bien de consumo.
Si bien ese tipo de declaraciones en el pasado pudieron pasar inadvertidas y sin mayor controversia, el año 2011, cuando fueron pronunciadas, generaron indignación y provocaron la movilización de millones de personas.
Desde entonces a estos días, muchas cosas han pasado y muchos han cambiado.
Se resistieron a la inclusión en la educación escolar y a la reforma tributaria que permitiría generar los ingresos para la gratuidad en la educación superior.
Esa falta de visión los llevó a perder una elección, y ahora ven el riesgo de perder otra. Por eso están dispuestos a corregir -esto sí se puede corregir- o, al menos, han moderado sus posiciones iniciales.
Ahora formalmente reconocen que la educación es un derecho y valoran la gratuidad, aunque en verdad creen en los beneficios más que en los derechos, y en las becas más que en la gratuidad.
Ponen el acento en la calidad, pero no quieren sistemas de aseguramiento obligatorios y más estrictos.
Están de acuerdo en la prohibición del lucro, pero no quieren explicitar las sanciones en caso de infracciones.
Dicen defender la educación pública, pero no están dispuestos a tomar ninguna medida en su favor que no sea de aplicación general, negando sus fines propios y sus características singulares.
Es cierto, muchas cosas han cambiado desde 1981, y especialmente en educación superior desde el año 2011.
Varios de los que antes eran expertos en comprar, fusionar y vender universidades ahora se han retirado del negocio porque se hizo más riesgoso.
Los ideólogos que imponían a ultranza sus principios en los años 80, sin admitir protesta alguna, ahora están dispuestos a dialogar.
Yo valoro estos cambios.
Pero nada devolverá sus años perdidos a los miles de estudiantes estafados por la Universidad del Mar y otras instituciones.
Nada devolverá sus sueños a las decenas de miles de jóvenes que no han conseguido un empleo en el área que estudiaron.
Estoy seguro de que esas personas y sus familias valoran el paso que estamos dando y saben muy bien quiénes han estado detrás de este gigantesco engaño todos estos años y quiénes han bregado por desmantelar este negocio; quiénes han obstaculizado los cambios al sistema y quiénes han insistido en transformarlo para contar, de una vez por todas, con un sistema de educación superior que permita alinear las instituciones detrás de objetivos estratégicos del país, que asegure calidad, diversidad y equidad en el acceso y que tenga como eje la educación pública.
Por eso, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de darle la palabra al Senador señor Lagos, y para no tener problemas más adelante con el quorum, propongo fijar plazo para presentar indicaciones respecto de este proyecto hasta el jueves 28 de diciembre.
El señor LARRAÍN.- ¡Viernes 29, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Viernes 29, al mediodía.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, con muchas ganas y alegría votaré a favor en general este proyecto de ley.
Esta iniciativa viene a complementar los otros proyectos que se han venido formulando en este Gobierno y los esfuerzos en simultáneo.
Esta no es una iniciativa -como algunos han querido focalizarla- centrada solo en la educación superior, única, aislada, universitaria, producto del movimiento estudiantil.
Ese movimiento, sin duda, empujó la agenda. Decir lo contrario sería negarnos a nosotros mismos.
Pero acá ha habido un esfuerzo sistemático en todas las esferas.
En educación parvularia se ha invertido alrededor de 1,6 por ciento del PIB. Se gasta y se invierte en educación parvularia. Se han creado más de 70 mil cupos en este Gobierno, lo cual beneficia a alrededor de 500 mil niños y niñas. ¡Son muchos niños y niñas!
En la amplia Región de Valparaíso he asistido a numerosas inauguraciones de jardines infantiles y salas cunas, lo que es una realidad.
Eso, en sintonía por ejemplo con un proyecto sobre reforma de la carrera docente.
En los profesores de Chile se invierten 2 mil 300 millones de dólares. ¡Son muchos recursos!
Entonces, tenemos la educación parvularia; la carrera docente; las subsecretarías que se han ido creando.
Ahora, esta iniciativa de ley intenta capturar un aspecto muy relevante: el de la educación superior.
Nos podríamos concentrar en la gratuidad (lo voy a hacer a renglón seguido). Pero aquí hay un esfuerzo en el sentido de mirar la educación superior de forma integral.
Se generan una Subsecretaría y una Superintendencia de Educación Superior (esta última velará por la fiscalización).
Se establece una unidad de formación técnico-profesional.
Se abordan la educación universitaria -cómo no- y la educación técnico-profesional.
Se trata el tema de las acreditaciones, que había sido objeto de cuestionamientos.
¡Perdón!
De las cosas que se han hecho, se me quedaba la normativa que aprobamos en el Parlamento para hacernos cargo de las experiencias fallidas de educación superior, que nos acompañan hasta el día de hoy.
Entonces, siento que puedo mirar todo aquello y decir "Teníamos razón: ganamos al imponer la agenda", o bien, valorar el esfuerzo que vi en una intervención -y, con la venia de la Mesa, voy a identificarla con nombre y apellido- de la Senadora Ena von Baer, quien durante la discusión general trató de ser ecuánime -y creo que lo consiguió- al manifestar cuáles eran sus preocupaciones. Y observé una votación de la idea de legislar que me permite ser optimista en cuanto a los resultados de este proyecto.
No me cabe duda de que de aquí al 28 de diciembre, cuando venza el plazo para presentar indicaciones, formularemos proposiciones para mejorar la iniciativa o adecuarla a nuestras percepciones e inquietudes.
Pero me gustó el tono. Y lo digo bien sinceramente. Porque ese tono -y, si se quiere, me incorporo- no lo teníamos desde hacía mucho rato en una materia tan importante como la educacional.
Algunos cínicos van a decir que es producto de la elección que se realizará el próximo domingo. Tal vez en algunos casos sea así. Pero yo garantizo que el resultado final de este proyecto será bueno.
Y quiero entrar de lleno en lo de la gratuidad.
Yo creo que la gratuidad en la educación superior va a ser un punto importantísimo en lo que ocurrirá el domingo 17 de diciembre, pues siento que hay gente que ha cruzado una calle para decir que la gratuidad en dicho nivel tiene un elemento positivo.
A mi entender, todos tenemos derecho a cambiar de opinión.
No podemos no hablar de eso.
El actual candidato y ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, dijo compartir los fundamentos de la gratuidad en la educación superior.
Eso no es menor.
Lo fácil es sostener que lo hace para conseguir votos el domingo venidero. Es factible. Y algunos lo ven así.
Él aspira a gobernar a Chile, y tiene una chance de ser elegido. Mi candidato es el Senador Alejandro Guillier. Pero Sebastián Piñera puede ser elegido Presidente de la República el domingo 17 de diciembre.
Entonces, para mí es muy importante lo que él hizo al dar aquel paso.
Por eso le auguro un buen resultado a este proyecto de ley.
Ahora, no se trata solo de la magia de las elecciones. Yo quiero creer que detrás de esto hay una convicción genuina. Porque, como recorrió Chile y como escuchó el resultado de las elecciones del 19 de noviembre último, para mí esa es una cuestión fundamental.
A mi entender, lo que va a definir la elección presidencial del próximo domingo es el hecho de que un sector que tenía una visión distinta sobre nuestro país dijo haber escuchado lo que expresaron los chilenos.
Entonces, entre las diversas propuestas que hay -porque es grande el universo de sugerencias y miradas-, algo se empieza a enrielar: la gratuidad en la educación superior.
Y ello no es sorpresa, pues dice relación con la lectura que ha tenido la sociedad chilena.
Las clases medias emergentes ya no son el 44 por ciento de pobres que había en los años noventa. Hoy día ese sector tiene una demanda que debe ser satisfecha por el Estado.
Sí: todavía debo preocuparme de los campamentos, de la falta de alcantarillado, en fin. Eso es una realidad. Pero, en paralelo, tengo que hacerme cargo de otras demandas ciudadanas, que emanan precisamente de personas que han visto cambiar sus vidas, pero que tienen encima de ellas dos elementos que les preocupan permanentemente y uno que las angustia en el día a día. El último es la seguridad. Los otros dos son la educación superior de sus hijos y las pensiones.
Tales son los temas que vamos a tener acá en nuestra actividad. Y para eso son la reforma de la Constitución y una serie de otros asuntos que vamos a discutir.
Sin embargo, yo siento que, en un tema tan crucial como este y ante una elección tan reñida como la del próximo domingo, un candidato dio el referido salto.
Sé que algunos dicen que es por los votos y porque un Senador le dijo que lo iba a apoyar si se pasaba a la vereda del frente.
Pero si aquello lo hace una persona que puede ser elegida Presidente de la República el domingo 17 de diciembre próximo, yo debo creer que en ella hay algo de convicción tras haber escuchado lo que le dijo la ciudadanía.
El tema de la gratuidad es tremendamente importante. Porque ahora no discutimos si es el 60 o el 70 por ciento.
Yo comparto la universalidad. Coma: en la medida que en Chile se hayan resuelto otros problemas.
Eso es evidente. Nadie va a decir lo contrario.
Yo no voy a permitir que a mi hijo y a mi hija les paguen la universidad mientras en esta Región sigan existiendo el campamento Manuel Bustos y la población Felipe Camiroaga. De no ser así, ello constituiría una mala asignación de los recursos e implicaría no entender nuestro país.
Siento, pues, que este proyecto cae en el mejor momento.
Además, hay que hacerse cargo de un argumento bastante falaz e injusto.
Se dice "No coloquen temas muy relevantes y muy complejos ante una elección", como si ello fuera improcedente e impropio.
En el sistema parlamentario el Primer Ministro dice: "¿No me quiere aprobar este proyecto de ley? Disuelvo el Parlamento. Quienes estén conmigo me lo aprueban. Y los que no, verán cómo les va".
Aquí, como no tenemos sistema parlamentario, ¡qué mejor que haber puesto aquellos temas en una elección presidencial y parlamentaria, para saber qué piensan los señores Diputados y Senadores y los líderes de cada sector!
Si no, uno vota, pasan tres años y la gente ya no se acuerda.
¿Alguien recuerda cómo se votaron acá el proyecto modificatorio de la Ley de Pesca y la iniciativa sobre aborto? Hay que estar recordándolo.
¿Cómo se votó la reforma laboral? ¿Cuánta gente le dio el respaldo a un Senador o a un Diputado que salió elegido y votó en contra de ella?
No se hace el equivalente, el match.
Yo siento que esta discusión general es el momento legítimo, correcto y justo para señalar qué pensamos sobre la materia en debate.
Créanme -y lo digo con convicción-: más allá de que le pueda haber salido a regañadientes, valoro lo que hizo el Presidente Piñera.
Asimismo, valoro que tengamos dos candidatos presidenciales (el mío es Alejandro Guillier, con mi Gobierno, el de la Presidenta Bachelet, y la Nueva Mayoría en pleno empujando por la gratuidad, junto con la nueva coalición política) y que hoy día existan sectores de la Derecha chilena -llámese "Derecha social", "Derecha liberal", "Derecha ubicada", "Derecha que escuchó lo qué piensan los chilenos": me da lo mismo- que dicen creer en la gratuidad de la educación.
No es la primera vez que ocurre: nos ocurrió siempre.
Nos sucedió desde el Gobierno de Juan Luis Sanfuentes, a principios del siglo XX, cuando nos tomó alrededor de 18 años aprobar la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, pues un sector de conservadores no quería que fuera obligatorio ir a la escuela.
Después nos ha ocurrido en otras materias, pues hay un sector que demora mucho en sumarse a Chile, ya que a veces va -como digo yo- dos o tres pasos detrás.
Hoy día lo hicieron a tiempo.
Yo estoy tranquilo desde el punto de vista de este proyecto (no del resultado de la elección presidencial), porque veo que tiene garantizado un apoyo presidencial.
Ahora, si el resultado es el que yo quiero, ¡qué bueno saber que tendremos fuerzas políticas del frente que van a cooperar para mejorar esta iniciativa y no para echarla abajo ni para llevarla al Tribunal Constitucional como lo hacen permanentemente en esta materia!
Es bueno saber que las cosas pueden cambiar.
Se puede mejorar el articulado: no cabe ninguna duda. Pero siento que hemos dado un tremendo paso adelante.
Señor Presidente, apruebo con entusiasmo, con alegría y con gran convicción este proyecto, pues creo que no va a ser el único.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quisiera rectificar el plazo para presentar indicaciones.
Me dicen que el 28 de diciembre sería la fecha conveniente.
El señor LARRAÍN.- No hay problema, señor Presidente, para que la Secretaría haga bien su trabajo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Exacto.
En consecuencia, así queda establecido.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Nos acompañan delegaciones del Colegio Integral Altazor, de Peñaflor, y de la Escuela Popular de Teatro de Recoleta.
También, un grupo de jóvenes del Pro Argentino.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)-------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, voy a ser breve, dentro de lo posible, porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya lo han dicho casi todo.
Me voy a quedar con las últimas expresiones del Senador Lagos, que me interpretan absolutamente.
Yo también apruebo con mucha alegría este proyecto de ley.
¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque este es otro país, otro Chile.
¡No se podrá detener lo que se ha avanzado hasta este momento! ¡Esto no lo frena nadie!
Y eso es lo que nos motiva.
Por intermedio de la Mesa, quiero expresarles mis sinceras congratulaciones a la Ministra de Educación y a la propia Presidenta de la República, quienes se han atrevido a avanzar en esta materia, junto con nosotros, como no se pensaba.
Señor Presidente, no me voy a detener en los aspectos más técnicos de esta iniciativa, pues ya se han analizado. Sí, además de la enseñanza superior, quiero centrar un poco mi discurso en lo que de aquí en adelante significará para Chile la educación técnica, que hoy día se requiere con extrema urgencia para avanzar como país en el ámbito productivo y a la que no se puede mirar como si fuera de segunda calidad, de segunda categoría.
Al respecto, felicito la creación de quince centros de formación técnica estatales, los que cada cinco años tendrán una mirada oxigenada que les permitirá establecer carreras en la medida que nuestra nación vaya requiriendo expertos en distintas áreas.
En consecuencia, no puedo sino alegrarme por ello.
Además, me complace lo que me tocó vivir hace algunos años, cuando mi voto implicó sacar a un Ministro de Educación: más allá de las amenazas públicas y de lo que significó la persecución posterior a la emisión de mi voto dirimente, ¡jamás retrocedí un segundo en mi decisión de, en alguna medida, permitir que toda esta discusión se abriera, se transparentara, para de una buena vez dejar de lado todo lo que desde el punto de vista económico envolvía la existencia de universidades privadas cuya prioridad, independiente de la calidad de su enseñanza, era -hoy día para nadie es un misterio- el beneficio pecuniario!
Jóvenes de mi Región, la de Magallanes, sufrieron en carne propia los efectos del cierre de algunos de aquellos planteles, que, como indiqué, privilegiaban el lucro por sobre lo que siempre debió ser: la entrega de educación superior adecuada en cada una de las regiones.
Entonces, con muchísima satisfacción aprobaré en general este proyecto de ley.
Sin embargo, no puedo abstraerme de la situación regional.
En mi Región se encuentra la Universidad de Magallanes, que está llevando adelante procesos extraordinariamente significativos.
Allí tenemos el laboratorio natural más grande del mundo en materia antártica, de investigación, de ciencia, de clima, etcétera.
Ahora se está creando un centro de investigación y medicina.
Entonces, señor Presidente, me voy a valer de esta intervención en general para, por su intermedio, pedirle a la Ministra de Educación que no deje de tener la mirada necesaria en cuanto a lo que significa hacer ciencia, investigación, educación superior y técnica en una zona extrema como la Región de Magallanes.
En materia de aportes basales, nuestra Región ha sido ¡la más castigada!: uno por ciento, aproximadamente.
Aquello obliga a las autoridades de dicha Universidad y a toda la comunidad de Magallanes a volver a solicitarle a la referida Ministra la entrega de un aporte adicional.
Señor Presidente, casi 40 por ciento de los jóvenes que estudian hoy en la Universidad de Magallanes tienen gratuidad.
¡Eso es extraordinario!
En su gran mayoría, se trata de los primeros profesionales de la familia.
¡Cómo no alegrarnos de todo esto!
¡Cómo no alegrarnos de ver un nuevo país, una nueva posibilidad de acceso a la educación técnica y profesional para familias que jamás pensaron en ella!
Pero eso se nos cae cuando a la Universidad de Magallanes, por grandes que sean sus esfuerzos, le resulta imposible competir como lo hacen establecimientos de educación superior situados en lugares más poblados, lo que permite a lo menos obtener los aportes y el financiamiento necesarios para la administración.
En este punto, le reiteramos al Ministerio de Educación -lo planteé durante la discusión del último proyecto de Ley de Presupuestos- nuestra solicitud en el sentido de que a nuestra Universidad se le otorgue un aporte financiero especialísimo, atendido el hecho muy particular de que se halla en una zona extrema: la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Como ya señalé, votaré favorablemente este proyecto de ley.
Me parece tremendamente positivo que la Ministra se haya allanado a acoger sugerencias durante la discusión particular. Probablemente presentaremos muchas indicaciones para mejorar el articulado, para cambiar la mirada, para no discriminar en la educación superior, la que, sin lugar a dudas, será un enorme polo de desarrollo en el futuro de nuestro país.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta es, sin duda, una reforma histórica.
Vivimos otra en un tiempo distante: el año 67 (entiendo que el Senador Allamand estaba en la enseñanza media). Y uno miraba la revolución encabezada por la Universidad Católica, casi paralela a la llamada "Mayo del 68", que buscaba transformar el contexto de la educación superior en el mundo. Y Chile fue parte de eso, en un proceso que también tocó a las universidades, a los estudiantes.
Era la época en que los rectores marchaban con los alumnos para exigir la reforma.
Luego vino la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que a fines de los 80 -por cierto, no había Parlamento- impuso una normativa que posibilitó la creación de universidades privadas y generó condiciones para el estrangulamiento de las universidades públicas. Se jibarizó a la Universidad de Chile y se les impusieron condiciones a los otros planteles de educación superior, los cuales, incluso siendo privados, tenían un fuerte contenido público.
Ahora, en 2017, se plantea una reforma cuyo eje es reestructurar la educación superior a través de un elemento en verdad revolucionario: la gratuidad.
¡Qué más revolucionario en un proceso educacional que en el acceso a la educación superior, elemento base del ascenso social, se posibilite la incorporación de todos los jóvenes, sin distingo de origen social, sino con la sola valorización del mérito!
Yo siempre fui partidario de la creación de un ministerio de educación superior, como lo tienen Finlandia y Cuba. Es decir, de un organismo que siguiera los modelos de esos dos países, que son totalmente opuestos -el primero, con un sistema capitalista neoliberal, y el segundo, con un régimen socialista- y que tienen como condimento el hecho de ser, uno, la mejor educación del mundo, y el otro, la mejor educación de América Latina.
Señor Presidente, se ha estimado necesario crear una institucionalidad como la que estamos conociendo hoy mediante este proyecto de ley.
Tengo la convicción de que a poco andar Chile va a contar con un ministerio de educación superior.
¿Qué tiene que ver, bajo una misma Cartera, un doctorado en Bioquímica o en Biología Molecular con enseñar a leer a un niño de seis años?
La separación institucional será parte de una reforma que va a durar menos de lo que pensamos.
Señor Presidente, esta iniciativa establece que en nuestro país hay educación mixta: privada y pública.
De la lectura del informe desprendemos que ha habido un debate duro y feroz en torno a todo el articulado.
Por ejemplo, en cuanto a la creación de la Superintendencia y de la Subsecretaría de Educación Superior.
También, en lo concerniente a la definición de "universidades públicas".
Al respecto, el Rector de la Universidad de Chile echa de menos una consideración al hecho de que las universidades públicas tienen una condición particular y afrontan una deuda de arrastre tremenda por parte del Estado.
Se puede observar que existirá la posibilidad de indicaciones.
Espero conversar con los rectores de los planteles de enseñanza superior de mi Región: Sergio Lavanchy, de la Universidad de Concepción, y Héctor Gaete, de la Universidad del Biobío, para poder conocer su impresión acerca de la larga etapa de debate.
Si algo queremos rescatar de la minuta que se nos ha hecho llegar y que forma parte del informe es que las universidades regionales no obtuvieron en el proceso todo lo que querían. Hemos descentralizado la gratuidad y el 62,5 por ciento de los estudiantes que acceden a ella son de regiones distintas de la Metropolitana, mas uno diría que esos establecimientos tienen un rol que jugar en el desarrollo local, papel que debe ser facilitado por la institucionalidad y el Estado.
Eso se tiene que reflejar de una manera mucho más concreta que el reclamo que formulen. Espero que hagamos el esfuerzo, de aquí al 28 de diciembre, de recogerlo en el proyecto de ley.
Agradezco el voto favorable de la Senadora señora Von Baer y de la Oposición. Se le podría preguntar a la señora Ministra si se negoció algo con ese sector. ¿Cómo cambió tan violentamente de criterio, desde un fuerte rechazo a la gratuidad, desde una posición muy contraria al avance de la iniciativa, a una aprobación?
¡Me alegro profundamente de ello!
Ojalá el acuerdo y la negociación primaran siempre en estos asuntos, lo que no tiene que ser visto como una transaca ni como un elemento propio de la coyuntura. Me complace enormemente que el proyecto pueda ser votado en general de manera consensuada.
Es deseable que las indicaciones no lo ataquen. Porque una cosa es aprobar la idea de legislar, y otra, formularlas en términos que extiendan el debate al infinito.
Una suficiente racionalidad permitiría comprender que la iniciativa es necesaria para el país, independientemente de los resultados del 17 de diciembre. O sea, Chile requiere una nueva ley de educación superior, que es lo que estamos votando ahora.
Hemos dicho que elementos tales como las universidades regionales tienen que ser repuestos. Espero presentar indicaciones sobre el particular.
Hay un aspecto muy claro en torno a la gratuidad. Quiero consignarlo expresamente: ella favorece ahora a 27 mil 250 estudiantes que hasta el año 2016 contaban con el crédito con garantía estatal (CAE). ¡Eso es extraordinario! Si podemos exhibir tal avance, lo que hacemos es ir poniendo freno a un sistema que debe terminar.
Ya mencioné que el 62,5 por ciento de los beneficiarios de la gratuidad en 2017 son estudiantes en regiones distintas de la Metropolitana (163 mil 838 jóvenes), principalmente en la del Biobío (14,2 por ciento del total y 37 mil 183 estudiantes), la de Valparaíso (12,4 por ciento del total y 32 mil 442 estudiantes), la de La Araucanía (7,8 por ciento del total y 20 mil 322 estudiantes) y la del Maule (7,6 por ciento y 19 mil 910 estudiantes), como se establece en la tabla facilitada por el propio Ministerio.
Se trata de personas en condición de vulnerabilidad, pero también de mérito. No basta con pertenecer al 50 por ciento de las familias de menores recursos. Se deben haber cumplido con los requisitos académicos de ingreso establecidos por las instituciones adscritas, cada cual con autonomía.
¿Cuáles son las condiciones para acceder a una carrera? Las determina la propia entidad. Se trata de planteles de calidad, esperamos que acreditada, en la mayoría de los casos por cuatro años.
Cabe recordar que a la fecha existen treinta y dos universidades, seis centros de formación técnica y seis institutos profesionales adscritos. Es decir, hay cuarenta y cuatro instituciones.
Solo quiero recordar que estuve dos años en la Comisión de Educación en mi anterior período senatorial. Cuando quisimos la acreditación, se suscitó un fuerte debate y se nos imputó que éramos estatistas, que queríamos intervenir el alma mater. Hubo una feroz oposición a que la hubiera, porque eso era intervencionismo.
Creo que el tiempo nos ha dado claramente la razón, no solo por el acceso a la gratuidad, que es el mecanismo de presión -digámoslo francamente-, sino también por ser una necesidad de país. Universidades acreditadas establecen que Chile está adoptando estándares internacionales que permiten una coherencia entre desarrollo económico, calidad de la educación y crecimiento social. Es decir, se trata de la capacidad que se proporciona a través de la educación al redistribuir la riqueza.
¡Esto es redistribución de la riqueza!
¡Este es un mecanismo para que el país avance en grados de igualdad! ¡Y qué mejor que hacerlo a través de las personas, porque de la forma como se comporten en los estudios y como actúen profesionalmente depende que en Chile haya una mejor convivencia, lo que se explica por una mayor igualdad!
Hay una valoración del mérito. Eso hace el proyecto de ley.
¡Esta es una reforma extraordinaria!
Por eso, voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Muñoz.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, este es un momento histórico, de aquellos que es un gran privilegio vivir, ya que el proyecto de ley marca una ruptura con un sistema sustentado en el lucro y el mercado. Por lo tanto, consagra el derecho a la educación como garantizado por el Estado.
El cambio fue construido en un largo proceso por la decisión, valentía y fuerza de los estudiantes, quienes movilizaron a la sociedad entera y la remecieron desde 2006 a 2011. Se hizo tomar conciencia de la pérdida de derechos que los chilenos estábamos viviendo particularmente en la educación, como en muchos otros ámbitos.
La Presidenta Bachelet asumió el desafío desde el inicio de su Gobierno y se hizo cargo de llevar a cabo una profunda reforma.
Hoy día estamos asistiendo a uno de los hitos finales del cambio emprendido.
Los presentes no podemos contarnos cuentos en esta historia. Sabemos lo difícil que ha sido instalar uno de los elementos centrales de la modificación de todo el sistema educacional: la gratuidad, y que la Primera Mandataria, con decisión, con tenacidad, con liderazgo, ha avanzado en ese propósito pese a los obstáculos puestos en el Congreso.
Ello se ha logrado a pesar de la dificultad de no poder establecerla en una ley, y se ha conseguido por la vía de las glosas presupuestarias, con la amenaza permanente del Tribunal Constitucional, como una sombra que ha recorrido constantemente la profundidad de los cambios que la Presidenta y la sociedad hemos ido asumiendo.
Es importante acoger la iniciativa. Me alegro de que exista, como una cifra mágica, el 36 por ciento registrado en la primera vuelta de la campaña presidencial, que permeó y sensibilizó a los partidos de la Oposición y a su propio candidato. De repente, se comprendió e hizo público que la educación es un derecho, pese a que en el Congreso, en los debates y en todas partes se había predicado permanentemente que era un bien de consumo. Y hoy día estamos sancionando por unanimidad el proyecto y el concepto de gratuidad, que había sido resistido constantemente por esas colectividades políticas.
Estimo muy importante aprobar hoy día en general, efectuar un debate en particular que resguarde el principio y, por lo tanto, ser capaces, como país, de recuperar algo que la sociedad nunca debió perder, que es la educación como un derecho humano, como un derecho garantizado por el Estado.
Lo que hemos ido logrando con la gratuidad capturada por las glosas y no en plenitud por una ley ha permitido en la Región de Coquimbo, por ejemplo, que más de 11 mil estudiantes accedan a ella. Y eso es sin letra chica.
Porque al candidato Piñera le hemos escuchado decir, después del número mágico del 36 por ciento, que se la jugará por el 90 por ciento de gratuidad en la educación técnico-profesional. Ahí existe letra chica. ¿Qué significa tal compromiso? Solo 27 mil jóvenes de aumento.
Entonces, cuando estamos llegando a la conclusión de que la educación es un derecho, de que nuestros niños merecen avanzar en la vida con ella como un elemento para desarrollarse, independientemente del hogar en que hayan nacido, digamos la verdad.
Los más de 11 mil beneficiarios de gratuidad en la Región de Coquimbo son hijos talentosos de pescadores, de pirquineros, de pequeños mineros, de campesinos, y han podido estudiar medicina y odontología.
A mi juicio, no podemos meterle letra chica a lo que estamos construyendo, con la dificultad de los procesos que hemos tenido que enfrentar, en un debate de intereses, de visiones de sociedad distintas, y en los cuales finalmente hemos logrado avanzar.
Creo que nuestros jóvenes, las familias de esfuerzo y la clase media que lucha para que sus hijos sean mejores que padres y abuelos merecen que la gratuidad se abra como un derecho central, elemental, que estructure la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, en la que de verdad nos reconozcamos como seres humanos, como personas con iguales garantías para avanzar en la vida.
Me alegro del momento. Es un privilegio vivirlo, votar y opinar. Y, por cierto, cabe consignar el enorme valor de la Presidenta Michelle Bachelet, quien, contra viento y marea, insistió en consagrar estos derechos.
El sentimiento lo hago extensivo al movimiento estudiantil, a los jóvenes, a las mujeres, que lucharon durante todos estos años -más de una década- para que se llegara a la consagración de algo que nunca debió perder la sociedad chilena.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, soy también de aquellos que se pronunciarán de manera entusiasta. Porque se está o no con proyectos de esta magnitud. No se apoya a regañadientes, sino por convicción. Por eso, me alegro de que estemos llegando a la fase final de la reforma educacional.
Como se dijo, la que nos ocupa es una de las últimas iniciativas más importantes en este ámbito, después de la atinente a la inclusión -o del fin al lucro, al copago y a la selección, como se denominó-; la carrera docente; la nueva educación pública, con servicios locales que ya se están impulsando; la educación parvularia; las universidades del Estado, y los centros de formación técnica en cada región. Esta es la reforma educacional: una respuesta sistemática y pensada a la situación de inequidad que ha vivido nuestro país.
Por fin llegó la hora de la educación superior.
En general, el debate estaba maduro para ser traído el asunto a la Sala hace ya bastante tiempo. El proyecto había sido, no votado, pero sí despachado en la Comisión. Por lo tanto, habían terminado las audiencias.
Sin embargo, quiero destacar que ciertos emplazamientos empujaron en la dirección correcta. Uno de ellos fue el de nuestro candidato presidencial, el Senador Alejandro Guillier, quien, por convicción y recorriendo el país, ha constatado la importancia de la materia para cientos de familias, a las que la iniciativa en examen, en particular, les cambiará la vida.
Por supuesto, no puedo dejar de reconocer al Senador Manuel José Ossandón, quien, en buena hora, ha "traccionado" a su sector, al mismo que hace un año nos llevó al Tribunal Constitucional por estos mismos temas. Hoy día ellos entregan sus votos al proyecto -y nos alegramos-, que busca terminar con la inequidad.
En términos estrictamente referidos a la educación terciaria, es preciso plantear estas definiciones políticas. Porque hace meses se anunció una contrarreforma, como la realizada por la dictadura en 1981 -que nos tiene donde nos tiene-, con relación a la reforma de 1968. En cambio, hoy día nos hallamos -con una votación seguramente unánime- ante algo bastante distinto.
¡Bien por los jóvenes! Lo construido desde 1981 a la fecha es un modelo perverso e indolente, que les ha fallado a cientos de miles de ellos.
Puede haber muchos datos en relación con el ámbito de que se trata. Conforme al ranking QS 2018, encabezado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nuestro plantel de enseñanza superior mejor situado es la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el lugar 137. La Universidad de Chile ocupa el 201, y los demás, el mil y tantos o no aparecen.
¿Cómo se compone hoy día la matrícula en la educación superior? De un millón 200 mil estudiantes, el 11,8 por ciento (146 mil) corresponde a centros de formación técnica; el 30,7 (378 mil), a institutos profesionales, y el 57 (707 mil), a universidades.
¿Esta es la proporción que se necesita para mover la economía, para producir, para generar desarrollo en todo el territorio nacional? No. Ello no se ha regulado nunca, porque lo dejamos en manos del mercado, con la publicidad y todo lo consiguiente, y cada uno se matricula donde puede.
Pero ¿qué tenemos? Lo ha dicho con mucha claridad la Ministra señora Adriana Delpiano -la saludo y felicito por el gran esfuerzo que ha desplegado en la tramitación y que ha encabezado la Presidenta Bachelet-: ¡setenta instituciones sin acreditación! En este caso se hallan casi la mitad de las universidades, la mayoría de los centros de formación técnica y una gran cantidad de institutos profesionales.
¡Díganme Sus Señorías si eso no significa engañar por décadas a cientos de miles de jóvenes!
Sostengo, entonces, que el sistema es perverso e indolente, en el cual más de 800 mil estudiantes se encuentran endeudados, especialmente por el crédito con aval del Estado. Por eso, resulta muy sustantiva la prioridad planteada por Alejandro Guillier de terminar con el CAE, principalmente en el caso de los estudiantes de menores ingresos.
Sobre la base de datos de 2011 del Banco Mundial, los profesores Moreno y Edmunds, del Babson College, en Boston, hicieron estudios y proyectaron hasta 2016 la deuda del CAE, concluyendo que 460 mil estudiantes, de los más de 800 mil endeudados, deben ¡cinco mil millones de dólares! El promedio anual de deuda, en consecuencia, es de cuatro millones 170 mil pesos, lo que involucra, por supuesto, la eventualidad del DICOM y de embargo. La morosidad es relevante, cercana al 30 por ciento.
Por eso es que la situación no da para más y es preciso encontrar una solución -probablemente, es uno de los aspectos que más incidirán en la votación del próximo domingo-, pero es preciso atreverse, como también abrigar la convicción acerca de la necesidad del cambio.
Por si todo lo anterior fuera poco -esto es, el cuadro que he planteado del modelo perverso e indolente en relación con los estudiantes-, los aranceles de Chile son los más caros del mundo. ¿Ello cómo se explica si nuestra mejor universidad aparece en el lugar 137 del ranking que mencioné y un número importante de casas de estudios superiores no se hallan acreditadas? Es increíble.
Solo en Estados Unidos hay universidades más caras, con la "pequeña" diferencia de que cinco de ellas se encuentran entre las mejores del planeta.
¿Dónde está la relación entre aranceles y calidad? Esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos.
Frente a todos estos temas hemos conocido distintas respuestas. La del expresidente Piñera, actual candidato, la sabemos: créditos, becas, endeudamiento -¡por favor!, lo dijo en 2011, y aparece en la prensa-, convenios de desempeño. Y nada sobre aportes basales, ni gratuidad, obviamente, ni calidad.
Entonces, cuando escucho a algunos Senadores hacer referencia a la gratuidad en la medida de lo posible, mi reflexión es: "No, señor. Ella es consagrada como un derecho universal en el proyecto de ley, honrando la palabra de la Presidenta Bachelet".
Otra cosa es cómo vamos a alcanzarla. Algunos colegas que no han intervenido todavía -lo han hecho pocos de las bancas del frente- afirman que nos tomará 75 años. Parece que no confían mucho en la capacidad productiva y económica del país.
Pero aquí no solo media un aspecto económico, porque para llegar a la gratuidad universal también se requiere la acreditación universal. No se entregará la primera -es lo que se aprobará hoy día- a universidades con menos de cuatro años de acreditación.
La cuestión se relaciona con la respuesta del expresidente Piñera. Para qué hablar de cuando en 2011 sostuvo que la gratuidad es un atentado contra la libertad o, más recientemente, que lo gratuito genera menos compromisos.
Algunos señores Senadores ya han expuesto que los que estudian gratis son los que menos desertan y a los que más retiene el sistema. Por lo tanto, exhiben un tremendo compromiso con su país, su familia y la educación.
La otra respuesta a la crisis es la que dio la Presidenta Michelle Bachelet, con 260 mil jóvenes que estudian en forma gratuita.
Hay un dato no entregado. Para el próximo año, con lo que aprobaremos hoy día, vamos a tener, también con la Ley de Presupuestos,...
¿Me permite, Senador señor Montes? Me parece que ya va a tocarle su turno.
Decía que vamos a tener 355 mil jóvenes estudiando gratis en las universidades, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Pasaremos de 262 mil alumnos, la cifra actual, a 355 mil.
Hoy uno de cada cuatro jóvenes está estudiando gratis. Y ahora tendremos uno de cada tres. Es decir, un tercio de los jóvenes chilenos que están en la educación superior estudiarán gratis. ¿Cuándo? Desde marzo del próximo año.
Este es el Gobierno que había perdido el rumbo, según decían algunos. Al parecer, eso cambió después del pasado 19 de noviembre, cuando el 55 por ciento de los chilenos validó el rumbo estratégico de la actual Administración respecto a la educación superior, con la gratuidad y la reforma educacional en primer orden y prioridad.
Señor Presidente, podría dar muchos datos.
En la Región de La Araucanía, que me honro en representar, mientras el Gobierno del Presidente Piñera creó cinco salas cunas en cuatro años -¡cinco!-, la Administración de la Presidenta Bachelet, encabezada por la Ministra Adriana Delpiano, ha creado 180 salas cunas en los mismos cuatro años. Bueno, todavía quedan tres meses, aún podemos construir más salas cunas en esa Región, señora Ministra.
Los datos están a la vista. Cuando aquí se habla de que los niños son la prioridad, hay que demostrarlo con hechos y convicción.
Por todos estos antecedentes, señor Presidente, desde luego votaré a favor con mucho entusiasmo. Por supuesto, hay cosas que vienen en la discusión particular: el sistema de acceso.
Me parece que, si bien ha funcionado bastante bien el DEMRE, no es sano que no haya un órgano, del Ejecutivo o autónomo, que tenga que ver con la admisión. De lo contrario, si hubiésemos dejado esto solo en manos de los rectores, con todo lo bien que lo han hecho, nunca habríamos tenido el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, que permite que estudiantes de bajo capital cultural de todo Chile estén entrando de manera especial a las universidades.
En las Superintendencias debemos revisar los análisis de riesgo. El tema de la publicidad es fundamental, ya que el problema principal que enfrentamos hoy es el de estudiantes matriculados en carreras donde nunca debieron entrar. Por lo tanto, debemos tener mucho ojo con la publicidad.
Yo llamo a ver ese punto en la discusión particular. Lo mismo digo respecto del delito de lucro, de la negociación incompatible y, por supuesto, de la calidad, que es lo central.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este debate es apasionante, como se puede ver acá, ya que se relaciona con el proyecto de país o de sociedad en que uno quiere vivir.
Hace un tiempo Mario Vargas Llosa acusó a la derecha de ser "cavernaria", porque todavía en Chile se opone -al menos una parte de ella- a libertades y derechos fundamentales que apuntan a que los chilenos y chilenas puedan decidir sobre su propia vida, en materias que solo les competen a ellos.
Yo diría que este concepto de "cavernario" va más allá. ¿Por qué Chile obtuvo tan tardíamente el derecho a voto femenino? ¿Por qué logró con tanto retraso el derecho al divorcio? ¿Por qué todavía no contamos con una ley de aborto universal que permita que las mujeres tomen sus propias decisiones? ¿Por qué no permitimos que las personas del mismo sexo se puedan casar?
Lo anterior es parte de una sociedad cavernaria. Y también es cavernario, en el mismo sentido, el que entrando al siglo XXI aún se considere a la educación como un bien privado y no como uno público.
Estoy hablando de procesos civilizatorios, de cómo ha avanzado la humanidad y de cuáles son los aspectos positivos de esos progresos, que tienen que ver con las libertades y los derechos.
Aquí hemos enfrentado dificultades para avanzar en ambas cosas: en las libertades, ya que se dice defenderlas, pero solo se hace en favor de la rentabilidad y el mercado; y en los derechos, en que la precarización de su defensa es mucho más importante.
Entonces, ¿qué está en discusión acá?
Lo que estamos discutiendo es el tipo de sociedad que queremos, el tipo de ser humano, el tipo de hombres y mujeres que habitarán nuestro país y el planeta. Y creo que ahí existe el proyecto de construcción de un ser humano individualista, egoísta; más que como ciudadano, se lo quiere como consumidor.
Esto tiene que ver con el modelo educacional, con la forma como se transmiten los valores, con cómo se posiciona el ser humano frente a la vida. Y la concepción de esta visión cavernaria es que debe tener incentivos y motivaciones no altruistas.
Por lo tanto, cuando la educación es privada y cada cual se rasca con sus propias uñas, finalmente hay un concepto muy importante: ¿A quién se debe esa persona? ¿A quién le debe su progreso y humanidad? ¿Se los debe a la sociedad y, por ende, a un concepto comunitario? ¿O se los debe a su propio esfuerzo, al de su familia, o al banco?
Hay una decisión que es muy de fondo: que la deuda no sea con una dimensión altruista, que no sea con un enfoque comunitario, que no sea con una visión de solidaridad, sino que se deba fundamentalmente al esfuerzo personal de la persona, a la competencia, a su familia, a su endeudamiento.
Lo segundo tiene que ver con la forma como los sectores conservadores desean preservar su preeminencia en la sociedad. Es evidente que quienes poseen el capital más importante hoy, que es el económico, que define el estatus de las personas y, finalmente, la posibilidad de capital cultural y de promoción, quieren protegerse y que no puedan aspirar a ser también parte de la elite sectores que no integran actualmente esta pequeña comunidad que se siente privilegiada o -lo ha establecido permanentemente- con una supremacía moral que no debe ser contaminada.
Entonces, es indudable que la lógica de la visión individualista, mercantilista impide que la sociedad se pueda constituir o que pueda haber un proceso de ascenso social basado en las capacidades propias, en el mérito, y que no se vincule con una visión segregada, en la que sabemos exactamente dónde viven quienes pueden tener acceso a la educación, que poseen capital cultural y que, incluso, están marcados geopolíticamente en la estructura societal del país.
Hay una ruptura que es muy peligrosa para esas elites respecto al control de la sociedad cuando se establece que la educación es un bien público y no privado, porque va a permitir el ascenso de otros, les guste o no.
Hoy en día un niño de Cerro Navia no tiene ninguna posibilidad de participar en la educación.
Ahora, para mí esto no solo se relaciona con la formación de técnicos y universitarios. Tiene que ver con formación de seres humanos, de valores, de consciencia. No estoy hablando desde el punto de vista laboral. Me refiero a la posibilidad de recuperar la dimensión de ciudadanos en una sociedad que nos trata como consumidores.
En consecuencia, en la necesidad de que la educación sea permanente, ya que no basta con la formación básica y media, lo anterior es fundamental. ¿Por qué? Porque viviremos en un mundo distinto, primero, porque nuestro país tiene oportunidades únicas, que surgen desde sus territorios.
Si en Chile apostamos a la educación técnica y profesional en función de las vocaciones del uso de sus territorios, podríamos ser una potencia mundial en ejes centrales para la sobrevivencia de la humanidad. Pensemos en el tema de la energía solar, en la Antártica -lo planteaba el Senador Bianchi-, en las potencialidades inmensas que tenemos. Si los autos van a ser eléctricos, Chile es el único país que tiene cobre sin huella de carbono y que cuenta con litio para las baterías. Además, podemos ser un laboratorio mundial para los temas sismológicos y los desastres que viviremos en el período que viene a causa del cambio climático. Y Chile podría generar las normas para todo el mundo.
Pero no solo es eso. Tal vez no se entiende lo que significa este cambio de civilización y el entrar a la era digital. Estamos retrasados, vivimos en una lógica cavernaria, porque si bien estamos avanzando en la gratuidad de nuestra educación, lo que es muy importante, esta no estimula, no advierte, no profundiza los elementos esenciales para construir un ciudadano que pueda vivir en una sociedad compleja.
¿Cuál es el problema en la era digital? La gobernabilidad, cómo los ciudadanos se pueden hacer parte, incidir y decidir en un mundo que, a diferencia del pasado, cuando era estable y estático -la educación permitía entenderlo-, se está renovando día a día. ¡Solo en el 2017 se generó más información que en toda la historia de la humanidad!
En esta era digital en un segundo, que no es nada para el ser humano, se pueden procesar trillones de datos y cambiar la historia de la humanidad y de la economía.
Actualmente, dos tercios de las decisiones económicas son tomadas por algoritmos. Y en un segundo pueden cambiar la historia de la vida, de la humanidad. Eso es lo que viene: la inteligencia artificial. ¿Cómo va a competir el ser humano con ella? ¿Cómo enfrentaremos un mundo en el que la mitad de los empleos desaparecerán en los próximos veinte años? ¿Cómo habilitamos a nuestros y nuestras jóvenes para que vivan en ese mundo?
Lo anterior se relaciona con que la educación, que es el factor para sobrevivir, entender y convivir en el siglo XXI, deje de ser un elemento censitario, que tiene que ver con los recursos, con las capacidades económicas, y se transforme en el derecho democrático de ser parte de la sociedad que viene, de comprenderla y de poder vivir en ella.
¡Si el mundo cambió! Estamos a un punto de que se genere una superinteligencia que sobrepase la inteligencia de los seres humanos. Pero ese asunto no se discute. Claro, se debate en Silicon Valley, en la Singularity University, pero no en Chile.
Cómo podremos enfrentar un mundo donde los asesores virtuales van a reemplazar todas las labores básicas desarrolladas por obreros, cuidadores, campesinos. Pero no me refiero solo a trabajos de personas sin formación, sino también a aquellos desempeñados por profesionales. Los abogados y los médicos no podrán competir con los algoritmos, que serán mucho más potentes en poder diagnosticar, en poder procesar, en poder generar resultados.
Entonces, ¿cómo se aborda esa sociedad? ¿Qué profesionales debemos formar? ¿Cuál es la educación que tenemos que elaborar para el siglo XXI? Todos esos desafíos forman parte de esta reflexión.
Por lo tanto, ¿cuál es el mérito de este primer paso? Que constituye un punto de partida. ¡No puede ser un punto de llegada!
Y, además, tiene que ser universal. Porque cuando la gratuidad es para todos, todos se comprometen; todos pagan sus impuestos, sabiendo que les puede servir también. Es un concepto democratizador, y un concepto de convivencia dentro de esta nueva humanidad. Si no rompemos el esquema individualista, será muy difícil que podamos enfrentar los desafíos del cambio climático y de la superinteligencia artificial.
O sea, aquí hay una cuestión muy de fondo.
Por eso, quiero que entendamos el proyecto como un primer paso, una situación todavía incipiente y en la que queda mucho por avanzar para poder construir una verdadera convivencia democrática. Pero valoro el coraje de la Presidenta Bachelet en el sentido de, contracultura, haber instalado el tema...
Señor Presidente, ¿me concede un minuto más?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Muchas gracias.
¿Por qué digo "contracultura"? Porque tal vez lo más complejo del cambio que se produjo en esta visión de neoliberalización, de individualización, de construcción del ser humano egoísta, del Faúndez que tenía que pegarle un codazo al de al lado para ser mejor, es que crearon algo que lamentablemente el ex Presidente Piñera volvió a repetir el lunes durante el debate presidencial: la idea de que cuando se paga se tiene derecho a exigir; de lo contrario, no se tiene ese derecho.
Y lo que quiero reponer, con mucha fuerza, es que, cuando se trata de bienes públicos, no es necesario pagar para poder exigir un derecho.
¡No es necesario pagar para poder tener derecho a la educación y exigir una formación de calidad!
¡No es necesario pagar por el acceso a la salud y exigir que esta sea de calidad!
Tenemos que sacar al ser humano de su dimensión mercantil, de su rol de consumidor y volver a tratarlo como ciudadano, porque no debe pagar para poder exigir.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a los asistentes en las tribunas que no se permiten manifestaciones.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Saludo a los docentes y asistentes de la educación de la Escuela Tobalaba, de Peñalolén, que nos acompañan esta tarde.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, cómo cambia la vida; cómo cambian los tiempos.
Creo que las elecciones le hacen bien al país, porque han permitido colocar en la discusión dos visiones de sociedad y, particularmente, alcanzar un consenso en el sentido de que la educación tiene que ser efectivamente un derecho para los ciudadanos.
Y vemos ahora a las bancadas de Oposición bastante silentes, bastante entregadas o bastante convencidas -en buena hora- de que la gratuidad es un derecho que llegó para quedarse y de que vamos a seguir avanzando en ella.
Felicito enormemente la decisión, la convicción de la Presidenta Bachelet de llevar adelante una transformación enorme en materia de educación superior, principalmente.
Entendemos ahora que la educación técnico profesional, donde alcanzaremos a más de 150 mil jóvenes con la gratuidad el próximo año, constituye un derecho para ese conjunto de ciudadanos; que, independiente de dónde se nazca, se va a tener el derecho a estudiar de manera gratuita.
Lo digo por representar a la Región de Los Ríos. En la actualidad, casi 6 mil jóvenes de las localidades más alejadas (Río Bueno, La Unión, Futrono) disponen del derecho a estudiar gratuitamente. Y no cualquier carrera, sino la que ellos deseen si poseen las capacidades.
Y lo mencionaba alguien hace un rato: no existirán carreras para la gente con menos recursos y carreras para quienes poseen la plata para poder comprarlas.
Hoy día rompemos un paradigma que se había instalado en Chile: que había que tener recursos para seguir estudiando. Y el drama se había hecho presente en muchas familias que debían priorizar cuál niño era el más capaz, ya que el segundo o el tercero no podían ir a la universidad. Y si todos los hijos demostraban capacidad, el papá o la mamá, por desgracia, debía discernir, discriminar y enviar a uno, a lo sumo a dos, a la educación superior; el tercero quedaba sin poder estudiar.
Eso lo conocemos, lo hemos vivido. Cuando uno recorre las regiones del país, se da cuenta de la inequidad existente en ellas, la inequidad instalada en distintas familias. Y eso ha cambiado y seguirá cambiando.
Por tanto, insisto: reivindico la convicción y la valentía de la Presidenta Bachelet, quien asumió la tarea contra viento y marea, contra los mismos que hoy día, calladitos, van a votar a favor porque su candidato tuvo que comprometerse -y no le quedó otra- con la educación pública.
Yo felicito -no se halla presente- al Senador Ossandón, quien le señaló al señor Piñera: "Si quiere avanzar, incluya esto". Y cambió el candidato. Ahora está por la educación gratuita. ¡Bien!, aunque no gane; en Puente Alto, sin duda, va a vencer Alejandro Guillier.
Pero qué bueno que hayan cambiado, porque la educación superior debe ser un derecho y no el patrimonio de un sector del país; tiene que derivar de un consenso. Chile avanza en derechos y eso consagrará el presente proyecto.
Debo decirlo: "La Ministra de Educación, el Ministerio han tomado el timón y han podido empujar la iniciativa".
Sin duda que el proyecto tendremos que perfeccionarlo en aspectos puntuales.
He hecho antes la observación de que se debe tener especial tratamiento y cuidado con tres planteles fundamentales: la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Concepción, porque son modelos de desarrollo, son modelos de procesos educativos regionales con más de 60 años de antigüedad. La Universidad de Concepción llega ya casi al centenario.
Hay que entender su particularidad; comprender que en esa parte del territorio el Estado no estuvo presente en su momento y fueron ciudadanos y ciudadanas tenaces, emprendedores, quienes sacaron adelante universidades que, no siendo estatales, son públicas por donde se las mire, por los cuatro costados. Son universidades de la comunidad, de sus ciudades: de Valdivia, del Gran Valparaíso, del Gran Concepción.
Una preocupación para tener presente.
Reitero que como bancada del Partido Socialista vamos a votar a favor del proyecto.
Qué bueno que los dos candidatos que aparecerán el día domingo en la papeleta estén hoy día detrás de esta iniciativa. Uno con más convicción; el otro se subió a último momento, pero, bueno, así es la vida; hay que cambiar, hay que evolucionar. Cuando se esgrimen buenos argumentos, entiendo que uno puede modificar sus posiciones.
La gratuidad es un derecho que ha venido para quedarse y considero que el país debe seguir en esa senda.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, tengo que manifestar mi alegría porque finalmente la política de educación superior del actual Gobierno dejó de ser una glosa presupuestaria. Durante muchos años no hubo política, sino simplemente una glosa. No daba para más el concepto "política de educación superior".
Por fin, llegó un proyecto. Por desgracia, durante demasiado tiempo, este ha sido objeto solo de cuestionamientos. Es uno de los proyectos menos consensuados en el ámbito de la educación superior. Y la situación perdura hasta el día de hoy.
Oigan ustedes a los rectores de las universidades públicas, privadas, estatales, no estatales -ustedes elijan-: todos manifiestan su disconformidad con la presente iniciativa.
Entonces, no veo que se justifique tanta alegría en las expresiones de nuestros distinguidos Senadores oficialistas. Porque pareciera que hoy día, gracias al proyecto que nos ocupa, va a haber educación superior en Chile.
¡Ahora vamos a tener el derecho a estudiar en la educación superior...!
Yo me pregunto en qué país viven. En Chile hace mucho rato que la educación superior es un derecho. Actualmente, hay cerca de un millón 200 mil estudiantes en ese nivel. A comienzos de los 80, había 150 mil; a comienzos de los 90, al retorno de la democracia, 250 mil. Se han casi quintuplicado los alumnos en este tiempo.
No estamos descubriendo la pólvora. ¡Ya existe!
Fue Ricardo Lagos, Presidente de la República entre los años 2000 y 2006, quien hace aproximadamente 15 años dijo, en ese entonces, que siete de cada diez alumnos de la educación superior eran primera generación en ese nivel. O sea, el cambio estructural en la sociedad chilena ya se produjo. Y la movilidad social que ha generado la apertura de la educación superior es un dato, una realidad.
Por lo tanto, no mistifiquemos las cosas como si hoy día fuéramos a empezar a realizar algo que Chile ya hizo. ¡Enhorabuena!
Y el trabajo efectuado incluso durante los gobiernos de la Concertación ha ayudado en esa dirección, con iniciativas que en la actualidad no se consideran muy felices, como la del CAE, propuesta destacada de ministros de la Concertación cuyo autor, me parece, fue un ex Presidente del PPD.
De manera que todos hemos hecho contribuciones, algunas afortunadas y otras no tanto. Pero no pensemos que hoy día se produce un punto de inflexión, que la historia de la educación superior chilena adquiere nuevos ribetes. ¡No! ¡No es así!
Con todas las dificultades que ha tenido el sistema -y las ha tenido- ha funcionado, y hoy día Chile, de acuerdo a los estándares internacionales, exhibe una educación superior que se ubica muy por arriba del grueso de los países de América Latina y que, en algunas instancias, es comparable con la de países más desarrollados.
Siempre es positivo avanzar en esta materia, pero hay aspectos que se han evidenciado durante estos años que, efectivamente, obligan a una mejoría en la educación superior.
Aquí se hace mucho énfasis en la gratuidad, porque pareciera que lo único que importa es el financiamiento. ¡Por favor! Ese es un elemento muy importante, pero mucho más importantes son los elementos cualitativos.
Ha sido una constante de la Nueva Mayoría creer que el cambio de ladrillos, de edificios, es lo que eleva la calidad de la educación. Y por eso pasan los años y no hemos avanzado un centímetro, como dije hace poco, en mejorar la calidad de la educación en Chile, pues el énfasis no ha estado ahí, sino en aspectos secundarios; relevantes muchos de ellos, pero que no van al corazón del sistema.
Quienes hemos trabajado en la educación superior durante largo tiempo sabemos que queda bastante camino por recorrer, y que el financiamiento es importante. Mientras más se asegure que la gente pueda entrar a ese nivel de enseñanza sin limitaciones financieras, tanto mejor. Pero ello debe hacerse con ciertas restricciones, porque Chile no tiene la capacidad económica para asegurar el ciento por ciento.
Aquí se pone mucho énfasis en que esta iniciativa garantiza la gratuidad universal. Pero no la garantiza: mejora las condiciones de gratuidad.
Hay que pensar en la gratuidad universal teniendo a mano los estudios del crecimiento económico que Chile ha logrado en los últimos años. Porque, si proyectamos el que el Gobierno de la Nueva Mayoría le ha dado a Chile, llegar a la gratuidad universal nos podría tomar casi un siglo.
Sin embargo, esperamos corregir eso y que nuestro país consiga recuperar un ritmo de crecimiento económico que permita ofrecer a los estudiantes chilenos un mejor destino y tener mayor acceso a gratuidad antes de cumplir un siglo, habiendo cubierto también otras áreas de prioridad social postergadas, incluso en el ámbito de la propia educación.
En consecuencia, acá se formulan juicios que me parecen extremos. Todo parece negativo. Olvidan que tenemos un nivel de acceso a la educación superior que supera el promedio de los países de Europa Occidental y América del Norte y es el más alto de América Latina; que el rendimiento de nuestro sistema (medido en razón de graduados de la enseñanza terciaria, esto es, técnicos superiores y profesionales, por millón de habitantes) es el más alto de Latinoamérica y superior al de muchos países europeos, como Portugal y España, y que, en términos de equidad (medida por el número de veces que la participación de jóvenes del quintil más rico supera la participación del quintil más pobre en la educación terciaria), Chile posee el segundo mejor índice dentro de la región, después de Bolivia y por delante de sistemas nacionales con gratuidad en las instituciones estatales y con una proporción más reducida de provisión privada, como Argentina, México, Venezuela y Uruguay.
Finalmente, en cuanto a la calidad de la educación superior, si bien esta es muy difícil de medir, hay dos dimensiones que los rankings internacionales permiten comparar dentro de América Latina.
La primera es el número de habitantes por "universidad reputada". Según un ranking latinoamericano del 2016, que combina indicadores objetivos con una encuesta de percepción, Chile aparece segundo después de Panamá en este rubro.
Y la segunda dimensión es el número de habitantes por número de universidades que realizan investigación continua y de cierta complejidad. En este plano, Chile se ubica en el tercer lugar dentro de Iberoamérica, después de Portugal y España.
Hago estas menciones porque pareciera que todo es un desastre, que todo es negativo. ¡Por favor! Ni la educación superior empieza hoy, ni la clase media va a tener ahora la oportunidad de llegar a este nivel, porque ya está en él.
El malestar del 2011 se debió a que estudiantes de clase media advirtieron una serie de deficiencias, pero ya estaban adentro. Y esas son las deficiencias que se busca corregir y que espero que apunten, en definitiva, a la calidad de la educación superior.
Con todo, el proyecto presenta, a mi juicio, aspectos extraordinariamente delicados, como la gran injerencia del Estado en el desarrollo de las instituciones.
Todas aquellas que reciban aporte estatal deberán utilizar obligatoriamente el sistema de admisión central para sus estudiantes. Esto, desde luego, genera cierta politización, por la discrecionalidad del sistema.
Lo anterior se agrava por la mayor participación del Ministerio, ya que la propuesta del Ejecutivo exige a todas las instituciones realizar investigación e innovación, terminando con la idea de universidades docentes. ¿Por qué? En el mundo las universidades no son solo las que completan todas las áreas posibles del desarrollo del conocimiento, sino también aquellas que ofrecen docencia de calidad. ¿Por qué acá van a estar prohibidas?
Asimismo, se establece que será la Subsecretaría de Educación Superior la que determine las materias "mínimas" que deberán contener las carreras. ¿Dónde queda la autonomía de la universidad? Estamos a casi un siglo del movimiento de Córdoba, que reclamaba la autonomía de la educación superior. Si sus líderes leyeran algunos artículos de este proyecto de ley, estoy seguro de que criticarían el retroceso que significa en la defensa de dicho aspecto.
Tanto es así, señor Presidente, que, como ha informado la Senadora Von Baer, el Gobierno se ha comprometido a modificar parte del contenido de la iniciativa; a terminar con la sobrerregulación del sistema, eliminando, por ejemplo, la posibilidad de que sea la Superintendencia la que determine algo tan vago y discutible como la viabilidad financiera de las instituciones; a incluir un contrapeso a las nuevas facultades de la Subsecretaría, y a asegurar que, al final, los requisitos de admisión sean determinados por las propias universidades.
En fin, hay muchas materias que necesitan ser reguladas para mejorar la calidad de la educación superior y defender los derechos de los alumnos universitarios que han sido vulnerados por irresponsabilidades o negligencias.
¡Hay que avanzar! Y, en ese sentido, el proyecto genera un marco dentro del cual ello es posible. Pero, por favor, afirmar que hoy existe "un antes y un después" en la educación superior chilena no corresponde.
Seamos más humildes. Avancemos mejorando.
Por eso, apoyamos el proyecto, pero no con los conceptos presentados de esa forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Guillier.


El señor GUILLIER.- Señor Presidente, creo que no cometo un exceso si digo que hoy estamos marcando un hito en la historia de la educación chilena en este Senado de la República, tan importante como lo fueron la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en los años veinte, el impulso a la educación pública bajo el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, o la ampliación de la cobertura y la modernización de la educación durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva.
Lo cierto es que todo esto fue movilizado por los estudiantes, tanto de enseñanza media como universitarios, quienes desde el 2006 en adelante pusieron una agenda demandante en cuanto a volver a aquello que Chile tuvo a lo largo de su historia, como es el derecho a la educación.
Hemos realizado un largo recorrido y valoro la contribución efectuada por distintos sectores. En particular, quiero agradecer al Senador Manuel José Ossandón, quien logró correr la cerca en la Derecha y asumir que en el Chile de hoy la educación no es simplemente una consecuencia del desarrollo, sino un derecho de los ciudadanos y causal de desarrollo. Por ende, la educación tiene un valor en sí mismo.
La gratuidad, para nosotros, es una convicción, porque la consideramos un derecho humano fundamental que permite la movilidad social, el desarrollo del espíritu y también el progreso de la sociedad.
Quiero señalar, en la misma dirección, que estudiar con gratuidad sí genera compromiso. No es cierto que haya que pagar para disfrutar y valorar lo que significan los logros de una sociedad o de una persona. No lo es en el amor, no lo es en los estudios, tampoco en el trabajo. La vocación, el sentido de servicio público es lo que genera compromiso cuando las personas reciben del Estado un reconocimiento para poder desarrollar su talento y su vocación. Y eso solo se asegura con gratuidad.
Por ello, no nos parece que deba ser parcial o únicamente para los alumnos más vulnerables que sigan estudios técnico-profesionales, porque eso significa bloquearles el acceso a la educación superior, incluida la enseñanza universitaria, si su vocación y su talento se los permite.
Por esa razón, creemos que la gratuidad debe ser un derecho universal y, por consiguiente, no discriminar a los jóvenes en sus posibilidades de estudio.
Quiero destacar, además, que las tasas de retención de estudiantes de nuestro sistema han mejorado ostensiblemente desde que se ha ido imponiendo la gratuidad, alcanzando hoy al 86,7 por ciento, cifra inédita en la historia de nuestra educación superior.
Pero también es pertinente señalar que la descentralización del país que estamos iniciando debe establecer compromisos claros con los centros de formación técnica y las universidades regionales, como se verá en las próximas semanas, cuando también discutamos esta materia.
Igualmente, queremos expresar que la educación es condición para el crecimiento, y no un remanente, en términos de que, en la medida que se crezca, haya un chorreo que permita educar a más gente. Los países que han crecido, los países que van a la vanguardia en estos tiempos son aquellos que entendieron que el derecho a la educación debía ser un principio fundamental y debían poner su mayor esfuerzo en educar a la población. Eso les permitió el crecimiento y avanzar hacia una sociedad de oportunidades para todos y para todas.
Por esa misma razón, la gran reforma a la educación que viene ahora es una revolución en las aulas.
Devolver la educación a las familias es un paso, pero ahora hay que devolvérsela a los estudiantes, a los profesores, a los paradocentes, a los auxiliares de la educación, para que cada colegio tenga un proyecto educativo, para que en cada establecimiento los maestros sean evaluados por los avances logrados en dicho proyecto, con pertinencia social e intelectual respecto de sus alumnos, y, al mismo tiempo, para que haya libertad de ejercer el método de enseñanza y aprendizaje e impartir los contenidos curriculares más apropiados a las necesidades de cada estudiante, según un proyecto educativo en el que participen los profesores, los paradocentes, los apoderados y también la comunidad.
Por esa razón, estamos dando un gran salto.
"Gobernar es educar" dijo Pedro Aguirre Cerda. Hoy nosotros decimos: "Vamos a devolverles ese derecho a todas las niñas y niños de Chile". Ningún joven, ninguna jovencita, ningún niño o niña se quedará sin estudiar si tiene talento, capacidad y esfuerzo. No serán las restricciones económicas las que limiten o condicionen qué se estudia y cuántos años se estudia.
Creo que este un avance histórico. Y hay que alegrarse de que las bancadas de Derecha hoy día acepten ese hecho, porque significa que se ha corrido el cerco de la agenda en Chile y estamos avanzando en la dirección correcta, hacia una sociedad de derechos fundamentales para todos y para todas.
Por consiguiente, hoy día avanzamos hacia un Chile que integra, que acoge, que respeta la diversidad y que reconoce derechos fundamentales, como el relativo a la educación y, espero que pronto en el debate, el derecho a la salud.
Cabe señalar que el proyecto, en su Título V, establece requisitos muy precisos para avanzar en la gratuidad y evitar el eventual abuso de algunos actores que quieran incorporarse con propósitos inaceptables al día de hoy. Deberá tratarse de instituciones públicas o privadas, con más de cuatro años de acreditación institucional, constituidas como personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, que adscriban al sistema común de acceso, para evitar que discriminen, pero, al mismo tiempo, que promuevan y fomenten que al menos el 20 por ciento de la matrícula corresponda a estudiantes de los primeros deciles, es decir, a los más vulnerables de nuestro país.
El año 2018 vamos a extender la gratuidad al sexto decil, esto es, a más de 300 mil alumnos.
Para los deciles posteriores queda establecida en la ley una gradualidad en el avance hacia la gratuidad universal, mediante indicadores de crecimiento económico y recaudación tributaria efectiva, manteniéndose el aporte fiscal directo.
Igualmente, para establecer el mecanismo de regulación y cálculo de aranceles, se crea una comisión de expertos, la que funcionará en forma permanente, a fin de determinar los años de acreditación institucional y efectuar un cálculo objetivo con miras a evitar la especulación del mercado.
La reforma tributaria, señor Presidente, es el sustento material para consagrar los grandes avances de la reforma educacional en la enseñanza superior, como es la gratuidad, que hoy salta al 60 por ciento, permitiendo dar paso a 15 CFT estatales programados y crear dos nuevas universidades del Estado, en Aisén y O'Higgins, que ya son realidad.
Estas transformaciones equivalen a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de la década de los años veinte, al impulso de la educación pública de los años treinta, y a la ampliación de la cobertura de los años sesenta.
¡Estamos haciendo historia, para gloria de este Senado de la República!
Y me alegro de que todos -espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad- demos este salto cualitativo, en un Chile que avanza al siglo XXI como un país de derechos fundamentales para todos y que dignifica a sus profesores, a sus jóvenes y a la comunidad educativa entera.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.


El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, he seguido con atención el debate y me encuentro en condiciones de reafirmar lo que señalamos en la Comisión de Educación.
Nosotros vamos a votar a favor este proyecto de ley, no porque nos parezca que el conjunto de las materias abordadas en él tenga un tratamiento adecuado, sino porque es fundamental contar con una nueva ley de educación superior.
Ciertamente, me voy a referir a lo que ha sido la médula de la discusión de esta mañana, que es, precisamente, el tema de la gratuidad.
Estamos frente a un proyecto que ha sido objeto de un conjunto de críticas muy fundadas por la inmensa mayoría de las personas que participaron en las sesiones de la Comisión. Y nos encontramos con un elemento nuevo, que yo considero auspicioso: que la Sala no sabe exactamente cuál será la fisonomía que va a ir adquiriendo el texto más adelante.
Hace una semana, cuando lo aprobamos en general en el referido organismo, el Gobierno entregó una minuta, bastante completa, en la que se refiere a un conjunto de cambios que se le introducirán.
En fin, tampoco escapará a Sus Señorías, señor Presidente, que vamos a tener que trabajar a matacaballo, porque, si las indicaciones se van a presentar hasta el 28 de diciembre y solamente celebraremos seis sesiones de Sala en el mes de enero, el despacho del proyecto se hará extraordinariamente complejo desde el punto de vista de los tiempos.
Dicho eso, debo manifestar que esta es una iniciativa que exhibe enormes omisiones.
Nada dice, por ejemplo, de la duración de las carreras, ni acerca de lo que debiera ser la característica de la educación de pregrado. Tampoco aborda el tema de los títulos y lo concerniente a los grados, donde, claramente, se aprecia un problema en el sistema. Y ni siquiera hay una referencia a las materias que están revolucionando hoy día la educación superior en el mundo, como las clases masivas abiertas. O sea, es un proyecto donde no se vislumbran los desafíos que tendrá la educación superior hacia el futuro.
En cuanto a su institucionalidad, también presenta serios defectos.
En materia de Subsecretaría de Educación, se dice que la definición troncal va a desaparecer. ¡Enhorabuena! Porque la que existe es equivocada e inconstitucional.
Tampoco se justifica que la Subsecretaría sea la entidad que tenga a su cargo el sistema común de admisión. En una declaración emitida hace dos días, el CRUCh afirmó que la administración del sistema de admisión no puede estar en la Subsecretaría. Es un grave problema que tendremos que resolver.
En cuanto a la fijación de los aranceles sucede exactamente lo mismo.
Que tenga la obligación de fijar un marco de cualificaciones que pueda impactar en los procesos de acreditación es igual cosa.
¡Qué decir respecto de la Superintendencia!
La Superintendencia tiene claramente un conjunto de atribuciones excesivas, discrecionales, arbitrarias, que deben corregirse. Y, al mismo tiempo, todas las regulaciones que se han formulado en materia de conflictos de interés también requieren una seria mejoría.
Se suponía que este proyecto iba a mejorar los mecanismos de interlocución del sistema universitario con la autoridad, y se planteaba con mucha fuerza la ampliación del CRUCh. Pues bien, la Ministra de Educación nos ha dicho en la última sesión que el propósito del Gobierno es no innovar en este aspecto. Ciertamente, eso es un paso atrás que corresponde revisar.
En cuanto a la acreditación, al parecer ya no se va a perseverar en la exigencia de una certificación compleja para todas las universidades. Ello es un paso adelante, pero deberemos velar porque el sistema no mute de una acreditación en torno a la misión y proyectos educativos y se estandarice a partir de la incorporación de criterios generalizados.
Hay otras omisiones, señor Presidente. Por ejemplo, ¿cómo va a ser razonable que una ley de educación superior no contemple los mecanismos globales de financiamiento de las instituciones? O que la promesa de remplazo del CAE tampoco se haya materializado o que el tratamiento que se le otorgue a la educación técnico-profesional sea tan insuficiente y tan inadecuado como lo es hoy día.
No existe para la educación técnico-profesional, que desde el punto de vista numérico es más grande que la educación superior, un organismo similar al CRUCh. Tampoco se justifica que tenga un sistema común de acceso, en circunstancias de que la entrada a la educación superior técnico-profesional es particularmente inclusiva y no selectiva. Y, ciertamente, no se consideran en la acreditación las particularidades de este tipo de formación.
Dicho lo anterior, señor Presidente, quiero referirme a lo que ha sido la médula de este debate: la gratuidad.
Al escuchar a algunos Honorables parlamentarios, daba la impresión de que la gratuidad era la primera ayuda estudiantil que existía en el sistema educacional chileno, lo que es completamente falso.
¡Cómo podríamos haber llegado a un millón 200 mil estudiantes sin contar con mecanismos de ayuda, de becas, incluso de créditos que permitieran este acceso!
¿Dónde ha estado y dónde está conceptualmente la diferencia que ha existido durante estos meses en términos de gratuidad?
Yo jamás he manifestado objeción o problema alguno con una gratuidad en el orden del 50 al 60 por ciento que se pueda obtener vía becas, como era el procedimiento que se instauró durante los Gobiernos de la Concertación, o mediante un mecanismo de gratuidad.
El punto nunca ha estado ahí, señor Presidente, sino en un problema que hoy día se ha despejado, lo que nos permite votar con tranquilidad a favor de este proyecto.
¿Qué decía el programa de Gobierno de Michelle Bachelet en materia de gratuidad? Muy simple: que al año 2017 íbamos a alcanzar al 70 por ciento y que al año 2020 llegaríamos al 100 por ciento.
Eso habría sido una política pública tremendamente injusta para el país, porque significaría que de aquí al año 2020 el conjunto de requerimientos, de exigencias sociales y de demandas insatisfechas -pensiones, salud, previsión y todo lo que pueden imaginarse- habrían tenido que postergarse para lograr que en 3 años más el 20 o el 10 por ciento más rico de esta sociedad pudiese optar a educación gratuita.
¡A eso fue a lo que siempre nos opusimos: a ese itinerario de la gratuidad, a un itinerario completamente irracional, que simplemente aludía a una situación de injusticia!
En este escenario, yo quiero agradecer al Senador Guillier por ser el único que ha tenido la honestidad intelectual de señalar cuál es el cambio que ha existido en esta materia.
¿Qué es lo que dice el actual proyecto de educación superior? Dice que vamos a tener gratuidad hasta el 60 por ciento; que vamos a lograr llegar al 70 por ciento dependiendo de una fórmula de cálculo, pero a 10 u 11 años más; que vamos a saltar al 80 por ciento en 20 años, al 90 por ciento en 40 años y a la gratuidad universal en un plazo de 70 años. ¡O sea, lo que la Nueva Mayoría ofreció en 7 años lo pretende alcanzar en 70!
Esa es la verdadera diferencia que hemos manifestado al respecto.
Yo espero, señor Presidente, que en el curso de la tramitación legislativa y de lo que nos queda -insisto- de un proyecto que deberemos tratar con extraordinaria dificultad, resolvamos el conjunto de estas materias.
Estamos frente a una iniciativa que contiene serias deficiencias.
No se mueve ni se cambia la educación superior de la noche a la mañana.
Por lo tanto, lograr durante el debate legislativo una discusión seria, fundada y objetiva va a ser la tarea y el desafío enorme que tendrá este Senado en las próximas semanas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero partir diciendo que este es un debate grande y muy significativo. Y creo que el enfoque que le da el Senador que me antecedió se dirige a aspectos muy particulares, pero no ve el conjunto de la discusión en que estamos.
¿De qué envergadura es? Esto es muy parecido al debate que tuvimos a fines de los sesenta, cuando cuestionamos el sistema universitario por su desvinculación con la realidad y sus procesos. Y es parecido también al de los años ochenta, al interior de la dictadura. Quien quiera conocerlo debe leer el libro del periodista Juan Guerra -que anda por acá-, en que relata la manera en que se decidió privatizar la educación entera, y particularmente la educación superior.
¡Chile necesita cambios profundos en su sistema de educación superior!
¡Hay que pensar mejor el presente y el futuro!
La universidad, antes que nada, es un lugar de encuentro para conocer, para pensar. Y debemos formar profesionales, una generación dirigente para los tiempos que vienen.
Tenemos una base, sin lugar a dudas, y yo no quiero cuestionar todo lo que ha dicho el Senador Hernán Larraín.
Efectivamente hay una base. Sin embargo, obviamente, estamos insatisfechos por lo que la realidad chilena requiere y por lo que viene por delante.
Lo decía de alguna manera el Senador Girardi: hay que pensar en la energía renovable, pero no como una perspectiva de un pequeño negocio.
¡Le están diciendo a Chile que es la Arabia Saudita del tiempo actual por el desierto de Atacama!
Nosotros debemos repensar la matriz productiva y no podemos seguir con un debate económico tan pequeño, aludiendo a que son factores internos o externos los que la determinan. Tenemos que repensar nuestras potencialidades hacia delante.
Es probable que en el futuro de nuevo digamos que Chile es un caso de desarrollo frustrado, porque no contamos con la inteligencia ni con la educación superior ni con la política requeridas para enfrentar estos temas.
Yo creo que este es un debate demasiado importante, demasiado trascendente.
A lo mejor comparto muchos de los aspectos circulares. Sin embargo, el tema global hay que pensarlo.
Chile requiere formar una nueva generación dirigente, y ese es uno de los roles fundamentales de las universidades. ¡Una nueva generación dirigente! Y no podemos seguir con buena parte de la generación dirigente formándose arriba de la cota mil. Tenemos que modificar la manera de hacerlo.
¿De qué sistema disponemos? Aquí hubo un sistema que creció aceleradamente, que se masificó, que se transformó, que se diversificó. Y quiero decirles que en toda América Latina ocurrió algo similar, en grados distintos, porque era una necesidad de la sociedad del conocimiento. En nuestro caso estuvo protagonizado por el mercado y por el sector privado. Por lo tanto, fue desigual, segmentado, segregado.
Nuestro sistema posee miles de problemas, que no voy a describir. La política pública, sobre todo desde el 2000, intentó corregirlos, y generó un sistema de aseguramiento de la calidad como condición para acceder a recursos, pues se veía que era baja y que necesitaba mejoras.
¿Qué nos dijo la Derecha? "No hay que acreditar", "el mercado es el único que acredita".
¡Eso está en actas!
Afortunadamente, Germán Becker y cinco parlamentarios más de Renovación Nacional dijeron: "No. Aquí hay que asegurar ciertos estándares".
¡Y se expandió mucho!, por las becas, por el CAE, en el 2006. ¿Por qué? Porque además las instituciones públicas, las tradicionales, eran muy selectivas y no permitieron la incorporación de más estudiantes.
Obviamente, uno de los grandes problemas de la actualidad es que no sean tan selectivas, que exista calidad. Pero también es importante que cuenten con la posibilidad de incorporar a otros sectores, porque bastante gente vio la igualdad de oportunidades a través de la educación particular subvencionada y a través de las universidades privadas, que vinieron a jugar el rol que en el pasado desempeñaron la educación pública escolar y las universidades del Estado.
Quiero ser muy claro: en 1990 el 15 por ciento de los jóvenes que egresaban de la educación media ingresaba a la universidad, cifra que ascendió el 2015 al 53 por ciento. Es verdad que el nivel de cobertura está por encima del promedio de la OCDE. El problema es la calidad. Y estoy tomando en cuenta el estudio que, a partir de la CASEN, hace Víctor Orellana.
El ser profesional en este país convierte a las personas en algo distinto. Es la aspiración de mucha gente -sin lugar a dudas, es valioso- que quiere tener posibilidades de acceder a mayores conocimientos, mayor estatus, a hacer su aporte a la sociedad y acceder a otros bienes y servicios.
Hasta ahora el rol del Estado se ha centrado en canalizar las fuerzas del mercado a través de la Comisión Nacional de Acreditación con el fin de verificar el nivel de las instituciones.
¡Ese ha sido el patrón de calidad!
¿Qué cambio de fondo queremos hacer? Eso es bien importante.
Al respecto, en mi opinión hay tres cuestiones fundamentales.
La primera es que en la estructura de la educación superior tenemos que contar con un sistema de universidades estatales que sea la columna vertebral del modelo, que permita a estas universidades investigar sobre los grandes temas nacionales y formar profesionales. Otros también lo harán, pero Chile tiene que volver a contar con un sistema de universidades públicas que cumplan ese rol y entreguen ese aporte.
Que habrá otros que lo van a hacer, ¡fantástico!
Que hoy día en Atacama estén la Universidad de Chile y la de Atacama estudiando las características de la radiación de nuestro desierto, ¡fantástico!
Que a eso se pueda incorporar la Universidad Católica, ¡muy bien!
Sin embargo, debemos tener un impulso con una visión de país, una visión de desarrollo y no de negocios parciales.
El segundo cambio fundamental -esto lo vamos a ver en otro proyecto de ley, no lo discutiremos ahora- dice relación con el acceso. La gratuidad es relevante valóricamente, no es solo un problema instrumental. Se trata de que los talentosos de este país tengan la posibilidad de acceder a la universidad, de formarse, de aspirar a ser parte de la clase dirigente y de los constructores de este país con un rol mayor.
La educación superior debe transformarse en un derecho social y no en un factor de diversificación y de exclusión.
Esta demanda, que se instaló a partir del movimiento estudiantil, es fundamental: que la educación superior sea un derecho.
Yo quisiera que la salud, como discutíamos ayer, también fuera un derecho. No puede ser que en Chile los que no tienen plata estén liquidados. Debemos tener ciertos derechos universales, ciertos pisos, ciertas bases.
Por otro lado, el tercer cambio, que es muy importante, apunta a que necesitamos un nuevo sistema regulatorio del sector privado para que sea un colaborador, para que lo reconozcamos, para que haga su propio aporte, tenga su propia forma de actuar.
¿Y esto con qué objetivo? Para garantizar calidad, transparencia y solidez institucional.
No me parece aceptable que sigan existiendo universidades de las que el Estado tenga que hacerse cargo porque no son sólidas. No puede ser oscuro lo que en ellas ocurre. Con Laureate mi problema mayor -y lo he conversado con sus directivos- es que no es transparente. Ese grupo tiene una manera de generar lucro que debemos transparentar y enfrentar.
Pero, sobre todo lo anterior, calidad.
Para eso hagamos los ajustes necesarios en la Subsecretaría, la Superintendencia.
Yo no estoy por sobrerregular, pero tampoco por subregular. Tenemos que disponer de un sistema que asegure tres elementos: calidad, transparencia y solidez.
En cuanto el tema del financiamiento, que aquí se ha planteado, discutamos en serio. El Estado tiene que hacerse cargo de las universidades estatales -el modelo para asignar es otra cosa- y asegurar una columna vertebral.
Antes eran dos universidades; ahora son dieciocho. Todas están estructuradas como una red y deben fortalecer su capacidad de trabajar en red para cumplir su rol y relacionarse con otro tipo de universidades.
El Estado tiene que financiar a las universidades estatales y también contar con un sistema de financiamiento estudiantil, al igual que el que se viene delineando con la gratuidad, como concepto fundamental e ir avanzando de distinta manera.
Por último, una palabra sobre el CAE.
Perdónenme, colegas, pero el CAE en los cuatro primeros deciles -se lo digo a Alejandro Guillier quien está aquí presente- ya está pagado, porque lo compró el Estado. Todos los años el sistema del CAE le vende a la Tesorería aquella parte que tiene menos posibilidades de recuperar.
Por lo tanto, buena parte de los cuatro primeros deciles ya está pagada.
Entonces, no empecemos a generar imágenes distorsionadoras en los foros. Esa deuda ya está pagada. Lo que pasa es que hay que renegociarla con los estudiantes -como se ha propuesto- para ver su nivel de responsabilidad al respecto.
Asimismo, quiero puntualizar que, además de regionalizar -pues es muy importante tener una visión de territorio y pensarla ligada al Ministerio de Ciencia y Tecnología-, el financiamiento ha de considerar que la publicidad no es legítima.
No puede ser que la Universidad San Sebastián gaste en una, dos o tres páginas semanales en El Mercurio, con todo lo caro que es eso.
¡Y además financia a El Mercurio...!
Yo estoy de acuerdo en que las universidades hagan publicidad de sus conocimientos, de lo que producen, pero no en vender su nombre como un fetiche.
Ojalá la Universidad San Sebastián sea muy buena y muestre sus productos; sin embargo, no me parece que haga comercio y ponga los gastos publicitarios como parte de los costos que, además, se le cubren a través de todo el sistema.
Finalmente, ya termina mi tiempo, quiero apoyar totalmente este proyecto.
Creo que hay que perfeccionar muchos de los temas que ha planteado acá la Oposición, pero necesitamos un sistema de educación superior para los tiempos actuales, para pensar Chile y para encontrarnos hacia delante con la diversidad que tengamos.
¡Formar profesionales con más valores, con más espiritualidad, con más conocimientos para el tiempo que estamos viviendo y para el que viene en el futuro!
No podemos seguir con los ojos vendados cuando nos hablan de los niños y no sabemos nada; o cuando nos hablan del cambio climático y no sabemos nada, y de bastantes otros temas que...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.
El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente.
Necesitamos un mejor sistema de educación superior para hacer un Chile mejor, más integrado, menos desigual, y para que toda la riqueza y la potencialidad del país y de sus habitantes puedan expresarse en perfeccionar nuestro proyecto.
Lo peor es decir "Llegué a presidir la nación y todo se va a resolver", porque eso no es verdad, ni en lo económico ni en ninguna otra dimensión.
El Presidente de la República tiene que convocar a la nación, a las universidades, a los partidos y a sus organizaciones para construir un mejor país.
¡Ese es el tiempo en el que estamos!
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, consolidar un sistema de educación superior; dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública; promover la equidad e inclusión; fortalecer la formación técnico-profesional y robustecer el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior por supuesto que son pilares fundamentales cuando uno enfrenta un proyecto de ley de esta envergadura, y esto debemos hacerlo en virtud de un proyecto de ley y no a través de una glosa presupuestaria.
El Senador Montes -por su intermedio, señor Presidente- hablaba del modelo económico.
Efectivamente, Chile ha replicado el ciclo del salitre en el cobre y volverá a repetirlo con el litio, mientras no seamos capaces de generar procesos continuos de agregación de valor y de invertir en ciencia, tecnología e innovación.
Chile invierte tan solo 0,46 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación, contrariamente a lo que ocurre en países afines: Argentina, 1 por ciento; Brasil, 1 por ciento; el promedio de la OCDE, 2,5 por ciento. ¡Para qué hablar de Corea del Sur!
Para aquello se requiere no solo de las universidades, dado que Chile tiene uno de los índices más elevados en materia de investigación, concentrado en los centros de educación superior, sino también de romper con algunos paradigmas.
El primer paradigma es confundir lo público con lo estatal. Cuando uno enfrenta un proyecto de esta envergadura, no es admisible sostener que algunas universidades como la Universidad Católica de Concepción, la de Concepción, la Federico Santa María o la Católica de Valparaíso no cumplen una función pública.
De alguna manera, ha habido una confusión en cuanto a que lo público es sinónimo de estatal en el debate legislativo acerca del nuevo sistema de educación superior.
Eso es lo primero.
El segundo tiene que ver con el punto de vista de las universidades regionales. Las universidades regionales se han visto postergadas una y otra vez en la Ley de Presupuestos como si la gran concentración, la gran generadora de masa crítica del país estuviera en la Región Metropolitana.
Mientras tanto, las regiones siguen esperando.
Ojalá que en el período destinado a la formulación de indicaciones exista la posibilidad de potenciar, de fortalecer lo que las universidades regionales están haciendo en términos de la formación de masa crítica.
Un tercer elemento dice relación con la retención de esa masa crítica en las respectivas regiones. Hoy día los talentos se van de las regiones a Santiago en busca de mejores remuneraciones y no hemos sido capaces de vincular los polos de educación superior con el desarrollo productivo de las respectivas regiones.
¿Cómo poner esa formación de masa crítica al servicio de la región para ampliar la base productiva?
Un caso especial lo tiene la Región de Antofagasta. Esta ha incorporado a Institutos Milenio para ampliar la base productiva de la Región. Y se trabaja, por ejemplo, en la creación de playas artificiales y en otros ámbitos, a fin de establecer elementos distintos de desarrollo para las regiones.
Esos son aspectos que deben estar considerados.
¿Cuál será la función del CRUCh? Se trata de otro elemento determinante, que espero sea abordado en el período de presentación de indicaciones al proyecto en análisis.
¿Cómo somos capaces de asegurar la autonomía? También es un tema de los más relevantes.
Pero también lo es cómo somos capaces de potenciar de una vez por todas la educación técnico-profesional.
Y ahí me quedo un minuto.
Porque hasta ahora -¡hasta ahora!- se ha puesto un excesivo énfasis fundamentalmente en la formación universitaria y no en la educación técnico-profesional, que es la que hace la gran diferencia para contar con profesionales capaces de desplegarse con fuerza y hacer un aporte para nuestro país.
Dicho lo anterior, señalo claramente que ¡se cae a pedazos la campaña del terror!
Siempre sostuvimos con un grupo muy importante de Senadores de nuestra coalición que efectivamente había que mantener la gratuidad para el 60 por ciento. Y comprometimos nuestros votos desde el primer día, ¡desde el primer día!
Ahora bien, resulta absolutamente necesario que seamos capaces de ampliar esa gratuidad a los centros de formación técnica y a los IP.
Hago presente que la gratuidad para el 60 por ciento cuesta 847 mil millones. Hablamos de incorporar a 325 mil alumnos que estudian en centros de formación técnica e institutos profesionales, que es a lo que aspiramos en la próxima Administración. Estamos diciendo que la gratuidad universal cuesta tres mil 371 millones de dólares.
Por lo tanto, es una materia de la cual debemos hacernos cargo.
¿Y cómo nos hacemos cargo? Con el uno por ciento del PIB. ¡1,5 por ciento del PIB en gratuidad universal cuando hay otras prioridades!
Chile tiene que seguir avanzando.
¡Por supuesto que el acceso a la educación superior es fundamental!
¡El acceso a la educación superior es fundamental!
Para ello se requiere que la economía vaya generando también un piso necesario para abordar esa tarea.
Evidentemente, lo que sí debe ser un principio es que ningún estudiante -¡ningún estudiante!- puede quedar al margen del sistema educativo porque no tiene los recursos económicos.
¡Ese es el principio básico!
Eso inspira a aquellos que estamos en el Senado.
Eso es, además, lo que debe inspirar la formulación de políticas públicas.
En esta materia se requiere mucho menos demagogia y que se pueda trabajar.
Considero que este proyecto sí es importante.
Valoro el avance sustantivo en materia de gratuidad y creo que constituye un paso relevante en términos de generar equidad.
¡Sí! Genera equidad.
Pero también se requiere conciencia de que hay muchos elementos por corregir en una iniciativa esencialmente compleja.
En efecto, nos referimos a un proyecto con más de 160 artículos, los cuales vienen a producir un cambio de regulación en un país que ha dado el salto cualitativo y cuantitativo en materia de matrícula: ¡se ha quintuplicado la matrícula de educación superior en los últimos años!
¡Por supuesto que ha de haber regulación!
La Agencia de Calidad de la Educación debe estar atenta a que no se ofrezcan carreras que no tienen ningún destino.
¡La información a los estudiantes debe ser clara!
Cuando un joven toma la decisión de estudiar determinada carrera, tiene que saber cuál es su perspectiva profesional y de retorno. Esto forma parte también de la tarea.
De igual modo, se debe informar acerca de la saturación de determinadas carreras versus otras.
Por tanto, tenemos que promover una decisión de los estudiantes cada vez más informada.
Lo que nuestro país necesita es menos política de trincheras.
Lo que nuestro país necesita es más entendimiento.
Lo que nuestro país necesita es ponernos de acuerdo respecto de cuáles son los grandes desafíos como nación.
Ya mencionamos que nuestro modelo de desarrollo necesita un cambio radical. En un país altamente centralizado, en un país extractivista, cuyo centro de desarrollo es la extracción de materias primas sin que seamos capaces de generar procesos continuos de agregación de valor, debemos imitar lo que han hecho otras naciones afines, como Australia y Nueva Zelandia.
¿Qué han hecho esos países? Han internacionalizado sus universidades; han sido capaces no solo de explotar y exportar minerales, sino también de exportar minería (know how).
El 50 por ciento de la matrícula de las naciones afines ha hecho justamente aquello: vincularse, agregar valor.
Chile todavía sigue confiando, como confió antes en el salitre, como confió antes en el cobre y como sigue confiando en el litio. Pero con una pequeña y gran diferencia: mientras seguimos discutiendo cómo vamos a extraer el litio, Argentina, que cuenta con las segundas reservas, ya se fijó como meta fabricar y exportar baterías de litio y autos eléctricos.
¡Esa es la gran diferencia!
¿Cómo somos capaces...
¿Me concede 30 segundos, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Gracias.
La gran diferencia es que cuando se toman decisiones en materia de políticas públicas hay que quebrar huevos. Y, lamentablemente, durante mucho tiempo -¡mucho tiempo!- en Chile se ha querido mantener los equilibrios y no quebrar los huevos.
El llamado que quiero hacer al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Educación -por su intermedio, señor Presidente- es a que entendamos que no avanzaremos mientras Chile siga invirtiendo 0,46 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación; mientras no contemos con un Ministerio de Ciencia y Tecnología; mientras no tengamos un sistema de educación superior que esté a la altura de las circunstancias de un país que aspira a ser desarrollado, en que exista una gran mesa donde quepan todos y no haya invitados de segunda clase.
Todo ello requiere mucha más inversión.
Pero, además, se requiere descentralizar. Mientras no haya descentralización y mientras se siga confundiendo lo público con lo estatal, no habremos quebrado el paradigma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, creo que hemos asistido hoy día a una sesión realmente contundente en materia de argumentos, muchos de los cuales, por supuesto, compartimos plenamente.
Agradezco a todos los parlamentarios por esta unanimidad. A mi juicio, quien gana es nuestro país.
Solo deseo subrayar dos o tres cosas que me parecen importantes. Ya tendremos la oportunidad de debatirlas en particular. Y la Sala, por cierto, volverá a discutirlas en su momento.
En pocas semanas más estaremos debatiendo la iniciativa sobre universidades estatales, que, como ustedes bien saben, era parte de un mismo proyecto que se dividió en dos. Está por votarse en la Sala de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, pasará luego al Senado de la República.
De lo expresado, vamos a recoger todo lo que tiene que ver con la centralidad y la valoración del tema regional. A lo mejor no se encuentra consignado de manera tan explícita en el proyecto, pero claramente es una voluntad del Ejecutivo destacar, apoyar, mejorar la educación superior a nivel regional.
A partir de lo que mencionaba la Senadora Goic, consideramos relevante que en la educación superior haya un compromiso cívico y social de los alumnos; estimamos que los derechos y los deberes son elementos importantes. Nos parece que, sin lugar a dudas, ello enriquece el marco de este proyecto.
En lo relativo a un mayor apoyo económico a las universidades regionales, vamos a ver cómo mediante el fondo de apoyo a las universidades estatales, contenido en otro proyecto de ley, podemos ajustar en parte a universidades que, tras sufrir en su momento las consecuencias de la división de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, quedaron en condiciones desmedradas y les ha costado más salir adelante debido a que se hallan en zonas extremas a las cuales cuesta atraer profesionales.
Además, quiero agregar que esta normativa plantea condiciones para seguir avanzando en la gratuidad; no se habla de años.
Por lo tanto, será el país el que verá cómo crece, se desarrolla y mejora; cómo llega el litio y una mayor demanda de cobre para poder seguir avanzando.
No se trata de un tema de principios en el sentido de decir: "Solo hasta este decil, porque de ahí para arriba estaríamos transgrediendo un principio".
Muchos de los que estamos en esta Sala -creo que también el Presidente del Senado y algunos otros que somos "mayorcitos"- estudiamos gratis en su momento.
Se podrá decir que éramos menos. Sin lugar a dudas, era así. Pero no se trataba de un asunto de principios, sino de la posibilidad que tenía nuestro país para financiar. Pero llegó un momento en que el acceso se masificó y ya no fue posible mantener el sistema.
Quiero decirles con orgullo a los que no recuerdan, a los que siempre pagaron, que en su momento yo estudié absolutamente gratis en una casa de estudios no estatal: la Universidad Católica de Chile. Nunca pagué un peso en esa institución.
Lo digo porque a veces cuesta recordarlo.
Y cuando se aprueban becas para estudiar en el extranjero, a nadie le preguntan si su papá gana 2 mil, 20 mil o 30 mil.
El país le financia a una persona adulta (lo es al cumplir 18 años), de acuerdo con sus condiciones y si tiene los méritos -porque el país valora la educación, no solo en lo particular respecto de ese postulante, sino como riqueza para Chile-, becas al extranjero para estudiar los posgrados que sean necesarios.
Quiero destacar eso, señor Presidente, a raíz de que se habla de un nivel, de otro nivel, etcétera.
En tal sentido, me referiré solo a la educación técnico-profesional.
En un sistema o en otro un alumno ubicado en el séptimo decil se encuentra en el mismo nivel socioeconómico, no tiene uno distinto.
Lo que sí está claro es que aumentar los deciles en el nivel técnico-profesional es más económico y son muchos menos alumnos.
Como se señaló, al mantener las mismas condiciones, es decir, instituciones acreditadas, de calidad en el nivel técnico-profesional, beneficiaríamos a 25 mil estudiantes si llegáramos hasta el noveno decil.
El asunto no está en la cantidad, sino en la señal que se entrega.
Nosotros queremos que los alumnos estudien en un colegio técnico-profesional o en uno científico-humanista y que después decidan de acuerdo con sus vocaciones, con sus posibilidades, etcétera.
Este no es un nivel de segunda categoría. Aquí no están los pobres de Chile.
No queremos dar esa señal.
Deseamos que este nivel sea una opción para los alumnos que quieran estudiar en él.
Además, esperamos ofrecer a través de los centros de formación técnica estatales las carreras de punta que el país requiere, que son más cortas, de ciclo breve. Y después el estudiante que lo desee puede optar a continuar sus estudios cursando ingeniería u otra carrera en la universidad.
En esta normativa, señor Presidente, ya se considera que si alguien estudió con beca, apoyo o gratuidad en un CFT o en un IP una carrera de dos o tres años puede seguir más adelante cursando en forma gratuita, por ejemplo, una ingeniería, en la medida en que le reconozcan al menos dos semestres de la carrera estudiada con anterioridad. Eso, para ir anclando ambos niveles y tener mejores técnicos que salgan al mercado del trabajo y después ingresen a la universidad para seguir su formación.
Ninguna política pública se construye en una hoja en blanco ni en el vacío, sino a partir de lo ya edificado.
Me parece que esta iniciativa, en el contexto de la reforma educacional, marca una inflexión respecto a cómo estamos considerando la educación y a cómo necesitamos una educación superior que no solo implique cobertura -como bien se ha dicho, la tenemos-, sino también calidad.
Contamos con las instituciones capaces. No queremos ni sobrerregular ni subregular, como se ha dicho acá. Pero requerimos organismos con una capacidad que hoy el Ministerio no posee.
En este último tiempo ya tres universidades han tenido dificultades serias por no considerar los temas económicos, etcétera, para ofertar a los estudiantes.
Podríamos haber evitado esa situación si hubiéramos tenido una buena Superintendencia y una Agencia más reforzada para determinar qué es una institución de calidad.
No nos sirve la gratuidad sin calidad.
He dicho.