REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 67ª, en miércoles 29 de noviembre de 2017
Especial
(De 13:17 a 14:34)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2018. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2018.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.452-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del Mensaje en sesión 49ª, en 3 de octubre de 2017.
En segundo trámite: sesión 64ª, en 23 de noviembre de 2017.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 64ª, en 23 de noviembre de 2017.
Comisión Mixta: en 67ª, en 29 de noviembre de 2017.
Discusión:
Sesiones 64ª, en 23 de noviembre de 2017 (queda pendiente la discusión); 65ª, en 24 de noviembre de 2017 (aprobado con modificaciones).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala la señora Subsecretaria de Hacienda.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivaron del rechazo por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de múltiples enmiendas efectuadas por el Senado.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias, efectúa una proposición que acordó con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
Cabe informar que la Cámara de Diputados, en sesión de ayer, 28 de noviembre, aprobó la proposición de la Comisión Mixta, que contiene disposiciones de quorum calificado y de ley orgánica constitucional, para cuya aprobación se requieren 19 y 21 votos afirmativos, respectivamente.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, quisiera recordar que el trámite del Senado es el último que debe cumplir en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018.
Por lo tanto, es útil recordar que este Presupuesto contempla un endeudamiento de 7 mil millones de dólares y tiene un déficit efectivo, es decir ingresos menos gastos, de 1,9 por ciento del producto interno bruto, y que estas mismas cifras, trasladadas en el mediano plazo, significan un déficit estructural -o de mediano plazo- de 1,5 por ciento del PIB.
¿Por qué digo aquello? Porque creo que nuestro país, en los próximos años, en la medida que vaya teniendo mayores ingresos -todos esperamos que así sea-, deberá destinar parte importante de ellos, más que a mayor gasto, a disminuir el déficit y, por supuesto, a reducir el endeudamiento en que hemos tenido que incurrir durante todos los años en que el crecimiento de la economía ha sido extraordinariamente débil.
El informe de la Comisión Mixta, que es lo que vamos a votar dentro de pocos minutos, contempla diversas materias que fueron sometidas a la deliberación y a la resolución de dicha instancia.
Yo deseo hacer el punto respecto de tres de esas materias.
Primero, la vinculada con el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito para los planes comunales de seguridad ciudadana.
Debo recordarle a la Sala que en marzo de este año aprobamos la ley en virtud de la cual se crean los consejos de seguridad ciudadana en cada una de las comunas y se obliga a establecer los respectivos planes.
En esa ley se dice que tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito como los municipios tienen que firmar convenios de cooperación y ponerse de acuerdo, pues de esa manera la Subsecretaría de Prevención del Delito les va a traspasar los recursos. Sin embargo, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2018 las platas disminuyen significativamente.
Por consiguiente, lo que ha planteado con mucha fuerza el Senador Alberto Espina en el sentido de que los planes comunales de seguridad ciudadana no están financiados es una realidad: estamos dejando sin financiamiento una ley que el Parlamento aprobó hace poco tiempo.
Dicho eso, reconociendo tal falencia y señalando que aquello va a crear un problema serio, por supuesto que nos alegramos de que ayer el señor Ministro de Hacienda, en la Comisión Mixta, haya resuelto disponer de 4 mil millones de pesos adicionales -si bien se trató de una petición muy transversal, también hay que reconocer que la lideró el Senador Espina- para protección a menores del SENAME. La finalidad es hacerse cargo de una lista de espera de más de 2 mil menores y adolescentes que han sido violentados, abusados sexualmente, y cuyos exámenes y tratamientos médicos no han podido realizarse por falta de presupuesto.
En consecuencia, expresamos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la disposición a incrementar los recursos del Servicio Nacional de Menores en 4 mil millones de pesos.
Finalmente, debo decir que se aumentaron significativamente los recursos de agua potable rural. ¡Bien por nuestras comunidades rurales, que necesitan que el agua potable llegue a todos los hogares!
Sí, el último incremento de recursos para agua potable rural se ha hecho con cargo a la Dirección de Vialidad. Se trata de 10 mil millones de pesos.
Francamente, ¡eso significa desvestir a un santo para vestir a otro...!
Considero que había otras maneras de financiar esos 10 mil millones, pero no sacándolos de la Dirección de Vialidad. Porque, así como es relevante el agua potable rural, también lo son los caminos rurales, que se hallan en pésimas condiciones.
Yo hablo por la Región de La Araucanía, donde además los contratos de mantención y mejoramiento globales no han funcionado. Ello implica que los caminos estén en pésimo estado. Y si a eso agregamos que hemos tenido un invierno extraordinariamente duro, significa que nuestros caminos no están en condiciones de brindar seguridad y protección a quienes transitan por ellos.
Con todo, señor Presidente, el informe de la Comisión Mixta se hace cargo de varias situaciones. Así que yo por lo menos lo voy a votar favorablemente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para abrir la votación.
El señor MONTES.- Muy bien.
El señor ESPINA.- Sí, pero manteniendo los tiempos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por supuesto.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, tal como relató el Senador García, en la Comisión Mixta se vieron muy distintas materias. Empero, si me refiero a todas no podré poner el foco en las más relevantes desde nuestro punto de vista. De manera que me remitiré básicamente a dos temas.
En primer lugar, la Oposición, y especialmente el Senador Espina, planteó, primero desde la Cuarta Subcomisión Mixta, que revisó el presupuesto del Ministerio del Interior, y luego desde la Comisión Especial Mixta, cuando examinó el presupuesto del Ministerio de Justicia, una preocupación particular por lo relacionado con la seguridad ciudadana y con el Servicio Nacional de Menores, respectivamente.
En el caso del Servicio Nacional de Menores, hasta la votación de la Comisión Mixta nosotros nos pronunciamos en contra del presupuesto respectivo; insistimos en que los fondos no eras suficientes, sobre todo para los niños que se hallan en hogares de menores.
El Ejecutivo dijo que no era posible subir más los montos, pues se había llegado al tope de la Ley de Subvenciones.
Insistimos en que sí era factible aumentarlos, porque no en todos los casos se iba a llegar al tope, lo que permitía seguir incrementando los recursos para las subvenciones, específicamente para las destinadas a los niños que se encuentran en hogares.
Nuestra insistencia llevó a que finalmente el Ministro de Hacienda accediera ayer en la Comisión Mixta a entregar 4 mil millones de pesos adicionales al Servicio Nacional de Menores.
En tal sentido, nuestra insistencia en las distintas instancias del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos en torno a la necesidad de elevar el gasto para los niños, especialmente para los vulnerados en sus derechos, o sea los que más necesitan la ayuda del Estado y de la sociedad, en definitiva rindió frutos.
La insistencia de la Oposición, que partió en la Subcomisión que vio la Partida Ministerio de Justicia y luego se fue expresando en el rechazo al presupuesto del SENAME, logró que finalmente el Ministro de Hacienda accediera al incremento de 4 mil millones de pesos, que nosotros agradecemos, pues irá en ayuda directa a los niños que más necesitan.
En segundo término, señor Presidente, quiero poner el acento en los planes comunales de seguridad ciudadana.
Aquí tramitamos durante mucho tiempo el proyecto de ley sobre planes comunales de seguridad ciudadana. Al respecto, desde la Comisión de Gobierno, planteamos con mucha insistencia nuestro parecer en cuanto a que no correspondía entregarles a los municipios la tarea de generar los planes de seguridad ni al alcalde la misión de liderarlos si no se les entregaban los fondos necesarios para hacerse cargo de la nueva tarea.
No es correcto que les impongamos a las municipalidades una función adicional sin proporcionarles los fondos indispensables para llevarla a cabo; por ejemplo, para la simple tarea de contratar a una persona a los efectos de que se haga cargo de la función y lidere los planes comunales de seguridad.
El Ministro y el Subsecretario nos aseguraron que el financiamiento para los planes de seguridad ciudadana se les iba a entregar a los municipios a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Señor Presidente, no se cumplió la palabra empeñada. Así, desgraciadamente, llegamos hasta la última instancia, los planes se van cerrando y el financiamiento no aparece.
Por lo tanto, el Gobierno no cumplió el compromiso de entregarles a las municipalidades los recursos requeridos para los planes en comento.
Yo lamento que nuevamente les hayamos impuesto a los municipios una tarea sin entregarles el financiamiento necesario para llevarla a cabo.
Luego van a decir que no la pueden realizar porque...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora VON BAER.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Luego los municipios, con absoluta razón, la próxima vez que queramos entregarles una tarea nos van a decir: "¿De nuevo una tarea sin financiamiento?".
En la Comisión de Gobierno, el entonces Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, contrajo en nombre del Ejecutivo un compromiso explícito en el sentido de que no se iba a dejar sin financiamiento a los municipios para el desarrollo de los planes comunales de seguridad ciudadana.
¡La palabra empeñada por el Gobierno no se cumplió!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señor Presidente, nosotros, al igual que los parlamentarios que me antecedieron, estamos por aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Se hizo un trabajo bastante integrado en ese órgano, donde logramos acuerdo en buena parte de las materias en que había discrepancias.
Varias objeciones de la Cámara de Diputados hacían referencia a la necesidad de entregarle también a ella información que se proporciona al Senado o a la Oficina de Presupuestos. Se accedió en tal sentido, y con ello se zanjaron muchas diferencias.
Esa Corporación había rechazado los gastos variables de diversas instituciones; el Senado introdujo modificaciones, pero en último término se incorporaron: Subsecretaría de Prevención del Delito, Rehabilitación y Reinserción Social, SENAME, etcétera.
La discusión se centró bastante en la Partida Ministerio del Interior.
Al respecto, quiero ser muy claro.
Todos entendemos que debe ponerse gran énfasis en el problema de la seguridad. Sin embargo, también hemos de asumir un hecho: ninguno de nosotros tiene muy clara la forma de enfrentarlo.
Hay que construir una respuesta apropiada para el Chile de ahora.
Quien crea que tiene resuelta la situación no ha demostrado capacidades para formular un planteamiento que contenga la solución.
Ojalá crezcamos y desarrollemos mecanismos sobre el particular.
¿Qué pasó con el famoso plan comunal de seguridad ciudadana?
Era un plan del actual Gobierno que duraba tres años, pasados los cuales terminaba. Y se iba a evaluar y a plantear distintas cosas para delante.
¿Qué ocurrió con el Gobierno anterior? Tenía el programa Barrio en Paz. ¿Funcionó? Un poco mejor en algunas partes, pero tampoco logró los resultados que se esperaban.
¿Qué pasó con el programa Comuna Segura en las anteriores administraciones? Se plantearon cuestiones similares.
Y aquí hay gente que trabajó en ellos.
Entonces, ¿qué dice el Gobierno? Cumplidos tres años, es preciso evaluar todo y ver cómo se formula, y el nuevo tendrá que ocuparse en la determinación de cómo proseguir, pero sobre la base de asumirse que enfrentamos serias dificultades.
No podemos continuar haciendo lo mismo. Los tres programas que han existido hasta ahora han sido muy parecidos. El rasgo principal es que se trata de nuevos recursos, de nuevos proyectos, sin diálogo con la acción del Estado en los territorios.
Una cosa distinta son los consejos y planes comunales.
No es efectivo lo expresado por la Honorable señora Von Baer en el sentido de que los planes se sostendrán solo con recursos nuevos. La filosofía principal es que, al registrarse una coordinación en los consejos, lo básico es una redefinición por parte de las comunas. No significa hacer cosas nuevas en educación, en salud, en todos los programas sociales de los municipios, sino reorientar lo que se realiza, para prevenir de mejor manera, para preocuparse de niños y jóvenes.
Y, a su vez, las municipalidades tienen que ayudar al Gobierno a que policías, jueces, etcétera, se coordinen mejor. Esto último se hace mal en la actualidad. Recién se verifica en el intercambio de información entre ellos.
Entonces, lo que define a los planes no son los fondos adicionales.
Hago presente que participé en los consejos, que eran iguales a los de hoy día. Antes no contaban con una legalidad, pero eran los mismos. Se contemplaba a Gendarmería e, incluso, a los jueces, que ahora no participan.
El texto se aprobó en estos términos, pero creo que es preciso tener muy claro que no contamos con una definición, como Estado, de cómo cabe enfrentar la situación en las distintas comunas. Es pésimo medir respecto de denuncias.
Muchos de los planes tienen que ver con metas a más mediano y largo plazo.
Si hubiera algo claro, como la preocupación por los desertores de los colegios y la actividad de niños y jóvenes en los barrios y con monitores, al igual que en otros países, a lo mejor se dispondría de un núcleo principal, a diferencia de hoy día, cuando mucha de la plata se ha destinado a canchas de baby fútbol. Existen treinta mil en el país. No es un problema de disponer de más, sino de cómo enfrentar aspectos más sustantivos, cualitativos y de fondo.
Otro punto importante dice relación con el secreto. Mediaban un rechazo a los gastos reservados de las ramas de las Fuerzas Armadas y un debate con Carabineros.
La Contraloría dictó la resolución N° 10, en definitiva, que obliga a las instituciones a informarle del ingreso de alguien o de la baja o la renuncia, lo que antes no sucedía.
Respecto de los gastos reservados, en general, juzgo que hemos logrado una buena definición. Fueron aprobados para las distintas ramas, pero bajo normas de control absolutamente distintas y superiores a las actuales.
En cuanto al crecimiento de las universidades estatales, el texto las ponía en la misma situación que el resto.
El Ministro de Hacienda sostuvo que eso se iba a discutir, pero en el proyecto de ley respectivo, por entender que se precisaba una regla propia, distinta, y que crecieran mucho. Ello, en la medida en que se encuentran muy retrasadas, con menos de quince por ciento de la matrícula, al ser autorrestringido su desarrollo. Por eso, no hicimos mayor cuestión.
Finalmente, a propósito de lo manifestado por el Senador señor García, pido sostener un debate en serio acerca de qué significan el endeudamiento y el déficit, porque se parte de la base de que no deben existir, lo que resulta incorrecto.
La norma de Europa es de un 3,1 por ciento del PIB como déficit y de un máximo de 60 por ciento del PIB como endeudamiento. Nosotros registramos ese primer porcentaje en la actualidad y un endeudamiento del 25 por ciento en términos brutos, así como de uno o dos por ciento en términos netos, porque disponemos de fondos.
Lo anterior no depende de tener o no deuda, sino de qué hacemos con ella, de qué proyectos se lleven a cabo. Porque si se tratara de iniciativas potentes para el progreso del país, como en energía solar, todos coincidiríamos en que rendirían en impuestos, pero también en crecimiento y desarrollo. Por eso, no es cosa de oponerse al déficit y la deuda de por sí. Analicemos el punto en su mérito, así como las alternativas que se presentan.
Estimo muy importante aprobar el informe. Me parece que el trabajo de la Comisión Mixta ha sido muy bueno, pero también el de la Comisión Especial, y el Gobierno ha demostrado flexibilidad para recoger ciertos planteamientos, lo que ha permitido lograr acuerdos más generales.
Muchas gracias.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido la autorización de la Sala para que ingrese el Director de Presupuestos.
Si no hay inconvenientes, se accederá.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera partir por consignar, para la opinión pública, que la votación de un informe de Comisión Mixta importa el pronunciamiento acerca de un paquete de medidas, por lo que no es posible dividirlas. Lo hago presente porque la Ley de Presupuestos en proyecto deja con cero peso a los planes comunales de seguridad.
Estos últimos surgen en virtud de un cuerpo legal aprobado en el año en curso por el Congreso y en el que se comprometió -exhibo el documento respectivo- el financiamiento de 153 comunas en el texto que nos ocupa.
El resultado es que no se financió ninguna, porque los recursos que aparecen en la Partida dicen relación con platas para los casos de violencia rural en La Araucanía, para los cascos históricos y para terminar con los antiguos planes comunales de seguridad, que no tienen nada que ver con los nuevos.
Deseo aprovechar la oportunidad para pedirle al Senador señor Guillier, candidato presidencial, que se pronuncie sobre la decisión del Gobierno de dejar con cero peso a los planes comunales de seguridad.
¿Por qué lo hago?
El señor MONTES.- ¡Porque va a ganar...!
El señor QUINTANA.- ¡Porque Su Señoría está preocupado...!
El señor ESPINA.- Porque en un tuit expresa: "La delincuencia tiene ahogada a la familia. Es prioridad nacional".
Y en la página 212 de su programa dice: "Dotaremos de mayor acompañamiento técnico y financiero a nuestros 345 municipios con el objetivo de lograr que cada comuna cuente con sus respectivos Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública".
Es líder de la coalición de Gobierno y resulta incomprensible que no haya hecho nada ni intentado lograr que se mantuvieran y aumentasen los recursos para estos efectos.
El señor LETELIER.- ¿No será mucha la desesperación de las bancadas de enfrente?
El señor ESPINA.- Quiero recordar que la Sala votó en contra de la Partida por considerar inaceptable que no hubiera fondos para dichos planes. Por eso es que el proyecto pasó a Comisión Mixta, donde en ningún instante observé que el colega Guillier, candidato presidencial que sostiene que la seguridad ciudadana es una prioridad, hiciera algo para revertir la decisión, profundamente errónea y equivocada, de dejar sin recursos en la materia a los municipios al llegar la iniciativa sobre el Presupuesto y borrarse con el codo lo escrito con la mano, a pesar de haber dictado el Congreso un cuerpo legal que Su Señoría votó a favor en marzo recién pasado y mediar el compromiso de financiar 153 comunas.
¿Qué le dirá a los millones de chilenos...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No puede dirigirse en forma directa a otro Senador, Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Lo haré por su intermedio, señor Presidente, para preguntarle cómo se explica que el líder de una coalición sostenga, por un lado, que su prioridad es combatir la delincuencia, y, por el otro, no llegue nada cuando se trata de lograr recursos para las comunas.
Con ello, los vecinos quedan en la indefensión, y los alcaldes, absolutamente abandonados, a pesar de que se les pidió elaborar los planes.
Y, obviamente, la situación demuestra claramente, muy por el contrario, que la delincuencia y los planes comunales, los cuales son una parte de la labor para disminuirla, no son una prioridad para el candidato presidencial de la coalición gobernante.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El punto puede quedar para el debate presidencial...
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, es cierto que ello puede quedar para el debate presidencial, pero a mí me cuesta aprobar un proyecto de Ley de Presupuestos que no contiene los compromisos contraídos por la Presidenta Bachelet.
El Gobierno le ha dicho a quien quiera escucharlo que la seguridad ciudadana es la preocupación principal. Y está en lo correcto. Cada vez que vamos a una reunión de junta de vecinos, a alguna organización social o transitamos por la calle, la gente nos detiene para decirnos: "Hagan algo contra la delincuencia, que nos ha cambiado la vida para mal, en verdad".
Existía la idea de bajar a la integración de la comunidad, en general, en la lucha contra la delincuencia. Porque la labor no es solo de las policías, de las autoridades, sino que, como lo ratificó el ex Subsecretario de Prevención del Delito señor Frey, también se requiere incluir a la primera a través de los planes comunales de seguridad. Pero para ello se necesitan recursos, y la verdad es que en el proyecto de Ley de Presupuestos no los hay.
A mí me cuesta aprobar este último, porque el Gobierno no ha cumplido los compromisos que adquirió con la Región de Atacama. Estamos haciendo referencia a los contraídos por la propia Presidenta de la República, ascendentes a mil 500 millones de dólares, ¡Nunca llegaron, señor Presidente!
Es más, el programa de reconstrucción expresaba que eran 506 millones. Señalo, a mayor abundamiento, que fue aprobado un cuerpo legal que establecía que 500 millones de dólares iban a salir de la Ley Reservada del Cobre.
¡Todavía no puedo conocer el destino de esos recursos! ¡Nadie me ha contestado! Ni siquiera el Ministro de Hacienda, aquí presente.
La Contraloría, a través de un oficio, determinó que esos 500 millones de dólares estaban en una cuenta en un banco en Estados Unidos.
¿No les parece a mis Honorables colegas que el hecho es grave?
No estoy haciendo referencia a que los dineros hayan sido robados, pero no han llegado al objetivo para el cual se aprobaron, que era ir en ayuda de la gente afectada en la Región de Atacama.
Digamos la verdad. No se trata de un problema de falta de recursos, porque los hay para aumentar los parlamentarios en 47, para entregar 70 millones de dólares a TVN y para proporcionar a sola firma 450 millones de dólares a la ENAP; pero no para seguridad ciudadana y para la Región que represento.
Señor Presidente, nunca he dejado de aprobar un proyecto de Ley de Presupuestos en los 27 años de mi larga carrera parlamentaria. El que nos ocupa es muy injusto, a mi juicio, con la Región de Atacama, porque la Primera Mandataria comprometió que los correspondientes a 2016 y 2017 iban a contener 500 y 500 millones de dólares para ir en ayuda de esa gente. Por eso, no voy a votar a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, lo haré en los mismos términos que mis Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
Cuando la seguridad ciudadana es la principal preocupación de los chilenos; cuando la Presidenta de la República afirma que esta es la principal iniciativa en la materia; cuando municipios comenzaron a implementar los consejos comunales de seguridad pública incluso antes de la aprobación de la ley; cuando quienes hemos estado presentes en los consejos hemos visto cómo se integra la sociedad civil en el combate contra la delincuencia y hay un diálogo entre ella, las policías -Carabineros y la PDI-, la Fiscalía y las autoridades gubernamentales; cuando observamos casos como el de San Felipe, donde no solo se contentaron con designar dos miembros del consejo, sino que también incorporaron a toda la comunidad a través del CODEBASE, estableciendo entidades a nivel comunal, local y barrial, y cuando conocemos el ejemplo de Viña del Mar, que cuenta con consejos vecinales de seguridad pública, nos parece realmente incomprensible quitar el presupuesto necesario cuando recién se están comenzando a ver los frutos y 74 comunas ya están implementando el programa.
¿Dónde están las prioridades: en platas para TVN o en las que se requieren para la seguridad pública?
El llamado es a comprender que se trata de un asunto de prioridad nacional, básicamente.
Aquí es cuando los chilenos comienzan a ver tan distantes las discusiones de la política y las de los ciudadanos. Este es un ejemplo claro, categórico.
No hay junta de vecinos, centro de adulto mayor o barrio cuya principal preocupación no sea justamente prevenir la delincuencia, a tal punto que se comienzan a organizar. Y han entendido, afortunadamente, gracias a programas como este, que la seguridad ciudadana no es una cuestión solo de autoridad, sino que los involucra a todos. ¡Y los involucra activamente!
Entonces, aquí tiene lugar un retroceso complejo respecto de una labor para la cual se aseguró, además, el financiamiento.
Recordemos que este último es, por ejemplo, para designar a los encargados de seguridad pública en cada comuna y dar capacidad al consejo comunal de seguridad pública para elaborar el plan en la materia.
Los Andes, Concón y otras comunas han lanzado sus planes con la incorporación de la comunidad. ¿Y con qué quedan ahora? ¡Con nada!
Quiero apelar al Gobierno para que entienda, en definitiva, que son aspectos serios y que dicen relación con la necesidad de incorporar a la comunidad, a la sociedad civil, a todos, en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, lo que implica la responsabilidad de avanzar y dar un piso.
Asuntos como los subsidios para las víctimas de la violencia en regiones como La Araucanía, Biobío y Los Ríos -quiero destacar que fueron parlamentarios de esas zonas los que levantaron la cuestión con tanta fuerza- o el programa de cascos históricos, tan importante, se ven debilitados precisamente por el hecho de que se trata.
Por eso es que vuelvo a apelar para que las prioridades ciudadanas sean las del Congreso.
De lo contrario, se pierden la confianza de las personas y la credibilidad en las instituciones.
Me pronuncio por el rechazo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, nos encontramos en la votación del informe de la Comisión Mixta, después de un trabajo detallado, acucioso, de cada uno de los sectores y que da continuidad no solo a programas especiales, sino también a algunos muy valorados por la comunidad. Me alegro de que el texto finalmente se esté despachando.
Pero quiero referirme a dos materias especiales de la Región de Magallanes.
Hay una buena noticia para un grupo de mujeres con quienes hemos trabajado durante años: las manipuladoras de alimentos, específicamente, quienes obtuvieron hace cerca de tres años un bono especial de zonas extremas que reconocía el mayor costo de vida no solo en la Región de Magallanes, el que, sin embargo, habían perdido.
Hoy día quiero reconocer y agradecer a los colegas que trabajaron en esta materia. También, al Ejecutivo, que estuvo dispuesto a patrocinar la indicación que habíamos presentado para que las manipuladoras de alimentos de zonas extremas recibieran un bono de desempeño equivalente a cien mil pesos, pagadero de forma mensual. Este beneficio viene a reconocer el trabajo de las dirigentas en negociación colectiva y a asumir la realidad de las zonas extremas.
Este beneficio se contempla no solo para quienes tienen jornada completa, sino también para aquellas con contrato parcial, obviamente, pagado en forma proporcional.
Y en el caso de aquellas trabajadoras que se desempeñan en regiones donde todavía no se efectúan las licitaciones, se contempla el beneficio dentro de las licitaciones, que es lo más importante: que las empresas que oferten ahora en los Programas de Alimentación Complementaria efectivamente lo incluyan.
Junto con esta buena noticia para más de 300 mujeres en mi Región, y muchas más en zonas extremas, quiero destacar el trabajo que han llevado adelante las dirigentas, que han estado permanentemente coordinadas, preocupadas, que han participado en distintas reuniones y que hoy día ven sus frutos.
En segundo lugar, quiero recalcar una de las principales preocupaciones que hicimos presentes los distintos parlamentarios de la Región: la disminución que aparecía en el subsidio a la ENAP destinado a mantener el precio del gas a la comunidad.
Como todos recordamos, este beneficio surge de uno de los principales movimientos regionales que se desarrollaron durante el Gobierno anterior.
Hay una disminución real. Se dieron las explicaciones en la Comisión en cuanto al efecto del dólar. Pero se señaló que esto no va a afectar la tarifa para las familias.
Cabe recordar, además, que nosotros dispusimos en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.999, de Servicios de Gas, la fijación del precio del gas hasta que se concrete el proceso para establecer la tarifa definitiva.
Hoy día esta materia está normada por ley. Por lo tanto, podemos dar tranquilidad a la comunidad de Magallanes respecto de un asunto tan importante, que hemos peleado en conjunto y que hoy día se mantiene, cautelando además la situación de la ENAP, para que no sea un cargo para la empresa, ya que se separó ese ítem. En su momento se contemplaba que dicha empresa estatal asumía el costo. Hoy día se mantiene el subsidio para que eso no sea así.
En tercer lugar, me alegro del aumento de los recursos para el SENAME.
Aquí hay una prioridad. Lo hemos conversado muchas veces en este Parlamento.
Probablemente, si fuera un hijo nuestro, un sobrino, alguien que conocemos quien sufre una vulneración grave -estoy hablando, por ejemplo, de una violación-, todos correríamos, dejaríamos de gastar en cualquier cosa para atenderlo y protegerlo.
En tal sentido, considero que tenemos un compromiso pendiente con los niños que hoy día están en la red del SENAME.
Se ha hecho un esfuerzo importante en este Presupuesto, pero no es suficiente.
Insisto en la necesidad de seguir adelante en la agenda que permite separar el organismo en dos servicios.
Avanzamos también, pero tímidamente, en aumentar la cantidad de Servicios de Salud que cuentan con el Programa de Atención Integral de Salud Mental. Queda como desafío que en el próximo Presupuesto se integren todos los Servicios de Salud de nuestro país, porque estamos hablando de niños que no pueden esperar para la atención de un psiquiatra, de un psicólogo, para una terapia que permita recuperarlos y apoyarlos en un momento en que deberían ser niños y no estar sujetos a vulneraciones que son inaceptables hoy día, frente a las cuales no podemos quedarnos inmóviles.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Saludamos a la delegación de la escuela República de Italia de Capitán Pastene, que hoy día nos visita en el Senado por invitación del Senador señor Quintana.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, como aquí se ha dicho, nos encontramos en el último trámite del proyecto de Ley de Presupuestos y, por lo tanto, los presentes estamos obligados a votar el conjunto de normas que se nos ponen sobre la mesa para el debate. No podemos discriminar entre unas y otras.
Eso hace extraordinariamente difícil la discusión, porque algunos plantean que no existe ninguna dificultad en que este Presupuesto tenga un endeudamiento de 7 mil millones de dólares y un déficit de 1,9 puntos del producto interno bruto.
Yo creo que esa no es una buena noticia para nuestro país.
Recuerdo que cuando el Ministro Eyzaguirre formaba parte del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos señalaba que uno de los logros más importantes era la regla del superávit fiscal. Y nos aseguraban que eso era lo que verdaderamente hacía que el país creciera, resolviera sus problemas sociales y le diera estabilidad y seguridad a los sectores más vulnerables.
Hoy día parece que esa regla se olvidó: nos endeudamos en 7 mil millones de dólares y generamos un déficit del 1,9 por ciento del PIB.
Estoy de acuerdo con el Senador Montes en que hay que debatir esa materia, porque tenemos que contrastar lo que nos señalaban en la década del 90 con lo que están diciéndonos ahora. ¡Y es un mundo de diferencia!
Además de lo anterior, por el tiempo que queda, quiero referirme a dos cosas fundamentales.
Primero, ¡qué bueno -porque estuve presente en la Subcomisión que abordó el presupuesto de Obras Públicas- que se restituyeran los recursos para el agua potable rural! Para las zonas a las cuales yo represento eso es verdaderamente fundamental. En pleno siglo XXI miles de familias reciben el agua en camiones aljibe. Y en los proyectos de agua potable rural está el camino de solución.
¡Pero se restituyen los recursos a la Dirección de Obras Hidráulicas y se le quitan 10 mil millones de pesos a Vialidad! Y en nuestras zonas rurales la conectividad también es un tema importante.
Considero que esa reducción obliga y exige al Ministerio de Obras Públicas a trasparentar qué va a significar en nuestras comunas, en nuestras provincias, en el mundo rural que Vialidad tenga 10 mil millones de pesos menos para invertir.
También se ha planteado el tema de la seguridad, del combate a la delincuencia.
La propia Presidenta de la República -no son palabras nuestras- dijo que un eje fundamental en su política para el combate a la delincuencia era la ley sobre planes comunales de seguridad pública, que se promulgó a fines del año pasado y que entró en vigencia este año.
El Senador Montes dice que no nos preocupemos tanto de que no tengan recursos, porque no sabemos bien qué hacer en esta materia.
Cuando la Presidenta de la República presentó ese proyecto y se defendió en ambas Cámaras, ¿no tenía claro qué hacer en esta materia?
Me parece que el argumento entregado por el Senador Montes no resiste ningún análisis. Porque, verdaderamente, la fuerza para enfrentar a la delincuencia está en las comunas. Los alcaldes, los concejales, los dirigentes sociales, con la coordinación de las policías, de los jueces, del Ministerio Público, son los que saben cómo enfrentar la delincuencia.
Por lo tanto, a mi juicio, aquí se comete una irresponsabilidad mayúscula: generar una expectativa, una política pública que era el eje de la lucha contra la delincuencia -según la propia Presidenta de la República- y, tras cartón, no asignarle ningún recurso.
Hacía bien el Senador Espina al recordar que este propio Senado rechazó esta partida porque el programa no tenía recursos, con el objetivo de llevar el tema a Comisión Mixta y lograr que ahí el Gobierno repusiera el financiamiento.
El Ejecutivo no lo hace y, por lo tanto, a nuestras comunas, que estaban preparando sus planes comunales de seguridad pública y disponiéndose a trabajar en esta materia, hoy día se les notifica que mejor no citen a nadie, que no hagan ninguna reunión, porque no van a tener un peso para llevar adelante lo que verdaderamente requieren y necesitan y que los vecinos exigen: que existan recursos disponibles para que, con la participación ciudadana, con la colaboración de las policías y el conocimiento de los concejales y sus alcaldes, se tomen medidas para enfrentar la delincuencia.
Y hoy día se cierra la puerta y, en consecuencia, los municipios, particularmente los más vulnerables, no tienen ninguna posibilidad de llevar adelante estos planes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad, no estamos discutiendo la Ley de Presupuestos a estas alturas, sino el informe de la Comisión Mixta, que refiere solo una parte de esta discusión. Por lo tanto, no se puede tratar todo el conjunto.
Sin embargo, esto permite formular algunos comentarios finales respecto de lo que ha sido este debate y subrayar tres hechos centrales, desde mi punto de vista.
En primer término, lo positivo: finalmente, los recursos para el SENAME se aumentaron en 4 mil millones de pesos.
Cabe recordar que en la Ley de Presupuestos para 2017 no se incrementaron los aportes para los centros que apoyan la labor con los menores, salvo los CREAD, que representan el 10 o el 11 por ciento. Por lo tanto, tuvieron que mantenerse congelados los apoyos para los menores.
Este año íbamos por la misma dirección, y si no hubiese sido por la fuerte acción de Senadores de nuestro sector, encabezados por los colegas Espina, Von Baer, García Ruminot y otros, no habríamos logrado este objetivo. Reciban mi reconocimiento. Y me alegro de que finalmente el Gobierno haya tenido la sensibilidad de escuchar la necesidad de aportar más recursos para el SENAME.
Eso es lo bueno.
Lo malo es que seguimos en deuda con la seguridad ciudadana.
Los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han hecho suficientes alegatos para demostrar la inconsecuencia entre dejar sin recursos en la Ley de Presupuestos a los planes comunales de seguridad pública y la voluntad declarada del Gobierno de combatir la delincuencia común.
La prevención del delito requiere planes de esta naturaleza. Y no entregarles recursos, a pesar de los compromisos del Ejecutivo, deja en evidencia que realmente la voluntad para prevenir el delito, la voluntad por escuchar la voz de la ciudadanía en materia de seguridad pública no es total, no es a todo compromiso, sino "en la medida de lo que se pueda, vamos dando algo".
Por la negativa de entregarles estos recursos a las comunas, no ha habido un compromiso real de apoyar el combate contra la delincuencia.
Y para complementar este argumento se puede agregar otro factor que a mi juicio también es relevante: los apoyos para que las personas que están privadas de libertad, cumpliendo condena, se rehabiliten y se reinserten siguen siendo insignificantes. No hay recursos para la rehabilitación de nuestros presos. Gendarmería mantiene los mismos presupuestos. Y quienes conocemos esa realidad, porque hemos visitado los recintos, no solo en nuestras regiones, sino también en Santiago, nos damos cuenta de que esto es algo gravísimo. No estamos ayudando a recuperar a quienes están presos. Por lo tanto, la reincidencia sigue siendo elevadísima, y continuará así mientras no se entreguen recursos para rehabilitación. Porque no se previene solo con carabineros antes de que se cometa el delito, sino también rehabilitando, porque así se evita la reincidencia de quienes han sido condenados.
En consecuencia, lo malo es que aquí el Gobierno no pasa el test de la blancura en un compromiso irreductible con la lucha contra la delincuencia.
Y lo feo de este Presupuesto, señor Presidente -con esto termino-, es que aquí se autoriza el aumento del endeudamiento público por 7 mil millones de dólares. El déficit efectivo de este Presupuesto es del 1,9 por ciento del PIB, lo que es elevadísimo. Por tanto, no se cumple el compromiso de reducir el déficit estructural, que se iba a llevar a cero. Y estamos en el 1,5 por ciento.
¿Por qué ocurre esto? Porque este Gobierno, en sus cuatro años, ha sido incapaz de lograr crecimiento económico. Y al final, cuando no hay crecimiento económico y los gastos deben hacerse inevitablemente, lo que tiene que hacer el país es endeudarse. Y eso es lo que hemos hecho. Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría se ha aumentado al doble la deuda pública. Y ese es el legado que le deja a la próxima Administración: partir con una mochila por la incapacidad de desarrollar la economía de Chile.
Lamentablemente, los gastos no se pueden congelar; lamentablemente, tenemos que seguir gastando en necesidades sociales apremiantes.
Por eso, no da lo mismo quien gobierne. Quien hace crecer la economía del país es el que permite el desarrollo social, el que permite que se haga justicia social. Y con el sistema del actual Gobierno solo se aumenta el endeudamiento.
Que quede constancia para el país, en esta hora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, unos colegas de enfrente hablan de "inconsecuencia", hablan de "inconsistencia", hablan de "abandono", hacen discursos "grandi" y, presuntamente, "muy elocuentes".
Pero quiero recordar que las bancas de enfrente invitaron al país a creer en ellos. Le dijeron que iban a parar la puerta giratoria de la delincuencia. Sin embargo, fueron Gobierno y fueron incapaces de hacerlo.
Por ende, lo primero que deberían tener en este debate es una cuota de humildad para entender que hay ciertos fenómenos sociales que requieren un abordaje distinto.
En segundo lugar, señor Presidente, mienten.
Aquí han mentido al sostener que no hay recursos para la prevención del delito.
Es cierto que en el Congreso Nacional aprobamos un proyecto de ley para crear los consejos comunales de seguridad pública, una instancia que genera un espacio orgánico en los municipios. Y eso lo aplaudimos.
Además, hoy en día existen dos programas con financiamiento público: Juntos Más Seguros y el Fondo Nacional de Seguridad Pública.
Actualmente, hay más de 500 proyectos en ejecución sobre esta materia. Y será responsabilidad de los municipios postular proyectos adecuados y útiles para la prevención, a fin de darles vida efectiva a los consejos comunales de seguridad pública.
¿Requerimos una reflexión complementaria? Por cierto.
Lo señalo porque no por la existencia de los consejos comunales de seguridad pública se van a resolver los problemas de la delincuencia.
Pero es incorrecto que se indique que las 253 comunas que lograron constituir tales consejos no tengan financiamiento. Eso no es verdad. Hay programas para ellas.
El Senador Espina -lo acompañé en el debate de ayer- hizo una reflexión sobre cómo fortalecer esa instancia. Y varios creemos que es necesario fortalecerla. ¡Pero indicar que no tienen ni un peso, ni un financiamiento, ni un fondo, como lo han sostenido algunos de sus colegas, es absolutamente falso, falso, distante de la realidad!
Señor Presidente, otra cosa es si en nuestro país tendremos capacidad entre todos -más allá del Programa Juntos Más Seguros, del Fondo Nacional de Seguridad Pública, de la ejecución de los 500 proyectos que están en curso- de buscar otra metodología y otros paradigmas para luchar por la seguridad ciudadana, para desterrar a los microtraficantes, para generar acciones efectivas de rehabilitación, para recuperar los espacios públicos.
Eso requiere, sin duda, abandonar lo que hizo la Derecha en un tiempo, lo que hizo Sebastián Piñera y lo que hicieron personas de las bancas de enfrente: tratar de partidizar el debate y la lucha contra la delincuencia; plantear que unos tienen razón y otros no, e intentar fijar esta materia como tema de la campaña electoral.
Los emplazamientos que hacen a Alejandro Guillier son la demostración de una pequeñez y de la incomprensión de lo que está en juego, señor Presidente.
Sin duda, queremos abordar los temas de la seguridad ciudadana, de la delincuencia. Reitero: no es cierto que no haya fondos.
Pero entre todos debemos dejar de lado este discurso que se plantea para las elecciones, para buscar prebendas electorales. La Derecha ya demostró que su discurso de la mano dura y del fin de la puerta giratoria fue un fiasco, un fracaso, el abandono de muchas comunidades, la pérdida de miles de millones de pesos en programas que no sirvieron.
Trabajemos entre todos para abordar esta situación.
Señor Presidente, también advierto a aquellos que anuncian que van a votar en contra del informe de la Comisión Mixta que lo que hacen es rechazar todo el proyecto de Ley de Presupuestos. Por ende, que tomen nota de su consecuencia o inconsecuencia.
Al terminar mis palabras, agradezco al Ministro de Hacienda y al Director de Presupuestos la consideración de reasignar recursos del MOP para el agua potable rural. Que le quiten 10 mil millones de pesos a la Dirección de Vialidad para entregar más agua en nuestro país significa menos del uno por ciento de su presupuesto, ¡menos del uno por ciento! Ello implica simplemente retrasar obras en tres semanas para permitir que otros puedan tener agua potable de calidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, es legítimo, por cierto, pero me cuesta entender que alguien diga que votará en contra, porque lo hace en contra del proyecto de Ley de Presupuestos, que incluye todas las Partidas, incluidas, entre otras, la de Educación, que incluye la gratuidad.
Al respecto, hemos visto cómo un candidato se ha dado una voltereta impactante: después de rechazar la gratuidad, planteó que la mantendría solo en el 50 por ciento, ¡más que eso por ningún motivo! Pero ahora habla de avanzar más en ello.
Por supuesto, eso obedece a que estamos en una lucha presidencial. En todo caso, creo que algunos colegas hoy se han excedido con los emplazamientos que en esta Sala han hecho a nuestro candidato Alejandro Guillier, sobre todo por los términos en que se han expresado.
En la vida hay que tener un poquito menos de soberbia y más humildad, porque fue exactamente en el Gobierno de Piñera donde se anunció: "Se acaba la puerta giratoria y el festín para los delincuentes" y se exclamó: "¡Vamos a triunfar!". Y la ciudadanía sabe lo que pasó después.
Este es un asunto demasiado serio. Es un tema de país, uno en que obviamente todos los actores deben estar involucrados; si no, no hay manera de que sea efectivo.
Además, es legítimo que se hagan evaluaciones.
El Plan Comunal de Seguridad Pública era específico para 74 comunas y tenía inicio y término. En 2018, se mantendrá por seis meses más. Espero que se realice una buena evaluación y, de acuerdo a esta, se decida continuar o no con el referido plan.
Francamente, considero que no es adecuado tratar de sacar partido o dividendos, por la lucha presidencial en la que estamos en este momento, con un tema tan sensible para la ciudadanía. Creo que debemos rechazar ese tipo de formulaciones.
¡Pongámonos serios!
No es solo un problema de recursos, sino también de participación -todos los actores sentados en una mesa-, de buena coordinación, de capacidad en todas las instancias (policías, organizaciones sociales, alcaldes y demás autoridades) para ser más efectivos en una lucha cada vez más difícil de afrontar, particularmente si pensamos en el actuar de los traficantes.
Por otra parte, señor Presidente, quiero felicitar una vez más a las manipuladoras de alimentos y a sus dirigentas, por su excelente organización, lo que nos permitió reponer para 2018 el bono que se les había otorgado y que no se había contemplado inicialmente en este proyecto. Ello, más allá del segundo bono que se entrega por desempeño en zonas extremas, de 100 mil pesos, para las manipuladoras que laboran en la Región de Magallanes, que será la primera región que lo va a licitar.
Considero que es tremendamente importante saludarlas y felicitarlas. ¡Lo merecen!
Respecto de administración pesquera -y aprovecho que están en la Sala el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos-, pido claridad y que se nos indique cómo se van a repartir los fondos en esa área.
Durante la discusión presupuestaria, propuse una indicación, que fue declarada inadmisible -lo entiendo-, para que el 30 por ciento de esos recursos se use en programas de reinserción laboral, con el fin de enfrentar el drama que viven los extripulantes que fueron sacados del sector por una ley que nosotros mismos aprobamos. Tenemos una deuda con ellos. Por eso deseo que la distribución de ese fondo, más allá de la capacitación y la investigación, se destine a reinserción laboral.
Ojalá haya un pronunciamiento específico del Gobierno sobre esa materia.
Señor Presidente, a través suyo, les pido al Ministro y al Director de Presupuestos que tengan en consideración ese asunto, ya que es fundamental. Estamos hablando del futuro laboral de personas que fueron desvinculadas de sus trabajos. En ese sentido, corresponde que tengamos la capacidad de darles una respuesta como se merecen.
Por cierto, me alegro de que al final se aprobaran los recursos para el Servicio Nacional de Menores, porque esa es una deuda que tenemos como país. Y nuevamente planteo que no cabe politizar, "partidizar" y menos incluir tal tema en la lucha presidencial.
¡Es algo demasiado serio!
Existe una deuda pendiente muy grande. No hemos logrado dar todo lo que se requiere para que haya una verdadera protección a la infancia.
Lo que no podemos hacer es debatir sobre el particular en el marco de una elección presidencial para favorecer la imagen pública de un candidato sobre la del otro.
¡Eso no corresponde!
Señor Presidente, debemos ser serios aquí, ya que nos estamos jugando una Ley de Presupuestos. Por cierto, uno siempre querría mucho más en una serie de ítems; pero tenemos que ser serios y responsables frente a lo que estamos apoyando: el Presupuesto del año 2018 y la continuidad de mejores políticas públicas.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, estamos votando el informe de la Comisión Mixta después de un debate bastante exhaustivo del proyecto de Ley de Presupuestos, aunque no con la participación de todos los colegas porque entremedio de una campaña electoral siempre es difícil sacar adelante un proyecto así.
Y, a propósito de campaña, uno puede comprender el nerviosismo de algunos después de los resultados de la primera vuelta. A lo mejor quieren confundir a la opinión pública en un tema tan sensible como es el de la seguridad ciudadana.
Aquí se plantea un debate falso por parte de algunos colegas, y hay que aclarar algunas cosas.
La ley que crea los Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana establece claramente en su informe financiero que no requiere recursos extras de ningún tipo, por una razón muy sencilla: los municipios, con su propio personal y sus fondos, se encuentran en condiciones de coordinar tales consejos. Así quedó consignado en el debate que efectuamos en la Comisión Mixta respectiva.
Por lo tanto, decir que hacemos una ley que carece de financiamiento; insinuar que no le importa a nadie la seguridad ciudadana porque no se crean los consejos comunales de coordinación, y llegar al extremo de plantear que, con la pura creación de estos consejos, vamos a solucionar los problemas de delincuencia me parece que es confundir las cosas. ¡Es pura demagogia o desconocimiento total y absoluto de cómo se debe enfrentar la seguridad ciudadana en el país!
No existe receta alguna ni un programa específico que solucione los problemas en este ámbito. Para enfrentarlos hay que trabajar en la prevención, como se ha dicho; en la coordinación y eficacia de las fuerzas policiales; en una buena administración de justicia, que sancione a quienes cometen delitos, y en la reinserción y rehabilitación. De lo contrario, el sistema realmente no funciona.
Eso requiere un compromiso de la ciudadanía y de todas las instituciones del Estado.
No hay que pensar que, porque se termina el Plan Comunal de Seguridad Ciudadana, se acaba la lucha contra la delincuencia. ¡Eso no es así! Dicho plan tiene fecha de término, y esa es la razón por la que se dice: "Mire, no tendrá más recursos".
La Administración de turno -algunos están muy entusiasmados con un futuro gobierno- podrá disponer de otros planes con los cuales fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana en cada nivel municipal.
Pero no generemos aquí un debate falso. No mintamos ni engañemos con cifras que no corresponden.
Un colega manifestó que no se entregaban los recursos para las víctimas de la violencia en La Araucanía. ¡Ahí están los 3 mil millones de pesos comprometidos! ¡Están en el Presupuesto! Tanto es así que el Senador García, representante de La Araucanía, no pudo votar en contra de esa Partida, pues sabe que los fondos están ahí. ¡Y fueron aprobados!
Entonces, me parece que, más allá del nerviosismo propio de quienes hacen de vocero de determinado candidato, hay que ser un poquito más rigurosos y más realistas con las cifras.
Son muchas las buenas noticias, por supuesto.
Los programas de APR son importantísimos para nuestras regiones, como han dicho varios colegas. A la Dirección de Vialidad se le sacan recursos, 10 mil millones de pesos, para destinarlos a proyectos de agua potable rural. ¡Sí, es efectivo!
Sin embargo, para que se hagan una idea, cabe señalar que esos 10 mil millones representan menos del 1 por ciento del presupuesto total de Vialidad. Y eso significa que no se va a paralizar ningún proyecto. ¡Ninguno!
En mi Región, por lo menos, la conectividad ha tenido un éxito espectacular con la pavimentación de caminos. Llevamos 1.100 kilómetros pavimentados durante este Gobierno.
¡No se va a paralizar este tipo de obras!
Por otra parte, el señor Ministro de Hacienda comunicó ayer en la Comisión Mixta que se destinarán 4 mil millones de pesos al SENAME para atender a los niños vulnerables que están en las listas de espera. Y eso, sin duda, refleja la prioridad que el Gobierno le está dando a este tema.
Cuando hablamos de invertir en el SENAME, señor Presidente, nos referimos a la prevención en seguridad ciudadana. Porque todos sabemos que ahí existe un círculo que no es virtuoso, sino vicioso. Si a esos jóvenes no se les protege desde el momento en que están en situación de vulnerabilidad o afuera de sus casas, claramente entran en una cadena de delitos que es muy compleja de analizar.
Por ello, nosotros estamos por aprobar el informe de la Comisión Mixta. Si no lo aprobamos ahora...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le pido medio minuto más para terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Concedido.
El señor PIZARRO.- Gracias, señor Presidente.
Solo quiero decir que, si votamos en contra del mencionado informe, ¡no le dejamos ni un peso a La Araucanía!; ¡no le dejamos ni un peso al SENAME!; ¡no les dejamos ni un peso a los APR!; ¡no les dejamos ni un peso a los planes de seguridad pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito!...
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Ni a la gratuidad.
El señor PIZARRO.- ¡Ni menos a la gratuidad!, como me acota el señor Ministro.
En esto no nos confundamos: el que vota en contra deja sin plata a los mismos sectores que quiere defender.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, les comunico que voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de Ley de Presupuestos. No hay dudas respecto de ese punto.
En realidad, esta es una camisa de fuerza. Tenemos que decir "sí", "no" o abstenernos, pues debemos votar como un todo la propuesta del referido órgano. En tal sentido, no me voy a equivocar. No se preocupen por eso.
Voy a partir por lo que creo que hay que valorar.
Quiero felicitar al Senador Prokurica por el liderazgo que ejerció y por el acuerdo al que llegamos con el Ejecutivo para establecer un protocolo respecto de una futura ley espejo del Metro. Ello representa un anhelo de las regiones en el que todos estamos de acuerdo. Ojalá el Ejecutivo envíe prontamente al Parlamento el proyecto en cuestión para empezar a discutirlo.
En segundo lugar, está lo relativo a los programas de APR, que es muy importante.
En la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos rechazamos la Partida pertinente para lograr que se dieran más recursos. No solo se trata de los 10 mil millones de pesos sacados del presupuesto de la Dirección de Vialidad, sino también de 17 mil millones adicionales que se traspasarán del IVA y concesiones.
Creo que de alguna forma garantizamos que les van a entregar, fundamentalmente, a nuestras zonas rurales, los fondos para seguir avanzando en tener una mejor calidad de vida con agua potable. Se busca no solamente contar con nuevos proyectos de APR, sino también llevar a cabo la ampliación y modernización de tales programas.
Por otro lado, señor Presidente, la delincuencia representa el mayor conflicto que enfrenta Chile hoy día. No hay ninguna encuesta -por mucho que estas se equivoquen- que no diga que el problema de la delincuencia es el peor de todos los que nos afectan.
Y si es el mayor problema que aqueja a nuestro país, me cuesta entender -¡me cuesta!- que en la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito se reconozca que el Plan Comunal de Seguridad Pública "es el eje central de la política pública del Gobierno en materia de prevención del delito", ¡pero se lo deje sin recursos!
Yo no lo concibo y no lo entiende nadie.
¿Y por qué lo digo? Porque son los alcaldes quienes enfrentan las mayores dificultades hoy día. Son las autoridades de las comunas las que saben efectivamente qué está ocurriendo en cada uno de sus pueblos y lugares. Y necesitan precisamente recursos para ganar esa batalla.
Entendemos que ello implica un esfuerzo que debemos hacer todos. Pero es impresentable que no se les estén entregando los fondos, más todavía cuando existía el compromiso de cubrir las necesidades de 153 comunas.
Eso no va a ser positivo. Y me dicen incluso que hay otros programas en la misma condición.
Hablo de un programa que ya partió, uno emblemático para el propio Gobierno, que ahora queda sin financiamiento.
De otra parte, señor Presidente, hay un aspecto que no podemos dejar de lado: la rehabilitación de nuestros presos. Lo hemos planteado muchas veces, tanto el Senador Larraín como muchos de nosotros, con el fin de que podamos tener un sistema de rehabilitación real en nuestras cárceles.
Debemos contar con la participación del sector privado en esta materia al interior de los recintos penitenciarios, a través de un sistema que incentive dar trabajo a los reclusos y garantice que, cuando estos vuelvan a la sociedad, contarán con un puesto en el mundo laboral para ser útiles a sus familias y proveer los recursos necesarios para vivir.
Eso es algo fundamental.
Yo escuché -y lo valoro- lo que se está haciendo con un plan integral. Si no adoptamos este tipo de compromisos con el sector privado, vamos a seguir siendo un país con más presos cada día y menos rehabilitación. Tenemos que trabajar todos juntos en tal sentido.
Por último, durante el mandato del Presidente Piñera no aumentó la delincuencia, a diferencia de lo que ha ocurrido en la actual Administración. ¡La delincuencia ha aumentado en este Gobierno!
Es importante que hagamos un esfuerzo entre todos para que el próximo Gobierno -y deberá hacerlo con el Presupuesto que ahora le damos al país- pueda atacar duramente a la delincuencia.
La delincuencia es el mayor flagelo que enfrentamos y, para combatirla, debemos trabajar unidos y sin politizar en demasía la situación, con el fin de avanzar en lo que el país espera.
El mayor problema es la delincuencia y es el primero, por tanto, que debemos afrontar entre todos.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto de Ley de Presupuestos.
Sin embargo, quiero intervenir a propósito de la discusión que aquí se ha dado sobre los fondos disponibles para los consejos comunales de seguridad pública.
Se han planteado diversas visiones acerca de las tareas de esos consejos y del financiamiento de sus planes de acción. Más allá de disentir o compartir algunas de esas opiniones, o de aumentar o disminuir una u otra Partida, lo cierto es que el mecanismo de financiamiento de las municipalidades está hace mucho tiempo en crisis.
El Gobierno central decide año a año, a través del proyecto de Ley de Presupuestos, los recursos que necesitará y sus prioridades. Pero los municipios no tienen tal flexibilidad.
Ahora el foco está puesto en la seguridad; no obstante, lo mismo ocurre en todas las materias de su competencia.
Hay un problema estructural que se debe abordar de una vez. No puede ser que los grandes programas de acción de largo alcance de organismos autónomos, como son los municipios, dependan de una ley anual de presupuestos.
No se les permite aumentar sus ingresos propios ni se modifica la forma de distribuirlos, que es abiertamente injusta -como sabemos-, pues una comuna de ingresos elevados puede tener un presupuesto per cápita hasta diez veces más alto que el de una comuna vecina.
Algo parecido ocurre con los gobiernos regionales. En los próximos días discutiremos acá, en esta Sala, el proyecto sobre elección de gobernadores regionales y el de nuevas competencias.
Pero sigue pendiente el relativo a rentas regionales.
Y así, muchas iniciativas regionales deben seguir dependiendo en su financiamiento del visto bueno de la autoridad central.
Por ejemplo, me he jugado por conseguir fondos para un proyecto de repoblamiento de los mares interiores en la Región de Los Lagos, como una respuesta para hacerse cargo de manera estructural de las sucesivas crisis que atravesamos por la disponibilidad de recursos pesqueros o por fenómenos como la marea roja, que luego deben ser abordados con medidas de emergencia.
Esto no debiera depender del nivel central.
Confío en que el próximo Gobierno -espero que sea el de Alejandro Guillier- tenga un fuerte acento descentralizador. Deberá asumir esos desafíos y otorgar una respuesta de fondo a estos y otros problemas que afectan a nuestras comunidades y que solo pueden ser abordados efectivamente desde las comunas o las regiones.
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (24 votos a favor y 4 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Chahuán, Espina, Harboe y Prokurica.