REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 33ª, en miércoles 19 de julio de 2017
Especial
(De 15:18 a 17:38)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE;
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE, Y JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; Secretaria General de Gobierno, señora Paula Narváez Ojeda; de Desarrollo Social subrogante, señor Juan Eduardo Faúndez Molina, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga.
Asimismo, se encontraba presente la Directora del Servicio Nacional de Menores, señora Solange Huerta Reyes.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:18, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
RECONOCIMIENTO A PERSONAL DEL SENADO EN DESPACHO DE PROYECTO SOBRE DESPENALIZACIÓN DE TRES CAUSALES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En primer lugar, en nombre de los señores Senadores, quisiera manifestar nuestros agradecimientos a todos los funcionarios del Senado que laboraron ayer hasta altas horas de la madrugada durante la discusión particular del proyecto de ley que regula la despenalización de tres causales de interrupción voluntaria del embarazo.
Hago, por tanto, un reconocimiento muy especial al personal de Secretaría y a los demás funcionarios de esta Alta Corporación.
CRISIS DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se ha citado al Senado a sesión especial para abordar la grave crisis que afecta al Servicio Nacional de Menores.
En esta ocasión nos acompañan los Ministros de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, y la Directora del SENAME.
Se han excusado de asistir el Fiscal Nacional y el Ministro de Desarrollo Social. Remplaza a este último, en calidad de Ministro subrogante, el señor Juan Eduardo Faúndez.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Honorable Senado la oportunidad que nos brinda para participar en esta sesión especial, con el objeto de analizar y reflexionar serenamente sobre la situación que afecta al Servicio Nacional de Menores y, en particular, la forma como se están implementando las políticas vinculadas con la infancia en nuestro país.
Obviamente, como ha sido tradición en nuestra historia republicana, hago aquello convencido de que aquí nos hallamos ante una instancia idónea para abordar estas materias y de que, sin lugar a dudas, los análisis que se formulen se encuentran inspirados solo por nuestros deseos de avanzar y resolver tales materias, más allá de las posverdades que, desgraciadamente, se han ido estableciendo en el último tiempo.
Quisiera comenzar afirmando que, a mi juicio, todo el pueblo chileno está angustiado y conmovido por lo que acontece con la infancia vulnerada y vulnerable. Evidentemente, sentimos angustia por lo que aquí sucede. Esto nos aflige hondamente y violenta nuestros sentimientos más profundos.
Esta afirmación no solo es personal: también corresponde a la convicción que el Gobierno de Chile, en especial la Presidenta Bachelet, tiene sobre el particular, ya que, como he señalado reiteradamente desde que asumí el Ministerio de Justicia en octubre pasado, estamos convencidos de que la política y la institucionalidad en esta materia se encuentran completamente colapsadas. Por ende, resulta menester hacer un esfuerzo sustantivo para transformar esa política e institucionalidad, sin perjuicio de implementar todas las medidas de mejoramiento de gestión que procedan.
Lo cierto, señor Presidente, es que aquí ha fallado el Estado, después que fracasaron los padres, las familias y la sociedad civil.
Hay dos elementos que quiero compartir con ustedes y que me llevan a realizar esa afirmación tan categórica, grave y seria.
Desde el año 2010 el presupuesto del Servicio Nacional de Menores ha aumentado en 61 por ciento. El Gobierno del Presidente Piñera lo incrementó en 29 por ciento, y la segunda Administración de la Presidenta Bachelet, en 66,1 por ciento hasta la fecha.
En los últimos diez años se le han entregado al SENAME más de 100 mil millones de pesos en recursos adicionales. Sin embargo, con dolor debo decir, por lo menos a título personal, que en este lapso, en el ámbito de la infancia vulnerada en Chile, no advierto que hayamos provocado una transformación o generado un impacto notable.
Aquello me permite sostener, como primera afirmación, que aquí pareciese existir no solo un problema de recursos, sino también una situación mucho más estructural.
El segundo elemento que deseo compartir es el que me indica Gendarmería de Chile: de las 45 mil personas que se hallan al interior de los recintos penitenciarios de nuestro país, la mitad alguna vez tuvo vinculación o relación con los organismos del SENAME, sean fiscales o colaboradores. Ello pone en evidencia que, al parecer, la política de reinserción que hemos tratado de implementar no provoca el efecto esperado.
Las razones de lo que aquí acontece, señor Presidente, han sido estudiadas latamente por la Academia; por el mundo universitario; por la UNICEF; por entes privados relacionados con la materia; por todas las Comisiones que se han formado al interior tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Y todos indican que, como nuestra institucionalidad data de 1979 y la problemática de los niños ha cambiado sustancialmente en los últimos 40 años, el modelo que estamos aplicando -insisto- no produce el efecto deseado.
Es a partir de esa convicción en el sentido de que la institucionalidad y la política actual han fracasado y son ineficientes que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, como lo anunció en su programa y lo reiteró en octubre del año pasado, ha planteado, en primer término, la necesidad de reformular completamente la política y la institucionalidad sectoriales.
En tal sentido, hemos enviado al Congreso Nacional ocho proyectos de ley que apuntan en esa dirección: el que establece el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez; el que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez; el que crea la Subsecretaría de la Niñez; el de reforma integral del sistema de adopción en Chile; el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia; el que crea el Servicio de Protección Especializada, destinado a los menores simplemente vulnerados y que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social; el que regula entrevistas grabadas en video, que está muy próximo a ser despachado por el Parlamento, y el que tipifica como delito el maltrato infantil, que afortunadamente ya es ley de la república.
Ese conjunto de proyectos nos va a dar las nuevas política e institucionalidad requeridas.
Esas iniciativas están inspiradas en ciertas ideas matrices.
Ellas son las siguientes:
1.-
Siguiendo los criterios establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño, reconocer los derechos de los menores -no solo declararlos- y, por ende, garantizarlos.
2.-
Tener una visión multisistémica para abordar la materia, como tantas veces nos ha recomendado la UNICEF, lo cual implica un compromiso y la actividad de los Ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de Cultura, así como del SENDA y otros organismos.
3.-
Profesionalizar y especializar la atención que se les da a estos menores.
4.-
Generar estándares de calidad y de acreditación a las instituciones y los programas.
5.-
Separar a los menores infractores de ley de los simplemente vulnerados.
6.-
Transparentar la gestión y fundamentalmente la auditoría de los recursos que se traspasan a terceros.
7.-
Regionalizar el Servicio, puesto que no es lo mismo la atención a menores que viven en la Primera Región que la de aquellos que se encuentran en la Duodécima, por ejemplo, ya que se trata de realidades económicas y sociales distintas.
8.-
Poner énfasis en la prevención, es decir, más que responder una vez desencadenada la crisis o el drama, intervenir a las familias de las que provienen esos menores.
Por eso, señor Presidente y Honorable Senado, lo primero que como Gobierno queremos expresar es nuestro anhelo de que las iniciativas vinculadas con esta nueva institucionalidad se aprueben a la brevedad; que ella corresponda a una política de Estado, de esa que nos rija por los próximos 20 o 30 años y que genere adecuados acuerdos y consensos al interior del Parlamento.
Porque son ustedes los llamados a aprobar y a sancionar las iniciativas de ley.
De ser necesario determinar las urgencias, las prioridades que es menester aplicar respecto de todos los proyectos que mencioné, obviamente el Ejecutivo está dispuesto y llano a conversar con el Parlamento al objeto de establecer las urgencias respectivas.
Empero, señor Presidente, a nuestro entender lo planteado no basta.
Esa es la razón por la que en el último año se han introducido al interior del SENAME una serie de mejorías, de correcciones a las que se va a referir de modo particularizado la Directora Nacional, señora Solange Huerta.
¡Por supuesto que son insuficientes! ¡Evidentemente, no hemos logrado, dentro del marco legal y presupuestario que nos rige, corregir todo lo que deseábamos y queremos modificar!
Sin embargo, aunque insuficientes, esas medidas han constituido un avance, son necesarias y constituyen un anticipo de una reforma sustancial, que es en definitiva lo que nos anima.
Por último, en cuanto a los lamentables hechos que por desgracia han afectado a menores, la política del Gobierno ha sido de absoluta transparencia.
No pretendemos amparar ni ocultar nada. Todos los antecedentes los hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.
En paralelo, se han realizado o se están realizando todos los sumarios administrativos pertinentes, pues consideramos que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, debemos dar una respuesta legal a ese tipo de situaciones a fin de no quedar sometidos a procesos populares y mediáticos que, a nuestro entender, son impropios de una democracia.
En el último tiempo, señor Presidente, se han establecido una serie de posverdades. Espero referirme a algunas de ellas durante el desarrollo de este debate.
Evidentemente, se exageran algunos juicios.
Por otro lado, tampoco faltan los ánimos sensacionalistas o la manipulación de pasiones de otros.
Por ese motivo, hacemos un llamado al Senado para aunar nuestros esfuerzos sobre el particular, si es que realmente queremos enfrentar seriamente esta temática.
Aquello pasa, a nuestro entender, por fortalecer la institucionalidad que hemos construido en conjunto y a la cual resulta necesario recurrir.
Por eso, estamos dispuestos a responder cualquier otra consulta que en particular los señores Senadores nos deseen formular, ya que el compromiso que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y fundamentalmente este Ministerio, tiene con esta problemática es serio. Y lo único que anhelamos es avanzar en la solución del problema.
Es cuanto deseaba expresar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, solo me quiero referir a ciertos aspectos presupuestarios y a alguna perspectiva de números respecto de la materia que nos convoca.
Déjeme partir diciendo que para este año el SENAME tiene un presupuesto de prácticamente 280 mil millones de pesos, es decir, 425 millones de dólares. El 65 por ciento de esta suma se destina a transferencias para los organismos colaboradores, los llamados "OCAS" (para quienes no lo saben, debo señalar que son organismos privados que le ayudan al SENAME en el tratamiento a los niños y se hacen cargo de muchos de ellos en formas tanto ambulatoria cuanto no ambulatoria), y 35 por ciento está en administración directa en los denominados "CREAD", que son los propios centros.
¿Cómo ha sido la evolución presupuestaria reciente?
En el Presupuesto de este año el SENAME tuvo un crecimiento de 6,3 por ciento, lo que equivale a 16 mil 500 millones de pesos o 25 millones de dólares. O sea, más del doble de lo que creció el presupuesto total del país.
Ese incremento se concentró en administración directa, en la parte del tercio que son los centros que maneja directamente el SENAME. Ahí hubo un aumento de 18,6 por ciento -casi 19 por ciento-, lo que da cuenta de un alza muy significativa en comparación con otras partidas presupuestarias.
¿Dónde está el gasto?
Hay aspectos relacionados con los cargos que se crearon el año anterior, con su efecto año completo, y con 128 funcionarios nuevos.
Existen también asignaciones profesionales. Muchos funcionarios públicos siguen cursos de perfeccionamiento y se hacen profesionales, por lo cual hay que pagarles la asignación respectiva.
Tenemos asimismo un plan de mejoramiento de la calidad laboral, a partir de un protocolo que firmaron hace algún tiempo los gremios, el SENAME y el Ministerio de Justicia.
Igualmente, hay fondos dedicados a reparaciones y mejoras en el mobiliario y los equipos.
Solo dos ejemplos: este año la inversión en los centros de menores está creciendo 49,6 por ciento (casi 50 por ciento), y las operaciones de los centros de administración directa, casi 19 por ciento.
Eso es lo que sucede en 2017.
Quizás más interesante, dadas las discusiones políticas de los últimos días, es poner en perspectiva dichos números; compararlos con los de otros años, y, sobre todo, ver las prioridades relativas. Al final del día, los gobiernos muestran sus prioridades dependiendo de dónde van poniendo los recursos.
Ahora, simplemente, quiero comparar los años comprendidos entre 2014 y 2017 -y básicamente 2015, 2016 y 2017, en los cuales este Gobierno ha tenido decisiones directas en el presupuesto- con 2010, 2011, 2012 y 2013, que son los años equivalentes en la Administración anterior.
Se trata de una comparación sencilla: son los tres años en que se elaboran y ejecutan presupuestos en un gobierno.
Pues bien, en la Administración actual, el SENAME aumentó su presupuesto, de manera acumulada, en 26 por ciento. En el período precedente lo incrementó en 16 por ciento: 26 contra 16 por ciento.
El presupuesto total ha crecido algo más en este período que en el anterior: 16 contra 11,5 por ciento.
Así, cuando uno compara al SENAME con el total observa que en nuestro Gobierno dicho Servicio ha aumentado diez puntos porcentuales por sobre el resto del sistema.
En el Régimen precedente esa diferencia llegó a cuatro puntos porcentuales.
Por lo tanto, uno puede concluir que en ambas Administraciones ha habido cierta prioridad hacia el Servicio Nacional de Menores, pero en la actual, un evidente énfasis mayor.
Aquello significa que la participación en el presupuesto total, de hallarse estable por bastante tiempo, ha aumentado en los últimos tres años: desde 2013 hasta ahora, ha crecido de 0,61 a 0,68 por ciento.
En resumen, en términos presupuestarios hemos tenido un esfuerzo particular en ese sector.
Sin embargo, con la misma claridad, quiero decir -lo he expresado en Comisiones investigadoras y en esta misma Corporación, en una sesión especial de Comisión que presidió el Senador Navarro- que la cuestión no pasa solo por los recursos.
El Ministro Campos dejó claro que el problema tiene muchas otras aristas, las que importa enfrentar. Y una particularmente relevante es la de los proyectos de ley.
Al respecto, debo mencionar los recursos involucrados en las iniciativas que se discuten hoy en el Congreso.
Aproximadamente, el total de gastos en régimen de los proyectos que se están debatiendo es de 90 mil millones de pesos. El más grande en términos de recursos es el que divide el SENAME en un servicio de protección y en uno de reinserción.
Aquí los números son muy significativos. Y, de nuevo, es bueno comparar con lo que se planteó mediante las iniciativas del Gobierno anterior, las que no vieron la luz, entre otras razones, porque en una de ellas faltaba la estructura que dan precisamente los proyectos que ha enviado la actual Administración: el que crea la Subsecretaría de la Niñez, el que establece un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y el que consagró la Defensoría de la Niñez.
En cuanto a las cifras, el total es del orden de 90 mil millones. Pero la división del SENAME cuesta 86 mil 500 millones en régimen: a protección se destinan 44 mil 500 millones en régimen y 3 mil 500 de manera transitoria, y a reinserción, 42 mil millones en régimen, permanentes (estos números son adicionales al presupuesto actual), y 68 mil de manera transitoria, en gastos por una sola vez.
Repito: el total de esos dos proyectos tiene previstos 86 mil 500 millones.
¿Por qué es importante considerarlo?
Dije que el proyecto sobre división del SENAME que se discutió hace algunos años en el Parlamento tenía el problema de la estructura general de aproximación al tema -el Ministro lo mencionó-, pero también preveía poco menos de 1.000 millones de pesos adicionales.
Por lo tanto, claramente, era un cambio que no iba a poder solucionar los problemas que nos preocupan, nos ocupan y nos convocan.
Esa, señor Presidente, es una visión del presupuesto involucrado en esta materia.
Me gustaría simplemente resumir señalando que se han hecho esfuerzos crecientes para aumentar significativamente el presupuesto. Y los proyectos de ley tienen asignados recursos muy relevantes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Vamos a explicar el desarrollo de esta sesión.
La idea es escuchar al Gobierno, a través de los dos Ministros y de la Directora del SENAME.
En su momento le daré la palabra al Presidente de la Comisión Especial de Infancia, Senador señor Patricio Walker, para que exponga el planteamiento de dicho órgano sobre esta materia.
Ahora el señor Secretario General va a indicar los tiempos de que dispondrá cada Comité para hacer preguntas o formular observaciones sobre lo planteado por el Gobierno.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los tiempos de los Comités son los siguientes:
Democracia Cristiana e Independiente, 11 minutos.
Unión Demócrata Independiente, 11 minutos.
Partido Por la Democracia, 9 minutos.
Partido Socialista, 9 minutos.
Independientes y Partido Amplitud, 9 minutos.
Renovación Nacional, 8 minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Le solicito al Senador señor Pizarro que cuando le indique presida la sesión por algunos minutos.
Tiene la palabra la señora Directora Nacional del SENAME.
La señora HUERTA (Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores).-
Señor Presidente, agradezco la oportunidad que nos dio el Senado para transmitir lo que ha sido este intenso año de trabajo.
Me voy a referir particularmente, dado que ya se hizo alusión tanto a las necesidades que se procura satisfacer mediante las modificaciones de fondo que se contienen en los proyectos que se hallan en tramitación legislativa cuanto al esfuerzo presupuestario de este Gobierno para mejorar la atención a los niños, a las materias a que nos hemos enfocado durante este año, al que llamamos "período de transición".
En lo concreto, hecha una primera evaluación -no me voy a referir a ella porque entiendo que existe bastante información al respecto-, se definieron cinco grandes líneas de acción en las que se debía trabajar:
1.-
Asegurar el derecho de los niños a la salud.
2.-
Trabajo intersectorial con diversos ministerios y servicios públicos.
3.-
Mejoramiento de la gestión del Servicio.
4.-
Política de personas.
5.-
"Cambio de mirada", lo que tiene que ver con el diagnóstico de fondo para que nunca más deba existir una comisión investigadora.
Cuando decimos que se necesita un cambio de mirada lo referimos de la manera que señalaré.
Si cada vez nos preocupamos de los síntomas o de los resultados, olvidamos el tema de fondo. Y el tema de fondo en el ámbito residencial dice relación con qué residencia vamos a asegurarles a los niños de aquí a los próximos veinte años.
Déjenme decirles que en el interior de las familias hay violaciones asociadas a comisión de delitos, a maltrato infantil grave, a delitos sexuales que nunca vamos a poder obviar como sociedad.
En consecuencia, puedo garantizar, desde la perspectiva de la función que cumplí anteriormente, que muchas veces los niños van a necesitar al Estado para que les asegure una situación de protección.
Entonces, durante este año hemos estado trabajando -y no solamente el Servicio; porque les hemos abierto las puertas a todos aquellos que han querido colaborar en esta labor- para observar desde el fondo de la problemática cuáles son los estándares que vamos a definir para las residencias del futuro a fin de que aseguren efectivamente la atención que los niños y las niñas de nuestro país merecen.
En ese contexto, hemos laborado, entonces, con el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, donde está pronto a concluir el trabajo atinente a la norma técnica que habrá de establecerse a través de un reglamento para definir los estándares obligatorios para todas las instituciones públicas, y también para las privadas.
Si Sus Señorías me preguntan si ese es el cambio de fondo que se está buscando, les respondo que por ahí va el cambio de fondo, que se relaciona con la forma de definir los estándares de un país en vías de desarrollo pero que ya está en este siglo, no en 1979, cuando se creó el SENAME.
En segundo lugar, también hemos estado trabajando fuertemente en una acción integral y coordinada para el caso del sistema de intervención de los programas ambulatorios. Porque no es posible que para evitar la revictimización del niño o de la niña no exista la coordinación necesaria y que por ello eventualmente un menor deba ser atendido por dos o tres psicólogos: del municipio, del programa, de la fiscalía, etcétera.
Entonces, la preocupación de fondo dice relación con lo que hemos denominado "período transicional", en términos de definir los estándares que ha de asegurar la nueva institucionalidad. Y eso -insisto- nos ha demandado un año de esfuerzos, para realizar un trabajo serio, que nos permita dar todas las respuestas y no solo responder a los síntomas, que es aquello en lo que se ha puesto el foco en el último período, a propósito de lo que ha salido en la opinión pública.
Eso es lo que definirá el cambio definitivo.
Ahora bien, me quedo con todas las medidas que hemos tomado en este período transicional, que se relacionan con las cuestiones que debemos enfrentar y resolver hoy.
Hemos dado solución a problemas vinculados con el acceso a la salud.
En ese punto, quiero señalar que entre julio-agosto y octubre del año pasado se realizó un despliegue en todas las residencias de protección, tanto públicas como privadas, para referenciar a todos los niños del sistema público de salud. Ello, al objeto de detectar sus necesidades en salud, asegurarles el derecho a la salud y, además, definir una atención preferencial para ellos.
Eso se concreta a través de una resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en la que se prioriza a los niños del sistema residencial, reconociendo su situación de particular vulneración. Porque ya no estamos hablando solo de vulnerabilidad: estamos hablando de niños que se encuentran en el sistema residencial porque sus derechos han sido vulnerados en el contexto de su propia familia.
Adicionalmente, en ese ámbito, hemos trabajado -lo digo a propósito de los aumentos presupuestarios- en un plan piloto y en un sistema intersectorial de salud integral, con énfasis en salud mental. Ese plan piloto se está ejecutando a partir de este año, sobre la base de un presupuesto adicional otorgado entre el Ministerio de Salud, el SENAME y SENDA, en seis servicios de salud de Chile; y en el Presupuesto 2018 estamos solicitando la ampliación a otros seis, para ir complementando y procurar que este sistema integral se halle en todo el país en un período que calculamos en cinco años.
Igualmente, con la Subsecretaría de Salud Pública hicimos un levantamiento respecto de las brechas sanitarias de todos los centros. Eso nos permitió, por ejemplo, en términos de la responsabilidad en el gasto de los recursos públicos, solucionar los problemas sanitarios detectados.
Parte de los 2 mil 500 millones adicionales que se entregaron el año pasado para tales efectos se enfocó en esas medidas. Es decir, no en cuestiones que se nos ocurrieran en el área de las necesidades, sino en cosas concretas definidas desde el órgano técnico.
Adicionalmente, para este año y a ese mismo efecto, se otorgaron más de 4 mil millones de pesos.
Como indiqué, eso debe concluir, a raíz del trabajo hecho con el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, en las disposiciones técnicas incorporadas en un reglamento particular que deberá regir a todas las residencias, tanto públicas cuanto privadas, donde se definan los estándares sanitarios y los de atención, como asimismo las necesidades en términos de cumplimiento de normativa internacional.
Podría estar hablando toda la tarde acerca de lo que hemos trabajado durante este año. Me he enfocado particularmente en el problema de la salud porque es una de las cuestiones que más recurrentemente se han levantado.
Pero, sí, quiero dar cuenta también de los temas generales que hemos abordado durante este año.
Solo a título de ejemplo, debo decir que el Servicio Nacional de Menores fue adscrito al Sistema de Selección de Alta Dirección Pública.
Eso significa que a partir de abril de este año cualquier cargo de director regional del Servicio Nacional de Menores es seleccionado a través de esa vía.
El próximo Director del SENAME también será seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
Eso es un compromiso en torno a la especialidad que deben tener quienes quieran cumplir un rol tan relevante como el de Director Nacional o Regional del Servicio Nacional de Menores.
En el ámbito de las cuestiones generales, el Ministerio de Desarrollo Social -me acompaña el Ministro subrogante- creó, dentro del Registro Social de Hogares, una inscripción particular para los niños en el sistema residencial al objeto de asegurarles todas las becas, derechos y beneficios sociales sin que tengamos que entrar a discutirlos.
Es una manera de hacer un reconocimiento estatal a todo niño, por el solo hecho de estar en el sistema residencial, de que ha sido vulnerado y, por lo tanto, puede acceder a las becas, bonos, en fin. Por ejemplo, se le asegura el derecho de acceso a la salud en forma gratuita y el derecho a la educación superior, sin entrar a discutirlo.
El trabajo intersectorial también se ha enfocado en asegurar otro tipo de derechos, no únicamente el derecho a la salud o el derecho a la educación.
Así, durante el último tiempo hemos laborado para asegurar los derechos a la recreación, al acceso a la cultura, a conocer nuestro país, a través de trabajos particulares en los respectivos ámbitos con el Ministerio del Deporte, el Consejo de la Cultura, el SERNATUR.
Hemos indicado que había deficiencias y carencias evidentes. Y nuestro compromiso ha sido, desde los diversos ámbitos, poner toda la institucionalidad, a través de un trabajo intersectorial y aprovechando los recursos públicos disponibles, al servicio de los más necesitados, pero esencialmente al servicio de los niños que se encuentran en el sistema residencial.
Hemos hecho un fuerte compromiso en el sentido de mejorar la gestión institucional del Servicio.
A ese respecto, celebramos un convenio con la Contraloría General de la República -se firmó en mayo de 2017-, porque una de las primeras cuestiones que reconocimos fue que teníamos falencia en materia de administración y de control. Dicho instrumento nos permitirá, por lo tanto, a través de la institución experta que es el órgano contralor, asegurar la calidad y continuidad en el mejoramiento de la gestión del SENAME. Eso es una realidad a partir de dicho mes.
Hemos incorporado tecnologías de la información para mejorar la supervisión mediante el uso de tabletas, por ejemplo. Son medidas de gestión que tienden también a ese propósito.
Hemos generado en nuestro sistema informático un cruce de información permanente con la plataforma PISA, del Estado.
Hemos creado la ficha de salud electrónica en SENAINFO, habilitada para que el Poder Judicial pueda consultarla.
Hemos materializado un convenio con este último para trabajar coordinadamente en los ámbitos residenciales. Lo anterior se llevó a cabo en enero recién pasado y nos hemos estado ocupando en eso.
Hemos originado una labor concreta respecto del asunto de fondo. Al respecto, hemos recibido el apoyo de organismos privados. Quiero poner el ejemplo del proceso que hemos estado desarrollando con la Cámara Chilena de la Construcción, que nos ha comprometido el levantamiento del diagnóstico institucional...
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Perdón, señora Directora. Tiene un par de minutos para terminar.
Puede proseguir.
La señora HUERTA (Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, hemos recibido la colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, porque ya no se trata de cómo capacitamos a los educadores de trato directo, sino de definir qué formación necesitan para el rol que tienen que cumplir. Entonces, esa entidad, mediante un convenio, está realizando un levantamiento y definiendo las competencias requeridas, y, a partir de ello, la ruta de formación, ya no solo de capacitación, que les correspondería recibir.
Igualmente, antes de entrar al sistema de Alta Dirección Pública celebramos un convenio con el Servicio Civil, para que todos nuestros cargos fueran concursados por esta vía. Queremos asegurar la transparencia.
Nuestro compromiso ha sido mejorar como servicio. Haremos todo lo posible con este objetivo. Y para ello requerimos de toda la institucionalidad. Puedo dar cuenta al Senado de que esta última, a propósito de la crisis -quiero verlo como una oportunidad-, nos ha abierto completamente las puertas.
Cabe entender que este no es un problema del SENAME, sino de la institucionalidad, porque se nos olvidó por mucho tiempo que el trabajo intersectorial es una necesidad para abordar los asuntos de la infancia, que se precisaba adecuar nuestra legislación sobre el tema y que siempre que hagamos referencia a este ámbito estaremos involucrando la inversión y nuestro futuro como país, pero también las condiciones de dignidad que tenemos que asegurarles a nuestros niños en el presente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Muchas gracias a usted, señora Directora.
A continuación intervendrá el señor Ministro de Desarrollo Social subrogante para completar el informe y después el Presidente de la Comisión especial para la tramitación de proyectos sobre la niñez y adolescencia.
El señor FAÚNDEZ (Ministro de Desarrollo Social subrogante).-
Honorables Senadoras y Senadores, en representación del Ministerio de Desarrollo Social quisiera transmitirles que a toda nuestra Cartera también le ha tocado profundamente la condición de los niños que se han visto vulnerados en sus derechos más esenciales. Estos son asuntos que conmueven el alma nacional y en los que se requiere más que nunca, como lo ha recalcado nuestra Presidenta, que todos tengamos altura de miras y una visión de Estado para proponer soluciones estructurales de largo plazo.
En este sentido, estamos honrados de ser parte, como Secretaría de Estado, de las soluciones, para lo cual nuestros equipos han trabajado ardua y responsablemente con diferentes sectores a fin de proponer un nuevo organismo de protección por medio de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez.
En la actualidad, Chile posee una institucionalidad abocada a la tarea de proteger los derechos de los niños más vulnerados y de los jóvenes sujetos a una medida o sanción derivada de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. No existe una institucionalidad apropiada para abordar la promoción y prevención de los derechos de los niños.
Si bien es cierto que nuestro país ha sido exitoso en alcanzar buenos índices en natalidad, extensión de matrícula y políticas sociales exitosas, como la del Programa Chile Crece Contigo, la fragmentación de las políticas públicas y la ausencia de institucionalidad adecuada no han permitido finalizar el proceso de ajustar la legislación interna a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño y la CEPAL, en concordancia con la Observación General 5 del Comité de Derechos del Niño, han relevado la importancia de contar con sistemas nacionales de protección de derechos del niño que los aborden de manera integral y efectiva. Asumiendo este desafío, se inició la discusión sobre el proyecto que crea el sistema de garantías de los derechos de los niños.
Las iniciativas de ley impulsadas por nuestro Gobierno recogen la experiencia comparada y las orientaciones internacionales en la materia, y basan el resguardo efectivo de los derechos de los niños en la existencia de un sistema de protección, el que se crea definiéndose de la siguiente manera: "Créase el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños".
Se trata, entonces, de transitar desde un enfoque fundado institucionalmente en la doctrina de la situación irregular hacia la doctrina de la protección integral. Para cumplir con el objetivo, el proyecto de ley refuerza los derechos de los niños y su calidad de sujetos de derecho, establece las bases de una institucionalidad apropiada para su protección y genera la obligatoriedad de contar con una Política Nacional de la Niñez.
En el componente político, siguiendo las recomendaciones internacionales, se releva la necesidad de contar con una estrategia nacional amplia, basada en la Convención. Se asegura su realización al establecerse la obligatoriedad de contar por ley con una Política y Plan Nacional de Infancia y consagrarse los elementos mínimos que debe contener, y se fomenta su evaluación con indicadores y metas.
El sistema diseñado requiere componentes normativos, entre los que destacan el proyecto que contempla el sistema de garantía, el que modifica la ley N° 20.530 y establece la Subsecretaría de la Niñez, y los que crean la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, además del cuerpo legal que tipifica el maltrato y la iniciativa sobre entrevistas videograbadas.
En el componente institucional, cada una de las entidades cumple un rol específico en el diseño de políticas, acciones y programas que favorezcan la protección de los derechos del niño, sin perjuicio de las obligaciones generales del Estado como garante. Ello se encuentra recogido en el artículo 2° del proyecto de ley que crea el sistema de garantías de derechos de los niños.
El Ministerio de Desarrollo Social, como órgano rector del sistema, tendrá por objeto "velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de conformidad con el Sistema de garantías de Derechos de la Niñez". Así, constituye el nivel estratégico del sistema, que diseña, en coordinación con el Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez, la política pública, acciones y programas orientados a la protección de los derechos de los niños y sus familias.
Al Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez se le entregan herramientas para aprobar directrices, orientaciones e instrumentos para...
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Señor Ministro, puedo concederle tres minutos adicionales, porque es preciso prorratear después el tiempo entre las distintas bancadas y contemplar un espacio para contestar consultas.
El señor FAÚNDEZ (Ministro de Desarrollo Social subrogante).-
Gracias, señor Presidente.
Decía que al Comité Interministerial se le entregan herramientas para aprobar directrices, orientaciones e instrumentos que procuren garantizar la protección integral de los derechos de la niñez.
Para aportar en la articulación del sistema, en el Ministerio de Desarrollo Social se crea la Subsecretaría de la Niñez, la cual, en conjunto con los órganos existentes, potenciará el rol coordinador de la Cartera en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a niños y niñas.
Se crea, además, un Servicio Especializado de Protección de los Derechos de estos últimos, cuya labor será darles atención a los que hayan sufrido vulneraciones de derechos a propósito de situaciones de violencia, y se eliminará el actual Servicio Nacional de Menores.
El Servicio de Reinserción Social Juvenil asumirá las tareas de intervención de jóvenes sujetos a medidas y sanciones en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Se ha diseñado, asimismo, como ente vigilante del correcto funcionamiento del sistema de garantías, la creación de una Defensoría de los Derechos de la Niñez, como una magistratura de persuasión que permita visibilizar errores de implementación.
El objetivo de la robusta agenda legislativa y de las acciones emprendidas por el Gobierno es cambiar la actual institucionalidad de la infancia y generar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de todos los niños y niñas, y, en particular, de los más vulnerados.
El diagnóstico de cómo Chile ha abordado la materia, tras muchas décadas, ya está bastante claro. A lo que estamos llamados es a hacernos cargo de la situación y avanzar de manera sostenida, con una visión de Estado, para mejorar la condición de nuestros menores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, quiero partir por agradecer la presencia de las autoridades de Gobierno.
La presente sesión fue pedida transversalmente por todos los Comités. Recuerdo que primero lo hicieron los Senadores señores Quintana y Chahuán y que todas las bancadas coincidieron después en que era fundamental celebrarla.
Por eso, me alegro de que estemos acá.
Tratemos de mantener, como se ha dicho, una visión de Estado, de elevar un poco la mirada y de ver cómo podemos estar a la altura de nuestra deuda histórica con los niños.
Creo que es preciso tomar en serio esta situación dramática, para buscar medidas urgentes.
Se dice mucho que una sociedad civilizada se define según cómo trata a los más débiles. Por eso, la invitación es a trabajar sin demagogia, sin sacar ventajas pequeñas, porque no es posible -y perdonen Sus Señorías que lo diga- lucrar electoralmente con los niños. Sería realmente una actitud...
El señor BIANCHI.-
¡Canallesca!
El señor WALKER (don Patricio).-
Se expresa una palabra dura, pero es verdad: resulta canallesco utilizarlos con fines electorales. No podemos lucrar con ellos ni económica ni electoralmente.
He mencionado una deuda histórica. Y debo reconocer que la Directora del SENAME enfrentó el asunto al disponer una investigación -no recuerdo si duró sesenta o noventa días- que dio una cifra dramática: mil 331 niños muertos y muchos casos de negligencia, de tortura, con responsabilidad directa o indirecta del Estado.
Acabamos de conocer las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos: un tercio de los niños expresan que han sido víctimas de una vulneración de derechos; un quinto, de maltrato físico; un séptimo, de maltrato psicológico, y uno de cada quince, de abuso sexual.
Entonces, el cuadro es impresionante.
Cuando se revisan las cifras de la UNICEF, se advierte que son horrorosas. En Chile se maltrata ¡mucho! a los niños, no solo en el SENAME, sino también en general.
El Ministro de Justicia entregó otro antecedente dramático. El hecho de que el cincuenta por ciento de los presos vengan del SENAME, de instituciones colaboradoras, debe llamarnos a prevenir, a tomar medidas radicales, sin seguir esperando la reproducción del círculo vicioso de la pobreza, la falta de oportunidades, la cárcel, en fin.
Por eso, creamos la Comisión de la Infancia con el apoyo de todos los presentes. Quiero valorarlo. Aquí están los Senadores señores Letelier y Quintana, señora Von Baer -antes estuvo la Honorable señora Van Rysselberghe-, señor Ossandón y quien habla. Ello nos interesa a todos.
Mas no acaparamos el tema, porque existen muchas iniciativas en lista de espera. Por ejemplo, la Comisión de Constitución acogió el proyecto sobre las entrevistas videograbadas y está conociendo el relativo a la reinserción de los infractores de la ley penal. La Comisión de Gobierno -la presidió el Senador señor Espina, en su minuto- sancionó la creación de la Subsecretaría de la Niñez. Y nosotros hemos aprobado la Defensoría de la Niñez, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la normativa sobre el maltrato a niños discapacitados y adultos mayores, y el sistema de garantías de los derechos de la niñez, cuyas audiencias estamos terminando para votar en general a mediados de agosto.
Dejo consignado nuestro compromiso.
Sin embargo, existe una realidad que no se resuelve solo con lo expuesto. Hay ocho mil 300 niños internados: mil de ellos en los centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del SENAME y el resto en instituciones colaboradoras que disponen de residencias. No todas cuentan con esos recintos, pero siete mil 300 menores sí pueden acceder a ellas.
Nos acompañan los padres Enrique Opaso, del Refugio de Cristo, y Francisco Pereira, de María Ayuda, quienes trabajan con establecimientos de ese último tipo que acogen a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ahora, a todos nos gustaría que no existieran los hogares de menores y que todos los niños dispusieran de otra alternativa. Pero la internación ha ido bajando. A principios de los años noventa, la cifra de los que pasaban por la justicia era de 63 por ciento y hoy es de 7. Tiene que seguir disminuyendo, sí, y ahí enfrentamos un tremendo desafío.
¿Qué queremos hacer? Primero, que un nuevo servicio reemplace al SENAME. El proyecto ya se encuentra en la Cámara y la Presidenta de la República le puso urgencia. Ojalá que los Diputados puedan despacharlo en un tiempo adecuado, de buena manera, porque ahí se contempla otro diseño.
También queremos derogar la Ley de Menores, de 1967, la cual, con una lógica paternalista, se preocupa de los niños como objetos de una política y no como sujetos de derecho.
Existen situaciones muy graves de las que tenemos que hacernos cargo, pero no podemos generalizar. No me gustan aquellos que, por contar con unos minutos de televisión, sostienen que todos los hogares de menores son violadores de derechos humanos, etcétera. Eso es una falta de respeto. Hay gente -he mencionado a los padres Francisco Pereira y Enrique Opaso, y cabe recordar al Hogar de Cristo, pero se podría nombrar a tantas otras instituciones- que realmente hace un esfuerzo tremendo para que los niños tengan una oportunidad.
¿Cuántos de ellos son hoy día profesionales? El padre Pancho nos contaba al respecto en la Comisión.
Veamos los problemas estructurales. Se requiere un nuevo diseño.
No queremos meter recursos en un barril sin fondo. Es preciso fiscalizarlos, pero también se requieren más. Porque nuestro estimado Ministro de Justicia hacía referencia a 100 mil millones de pesos. Por su parte, el Ministro de Hacienda nos daba los porcentajes de aumento del Presupuesto tanto en el Gobierno del Presidente Piñera como en el actual. Pero ¿sabe lo que pasa, señor Presidente? Eso no llega a las instituciones.
Paulo Egenau manifestaba en una entrevista del fin de semana que se había hecho un estudio con los datos de setenta países y que se necesitan al menos dos millones de pesos mensuales por niño, con profesionales y residencias de no más de diez menores, para que puedan salir adelante.
Fíjense Sus Señorías que el Estado invierte hoy día -no quiero decir "gasta"- 280 mil pesos por niño, en promedio. ¿Y cuánto destina María Ayuda, por ejemplo? La suma de 700 mil. Si no obtuviera donaciones de privados no podría hacerlo. Y la gran mayoría de las instituciones colaboradoras no las reciben.
Por eso, tenemos que aumentar los recursos.
Me alegro de que se hayan incrementado en un 11 por ciento los correspondientes a los CREAD, porque probablemente ahí están los menores más complicados; pero no ha ocurrido otro tanto con el presupuesto para las residencias, para los hogares, que trabajan con niños vulnerables. Si nos sacamos de encima los prejuicios ideológicos, esta es su condición, más allá de si se halla o no presente el Estado. El objetivo es el mismo.
Cabe consignar la deuda del artículo 80 bis. La Fundación Ciudad del Niño decía -y mandó una carta- que muchos de los organismos colaboradores acreditados (OCAS) no podrán seguir recibiendo niños que les mandan los tribunales de familia, en virtud de esa disposición, cuando se trata de casos graves. Porque no les dan la subvención, no les pagan la deuda ¡y los obligan a aceptarlos! ¿Cómo podrían hacerlo? Algunos están cerrando.
Entonces, ¿qué queremos cuando alegamos que en los hogares hay funcionarios no calificados, infraestructura sanitaria deficiente y falta de personal permanente para contención -recordemos el caso de Lissette, ya que muchos niños la necesitan-, médicos, paramédicos y psiquiatras?
Por ejemplo, el Hogar Galvarino es un centro administrado por el Estado (CREAD).
Hay educadores de trato directo que no son profesores y no se encuentran bien capacitados, que no educan a los niños.
Se plantea, asimismo, la atención de urgencia. El padre Pancho Pereira nos contaba de un niño que sufría una enfermedad mental grave y que tuvieron que ponerse con dos millones de pesos para que lo atendiera una clínica privada. Si no, se moría. ¡Eso no puede ser!
Por ello, me gusta lo que dice la Ministra en cuanto a que habrá una prioridad en salud. Pero ojalá que esos cinco años los podamos reducir...
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No es Ministra; es la Directora...
El señor WALKER (don Patricio).-
¡Perdón, Directora! ¡La estoy subiendo a Ministra...!
El señor Campos es el Ministro de Justicia.
Es que estamos con sueño; la sesión anterior duró hasta las 8 y media de la mañana de hoy.
Pero ¿qué queremos decir? Que no podemos seguir con tanta internación (1,8 meses en promedio). No puede ser que después de los tres años nadie adopte a un niño.
¿Qué es lo que pasa? Tenemos que agilizar el proyecto de ley sobre adopción que está en la Cámara de Diputados; acortar los plazos.
Las medidas de protección -si me da un minuto más, señor Presidente, se lo agradezco- tienen que ir en paralelo al juicio de susceptibilidad para la declaración de adopción, porque hoy día el proceso se puede demorar hasta dos años, y después nadie adopta.
Hay que apoyar las casas de acogida; hay que apoyar a las familias biológicas; trabajar con ellas para evitar que el niño se separe.
Perdónenme, el señor Egenau contaba el otro día el caso de una niñita de Coihaique quien se vino a Santiago con depresión, con problemas de contención, porque no hay hogares allá.
¡Señor Presidente, había un solo hogar, que era una cabaña turística!
Sé de unas monjitas que trabajaban muy bien; los niños estaban estimulados, pero tuvieron que cerrar porque no cumplían con los estándares del SENAME.
Yo conocí esa experiencia, y lo hacían espectacular.
Hay que regionalizar y flexibilizar los criterios del SENAME para que la gente que lo hace bien siga colaborando en esta materia.
Por supuesto, queremos urgencia, un sistema de garantías, un defensor. En eso, la Presidenta de la República está cumpliendo una deuda histórica.
¿Cuándo viene la ley de subvención? Adopción, reinserción juvenil, protección integral, entrevistas videograbadas, el maltrato son temas que abordamos y hoy son ley de la república.
Finalmente, señor Presidente, estamos aprobando una ley marco para los niños sujetos de derechos universales, integrales, en todos los ámbitos.
Pero queremos pedirle al Gobierno que agilice el reglamento en materia de salud y que se haga cargo de los "nini" (los niños que ni estudian ni trabajan).
El señor Egenau nos contaba el otro día en la Comisión que les han bajado tres mil millones de pesos a las instituciones que reciben a los niños, quienes probablemente tienen déficit atencional y desertan del sistema escolar. ¡Sus experiencias son muy exitosas, pero no tienen los recursos!
Quisiera pedirle al Ministro de Hacienda que en la próxima Ley de Presupuestos paguemos la deuda histórica; que haya un aumento sustancial. Si no, los niños van a seguir siendo el patio trasero, históricamente hablando, de las preocupaciones del Estado.
Yo confío en que en esta Ley de Presupuestos, señor Ministro, vamos a tener un mayor apoyo.
Yo confío en que se va a entender que cuando se vulneran los derechos de los niños, el Estado debe restituirlos, porque esos derechos se vulneran por culpa de alguien que, por acción u omisión, no estuvo a tiempo.
El Estado tiene, no digo que acaparar, pero sí que buscar una solución, sea directamente o con instituciones sin fines de lucro.
¿Qué vamos a hacer con el 80 bis, señor Ministro? ¿Se va a pagar esa deuda?
¿Qué vamos a hacer con el reajuste para todos, no solamente para los CREAD, en la Ley de Presupuestos?
Lo pregunto con mucho respeto.
Para concluir, quisiera agradecer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos por las urgencias que nos prometió y que les ha dado a todos estos proyectos de ley.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, en el tiempo de Renovación Nacional.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, ante todo quiero agradecer a las autoridades que hoy día nos acompañan.
Me parece necesario contextualizar el objetivo de esta sesión especial.
La idea es generar una política nacional de la infancia entre todos los actores que tienen que ver con esta materia, y que finalmente nos comprometamos a realizar esfuerzos extraordinarios.
Lo anterior dice relación no solamente con los cambios institucionales, de los cuales se ha dado cuenta, sino también con los estructurales. Pienso especialmente en el SENAME, que data de 1979 y que obviamente requiere un ajuste relevante en términos de distinguir entre menores infractores de ley y aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Esa propuesta ha sido encabezada por varios Gobiernos y por fin está próxima a concretarse.
Entretanto, se ha invisibilizado a nuestros niños. Ese es el tema de fondo.
Hablamos de "prioridades relativas". La idea es transformarlas en prioridades nacionales.
En definitiva, hay que dejar de hablar de "gasto", para comenzar a hablar de "inversión" en nuestra infancia. Y dejar de hablar de "stock", para referirnos, más bien, a un mecanismo que sea capaz de promover la salida de la institucionalidad de los niños del SENAME.
Es por eso que nosotros estamos preocupados. Y la única manera de entender que debe haber una política de Estado es poniendo primero los énfasis en las cifras que ha entregado el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja señaló: "Uno de cada tres niños denunció descuido negligente; uno de cada cinco, maltrato físico; uno de cada siete, maltrato mental o psicológico; uno de cada 15 denunció abuso o explotación sexual".
Y agregó: "Nosotros estamos investigando todos los casos de vulneración. Y consideramos que si se cumple la hipótesis de que en algún caso bajo custodia del Estado existe vulneración de derechos, por supuesto que es una vulneración de los Derechos Humanos".
Estamos claros en que no es un asunto para sacar partido o ventajas pequeñas.
Por lo mismo, lamento el tenor de la discusión en la Cámara de Diputados, donde había más interés en un par de líneas respecto de la responsabilidad política de un Ministro de turno que en concentrarse en las propuestas de fondo.
Ese informe concluyó con 64 propuestas, muchas de las cuales están recogidas en un proyecto de acuerdo que hemos elaborado transversalmente aquellos parlamentarios y aquellas bancadas -yo diría que de todo este Hemiciclo- preocupados en sacar adelante esta materia.
De hecho, junto al Senador Patricio Walker, nos tocó formar una Comisión Especial de Infancia en el Senado, la cual logró focalizarse en sacar adelante reformas estructurales en esa dirección.
Existen aspectos importantes de que preocuparse: de los 376 organismos colaboradores, de los 247 proyectos residenciales, de las 11 residencias de administración directa, y de la situación dramática de los niños internos, que han ido disminuyendo progresivamente desde junio del 2016, cuando se hablaba de 8 mil 326.
Sin embargo, se necesita un esfuerzo mayor.
Hay que hacerse cargo de que durante once años la unidad de subvención del SENAME estuvo prácticamente congelada desde su creación el año 79; y también, de la realidad dramática que dice relación con que en todos esos años hayan fallecido más de mil menores...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional, con cargo al Comité Renovación Nacional.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, el objetivo de esta sesión es simplemente avanzar en alguna de esas propuestas: en la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación en materia de infancia; en abordar lo señalado -no voy a extenderme en ello, pues no tengo tiempo- por el Senador Patricio Walker.
Pero, ciertamente, hay que hacer una reforma integral al sistema de adopción, que nos parece de primera necesidad.
Quisiera terminar -para darle al Senador Prokurica la posibilidad de intervenir- expresando que tenemos una necesidad ineludible, por ejemplo, en materia de atención de salud.
El padre Opaso nos comentaba -y tengo la experiencia de conocer de cerca la realidad de los hogares del SENAME de mi Región- sobre la aplicación de los SOS; de la falta de atención psiquiátrica para los menores; de la situación dramática de los CREAD.
Señor Presidente, nosotros presentamos una querella contra el CREAD de Valparaíso que terminó con la salida de seis funcionarios. Es una situación de la cual hay que hacerse cargo porque están acreditadas las torturas y la vulneración de derechos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, creo que la situación de vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es de tal gravedad que no podemos ni por un momento entrar en una batalla política al respecto.
Por eso, junto al Senador Juan Pablo Letelier, nos comunicamos con el Presidente de la Comisión Especial de Infancia, el Senador Patricio Walker, con el propósito de solicitar esta sesión especial.
Valoro también la presencia esta tarde de los Ministros y de la Directora Nacional del SENAME.
Hay una investigación penal en curso que se está llevando a cabo por el Ministerio Público, y será ese proceso penal el que permitirá determinar la existencia de responsables, judicialmente al menos. Tampoco creo que debamos dar ahora prioridad a las responsabilidades políticas. Es momento de buscar soluciones.
Considero que la Cámara de Diputados hizo un buen trabajo de investigación, pero la manera como este se planteó a la opinión pública no sé si está contribuyendo a dar solución a un asunto tan sensible y tan delicado como el descrito.
Por eso quiero valorar el rol de la Directora Nacional del SENAME, Solange Huerta, por las distintas medidas que ha tomado en el último año, sobre todo en el ámbito de la salud, encaminadas a subir estándares en materia sanitaria. Lo encuentro tremendamente importante, porque son medidas administrativas que había que tomar en un plazo breve.
Por otro lado, la situación de los niños del SENAME es urgente: 1.313 muertes no pueden esperar ni pronunciamientos de la justicia ni leyes que a veces tardan demasiado en llegar.
Por eso valoro el hecho de que en este Gobierno se vaya a producir la separación entre niños infractores de ley y niños vulnerados. Me informaba el Senador Harboe, quien preside la Comisión de Constitución, que en los primeros días de agosto se inicia la discusión de este primer proyecto.
Hablamos de niños que han sido vulnerados en sus casas, a los cuales el Estado sacó de allí para llevarlos a lugares donde 1.313 de ellos han encontrado la muerte, y muchos otros, cuyas cifras ni siquiera conocemos con exactitud, han sido agredidos sexualmente, torturados y maltratados.
Podemos y debemos exigir al Ejecutivo que invierta todos los recursos que sean necesarios para que los hogares y residencias cumplan los estándares adecuados y se contrate a todos los educadores que sea pertinente para tratar a los niños y adolescentes como se merecen. Se hace imprescindible aumentar las coberturas, mejorar la infraestructura de las residencias y tomar las decisiones técnicas que se requieran.
Por cierto, también es ineludible incrementar los recursos. La ley de subvenciones la hemos solicitado incluso antes de empezar a aumentarlos: queremos saber cuál será el modelo de gestión, para qué se van a incrementar.
A nivel de centros de atención, el último informe técnico sobre las visitas de los jueces de familia a los centros de menores nos entrega datos escalofriantes.
Tan solo en el Centro de Atención Directa de Pudahuel hay una sobrepoblación de 179 por ciento (80 plazas licitadas y 143 ocupadas), mientras que buena parte de los hogares privados que reciben subvención tienen un número de plazas licitadas mucho mayor a las que realmente usan. Esa es otra arista que merece explicaciones y acciones. Que existan privados colaboradores del Estado en esta materia me parece muy razonable -deben seguir existiendo-, pero que el Estado se desentienda al punto de destinarles el 63 por ciento del presupuesto del Servicio, o que incluso pueda, en algunos casos, verificarse lucro a partir del abandono de estos menores, lo considero repugnante. No encuentro otro adjetivo.
Por supuesto, también me sumo a las palabras de quienes han señalado que hay algunas instituciones que lo hacen muy bien; probablemente son la mayoría.
Además de la sobrepoblación, en gran cantidad de centros se aprecia la presencia de niños que están fuera del rango de atención licitado, no existe control sobre el acceso a medicamentos y no se está haciendo valer su derecho a la educación, entre otros aspectos.
Hace dos días conocimos una carta pública a la Presidenta Michelle Bachelet escrita por Edison Ortiz, ex niño SENAME de la Región de Coquimbo y autor del libro Mi infierno en el SENAME: Ansias de Libertad. Quiero leer, si me permiten, tan solo uno de sus párrafos, para que dimensionemos de lo que estamos hablando hoy:
"Un cuerpo llamado niño, castigado y sentenciado al dolor por haber nacido en una realidad tan distinta a la suya, que no alcanzó a percibir una sonrisa, un abrazo, un beso de buenas noches, que cada noche no tuvo a esa madre a su lado que le espantara los demonios que no lo dejaban dormir, esa madre que no pudo estar en sus primeros pasos, porque el Estado decidió que era mejor protegerlo bajo un sistema que usó el castigo, el golpe y la humillación para hacerlo sentir que eran dueños de su vida. Una cosa es haber perdido la libertad, el resto de todo lo vivido sólo puede ser considerado tortura".
Señor Presidente, de la forma en que se está tratando a los niños no solo se vulneran sus derechos esenciales, sino que además se les está condenando a que su vida termine en una prisión. Y así entramos en un círculo vicioso en que los inocentes siempre serán los menores. De acuerdo a un estudio que se ha citado acá del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la mitad de los niños entrevistados denunciaron distintas vulneraciones en sus derechos.
Comparto las palabras del Ministro de Hacienda: no es una materia donde debamos preocuparnos del presupuesto. Él ha planteado la cuestión como una prioridad. Si es necesario endeudar el Estado, bueno, habrá que hacerlo. No se puede ser prudente con el Presupuesto del Estado cuando al otro lado de la balanza tenemos niños muertos.
Es necesario que los mejores profesionales sean quienes trabajen en el SENAME. Si me preguntan dónde debe estar la urgencia presupuestaria y de talentos hoy en Chile, es precisamente laborando con esos niños vulnerados. Es allí donde debemos centrar todos nuestros esfuerzos.
Actualmente se tramita un proyecto de ley sobre mecanismo nacional de prevención de la tortura, pero es necesario asignarle la urgencia que requiere, pues resulta prioritario que un organismo externo pueda intervenir cada centro del SENAME para prevenir la vulneración de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes. Si el mecanismo hubiera existido antes, tal vez se habrían evitado muertes de niños, y ciertamente, si se hubiera prevenido una sola muerte, ello justificaría cualquier trabajo, cualquier ley y cualquier urgencia.
Junto al mecanismo nacional de prevención de la tortura, este Congreso Nacional se halla tramitando iniciativas que van en beneficio de niños, niñas y adolescentes, como el sistema de garantías de derechos; la Subsecretaría de la Niñez; la Defensoría de Derechos de la Niñez; un proyecto, del cual soy autor, que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, abusos sexuales de los cuales hemos conocido 280 denuncias en centros del SENAME.
¡Imaginemos cuántos abusos más no llegaron jamás a una denuncia!
Estos proyectos pueden ayudar, pero nada será suficiente mientras se sigan muriendo niños y niñas como Lissette Villa, quien falleció precisamente en un lugar donde, se suponía, iba a estar mejor que en su hogar. La historia de Lissette se suma a numerosas otras. Esta situación responde a un abandono no solo de una Administración sino del Estado a través de la historia.
Como señala el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar "los niños y los jóvenes...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Puede redondear la idea.
El señor QUINTANA.-
Retomo la cita: "los niños y los jóvenes no figuran en las páginas de la Historia. Pero son lectores, escuchas y memorizadores de la misma. No son actores centrales. Tampoco son monumentos".
Por eso, debemos hacernos cargo sin esperar un minuto más.
La triste realidad graficada en el SENAME no solo es producto de una política pública mal implementada, sino que responde claramente a una sociedad extremadamente desigual. En efecto, esta institucionalidad estatal constituye un verdadero gueto, ya que alberga a niños, niñas y adolescentes, los cuales, por desgracia, provienen de los sectores más vulnerables de nuestro país. En tal sentido, se encarcela a un inocente a causa de su pobreza.
Creo que en la materia que nos ocupa, como en ninguna otra, estaremos de acuerdo en que la palabra "urgencia" es la que debe guiarnos.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en octubre de 2015 el fiscal Juan Agustín Meléndez, designado especialmente para llevar adelante la investigación de la causa denominada "SENAME", que había tenido su inicio en julio de 2013, decidió archivarla tras los informes elaborados por la UNICEF y el Poder Judicial sobre el sistema de residencias en Chile y donde se denunciaban casos de abusos sexuales contra menores luego de la realización de más de 3 mil encuestas.
¿Qué explicación dio el fiscal Meléndez para cerrar la causa? ¿Por qué decidió hacerlo? Decidió archivar el caso "a la espera de nuevos antecedentes" que se pudieran aportar a la investigación. Repito: "a la espera de nuevos antecedentes".
En relación con la decisión del fiscal Meléndez, solicito que el Ministerio Público remita al Senado todos los pormenores de dicha investigación, para que podamos conocer las diligencias realizadas y el motivo porque el fiscal llegó a entender que no existían antecedentes para continuar con la investigación en forma más profunda y establecer responsabilidades de tipo penal.
Mucho se ha criticado a la Cámara de Diputados por rechazar el informe de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, pero lo cierto es que el órgano encargado de establecer la existencia de responsabilidades penales es el Ministerio Público, que hasta la fecha no ha llegado a asignar ninguna -¡ninguna!-, cuestión que me parece, al menos, poco clara.
Actualmente, el Ministerio Público le ha encargado al fiscal regional de Los Lagos, don Marcos Emilfork, una investigación luego de la muerte de la menor Lissette Villa, el 11 de abril de 2016.
Mi pregunta es por qué motivo el fiscal Juan Agustín Meléndez decidió arbitrariamente archivar una investigación, siendo que, según nos revela el informe de la Cámara de Diputados, en los últimos diez años ha habido más de mil menores fallecidos en los centros del SENAME. Sin embargo, este señor decidió archivar la causa porque, según él, no existían antecedentes.
¿Es que el señor fiscal no supo de las muertes ocurridas al interior de los centros del SENAME?
Considero necesario, señor Presidente, que sepamos qué sucedió con la investigación y por qué no se hizo absolutamente nada con respecto a los casos de muertes de niños.
Por lo mismo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que se pudieren establecer, me parece que ha faltado determinar responsabilidades penales.
Por lo tanto, señor Presidente, pido enviar copia de esta intervención tanto al señor Fiscal Nacional como al señor Ministro de Justicia.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se enviarán los oficios pertinentes a las autoridades que Su Señoría ha indicado.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
No se encuentra en la Sala.
En consecuencia, puede hacer uso de la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que la situación de nuestros niños y, especialmente, de los niños más vulnerables en nuestro país es crítica y dramática.
Por lo que expresaron los Ministros, la Directora del SENAME y el Subsecretario, entiendo que el Gobierno está preocupado y, diría yo, ocupado.
Sin embargo, la situación es tan dramática, que siento que hace falta más sentido de urgencia, aunque comprendo que se ha buscado realizar cambios. Y lo digo no por pertenecer a una bancada de Oposición, sino desde mi posición de Senadora y miembro de la Comisión Especial de Infancia.
Insisto: pienso que hay que poner mayor énfasis en el tema.
Permítanme expresar que está bien creer que el actual marco legislativo existente sobre la materia no es el correcto -incluso comparto esta apreciación, y luego me referiré a ello-, pero lo urgente -¡lo urgente!- está en aspectos mucho más prácticos. Sé que la Directora del Servicio ha querido avanzar en esto, pero todavía no es suficiente.
Cuando uno lee el informe de la Comisión Investigadora que fue rechazado por la Cámara de Diputados, se da cuenta de cosas muy evidentes, ya mencionadas por el Senador Patricio Walker: niños alejados de sus familias por más de 150 kilómetros; niños que ingresan al SENAME sin que se ponga límite de tiempo respecto a cuándo deben salir del sistema; niños que se quedan hasta que son mayores de edad; niños sacados de sus familias para ser entregados en adopción sin haber otra familia que los reciba; demora en demasía para encontrar una familia adoptiva, al punto que los niños rebasan los tres o cuatro años sin ser derivados a ninguna.
Por lo tanto, estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para centrarse en los temas más urgentes y dramáticos.
En cuanto a la agenda legislativa, que es lo que nos compete como Senado, algunos colegas se han acordado de la aprobación de los proyectos sobre garantías de los derechos de los niños, el que crea la Subsecretaría de la Niñez y el del Defensor del Niño. ¡Todo bien! Son tres leyes en que tanto los representantes de diversas organizaciones como los Senadores, transversalmente, nos hemos preguntado cómo llegar a la familia, cómo llegar al territorio.
En efecto, todos esos cuerpos legales se ubican arriba, son un marco, pero no hay ninguna bajada institucional ni normas para el financiamiento del entramado institucional que permita llegar a las familias vulnerables.
Yo sé que me van a decir que ahí están los proyectos que separan al SENAME en dos servicios (el de protección especializada y el que se hará cargo de apoyar a las familias), pero ellos ingresaron a trámite legislativo recién en abril de este año.
Entonces, la pregunta es: ¿Dónde estamos poniendo las urgencias?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
A continuación, tiene la palabra, por tres minutos, el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, creo que el problema es un poquito más de fondo.
Pienso que necesitamos hacer una reflexión mucho más profunda en torno a la sociedad.
Tenemos una sociedad cada día más individualista, con menos cultura de la conversación y la formación, con menos estructura valórica y con menos generación de oportunidades.
El maltrato, el abandono, la falta de cariño, el déficit de políticas públicas integrales, el carácter autodidacta de una buena cantidad de jóvenes, particularmente vinculado a la formación en la calle, la carencia de modelos de orientación, la falta de protección del núcleo familiar, son, en mi concepto, elementos que están generando un grave problema en torno a las nuevas generaciones.
Señor Presidente, generalmente la discusión se aboca a los presupuestos, a los servicios públicos, a las leyes, a dar más garantías. La pregunta es si esto es suficiente.
Aquí lo que se requiere, a mi juicio, es una mirada de más largo plazo y entender que necesitamos hacer un cambio en los modelos de desarrollo y profundizar las políticas públicas de protección y apoyo a las familias, a los niños, a las mujeres, a las madres y padres solteros y a los niños en situación de abandono.
No es lo mismo un niño infractor de ley penal que un niño abandonado. Ambos requieren especialistas y preocupaciones y tratamientos distintos.
De pronto esta sociedad parece muy hipócrita porque, cada vez que hay un caso dramático, se le endosa la responsabilidad al SENAME, a otro servicio público o incluso a los privados, como si eso fuera la solución del problema. Y la verdad es que, más allá de los errores que legítimamente se pueden cometer en todo tipo de instituciones, uno conoce el trabajo abnegado de miles de personas, en el mundo público y privado, que trabajan para ayudar a los niños. ¡Pero los recursos no alcanzan!
¡Seamos audaces, señor Ministro! ¡Pongamos las prioridades en las nuevas generaciones! Si hoy día somos capaces de prevenir con políticas públicas integrales, estaremos evitando la descomposición social del mañana.
En algún minuto se hizo una reforma tributaria, y nosotros no podemos dejar a la caridad, a la generosidad del mundo privado, el financiamiento de las políticas de acompañamiento y protección de los menores.
¿Por qué no establecemos una sobretasa de contribuciones, para que durante los próximos 15 años, independiente del gobierno de turno, haya financiamiento de políticas públicas?
¡Ahí tenemos una medida!
Así nos dejaríamos de discutir siempre un presupuesto anual que impide tener una planificación eficiente. Todas las instituciones privadas (y las públicas deberían imitarlas) se planifican más allá de un año, más allá de un gobierno.
La rehabilitación de un menor no es cosa de seis meses, ni de un año, ni de dos o cuatro años, porque debemos entender que, cuando termina una medida de protección, los niños, por su entorno familiar, por la red que lo envuelve, llegan a un ambiente que facilita la comisión de delitos, que vuelve a golpearlo, que vuelve a maltratarlo y del cual muchas veces quieren escapar. Ese no es un espacio natural de protección, pues se trata de familias donde, lamentablemente, no existe una relación adecuada, tal como lo graficaba, a través de un dramático testimonio, el niño citado por el Senador Jaime Quintana.
Para que ese niño tenga oportunidades, debemos contar con políticas públicas de mediano y largo plazo, y creo que a eso nos debería convocar la Presidenta de la República.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Carolina Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, a propósito de lo último que dijo el colega que me antecedió, quizás lo primero que habría que hacer es valorar el ambiente y el tono en que estamos dialogando y debatiendo acerca de este tema.
Todos coincidimos en que lo que necesitamos es una mirada de largo plazo y, de alguna manera, generar un pacto transversal por la infancia.
Así lo planteó el señor Ministro y esta sesión tiene sentido si somos capaces de sumarnos a aquello.
Las situaciones que nos duelen, que nos avergüenzan como país, como las que hemos visto con relación a los niños y las niñas más vulnerados, tienen que hacer que nos movilicemos. Y recojo el planteamiento del Ejecutivo en ese sentido.
Ahora, acá hemos escuchado la intervención del Presidente de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, Senador Patricio Walker, con quien compartí bancada en la Cámara de Diputados. He sido testigo de la infinidad de iniciativas de ley que él ha sacado adelante en esta materia.
Lo escucho y me parece oír a muchos que tienen el diagnóstico hecho y que ya saben qué cosas debemos abordar. Probablemente, cualquier persona de la red sobre infancia va a decir: "Hay que hacer esto".
El punto es cómo apuramos el tranco si tenemos claro cuáles son las deudas y las situaciones en las que debemos avanzar.
Cuando a uno le preguntan por qué no existe aún una ley de garantía de derechos -yo llevo ya doce años en el Parlamento-, contesto que hemos discutido una y otra vez el asunto, pero no sale. Creo que no hay justificación para no despachar un proyecto de ese tipo durante este año, como un marco para implementar una política integral, que es fundamental en materia de infancia.
Las cifras sobre violencia contra menores son dramáticas -y no me refiero solo a los niños que están en la red del SENAME-: prácticamente 3 de cada 4 menores son objeto de algún tipo de violencia por parte de sus padres o madres. La mitad es violencia física, y un cuarto del total, violencia física grave.
Hay algo que nos está pasando como sociedad, y es ahí donde tenemos que avanzar.
La prioridad, por supuesto, son aquellos niños que se encuentran hoy día en los centros del Servicio Nacional de Menores, porque son los más vulnerados.
Al respecto, quiero destacar algunas iniciativas, como el programa relativo a salud mental que señaló la Directora de dicha institución, el que, por lo demás, conozco de cerca, porque he colaborado en su implementación y diseño en Magallanes.
En este ámbito tenemos que actuar con mucho mayor celeridad, pues hablamos del 69 por ciento de niños que presentan trastornos mentales. Esto requiere apoyo especializado, el que muchas veces no se encuentra disponible en el ámbito público.
Parece que contaba con más tiempo, señor Presidente. Me queda muy poco.
El señor MONTES.-
¡Se le está agotando...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúe, señora Senadora.
La señora GOIC.-
Bueno, sintetizaré.
En la lógica de ver cómo esta sesión nos permite construir un pacto en favor de la niñez, deseo enumerar -en forma breve, por razones de tiempo- los temas que me parecen fundamentales.
En primer lugar, debemos establecer un trato distinto con las instituciones colaboradoras. Me sumo al reconocimiento por el esfuerzo que realizan, ya que muchas de ellas hacen bien su trabajo, pese a contar con recursos insuficientes.
Por lo mismo, una relación de desconfianza hacia tales entidades no nos permite avanzar.
El caso dramático que tenemos en Magallanes -y se repite en Aisén- con el Hogar del Niño Miraflores, que finalmente cerró, deja a menores vulnerados sin alternativa de protección en la zona.
Esos son los problemas que debemos resolver.
Nosotros estamos trabajando en el caso que señalo. Aprovecho de reiterarle a la Ministra de Bienes Nacionales la necesidad de disponer de un terreno para la construcción de un centro en mi región. Ojalá los niños nunca llegaran a esa institución, pero la realidad es que requerimos contar con una alternativa de ese tipo.
Otra medida que me gustaría plantear es reconvertir las oficinas de protección de derechos en instancias locales en esta materia. La Senadora Von Baer planteó este punto también: habló de dar apoyo en el territorio, en espacios cercanos a la familia.
¿Cómo entregarle a la familia herramientas, considerando que hoy en día, por las características de la sociedad moderna, existe tensión en su interior por la necesidad de conciliar vida laboral y familiar?
En este plano, se requiere implementar un programa de fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias y otro de apoyo y acompañamiento, además de desarrollar un sistema de alerta temprana a nivel local.
Por otra parte, sugiero llevar adelante un programa después de la jornada escolar, para que la escuela sea un espacio comunitario donde efectivamente se pueda trabajar con los menores, evitando que estén en la calle o deserten de la educación.
Urge apoyar a los miembros de las familias, quienes muchas veces, por la realidad de sus trabajos, pasan fuera de la casa y dejan a los niños solos.
Es ahí donde tenemos que hacer del territorio y de la escuela un espacio abierto para la comunidad.
En el ámbito de las políticas de protección hacia la infancia gravemente vulnerada, destaca el compromiso para sacar adelante la nueva institucionalidad del SENAME. Al respecto, me alegro de que en el proyecto presentado dicho organismo cuente con los recursos necesarios.
La modificación del sistema de financiamiento, el cierre de brechas, la formación permanente destinada a técnicos y educadores -como planteó la Directora-, el programa garantizado de salud con énfasis en la parte mental y el nuevo trato con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la niñez y la adolescencia son, a mi entender, medidas fundamentales.
Tal tarea no la puede hacer solo el Estado; de hecho, no sería sano que así fuera.
Hay que partir del establecimiento de reglas claras.
También es necesario ir disminuyendo la burocracia, que hace que se pierdan muchos recursos -no solo materiales y económicos, sino también humanos-, que deberían destinarse a los niños vulnerados.
Asimismo, se precisa trabajar en disminuir las tasas de violencia, maltrato y abuso hacia los niños, niñas y adolescentes. En este ámbito, espero que se avance mucho más -insisto- en la incorporación de un sistema de alerta temprana.
Sobre las situaciones dolorosas de las muertes de niños vulnerados, me parece fundamental que asumamos esa realidad como país.
Ante ello, quiero reiterar la necesidad de generar una instancia que permita conocer la verdad y, en lo posible, establecer medidas de reparación para las familias o personas afectadas por un cuidado que no se dio y que correspondía al Estado entregar.
Confío en que esta sesión será un impulso. Creo que la llamada "Comisión sobre Infancia" del Senado es una instancia fantástica a partir de la cual materializar compromisos concretos. Es lo que podemos hacer como Senado para sacar adelante la agenda relativa a niñez.
Si hay algo que no puede volver a pasar es que el próximo año, a raíz de la situación dramática de la muerte de un niño o de la vulneración de derechos, estemos discutiendo lo mismo que hoy nos convoca.
¡Estamos acá para hacer frente a eso!
Creo que con ese objetivo podemos trabajar con entusiasmo, en conjunto y, probablemente, trasnochar muchas veladas, como ya lo hicimos ayer.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez, por tres minutos.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, si bien es poco lo que se puede decir en ese corto tiempo, quiero compartir con ustedes mi opinión.
A mi juicio, el diagnóstico respecto de la realidad de los centros del SENAME no es compartido por todos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos aparecen como observadores o comentaristas de esa realidad, pero pienso que no la conocen a fondo.
Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan y aprovechar de preguntarle a la Directora Nacional del SENAME, la exfiscal Huerta, si ha visitado todos los centros que el servicio tiene en Chile.
El señor MONTES.-
¡Eso es imposible!
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Yo sé que es imposible, pero es la Directora.
¿Ha mandado a su gente? ¿Ha ido a terreno?
Para mí, eso es importante.
Segundo, ¿qué pasa con el tratamiento de las drogas al interior de los recintos del Servicio Nacional de Menores?
Ayer tuve una reunión de trabajo con el ministro que tenemos asignado en nuestra zona como interlocutor del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas, que hace dos semanas entró en vigencia en la Región de Valparaíso.
¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las cifras?
Cuando visito un recinto semicerrado o cerrado, les pregunto a los internos: "¿Cuántos de ustedes cometieron un delito bajo el consumo de drogas o alcohol?". Al principio, solo levanta la mano uno. Y entonces les insisto: "¡Ya pues, chiquillos, cuéntenme la firme!". Y ahí todos paran la mano.
Señor Presidente, quiero saber qué se está haciendo al respecto, porque todas las cifras dan cuenta de que la actividad delictual de nuestros jóvenes -no estoy hablando de menores vulnerados, sino de los infractores- está relacionada con el consumo de drogas.
¿Cuántos cupos hay para rehabilitación? ¿Qué se está haciendo en este ámbito?
El lunes 10 de julio despertamos desconsolados viendo la portada de El Mercurio de Valparaíso: una niña de diez años, que intentaba huir del centro del SENAME de Playa Ancha, cayó y quedó encerrada entre dos muros. ¡Tuvieron que rescatarla voluntarios de Bomberos!
Intentaba huir, pero, ¿de qué huía, si ahí debiera estar garantizada su protección?
En noviembre del año pasado, después de solicitar un oficio sobre la materia, la señora Huerta me contestó que no han levantado información relevante con respecto a cuántos niños vulnerables se encuentran con problemas de salud en los centros del Servicio Nacional de Menores.
Entonces, si la propia Directora Nacional de la institución no cuenta con información, como consta en su oficio de respuesta, yo afirmo y reafirmo que no existe un diagnóstico compartido por todos.
En mi opinión, al menos las autoridades que tienen competencia, atribuciones y cargos en los ámbitos de la infancia debieran sustentar un diagnóstico y darlo a conocer acá para saber cuál es la realidad y qué intervención real van a hacer, no solamente leyes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes, por cinco minutos.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en estos minutos es bien poco lo que uno puede decir dadas la complejidad y la amplitud del problema. Pero yo quiero distinguir dos cosas.
Uno, está claro que la sociedad chilena tiene muchos niños que requieren un modelo de protección determinado. Está claro que ese modelo se encuentra con problemas, con dificultades y que se ha quedado desfasado respecto a múltiples realidades. Está claro que debemos tener una política más de corto plazo y tratar de que menos niños requieran este sistema en la sociedad. Y, por otro lado, necesitamos que el modelo que adoptemos sea lo más eficiente.
Yo escucho las palabras de la Directora del SENAME y noto en ellas un conjunto de medidas: leo los papeles y trato de encontrar una respuesta apropiada para que el sistema funcione mejor dada la naturaleza del problema.
Opino que aquí se han dicho cosas bien potentes. El Senador Juan Pablo Letelier insiste a cada rato en que no puede ser que sigamos mandando a los niños a hogares. Yo estoy de acuerdo. Debe existir una diversidad de alternativas, pero el sistema de subsidios que tenemos no permite toda la diversidad necesaria. Entonces, hay que pulirlo, elaborarlo porque las respuestas deben ser diversas.
Me parece bien lo de la adopción, y diversas otras cosas.
Me preocupa la Subsecretaría de la Niñez, por un asunto que voy a mencionar después.
En cuanto al artículo 80 bis, uno puede otorgar más y más recursos, pero hay que ver cuál es el límite y si ese es el mejor modelo para responder.
Sin embargo, como acá se ha dicho, creo que en el corto plazo aquí, como nunca, se están haciendo esfuerzos, intentos, tratando de hacer las cosas mejor.
No obstante, quiero ir un poquito más allá.
Yo oigo al Senador Patricio Walker y digo: "¿Estoy o no de acuerdo?" No lo sé. Nos falta conversar mucho más, Senador -por su intermedio, señor Presidente-; a todos nos hace falta.
Leo una entrevista al padre Opaso en El Mercurio, en la que plantea que todo se está estatizando -pienso que él fue-. ¿Estoy o no de acuerdo? No lo sé; creo que no.
Entonces, dónde está el problema, qué nos está pasando.
Estoy absolutamente convencido de que este es un problema político central de la sociedad chilena, y no solo de esta. ¿Qué hacemos con los niños? No sabemos. La respuesta societal, no solo de derechos individuales, está muy atrasada respecto al tipo de problemas y sus complejidades.
Ese es el punto: ¿cómo enfrentamos las necesidades y características específicas de los niños actuales? No estoy hablando de los infractores, sino de todos los niños. Porque quien es padre, abuelo, lo que sea, se da cuenta de que la incomunicación es tremendamente grande. Y eso se termina expresando en un segmento social en infractores; en otro segmento, en sinsentidos, en suicidios, en deserción.
Hay numerosos niños hoy día -¡como nunca!- que no le encuentran ningún sentido a permanecer en la escuela. Para ellos es lo más aburrido que puede haber, y además después estudiar una carrera es igual de aburrido. O sea, hay un problema de fondo en los niños y en los adolescentes.
Y considero que esto tiene bastante que ver con la crisis de la política. A esta generación le toca enfrentar temas de esta naturaleza. Y en estos, ¿tiene razón la Izquierda o la Derecha? Ninguna, porque ni lo que ellos ni lo que nosotros hemos pensado se ajusta a las necesidades.
Estamos haciendo esfuerzos de distinto tipo, pero se requiere una respuesta societal y casi de frontera civilizatoria. No tiene nada que ver lo que ocurre hoy día con lo que ocurría hace 15 o 20 años: estamos ante otra realidad, con niños distintos, con sociedades diferentes, con alternativas diversas.
Yo creo que el mayor problema que tenemos acá -me queda muy poco tiempo- es que el SENAME está limitado por una serie de presiones que no se encuentra en condiciones de tolerar. Cuando se discutió acá la reforma al SENAME, en ese entonces con la señora Delia del Gatto como Directora, algunos señalamos que esa institución no era capaz de captar y de enfrentar el 5 por ciento de la misión que le estamos entregando. ¡No puede!
Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo la educación con los niños? ¿Por qué la educación se hace la lesa con ellos? ¿Por qué no juega roles socializantes distintos?
Entonces, al final, los niños van quedando en manos de la particularidad de la familia que les toca, porque la sociedad no tiene una respuesta consistente.
¿Es problema de dinero? Con el Senador Alberto Espina le pedimos al Gobierno un estudio sobre todos los recursos destinados en el Estado para los niños. ¡Y es impresionante la cantidad de plata que hay! Es muy abundante si sumamos educación y todo lo que tiene el Estado. El problema es que no tenemos claro el enfoque ni la organización para poder traducirlo en políticas efectivas.
Aquí varios lo han planteado: los niños están un poquito abandonados por los padres, por la escuela, por distintos lados y están hoy día con una bronca acumulada. No estamos en condiciones de analizarlo pues ni siquiera entendemos mucho.
Ojalá, señores Ministros, que cuando hablemos de universidades estatales pensemos que la existencia de estas significa gente investigando sobre el tema y son las que más saben al respecto. ¡Para eso necesitamos las universidades estatales, ya que el Estado debe tener una política a la altura de los problemas!
Me quedan ocho segundos solamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Dispone de un minuto para concluir su intervención.
El señor MONTES.-
Quiero decir, señor Presidente, que ojalá aquí no se concluya en forma improvisada; que no saquemos conclusiones a la rápida, sino que nos demos un tiempo, a lo mejor con la Comisión que tenemos, para hacer un esfuerzo por aportar en la dimensión inmediata de corto plazo, pero asimismo en la dimensión de fondo que necesitamos abordar.
Tal vez si llegamos al país con otra manera de enfrentar esto recuperaremos en parte la credibilidad que la actual generación política ha perdido aquí y en otros lados. Lo digo porque este problema -según lo que he leído- afecta a todos los países por igual, en distintos grados, con más o menos recursos.
Sin embargo, hay un problema general. Las sociedades no sabemos responder al tipo de niño que hoy día existe, a sus necesidades, a sus características, y no hay una política pública adecuada para eso.
Lo anterior no quiere decir que no se estén haciendo muchas cosas que yo valoro. Sin embargo, tenemos que enfrentar las causas de los problemas para realmente evitar que cada día aumente la cantidad de niños que lo requieran.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Voy a solicitar autorización a la Sala para prorrogar la sesión a objeto de poder terminar con las intervenciones de Sus Señorías, además de escuchar las propuestas que nos hará la Comisión y seguramente las respuestas que nos darán los Ministros y la Directora del SENAME sobre el tema planteado.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, me alegra bastante que hoy el Senado se dé un tiempo para analizar y discutir este asunto con altura de miras, no como ocurrió unos días atrás cuando mucha gente que está poniendo el hombro para solucionar la realidad que tenemos con la niñez en nuestro país vio cerradas las puertas en sus narices por las peleas y las discusiones que tuvimos.
Creo que en una intervención tan corta se pueden repetir las denuncias que aparecen en los medios de comunicación, como las referidas a que hay mil 300 niños fallecidos, a las niñas del SENAME que se prostituyen en Freirina o a la utilización política que se hace de esta institución.
Yo me alegro de que algunos Senadores estén planteando que no se puede utilizar políticamente al SENAME. Eso hay que decirlo desde el origen para que los partidos y las distintas coaliciones no ocupen esa institución. Y estoy de acuerdo en que debemos analizar este tema con altura de miras, como se ha planteado aquí, porque en verdad este asunto es extraordinariamente complejo no solo para Chile.
En primer lugar, no está clara la razón por la cual hemos llegado hasta donde estamos. Algunos plantean que se debe a falta de recursos, pero la Administración del Presidente Piñera aumentó en 50 por ciento los montos destinados a ese Servicio, y entiendo que este Gobierno también lo ha hecho. Hay algunos que señalan que está fallando la prevención, y otros que dicen que hay que aprobar leyes. Yo me pregunto, ¿cuál es el rol, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Infancia?
Y quisiera hacer una pregunta de fondo. Creo que el Senador Montes da en el clavo cuando señala que estamos frente a un problema mundial. Entonces, ¿solamente vamos a considerar el resultado de este problema o vamos a ir hasta las causas? Porque aquí lo que debiéramos analizar también es por qué estas familias abandonan a esos menores.
Por otra parte, señor Presidente, en el poco tiempo que me queda quiero agregar que no he visto nunca un reportaje a las organizaciones colaboradoras del SENAME que trabajan bien. ¡Eso no es noticia! ¡Eso nadie lo menciona!
He estado con algunas instituciones como el Refugio de Cristo -el padre Opaso y el padre Pereira nos acompañan hoy día-, y me consta el tremendo esfuerzo que hacen esta y otras organizaciones para poder mantener a los niños con los pocos recursos que reciben. Es muy difícil cuando se trabaja con personas que, entre otras cosas, se alimentan todos los días, ¡y el SENAME se demora cuatro meses en entregarles los recursos! ¡O a veces no llegan!
Francamente, a este tipo de organizaciones hay que levantarles un monumento.
Considero que debiéramos analizar también las que lo hacen bien, para que aquellas que lo hacen mal copien su buen trabajo.
Creo, señor Presidente, y permítame decirlo, que si no fuera por el aporte que no necesariamente se canaliza a través del Estado, sino que por donaciones voluntarias, muchas de estas instituciones no podrían subsistir.
Finalmente, quiero sumarme al acuerdo nacional a que ha llamado el ex Presidente Piñera para elaborar, en forma conjunta con un grupo transversal conformado por distintos sectores políticos, medidas tendientes a abordar un problema que es nacional, que es permanente y que, a mi juicio, no es de fácil solución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier por cuatro minutos.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, cuando uno analiza la historia de lo que ha sido la protección a la infancia, se da cuenta de que el problema no tiene su origen en la última década o en las dos últimas décadas, sino que es más antiguo.
Cuando en 1979 se constituyó el pacto que dio lugar al SENAME que existe hoy día, el acuerdo fue que habría entidades colaboradoras (antes participaban instituciones como Carabineros de Chile, con la Fundación Niño y Patria, y la Iglesia Católica, que se hacía cargo del drama social de los niños abandonados). Pero dicho pacto fracasó. Porque el acuerdo era que dos tercios del financiamiento lo pondrían las entidades privadas, y el Estado, en forma subsidiaria, aportaría un tercio de los recursos.
¡Eso es lo que está en crisis!
Por ello, ciertamente, se necesita una nueva política pública.
A eso se suma que el Partido Socialista y muchos -y lo manifestó el Senador Carlos Montes- estamos convencidos de que el eje de ese análisis tiene que ver con la sociedad, con lo que pasa con las familias y con la pandemia que producimos de niños maltratados, abusados, abandonados.
¡Es una pandemia! ¡Una situación dramática!
Los indicadores en Chile son peores que en la gran mayoría de los países de América Latina.
No nos equivoquemos: tenemos un problema societal.
Es en ese contexto que debemos hacer este análisis, donde el Estado subsidiario fracasó y la sociedad chilena produce fenómenos que no nos agradan.
Por eso es importante generar una nueva política de infancia, y el eje para enfrentar esto -aunque algunos lo minimizan- es la Ley de Protección Integral de la Niñez. Si no existe la obligación del Estado, a partir de la Declaración de las Naciones Unidas relacionada con los derechos de la infancia, de asumir objetivamente derechos sociales y, por ende, obligaciones, será imposible resolver el tema estructural de fondo.
De ahí que lo que está haciendo la Presidenta Bachelet -y lo dije con motivo de otras situaciones en el Senado- es histórico, significa abordar una tarea que hasta ahora la sociedad chilena no ha asumido.
Con esto no quiero partidizar el debate, porque esta es una discusión transversal. En este sentido, deseo valorar el clima en el cual estamos haciendo este análisis hoy día.
A mi juicio, es tremendamente importante tener una nueva política integral de la niñez, porque es la que va a establecer el marco de la nueva institucionalidad, y no solo las leyes -como indicó el Senador Patricio Walker- con las cuales hemos ido avanzando.
Quisiera valorar la valentía de Solange Huerta de asumir la responsabilidad del SENAME. Creo que hay pocas instituciones más duras para enfrentar hoy día la cosa pública que ese Servicio, que es donde tenemos un retraso histórico, en que todos, ¡todos!, cual más cual menos, somos corresponsables de lo que ahí ha pasado y en que definitivamente hay algo asociado que implica desinstitucionalizar a los niños, siendo necesario ir de la mano con una nueva Ley de Adopciones.
No puede ser que los niños estén institucionalizados y las familias se encuentren en crisis, que las madres sean incapaces de cuidar a esos menores, que tengan cero responsabilidad, ¡cero responsabilidad!, en traer esas vidas al mundo, y que se evite que ese niño y esa niña vuelvan a estar insertos en un contexto familiar.
Señor Presidente, necesitamos nuevas políticas públicas en que superemos los paradigmas del pasado.
Aquí el problema no es si las instituciones pertenecientes a iglesias lo han hecho bien o mal. Estimo que ellas han tenido una tremenda vocación, ¡tremenda vocación! Siempre hay lunares negros, pero no nos quedemos con esos lunares.
Ciertamente, la discusión pública es si el Estado va a asumir su responsabilidad de que la política de infancia forma parte de un derecho social.
Señor Presidente, necesitamos evitar la institucionalización de los niños. Tenemos que educar a los jueces de familia de otra manera, ya que no puede ser que a los menores que se hallan en situación de vulnerabilidad no se les inserte en familias extendidas, con los precios que se han señalado acá. Es evidente que el mejor destino es la familia extendida.
También debemos entender que, de los niños infractores de ley, más del 90 por ciento se rehabilita si son acogidos adecuadamente, algo que no pasa con los adultos.
Por eso, necesitamos nuevas políticas públicas. Pero la única posibilidad de hacerlo es comprendiendo que esto se relaciona con una política nacional.
Independiente de quien lo haya convocado, es nuestra responsabilidad como Senado promover un acuerdo nacional para generar una nueva política de la infancia.
Espero, señor Presidente, que saquemos un proyecto de acuerdo en esa dirección, no solo porque los niños no votan, sino porque no debemos utilizar esto como un eje de debate partidario para fines electorales. Hablaría muy mal de nosotros si lo hiciéramos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, primero, quisiera saludar a la señora Solange Huerta y a los señores Ministros.
Lamento que no esté en la Sala el Ministro de Hacienda porque justamente quería referirme a él.
En segundo lugar, en cuanto a este tema, creo que debemos apurar la nueva institucionalidad. Me parece que estamos todos, ¡todos!, de acuerdo en ello, y por otro lado, agilizar mecanismos en lo que respecta a la burocracia interna del SENAME.
Se los digo, señores Ministros, señora Solange, porque les traeré el caso de mi Región.
Y en esto voy a caer en la casuística.
Pequeño Cottolengo: es una entidad que atiende a los niños más vulnerables de los más vulnerables. Se aboca a menores y adultos con daños neurológicos irreversibles, a discapacitados mentales severos y profundos, la mayoría en situación de abandono total de su familia. Proceden de diversas regiones del país y han ingresado al hogar como medida de protección.
En la sede de mi comuna de Rancagua hay 167 residentes con discapacidad intelectual, de los cuales 147 tienen plaza SENAME, y, además, viven 30 adultos mayores.
El Pequeño Cottolengo, como organismo colaborador del Estado, tuvo un convenio vigente con el SENAME entre diciembre del año 2005 y noviembre del 2016, con un total de 147 plazas asignadas y una subvención mensual de 283 mil 872 pesos.
Además, se encuentra con resolución de urgencia, percibiendo los mismos ingresos y en proceso de licitación a una nueva línea de trabajo llamada por el Servicio RAD-PER, la cual no se ajusta al perfil y a los requerimientos de la población atendida.
Con la subvención recibida -y esto es importante señalarlo, señora Solange, señores Ministros- de parte del SENAME, solo se cubre el 76 por ciento del gasto total de remuneraciones del personal, debiendo el Pequeño Cottolengo costear más de 12 millones de pesos mensuales para cubrir gastos de alimentación, de salud, de medicamentos, de insumos médicos, de exámenes, de atenciones particulares, de rehabilitación, de recreación, de infraestructura y de servicios básicos.
El costo mensual del Pequeño Cottolengo en Rancagua es de 850 mil pesos por niño, y el SENAME aporta el 33,4 por ciento.
En lo relativo a otros lugares de Chile, dicha entidad tiene en Santiago 314 residentes y 226 plazas del SENAME, y en esta Región, en la comuna de Quintero, 31 residentes.
Por otro lado, en nuestra Región tenemos otra institución: la Fundación Padre Alceste Piergiovanni. Ella atiende, justamente en la Residencia Villa Padre Alceste Piergiovanni, a 66 niñas y niños, y también preescolares.
Pero qué ocurrió.
Les quiero informar que el año pasado, después de la situación de Lissette Villa, hubo más de cuatro meses en que no se pagaron las subvenciones. Fue una situación dramática; se contrajo el servicio; empezaron las fiscalizaciones. Al final se produjo un grave inconveniente de pago, como también a principios de este año.
El asunto se ha ido regularizando, señores Ministros. Pero la verdad es que el costo mensual de esta residencia es de 650 mil pesos, en circunstancias de que recibe 358 mil pesos como aporte.
En mi opinión, esos son los temas que debemos abordar urgentemente. Porque ¿qué ocurrió con aquel proyecto destinado a atender a lactantes y a niños? ¡Debieron cerrar la residencia pertinente el mes pasado! Ya no van a recibir a más lactantes, porque la subvención no les alcanza y no tienen posibilidades de obtener más recursos.
Por lo tanto, creo que debemos actuar con urgencia en el Presupuesto de este año -por eso quería que estuviera acá el Ministro de Hacienda-, pues necesitamos darles a las instituciones reconocidas y eficientes, y también a aquellas ligadas a la Iglesia, el apoyo que requieren. Porque de lo contrario, les haremos un tremendo daño a quienes queremos ayudar: a los niños más vulnerables, a aquellos que se hallan en estos hogares.
Creo que debemos apoyar fuertemente la educación y la formación valórica de esos niños. Asimismo, tenemos que entregarles el cariño de un verdadero hogar, cuestión que estos menores no han podido vivir.
¡Ahí existe un tremendo desafío!
Si no somos capaces de lograr aquello, la verdad es que no merecemos llamarnos "hijos de Chile".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por tres minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¡vergüenza!, ¡culpa!, ¡impotencia!, ¡rabia!, ¡sentimientos de fracaso!
Aquí están todas mis intervenciones: de los años 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016. Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos cité a nueve sesiones sobre la materia.
Estuvimos en el hogar Galvarino el día que sepultaron a Lissette. Hicimos un compromiso de un antes y un después.
El Estado ha fracasado en la protección de los niños. Y parece que ello no se quiere reconocer.
¡Hemos violado los derechos de los niños que debíamos proteger!
¡Eso es lo que ha hecho el Estado de Chile y en todos los Gobiernos!
Señor Presidente, si esta sesión fuera importante, tendríamos muchas cámaras de televisión en las tribunas. ¡Y no hay ni una sola...!
Este debate solo viene a dejarnos con la conciencia tranquila en el sentido de que nos hemos preocupado de este asunto.
Pero, en verdad, aquí no solo necesitamos más leyes y mayores recursos: también requerimos derrotar la pérdida de la capacidad de asombro. Ello, porque se ha naturalizado el hecho de que el cincuenta por ciento de los presos en Chile vengan del SENAME. ¡Y la principal preocupación de la sociedad es la delincuencia...!
¡El Estado -y digámoslo con todas sus letras- ha generado una política pública cuyo resultado es que la mitad de quienes están recluidos en las cárceles de nuestro país haya pasado por los centros del SENAME! Y hoy día se encuentran en recintos carcelarios concesionados, que nos cuestan -el señor Ministro lo sabe- setecientos mil pesos mensuales por preso, más el costo de Gendarmería.
O sea, el negocio perfecto para mantener un sistema perverso.
Señor Presidente, setecientos cincuenta gendarmes atienden a niños infractores de ley. El 63 por ciento de ese personal, los que están internados, recibe fármacos todos los días.
Y lo que es más grave, en el caso de los funcionarios del SENAME, el 25 por ciento se halla con licencia médica o con permisos de otra índole. ¡Mil funcionarios al día no van a trabajar!
Señor Presidente, o hacemos algo ahora o vamos a seguir con Comisiones investigadoras, con procesos legislativos que se demoran demasiado y que, al final, no van a resolver el problema.
Se requiere actuar ahora, señora Directora y señores Ministros: ¡ahora!
No veo una política decidida que rompa el actual inmovilismo en el que nos encontramos.
Vamos a ser juzgados muy severamente. Y, por cierto, habrá demandas contra el Estado (no contra los Gobiernos).
Aquí hay responsabilidad de todos. Y yo me siento culpable también. Ello, porque hemos sabido de esta realidad durante décadas, ¡y nuevamente estamos discutiendo qué hacer...!
¡Debemos hacer algo ahora!
En las tribunas nos acompañan quienes tienen que ser parte de ese proceso: el sector privado.
Lo que estamos llevando a cabo es insuficiente y no va a resolver el problema.
Señor Presidente, ojalá esta sesión tenga un resultado positivo y no se convierta en un mero debate más.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Larraín por tres minutos.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en verdad, comparto las inquietudes que todos han planteado acá, incluida también la referida a la poca relevancia de esta reunión.
Ello, porque nos hallamos frente a un problema extraordinariamente complejo: la crisis que afecta a los hogares que atienden a menores infractores de ley o a menores en situación irregular es gravísima.
Pienso que no basta con decir que este es un problema del Estado, que debemos discutirlo con altura. Porque hay situaciones concretas que a mí me cuesta entender.
¿Cómo se explica, por ejemplo, que llevemos tres años sin que se le haya puesto urgencia al proyecto de ley que divide al SENAME? ¿Cómo se entiende que no hayamos avanzado en definir esta materia?
¡No hay respuestas!
¿Cómo se explica que no tengamos claridad en las asignaciones de recursos, en nuestras prioridades?
En el Presupuesto de 2017 se congeló el aporte para los organismos colaboradores del SENAME. Solo hubo un incremento de recursos para los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), que dependen de este Servicio.
¿Cómo se entiende eso? ¿Que los otros no están haciendo su tarea?
Creo, señor Presidente, que existen otras prioridades. Porque para la educación superior, para la gratuidad del 60 por ciento hay recursos, y para esos menores, que son los más abandonados y desprotegidos de todo nuestro sistema, no.
A las platas ya se refirió el Senador Patricio Walker, quien mencionó la entrevista a Pablo Egenau, en fin.
¡Las deudas de arrastre son realmente increíbles! ¡La situación es imposible!
En algunos centros de mi Región y en otros que he estado visitando, incluso en Santiago, hacen milagros con las pocas platas que tienen.
Sin embargo, hay problemas.
¿Cómo se explica, señor Presidente, que en octubre del año pasado el Senado solicitara la creación de una Comisión Especial sobre rectificación, verdad e investigación y que hasta el día de hoy el Gobierno no hubiera contestado a dicho requerimiento, que no respondiera a un acuerdo unánime de esta Corporación sobre la materia?
¿Cómo se entiende que nos hayamos enterado de todo lo que ocurría en el SENAME a raíz de la muerte de Lissette?
¡Cómo se explican todas esas cosas! ¡Cómo se explica que a lo mejor se están violando los derechos humanos, como lo dice el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en distintos lugares! No en todas partes. Aquí hay una obra maravillosa que llevan a cabo muchísimos centros, hogares y fundaciones.
Pero tenemos estos problemas.
¡Cómo se explica que todo esto suceda a nuestra vista y paciencia!
Señor Presidente, a lo mejor lo que vemos en los hogares de menores también acontece en los asilos de ancianos, o en las cárceles.
Estamos con problemas en materia de derechos humanos que no hemos sabido enfrentar con coraje y altura. Y queremos seguir ocultándolos diciendo: "¡No! ¡Estos son grandes problemas del Estado!".
¡Urge una Comisión que investigue estos hechos!
¡Urge priorizar los proyectos de ley sobre el SENAME!
¡Urge priorizar las asignaciones de recursos!
¡Urge que cumplamos el compromiso que asumimos con Chile!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, al concluir esta sesión, pero ahora con mucho más fundamento que cuando se inició, debo agradecerles sinceramente por haber tenido la oportunidad de participar en una discusión como la que he escuchado.
Son este tipo de debates, por la seriedad y la profundidad con que se desarrollan, los que, en lo personal, renuevan mi confianza en la patria, en sus instituciones y en su futuro, en tiempos en que, bien sabemos, imperan el recelo, la posverdad e, incluso, la deslegitimación de las instituciones.
El Senado, sin lugar a dudas, hoy ha estado a la altura de lo que siempre ha sido.
Y me ha gustado mucho escuchar que varios Senadores, independiente de la bancada a que pertenecen, ya no solo coinciden en los diagnósticos, sino que también se acercan bastante a lo que es una respuesta común, a la solución que debemos impulsar frente a la crisis que estamos abordando.
Como Gobierno no solo valoramos aquello: también el Senado debe tener la seguridad de que vamos a desplegar lo mejor de nuestros esfuerzos para que sobre el particular generemos un acuerdo nacional, transversal al interior del Parlamento.
Y tenemos la posibilidad de verificar aquello, pues, como se ha dicho reiteradamente, los proyectos de ley respectivos se encuentran hoy en el Congreso Nacional.
En seguida -no ha habido oportunidad para desarrollar esto latamente; pero se halla en el espíritu y en las palabras de varios señores parlamentarios-, creo que esta sesión nos está permitiendo avanzar en sincerar este debate.
Porque, seamos francos señores Senadores, detrás de todo lo que esta tarde ustedes han conversado se esconde lo que podríamos denominar "el lado oculto de la sociedad chilena". Esas cosas que sabemos que existen, pero que nadie se atreve a mostrar.
Nuestra idiosincrasia siempre nos ha llevado a tratar de ocultarlas. Porque tras el drama de la infancia vulnerada, ¿qué tenemos?
Tenemos crisis familiar; pobreza; analfabetismo; falta de educación; crisis moral y valórica; alcoholismo; drogadicción.
Y en una actitud muy propia de nuestro país, obviamente no queremos exhibir esas realidades.
Pero hoy día ello nos está reventando con una fuerza impresionante. Por ende, si todas las instituciones de nuestra nación no son capaces de encontrar una respuesta idónea a lo que estamos señalando, resulta evidente que esto nos va a penar.
Señor Presidente, excúseme por señalar lo siguiente. Porque sé que voy a decir algo políticamente incorrecto y que comunicacionalmente será tergiversado. Pero después de que tres señores Senadores manifestaron lo mismo, me siento en la obligación de indicarles que están cometiendo un error en las afirmaciones que hacen.
Se ha transformado en una posverdad el sostener majaderamente que en los últimos diez años han fallecido mil trescientos trece niños, niñas y adolescentes a consecuencia de los maltratos sufridos al interior del Servicio Nacional de Menores.
Eso no es efectivo.
Han fallecido mil trescientas trece personas -¡personas!- relacionadas con el SENAME. De ellas, más de cuatrocientas eran adultos, quienes habían permanecido en esos establecimientos desde niños y mayoritariamente padecían enfermedades físicas o psiquiátricas, incluido el hijo de un ex Senador de la república, el cual durante más de cincuenta años vivió al interior de uno de tales centros.
Sus Señorías deben de saber de quién estoy hablando.
Luego, más de setecientas de esas personas murieron en sus domicilios, víctimas de acciones de terceros, accidentes o enfermedades, puesto que se trataba de menores que solo recibían atención ambulatoria o eran personas en medio libre sujetas a medidas cautelares.
De las doscientas setenta y tres personas restantes, ciento setenta expiraron en hogares de organismos colaboradores, cuarenta en residencias públicas y treinta y tres en centros de justicia penal juvenil.
Empero, conforme a la normativa vigente, en muchos casos se practicaron autopsias, dado que no se sabía la causa de muerte o había indicios de que pudiesen haber sido víctimas de un delito, mientras que en los demás casos, un facultativo extendió el certificado de defunción pertinente. Y no tengo fundamentos para dudar de la seriedad de esas certificaciones.
A su vez, la totalidad de las muertes a que me he referido están siendo investigadas por el Ministerio Público. Y a la fecha, solo conozco tres procesos -¡tres!- en que existen personas formalizadas, sin que se registren sentencias definitivas sobre el particular.
Señor Presidente, Honorable Senado, sé que una o mil muertes son dolorosas. Este no es un problema de números. Obviamente, todas nos golpean: ¡una!, ¡diez!, ¡veinte!, ¡treinta!, ¡cincuenta!, ¡mil!
Pero hagamos un esfuerzo por poner las cosas en su lugar y fortalezcamos nuestras instituciones: el rol que le corresponde al Parlamento; el rol que les compete al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, y, por supuesto, el rol que debe llevar a cabo el Ejecutivo dentro del marco legal y presupuestario a que estamos obligados a ajustar nuestras actuaciones.
Tengan la seguridad de que la voluntad de la Presidenta de la República, de este Ministro y de todo el Gobierno se halla comprometida y decidida a que avancemos con la mayor velocidad posible en la implementación de todo lo que ya hemos dicho, tanto para mejorar la gestión cuanto para reformular completamente la política y la institucionalidad sectoriales.
Siempre vamos a estar abiertos a escuchar todas las sugerencias, todas las recomendaciones, todas las modificaciones que el Honorable Congreso Nacional pueda irnos haciendo.
Ese es el compromiso que adquirí con la Primera Mandataria cuando asumí este Ministerio, y es una de las razones por las que volví transitoriamente a la vida pública.
Gracias, señor Presidente.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Debo advertirles a quienes asisten a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, estamos en la hora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hemos prorrogado la hora de término de esta sesión, señor Senador.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Patricio Walker; señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez San Martín y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar, por medio del cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas con el objetivo de afrontar la crisis institucional y del sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (boletín N° S 1.942 -12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
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El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia)- ¿Puedo intervenir, señor Presidente? Lo mío es extremadamente breve y práctico.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia)- Señor Presidente, quiero agradecer esta sesión, porque en ella se han dicho cosas muy ciertas y no se ha apelado al reduccionismo de pretender que un problema complejo se puede solucionar de manera simple, porque eso siempre constituye un sofisma o es populismo.
Sus Señorías, a través de las distintas intervenciones, han ido identificando la problemática que enfrenta hoy día la niñez vulnerada de nuestro país, desde lo que ocurre al interior de una residencia del SENAME, o en el Pequeño Cottolengo, o en algún organismo colaborador, hasta el problema sociológico de una comunidad que parece darle la espalda a esta suerte de enfermedad social que tenemos.
Por tanto, es evidente que la situación abarca a todos los niveles de nuestro país.
De hecho, Senador señor Larraín, si mira la historia de la ley se encontrará con que en el caso del primer proyecto del Presidente Piñera fue precisamente la carencia de un enfoque más integral lo que de manera transversal empezó a desmoronar la tramitación de esa iniciativa.
Señor Presidente, para los efectos de ser prácticos, debo decir que nosotros, con humildad pero con convicción, hemos desplegado acciones en todos los niveles de esta problemática: desde la situación inicial -con el llamado "procedimiento administrativo", para recoger a la niñez vulnerada o infractora- hasta los tribunales de familia; el artículo 80 bis; la ley de subvenciones; los hogares de menores, tanto para protección cuanto para reinserción; la denuncia a través de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y cuestiones concretas, de aquí y ahora, vinculadas con la discusión del próximo Presupuesto, a lo que se añade ¡la tremenda labor que está realizando Solange Huerta!
¿Es lo útil -me pregunto-, lo que todos podemos hacer ahora, conformar nuevas comisiones para que investiguen algo que ya conocemos hasta la saciedad?
¿No sería mejor, señor Presidente, que se convocara, a razón de una vez al mes, o con la periodicidad que Sus Señorías determinaran, a una Comisión especializada a la que el Gobierno viniera para dar cuenta de cómo está avanzando en cada nivel?
¡Si el diagnóstico está superhecho!
Lo que necesitamos ahora -y queremos ser transparentes- es que el Senado tenga toda la información y pueda llevar a cabo la fiscalización indispensable y aportar sus ideas.
Es hora de practicar más que de formar comisiones.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En todo caso, el Gobierno puede trabajar conjuntamente con la Comisión Especial de Infancia del Senado. Porque estamos de acuerdo en avanzar en los proyectos y las materias que interesan con relación a la niñez.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker, por un minuto.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial de Infancia, acojo la propuesta del señor Ministro para que una vez al mes -después podremos fijar el calendario- les hagamos seguimiento a los compromisos: especialmente, a la tramitación de los proyectos de ley, y en particular, a lo relativo al artículo 80 bis y a las subvenciones, cuestiones que hoy preocupan mucho a los sostenedores (veo a algunos en las tribunas).
Agradezco la buena disposición de los Secretarios de Estado, y sobre todo lo que planteó el Ministro Eyzaguirre.
En consecuencia, si les parece, acordemos celebrar una vez al mes una sesión con el Ministro Eyzaguirre y los demás personeros del Ejecutivo para ir viendo el avance en todos los compromisos que estamos asumiendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Bien.
Voy a levantar la sesión.
Agradezco la presencia de los Ministros y de la Directora Nacional del SENAME.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Y la votación del proyecto de acuerdo?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El proyecto de acuerdo que presentaron Su Señoría y otros Senadores se votará al comienzo de la sesión ordinaria de esta tarde.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:38.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción