DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES DEL SENADO
Sesión 12ª, Ordinaria, en miércoles 3 de mayo de 2017
De 16:27 a 19:07 horas. Asistencia de 29 señores Senadores
Presidieron la sesión los Senadores Andrés Zaldívar, Presidente; Guido Girardi, Vicepresidente; Eugenio Tuma y Patricio Walker, Presidentes accidentales.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda.
FORTALECE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
Por unanimidad se aprobó, en general y en particular el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005. (Boletín N° 10.994-10)
El objetivo principal del instrumento internacional es fortalecer la cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR en materias de derechos humanos, permitiendo abrir un espacio de diálogo político y temático para promover el avance en las políticas públicas y de integración sobre esta materia y reafirmar la vigencia de las instituciones democráticas.
Contenido del Protocolo:
- Fortalece la institucionalidad del MERCOSUR en el ámbito de los derechos humanos.
- Dispone que la cooperación de las Partes comprenderá la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales.
- El Protocolo se hará efectivo cuando se reconozcan graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en una de las Partes, en situaciones de crisis institucional o durante la vigencia de estados de excepción.
- Estipula que las consultas entre los Estados Parte y la Parte afectada tienen como finalidad restablecer los derechos y las libertades amenazadas, disponiendo que en caso que éstas no resulten, las demás Partes podrán adoptar medidas para resolverlos.
- La naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar serán consideradas por las demás Partes y comunicadas a la afectada, en relación a la gravedad de la situación y contemplarán desde la suspensión del derecho de participación en el proceso de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones del mismo.
Intervino el Senador Hernán Larraín.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo vuelve a la Cámara de Diputados, para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
ENMIENDA A CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA
Por unanimidad se aprobó general y en particular el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007. (Boletín N° 10.996-10)
El objetivo principal del instrumento internacional es introducir modificaciones al referido Convenio para el perfeccionamiento normativo de éste y para fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos.
Contenido del Protocolo:
- Amplía el campo de aplicación del Convenio, extendiéndolo a toda la actividad audiovisual, y no sólo a la cinematográfica.
- Realiza ajuste a las denominaciones de las instancias que el Acuerdo Internacional establece. Así, se cambia el título del Convenio a "Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana" y se enmienda el nombre de la Conferencia a "Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)".
- Otorga a la CAACI personalidad jurídica internacional y capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos con los Estados Parte de la Conferencia, con terceros Estados y con otras organizaciones internacionales.
- Crea un Consejo Consultivo asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana ("SECI"), conformado por no menos de 3 de los Estados Parte, él que se reunirá a solicitud del Secretario Ejecutivo, entregando a la Conferencia la reglamentación de su funcionamiento.
- Autoriza a la CAACI para establecer comisiones de trabajo en las áreas de producción, distribución y exhibición cinematográfica u otras de interés, las que deberán estar integradas por los representantes de los Estados Parte interesados, entregando a la Conferencia la facultad amplia para determinar las funciones que cada comisión tendrá.
Intervino el Senador Hernán Larraín.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo vuelve a la Cámara de Diputados, para ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación.
ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA
Por unanimidad y sin discusión, se aprobó general y en particular el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006. (Boletín N° 10.997-10)
El instrumento internacional tiene por objeto establecer una red en materia de coproducción cinematográfica, lo que permitirá una colaboración y un intercambio mucho mayor en esta área, que va en directo beneficio de nuestros creadores cinematográficos.
Contenido del Acuerdo Internacional:
- Define que, por "obras cinematográficas en coproducción" debe entenderse las realizadas en cualquier medio y formato, de cualquier duración, por dos o más productores de dos o más países miembros del Acuerdo, en base a un contrato de coproducción estipulado al efecto, de conformidad con las disposiciones de éste entre las empresas coproductoras, y debidamente registrado ante las autoridades competentes de cada país.
- Las obras cinematográficas realizadas en coproducción serán consideradas como obras nacionales por las autoridades competentes en cada país coproductor.
- Reglamenta la participación de cada uno de los coproductores, estableciendo los porcentajes que deberán corresponder a cada uno y limitando la participación de países no miembros.
- Dispone que, en principio, cada país coproductor se reservará los beneficios de la explotación en su propio territorio. Cualquier otra modalidad contractual requerirá la aprobación previa de las autoridades competentes de cada país coproductor.
- En los contratos se establecerán las condiciones relativas a la repartición de los mercados entre los coproductores, mercadeo, áreas, responsabilidades, gastos, comisiones, ingresos y cualesquiera otras condiciones que se consideren necesarias.
- Regula la transferencia de divisas generada por el cumplimiento del contrato de coproducción a la legislación vigente en cada país e indica que, además de la especificación de los modos de pago y de las distribuciones de ingresos, podrá acordarse cualquier sistema de uso o intercambio de servicios, materiales y productos, que sea de la conveniencia de los coproductores.
- Las autoridades competentes de los países coproductores se comprometen a comunicarse las informaciones de carácter técnico y financiero relativas a las coproducciones realizadas bajo el Acuerdo.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo vuelve a la Cámara de Diputados, para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
REGULA TRANSPARENCIA EN EL MERCADO DEL SUELO
Se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano. (Boletín N° 10.163-14) Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto ampliar la participación ciudadana en la planificación territorial y local, para de esta forma mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo. Además, busca perfeccionar el impuesto territorial y establecer un tratamiento tributario específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano.
Contenido del proyecto de ley:
- Refuerza y adelanta las instancias de participación ciudadana contenidas en los instrumentos de planificación territorial, facilitando y ampliando el acceso a la información contenida en aquéllos y en el Catastro de Bienes Raíces que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales.
- Establece que todo diseño o elaboración de los Planes Urbanísticos o sus modificaciones, deberá iniciarse mediante la formulación de la "imagen objetivo" del desarrollo futuro de la ciudad, la que debe estar planteada en términos claros y comprensibles por toda la ciudadanía, para luego someterla a un proceso de consulta pública que permita discutir sus principios básicos y elaborar un mejor anteproyecto.
- Regula las diferentes actuaciones y etapas que deberán cumplirse en el proceso de consulta pública, entre las que se consideran: la publicación de los objetivos generales y principales elementos del instrumento a elaborar; la exposición pública del proyecto y audiencias ciudadanas; la información del proceso a las organizaciones de la sociedad civil y demás interesados; la presentación al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, tratándose de instrumentos de ámbito comunal y el derecho de los interesados a formular observaciones hasta 30 días después de iniciado el proceso de participación.
- Establece normas que permitan una coordinación entre la participación ciudadana en materia de elaboración y modificación de los instrumentos de planificación territorial y la establecida en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
- Introduce medidas para favorecer el acceso a la información de los instrumentos de planificación territorial, tales como ampliar la información que sobre la materia deberá publicarse en las páginas web del Municipio (Planes Reguladores Comunales) o la Seremía de Vivienda y Urbanismo respectiva (Planes Reguladores Intercomunales) o la aprobación de versiones actualizadas de los planos y textos refundidos y sistematizados de las ordenanzas respectivas.
- Para promover la transparencia del mercado del suelo se encomienda al Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantener dos sistemas de información en internet: un observatorio del mercado del suelo urbano que informará de la evolución de los precios de los bienes raíces a nivel comunal, regional y nacional, a través de los datos que para este fin deberá proporcionarle el Servicio de Impuesto Internos, y un sistema de información de los procesos de diseño y aprobación de los instrumentos de planificación territorial, así como de sus modificaciones. Para estos efectos, las Municipalidades y los Gobiernos Regionales deberán suministrarle la información que señale la Ordenanza de esta ley.
- Para hacer más transparente la información sobre el catastro de bienes raíces que actualmente administra el Ministerio de Bienes Nacionales, se establece la obligación de mantener estos antecedentes en un sistema informático, disponible en su sitio web, que permita conocer la ubicación, avalúo, titularidad, destino y demás antecedentes que determine el reglamento.
- Dispone que el Servicio de Impuestos Internos deberá reavaluar a aquellas comunas o sectores de éstas en que se produzca una ampliación en el límite urbano como consecuencia de la aprobación o modificación de un plan regulador, debiendo cobrarse a aquellos predios reevaluados el total del impuesto que resulte aplicable, respecto de todo el semestre anterior al que corresponda aplicarle el nuevo avalúo fiscal.
- Los bienes raíces no agrícolas afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas y que correspondan a sitios no edificados, tengan o no urbanización, pagarán una sobretasa del 100% respecto de la tasa vigente del impuesto.
- Grava con impuesto a la renta, de una tasa del 10%, el mayor valor obtenido en aquellas enajenaciones a título oneroso de bienes raíces, de los derechos reales constituidos en ellos o de cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, que se encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano.
- Este impuesto se aplicará a las enajenaciones que se efectúen una vez iniciado el proceso de ampliación del límite urbano y hasta la primera enajenación que se realice después de la publicación en el Diario Oficial del plan regulador que amplíe dicho límite.
- Regula el método para calcular el mayor valor y los casos en los que este nuevo gravamen no será aplicable.
Intervinieron los Senadores Eugenio Tuma, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Antonio Horvath, Alfonso De Urresti, Juan Antonio Coloma, Lily Pérez, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Francisco Chahuán, Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos, la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball y el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
En consecuencia el proyecto de ley vuelve a Comisión, para un segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 29 de mayo próximo.
CREA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Quedó pendiente, la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. (Boletín N° 10.584-07) Con urgencia calificada de "suma".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto continuar en el cumplimiento del compromiso del Estado de Chile de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para permitir el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la "Convención sobre los Derechos del Niño", mediante la creación de un mecanismo independiente y eficaz que vigile la aplicación de dicho instrumento internacional.
Intervinieron los Senadores Ena Von Baer y Patricio Walker.
En consecuencia, corresponde continuar con la discusión particular del proyecto de ley, en la próxima sesión de Sala que celebre el Senado.
INCIDENTES
EL SENADOR BALDO PROKURICA se refirió a la situación que afecta a un habitante de la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, al cual se le diagnosticó la patología "linfoma no Hodgkin" la que fue confirmada 66 días después, esto es fuera del plazo exigido por el sistema AUGE, quedando sin acceso a los beneficios del mismo, por lo que, a la fecha no se encuentra recibiendo tratamiento alguno. Solicitó oficiar a diversas autoridades a fin que se confirme la cobertura AUGE, y de ser efectivo, se solucione este problema ya que la responsabilidad en la tardanza en la confirmación de la patología es de FONASA.
EL SENADOR FRANCISCO CHAHUAN solicitó oficiar a diversas autoridades a fin que se extremen todas las acciones necesarias para lograr la libertad del ciudadano chileno-venezolano Braulio Jatar, quien se encuentra arbitraria e ilegalmente detenido en Venezuela, desde hace ya 8 meses, graficando en la situación de este periodista la realidad que vive dicho país, por lo que pidió que se requiera, en el contexto de la OEA y UNASUR, la aplicación de la cláusula democrática respecto esta Nación, por las graves vulneraciones al Estado de Derecho que allí se dan día a día.
EL SENADOR RABINDRANATH QUINTEROS manifestó su preocupación respecto de diversos problemas que aqueja a los pescadores de las zonas aisladas, particularmente se refirió a la situación que afecta a los habitantes de las islas Desertores, conjunto más oriental del archipiélago de Chiloé, quienes por su situación de aislamiento quedaron fuera del Registro de Pesca Artesanal, quedándoles vedado el acceso a la mayoría de las especies y sólo tienen la posibilidad de acceder a la categoría de recolectores de orilla.
A partir de estos hechos, realizó un extenso análisis de diferentes situaciones que confirman la necesidad de reformar a fondo el Registro de Pesca Artesanal y con ello la Ley General de Pesca y Acuicultura, en especial a lo que se refiere a las asignaciones de cuotas de pesca, para poner fin al comercio de cuotas que se ha originado.
EL SENADOR ALEJANDRO NAVARRO expresó su preocupación por la situación de arrestos masivos que sufren ciudadanos palestinos en territorio israelí, señalando que estas detenciones constituyen un sistema arbitrario e ilegal, siendo un caso emblemático el del parlamentario y líder palestino Marwan Barghouti, quién se encuentra en prisión, donde es víctima de todo tipo de maltratos, por lo que ha decidido iniciar una huelga de hambre como una forma de reclamar el cese de todos estos abusos respecto de sus connacionales. El Senador formuló un llamado de atención a la autoridad chilena sobre estos hechos y a los parlamentarios de la Colonia Palestina, pidiéndoles una reacción ante estos sucesos que vulneran los derechos humanos.
En otro orden de cosas, efectuó un análisis de la actual crisis que sufre la salud pública, manifestando que el costo lo están pagando los más pobres, que están en FONASA, ya que desde la creación del Repositorio de Listas de Espera del año 2005, han muerto más de 100 mil chilenos esperando por una cirugía o por una atención médica especializada, sin que ello llegara a tiempo.