Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 80ª, en miércoles 11 de enero de 2017
Ordinaria
(De 16:24 a 19:6)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE; CARLOS MONTES CISTERNAS, Y ALEJANDRO GUILLIER ÁLVAREZ, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
MODIFICACIONES DE MARCO NORMATIVO DE FISCALIZACIÓN DE AGUAS Y SANCIONES


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que todos, como habitantes del país, compartimos el diagnóstico de que en este momento estamos viviendo uno de los ciclos de sequía sin precedentes.
Pero no se trata solo de la sequía en sí misma -la cual se ha prolongado por casi una década-, sino también del hecho de que nuestro país, según la OCDE, es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático -que llegó para quedarse-, debido a su diversidad geográfica, por sus características socioeconómicas e, incluso, por su alto nivel de desigualdad.
El Senador Prokurica señaló muy bien que en nuestra región no solo hay escasez hídrica, sino que a veces no existe suficiente conciencia para un uso más eficiente del agua.
Un ejemplo evidente per se es el del río Copiapó, donde se da un sobreotorgamiento de derechos de agua que al menos cuadruplica el caudal que naturalmente puede reponer su cuenca. Ello ha generado una gran cantidad de problemas que ya hemos tenido oportunidad de señalar.
El agua en nuestra legislación es un bien nacional de uso público, pero las facultades del Estado son escasas y pobres en esta materia. Por lo tanto, el derecho humano al agua no está garantizado, no se prioriza la subsistencia humana, como debiera hacerlo nuestra Constitución, y no hay una adecuada regulación en función del interés público.
Este es el punto esencial, señor Presidente: no tenemos, para un bien nacional de uso público, una regulación en función del interés público. De ahí que el proyecto da un paso correcto al establecer condiciones de información, las fiscalizaciones necesarias, y multas, evidentemente con efecto sancionatorio, a lo cual se agregan las nuevas facultades que se le entregan a la Dirección General de Aguas.
Esto es muy importante. No solo es una recomendación de la OCDE, sino la única forma de ejercer con cierta coherencia una política que vaya en la línea señalada. El agua es un bien nacional de uso público y el consumo humano debe estar garantizado.
Respecto a la información, la Dirección General de Aguas necesita, obviamente, contar con más y mejor información sobre lo que ocurre con el recurso hídrico en nuestro país. Actualmente, la DGA tiene escasas facultades para obtener información de los usuarios de aguas, entre otras cosas, sus niveles de extracción y los usos que se le da al recurso hídrico. Es bien conocido el fenómeno de la extracción ilegal.
Lo anterior dificulta la implementación de una nueva institucionalidad, que permita algo fundamental en una situación como la que estamos viviendo: precisamente, un uso más equitativo de un recurso escaso.
Es por esto que la Comisión aprobó, por unanimidad, normas sobre los deberes de medir e informar a la autoridad la cantidad de agua que se extrae. En este sentido, las organizaciones de usuarios y los propietarios exclusivos de un acueducto (artículo 38) deberán construir y mantener un sistema de transmisión instantánea de la información de las aguas que se aforan y se extraen.
Igualmente, la Dirección General de Aguas podrá exigir esta información respecto de todos los derechos de aprovechamiento, sea de aguas superficiales o subterráneas.
Pero no solo se trata de indicaciones en el sentido de información en cuanto a lo que ocurre directamente en los caudales; también tenemos un vacío de información jurídica muy importante.
La Comisión aprobó, igualmente por unanimidad, una indicación al artículo 122 bis, que crea el deber de información. A partir de esto, las organizaciones de usuarios de aguas deberán enviar a la DGA, una vez al año, información sobre las transferencias de dominio en los derechos de aprovechamiento de aguas.
Respecto a la fiscalización, una nueva institucionalidad del agua requiere, evidentemente, contar con las herramientas necesarias para poder fiscalizar su cumplimiento, ofrecer gobernanza y, desde luego, tutelar la disponibilidad y sustentabilidad de un recurso que, como ya hemos señalado, es escaso.
La fiscalización se hace muy difícil actualmente, entre otros motivos, por la negativa de los particulares -difícil de creer- a permitir el acceso a los predios y a los dispositivos de captación inspeccionados.
Por eso, la Comisión, por unanimidad, creó un mecanismo rápido y expedito para facilitar el ingreso a dichas obras a través de la fuerza pública, junto con sancionar expresamente a los que sin motivo impidan la fiscalización.
En tal sentido, las modificaciones a los artículos 173 y 300 fueron aprobadas por unanimidad.
Otra norma destacada y aprobada en la misma forma es aquella que modifica el artículo 299 del Código de Aguas, para dar la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la DGA. Esto es fundamental para detener las extracciones ilegales de agua, entre otras irregularidades.
Respecto a las sanciones, se requiere un nuevo sistema sancionatorio, que sea mucho más moderno, adecuado y con multas proporcionales a la gravedad de los hechos.
Las contravenciones a la ley vigente no se encuentran específicamente reguladas en cuanto a su procedimiento de aplicación y su sanción y cobro no se efectúa eficientemente. De hecho, para aplicar multas, se utilizan procedimientos lentos y engorrosos ante los juzgados de policía local, y las penas no son disuasivas, toda vez que el umbral máximo de multa aplicable actualmente es de 20 UTM.
Por eso, una norma digna de mencionar es la que crea un procedimiento administrativo de fiscalización, reconociendo -como dijimos- la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la DGA que ejerzan labores de fiscalización y medición del recurso, a los que, evidentemente, se les facilita el acceso a los terrenos privados, incluso con la ayuda de la fuerza pública, si fuese necesario.
Quisiera comentar una norma destacada que se aprobó en la Comisión, que modifica el artículo 460 del Código Penal para sancionar la duplicación fraudulenta de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas. Se castiga la duplicidad de la inscripción con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y la revocación del título duplicado.
En conclusión, señor Presidente, prácticamente todos los artículos de este proyecto fueron aprobados por unanimidad en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
Lo que dispone es extremadamente necesario y fundamental para dotar a la DGA, como corresponde, de las facultades para tener acceso a la información, a la fiscalización y a los procedimientos sancionatorios que nos permitan un uso equitativo del agua frente a su escasez, garantizar efectivamente este recurso, tener políticas públicas sustentables en el tiempo y evitar lo que ocurre actualmente, como las especulaciones, las extracciones ilegales y las faltas a la transparencia.
Hoy día tenemos muchísimos derechos de aprovechamiento del uso del agua no inscritos. La razón es que así no pagan patentes. Y, afortunadamente, el proyecto sobre modificación al Código de Aguas, que recién comenzamos a discutir en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, pretende terminar con este tipo de situaciones. Es decir, es absurdo lo que se da: que no exista información pues la gente no inscribe los derechos de agua. Y -repito- no lo hacen para evitar el pago de patentes.
Creo que estos son los principios fundamentales que deben acompañar una modificación al Código de Aguas, y es lo que empezamos a ver en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
O sea, debemos tener una política coherente, una política pública que realmente muestre al país que el agua es un recurso a nivel global cada vez más escaso y que genera situaciones, como el cambio climático, extremadamente críticas.
En nuestro país siempre se habla de que el norte sufre sequía, no así el sur. Pero actualmente constatamos con dolor que ya ni siquiera podemos garantizar ese recurso en el sur, que siempre ha tenido una excesiva cantidad de agua y de lluvia. Por eso, más que nunca corresponde hacer políticas públicas coherentes sobre cómo regular, cómo legislar, cómo ayudar con la información, con la fiscalización, con las sanciones, para que tomemos mayor conciencia y tengamos políticas públicas de eficiencia en el uso de recursos escasos, como los hídricos.
Señor Presidente, naturalmente esta iniciativa cuenta con nuestro voto a favor.
Esperamos que, en su momento, mis colegas del Senado también la respalden.
Muchas gracias.