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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 71ª, en martes 29 de noviembre de 2016
Ordinaria
(De 16:30 a 19:13)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:30, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 67ª, ordinaria, en 22 de noviembre de 2016, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno regional (boletines Nos 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley N° 20.261, en relación con la certificación de especialidades médicas cursadas o ejercidas en el extranjero (boletines Nos 9.906-11 y 10.924-11, refundidos).
2) El que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín Nº 8.149-09).
Con los tres que siguen hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y el Gobierno del Reino de Noruega sobre permisos de trabajo para cargas familiares de personal diplomático, consular, administrativo y técnico destinado a misiones diplomáticas y consulares (boletín N° 10.246-10).
2) Proyecto de ley que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio (boletín Nº 10.329-13).
3) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior entre la República de Chile y la República del Ecuador", suscrito en Quito, República del Ecuador, el 15 de octubre de 2015 (boletín N° 10.713-10).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
2) El que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
Con los dos últimos retira la urgencia que hiciera presente para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín N° 9.890-08).
2) Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 20.261, en relación con la certificación de especialidades médicas cursadas o ejercidas en el extranjero (boletines Nos 9.906-11 y 10.924-11, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud.
Con el segundo señala que ha dado su aprobación al proyecto de ley que declara feriado el día 2 de octubre para la Región de Los Ríos (boletín N° 9.606-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el siguiente señala que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto que modifica el artículo 66 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria (boletín N° 9.232-07).
--Se toma conocimiento y se mandó poner en conocimiento de Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el cuarto indica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico (boletín N° 9.837-29).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el quinto comunica que ha tomado conocimiento de que el Senado rechazó las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno regional (boletines Nos 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos) y señala la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017 (boletín N° 10.912-05).
--Queda para tabla.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 470 e inciso final del artículo 473 del Código del Trabajo.
-Artículo 12, N° 1, letra d), de la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
-Artículo 36 B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones.
-Artículos duodécimo transitorio y 334 de la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, y el artículo 220, N° 7, 15 y 16 del Libro IV del Código de Comercio.
-Inciso noveno del artículo 12 de la ley N° 20.179, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíproca.
-Inciso undécimo del artículo 132 del Código Tributario.
-Artículos 29 y 54, N° 1, de la Ley de Impuesto a la Renta.
-Artículo 206 del Código Civil.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Responde acuerdo del Senado mediante el cual se solicita someter a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de París, suscrito por Chile, para que entre en vigencia antes de la 22a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22) (boletín N° S 1.909-12).
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Contesta acuerdo del Senado por medio del cual se solicita hacer públicas las conclusiones de la comisión asesora presidencial sobre discapacidad (boletín N° S 1.880-12).
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, para informar acerca del proyecto de mejoramiento de la ruta 68.
Del señor Ministro de Agricultura:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor García, sobre los costos y financiamiento de los cursos de capacitación de manipulación y desplazamiento de ganado, junto con extender la vigencia de las certificaciones de capacitación.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Comunica petición de información, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las fiscalizaciones de la Superintendencia a su cargo, al proyecto de optimización Central Bocamina de Endesa; además de las acciones iniciadas con motivo de la presencia de asbesto, casos de asbestosis o presencia de metales pesados en el ambiente que afectarían a trabajadores de dicha planta.
Del señor Intendente de la Región del Biobío:
Remite estudio de impacto ambiental para nuevas obras de la central de pasada de Hidroñuble, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde solicitud de antecedentes acerca de estudios relativos a la especie copihue (Lapageria rosea), materia consultada por el Senador señor De Urresti.
De la señora Conservadora del Archivo Nacional de Chile:
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Navarro, consistentes en diversos archivos de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, durante los últimos diez años.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Aisén:
Contesta petición de información, formulada en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la posibilidad de definir un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para fines sociales.
De la señora Directora Regional (T y P) de la Región del Maule del Servicio Agrícola y Ganadero:
Envía información relativa a precisiones sobre respuesta enviada acerca de la presencia del ácaro varroa en la Región del Maule, materia consultada en nombre del Senador señor Matta.
Del señor Director de Obras Municipales de la comuna de Coronel:
Contesta consulta del Senador señor Navarro sobre recepciones y certificados de copropiedad otorgados en el condominio Paso Seco de dicha comuna.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho cuerpo legal (boletín N° 10.490-11) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín Nº 10.696-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Girardi, Letelier y Matta, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al principio de neutralidad en la red (boletín Nº 10.999-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Larraín, con la que inicia un proyecto que modifica el artículo 26 de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, para extender el mandato de administración a la cartera de valores en el extranjero (boletín Nº 11.001-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Lagos, con el que solicitó autorización para ausentarse del país a contar del día 28 del presente.
--Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Secretario, ha llegado una solicitud a la Mesa.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el Honorable señor Matta solicita autorización para que la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (con urgencia calificada de "simple") pueda sesionar simultáneamente con la Sala, de 16:15 a 17:15.
--Se autoriza.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Por la Democracia, le pido que a las 5 de la tarde, si es posible, se rinda un minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro, personalidad que para varios seguramente tiene connotaciones positivas y para otros negativas, pero que no tengo ninguna duda de que marcó la biografía de muchos y que su muerte representa el fin de una era.
Por su relevancia histórica, a algunos nos parece importante que haya un minuto de silencio.

El señor MOREIRA.- ¡Está fuera de reglamento, señor Presidente!

El señor GIRARDI.- Como todavía son pocos los Senadores presentes en la Sala, le pido que se realice a las 5 de la tarde.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Así se procederá, señor Senador.

El señor MOREIRA.- ¡El Senador Girardi estaba fuera de reglamento, señor Presidente!

El señor COLOMA.- Lo puede hacer ahora.
Los minutos de silencio se hacen al inicio. Si no, el reconocimiento es un homenaje.

El señor BIANCHI.- ¡Ponga orden, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Reglamento, Senador Moreira?

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la Nueva Mayoría tiene derecho a pedir lo que estime conveniente, pero yo por lo menos no le voy a rendir un minuto de silencio a Fidel Castro.
Y en todo caso pido que el señor Secretario nos indique la reglamentación existente sobre la materia, porque no se puede estar pidiendo un minuto de silencio para las 5 de la tarde a la espera de que lleguen los demás parlamentarios de la Nueva Mayoría, que no sé por qué no están presentes en la Sala. Debe ser porque perdieron la reforma educacional.
Es lo que pido, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy bien.
Señor Secretario, por favor dé a conocer los acuerdos de Comités.

El señor MOREIRA.- ¿Y qué pasa con el minuto de silencio?

El señor COLOMA.- No hay acuerdo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- La solicitud del Senador Girardi no requiere acuerdo. Basta con que la efectúe un Comité o un Senador.

El señor COLOMA.- ¿Me permite?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le ofrezco la palabra.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, respeto que se pida, aunque no lo comparto para nada. Creo que Fidel Castro no merece un homenaje de este Senado. Pero sí me gustaría ver el aspecto reglamentario.
Se puede solicitar ahora, pero hay momentos para realizar ciertas cosas, que es antes o después del Orden del Día, lo cual requiere unanimidad o un acuerdo de Comités.
Entonces, si lo pide un Senador ahora, está en su derecho -yo no se lo voy a negar; no voy a estar presente-, pero que al menos se actúe conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si les parece a los señores Senadores y al Comité que lo ha pedido, a continuación se procederá a rendir el minuto de silencio solicitado.
Acordado.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FIDEL CASTRO CON MOTIVO DE SU RECIENTE FALLECIMIENTO

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A partir de este momento, se guardará un minuto de silencio en memoria de Fidel Castro.
--Con los presentes de pie, la Sala guarda un minuto de silencio.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias.
Ha pedido la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, excúseme que intervenga ahora en el tema del minuto de silencio, pero me incorporé a la Sala recién, en medio de esa discusión.
Quiero hacer presente que mi conducta personal frente a la muerte de alguien, aun de mi enemigo, ha sido siempre la de ser respetuoso de la persona humana.
El hecho de rendir un minuto de silencio no significa que uno esté haciendo un reconocimiento de los méritos o deméritos de determinada persona. Se le hace, más que nada, por el hecho de haber fallecido.
En mi caso, habiendo sido un completo y permanente opositor de Fidel Castro, entiendo que el minuto de silencio se le rinde en su condición de persona humana.
Es lo que corresponde y no tiene otro alcance, salvo el que uno quiera darle personalmente cuando participa de él.
Quería dejar esa constancia, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.
Ahora el Señor Secretario leerá los acuerdos de Comités.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión realizada esta tarde, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017 (boletín N°10.912-05).

2.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín Nº 9.890-08) e incluirlo en la tabla de la sesión ordinaria del próximo martes 13 de diciembre.

3.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín N° 9.015-05) y tratarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 30 de noviembre.

4.- Analizar, en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 30 del presente, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley Nº 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (boletín Nº 10.490-11).
Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy bien.
Pasamos a los asuntos de la tabla.
V. ORDEN DEL DÍA



PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2017. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, en el primer lugar de esta sesión, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2017.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.912-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 52ª, en 4 de octubre de 2016.
En segundo trámite: sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016.
En trámite de Comisión Mixta: sesión 71ª, en 29 de noviembre de 2016.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016.
Comisión Mixta: sesión 71ª, en 29 de noviembre de 2016.
Discusión:
Sesiones 67ª, en 22 de noviembre de 2016 (queda pendiente la discusión); 68ª, en 22 de noviembre de 2016 (queda pendiente la discusión); 69ª, en 23 de noviembre de 2016 (queda pendiente la discusión); 70ª, en 24 de noviembre de 2016 (se aprueba).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado:
-La que incorpora un inciso final nuevo al artículo 24.
-La que repone los gastos correspondientes a la Partida 04 Contraloría General de la República.
-La que modifica la Asignación 902, Ítem 03, Subtítulo 24, Programa 03, Capítulo 01, Partida 09 Ministerio de Educación.
-La que reduce el monto del Programa 29, Capítulo 01, Partida 09 Ministerio de Educación.
-La que reduce el monto del Programa 30, Capítulo 01, Partida 09 Ministerio de Educación.
-La que repone los gastos del Programa Presupuestario Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, correspondiente a la Partida 09 Ministerio de Educación, Capítulo 08, Programa 01.
-La que incrementa en $2.300.000 miles la Asignación 160 del Ítem 03, Subtítulo 24, Programa 01 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, ubicado en el Capítulo 08 de la Partida 09 Ministerio de Educación.
-La que elimina la Glosa 13, asociada a la Asignación 290 del Ítem 01, Subtítulo 24, Programa 01, Capítulo 09, Partida 09 Ministerio de Educación.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en mantener los textos aprobados por el Senado, salvo en lo relativo a las discrepancias respecto de los programas 29 y 30 y a la eliminación de la Glosa 13 en la Partida Ministerio de Educación, en que se aprobó una propuesta del Ejecutivo sobre la materia.
La Comisión acordó su proposición con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
Cabe hacer presente que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ya aprobó la referida proposición.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, algunos colegas están solicitando abrir la votación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se puede abrir, pero habría que definir bien los tiempos.
A cada Senador le corresponden 10 minutos para argumentar sobre el informe de la Comisión Mixta y 5 minutos más para fundar el voto. En rigor, podrían ser hasta 15 minutos.

El señor ALLAMAND.- Con 10 nos basta.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, podrían ser 10 en total.

La señora VON BAER.- Está bien.

El señor MONTES.- Sí, señor Presidente.

El señor WALKER (don Patricio).- Conforme.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, así se acuerda.
En votación el informe de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, se ha producido un acuerdo muy importante en materia de educación superior.
Recordemos que el Presupuesto de la Nación para el 2017 aumenta 2,7 por ciento, pero que en educación, en general, se incrementa más de 6 por ciento, y en salud, 4,5 por ciento, lo que demuestra cuáles son las prioridades, no solo para el Gobierno, sino también para el país desde el punto de vista del Estado.
Por lo tanto, es una buena noticia para Chile.
Quiero resaltar lo que le he escuchado reiteradamente en estos días a la Vocera de Gobierno, la Ministra Paula Narváez, quien ha hablado de diálogo y de acuerdos. Repito: de diálogo y de acuerdos. Yo suscribo plenamente esa filosofía, esa doctrina, esa postura del Gobierno de la Presidenta Bachelet en esta recta final.
Y este es un ejemplo de que, sobre la base del diálogo, se pueden lograr acuerdos en un tema tan sensible como el de la gratuidad, becas y créditos en materia de educación superior.
Todos sabemos que en Chile se ha producido una revolución silenciosa en los últimos 26 años. Más de un millón 200 mil personas están en la educación superior. De ese total, 714 mil -¡714 mil!- han recibido becas y/o créditos, porque a veces los estudiantes reciben una beca y, además, un crédito.
En 2016 ya hay 140 mil alumnos y alumnas -¡140 mil!- en régimen de gratuidad en las universidades. Y, por lo que estamos aprobando, ese número subirá a más de 250 mil el próximo año.
Entonces, estamos avanzando en torno a una educación con un mayor componente de equidad. Y, en ese sentido, la Cámara de Diputados, desde la UDI hasta el Partido Comunista -quiero decirlo-, aprobó por más del 90 por ciento la propuesta de la Comisión Mixta, que, a mi juicio, se reduce a tres cuestiones fundamentales.
Primero, a algo que nos llena de alegría a los Senadores y a los Diputados de la Democracia Cristiana, pues en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del 2016 los 29 parlamentarios de la Democracia Cristiana (22 Diputados y 7 Senadores) dijimos que hay un principio muy importante que se debe resguardar. En ese momento discutíamos una glosa y una partida presupuestaria -lo mismo que estamos haciendo ahora- a la espera de poder, ojalá, consensuar algún día la Ley General de Educación Superior. Y manifestamos: "No se puede ni se debe discriminar arbitrariamente entre alumnos igualmente vulnerables, en virtud de la institución de educación superior a la que pertenecen".
Eso lo afirmamos las bancadas de Senadores y Diputados de la Democracia Cristiana antes del fallo del Tribunal Constitucional, ¡antes! De hecho, yo me abstuve en la Glosa 05, porque se estaba dejando fuera a los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Quiero decir con mucha alegría que para el próximo año el Gobierno incluye en el régimen de gratuidad a los alumnos vulnerables de los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Y, paralelamente, hemos estado aprobando una ley de transformación para permitir que, voluntariamente, aquellos CFT o IP que tengan el carácter de una sociedad comercial, es decir, que sean personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, se transformen ahora en personas jurídicas sin fines de lucro.
Por lo tanto, para el próximo año, en esta iniciativa de Ley de Presupuestos hay una buena noticia no solo para los alumnos más vulnerables de las universidades, sino también de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Eso es avanzar en equidad y no discriminar arbitrariamente entre alumnos en igualdad de condiciones de vulnerabilidad.
Es lo que puedo mencionar en cuanto a gratuidad. Pero hay más.
Estamos aumentando los recursos e introduciendo un concepto que permite que la Beca Bicentenario, hasta ahora remitida exclusivamente a las universidades del Consejo de Rectores, se extienda además a universidades que están fuera de él. Se trata de 3 mil 500 Becas Bicentenario, que estarán disponibles el 2017 para alumnos y alumnas de establecimientos educacionales no pertenecientes al Consejo de Rectores. Habrá otras 3 mil 500 becas el 2018; para llegar el 2019, en régimen, a más de 10 mil, en un sistema más integrado, en el que la Beca Bicentenario, que alcanza a 2 millones 200 mil pesos, aproximadamente (muy cerca del arancel real), pueda extenderse de forma paulatina hasta llegar en régimen en el 2019 a los alumnos vulnerables que no están en universidades del Consejo de Rectores.
Ese es un concepto muy importante. Porque la Beca Gómez Millas, que es para todos, también para los que están fuera del Consejo de Rectores, entrega un monto mucho menor: un millón 150 mil, aproximadamente, frente a 2 millones 200 mil, de la Bicentenario. Es casi la mitad.
Y no se puede explicar que en el caso de alumnos igualmente vulnerables, de los deciles de menores ingresos, de dos hermanos, por ejemplo, uno reciba la mitad del beneficio del que pertenezca a una institución del Consejo de Rectores.
Por lo tanto, estamos avanzando en equidad. Y ese es un componente muy importante.
En gratuidad, pasamos de 140 mil alumnos beneficiados a 250 mil el próximo año, extendiendo paulatinamente las Becas Bicentenario, más allá de la muralla china que existe hasta ahora respecto del Consejo de Rectores. Y en créditos, todos sabemos que estos ya no tienen tasas de interés de 7 por ciento, sino de 2 por ciento, y que se pagan solo si ese alumno o alumna tiene trabajo y de modo contingente a su ingreso: las cuotas no pueden superar el 10 por ciento de aquel.
Estamos avanzando como país. En este caso, mediante un acuerdo Gobierno-Oposición para introducir equidad. Ese es el concepto grueso de lo que estamos aprobando.
Segundo, se mantiene una línea roja. ¡Bien! La gratuidad es solo para instituciones sin fines de lucro. ¡Bien! Porque la gratuidad, a diferencia de la beca, cubre el arancel real.
Lo anterior tiene algunos problemas en lo relativo a los menores ingresos, que algunas instituciones de educación superior experimentan por el tema del arancel, que se pueda aumentar en 20 por ciento, pero que no alcanza a financiar a las universidades que están dentro o fuera del Consejo de Rectores.
Pero se mantiene esa línea roja. Y yo creo firmemente que la gratuidad, a diferencia de las becas y créditos, tiene que ir solo a las instituciones que no persiguen fines de lucro.
Tercero, hay un tratamiento especial para las universidades del Estado. ¿Por qué? Porque este, por definición -es casi de sentido común más que ideológico-, tiene una especial responsabilidad respecto de los establecimientos estatales, que son 16 universidades, más dos nuevas. O sea, un total de 18. Y estas solo tienen el 15 por ciento de la matrícula total de la educación universitaria.
En consecuencia, es natural que exista un tratamiento especial por parte del Estado, ni siquiera privilegiado o preferencial, respecto de las instituciones que le pertenecen. Ese es el Programa 29, y es el acuerdo que habrá con el Banco Mundial.
Ello va a ayudar a las universidades del Estado. Porque estas han tenido un rezago, ya que alcanzan solo al 15 por ciento de la matrícula frente al 85 por ciento de las universidades privadas. Acuérdense de que no existe oferta estatal en materia de CFT e IP, por eso estamos creando quince nuevos centros de formación técnica.
Entonces, quiero celebrar que lo que la vocera de Gobierno ha dicho en cuanto a "Diálogo y acuerdos" se esté expresando en este proyecto en trámite de Comisión Mixta.
Ya se votó a favor en la Cámara de Diputados, y esperamos que también sea así en el Senado.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra quien presidió la Comisión Mixta el día de ayer, el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, me tocó presidir la Comisión Mixta el día de ayer. Y, al igual que al Senador Ignacio Walker, me parece muy bien que en la Comisión hayamos llegado a un acuerdo, en que participaron todos los sectores representados en el Senado.
Él ha explicado muy bien en qué consiste el acuerdo.
Personalmente, creo que lo más importante de todo es que, respecto a la educación, se logró reconocer, por un lado, que el tema de la gratuidad será la línea roja a que se refirió el Senador Ignacio Walker. Aquella será para las instituciones de educación superior que realmente no tengan fines de lucro.
Pero aquí se tuvieron que hacer algunas concesiones. Y hay que ser leales. Para poder lograr este acuerdo, la Oposición pidió la ampliación de las Becas Bicentenario en un número determinado. Aquí se ha hablado de 3 mil 500 cupos, que pueden distribuirse entre las universidades que no son estatales ni del CRUCh.
Y, por supuesto, también fue muy importante lo que pasó con los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
Una de las cosas más relevantes en la educación pública chilena en los últimos tiempos es que ha habido una corrección muy grande. Porque Chile tenía en su educación superior un problema muy delicado, casi de orden social: siete de cada diez jóvenes querían llegar a la universidad, y solo tres aspiraban a una carrera técnico-profesional. Al parecer, era casi una capitis deminutio.
Esa proporción ha ido cambiando, y hoy día estamos casi a la par.
En los países desarrollados la proporción es al revés: hay más profesionales de la educación técnico-profesional que universitaria. De modo que hay tres universitarios por cada siete profesionales técnicos.
A mi juicio, es un buen camino el que hemos aprobado en este proyecto de Ley de Presupuestos.
Le damos un reconocimiento muy especial a la educación técnico-profesional y la incorporamos a la gratuidad. Esto permitirá que muchos jóvenes, sobre todo de sectores rurales, que no podían acceder a la universidad no solo por problemas de recursos, sino por falta de cupos, tengan la posibilidad de ingresar a ella.
Si uno viaja a regiones conoce distintos casos. Por ejemplo, en Talca está el Inacap. Yo invito a que la gente vaya y observe el edificio que tiene ese Instituto, frente al correspondiente a la Universidad Católica del Maule. Al mirarlos uno se da cuenta, no solo por el aspecto físico, de que son dos lugares donde realmente el alumnado siente que está recibiendo una educación de calidad y del nivel que corresponde.
Allí asisten numerosas personas provenientes del mundo rural, quienes muchas veces no tienen capacidad para acceder a esos centros de estudio. Entonces, me alegro bastante de lo logrado sobre el tema.
Se afirma que aquí hay ganadores y perdedores.
Sin embargo, estimo que si no hubiéramos conseguido sacar adelante este acuerdo (felicito al Gobierno y a las partes que concurrieron a ello), habríamos tenido que volver al Tribunal Constitucional, con las consiguientes dificultades de tratar una "Ley corta" para poder interpretar la Glosa a fin de saber cuál era la línea de la gratuidad, cuál era la línea de la no discriminación, etcétera. Y seguiríamos con el mismo problema de antes.
Ahora no. Aquí se fijó, con toda claridad, la línea de separación entre la gratuidad y la no gratuidad. La habrá en todas las instituciones sin fines de lucro, ya sean públicas o privadas, y no accederán a la gratuidad los actores que persiguen fines de lucro, de acuerdo con la legislación. Y espero que en la "Ley larga" esto quede plenamente reflejado.
Al mismo tiempo, pienso que efectivamente se hizo esa concesión en la Beca Bicentenario -como se explicó acá- de los 3 mil cupos, a objeto de evitar la discriminación que señalaba el propio Senador Ignacio Walker, con lo cual estoy de acuerdo.
Tenemos una situación que considero muy importante.
Con el Honorable señor Montes y otro señor Senador fuimos muy insistentes respecto a un punto, y, asimismo, vi mucha receptividad en los parlamentarios de la Oposición, con quienes conversé. Me refiero a cómo el Estado potencia y hace que sus instituciones funcionen con mayor capacidad, con más fuerza, a fin de que tengan más posibilidades de darles una educación superior como corresponde a sus jóvenes. Y ahí se ha aprobado un plan de fortalecimiento de la Educación Superior, representada por las universidades del Estado.
Se abre así la posibilidad de una mayor matrícula.
Efectivamente, en la Comisión Mixta se nos dijo que la matrícula de los sectores privados y no estatales se había incrementado casi en 3,6 por ciento, mientras que en las universidades estatales solo había subido 0,6 por ciento.
No se trata de que aquí estemos autorizando la apertura de matrículas sin límites, sino de que en la legislación que estamos aprobando se establezca cómo se pueden incrementar las matrículas en Educación Superior, representada por el Estado, con fines específicos. Ello está reglamentado, y me parece bien que tanto el Ministerio de Educación como todos nosotros estemos de acuerdo.
Por ejemplo, en la Universidad de Atacama puede haber más matrícula para un tema relacionado con las energías renovables o, concretamente, para otras materias. Además, se le dan más recursos para que mejore su infraestructura. O bien, les permitimos a las universidades estatales aumentar su matrícula, pero no indiscriminadamente, sino de forma responsable.
Lo importante es que estamos abriendo un camino, aunque no en todo lo que hubiéramos querido.
Además, no se trata únicamente de recursos. No solo hay un reconocimiento a la posibilidad de ampliar matrículas en el sector estatal, sino que también se accede a un programa a diez años, lo que me parece muy bien. Es decir, hay un proyecto a diez años para fortalecer la educación pública estatal, y no solo estarán involucrados los recursos que se entregan ahora a través del proyecto de Ley de Presupuestos, pues espero que en el próximo tiempo sean mayores.
Nadie se va a oponer a eso. Incluso, he escuchado a sectores de la Oposición decir que reconocen que el Estado tiene el derecho a hacerlo. Se recibirá un préstamo del Banco Mundial bastante significativo. Y disponemos de la capacidad, cuando estemos estudiando la "Ley larga", de analizar el sistema de financiamiento de la Educación Superior -y también los próximos proyectos de Ley de Presupuestos-, para revisar cómo va funcionando este asunto.
Yo soy un claro partidario de fortalecer la educación pública estatal a través de sus universidades, y también la de otros segmentos de la educación. Y me parece bien, porque es bueno que haya una propuesta educacional mixta, tanto pública como privada, en el ámbito superior y también en los ámbitos básico, medio o técnico-profesional.
Me alegra mucho que no se produjera un conflicto, sino que llegáramos a un acuerdo. Y, en mi concepto, sin el desmedro de nadie.
Seguramente, algunos creen haber logrado más que otros, pero pienso que el gran ganador en esta ocasión fue el sistema educacional chileno.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, anoche trabajamos en la Comisión Mixta de Presupuestos, integrada por diez parlamentarios, y se construyeron acuerdos básicamente en torno a dos grandes materias.
Primero, en cuanto a la Educación Superior, porque a los recursos destinados a ella en el proyecto original se están agregando, mediante el acuerdo logrado anoche, 12 mil millones de pesos. De esta cifra, 8 mil millones se destinarán al crecimiento de distintas becas. Otros 3 mil quinientos millones permitirán comenzar un plan de fortalecimiento de las universidades estatales. Y los restantes 500 millones de pesos se distribuirán entre la Universidad Técnica Federico Santa María, la Austral, la de Concepción, la Católica de Temuco, la Católica de Concepción, la Católica del Maule, la Católica del Norte y la Católica de Valparaíso.
Respecto de las becas estudiantiles, se aumentan los recursos para las Bicentenario y Nuevo Milenio, mientras que disminuyen los de la Beca Juan Gómez Millas, ya que muchos estudiantes beneficiados con este aporte pasarán a tener la Beca Bicentenario, que a diferencia de la Gómez Millas, cubre el arancel de referencia en su totalidad. Es un aporte bastante mayor y mejor para los estudiantes.
El acuerdo logrado anoche en materia de educación superior es muy importante y significa un gran avance.
Para nosotros, como Chile Vamos, es relevante que se haya consolidado el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado, en que se dispuso que los requisitos para la entrega de beneficios a los estudiantes debe basarse en su situación socioeconómica, independiente del establecimiento al cual estén postulando, ya sea estatal o privado, siempre y cuando su calidad se encuentre acreditada.
El apego al fallo del Tribunal Constitucional es garantía para todos de que no habrá discriminaciones arbitrarias.
La Beca Nuevo Milenio se focaliza en los institutos profesionales y los centros de formación técnica. También hay un aumento de recursos en este caso. Y podrán postular a ella tanto alumnos que estudien en planteles públicos como privados.
También es muy relevante que haya quedado comprometida la idea de que para el año 2019 tengamos un sistema unificado de postulación a becas para todos los establecimientos que cuenten con acreditación por al menos cuatro años, sean públicos o privados. Y lo recalco: ¡sean públicos o privados! Porque debe tenerse presente la situación socioeconómica de los alumnos, no la forma en que están organizados los respectivos planteles educacionales.
Por otra parte, desde el punto de vista social fue muy importante lo que se logró respecto de las manipuladoras de alimentos, quienes dependen de los programas que financia la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Se comprometieron recursos para que en enero y febrero del 2017 la JUNAEB realice transferencias a las empresas de prestación de servicios alimenticios para establecimientos escolares y preescolares, con el fin de financiar una bonificación mensual de 67 mil 500 pesos para las manipuladoras de alimentos que tengan fuero maternal y contrato vigente a jornada completa.
Además, la bonificación será extensiva de manera proporcional a las horas de contrato para aquellas trabajadoras con contrato parcial, y se efectuarán pagos retroactivos a quienes hayan tenido contrato vigente y fuero maternal durante los años 2015 y 2016.
Por supuesto, se interpreta que para 2017 quienes se encuentren en idéntica situación también tendrán derecho a dicha bonificación.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, Honorable Sala, no logramos acuerdo -también hay que hablar de las cosas en que mantuvimos las diferencias- respecto de las remuneraciones líquidas de los 8 mil funcionarios que, por cumplir tareas permanentes, podrán acceder a un cargo de contrata en la Administración del Estado.
El efecto práctico de mantener la remuneración bruta de un funcionario a honorarios al momento de pasarlo a contrata es que, como todo es imponible, recibirá un sueldo líquido inferior. Cuando se anunció la posibilidad de traspasar a contrata a los trabajadores a honorarios, en verdad nunca me imaginé, nunca pensé, nunca sospeché que se les disminuirían sus remuneraciones líquidas. Al final el esfuerzo lo estarían haciendo los propios funcionarios.
¡Y eso no me parece justo!
Señor Presidente, estamos finalizando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 en el último día. Hoy, a las 24 horas, vence el plazo para despacharlo. Si el Congreso no lo hiciera, regiría la iniciativa original que envió el Ejecutivo.
Considerando lo anterior, tengo la obligación de preguntar al señor Ministro de Hacienda o al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, aquí presentes, sobre una información entregada en días recientes con relación a que este año el gasto público se sobreejecutaría en 500 millones de dólares.
Si ello es efectivo, se anula la rebaja que anunció el Ministro de Hacienda en febrero pasado. Ello significaría que el gasto en 2017, respecto del 2016, crecería menos, lo cual podría ser una buena noticia; pero también es verdad que está tremendamente ajustado el Presupuesto para el próximo año, pues cuenta con enormes restricciones.
Asimismo, debo señalar que el acuerdo al que concurrimos anoche para inyectar 12 mil millones de pesos a educación superior implicó sacar de la Partida del Ministerio de Salud 740 millones de pesos, específicamente del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, como se hizo prácticamente en todos los servicios públicos, pero con una gran diferencia: el presupuesto del MINSAL es algo muy complicado.
No olvidemos que distintos estudios nos señalan que la deuda hospitalaria para el próximo año -período de aplicación de este proyecto- podría llegar a mil millones de dólares, lo cual demuestra lo ajustado del presupuesto de dicha Cartera.
Reitero: anoche restamos 740 millones de pesos del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo de la Partida 16.
Cabe consignar que los cálculos que nos presentaron anoche obviamente no van a significar dificultades mayores para el presupuesto de tal Ministerio. Pero tenemos la obligación de expresar nuestra preocupación.
Con todo, tal como he señalado, hoy a las 24 horas vence el plazo para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 2017.
Señor Presidente, concurro con mi voto favorable, porque creo que el Congreso debe cumplir con sus deberes constitucionales y legales.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos culminando la discusión -y ojalá se alcance la aprobación- del proyecto más importante que tramita el Parlamento: el de la Ley de Presupuestos.
Siempre que surgen diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, se forma una Comisión Mixta. Y es lo que ocurrió ayer.
El debate central se enfocó en torno a las glosas presupuestarias que disponen el financiamiento de la educación superior.
Aún no hemos efectuado un debate profundo en esa materia y, por lo mismo, no hemos abordado la iniciativa que reforma dicho nivel educativo. ¡No hay ley todavía! Por eso estamos resolviendo los problemas a través de glosas, como lo hicimos el año pasado.
Gracias a un acuerdo entre los parlamentarios de Oposición y de Gobierno y el Ejecutivo, más que una negociación política, este año logramos solucionar el problema de cientos de miles de jóvenes -y de sus familias-, quienes ahora podrán acceder a la educación superior: a las universidades, a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales.
Señor Presidente, en su minuto planteamos nuestra visión en relación con el fortalecimiento de la educación pública.
Soy de los Senadores que creen en la educación pública. De hecho, estudié en la Universidad de Chile. A mi juicio, tal fortalecimiento es una obligación.
Durante muchos años, ese tipo de educación estuvo abandonada por parte del Estado. Y proliferó de manera "virtuosa" -diría yo- la educación privada en manos de quienes hicieron el negocio del siglo. Con ello el derecho a la educación se convirtió en un bien de mercado.
No había una educación pública que ofreciera a las familias cumplir el sueño de contar con un hijo en la universidad.
Gracias al crecimiento explosivo de los planteles privados, siete de cada diez familias que salieron de la pobreza pudieron matricular a alguno de sus miembros en instituciones de educación superior.
¡Pero como país eso no es suficiente!
Necesitamos entregar calidad y gratuidad, que es lo que no fue posible garantizar durante tantos años de proliferación de casas de estudio que consideraban la educación como un bien de mercado.
He ahí el sentido profundo del proyecto de reforma a la educación: garantizar calidad y gratuidad. Todavía estamos en deuda en ese sentido.
Mientras tanto, llegamos a un buen acuerdo, al mejor dentro de las condiciones políticas viables en el Parlamento: permitir a los jóvenes cuyas familias siempre han soñado con educación de calidad ingresar a universidades que estén acreditadas.
Al mismo tiempo, cuando hablamos de gratuidad, exigimos que los recursos que entrega el Estado cumplan el fin educativo para el cual se destinaron. Por esa razón se fijó como requisito el fin del lucro: los planteles que opten por la gratuidad no deben lucrar.
El acuerdo constituye un avance porque, una vez aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos -con sus glosas respectivas-, se otorgarán 3 mil 500 Becas Bicentenario a estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, beneficio que solventa casi el total del arancel.
Es muy raro que una beca tenga esa cobertura. Pero la Bicentenario sí permite financiar prácticamente la totalidad del costo del arancel. Por tanto, se resuelve el problema de financiamiento para esas familias.
En la zona que represento, alumnos de Victoria, Freire, Carahue, Curarrehue, Angol desde ayer están rindiendo la Prueba de Aptitud y señalan estar inseguros sobre sus resultados...

El señor PROKURICA.- ¡Se acabó la Prueba de Aptitud Académica...!

El señor TUMA.- Perdón, me refiero a la PSU. La otra era una prueba...

El señor PROKURICA.- ¡También el bachillerato...!

El señor TUMA.- ... que permitía medir conocimientos.
Pero no vamos a requerir solo dicha prueba. Con la reforma se ampliarán los requisitos para acceder a la gratuidad en educación superior. Se exigirá una medición de las notas de enseñanza media del alumno y se evaluarán la vulnerabilidad y las condiciones socioeconómicas de la familia.
Considero muy importante el paso que hemos dado porque con ello estamos abriendo oportunidades. Los alumnos que busquen entrar a las universidades del CRUCh y no alcancen el puntaje necesario a tal efecto ahora podrán ingresar a otros planteles sin tener que cumplir necesariamente con el puntaje mínimo exigido de 500 puntos en la PSU.
En las comunas que represento muchos estudiantes que ponderaban 470 puntos se quedaban fuera de la universidad, y sus familias debían endeudarse para que al menos ingresaran a un centro de formación técnica o a un instituto profesional.
Por eso prefiero este acuerdo, con el cual les resolvemos a las familias el problema del acceso, en lugar de una política que se mantiene en un casillero ideológico y no soluciona las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables a la hora de querer ingresar a la educación superior.
Por esa razón, señor Presidente, voto a favor del informe. Y felicito al Gobierno por el logro alcanzado mediante glosas presupuestarias que van a abrir puertas a muchas familias a las que hasta hoy se les hacía muy difícil contar con esa oportunidad.
También quiero valorar que el Ejecutivo haya accedido a una petición relacionada con las manipuladoras de alimentos que formulamos algunos parlamentarios, encabezados por la Senadora Adriana Muñoz, quien trajo a la Sala la vocería de dicho sector, cuyas representantes han permanecido por más de cien horas en las tribunas de ambas Cámaras, a la espera de una solución al problema de suspensión del pago del bono mensual de 67 mil 500 pesos para trabajadoras con contrato y con fuero maternal.
Después de que se acogió una indicación cuya materia era de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, los miembros de la Comisión Mixta quedamos satisfechos, pues la proposición remediaba definitivamente una injusticia, causada por una errónea interpretación que en su momento hizo la Dirección del Trabajo para la entrega del referido bono a trabajadoras con fuero maternal o sindical.
--(Aplausos en tribunas).
Por último, debo señalar que, cuando defendíamos la necesidad de pasar a contrata a los trabajadores a honorarios, asumíamos que en ese traspaso el funcionario tendría al menos la misma remuneración líquida. Pero eso no va a ocurrir, de acuerdo a la precisión que hizo el Ministro de Hacienda: el cambio a contrata implicará 10 a 14 por ciento menos de renta líquida respecto del sueldo que hoy percibe un empleado a honorarios.
Existe una deuda del Estado a ese respecto. Tenemos que seguir trabajando en ello gradualmente a efectos de darles estabilidad a los contratos precarios que por años se han mantenido en el aparato estatal.
Los parlamentarios carecemos de facultad para resolver esa materia, pero sí hemos planteado caminos de solución. Esperamos que en algún momento el Ejecutivo corrija la interpretación que lo llevó a traspasar personal de honorarios a contrata con los mismos recursos, lo cual en la práctica significa una remuneración líquida menor a la que recibían antes del cambio.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, me parecen muy propios de la actividad política y, en especial, de esta institución el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
Lo importante es que se haga con honestidad, jugando cada uno su punto de vista. Valoro mucho a parlamentarios de enfrente, de al lado o de donde sea que exponen y defienden su postura. El acuerdo no se alcanza porque sí. Se descubren distintas visiones y, a partir de eso, se observa en qué hay concordancia y en qué no.
Yo voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
En él hay muchas materias: lo relativo a Ferrocarriles, a la DIBAM, a la situación de las manipuladoras de alimentos, frente a quienes de verdad me saco el sombrero por haber estado todos estos días acá. Imagino que ha sido una experiencia bastante interesante para sus vidas. ¡En mi opinión, señor Presidente, merecen al menos un galvano por acompañarnos durante todo este tiempo...!
Hago presente que quedé mal con el resultado de la iniciativa y con la forma en que se desarrolló. En el debate en general sostuvimos que el Presupuesto debía ser anticíclico y contar con un plan de inversión pública moderado pero significativo y con proyectos de inversión que tuvieran efecto multiplicador y fueran de calidad.
Lo cierto es que la inversión cayó 3,7 por ciento.
Esta discusión se genera en todos lados.
En un contexto de vientos externos desfavorables y con un sector privado que no se mueve, resulta fundamental lo que hace o no hace el Estado en materia de inversión pública central.
Para el próximo año no contamos con recursos siquiera para agregar una sala de clases adicional. ¡No hay presupuesto para eso! Lo mismo ocurre en distintos aspectos.
Solo logramos el aumento de 38 mil viviendas del programa especial (13 mil este año y 25 mil el próximo).
En el resto ni siquiera obtuvimos respuesta al documento que presentamos como bancada.
Por otra parte, al igual que los peruanos, ecuatorianos y colombianos, nosotros debiéramos explorar acuerdos con los chinos en materias que evidencien mejor tecnología: por ejemplo, los ferrocarriles.
El Fondo de Infraestructura no es ley todavía. Pero hay que avanzar en cada uno de los proyectos cuyos contratos se están acabando.
Pensamos también que en lo relativo a los hospitales concesionados en construcción resultaba fundamental avanzar ahora que no teníamos recursos, para sacarlos con toda la fuerza que queríamos.
¡No hubo respuesta!
Durante el debate en las Subcomisiones vivimos una experiencia nueva: normalmente, la DIPRES registraba los temas de inquietud que se planteaban con fundamentos, y se conversaban alternativas. ¡En esta ocasión ni siquiera se anotaron!
Lamento, por ejemplo, que lo relacionado con deserción escolar, que para muchos de nosotros es primordial, ni siquiera fuera objeto de diálogo.
El tema principal de discusión en la Comisión Mixta fue el de la educación superior.
Además del envío al Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos, esperábamos la presentación de un plan de fortalecimiento de las universidades estatales a diez años.
Hicimos esa solicitud y conversamos mucho al respecto (por escrito, verbalmente, etcétera). Pero no se consideró la propuesta que formuló la bancada de Senadores socialistas, petición que también fue planteada por Senadores del Partido Por la Democracia y de la Democracia Cristiana.
Nos parecía importante -como opción y señal- que el Ejecutivo se jugara por las universidades estatales. Nos parecía importante para abrir la discusión de la iniciativa de ley sobre educación superior. Nos parecía importante para asumir que 14,8 por ciento de la matrícula en Chile es pública.
¡Díganme en qué otro país ocurre eso!
El Estado destina a las universidades estatales el 30 a 32 por ciento del total de los recursos en este ámbito.
Todo eso lo hemos pensado siempre, a diferencia de otros, sin afectar al G9 en su rol y en sus recursos.
El Gobierno no acogió tal planteamiento ni nos dio una explicación.
Para quienes no lo saben, llevamos por lo menos diez años intentando lo mismo. Creemos que es el momento de hacerlo.
La Derecha, con toda legitimidad, señaló que iría al Tribunal Constitucional si no lograba cumplir ciertas demandas, que eran más bien estructurales, no laterales.
Lo principal apuntaba a que las universidades estatales, las del G9 y las privadas fueran tratadas igual en el financiamiento estudiantil. Y esto especialmente a través de las Becas Bicentenario.
Y la Derecha señaló que si no se hacía, sería discriminatorio. No agregó preocupaciones ni sobre transparencia ni sobre tope a los aranceles. Pero este fue el planteamiento.
Ese sector también cuestionó que las universidades estatales tuvieran mayor flexibilidad para crecer.
Nosotros en el debate sostuvimos que reconocíamos que el modelo chileno de financiamiento de la educación superior era distorsionado. Y esto nació con Pinochet. Todas estas becas surgieron en el período de Pinochet, se fueron desarrollando, ampliando, multiplicando. Ello respondía a la lógica de financiar las universidades a partir del aporte a los estudiantes. Y sostuvimos que ese mecanismo generaba muchas distorsiones. Así, la diferenciación de universidades se hacía a través de distinguir la forma de financiamiento.
También señalamos que el Estado no entrega un apoyo directo y significativo a sus propias universidades desde hace 35 años.
¡Las universidades estatales no han recibido aporte estatal significativo desde hace 35 años!
Un modelo serio de financiamiento de la educación superior supone que hay un sector de universidades estatales -como en todo el mundo, y en Chile hasta el año 1981- con apoyo público, con proyecto estatal, con financiamiento estudiantil de acuerdo con las vulnerabilidades y fondos concursables en investigación.
El resultado final en este Presupuesto, al recoger los planteamientos de la Derecha, es que el Gobierno transfiere 8 mil 534 millones a las universidades privadas e institutos. A la vez, se compromete a que en tres años se van a levantar todas las barreras y todas las universidades tendrán el mismo tratamiento en esta materia.
Además, el Ejecutivo pone en igualdad de condiciones el crecimiento de las universidades estatales y el de las otras. Nos preocupa que no manifieste una voluntad clara ni que se cree un mecanismo más expedito, más propio para sus universidades estatales a fin de que se puedan desarrollar.
La presión de algunos miembros de la Nueva Mayoría llevó a que el Gobierno aceptara la incorporación del plan especial para las universidades estatales con 3 mil 500 millones -en el otro caso eran 8 mil 500 millones- y se comprometiera a tramitar un futuro crédito del Banco Mundial.
No logramos ni mayor transparencia, ni regulación del CAE -al cual parecía bueno ponerle límite-, ni tratamiento especial al crecimiento.
Podrán ver que los resultados son, a lo menos, desiguales.
En definitiva, valoramos los avances en gratuidad para los CFT e IP, particularmente INACAP y DUOC. Esto no formó parte de las materias que se abordaron en la Comisión Mixta, pero lo valoramos.
En segundo lugar, valoramos, a pesar de todo, que se incorporara, aunque muy tímidamente, la asignación y glosa para el plan de las universidades estatales.
Y valoramos no ir al Tribunal Constitucional, por la incertidumbre que provocaría.
Pero queremos dejar claro que lamentamos la falta de fuerza y convicción de nuestro Gobierno, ¡de nuestro Gobierno!, de jugarse por el principal cambio estructural de la educación superior, que no es ni más ni menos que fortalecer lo que está más debilitado en un sistema mixto: el pilar estatal, este conjunto de universidades que deben representar un proyecto de país.
Este es el tema principal de la Ley de Educación Superior.
Queremos precisar que la Derecha logró lo que buscaba. Y lo respetamos. Era su juego. El problema no es con la Derecha.
El problema es de la Nueva Mayoría y del Gobierno. No dimos un paso sólido en la dirección que deseamos como cambio estructural: fortalecer las universidades estatales. Es decir, no entregamos una señal más significativa de lo que queremos, en lo conceptual y en lo financiero.
Finalmente, esperamos que el plan de recuperación de las universidades estatales quede listo por parte del MINEDUC y del CUECh este año 2016, para que empiece a operar el próximo año.
Ojalá que la tramitación del crédito con el Banco Mundial se inicie cuanto antes.
Esperamos que el proyecto de incentivo al retiro para los académicos se presente a la brevedad. Porque el Gobierno se comprometió el año pasado a hacerlo a más tardar en el mes de marzo. Y estamos prácticamente en diciembre y todavía no ha sido ingresada la iniciativa.
Es urgente que se presente para que las universidades estatales puedan incorporar personas que vuelven con distintos estudios, doctorados y otros, como parte de su programa de fortalecimiento, de mejoramiento de calidad y de mayor desarrollo.
En definitiva, voto a favor por el conjunto -porque aquí se vota en blanco o negro, no por separado- del informe de la Comisión Mixta. Y pido que tengamos un debate más a fondo entre nosotros para ver qué haremos con las universidades estatales en el año y cuatro meses que le quedan a este Gobierno.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, creo que un gran problema de las autoridades es cuando comienzan a padecer sordera selectiva, es decir, cuando se tienen oídos solo para determinados cantos, mientras otros sonidos, otras demandas, otros requerimientos no se escuchan.
Es lo mismo que señalé al momento de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos la semana pasada.
Las manipuladoras de alimentos que están hoy día presentes han debido estar prácticamente acampando en este Parlamento por una situación que podríamos haber resuelto con enorme prontitud hace largo tiempo. Y producto de su organización, de sus luchas, de su trabajo como sindicatos de base, federaciones y distintas organizaciones han podido avanzar en sus logros, no obstante esa sordera que siempre está presente.
Hoy día nos vemos enfrentados a una situación en la cual, desgraciadamente, se ha escuchado la amenaza -no digo que velada, porque en eso reconozco que la Derecha ha sido frontal- en orden a que si se aprobaba algo que no les parecía, se iría al Tribunal Constitucional.
Ese es el problema que hoy día tenemos que enfrentar. Y es bueno que la ciudadanía lo entienda. Acá ya no importa la soberanía popular, en que un sector ganó en nuestro país y tiene mayoría en ambas Cámaras del Parlamento. Aquí se instaló un contrapoder en el Tribunal Constitucional, en que la Derecha sabe que tiene mayoría. Y este sector enarbola un fallo que le permitió el año pasado echar abajo la gratuidad y generar una serie de discusiones.
Producto de la sordera selectiva, el Gobierno, más que acoger un conjunto de demandas -entre ellas estaban la importancia del fortalecimiento de las universidades estatales, entender qué era el G9 y tener una opción clara y precisa respecto del fortalecimiento de esas universidades, y ser frontal contra el lucro- optó por centrarse en lo que significa el Tribunal Constitucional.
No estoy diciendo ninguna cosa extraña. Y no se enojen mis colegas de las bancadas de enfrente. La Derecha ha manifestado claramente que el no ir al Tribunal Constitucional -y que eso quede en la historia de la ley, porque lo que estamos señalando aquí lo leerán el próximo año; y lo harán en futuros Gobiernos- no es un tema de constitucionalidad, sino político; depende de si se acogen, si se escuchan o no sus demandas.
Considero que eso es un enorme problema. Lo digo como integrante de la Comisión de Constitución del Senado. No se puede utilizar el Tribunal Constitucional como una herramienta, como una tercera instancia para efectos de no resolver o no acoger la legítima demanda que se obtiene a través del juego de las mayorías y las minorías en el Parlamento.
Creo que ese es el problema de fondo, más allá de la discusión en materia de educación, que es lo que nos convoca.
En tal sentido, espero que el debate se dé en el fondo, en la discusión del proyecto de Ley de Educación Superior, y no a través de las glosas, de la gratuidad o situaciones de esa naturaleza.
Considero que el debate de la educación superior ha terminado siendo la contrarreforma a la gratuidad y al fin del lucro. Porque nuevamente tenemos a las universidades que lucran aguas arriba. Empresas que se han negado absolutamente a ser fiscalizadas -y no ha existido toda la fiscalización necesaria sobre ellas- hoy día comienzan a ser tributarias de la Beca Bicentenario: 3 mil quinientas a estas universidades.
Hablamos de una beca que estaba consagrada para las universidades del CRUCh. Una especificidad de financiamiento precisamente para ese andamiaje de universidades.
Y hoy día, por esta situación que ha planteado la Derecha, sus representantes se quedan contentos y no irán al Tribunal Constitucional, no obstante que pudiera haber vicios de constitucionalidad en este proyecto.
Pero aquí se trata de una decisión política, ¡política! Y la Derecha, al no ganar las elecciones y saber que no tiene mayoría parlamentaria ni social, sí reconoce que posee mayoría en el Tribunal Constitucional.
Y eso es muy complicado y de enorme cuidado para nuestro país.
Por eso necesitamos una nueva Constitución, que modifique estas estructuras; que establezca que el Tribunal Constitucional debe centrar la discusión en aquello para lo que fue creado y para lo que existe en otras legislaciones, pero no para ser una contracámara, que en definitiva es donde se refugia la minoría.
Porque digámoslo -y no ofendo a nadie-: en nuestro país la Derecha electoralmente es minoría; no ha ganado los escaños suficientes para imponer y fortalecer su programa. Pero sí se ha refugiado en el Tribunal Constitucional.
Y eso es malo para la democracia, para el debate de nuestros proyectos e incluso para la educación.
La sordera selectiva hace que se escuche la amenaza de la Derecha de ir al Tribunal Constitucional. Me parece bien; es una estrategia que ustedes eligieron. Pero quiero que quede consignado en la historia, que quede establecido que esa fue la forma a través de la cual hoy día se ha llegado a este acuerdo.
Yo no puedo concurrir con mi voto a un proyecto que signifique la contrarreforma al fin del lucro. Si hay algo que valoro de la lucha de los estudiantes del 2009, del 2011, y no solo de ellos, sino de la sociedad, fue que se puso el foco en el CAE, un instrumento absolutamente inapropiado, que está esquilmando a decenas de familias. Pero no se tocó: sordera selectiva; ahí no se escucha.
En definitiva, tampoco se escucha la discusión para fortalecer una red de universidades públicas y estatales -¡públicas y estatales!-. Y lo dije en la votación de la semana pasada: a las Universidades Austral, Federico Santa María y de Concepción no las vamos a dejar solas.
Pero tampoco voy a permitir que en esta igualación de conceptos sobre instituciones de educación superior se incorpore a universidades de dudosa acreditación -¡de dudosa acreditación!- y que lucran.
Señora Ministra -y lo voy repetir una vez más-, tenemos el INACAP, una institución de enorme prestigio desde el punto de vista de la educación que entrega, pero que fue esquilmada, apropiada de manera indebida, convertida en un negociado inmobiliario. Y al Consejo de Defensa del Estado todavía no lo veo actuar; al Ministerio de Educación tampoco lo veo proceder con firmeza para recuperar el rol público de esa institución.
Por eso, no estoy disponible para apoyar una iniciativa que genera una contrarreforma en las victorias obtenidas por la sociedad, como entender que en educación el lucro debe ser una barrera respecto de dónde pone recursos el Estado.
¡No más negocios con la educación!
¡No más lucro encubierto!
¡No más recursos que, incluso, salen al extranjero!
Usted misma, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, señaló a aquellas universidades que sacan recursos al extranjero, que son fondos de inversión que hoy día están lucrando en nuestro país.
Para ellas no va a estar nunca disponible mi voto.
No estoy dispuesto a avalar una contrarreforma en materia educacional con relación al lucro.
Termino señalando que valoro que las manipuladoras de alimentos a través de este proyecto obtengan una mejora en sus remuneraciones. Les hago un reconocimiento, un homenaje, por lo que ustedes han hecho. A seguir luchando, a seguir organizadas.
Pero se debe entender que a veces por la sordera selectiva se olvida que los trabajadores, que las trabajadoras, que las manipuladoras de alimentos tienen todavía mucho más que conseguir y hay mucho más que enmendar.
Señor Presidente, por los argumentos mencionados, no voto a favor de este informe, sino que me abstengo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Necesito recabar la unanimidad del Senado para dos acuerdos.
Primero, para el ingreso a la Sala de la señora Subsecretaria de Educación.
--Se accede.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Además, solicito el acuerdo de la Sala para que en un rato más me reemplace en la testera el Senador señor Zaldívar para poder intervenir.
--Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros siempre, o desde hace muchísimo tiempo, hemos planteado exactamente lo mismo.
Hemos dicho que los fondos del Estado tienen que ir a la educación dependiendo siempre de la calidad de la institución y ayudando a aquellos que más lo necesitan.
El acuerdo que estamos alcanzando hoy día avanza fuertemente en esa dirección, aunque resulta obvio que todavía hay puntos que, como en todo acuerdo, no compartimos.
Al respecto, quiero diferenciar el planteamiento en dos partes.
La primera se refiere al financiamiento que va directamente a las instituciones, conocido como "aporte basal".
El año pasado el Gobierno de la Presidenta Bachelet separó por primera vez el aporte basal que va a las universidades estatales del aporte directo a las instituciones privadas tradicionales, grupo conocido como el "G9", que integran la Universidad Austral, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras.
El año pasado se dijo que eso no iba a producir una diferenciación en el trato hacia esas instituciones de educación superior.
Este año sí se notó esa diferenciación.
¿Qué sucedió? A las universidades estatales se les entregaron todos los fondos del aporte fiscal indirecto, que desapareció, y también se les otorgó completo el incremento de 5 por ciento en los aportes basales.
Al revés, a las universidades privadas tradicionales se les quitó el aporte fiscal indirecto y tampoco se les entregó el incremento del 5 por ciento.
Desde nuestro punto de vista, este es un trato discriminatorio hacia instituciones de calidad que son tremendamente relevantes en las regiones.
Por eso, la semana pasada nosotros votamos en contra del presupuesto basal de las universidades estatales.
Señor Presidente, esa discriminación sigue estando en el Presupuesto y nosotros continuamos en desacuerdo con ella.
De hecho, cuando ayer el Gobierno aumentó aún más los fondos que van a las universidades estatales, nosotros expusimos con mucha fuerza que no era posible aprobar la propuesta de la forma en que venía planteada, a no ser que, de alguna manera, se hiciera un gesto hacia las universidades privadas tradicionales de regiones.
Logramos dos cosas en esa línea, señor Presidente.
Respecto de la gratuidad, se estaba planteando que solo las universidades estatales podían aumentar la matrícula por sobre el 2,7 por ciento, lo cual era nuevamente una restricción hacia las universidades privadas tradicionales. Conseguimos que esa restricción, que no se aplicaba a las universidades estatales, tampoco limitara a las privadas tradicionales, siempre, por supuesto, con el acuerdo de los Ministerios de Hacienda y de Educación, porque hay fondos comprometidos.
Esa es una primera restricción que ayer logramos levantar para las universidades privadas tradicionales y las demás del sistema.
Pero también logramos algo -aunque no era lo que queríamos- de aporte adicional para las universidades privadas tradicionales. Es poco, sí, pero por lo menos es un gesto: 500 millones que van directamente a esas instituciones de educación superior, pero solo a nivel regional. O sea, directo a las universidades que a los Senadores de regiones nos importan especialmente, como las Universidades Austral, de Concepción, Federico Santa María, por nombrar solo a tres de ellas.
¿Estamos de acuerdo con la separación de los fondos? No, no lo estamos. Sin embargo, señor Presidente, vamos a honrar nuestra palabra, tal como lo dijimos, votando a favor, porque en un acuerdo siempre se gana algo y se pierde algo.
En segundo término, me referiré a las ayudas estudiantiles.
Nosotros desde Chile Vamos siempre hemos planteado que en las ayudas estudiantiles debemos mirar al alumno y no dónde estudia. Porque se trata de un beneficio que va directamente a las personas.
No puede ser que, en el caso de dos hermanos del mismo nivel socioeconómico -obviamente, provienen de la misma familia-, el que decide estudiar en una universidad estatal reciba una beca de 2 millones 100 mil pesos que le cubre el arancel de referencia en su totalidad, y el otro, que opta por estudiar en una universidad que no se halla dentro de las electas por el Estado, solo acceda a una beca de un millón 150 mil.
Con esa discriminación venía este Presupuesto, señor Presidente.
Nosotros le dijimos al Ejecutivo que aquello era tan injusto que no estábamos dispuestos a aprobarlo.
Por eso entramos a la negociación con el Gobierno. Porque deseábamos romper la injusticia que permanentemente ha existido en el sistema de ayudas estudiantiles.
Queremos igualdad de trato; que se termine la injusticia hacia los estudiantes; que se elimine en especial esa discriminación que tanto duele contra jóvenes de familias vulnerables y de clase media.
Ya no deseamos ver más el caso de dos hermanos del mismo nivel socioeconómico, en que uno de ellos puede ir la universidad sin tener que pagar el arancel de referencia porque recibe una beca de 2 millones 100 mil pesos que lo cubre totalmente, y el otro deba pagar una diferencia, probablemente con un crédito, pues solo puede acceder a una beca de un millón 150 mil pesos porque, por ejemplo, en vez de estudiar en la Universidad de Chile, decidió hacerlo en la Universidad Diego Portales, ya que en esta imparten la carrera que más le gusta o se encuentran los profesores de su preferencia.
Adicionalmente, en el caso de las becas de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, la discriminación era incomprensible. Porque aquí no solo se trataba de las instituciones: la mezcla era inentendible también para los estudiantes.
Logramos un cambio realmente muy profundo.
Hoy día en todo el sistema de ayudas estudiantiles habrá igualdad de trato. Y la única razón por la cual un alumno recibirá o no una beca de cierto nivel dirá relación con su condición socioeconómica y la calidad de la institución en la que estudia.
Aquello nos parece un paso tremendamente relevante, pues terminamos con un sistema de ayudas estudiantiles profundamente injusto y discriminatorio: ¡un paso hacia delante en la igualdad de trato para nuestros jóvenes!
Señor Presidente, en el caso de la gratuidad también hay una parte que no nos gusta.
Porque en esta materia todavía se hace diferencia por institución.
Yo aún no puedo compartir que el Estado les dé a los estudiantes la señal en el sentido de que vayan a instituciones que no tienen cuatro años de acreditación solamente porque son estatales.
Ese es un daño hacia los estudiantes.
Pero llegamos a un acuerdo en el sentido de que dichos establecimientos deberán alcanzarla en el próximo ciclo de acreditación, pues de otra manera perderán la gratuidad.
Me parece que esto también es un paso en la dirección correcta.
Espero que esas diferenciaciones entre instituciones terminen.
Señor Presidente, la gratuidad va a seguir presentando problemas. Porque como es una política pública que no se logra financiar, debe establecer una serie de restricciones (tipo de institución, en fin). Y siempre discutiremos esta materia cada vez que veamos el proyecto de Ley de Presupuestos, a menos que logremos sacar la ley definitiva alguna vez.
Sin embargo, el problema de fondo aquí es que se hizo una promesa que no se puede cumplir porque no hay suficientes recursos.
Acá se comprometió gratuidad para todos. Esa fue la promesa de campaña. Y resulta que hoy día la gratuidad alcanza solo para el 30 por ciento de los estudiantes: ¡30 por ciento! No es más que eso.
A lo anterior, habría que agregar que la política pública diseñada por este Gobierno está produciendo el desfinanciamiento de las instituciones más complejas de nuestro país. Porque todos sabemos que parte de la investigación en Chile se paga con las mensualidades de los estudiantes.
Entonces, cuando existe desfinanciamiento, las universidades más complejas tienen problemas para costear la investigación.
Ahí debemos buscar una solución de largo plazo si es que se quiere seguir avanzando con la política de gratuidad tal como se halla establecida hasta ahora.
Pero yo me quedo con que a partir de hoy habrá igualdad de trato para los estudiantes de todo nuestro país, sin discriminación en las ayudas estudiantiles.
Este es un momento realmente importante para los estudiantes de familias vulnerables y de clase media de nuestro querido Chile.
Es hoy donde ponemos la base para terminar de verdad con la discriminación odiosa que ha existido hasta ahora.
¡Es un día en que avanzamos hacia la justicia!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, hace un año yo reclamaba en esta Sala, cuando discutíamos en esta misma instancia lo que el Gobierno proponía en materia de gratuidad, que me sorprendía que la política de educación superior, y en particular la política de financiamiento del sistema universitario y de la educación técnica profesional, fuese al final una glosa presupuestaria.
Se dijo entonces: "No hemos tenido tiempo, pero ya vamos a presentar los proyectos correspondientes para que se debata la política del Gobierno sobre educación superior".
Señor Presidente, ha pasado un año y de nuevo nos encontramos en lo mismo: discutiendo la política de educación superior del Gobierno a partir de una glosa presupuestaria.
Creo que no puede haber nada peor, pues, al final, aquello significa ausencia de ideas, incapacidad para proponer algo coherente que nos permita a todos debatir a fondo estos temas, que son complejos y se prestan para distintos tipos de interpretaciones.
Yo pienso que es el camino más malo que se puede seguir.
Porque acá se hacen afirmaciones de cualquier naturaleza que finalmente desconocen la realidad de la educación superior y, sobre todo, el rol del Estado en la educación superior privada.
Aquí quiero recordar qué sucedía hasta antes de 1981.
El Senador Montes sobre el particular hizo una afirmación bastante gruesa, si no grave: que desde entonces nunca más ha habido aportes significativos para la educación superior pública.
Esa me parece una afrenta para los veintitantos años de Gobierno de la Concertación y otros más de la Nueva Mayoría.
No comparto esa afirmación. Pero no importa.
¿Qué pasaba antes de 1981, señor Presidente? Las ocho universidades que existían tenían como ingresos en sus presupuestos más de 90 por ciento de aporte fiscal. Es decir, el Estado financiaba el sistema de educación universitario en cifras superiores al 90 por ciento.
De esas ocho universidades, seis eran privadas. El Estado no hacía distinción.
El estatuto universitario de 1931 les reconoció a las universidades privadas su carácter de colaboradores de la tarea docente. Y desde entonces se empezaron a aportar recursos significativos y cuantiosos que permitieron el desarrollo de esas instituciones.
Porque la Universidad de Chile ha sido, es y será siempre una gran universidad.
Pero gracias a la labor excepcional que han realizado grupos privados de distinta naturaleza (de la Universidad Técnica Federico Santa María; de las universidades católicas, Austral, de Concepción, en fin) hemos tenido muy buenas universidades, en que el Estado no ha discriminado, sino apoyado: porque eran colaboradores de la educación docente.
Ahora, lamentablemente -porque no se discuten las cosas-, se quiere cambiar la historia.
¡Esa fue la historia, señor Presidente! Y en muchos sentidos se trató de una buena historia, al menos desde el punto de vista del criterio con que se asignaban los recursos: solo pensando en quién hacía un trabajo que era bueno para Chile.
Entrando ya al tema específico que nos convoca, quiero felicitar muy sinceramente a los parlamentarios que nos representaron en la Comisión Mixta -la Senadora Ena Von Baer y el Senador Andrés Allamand-, porque hicieron un trabajo muy notable y lograron, gracias a la buena voluntad del Gobierno, llegar a un entendimiento.
Se escucharon nuestras inquietudes, pues, al final, lo que nosotros queremos es algo muy simple: que no haya discriminación entre alumnos vulnerables porque estén estudiando en una institución de educación superior o en otra.
No es un asunto muy complejo. Se trata de un principio básico de justicia.
Por ello, considero que los planteamientos del Senador De Urresti son perfectamente equivocados. Él confundió totalmente las cosas. Porque señaló que al parecer lo único que nos interesaba a nosotros era imponer nuestros puntos, y que si no los obteníamos, íbamos a recurrir al Tribunal Constitucional.
¡No, señor Presidente!
En este proyecto de Ley de Presupuestos hay muchas cuestiones que no nos gustan. Pero no por haber perdido en ellas vamos a ir al Tribunal Constitucional. Solo se puede recurrir a él cuando se vulnera un principio. Y el principio de no discriminación contra los alumnos se vulneró en la Ley de Presupuestos del año pasado.
Por eso el Tribunal Constitucional corrigió aquello.
Este año el Gobierno ha tenido el buen criterio, gracias a la gestión de nuestros Senadores, de poner las cosas en su lugar y terminar con dicha discriminación.
Por ello valoro el acuerdo al que se arribó.
El Tribunal Constitucional hace su labor en lo que le corresponde. Pero nosotros hacemos la nuestra y ejercemos la soberanía popular en el Congreso. El referido Tribunal solo rectifica cuestiones vinculadas con principios jurídicos esenciales.
Y no todas las discusiones que realizamos, ganemos o perdamos, versan sobre cuestiones relacionadas con principios esenciales de carácter jurídico que requieran la intervención de aquel órgano.
No sobrevaloren al Tribunal Constitucional, y tengamos respeto por nuestras instituciones. Este, por lo demás, en su composición, atribuciones y forma de funcionamiento, es producto de la Constitución del 2005; es decir, fue hecho entero por el Congreso y por el entonces Presidente Lagos en un ejercicio enteramente democrático. No se ideó para beneficiar a un sector político u otro, sino que fue fruto de un trabajo conjunto.
Entonces, no destruyamos lo que hemos construido y que nos hace distintos de muchos otros países: instituciones sólidas y estables.
Por otra parte, no solo valoro el fin de la discriminación, sino también el hecho de que la educación superior técnica profesional tendrá recursos que serán asignados en forma criteriosa según la vulnerabilidad del estudiante y teniendo en consideración determinados criterios de calidad. Ello permitirá aumentar el aporte que se le pueda otorgar.
Respecto de las universidades que no pertenecen al CRUCh, los estudiantes podrán acceder a becas de mayor significación, como aquí ya se ha descrito.
En cuanto a los recursos regionales, valoro que se incluyan las universidades del G9 con cifras que, si bien todavía son menores, marcan el principio de la igualdad que ha de regir en estas materias.
Señor Presidente, quiero concluir mis palabras reiterando que es tiempo de que el Gobierno, aunque le quede un año cuatro meses de mandato, traiga su política sobre educación superior. Y que la traiga dentro del contexto de una política educacional integral, pues me parece que no debemos discutir la educación superior separada del resto de los niveles educacionales.
Porque tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades.
¿Asignar recursos para gratuidad a alumnos de séptimo y octavo años de la educación general básica o a niños vulnerables, de escasos recursos que no tienen acceso a la sala cuna, al jardín infantil o a la educación preescolar?
¿Dejar de lado la educación técnica profesional de carácter escolar o considerarla?
En educación superior, ¿vamos a trabajar con la misma característica tanto la educación superior técnica profesional como la universitaria?
Me parece que esas son las materias pendientes respecto de las cuales no conocemos una visión coherente del Gobierno, ni tampoco una propuesta clara que nos permitan llevar a cabo una discusión sobre el particular.
Eso es lo que a mi juicio debiéramos abordar.
No es razonable, prudente ni conveniente que la política de educación superior sea solo una glosa presupuestaria.
Aquellos que cuestionan criterios políticos que son demasiado economicistas están cayendo en ese error: miden las políticas de educación superior únicamente sobre la base de cuestiones de carácter económico o financiero.
Eso no es lo que el país necesita.
La educación es un derecho. Pero debe ejercerse dentro de un contexto de políticas públicas razonables, las cuales, lamentablemente, este Gobierno no ha sido capaz de presentar con claridad, ni mucho menos de impulsar con unidad. Porque se abre la discusión sobre la materia, y las primeras discrepancias surgen de entre sus propios partidarios.
Esa falta de gobernabilidad es lo que impide avanzar en aspectos tan centrales como los relativos a la educación.
Pronunciamos muchos discursos sobre la educación, porque es clave para el futuro; pero a la hora de los quiubos no aterrizamos en propuestas concretas. Solo seguimos, por desgracia, como en el caso de la educación superior, discutiendo si esto cuesta más o cuesta menos.
Así ocurrió cuando llegó el proyecto que restringía la educación particular subvencionada: solo se preocupaba de los ladrillos, de la construcción, de la infraestructura y no de la calidad de la educación particular subvencionada o de la educación pública.
Llevamos demasiado tiempo hablando; pero la educación pública no ha mejorado ni un centímetro en su calidad, en ninguno de sus niveles.
Creo que ello es responsabilidad íntegra de carecer de una política de educación superior, pues la que tenemos solo se basa en una cuestión presupuestaria.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en primer lugar, creo que todos merecemos felicitaciones por el hecho de que se haya arreglado al menos una parte del problema de las manipuladoras de alimentos: el del bono.
Pero quedan pendientes seis puntos que esas trabajadoras plantearon mediante un documento, al que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas dio respuesta -se lo haré llegar-: continuidad laboral, bonos de inicio de actividades, aceptabilidad de la alimentación, forma de control del tiempo de asistencia a colación, Día de la Manipuladora y bono de zonas extremas.
Nosotros daremos respuesta por escrito al mencionado documento.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, yo no pertenezco a la Comisión de Educación. No estuve en la discusión en detalle. Y tampoco participé en la Comisión Mixta.
Entonces, voy a dar mi opinión como hijo de la educación pública, como exuniversitario y con la experiencia que me dan los años.
En primer lugar, celebro que se haya alcanzado un acuerdo político con la Oposición para destrabar la aprobación del financiamiento del acceso gratuito a las universidades para el año 2017.
Si bien se trata solo de un acuerdo puntual válido para este año, siempre es mejor que la decisión surja de una negociación en el seno de órganos políticos originados en la voluntad popular y no del fallo de un órgano jurisdiccional extraparlamentario.
Con todo, sigue sin resolverse la cuestión de fondo sobre la educación pública, que es una discusión que nuestro país arrastra desde hace ya muchos años.
Algunos lo plantean de manera muy simplista, como si el problema solo consistiera en resolver de forma igualitaria la demanda de financiamiento para los estudios de educación superior de todos aquellos que lo necesiten.
Es cierto que esa es la preocupación inicial de los estudiantes y sus familias: cómo financiar las carreras pertinentes.
Pero la dura experiencia de las últimas décadas, con universidades en quiebra; con carreras sin perspectiva ocupacional; con educación de alta cobertura y baja calidad financiada con recursos públicos y endeudamiento de miles de familias modestas; con lucro disfrazado que acumula fondos nacionales y extranjeros, todo eso nos ha dejado la lección de que no basta con inyectar recursos para financiar ayudas estudiantiles sin reformar las bases del sistema de manera de asegurar una educación de calidad para nuestros jóvenes, con una columna vertebral constituida a partir de un sistema fuerte de instituciones estatales.
Obviamente, un debate de este tipo no se puede dar en el marco de la Ley de Presupuestos. Pero las señales que se están dando aquí tienen incidencia en la discusión más general, que hoy se encuentra concentrada en el proyecto sobre educación superior que se halla en tramitación en el Congreso Nacional.
Y ahí está lo preocupante, porque el Estado de Chile sigue ninguneando a sus universidades.
Sigue existiendo un desbalance enorme entre los sectores privado y público en nuestra educación superior, en la que este último no representa más allá del 15 por ciento.
Sigue abierta la puerta para que algunas instituciones privadas prioricen objetivos de ganancia por sobre la provisión de una educación de calidad.
Es cierto. Hay que valorar el acuerdo alcanzado, que nos permite caminar un año más. Pero no se debe ocultar una verdad evidente: mientras algunos queremos dirigir los cambios hacia el fortalecimiento de una educación pública, gratuita y de calidad, a otros solo les interesa mantener el sistema tal como está, pero aumentando los beneficios, como un subsidio a la demanda, con las menores exigencias para las instituciones.
Para esos últimos, el aporte de la Universidad de Chile al país es el mismo que el de cualquier entidad privada con un controlador internacional.
La contribución a la ciencia, a la cultura y las artes, a nuestra identidad, al sentido de país es desestimada: lo único que cuenta es la matrícula.
Pero se equivocan: la función del Estado es financiar la educación, ¡no la matrícula!
El destinatario de la labor de la Universidad de Chile es el país todo y no un sector que demanda estudios de pregrado.
Los destinatarios de las universidades regionales son sus comunidades y no sus alumnos regulares.
Por lo mismo, el sostenedor de la Universidad de Chile y de las universidades estatales es el país completo y no sus estudiantes financiados por sus padres o por váucheres.
Es una tarea de la más alta relevancia que el Estado encargó primero a la Universidad de Chile como un elemento esencial de la construcción de la nación.
Hace un siglo y medio nuestro país estaba dando sus primeros pasos. Buena parte del capital construido desde entonces, tanto político como social, económico, cultural, científico, artístico y deportivo, se ha generado sobre estas bases.
Por eso, ¡me indigna cuando se niega el lugar que les corresponde a nuestra Universidad de Chile y a las otras entidades públicas! ¡Me repugna cuando se les mezquinan los recursos, cuando se les asignan unos cuantos pesos más a cambio de entregar mayor financiamiento a las universidades privadas!
Nadie desconoce el rol de universidades que también pueden tener vocación pública, especialmente las tradicionales. Tampoco debe negarse un rol a las privadas, incluso a las que solo tienen vocación de formación profesional. Para regular a unas y otras, la nueva ley establecerá un marco adecuado a estos tiempos y a la realidad nacional.
Yo votaré a favor del acuerdo logrado. Es muy necesario en la coyuntura actual. Pero es mucho lo que se halla pendiente para encontrarse a la altura de la misión que se les ha encomendado a la Universidad de Chile y a las otras universidades, cuya existencia está esencialmente unida a la de nuestro país.
Voto a favor. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, sin duda es importante terminar un proceso largo como el de discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que para los ministros de Hacienda debe de ser traumático.
Ahora, no deja de ser curioso que, al igual que el año pasado, el debate presupuestario, que tendría que haber abarcado el amplio ámbito de la inversión pública, al final se haya concentrado en el tema de la educación.
Eso tiene una explicación muy clara.
La discusión nunca debió darse en tales términos: desde hace rato nuestro país tendría que haber contado con una ley de educación superior.
Lo que ocurre es que, al no existir una normativa de esa índole, es necesario legislar sobre el contenido a través de parches.
Es el típico "a la chilena", en que con alambritos se arregla por un año lo que debía estar completamente ordenado, estructurado, diseñado con mucho tiempo de anticipación y con una proyección muy amplia.
Primera reflexión.
Ojalá que el próximo año no se vaya con la misma lógica al Presupuesto, donde terminaremos discutiendo acerca de una política que debe zanjarse desde una perspectiva legislativa normal, como lo haría cualquier país, sobre todo tratándose de una materia que, como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, constituye una prioridad.
En efecto, este es el tema prioritario de campaña. Y se trata del mismo proyecto que se ha anunciado ocho veces, bajo distintas formas. Pero al final, al no presentarse, debemos empezar a resolver la situación vía parche, con clip.
Segunda reflexión.
Yo valoro que haya habido un acuerdo sustancial.
Yo no soy de aquellos que llegan a un acuerdo y se lamentan todo el día de él.
Creo que se trata de un acuerdo importante, pues se basa en principios esenciales.
Primero, avanzar en que el sistema de ayudas estudiantiles no sea discriminatorio: eso es fundamental.
El sistema propuesto originalmente era discriminatorio. Y no lo decimos nosotros: lo dijo el propio Tribunal Constitucional.
En seguida, por intermedio de la Mesa, quiero corregir al Senador De Urresti, quien sostenía casi que el Tribunal Constitucional era una especie de arma oculta de un sector.
¡La Nueva Mayoría o quienes están al frente han recurrido al Tribunal Constitucional las mismas veces que nosotros!

El señor PROKURICA.- ¡Y los ha escuchado!

El señor COLOMA.- Entonces, si acudimos a él, lo único que les pido es que no digan que ese mecanismo es de uno, porque, como señalé, no es así.
Ahora, deseo señalarles -y esta no es una buena noticia- que ¡han ganado o perdido las mismas veces que nosotros!
Por tanto, que no se no hable aquí de un ente extraño: es un órgano constitucional, cuyos miembros son nombrados a través de un mecanismo mixto, en el que por supuesto no hay incidencia de un grupo determinado (recordemos que interviene fundamentalmente la Corte Suprema).
Que no se diga, pues, que hay una especie de enemigo oculto al cual se recurre permanentemente.
Eso es una inconsistencia intelectual que yo por lo menos reclamo respecto de la mínima coherencia que debería haber a la hora de hacer los planteamientos.
Ese es justamente el tribunal al que, conforme a la Constitución, le correspondía definir en este caso qué era discriminatorio y qué no. Y al haber determinado que era discriminatoria una norma equivalente del Presupuesto anterior, obviamente resultaba menester buscar una solución, la que no puede ser mejor que la que postula que las ayudas estudiantiles dejan de depender de la institución y lo hacen de la vulnerabilidad.
¡Cómo no va a ser un avance para Chile tener una lógica de tal naturaleza!
Ojalá que eso fuera permanente -es lo que yo reclamo-, pero no distinto, pues a mi entender ello sería terrible.
Tercera reflexión.
En la educación técnico-profesional se aumentó el monto de las becas para sus estudiantes, definiéndose criterios de vulnerabilidad y calidad de las instituciones para el acceso (este punto fue largamente discutido en el proyecto de Presupuestos del año pasado). Y me parece un aporte, un avance.
Valoremos, pues, lo que se logró. No se consiguió todo, pero sí que se diera una señal en el sentido de que es esencial que la discriminación no exista y que los técnico-profesionales pasan a tener un rol absolutamente decisivo.
Cuarta reflexión.
Se incorporan 8 mil millones de pesos en apoyo a los estudiantes más vulnerables de Chile, permitiéndose que los que asisten a instituciones no CRUCh y de calidad acreditada accedan a las Becas Bicentenario, que, como sabemos, son las más cuantiosas.
Eso también es una señal de avance. ¿En qué? En la igualdad de oportunidades.
Tal es el eje que vamos a seguir discutiendo.
A mí me interesa la igualdad de oportunidad.
La igualdad en sí misma podrá ser un esquema de campaña; algunos podrán creerlo así. Pero yo considero que la clave es ponerle un apellido, cual es "oportunidad", que es lo que les da sentido a las instituciones y a las reglas.
Yo al menos pienso que ese es un avance relevante.
Quinta reflexión.
Se aportan 500 millones de pesos para fortalecer el rol regional y público de las instituciones del G9, lo que también me parece muy importante.
Por último, con relación al acceso a la gratuidad para los estudiantes vulnerables, se resguarda que las instituciones que adscriban al sistema sean las que cuenten con los más altos estándares de calidad, independiente de si son estatales o privadas.
Porque este es un diálogo que nos está un poquito matando. O sea, tratar de establecer una diferencia entre lo estatal y lo público generando una especie de benemerencia total sobre la lógica del Estado sin negar el valor profundo de lo público es lo que ideologiza, deteriora, destruye el mundo de las oportunidades.
Planteé esto en la discusión previa.
Yo he hablado con el Rector de la Universidad Católica del Maule.
¡Qué más público que esa Universidad!
¡Por qué, entonces, siempre se dice que ese tipo de establecimientos no tienen tal categoría, en circunstancias de que, para efectos públicos, arrojan un resultado muy significativo!
Muchas de esas universidades tienen carácter privado, pero son tremendamente útiles dentro de la sociedad y del mundo regional. ¿Y por qué, entonces, no podemos destacar su rol?
Obviamente, la Universidad de Talca, la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Católica del Maule son aportes a lo público insustituibles. Y los Senadores de las zonas respectivas lo notamos: somos invitados a sus charlas, a ver cómo evolucionan, a sus reflexiones.
Entonces, esta especie de caricatura que se quiere hacer de los buenos y los malos, donde los buenos siempre están al lado de allá y los malos al de acá, me parece absurda.
Espero que en la próxima elección presidencial, a la hora de las propuestas, aquello vaya sincerándose con dignidad y con buen sentido de lo que debemos generar entre todos.
Además de lo que se logró mediante el acuerdo alcanzado, quiero referirme a dos cuestiones que no puedo dejar pasar.
La primera se refiere al presupuesto para ciencia y tecnología. Fue de los pocos sectores en que conseguimos un incremento especial: 2 mil 300 millones para CONICYT.
Eso es valioso, pues no podemos darles la espalda a la ciencia y a la tecnología: los países las necesitan para progresar.
La inversión en ese ámbito sigue siendo baja: 0,34 por ciento, porcentaje muy escaso comparado con cualquier referente de la OCDE y del mundo en general.
Podremos discutir la calidad del gasto, aspecto que siempre debemos ver.
Algunos me dicen: "Senador, esos recursos no siempre se gastan bien".
¡Gastémoslos bien, pues!
Si uno hace un escáner del gasto público se encuentra con muchas cosas que hay que revisar.
Yo he sostenido una y otra vez en las instancias previas a la discusión en la Sala que, cuando la DIPRES o quien sea haga evaluaciones sobre cómo se gasta la plata, aquellas tengan un rol obligatorio o forzado de enmienda si los resultados son negativos.
Sin embargo, en Chile sucede algo muy raro: se evalúan las cosas, y no importa mucho si se evalúan bien, regular o mal, pues al año siguiente el presupuesto pertinente viene igual o casi igual.
Ahí hay una lógica de calidad del gasto en torno a la cual es menester reflexionar de mejor manera.
Pero que CONICYT necesita por donde se mire recursos para mejorar en investigación y desarrollo científico, es una verdad incuestionable, a la que por lo menos se ha hecho referencia en medio de la forma excepcional como se ha legislado en esta ocasión.
Y la segunda cuestión se refiere -todos planteamos el punto- a cuán justo es el cambio que se hizo para permitir que la JUNAEB transfiera a la empresa prestadora de servicios alimentarios recursos para el bono de 67 mil 500 pesos, según determinadas condiciones (2015-2016), asegurando además que se pague a aquellos que tienen contrato vigente o a quienes se encontraban con fuero.
Era algo que habíamos acordado en el Parlamento. Y se entendía que iba a ser de esa forma.
Ahora, si no se concreta, hay que resolverlo.
No fue la mejor manera. Pero considero que las manipuladoras de alimentos pueden sentirse legítimamente orgullosas de haber ejercido una presión sana.
Porque yo siempre he distinguido. La presión ilegítima es inaceptable; la presión legítima es necesaria: es lo que nos abre los ojos, la que nos abre los oídos.
¡Escuchar bien ayuda a deliberar bien y a legislar de mejor manera!
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, termina un proceso largo, importante. Yo espero que el próximo año sea distinto y que las materias se resuelvan con antelación y de mejor forma.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palaba el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, primero quiero señalar que, como lo han dicho distintos Senadores, el Presupuesto 2017, pese a las restricciones económicas por que atraviesa nuestro país, tiene aspectos muy positivos.
Por ejemplo, en Salud. De partida, la construcción de hospitales.
En tal sentido, el cumplimiento del compromiso de la Presidenta Bachelet se mantiene inalterable. Ya no fue tema, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando ese fue uno de los puntos centrales en toda la discusión.
En Vivienda hay una expansión. Se prevé un proceso de construcción casi sin precedente en décadas, además de la existencia de programas nuevos en el sector.
Varios otros temas han sido incorporados recientemente.
Desde luego, me sumo a la lucha que varios Senadores, encabezados por la colega Adriana Muñoz, han dado en el caso de las manipuladoras de alimentos, para saber qué va a ocurrir en los meses de enero y febrero de 2017 con las transferencias a las empresas para pagar una bonificación especial a quienes gozan de fuero y a aquellos que tienen contrato vigente.
Para que no haya confusión, especialmente en las personas que nos acompañan en las tribunas, debo decir que a ese respecto estamos todos de acuerdo: en aquello, que está garantizado, no hay discusión.
Lo que ocurre es que eso no es todo el Presupuesto; este tiene muchos otros ámbitos. Y por ello fue fundamental la discusión de ayer en la Comisión Mixta.
En esta línea, yo quisiera entrar a Educación destacando que, frente a un Presupuesto de la Nación que crece 2,7 por ciento, el del Ministerio del ramo sube 6 por ciento.
En el caso de la educación preescolar, debo connotar -porque a veces escucho sostener de manera majadera (felizmente, ahora, en esta discusión, no) que da la sensación de que no estamos apuntando a la calidad de ella- que el presupuesto crece ¡más de 10 por ciento! en todo lo que es atención kínder, sala cuna, construcción de jardines infantiles. Por lo tanto, hay cumplimiento del compromiso, de la promesa presidencial.
No obstante, al igual que todos los Senadores que han intervenido, deseo llegar al tema que ha acaparado la atención hoy día: el resultado que en Educación se registró anoche en la Comisión Mixta.
Sobre el particular, señor Presidente, concuerdo con lo dicho por varios Senadores de este lado que le han enrostrado a la Derecha el haber hecho una presión indebida y una amenaza al Gobierno, a mí Gobierno, y a algunas bancadas de la Nueva Mayoría.
Yo creo que esa no es la forma de legislar: ¡no se puede legislar bajo amenaza!
Una cosa es cuando cualquier Senador del frente consigna una reserva de constitucionalidad, pues está en todo su derecho, y otra, la amenaza explícita que envuelve decir "Vamos a ir al Tribunal Constitucional".
Es como el cuento que habla de que "¡Viene el lobo!".
En este caso parece que podía haber venido el lobo, porque es probable que la Derecha haya tenido antecedentes sobre cómo iba a votar ¡un órgano constitucionalmente autónomo!, señor Presidente.
¡Eso, en mi concepto, reviste la mayor gravedad!
¡En tal contexto estamos dando esta discusión!
Si alguien piensa que eso prestigia a la política, sería bueno saberlo. Yo creo que no.

El señor PROKURICA.- ¡Para qué lo dice, entonces...!

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, es bueno recordar que el recurso que algunos señores Senadores presentaron el año pasado al Tribunal Constitucional con relación a la Glosa 05 significó que ¡42 mil estudiantes perdieran el acceso a la gratuidad!
O sea, el recurso interpuesto por la Derecha ante el referido órgano no fue algo inocuo: gracias a él, ¡42 mil estudiantes perdieron el derecho a la gratuidad!
Por lo tanto, considero que esas cosas hay que ponerlas en su contexto.

El señor PROKURICA.- ¡Deje de mentir!

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, también quiero señalar que he respaldado todo el presupuesto de Educación en la Subcomisión respectiva, en la Comisión Especial Mixta y en esta Sala, a diferencia de otros que hicieron caer completamente el Programa 29 y el Programa 30.
A ese respecto, hay que reconocer el trabajo de la Comisión Mixta.
Y nobleza obliga: de no haber sido por el esfuerzo que hizo el Gobierno no habríamos tenido un peso para educación superior, ¡para nada!: ni para la promesa de dos universidades, ni para los centros de formación técnica, ni para las estatales, en fin.
Ahora, yo también comparto la preocupación del Rector Vivaldi.
Porque sucede que algunos Senadores dicen: "¡No! ¡Exijámosles a las universidades estatales!".
Es como si las universidades estatales fueran un problema ajeno.
¡Esos señores están en otro país!
¡Aquella es una responsabilidad nuestra! ¡Es parte del juramento que hicimos para incorporarnos al Senado preocuparnos de lo público! ¡Y las universidades estatales son de lo público!
Entonces, aquí se establece una carrera a mi juicio muy poco pareja. Y quiero referirme a lo que esto significa.
En esta Sala varios Senadores han hablado de la línea roja respecto de no traspasar recursos a universidades que estén lucrando.
Por la vía de la extensión de la beca Bicentenario -por si alguien piensa que median los mismos requisitos de la gratuidad, no es así-, podrá acceder a ella, en virtud del acuerdo del Gobierno con la Derecha, una universidad que esté hoy día lucrando, que esté siendo investigada. Es un beneficio que actúa, como se sabe, en función del arancel de referencia, por lo que en algunos casos permitirá alcanzar casi el valor total, efectivamente, cuando el monto sea bajo.
A varios Senadores les he escuchado el relato conmovedor de un joven que estudia en una universidad pública y del hermano que lo hace en una universidad privada.
Quisiera que ambos, en un tiempo no lejano, razonable, pudiesen ir a planteles de enseñanza superior acreditados -es decir, que ni ellos ni sus familias fueran objeto de engaño y no mantuviesen deudas-, sin utilidades retiradas ni reinvertidas en la bolsa vaya a saber en qué país, y, por cierto, de calidad.
Mas también es necesario que les contemos la firme. Existirá la posibilidad, claro, de que obtengan la beca Bicentenario, pero entreguemos toda la información. Muchos de estos jóvenes asistirán a universidades, varias de ellas investigadas, cuyos aranceles no ascienden a tres o cuatro millones de pesos, sino a cinco o seis millones. En algunos casos, son los más caros del mundo. Entonces, tenemos que relatarles la historia completa a los dos hermanos y a la familia, ya que será preciso que pidan un crédito por la diferencia.
Me parece superpreocupante el punto. Y a lo que nos llevará es a dos gratuidades: la que constituye la política principal de la reforma y del Gobierno de la Presidenta Bachelet, por una parte, y, por la otra, la de "la vía voucher", como la he llamado, o sucedánea, conforme a la cual instituciones que ya deben de estar preparando la publicidad para la salida del Metro: "Vaya a estas universidades con la nueva gratuidad" no contarán con ningún incentivo para traspasarse en el futuro a la gratuidad "de la línea roja", mencionada por varios Senadores, en la cual no hay lucro.
Está bien, beneficiaremos a un número muy importante de familias. Cabe decirlo también: de trescientos mil estudiantes, cien mil de los nuevos corresponden a centros de formación técnica e institutos profesionales. Ello no tiene que ver precisamente con la norma, sino, entre otras cosas, con una ley que impulsamos desde estas bancas, cuya aprobación fue resistida hasta el final por algunos Senadores, que les permitía a esas entidades transformarse en sin fines de lucro.
En definitiva, comparto la preocupación de varios Senadores en el sentido de que si bien hay recursos adicionales para las instituciones estatales, será muy difícil salir del catorce por ciento que representa hoy día la matrícula, que debiera ser nuestra principal responsabilidad. Va a costar mucho. Porque, al mismo tiempo, les estamos poniendo incentivos para la carrera a las otras universidades, que son la competencia.
Entonces, creo que si bien se avanza en muchos aspectos, resulta muy curioso que, por segundo año consecutivo, un conjunto de Senadores resista con mucha fuerza la política claramente más exitosa -o concebida así- del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Como abrigo dudas respecto de cuál será el futuro de estas directrices, principalmente a partir de lo ocurrido en la negociación, no voy a acompañar al Gobierno en la presente etapa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir la Honorable señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, coincido con los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra en que, respecto de algo tan trascendental como instalar la educación como un derecho garantizado por el Estado, se legisla y avanza en un escenario de presión y con el bochornoso fantasma del Tribunal Constitucional, que recorre estos debates.
Comparto el malestar y la preocupación por tener que trabajar en tales condiciones y lamento que la Derecha, la Oposición, se parapete en dicho organismo, que se ha ido transformando en la tercera cámara. En la reforma laboral lo vivimos igualmente en relación con el Senador señor Allamand.
Es algo lamentable, porque son discusiones que están concretando cambios sustantivos en algo tan central como garantizar el derecho a la educación de todos nuestros niños.
Valoro, sí, que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet haya logrado avanzar y hacer retroceder las barreras, porque lo peor hubiera sido quedar prisioneros, rehenes, de la presión. Aprecio la capacidad de negociar, de lograr el acercamiento de posiciones, porque el fruto es mucho mayor. A lo mejor se avanza limitadamente en el fortalecimiento de las universidades estatales, pero se progresa en el eje central, que es la gratuidad. Considero un triunfo de la Primera Mandataria lo que estamos consiguiendo en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Respecto de las manipuladoras de alimentos, en la Comisión Mixta del día de ayer se registró una aprobación y un respaldo totales, transversales, a la proposición para la interpretación de la glosa. La norma fue puesta en cuestión por la Dirección del Trabajo y suscitó algunas dudas de la JUNAEB, y durante dos años no se ha cancelado el bono de manipuladora, que significa un complemento de las bajas remuneraciones de este sector laboral y es fundamental en la cadena de la educación. Son las trabajadoras que alimentan día a día a nuestros hijos en colegios y establecimientos.
Ha sido engorroso para las dirigentes de las distintas federaciones tener que sacrificar muchos días y realizar numerosas movilizaciones para lograr hacer entender algo absolutamente obvio, en el sentido de que el derecho al bono les corresponde a todas las manipuladoras de alimentos. Ello, a diferencia de lo establecido por la Dirección del Trabajo en cuanto a que aquellas con fuero maternal o sindical no podían recibirlo en los casos en que las empresas donde se habían desempeñado y se había originado el contrato, todavía vigente, hubieran cesado en licitaciones de la JUNAEB. Lo anterior ha significado un desmedro muy grande para estas madres y dirigentes sindicales.
Por eso, deseo destacar lo hecho por la Comisión Mixta y reconocer la transversalidad en la decisión de entregar una clara lectura e interpretación de la glosa.
Dejo consignado para la Versión Oficial, eso sí, que si bien es cierto que quedó claramente establecido que se cancelarán los bonos de manipuladora de los años 2015 y 2016, no se encuentra en la misma situación lo relativo a 2017, porque ello se apega a la misma redacción de la glosa durante esos dos años y que fue interpretada de una manera bastante errónea por la JUNAEB y la Dirección del Trabajo.
Entonces, deseo hacer constar que en la indicación que tengo a la vista, presentada por el Gobierno -cabe recordar que anoche debatimos y se aprobó ad referendum, por unanimidad, su propuesta de cancelar los bonos de 2015, 2016 y 2017-, no se considera la especificación para 2017. Se corre el riesgo de que la Dirección del Trabajo y la JUNAEB nuevamente empiecen el pimponeo: "La redacción no dice que el bono se les cancelará a todas las manipuladoras, incluidas aquellas que mantienen un contrato vigente con empresas que no licitaron con la JUNAEB".
Como temo que se pueda volver a la engorrosa interpretación respecto de estas trabajadoras, quiero que quede en la Versión Oficial que, tratándose de la glosa del año 2017, se les pagará también a aquellas con fuero que eventualmente vean terminado el contrato de la entidad empleadora con la JUNAEB. Solicito que quede como un mandato para la comprensión de la glosa por las instituciones correspondientes.
Felicito y saludo a las dirigentes que han estado presentes todos estos días y les manifiesto que se pueden ir a casa con la misión cumplida.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, parto por hacer un reconocimiento, en representación de la Oposición, al trabajo que durante todas estas semanas les ha correspondido a quienes han logrado sacar adelante el acuerdo, en particular el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés; el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre; la Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, y la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, y, por qué no decirlo, personas como Sergio Granados, Director de Presupuestos, y la abogada Macarena Lobos, verdadero ejemplo de eficiencia y capacidad, a los que se agregan, en el caso nuestro, los profesionales Jorge Avilés y Felipe Rossler.
Creo que se lo merecen, y deseo dejar constancia de ello, como también del manejo muy sabio demostrado tanto por el Senador señor Pizarro, en todas las etapas de la Comisión Mixta, como por el Honorable señor Zaldívar en el día de ayer.
Dicho eso, quisiera destacar el ambiente de la presente sesión. En los últimos tres años no ha mediado, cuando hemos abordado asuntos importantes y reformas significativas, un clima de amistad cívica, de reflexión, de madurez, de espíritu constructivo. En esta oportunidad no se han registrado, más allá de un par de salvedades, ni exabruptos, ni descalificaciones, ni imputación de intenciones.
Los malos resultados obtenidos por el Gobierno, que cuenta apenas con un quince por ciento de apoyo, ¿no se deberán, precisamente, a no haberse logrado construir la situación que permite hoy alcanzar estos acuerdos?
Lo dejo como una reflexión.
¿Qué quisimos hacer en este Presupuesto, en lo relativo a la educación? Validar el principio de la igualdad de trato en el sentido de que la gratuidad, las becas y las ayudas estudiantiles no podían seguir siendo injustas, odiosas y discriminadoras.
¿Qué razón puede haber -y es preciso repetirlo- para que un estudiante de la Escuela de Derecho de una universidad inobjetable y valiosa como la Diego Portales obtenga una beca de un millón 115 mil pesos y su hermano, por estudiar en la Universidad Católica, acceda a una de tres millones 500 mil?
¿Qué razón puede haber para que un estudiante de ingeniería comercial de una universidad pionera y de gran calidad como la Adolfo Ibáñez obtenga una beca de un millón 125 mil pesos y su hermano, si estudia la misma carrera en la Universidad de Chile, reciba una de tres millones 500 mil?
No hay ninguna justificación para ello.
Y el principio de la igualdad de trato es el que hemos construido junto con el Gobierno y gran parte de sus bancadas. Este es un gran aporte para el futuro de la educación superior chilena.
¿Qué me deja un poco insatisfecho? Que todos hemos logrado igualar las becas en la educación superior, pero, en el caso de institutos profesionales y centros de formación técnica -el señor Presidente lo sabe bien, porque ha encabezado la Comisión de Educación-, solo fuimos capaces de llevarlas a 850 mil pesos.
Los alumnos de estas instituciones son más vulnerables que los universitarios y la mitad trabaja. Hay una tarea pendiente para el Congreso, entonces, porque si hacemos referencia a la justicia, cabe tener presente que quienes más ayuda necesitan son precisamente ellos, que están recibiendo menos.
¿Qué hay en el fondo de la discusión y que quiero abordar? El concepto de igualdad de trato.
Nuestra institucionalidad universitaria es mixta, pluralista, diversa. Nuestros planteles de educación superior públicos, de gestión pública, son muy valiosos: la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Menciono tres que son de orientación pública, con una gestión del mismo tenor: la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral. Y nuestros planteles de educación superior privados -ya señalé antes dos de ellos- son, objetivamente, un tremendo aporte. El propósito de nuestra política pública en educación universitaria tiene que ser capaz de equilibrar y armonizar, precisamente, la diversidad en el sistema.
¿Significa eso que, para toda circunstancia, en todo nivel y respecto de cualquier cosa, es preciso tratar igual a todas las instituciones?
¿Es contrario al sentido común que, de pronto, exista un criterio diferente -voy a explicar por qué- para las universidades del Estado?
Por supuesto que no. Terminemos con los mitos.
¿Qué no se puede hacer?
Lo que no se puede hacer es pretender beneficiar a las universidades estatales discriminando a los estudiantes del resto del sistema. Esa es una mala política pública.
Lo que no se puede hacer es beneficiar a las universidades estatales discriminando a los investigadores. Esa es una mala política pública. ¿Por qué uno de la Universidad Diego Portales va a estar en una situación desmedrada respecto de otro de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica?
Es una mala política pública beneficiar a las universidades estatales y perjudicar, por ejemplo, al resto de las del CRUCh.
¿En virtud de qué se puede plantear, arbitrariamente: "Para que se recuperen las universidades públicas tiene que haber un 40 o un 30 por ciento de matrícula"? ¿Vamos a obligar a los estudiantes a matricularse en una institución y no en otra? Esa es una mala política pública.
Pero ¿cómo no va a ser razonable que el Estado legítimamente pueda establecer programas de fortalecimiento para estas últimas instituciones?
Voy a dar tres ejemplos. ¿La Universidad de Magallanes no podría contar con un presupuesto especial para que por fin exista una política de Estado en todo lo que tiene que ver con la Antártica, recursos naturales y biología?
¿Por qué la Universidad de Atacama no podría recibir una ayuda específica para que por fin sea posible que, con investigación, trabajo y estudiantes, transformemos el Norte en un verdadero foco, ni más ni menos, en lo que tiene que ver con energías renovables vinculadas, por ejemplo, a la radiación solar?
La propia Universidad de Chile forma una gran cantidad de médicos especialistas.
¿El Estado, en estos tres casos o en algunos otros, no puede efectuar aportes concretamente dirigidos a instituciones estatales? Por supuesto que puede hacerlo.
Terminemos, entonces -repito-, con los mitos.
Sobre la base de la misma capacidad con que hemos alcanzado ahora acuerdos, quiero manifestar la voluntad de la Oposición para desentrampar el proyecto de educación superior, hoy día empantanado, después de tres años, en la Cámara de Diputados.
Si hemos podido construir el clima que ha existido en el debate, perfectamente podemos lograr coincidencias y volver -voy a decirlo con todas sus letras- a ese Chile que progresaba en paz que caracterizó gran parte del proceso de transición, diría, con posterioridad a la dictadura militar.
Por último, quisiera exponer lo siguiente: nosotros no queremos ir al Tribunal Constitucional. Ello depende de Sus Señorías. Lo único que les pedimos es que legislen cumpliendo con la Constitución. Nada más. No es mucho.
Y, con relación a las facultades de dicho organismo, no quisiera sumarme a los miembros de la Nueva Mayoría que han establecido una suerte de deporte nacional en criticar por todo al ex Presidente Lagos.
Deseo expresar solo una cosa: la estructura, la integración y las atribuciones del Tribunal -todas- son producto de una indicación presentada en el año 2005 por el entonces Primer Mandatario, de manera que quienes formulan objeciones a esos aspectos de la entidad, así como a su funcionamiento, al parecer las dirigen a su propio candidato presidencial, lo que no creo que sea lo más edificante para ellos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, lo primero que deseo observar es que un tema tan delicado como es la educación del país, particularmente la superior, no debería ser discutido en una glosa. Y es segundo año que ello ocurre. Eso nos ha impedido hacer un debate sobre el Chile que queremos y sobre la manera en que es posible crear un sistema de educación superior que responda a las necesidades de esa visión de país.
Esta es una autocrítica que tenemos que hacer, ya que por la vía de las glosas se termina avanzando, más que en la dirección de lo que queremos intuitivamente -porque no lo hemos formalizado en un proyecto, con la consistencia que merece-, en líneas que a veces son contraproducentes.
Por ejemplo, no veo que se haya fortalecido el sistema de educación pública ni el rol y el compromiso del Estado con sus propias universidades.
En segundo lugar, se mantienen mecanismos como el CAE, que ha sido de un costo brutal, a pesar de contar con la garantía del Estado. Se ha prestado para abusos y el propio Banco Mundial ha señalado que la manera en que está construido el sistema actualmente les permite a los bancos acumular una cartera rentable y libre de riesgos, cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas.
En seguida, se mantienen otros problemas.
Por ejemplo, no tenemos un sistema de educación superior coherente en función de un desarrollo país. Estamos viendo la proliferación de instituciones de enseñanza que no cumplen con los estándares de calidad, ni tienen proyectos razonables y constructivos; que constituyen un verdadero engaño a los estudiantes, quienes enfrentarán un futuro laboral incierto. Porque, más allá del título que porten, dichas instituciones no les brindan la calidad técnica y profesional que el mercado laboral les exigirá.
Al no existir coherencia en muchas carreras que son técnicas y que, sin embargo, se alargan artificialmente, terminamos encareciendo la educación superior, desfinanciando el sistema y privando de un futuro serio a los jóvenes que se entregan, con la ilusión de que el título universitario por sí solo les asegurará un futuro. Y sabemos que no es así.
Por consiguiente, debemos pensar en un sistema de educación superior que ponga orden y que realmente valorice a las universidades con misión y vocación propias, para que ingresen a ellas quienes tienen determinados talentos, capacidades y esfuerzo. Distinto es el caso del joven que posee capacidades y vocaciones más prácticas, quien en la educación técnico-profesional, en menor tiempo, podría tener un título en su mano y salir al mercado laboral.
Quiero destacar que, según la SOFOFA, en Chile existe un déficit de más de 600 mil puestos de trabajo para técnicos y profesionales. No los hay porque estudian carreras con nombres rimbombantes que duran cinco años, pero que no los forman en las competencias necesarias para desempeñarse ni en lo universitario ni en lo técnico. Debemos regular esa situación si de verdad queremos que en nuestro país exista un sistema coherente y consistente.
Con respecto a esta discusión, tampoco deseo quedarme con la sensación negativa. Considero que hay avances. El Senador Montes propuso un rol más activo de la Contraloría para seguir el destino y uso de los aportes públicos a instituciones privadas. Eso es valioso, aun cuando el propio Contralor advirtió que sin aporte financiero no puede garantizar que se fiscalizará. De manera que es más un principio que una decisión.
En tercer lugar, estimo que estamos ante un importante avance en materia de gratuidad, sobre todo para los jóvenes que estudian en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales, toda vez que son los jóvenes que más ayuda necesitan, los que están más cerca de obtener un título en dos años y los que tienen mayor vulnerabilidad.
También es positivo que por lo menos CONICYT haya recuperado los fondos originales.
Y me parece de entera justicia que las manipuladoras de alimentos de la JUNAEB accedan con toda claridad a beneficios que en derecho les corresponden.
No todo es negativo, pero insisto en que no podemos seguir definiendo el futuro de la educación superior a través de glosas.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (26 votos a favor, 2 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores De Urresti y Girardi.
No votaron, por estar pareados, la señora Van Rysselberghe y el señor Quintana.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Queda, por tanto, despachado el proyecto.

--(Aplausos en tribunas).
)---------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa un documento en que los Honorables señores Girardi y Matta solicitan autorización para ausentarse del país a contar del 30 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
)---------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ahora corresponde darles la palabra a los señores Ministros.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Ministra de Educación...

El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿puedo decir una cosa antes?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¡Usted no puede hablar por el Ejecutivo, señor Senador...!

El señor MONTES.- ¡Por cualquiera menos que por el Ejecutivo...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra.

El señor MONTES.- Señor Presidente, simplemente quiero decir que a estas alturas lo normal sería que definiéramos qué programas se evaluarán el próximo año. Me gustaría que existiera un procedimiento para configurar la lista de lo que se evaluará.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor ALLAMAND.- ¡A la FIFA...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si lo tiene a bien el Ejecutivo, también puede responder la consulta del Senador señor Montes.
Le ofrezco la palabra a la señora Ministra de Educación, doña Adriana Delpiano.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero agradecerles a todos y cada uno de los parlamentarios por la aprobación del presupuesto que estaba pendiente de la Partida Educación.
Deseo señalar también que, tal como lo indicó el Senador Allamand, para nosotros es una prioridad muy grande seguir avanzando con la "Ley larga" de educación superior. Ha llegado el momento de hacer las discusiones de fondo.
Simplemente deseo aclararle a algún señor Senador que planteaba que la "Ley larga" no estaba que, en verdad, el proyecto ingresó hace casi tres meses a la Cámara de Diputados. Se ha escuchado a especialistas y a mucha gente. Y realmente quisiéramos ponerle toda la urgencia del caso para que se vote en general y podamos discutirlo en particular.
Considero que el avance que hemos tenido en estos días también genera un clima propicio para llevar adelante una discusión que finalmente tendrá carácter de Estado.
Hay diferencias entre los distintos sectores. Pero creo que podemos llegar a acuerdos sustantivos sobre cómo se dibuja el sistema de educación superior del país, el cual no solo es heterogéneo por considerar diversos proyectos, sino que también lo es por su calidad y por situaciones anómalas que se viven. Por lo tanto, yo espero que la mejora sea realmente lo que nos guíe respecto a cómo discutirlo.
Quiero dejar constancia de que en esa discusión larga se resolverán muchas de las materias que han salido acá -no hemos querido intervenir para responderlas una a una, porque no corresponde; además estaba abierta la votación-; esa será la oportunidad de tener claridad con relación a la gratuidad, a las regulaciones que requiere el sistema de educación superior y, sobre todo, a la preeminencia que le queremos dar al sistema técnico-profesional, en lo que ya estamos trabajando.
Tenemos un Consejo de altísima calidad, que es representativo, que está funcionando y que se ha propuesto sacar en los próximos meses una política nacional de educación técnico-profesional en la cual, como ha señalado el Senador Guillier, se considere que lo importante es el perfil de cada carrera, el marco de las cualificaciones. La idea es que no sean los títulos rimbombantes los que lleven a un estudiante a elegir una carrera, sino en qué se forma y en qué nivel. Eso permitirá que realmente tengamos un sistema de educación superior de excelencia.
Yo destaco muchísimo -con esto termino, señor Presidente- la valoración que se ha hecho respecto de la necesidad de ocuparse -no solo de preocuparse- de las universidades estatales, pues ellas son parte de un patrimonio de todos. Por cierto, necesitamos ver cómo se mejora, cómo se encargan trabajos, cómo se hacen asesorías entre las propias casas de estudio y cómo se genera una red.
Por otro lado, sabemos que el país tiene una trayectoria de buenas y muy buenas universidades privadas de vocación pública, que ni siquiera se agotan en el CRUCh. Hay muchas que están fuera de él y que forman parte de las que han entrado a la gratuidad en estos años. A ellas también les damos las gracias por su disposición.
Quiero terminar felicitándonos y agradeciendo.
Agradezco el cumplimiento de los acuerdos que ha suscrito en esta materia la Oposición, encabezada por los Senadores señora Von Baer y señor Allamand, porque eso permite recuperar las confianzas.
Llegamos a acuerdos, los suscribimos y se mantuvieron. Creo que eso le hace bien al país.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés.

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo me resta agradecer la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos. Tuvimos una muy buena discusión y una muy buena disposición de los parlamentarios de ambas Cámaras.
Quiero reconocer las modificaciones realizadas en Agricultura; en CONICYT, en transparencia y control. Tendremos que ver cómo damos inicio a una discusión -que va a ser dura- sobre la manera de financiar a los nuevos parlamentarios con los cambios que se vienen...

El señor PROKURICA.- ¡No los aumentemos, señor Ministro!

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Y está, ciertamente, lo relativo a Educación.
Nos quedan muchos temas abiertos para la "Ley larga". Solo nombro algunos, para empezar a reflexionar: ¿Qué vamos a hacer con la gobernanza de las universidades públicas? ¿Qué vamos a hacer con el lucro, que está prohibido, pero que nos cuesta controlar? ¿Cómo será la composición, en el mediano plazo, de este sistema? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? ¿Qué vamos a hacer con el CAE?
En fin, hay muchos temas de mediano plazo que requieren atención.
Quiero repetir algunos de los nombres que recién mencionó la señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-: los Senadores señor Allamand, señora Von Baer y señor García, quienes empujaron este acuerdo. Agrego, también, a los Senadores señores Montes y Zaldívar, quienes también nos ayudaron a lograr un equilibrio en esto.
El Senador Montes tiene una visión muy clara de cómo debiera ser el sistema, y quiero reconocer en él una influencia muy importante sobre los acuerdos finales.
Nos vamos con tareas: el programa de fortalecimiento de las universidades estatales a partir de un crédito del Banco Mundial; los incentivos al retiro y una propuesta a la Comisión Mixta, en unos 15 días más, respecto a qué programas van a ser evaluados. Esto ya lo tratamos en la Cámara de Diputados y debemos conversarlo en esa Comisión.
Por último, agradezco a los Honorables señores Pizarro y Zaldívar.
El Senador Pizarro hizo un gran trabajo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que es la etapa más importante donde se discute este proyecto. Fue una labor muy productiva.
Así que muchas gracias por la aprobación.
Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias a usted, señor Ministro.
Vamos a pasar al proyecto que está en el número 3 de la tabla.
El señor MONTES.- Perdón, señor Presidente, que conste que consulté al Ministro sobre cómo se resuelven los programas a evaluar.


CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.689-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 67ª, en 22 de noviembre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es crear una institución con cobertura nacional que, a través de sus oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala, otorgando apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsando, a su vez, obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura deja constancia de que, por acuerdo de la Sala del Senado de fecha 1 de junio de 2016, se autorizó la discusión del proyecto en general y en particular a la vez, no obstante lo cual la Comisión acordó discutirlo solo en general.
La mencionada Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Muñoz y Von Baer y señor Quinteros.
Cabe tener presente que los artículos 3°; 6°; 7°; 9°; 14, numeral 1), y 16 permanentes, así como los artículos primero y segundo transitorios, tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 71 a 84 del primer informe de la Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, corresponde el informe de la Comisión.

La señora MUÑOZ.- Sí, tiene que haber primero un informe.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, lo mío es una cuestión de Reglamento.
Tranquilidad, Senador Quinteros. Después puede intervenir; no se preocupe.
Señor Presidente, a mí me importa mucho que haya un buen debate de este proyecto. Y, por razones obvias, pido segunda discusión, porque hay Senadores que quieren intervenir, pero se encuentran en Comisiones...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay necesidad de que fundamente más, señor Senador. Está clara su petición.

El señor MOREIRA.- Pido segunda discusión, sin perjuicio de que el Senador Quinteros, que está muy ansioso, haga uso de la palabra. No hay ningún problema.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El Senador señor Coloma también había solicitado segunda discusión.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, nuestra intención era únicamente dar lectura al informe de la Comisión, precisamente, por lo que ha dicho el Senador Moreira. Pensamos que este proyecto es muy importante y merece ser más discutido.
Entonces, deseamos dar el informe para avanzar.
Lo dejo a criterio de la Mesa.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿se va a levantar la sesión?

El señor PROKURICA.- No. Hay otros proyectos.

El señor MOREIRA.- Es que no tenemos quorum para tomar acuerdos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entiendo que el Senador señor García había pedido la palabra.

El señor MONTES.- El Senador Quinteros no ha terminado, señor Presidente.

El señor QUINTEROS.- Le pregunto al señor Presidente si se lee el informe de la Comisión o no. Nada más.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, por supuesto.
Tiene la palabra, señor Senador.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con fecha 4 de noviembre de 2014, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó a la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, donde fue aprobado por 104 votos.
Posteriormente, el 4 de mayo del presente año, comenzó su tramitación en este Senado.
El proyecto persigue: "Crear una institución con cobertura nacional que, a través de sus oficinas regionales, contribuya a mejorar la capacidad productiva y comercial de los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala, otorgando apoyo a estos sectores en casos de catástrofe e impulsando, a su vez, obras de desarrollo de infraestructura con el fin de fomentar y promover el desarrollo productivo de sus beneficiarios".
Para cumplir lo anterior, se prevé que el INDESPA contribuya a mejorar la capacidad productiva y/o comercial de los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala; proporcionar asistencia técnica y capacitación en aspectos productivos y de comercialización y contribuir a fortalecer el desarrollo integral y armónico de las caletas artesanales; otorgar apoyo a los sectores de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala, en casos de catástrofe y/o emergencia declarada por la autoridad competente; facilitar el acceso al crédito mediante la articulación pública y privada; desarrollar obras de infraestructura de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala y coordinar, ejecutar y/o financiar, según corresponda, la acción del Estado orientada a dichos objetivos.
Los principales beneficiarios de este nuevo Servicio son:
-Los pescadores artesanales con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal.
-Los micro y pequeños acuicultores.
-Las organizaciones constituidas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala.
Por otra parte, este proyecto de ley considera como presupuesto inicial la cantidad de 16.115 millones de pesos y de 25.459 millones de pesos en régimen, a los tres años de entrada en vigencia de la ley.
Cabe destacar que actualmente existen dos fondos en esta materia, uno administrado por la Subsecretaría de Pesca (FAP) y otro administrado por el SERNAPESCA (FOPA). Y lo que propone esta iniciativa es eliminar ambos fondos para constituir este organismo público llamado "INDESPA".
El proyecto considera también la posibilidad de suscribir convenios con el Gobierno regional, la CONADI, el INDAP, la CORFO, el SERCOTEC y los municipios para poder generar un símil de los PRODESAL. Así, el INDESPA colocará recursos y el municipio podrá colocar otros tantos, por ejemplo para poder levantar oficinas de asesoría técnica a los pescadores artesanales en las distintas comunas.
Esta nueva institucionalidad generará más contrataciones, porque a los 91 funcionarios que considera el proyecto original se agregan los que actualmente están en los diferentes programas que se ejecutan en regiones con cargo a los convenios de los Gobiernos regionales, y además se suman aquellos que formen parte de los convenios con los municipios, la CORFO, el SERCOTEC o la CONADI o con quienes se logre articular esta figura.
Por último, cabe hacer presente que el proyecto fue acordado en forma unánime por los Senadores señoras Carolina Goic, Adriana Muñoz y Jacqueline Van Rysselberghe y el que habla, quien preside la Comisión.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación general de este proyecto y la apertura de un plazo de indicaciones acotado, hasta el regreso de la semana regional, con el objeto de dar pronto despacho a esta importante iniciativa, que va en beneficio de los pescadores artesanales y los pequeños acuicultores.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias por su informe, Su Señoría.
Senador Moreira, ¿está solicitando que ingrese a la Sala el Subsecretario de Pesca subrogante?

El señor MOREIRA.- No, Señor Presidente, no voy a dar la unanimidad.

La señora MUÑOZ.- Solicitó segunda discusión.

El señor MOREIRA.- Exactamente, porque prefiero enriquecer el debate mañana, con los demás colegas.
Está a punto de terminar el Orden del Día y ha sido una jornada muy dura para todos. Mañana vamos a tener otra, probablemente hasta las 23 o 24 horas, pues hay una serie de proyectos con "discusión inmediata" que habrá que tratar hasta su total despacho, así que no creo que vaya a haber ningún problema en ver también este.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Senador, le aclaro que aún queda tiempo para el Orden del Día y se hallan en tabla un par de proyectos de acuerdo.
Además, el hecho de pedir segunda discusión no significa que no pueda haber una primera. Por eso el Senador Quinteros entregó su informe.
Sin embargo, no tengo más inscritos para intervenir en esta materia, por lo que continuaríamos mañana con este tema.
El señor De Urresti me ha pedido la palabra.

El señor DE URRESTI.- Para hacer una observación en la misma línea, señor Presidente.
Este es un proyecto de enorme importancia para los pescadores artesanales, que ha sido discutido en abundancia y respecto del cual existe unanimidad. El informe del Senador Quinteros fue muy completo, por lo que tal vez podríamos fijar el plazo de indicaciones, aceptando, si le parece a la Sala, el propuesto por el Presidente de la Comisión.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Como se pidió segunda discusión y no hay más inscritos para la primera, eso tendrá que verse mañana, señor Senador.
--El proyecto queda para segunda discusión.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción