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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesiones 63ª, ordinaria, y 64ª, extraordinaria, empalmadas, en miércoles 16 de noviembre de 2016
(De 16:26 a 20:45)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González.
Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria de Previsión Social, señora Jeannette Jara Román; el Superintendente de Pensiones, señor Osvaldo Macías Muñoz; el Director Nacional del Instituto de Previsión Social, señor Patricio Coronado Rojo, y la Coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, señora Paula Benavides.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 60ª y 61ª, ordinarias, en 8 y 9 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia que hizo presente para la discusión del proyecto que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas (boletín Nº 10.495-15).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional (boletines números 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos).
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín Nº 9.689-21).
2) Proyecto que modifica la ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales (boletín Nº 9.890-08).
3) Proyecto de ley que moderniza la legislación aduanera (boletín Nº 10.165-05).
4) Proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín Nº 10.482-21).
5) Proyecto que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley Nº 20.822 (boletín Nº 10.744-04).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín Nº 6.252-09).
2) Proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín Nº 8.584-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 18 y 20 de noviembre del presente año para dirigirse a la ciudad de Lima, República del Perú, con el objeto de participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2016.
Informa que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Contesta acuerdo del Senado por el cual se solicita que se adopten las medidas necesarias para evitar que los recursos naturales endémicos y de uso ancestral sean utilizados, patentados y comercializados sin restricción alguna por particulares, empresas o laboratorios (boletín N° S 1.902-12).
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Responde a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Guillier, sobre las razones de la demora en la instalación del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta.
De la señora Ministra de Salud:
Da contestación a preocupación, expuesta en nombre del Senador señor Navarro, sobre el déficit de médicos especialistas en Coihaique y los motivos de la paralización de actividades convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
Del señor Ministro de Energía:
Remite antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la implementación y puesta en marcha del Centro de Investigación e Innovación de Energía Marina en la Región de Valparaíso.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Atiende petición, hecha en nombre del Senador señor García, sobre la posibilidad de presentar una iniciativa de ley para establecer algún mecanismo que evite que el pago de las pensiones influya en la declaración anual del impuesto a la renta.
Contesta petición de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a la correlación existente entre los menores que han pasado por el Servicio Nacional de Menores y aquellos que han cometido delitos y se encuentran procesados o condenados.
Atiende solicitud, realizada en nombre del Senador señor Navarro, para informar acerca de materias relativas al caso "Papeles de Panamá".
Del señor Superintendente de Pensiones:
Contesta solicitud, hecha en nombre del Senador señor Navarro, para informar en cuanto a la procedencia de que los asesores previsionales contemplados en el decreto ley Nº 3.500 emitan boletas de honorarios a nombre de las compañías de seguros que otorgan la pensión bajo la modalidad de renta vitalicia.
Del señor Intendente de Los Ríos:
Adjunta antecedentes sobre las dependencias institucionales existentes en la ciudad de Valdivia, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Presidenta de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:
Responde oficio del Senador señor Chahuán relativo al beneficio de la libertad condicional.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE):
Remite respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Quinteros, con relación a las organizaciones de pesca artesanal de la Región de Los Lagos beneficiadas con recursos traspasados desde el Gobierno Regional en los últimos tres años.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Da respuesta a inquietud, manifestada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre nómina de los proyectos aprobados con resolución de calificación ambiental favorable que no iniciaron su construcción en el plazo de cinco años establecido por la ley, por lo que fueron caducadas por ese servicio.
Del señor Secretario Municipal de la Municipalidad de Santiago:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a la remisión de copia de las memorias, balances o estados de resultados informados por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas durante los últimos diez años.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior entre la República de Chile y la República del Ecuador", suscrito en Quito, Ecuador, el 15 de octubre de 2015 (boletín Nº 10.713-10).
--Queda para tabla.
Moción
De los Senadores señores Moreira, Chahuán, García-Huidobro, Larraín y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 116 bis del Código del Trabajo en lo relativo a los turnos de guardia de los capitanes de nave y jefes de máquina (boletín Nº 10.969-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).- Como Sus Señorías saben, está en discusión el reajuste de las remuneraciones del sector público.
No se descarta que eventualmente debamos conocer un proyecto nuevo que aborda esa materia.
Tampoco, que eventualmente -siempre hablo en condicional- tengamos que hacer aquello hacia el final de esta jornada. Lo encuentro poco factible, pero debo advertirlo.
De no ser así, lo probable es que tengamos que discutir dicha iniciativa en el día de mañana.
Lo advertimos en su oportunidad a nivel de Comités. Sin embargo, quiero reiterarlo, para que no sorprenda a Sus Señorías.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín, y luego, el Senador señor Navarro.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo que ese proyecto estaría entrando esta tarde a la Cámara de Diputados con "discusión inmediata". Y probablemente van a querer despacharlo hoy.
La "discusión inmediata" dura 6 días. Entonces, aquí podríamos comenzar a debatir esa iniciativa el martes próximo.
Yo pregunto cuál es la urgencia de discutirla hoy, o aun mañana, si el reajuste debe empezar a regir el 1° de diciembre. O sea, tenemos tiempo para hacerlo. Y ello podría permitir incluso un estudio más pormenorizado.
Lo señalo con el mejor espíritu. Porque nosotros planteamos algunas ideas, parte de las cuales -entiendo- se han recogido. Por lo tanto, estamos hablando desde un ánimo positivo, para no alterar los procesos ni los tiempos normales de trabajo programados por cada uno de nosotros.
No visualizo que sea ultranecesario tratar ahora la referida iniciativa, pues entrará a regir como ley más tarde. De modo que bien podemos despacharla dentro de plazo la próxima semana.

El señor LAGOS (Presidente).- Entiendo su predicamento, señor Senador. Pero no quisiera que se discutiera mucho sobre la materia, pues estamos especulando en torno al ingreso del proyecto en cuestión.
En todo caso, yo percibo que cuanto antes se dé una señal en el sentido de que se aprobó un reajuste para los funcionarios públicos será bastante mejor, más allá de que entre a regir el 1° de diciembre, por las consecuencias que está teniendo la movilización de los trabajadores, en fin.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, y después, el Senador señor Pizarro.

El señor MOREIRA.- No creo que manden el proyecto esta tarde, señor Presidente, pues hay cambio de gabinete.

El señor LAGOS (Presidente).- ¡Se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, señor Senador...!
Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a propósito de la llegada del proyecto de ley de reajuste, la Asociación de Funcionarios del Congreso Nacional nos entregó a todos los Senadores -también a Su Señoría- una carta mediante la cual demanda excluir a aquellos del sistema de reajuste, toda vez que el tope daña y cercena sus remuneraciones por la vía de marginarlos.
Por lo tanto, debemos a lo menos tener presente eso cuando recibamos el proyecto pertinente.
Entiendo que dicha misiva también se hizo llegar a la Mesa del Senado.
Se trata -repito- de una petición de la Asociación de Funcionarios del Congreso Nacional, la que nos manifiesta su preocupación por el límite que se ha puesto al reajuste de remuneraciones, el cual excluye a importantes asesores históricos de todos nosotros.

El señor LAGOS (Presidente).- Efectivamente, señor Senador, me reuní ayer con los dirigentes; informé a los Comités sobre sus demandas; también informé al Gobierno. Y vamos a ver cómo abordamos la decisión tomada, que, en todo caso, escapa a nuestras atribuciones.

El señor NAVARRO.- Así lo entiendo.

El señor LAGOS (Presidente).- Pero comprendo perfectamente el sentido profundo de su preocupación.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente. Y los funcionarios también están preocupados.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Quiero plantear una cuestión práctica de orden, señor Presidente.
Es probable que la Cámara analice el mencionado proyecto de reajuste hoy; y seguramente la discusión terminará tarde. Pero también existe la posibilidad de que decida votarlo mañana por la mañana, pues ese día tiene sesión ordinaria.
Entonces, creo que Su Señoría debería hacer una citación doble: para mañana en la mañana, si la Cámara Baja despacha la iniciativa esta noche, o para mañana en la tarde, si la despacha en la mañana de ese día.
Ahora, a propósito de lo que planteó el Senador Larraín, debo subrayar que tenemos cierta urgencia ante un proyecto que ya ha sido rechazado dos veces: el texto en sí y el veto. Y todos sabemos lo que ha significado el tratar de conseguir un acuerdo mínimo.
Además, estimo que nadie entendería que nos diéramos hasta el próximo martes para abordar una materia sobre la cual hay un debate a nivel nacional y con consecuencias muy complejas para los ciudadanos.
Lo más factible es que en nuestras regiones nos digan: "¡Cuándo van a aprobar el proyecto!", o "¡Por qué no lo han aprobado!", o "¡Por qué no lo estudiaron!".
Hay que darse cuenta -lo digo con franqueza- de que en los medios de comunicación durante los últimos días aparece instalado que el Congreso no está despachando la iniciativa, que somos los parlamentarios quienes no estamos discutiéndola y aprobándola.
Si nosotros dijéramos "No, esperemos hasta el próximo martes", sería una muy mala señal.
Los otros temas, por supuesto, se podrán conversar en el curso del debate, o previamente entre nosotros y con el Ejecutivo, respecto de las propuestas hechas a fin de fijar ciertos objetivos para tratar los proyectos de reajuste hacia el futuro.

El señor LAGOS (Presidente).- Yo opino, señor Senador, que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tomar una definición sobre el particular, en la medida que nos den la oportunidad. Sin iniciativa no podemos tomar la oportunidad.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Solo quiero, señor Presidente, insistir en lo expuesto por el colega Pizarro.
Considero absolutamente necesario que el proyecto se trate cuanto antes. Y si es menester sesionar el jueves, o el viernes u otro día, deberemos poner todo nuestro esfuerzo para que ello ocurra.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, para el caso de que avancemos en los primeros tres proyectos del Orden del Día, solicito que veamos la posibilidad de poner en cuarto lugar el que está signado con el número 7, o incluso, la de colocarlo antes.
Es un proyecto muy simple, que fue informado por la Comisión de Trabajo.
Se trata de que, cuando el trabajador o sus causahabientes o herederos ejerzan las acciones indemnizatorias emanadas de los daños por la responsabilidad contractual del empleador en materia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, sean competentes los tribunales del trabajo y no los civiles.
Es un tema básico, que podemos ver antes.
En verdad, esta iniciativa debería figurar en el Fácil Despacho.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Le parece, señor Senador, que mantengamos el Orden del Día de la manera como está?
Entiendo que se pedirá segunda discusión para algunos proyectos. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, sobre todo con la primera iniciativa, atinente al reajuste de las pensiones básicas, que es muy importante,...

El señor LETELIER.- Después de esa.

El señor LAGOS (Presidente).- ... después de esa, si es factible, podemos adelantar la individualizada por Su Señoría.
¿Le parece?

El señor LETELIER.- Sí, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, es lo mismo que planteaba el Senador Montes en el caso del informe de la Comisión Mixta -esta acaba de terminar su estudio- recaído en el proyecto sobre incentivo al retiro, que se aprobó casi por unanimidad.
Se requiere un pronto despacho de dicha iniciativa, para que miles de profesores puedan impetrar el beneficio.
Por lo tanto, sería bueno que se tratara sobre tabla. La Secretaría de la Comisión de Educación está en condiciones de entregar el informe en una hora más.

El señor MONTES.- ¡El certificado!
Pido la palabra.

El señor LAGOS (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor MONTES.- Señor Presidente, ese proyecto está contra el tiempo.
Si se viera sobre tabla con certificado, este podría hallarse listo dentro de pocos minutos.

El señor LAGOS (Presidente).- Está bien: una vez que tengamos el certificado lo discutiremos sobre tabla.
Imagino que hay acuerdo para tratarlo con certificado.

El señor PIZARRO.- Conforme.

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
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El señor LAGOS (Presidente).- Se encuentra en las tribunas la agrupación Compañía de Danza Mayor, de la ciudad de Victoria.
Saludamos a su Presidenta, señora Mercedes Tecne, y a quienes la acompañan.
Son invitados de todos nosotros, pero en particular del Senador señor Espina y del Diputado señor Diego Paulsen.
¡Muy bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
V. ORDEN DEL DÍA.



REAJUSTE EXTRAORDINARIO A PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede reajuste extraordinario a la pensión básica solidaria, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.940-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 60ª, en 8 de noviembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 62ª, en 15 de noviembre de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es otorgar un reajuste extraordinario a la pensión básica solidaria.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, Montes, Pérez Varela, Pizarro y Tuma.
Cabe tener presente que el artículo 2o incide en una norma de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 18 votos favorables.
El texto que se propone aprobar está transcrito en las páginas 8 y 9 del informe.
Nada más, señor Presidente.


El señor LAGOS (Presidente).- Se ha pedido autorización de la Sala para que ingresen la Subsecretaria de Previsión Social, señora Jeannette Jara; la Coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, señora Paula Benavides, y el Superintendente de Pensiones, señor Osvaldo Macías.
¿Les parece a Sus Señorías?

El señor NAVARRO.- No hay autorización, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- No existe consenso.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ante los diversos proyectos, existe el criterio -hay excepciones- de que entren los asesores.
No veo por qué razón hoy día se opone un Senador que de corazón es de la Nueva Mayoría.
Yo le pediría a usted, señor Presidente, que más adelante recabara de nuevo la autorización necesaria para que ingresen a la Sala los asesores que individualizó.
También le solicito que al inicio del estudio de este proyecto de ley abra de inmediato la votación, por el problema del quorum.

El señor LAGOS (Presidente).- Sobre lo último, no hay acuerdo.
En cuanto a lo primero, yo entiendo que, cuando el Ejecutivo solicita autorizar el ingreso de subsecretarios o asesores, es para un mejor despacho del proyecto pertinente.
En consecuencia, debo inferir que, si no se quiere permitir la entrada de las personas que individualicé, es porque no se desea el mejor despacho de esta iniciativa.
Tal es, a mi juicio, el sentido de la presencia de dichos personeros en la Sala, no que vengan acá a figurar.
Sin embargo, es claro que a tal efecto se requiere unanimidad.
En consecuencia, les pido que hagamos un esfuerzo para permitir que ingresen la Subsecretaria de Previsión Social, el Superintendente de Pensiones y la Coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda a los efectos señalados.
Hay oposición.

El señor BIANCHI.- Pregunte de nuevo a la Sala.

El señor MOREIRA.- ¿Sabe de qué manera se soluciona el problema, señor Presidente? Como dichos personeros están afuera, ¡salgamos nosotros...!

El señor LAGOS (Presidente).- Eso no es posible, señor Senador, porque ¡debemos actuar en esta sede...!
Le damos la bienvenida a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social.
También, a la señora Ministra de Educación, quien está a la espera de lo que vaya a ocurrir con el certificado de la Comisión Mixta a que ya se hizo referencia.
Tiene la palabra la Ministra señora Rincón.

La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, Honorables Senadores y Senadoras, durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se dio un gran paso para apoyar a los adultos mayores al crearse el Pilar Solidario mediante una reforma que se aprobó el año 2008 en este Parlamento por muchos de ustedes.
Los principales beneficios de esa reforma fueron la creación de la pensión básica solidaria -la creación, por tanto, del primer pilar de la seguridad social en nuestro país-, cuyo monto actual es de 93 mil 543 pesos, y el aporte previsional solidario, que complementa las pensiones en nuestro país.
Ello permitió asegurar un grado razonable de protección y autonomía económica para nuestros pensionados y nuestras pensionadas.
Ese pilar cumple un rol fundamental en la prevención de la pobreza durante la vejez y la invalidez, y tiene como efecto sustancial una suficiencia y una equidad que permiten aumentar pensiones y tasas de remplazo.
Actualmente, son motivo de especial preocupación los bajos montos de las pensiones en nuestro país. Y si bien la reforma que hizo la Presidenta en su primer Gobierno constituyó un paso importante, debemos continuar avanzando para mejorar las pensiones.
En esa lógica el Ejecutivo, para construir un gran acuerdo nacional, ha convocado a todas y todos los actores a buscar soluciones de fondo. Pero ese es un proceso largo, que requiere debate, que requiere análisis técnico, que requiere tiempo para su construcción.
Por ello, el proyecto de ley que hoy día discutimos en segundo trámite constitucional establece un reajuste extraordinario a las pensiones en 10 por ciento para la pensión básica solidaria de vejez, a partir de enero del 2017. Al reajustar esa pensión, automáticamente se reajusta la pensión básica solidaria de invalidez, tal como lo dispone el artículo 19 de la ley N° 20.255. Y los aportes previsionales solidarios también se recalculan e incrementan según las reglas aplicables a ella.
Esta es una medida que va en la línea de lo que acordó la Comisión Asesora de Pensiones, que presidió el profesor Bravo y que respaldó, transversalmente, casi la totalidad de sus miembros: 23 de ellos, de un total de 24, coincidieron en la necesidad de aumentar las pensiones básicas.
El proyecto de ley establece igualmente que el reajuste extraordinario propuesto es sin perjuicio del reajuste ordinario que se otorga anualmente por la variación del IPC, el cual se mantendrá en los mismos términos y fechas actuales. Para ello, se contempla una norma especial, que resguarda la plena aplicación del segundo.
Esperamos, como Gobierno, contar con el apoyo unánime del Senado, tal como sucedió en la Cámara de Diputados, de manera que todos los beneficiarios de una pensión básica solidaria o de un aporte previsional solidario, quienes al 31 de agosto recién pasado ascendían a 580 mil 933 y 776 mil 543 personas, respectivamente, puedan ver incrementado, a contar del 1° de enero próximo, el monto de los aportes que reciben del pilar solidario. Así, un millón 357 mil 476 beneficiarios del pilar solidario serán favorecidos con la iniciativa en análisis.
Pido, por lo tanto, el respaldo de esta Corporación.
Aprovecho para reiterar la solicitud de que las personas mencionadas con anterioridad puedan asistir a la sesión.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso del Superintendente de Pensiones, de la Subsecretaria de Previsión Social y de la asesora del Ministerio de Hacienda.
Acordado.
A veces, el sentido de la oportunidad lo hace todo en la vida...

El señor MOREIRA.- ¿Se puede abrir la votación?

El señor LAGOS (Presidente).- Hay acuerdo para ello.
Hago presente que el proyecto podemos darlo por aprobado en general y en particular, para que todos entendamos qué se vota.
Se mantendrán los diez minutos para quienes lo estimen necesario.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- No necesitaré ese tiempo completo, señor Presidente, pero agradezco su disposición, de todas maneras.
La iniciativa que nos ocupa es muy importante para todos los pensionados, en especial para los que reciben un apoyo del pilar solidario. Esta última reforma de la previsión social fue la más importante en materia de pensiones que se haya efectuado en democracia. En efecto, permitió reconocer un derecho básico a las personas que no han cotizado nunca, en particular a las mujeres; incorporó el bono por hijo, estableciendo una equidad de género, y garantizó el aporte del Estado a quienes han cotizado, pero registran una baja densidad en sus cotizaciones.
El proyecto concede un reajuste extraordinario de diez por ciento para la pensión básica solidaria -de 93 mil pesos se pasa a 102 mil- y aumenta el beneficio del aporte previsional solidario, lo que favorece a alrededor de un millón 357 mil 476 personas, como lo expresó la señora Ministra.
El Estado invierte el 4,35 por ciento del producto interno bruto en previsión social. Solo en el pilar solidario, las pensiones y el aporte demandan un gasto de un billón de pesos. A eso se debe sumar el pago por los bonos de reconocimiento y las pensiones correspondientes al antiguo sistema y a las Fuerzas Armadas.
Desde luego, valoro la iniciativa -y sin duda la acogeremos-, pero seamos francos. El esfuerzo que debe realizar el Estado para proveer pensiones mínimas y, a la vez, aprobar en forma permanente bonos de retiro para los trabajadores públicos es insuficiente en tanto no se realice una reforma del modelo de las administradoras de fondos de pensiones.
Es claro que este último no corresponde a un sistema de seguridad social; contempla una cotización forzosa; vulnera el derecho de los trabajadores a elegir el régimen previsional en el que deseen aportar; garantiza utilidades a todo evento a las entidades, y conlleva el traslado al mercado de capitales de recursos frescos provenientes del sector laboral.
El proyecto refleja el esfuerzo del Estado, pero se requiere una reforma de fondo que incorpore el aporte de los empleadores, establezca la licitación de la cartera de afiliados, promueva el aporte colectivo, fortalezca el carácter solidario y permita, si lo quieren así los trabajadores, la implementación de una administración sin fines de lucro y con criterios de solidaridad, así como el aporte tripartito.
¿Qué esperamos de la reforma?
El Estado dispone de recursos escasos y limitados, porque una buena parte de ellos se debe destinar a subsidiar el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que recibe los ingresos de los trabajadores en sus mejores años laborales y luego les ofrece pensiones de miseria, las cuales son de cargo del Estado cuando se extinguen los anteriores.
Estamos haciendo hoy día un poco de eso. Compensamos pensiones mínimas o bajas con un reajuste que valoramos, mas opino que la estructura que posee el país para garantizar pensiones dignas es absolutamente insuficiente para cumplir este objetivo.
Las administradoras entregan un millón 148 mil 602 pensiones, de un monto promedio de 206 mil 125 pesos. En el caso de las correspondientes a vejez que se pagan en la modalidad de retiro programado, el 91,6 por ciento de ellas son inferiores a 156 mil 749 pesos, lo que significa que nueve de cada diez pensionados conforme a esta modalidad reciben solo el 64,3 por ciento de un ingreso mínimo.
Desde luego, el sistema tampoco cumplió con la disminución del gasto fiscal, lo que era una falacia. Según cifras de la Superintendencia de Previsión Social, en el año 2015 el Estado gastó seis mil 835 millones de pesos en pensiones, o sea, el 4,65 por ciento del producto interno bruto.
La iniciativa en discusión constituye una buena noticia para un millón 357 mil pensionados a lo largo de todo el país y 103 mil personas que recibirán el reajuste en la Región de La Araucanía.
Valoro el esfuerzo del Gobierno, pero no es posible seguir pensando en que con estas medidas vamos a resolver las cuestiones de fondo del sector. Espero que se tome conciencia de que el sistema de las administradoras de fondos de pensiones ha fracasado.
Voto a favor del reajuste, el cual, aunque insuficiente, es tan necesario para los pensionados.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda conocimos ayer el proyecto que venía de la Cámara de Diputados.
La Ministra señora Rincón ha explicado muy claramente los objetivos y antecedentes del texto, que se traducirá en un diez por ciento para las pensiones básicas solidarias.
Sin duda, eso corresponde también al compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en orden a un esfuerzo por parte del Estado, dentro de un Presupuesto restrictivo, como ya lo sabemos todos, para favorecer, desde el punto de vista previsional, a los sectores más carenciados o vulnerables. En este caso, estamos haciendo referencia a las pensiones básicas solidarias de vejez o de invalidez y a los aportes previsionales solidarios de vejez o de invalidez. Y se reajusta la pensión básica solidaria, que actualmente asciende a 93 mil 543 pesos.
Sin duda que lo planteado por el Honorable señor Tuma dice relación con el fondo de la cuestión previsional y lo que debe ser un cambio del actual sistema de administradoras de fondos de pensiones, discusión que el país por lo demás ya ha desarrollado. El Gobierno pidió la colaboración de una comisión especial, que trabajó algunas alternativas. No hubo un acuerdo único, sino que prácticamente se terminó en dos posiciones. Pero será necesario abordar esa definición más temprano que tarde.
Como en la Sala hay varios candidatos presidenciales presentes, imagino que ello formará parte del debate que deberemos desarrollar el próximo año para una futura propuesta programática.
¡Después los cuenta, señor Presidente! No se preocupe. ¡Hay de sobra, incluido usted...!
Quería insistir en que este es un esfuerzo que apunta a ser solidario -su nombre lo indica- precisamente con quienes reciben pensiones solidarias muy bajas. Obedece -por si acaso la gente no lo recuerda- a la relevante reforma llevada a cabo durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, que permitió otorgarlas a más de un millón trescientas mil personas que no tenían posibilidades de obtener ningún tipo de pensión, porque no habían cotizado nunca y no pertenecían al sistema. Hacemos referencia, fundamentalmente, a jefas de hogar.
La señora Ministra repartió una minuta que contiene algunos casos específicos. Conviene leerla.
En la Comisión consultamos si el diez por ciento se calculaba sobre el monto de la pensión, que es de 93 mil y tantos pesos, con lo cual se traduciría en nueve mil y tantos más.
En el caso de la pensión máxima con aporte solidario, de hasta 304 mil pesos, la consulta fue si el reajuste sería sobre el aporte o sobre el total de la pensión y el aporte.
Dicho documento aclara bien lo que significarán los beneficios en cada una de las situaciones detalladas.
En el órgano técnico aprobamos por unanimidad la iniciativa. Recomendamos que la Sala proceda de la misma manera al pronunciarse en general y en particular.
Muchas gracias. El señor LAGOS (Presidente).- Así se propuso: estamos votando en general y en particular. En la medida que se reúna el quorum necesario, el proyecto será despachado y se convertirá en realidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa en examen, que reajusta en un diez por ciento la pensión básica solidaria y el aporte básico solidario, es especialmente significativa en la coyuntura actual.
En primer lugar, beneficia en forma directa a más de un millón cuatrocientas mil personas, quienes se encuentran entre las más vulnerables del país. En medio de tantas demandas dirigidas al Estado por parte de distintos grupos o sectores, algunos más numerosos que otros, es relevante que el Gobierno no desista de su rol esencial de priorizar a la población más necesitada.
Resulta importante atender los requerimientos de los diferentes grupos de interés. Es necesario contar con los mecanismos adecuados para procesar y negociar las demandas, como también destinar esfuerzos reales para escuchar los planteamientos, dialogar y ojalá acordar las soluciones.
Pero una Administración no puede limitarse a ello, por muy conveniente que sea. Debe partir por hacerse cargo de asegurar niveles mínimos aceptables a todos aquellos que no pueden negociar por su condición social, dispersión territorial o grado de organización.
Es decir, mientras con unos deben acordarse los mejoramientos que sean posibles de acuerdo con la disponibilidad de recursos, con otros se debe avanzar, así sea lento, pero persistentemente, en el reconocimiento y concreción de sus derechos esenciales.
Esta regla es fundamental y no puede abandonarse, cualesquiera que sean las presiones que se reciban.
En segundo término, el proyecto es trascedente, porque se hace cargo, en forma parcial, pero concreta, de la demanda más sentida hoy entre los chilenos, como es la de contar con un régimen previsional más justo. Lo lleva a cabo, no a través de una reforma estructural del sistema, sino por medio de un mejoramiento, en este caso fortaleciendo el pilar solidario establecido en la reforma previsional del año 2008, a la que impulsó el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet.
En consecuencia, el reajuste que aprobamos hoy es posible justamente porque se efectuó antes una reforma estructural al sistema de pensiones incorporando el pilar solidario.
Creo que este es un buen ejemplo de lo que deben ser las políticas públicas en el país. Allí donde son necesarias reformas estructurales es preciso emprenderlas, pero son solo la base para que luego puedan verificarse progresivamente mejoramientos parciales.
No es posible abocarse a tales cambios y que estos cambien radicalmente la situación y causen pleno efecto de una vez. Las modificaciones de fondo son solo los cimientos sobre los cuales es posible construir y ampliar el edificio en el futuro.
Cuando se aprobó la reforma previsional, algunos criticaban que el mejoramiento real era muy poco. Pero justamente por haberse llevado a cabo es posible avanzar ahora un paso más, y dentro de un tiempo -espero- otro.
De hecho, la mayoría de las ideas planteadas para introducirle nuevas reformas al sistema previsional contemplan la mantención y fortalecimiento del pilar solidario, ya sea basándose en el aporte estatal, el ahorro de los trabajadores o la contribución de los empleadores.
Está claro que el sistema previsional actual da una respuesta insuficiente a millones de personas.
Está claro que será preciso aumentar los recursos que se destinan hoy a la seguridad social. Ningún sistema puede financiarse solo con un diez por ciento de las cotizaciones de los trabajadores.
Está claro que los empleadores deben contribuir a este fin, no solo por razones de justicia social, sino también de justicia económica, porque las riquezas futuras que produzcan sus empresas también se basan en el esfuerzo realizado por sus extrabajadores.
Estos son, a mí modo de ver, algunos elementos que hacen particularmente relevante la iniciativa.
Es una señal fresca, clara y alentadora entre el ruido de las demandas y las críticas contra toda reforma que a veces parecen dominar el ambiente. Estoy seguro de que una mayoría de chilenos lo entenderá así.
Por eso, voto a favor.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, estamos en un momento muy complejo, desde el punto de vista del reajuste del sector público. Y el país está debatiendo fuertemente y de manera muy necesaria respecto de la conveniencia de un cambio en el sistema de pensiones, como una forma de evitar el empobrecimiento de los adultos mayores y las bajas tasas de remplazo que los pensionados registran hoy en la práctica.
En este escenario de discusión, que tiene que ser profunda, pero serena, respecto del modelo vigente, estimo relevante consignar el apoyo al proyecto de ley y lo significativo del articulado, que dice relación con un incremento de un diez por ciento en el monto de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario a las pensiones.
Esto no es retórica. Es quizás la iniciativa de mayor impacto en la población más vulnerable del país. A partir de su aprobación y desde el 1° de enero del año 2017, un millón cuatrocientas mil personas se beneficiarán con el aumento.
Hacemos referencia a quienes reciben pensiones básicas solidarias o provenientes del Instituto de Previsión Social o de las administradoras de fondos de pensiones, que verán elevados sus ingresos con aportes públicos. Eso es muy importante.
Es decir, tal como se hizo en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando se estableció el derecho de obtener una pensión con recursos públicos para personas que no habían registrado cotizaciones previsionales, hoy, en momentos difíciles, la Presidenta Bachelet toma la decisión de focalizar los recursos públicos en aquellos que más los requieren: nuestros adultos y adultas mayores.
Señor Presidente, cuando uno observa el desglose de los beneficios y de cuánto va a impactar esto en cada una de las pensiones, ciertamente, le gustaría que fuera mucho más. Pero, la verdad es que solo para el primer año estamos hablando de un impacto fiscal de 188 millones de dólares. Eso es lo que el Gobierno de Chile, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está destinando a incrementar las pensiones de las personas más vulnerables del país.
Con mucho beneplácito puedo señalar que, en el caso de la Región del Biobío, que represento, tendremos más de 196 mil beneficiarios y beneficiarias. Un poco más de 58.300 personas serán beneficiadas por el Aporte Previsional Solidario: aquellas cuyas pensiones sean derivadas de las AFP; los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario con pensiones derivadas del Instituto de Previsión Social serán 44.799, y habrá 93.128 beneficiarios a través de la Pensión Básica Solidaria.
Señor Presidente, en general, en la política planteamos desafíos profundos y de largo plazo. Y creo que no es hora de renunciar a ellos, sino de motivar un cambio y una reflexión profunda respecto del sistema de pensiones en nuestro país.
Ese debate de fondo el Parlamento no puede obviarlo. Y espero que todos quienes tienen aspiraciones para dirigir el país en los próximos años asuman el compromiso de un estudio serio, responsable que, más allá del aplauso fácil, se haga cargo de una realidad, cual es, la de las bajas pensiones de nuestros adultos mayores.
El futuro de nuestro país, desde el punto de vista de la distribución demográfica, particularmente etaria, no es muy auspicioso. Cada vez tendremos más población dependiente o pensionada en relación con la cantidad de población activa.
Esos son los elementos que debemos considerar.
Pero esa discusión de fondo que ha de iniciar este Parlamento, ojalá prontamente, no puede dejar de avanzar también en aspectos puntuales. Y me parece que este proyecto de ley da un paso en la dirección correcta.
Vaya mi agradecimiento a Su Excelencia la Presidenta Michelle Bachelet por haber cumplido un compromiso en esta materia. Vayan mis agradecimientos también a la Ministra del Trabajo, doña Ximena Rincón, quien ha trabajado fuertemente por este proyecto, al igual que el equipo del Gobierno en su conjunto.
Señor Presidente, concurriré con mi voto favorable con la convicción de que un millón 400 mil chilenas y chilenos, por lo menos, van a ver mejoradas en algo sus hoy día escuálidas pensiones, sin perder la esperanza de que iniciemos prontamente una profunda reforma al sistema de pensiones de nuestro país.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, sin duda alguna, todos valoramos la palabra cumplida en su momento por la Presidenta de la República y que hoy día se está plasmando y cristalizando en este proyecto que permite el incremento en 10 por ciento de las pensiones de las personas con mayor vulnerabilidad.
Pienso que nadie en esta Sala, ni tampoco en la Cámara de Diputados, puede tener la idea de votar en contra. Todo lo contrario.
Sin embargo, deseo entrar algo más al fondo de la deuda que tenemos como país frente a las personas que ya están jubiladas y frente a las que, en algún momento, tendremos que jubilarnos.
Señor Presidente, valorando absolutamente el proyecto, siento que él fue producto de una reacción ante el hecho de que en el país empieza a desarrollarse un sentimiento de mucha frustración por las pensiones que se entregan.
Por lo tanto, si bien vamos a votar favorablemente esta iniciativa legal que incrementa en casi 10 mil pesos per cápita la jubilación, porque efectivamente aquí hay un esfuerzo importante de parte del Gobierno, del Estado chileno, considero que el problema es mucho más profundo, mucho más de fondo.
Sufren un daño enorme las personas que han hecho una contribución durante toda su vida laboral, quienes ven, con inmensa frustración, que al momento de jubilar comienzan a vivir una de las peores etapas de sus vidas.
En paralelo, el proyecto también beneficia a personas jubiladas por invalidez. Ahí tenemos otra enorme deuda. Porque, claramente, para quien recibe una pensión mensual cercana a los 100 mil pesos, con los gastos en medicamentos permanentemente en alza, así como los consumos básicos y la alimentación mínima, la situación es absolutamente insostenible.
Entonces, señor Presidente, hoy día tengo la oportunidad de enfocar mi discurso en alabar el proyecto, en felicitarnos, en ponernos todos muy felices, muy contentos. Efectivamente, eso es algo que tenemos que efectuar. Pero, en paralelo, me obligo a hacer ver la enorme injusticia que viven chilenas y chilenos al momento de la jubilación.
Luego vamos a tratar el proyecto de ley sobre incentivo al retiro de los profesores. Hemos venido aprobando una serie de iniciativas similares para muchos funcionarios del sector público. Sin embargo, no hemos abordado el tema de fondo. Y lo que está ocurriendo en las calles, en las regiones, claramente no lo resuelve ni lo tapa ni lo opaca este incremento, que fue una reacción a esa situación, de la cual este Gobierno -o el que venga- tiene que hacerse cargo. Y nosotros también, como Congreso, ¡qué duda cabe!
¿Valoramos el proyecto? Sí.
¿Felicitamos a la Presidenta? Sí.
¿Felicitamos a la Ministra? Sí.
Podemos hasta felicitarnos todos. Pero claramente el país observa que este tipo de políticas públicas de incremento de la Pensión Básica Solidaria, que es tremendamente necesario, no viene a resolver el tema de fondo.
Y yo deseo hacer el punto, en el sentido de que tenemos una urgencia como país. Seguramente tendremos conflictos sociales derivados de la falta de respuesta, hasta el día de hoy, de parte del Gobierno, respecto de lo que han venido reclamando de manera justa las personas que están por jubilarse o que ya jubilaron. Ha habido abuso en un tema tan sensible, como es la realidad que experimenta cada una de las personas al momento de pensionarse.
Entonces, señor Presidente, este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario a la Pensión Básica Solidaria de un 10 por ciento -alrededor de 10 mil pesos por beneficiario-, claro que resuelve en una pequeña parte la situación que enfrentan las personas con mayor vulnerabilidad, que son un millón 400 mil en todo Chile.
Pero, en cuanto a los millones de personas restantes, esperamos que el Gobierno, que se ha comprometido en entregar una respuesta concreta en materia previsional, no dilate esta situación. Me refiero al Gobierno actual o al próximo.
Sería impresentable que nos conformáramos con lo que hoy día estamos votando.
Por supuesto, nadie -¡nadie!- podría negarse a votar este proyecto de otra manera que no sea favorable, ¡y nos alegramos por ello!
Pero me valgo de esta oportunidad para decirle a la señora Ministra, y por intermedio de ella, a la Presidenta de la República, que Chile espera una respuesta concreta del Gobierno en materia previsional, porque esta situación, sin lugar a dudas, no puede seguir esperando.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la creación del Pilar Básico Solidario fue el primer paso para devolverle al Estado un rol en la seguridad social.
Por desgracia, nuestra Constitución no asigna esta responsabilidad como eje al Estado. Tenemos un modelo de pensiones, de previsión absolutamente individualista, egoísta, y socialmente en crisis. Ha perdido legitimidad el modelo de las AFP para resolver el problema de las pensiones.
Estamos discutiendo este proyecto, entre otras cosas, porque el Estado debe tener un rol en la seguridad social. Y aquí se da un paso concreto, responsable para garantizar aquello.
Por cierto, vamos a votar a favor, señor Presidente.
Me gustaría que en lo futuro pudiésemos modificar parámetros de este proyecto de ley en relación con lo que es el Aporte Previsional Solidario, respecto del cual hay mucho que hacer aún. Porque es precisamente en ese ámbito donde se nota el desincentivo entre quienes han cotizado y terminan con pensiones miserables producto del sistema de las AFP, de ahorro individual. Porque los resultados obtenidos por la gente que cotizó a lo largo de su vida muchas veces son pensiones muy cercanas a lo que hoy da el Estado a quienes no han hecho un esfuerzo contributivo.
El APS no hace más que mejorar las pensiones que un sistema contributivo, en verdad, no fue capaz de dar como algo más digno.
Señor Presidente, vamos a votar a favor, pero yo no puedo quedarme callado, después de escuchar al último colega que intervino, sin decir lo siguiente.
Espero que podamos debatir en el Senado el cambio del modelo previsional, que tengamos la voluntad de marchar hacia un sistema mixto efectivo, que incorpore el concepto de solidaridad.
El Partido Socialista tiene una propuesta, señor Presidente, que daremos a conocer la próxima semana. La estructura es la Pensión Básica Solidaria de hoy, como la base universalmente garantizada a todo habitante de esta tierra, por vivir en ella.
Sobre eso queremos un pilar colectivo universal, donde todos nosotros, sobre los primeros 400 mil pesos, coticemos en un fondo colectivo, para que todas las personas que ganan menos de esa cantidad, en los valores presentes, tengan garantizada a lo menos una pensión equivalente al sueldo mínimo.
Y, por cierto, hay un tercer pilar de ahorro individual, obligatorio, forzoso, que va a las administradoras de pensiones que existen hoy.
Pero, en cuanto al segundo tramo, queremos que sea administrado por el Estado, a través de un administrador público previsional solidario.
El tercer pilar serán las AFP de hoy, para que quienes quieran estar ahí, y ganen sobre los 400 mil pesos, puedan tener su proceso de capitalización individual.
Y un cuarto pilar sería de ahorro voluntario.
Señor Presidente, el actual sistema no da para más. Muchos nos sentimos solidarios con la demanda de "No más AFP", en el sentido de que no sean las administradoras -que hoy no son grupos nacionales, sino transnacionales- las que manejen los fondos de los trabajadores. Estamos hablando de miles de millones de dólares.
No es que tengamos una objeción a que esos ahorros vayan a un mecanismo de capitalización y que sean parte del ahorro de la economía nacional; no es esa la discusión. Pero sí queremos un sistema que sea más transparente respecto de quienes son los administradores de los fondos.
Solo entrego un dato, porque a veces no se ponen estos antecedentes sobre la mesa, en circunstancias de que deberían ser parte del debate: hoy en día hay cerca de 5 millones de personas que pagan seguro de cesantía. Se licita esa cartera, que le cuesta al país en promedio 22 mil millones de pesos. En las AFP, donde cotizan también aproximadamente 5 millones de personas, el costo para los cotizantes es más de 598 mil millones de pesos. Por tanto, tenemos un problema, una distorsión brutal.
Por eso me dio cierta vergüenza leer ayer en El Mercurio a uno de los hombres más destacados de la Bolsa, quien criticaba al ex Presidente Lagos por decir que el 5 por ciento adicional que deben cotizar los empresarios no debe ser administrado por las AFP. Algunos tenemos esa convicción: no vamos a aprobar ninguna iniciativa de ley que les entregue más recursos a las AFP, porque queremos un sistema mixto.
Pero lo curioso es que un hombre tan importante en la Bolsa no entienda que una cosa es dónde se invierten los recursos que se ahorren - podrá ser en la Bolsa, a través de un administrador previsional público-; y otra son los incentivos -perversos, a mi juicio- que tienen aquellas empresas que administran los recursos de los trabajadores.
Nosotros llamamos la atención sobre eso. Ojalá que esta coyuntura sirva para un debate más profundo.
Queremos -como señalaba el Senador Bianchi, quien me antecedió en el uso de la palabra- un debate a fondo para cambiar este modelo.
Un elemento básico es el que estamos aprobando hoy: el pilar universal solidario, que es un gesto para devolverle al Estado el rol de la seguridad social. Y eso es tremendamente importante, tremendamente valioso, y se debe valorar y no menospreciar.
Consideramos que aquí hay un esfuerzo muy grande. El costo llega a más de 180 millones de dólares al año.
A mí me gustaría ponerlo en perspectiva con los que están afuera, en la calle, con los trabajadores del sector público.
Señor Presidente, no quiero ser odioso en las comparaciones, pero solo la demanda que ellos tienen de pasar del 3,2 por ciento al 4 por ciento equivale a lo que cuesta este ajuste. Es decir, este proyecto, que beneficia a 1 millón 400 mil personas, con recursos que para algunos pueden ser pequeños, representa un gasto fiscal muy relevante.
Yo espero que sigamos en esto.
Cuando discutimos los temas fiscales, o cuando hablamos de previsión, de seguridad social, lo hacemos pensando, como dice Andras Uthoff, en el país en que queremos vivir.
¿Cuál es el país que queremos? ¿Queremos un país donde la vejez sea digna?
Yo personalmente creo en un país así. Pero eso significa que las prioridades hay que definirlas de otra forma.
Hoy en día invertimos más de 2 mil 200 millones de dólares en las pensiones de los uniformados. El Estado, con este proyecto, va a estar invirtiendo mil 200 millones de dólares en la Pensión Básica Solidaria. Un sistema beneficia a 130 y tantas mil personas y, el otro, a 1 millón 400 mil personas.
No es que quiera criticar el hecho de que no exista un sistema universal, del cual podrían ser parte los uniformados. Estoy hablando del modelo de sociedad que queremos, señor Presidente.
El Estado invierte mucho más que esos 3 mil millones de dólares en pensiones, ¡mucho más! Y probablemente tiene que invertir aun más para que podamos contar con un sistema de pensiones mixto digno en nuestro país.
Por eso la gente marcha contra las AFP: el modelo de capitalización individual, sin que el Estado asuma un rol en un sistema de seguridad social basado en los principios de solidaridad, evidentemente no es suficiente.
Espero, como todos, que no solo actúe el Gobierno. Quiero indicarlo, porque el Ejecutivo invitó a una mesa a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. A mí me corresponderá ir por el Partido Socialista, pero todas las colectividades políticas, incluida la del Senador Bianchi, estarán presentes allí. Todos los que asistamos a esa mesa deberemos construir un acuerdo político país, una política pública, para cambiar el modelo previsional.
Espero que esa voluntad exista, porque el sistema de capitalización individual que tenemos, correspondiente al decreto ley N° 3.500, no da el ancho para lo que pide el país en pleno siglo XXI.
Por eso, necesitamos seguir adelante en el fortalecimiento del Pilar Solidario y después ver cómo avanzar hacia un modelo mixto.
Votaré que sí, señor Presidente. Y valoramos y agradecemos el mensaje enviado por la Presidenta Bachelet.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, Chile está envejeciendo. Y claramente en los próximos años el Estado enfrentará una carga compleja en materia de seguridad social, ya que disminuirá la fuerza laboral. El país envejece y determinadas enfermedades crónicas se transformarán en verdaderas pandemias si no se visualiza una medicina preventiva y no se entiende que la dignidad de los adultos mayores es clave.
Seis de cada diez de ellos cobran una pensión de 89 mil pesos. Por consiguiente, nos debe movilizar este asunto, a los efectos de plantear con claridad la necesidad de una reforma en este ámbito.
Es bueno que haya un lugar en el Parlamento para la discusión y para el planteamiento de propuestas, porque existe poco espacio para ello.
En tal perspectiva, valoro, primero, que la Presidenta de la República, en su primer mandato, pusiera sobre la mesa el Pilar Solidario y que hoy estemos dando un paso muy relevante para beneficiar a un millón 400 mil adultos mayores mediante un reajuste del 10 por ciento de la Pensión Básica.
Se podrá señalar que se trata de un incremento todavía escaso, si pensamos que estamos hablando de más o menos 9 mil pesos, que igual representan un esfuerzo muy importante del Estado.
Pensemos además que en la actualidad las arcas fiscales muestran un nivel de endeudamiento más alto que los que ha tenido Chile en los últimos años: 56 mil millones durante 2016, y 65 mil millones, el 2017, para los efectos de incorporar este reajuste.
Pero vamos a los temas de fondo.
Por de pronto, nosotros vamos a aprobar este reajuste de 10 por ciento, porque creemos que va en la dirección correcta.
Sin embargo, resulta muy relevante que acá no haya ni populismos ni demagogia, y que cuando enfrentemos el incremento de las pensiones comprendamos que estas no se mejoran mágicamente ni mediante una AFP estatal, ni tampoco volviendo al sistema de reparto, que está quebrado en todo el mundo.
¿Cuáles son las propuestas que ponemos sobre la mesa?
La primera, volver al aporte del empleador que existió hasta 1981. Hasta ese entonces, se entregaba un 10 por ciento, que se llevó a salario líquido para enfrentar la crisis que se produjo ese año.
Creemos que hay que volver, progresivamente, a un aumento sistemático del aporte del empleador, sin que eso signifique una carga o un peso para las tasas de empleabilidad. Esto quiere decir que hay que hacerlo gradualmente.
Esa es la primera propuesta que ponemos sobre la mesa. Y por tanto habría que ver cuál será el monto de aquello y, finalmente, discutir cuánto de ese porcentaje debe ir a la cuenta de capitalización individual -a mi juicio, la mayor parte- y cuánto, a lo mejor, a un fondo solidario. Esto también lo hemos planteado desde Renovación Nacional: 4 por ciento a la cuenta de capitalización individual, y 1 por ciento a un fondo solidario.
Segunda propuesta: ¡que el Estado también aporte!
¿Por qué? Porque el Estado es el peor empleador de Chile. No hay ningún servicio ni ningún Ministerio en que se cumpla la regla del 80/20. ¿Cuántas personas trabajan ahí a honorarios, sin derecho a vacaciones ni a horas extraordinarias? Y este es un tema de fondo, que hay que poner sobre la mesa, al igual que el de los trabajadores a contrata, y del cual debemos hacernos cargo.
Por lo tanto:
¿Aporte del empleador? Sí.
¿Aporte del Estado? También.
Pero esto no se soluciona simplemente con más recursos; igualmente es necesario corregir las distorsiones que hoy se observan en las administradoras de fondos de pensiones.
Si bien este modelo ha sido calificado como uno de los diez mejores del mundo, es absolutamente susceptible de muchísimas mejoras. Por ejemplo, que las comisiones cobradas al cotizante sean contingentes al ingreso de los fondos de los trabajadores. Porque los fondos pertenecen a los trabajadores, cuestión que estos desconocen.
En consecuencia, me parece pertinente establecer que las comisiones de las AFP solo sean cobradas si se produce un aumento en los fondos de los trabajadores.
En segundo lugar, se debe terminar con las llamadas "comisiones brujas". ¿Cuáles son? Las que la propia administradora de fondos de pensiones le entrega a un tercero para administrar esos recursos. Estas tienen que ser eliminadas.
Un tercer elemento relevante en este sentido -se lo digo, por su intermedio, señor Presidente, a la señora Ministra, que esta tarde nos acompaña- apunta a que no es posible que el aumento de la expectativa de vida de los chilenos sea una mala noticia para los pensionados.
Por eso, hay que avanzar y poner sobre la mesa otros elementos, como un sistema de seguros que se haga cargo del incremento en la expectativa de vida de los trabajadores chilenos.
En su mayoría, son temas en los cuales estamos de acuerdo.
Y espero que esta Administración tramite una ley exprés que se haga cargo de aquello.
Hay otras materias que también quiero abordar.
Por ejemplo, sugiero que por cada nacido vivo -esta es una idea que durante mucho tiempo hemos venido impulsando con el Senador Carlos Bianchi- se abra una cuenta de capitalización individual con 100 UF.
Tras hacer una proyección, calculamos que esta medida le costaría al Estado 500 millones de dólares. Sin embargo, por el solo hecho de las utilidades producidas, ese monto puede generar, a los 60 o 65 años, una pensión de 220 mil pesos, sin contar los aportes que cada trabajador efectúe durante toda su vida laboral.
Porque hay que hacerse cargo de alguna manera de esta situación. De lo contrario, el Estado no va a poder hacerlo en el mediano y largo plazo. Y por tanto se deben encontrar soluciones que miren esos horizontes con perspectiva. Una política pública que considere una inversión de 500 millones de dólares -serían entre 500 y 750 millones, considerando las variaciones de las tasas de natalidad- podría resolver el problema de las pensiones en el largo plazo.
¿Qué hacemos en el mediano y corto plazo? Fortalecer el Pilar Solidario. Y por eso resulta tan importante el proyecto de ley que hoy estamos aprobando, por el cual expreso mis felicitaciones, ya que estas son las medidas que dignifican la política, así como el cumplimiento de la palabra empeñada.
Quisiéramos y necesitamos mucho más, pero claramente el país está viviendo una situación crítica y se están haciendo todos los esfuerzos posibles desde el punto de vista de la seriedad fiscal.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto que va en la dirección correcta.
No obstante, quiero hacer un llamado de atención.
Las autoridades de Gobierno señalaban que esta materia no estaba en la agenda. Nosotros planteábamos la necesidad de avanzar en esta dirección, pero se nos expresaba que este tema no estaba en la agenda. Y por tanto hubo una reacción frente a las movilizaciones sociales.

El señor BIANCHI.- ¡Así es!

El señor CHAHUÁN.- De ahí que deseo hacer un llamado de atención porque no por todos los temas esenciales y relevantes tenemos gente desfilando en las calles. La política nacional de infancia está esperando, y no vamos a tener a los niños desfilando en las calles. Y hay otras materias muy importantes, como la planificación urbana, entre otras. Así que hago un llamado al Gobierno en cuanto a recuperar el liderazgo en esa dirección.
Termino diciendo que, en la medida en que entendamos que debe haber una política nacional del adulto mayor, veremos que uno de los temas relacionados es el de la dignidad de las pensiones. Otro -y aprovecho de decírselo, por su intermedio, señor Presidente, a la señora Ministra y al señor Ministro- es ponerle urgencia al proyecto de ley que aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Adulto Mayor, actualmente en la Cámara de Diputados, que sigue esperando.
Esto nos permitirá generar un marco de referencia para la dignidad del adulto mayor. Chile está envejeciendo y debe hacerlo con dignidad, entendiendo además que hoy no solo tenemos una tercera edad; también tenemos una cuarta edad, porque, efectivamente, en la actualidad esos chilenos siguen siendo parte importante y activa en la construcción de nuestra sociedad.
Quiero decirle también -por su intermedio, señor Presidente- a la Ministra del Trabajo...

El señor LAGOS (Presidente).- Debe dirigirse siempre a la Mesa, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Por eso: "por su intermedio".

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.

El señor CHAHUÁN.- Yo espero, señor Presidente, que la Ministra Rincón tome en consideración dos proyectos de ley.
Uno se refiere a la jornada especial de trabajo del adulto mayor, de mi autoría, hoy en la Comisión de Trabajo, que nos gustaría que se tramitara. ¿Por qué? Porque un hombre de 65 años o una mujer de 60 son personas plenamente activas y pueden seguir contribuyendo a un mejor país. Por lo tanto, hay que impedir que esa jornada especial, sometida a ciertas condiciones (que no sea trabajo pesado, que se pueda cumplir part-time) no signifique un descuento o, finalmente, ignorar el Aporte Previsional Solidario.
¿Me da un poco más de tiempo, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- ¡Señor Secretario, dele una media hora más...!

El señor CHAHUÁN.- ¡Treinta segundos!
Entonces, si somos capaces de crear una jornada especial de trabajo para el adulto mayor, si somos capaces de crearle un régimen laboral especial, vamos a posibilitar la dignidad de los pensionados, sin que eso les signifique una merma en sus derechos adquiridos.
Y quiero poner sobre la mesa el otro elemento: el doble descuento en salud. A las montepiadas que no están en el tramo se les sigue haciendo un doble descuento del 7 por ciento: el 7 por ciento de su pensión, más el 7 por ciento de la pensión del causante.
¡También es un tema!
Y, finalmente, la cuota mortuoria, que es igualmente relevante. ¿Por qué lo señalo? Porque, efectivamente, quedan algunos resabios. Se entregó el beneficio por el hijo nacido vivo, pero todavía existe un asunto pendiente. Hay dificultades en la aplicación práctica. Se lo digo a la señora Ministra. Y por eso tenemos un desafío ahí. Si bien se arregló legislativamente, aún se observan algunos inconvenientes.
En consecuencia, existen retos pendientes. Chile está envejeciendo, pero tiene que hacerlo con dignidad. Y por eso, desde la Oposición, le hago un llamado abierto a la Presidenta de la República para acordar un pacto de gobernabilidad, donde se establezca una agenda legislativa acotada que incluya, como primer tema, una reforma previsional digna para todos los chilenos.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, encuentro muy interesante que algunos distinguidos Senadores, probablemente pensando en objetivos políticos que van más allá de este no tan modesto pero acotado proyecto, puedan exhibir en forma tan elocuente sus planteamientos. Pero aquí estamos hablando de algo bien concreto: las bajas pensiones de los chilenos, que quizás en gran parte son personas que no tienen cotizaciones o que, en caso de tenerlas, han sido efectuadas por períodos muy bajos y no alcanzan a constituir un piso suficiente para una pensión mínima o digna.
Este proyecto se hace cargo de aquello. No estamos hablando del sistema de pensiones ni de muchas otras materias vinculadas o conexas a él, sino solo de esa otra materia.
Y, como bien se ha dicho, esta iniciativa es una reacción a la inquietud ciudadana que estalló hace algunos meses y que se ha mantenido viva porque, efectivamente, hay un grupo de chilenos que al terminar su vida laboral normal, dentro de los estándares actuales, se encuentran sin trabajo y enfrentados a vivir con una pensión que no les permite subsistir.
¡Esa es la situación! Estamos hablando del orden de un millón 400 mil personas.
Lo que busca el proyecto es aumentar un 10 por ciento la Pensión Básica Solidaria y, en un porcentaje similar, pero con sus características y dentro de una regla distinta, lo que es el Aporte Previsional Solidario. Eso es lo que hace, básicamente.
Respecto del primer punto, se trata de mejorar las pensiones básicas solidarias. Como se ha recordado, ellas fueron creadas durante la primera Administración de la Presidenta Bachelet, modificando el sistema anteriormente existente, cual era el de las pensiones asistenciales que se daban a mucha gente, aunque de montos menores y con una cobertura limitada.
Siempre estuvo la pelea para, por ejemplo, darle una pensión a la mujer dueña de casa, que si bien trabajaba en el hogar, no tenía un empleo por el cual recibir una remuneración y, en consecuencia, tampoco cotizaciones ni derecho a jubilar. No hubo espacio para ello.
También estaba el caso de las personas que habían trabajado de manera informal durante toda su vida.
Para ellas se creó, años antes, la pensión asistencial, que se transformó en el pilar solidario, el cual, a mi juicio, fue un gran acierto de la primera Administración de la Presidenta Bachelet, ya que permitió darles una pensión que, tal como se ha recordado, si bien no alcanza una cifra muy alta, es mejor que la asistencial: 93.543 pesos.
Sin embargo, todos sabemos que no permite que un adulto mayor viva dignamente, menos con la prolongación de la vida, que implica enfrentar muchos gastos que se incrementan, precisamente, con el correr de los años. La prolongación de la vida no necesariamente significa que las personas que sobreviven más tiempo tengan una salud como la que tuvieron durante sus etapas anteriores. Y, obviamente, esta pensión no permite solventar los gastos en salud ni alcanza para tener una subsistencia adecuada.
En ese sentido, se hace un esfuerzo al reajustar en 10 por ciento la Pensión Básica Solidaria para sus 580.933 beneficiarios, pero uno piensa -y esa es la inquietud- que el Estado podría haber hecho un esfuerzo mayor, tal vez con reasignaciones presupuestarias. Si de verdad se quisiera priorizar a la gente que no tiene cómo enfrentar económicamente su vida diaria, habría que hacer un esfuerzo mayor.
Sé que esta materia se presta para la demagogia y el populismo, pero no podemos decir que a los adultos mayores que hoy viven con 93.543 pesos y que ahora lo harán con una pensión de 102.897 pesos les hemos resuelto el problema. ¡No es así! Un esfuerzo mayor de, por ejemplo, el 30 por ciento habría permitido fijar estas pensiones en 121 mil pesos, monto que tampoco resolvería la situación, pero que se acercaría a un ingreso mínimo suficiente para subsistir y tener una vejez digna.
Por lo tanto, queda esa deuda. Yo siento que aún estamos al debe. Si hubiese podido trabajar en la priorización de los recursos, personalmente habría preferido una reasignación en otras áreas y aumentar esta pensión.
Lamentablemente, no fue así.
Entendemos y valoramos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, pero no podemos dejar de manifestar que es insuficiente, y que nosotros estamos y seguiremos estando disponibles para incrementar ese aporte de manera más significativa.
Por otra parte, se aumenta -como ya se ha dicho- el Aporte Previsional Solidario, que se les da a las personas con pensiones inferiores a la Pensión Máxima con Aporte Solidario y es del orden de los 304 mil pesos.
Sin embargo, aquí, por la forma como se distribuye y se aumenta, no se incrementa en un 10 por ciento parejo, sino conforme a una regla. Esto significa que las personas que reciben hoy día el Aporte Previsional Solidario, que en el caso mínimo, con una pensión base de 50 mil pesos, es de 78 mil 161 pesos, alcanzando a una pensión total de 128 mil 161, van a recibir una de 135 mil 977. Esto se debe a que el incremento será de 6,1 por ciento, no de 10, porque este solo se aplica al Aporte Previsional Solidario, no a la pensión resultante.
Por lo tanto, ese aporte es limitado en el efecto del incremento de la pensión, que va disminuyendo en la medida que aumenta y, así, la persona que hoy día recibe la Pensión Máxima con Aporte Solidario, que es de 304 mil pesos, no recibirá ningún incremento. ¡Ningún incremento!
Entonces, tenemos ahí un problema en cuanto a que se siente que la distribución no ha sido adecuada.
Al mismo tiempo, el Consejo Consultivo Previsional ha manifestado que esta política de reajuste termina siendo discriminatoria con quienes realizan los mayores esfuerzos de ahorro, de autofinanciar su pensión, porque desincentiva la cotización.
Pareciera que no vale la pena cotizar, sino que es mejor entrar en la informalidad, y, finalmente, aspirar a que se entreguen todos estos aportes por la vía de complementos previsionales solidarios, como los que aquí se están otorgando.
Aquí hay un tema que no ha sido nunca resuelto, y pienso que forma parte del tema que hemos de analizar hacia el futuro. Porque no se trata de un tema de individualismo o egoísmo, sino de tener un país en donde la gente pueda vivir con dignidad, producto de su propio esfuerzo, y no tenga que depender del Estado.
En consecuencia, tenemos que generar los incentivos para que la sociedad posibilite el esfuerzo de las personas, y cuando estas no lo puedan hacer, entonces la solidaridad del Estado actuará. No debemos reemplazar el esfuerzo individual, no podemos hacer a la gente dependiente de lo que el Estado realice, porque eso al final genera precisamente dependencia, subordinación, y queremos que las personas siempre puedan vivir de su esfuerzo, sin tener que estirar la mano para vivir con dignidad.
En consecuencia, creemos que para quienes no tienen ninguna solución, como las que no han cotizado nunca o que lo han hecho por muy poco, el Estado debe ponerse y en mayor medida que lo que contempla este proyecto. Eso sí, hay que revisar que esto no signifique, como ha dicho el Consejo Consultivo Previsional, una limitación a los esfuerzos personales de cada uno para lograr el financiamiento de una pensión adecuada.
Por todas estas consideraciones, por cierto vamos a apoyar este proyecto, pero nos parece responsable anticipar algunos criterios, mediante los cuales se debería revisar el sistema de pensiones chileno de manera de hacer que realmente se fortalezcan los sectores que no tienen posibilidad de generar una pensión digna por medio de un aporte serio y amplio del Estado, e incentivar que las personas, con su esfuerzo personal, alcancen no solamente una existencia digna, durante su vida laboral, sino también luego de su retiro, con la solidaridad y los seguros sociales que el Estado pueda otorgar para garantizar aquello cuando las pensiones no sean suficientes.
Así es que, señor Presidente, aprobamos esta iniciativa, pero dejamos constancia de algunas inquietudes que se producen a raíz del proyecto en discusión.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente)- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que, cuando aprobamos la reforma tributaria el año 2014, los recursos contemplados en ella tenían tres grandes objetivos:
Primero, financiar la reforma educacional.
Segundo, ahorrar un punto del producto interno bruto, de los tres que recaudaba la reforma tributaria, para equilibrar nuestras cuentas fiscales y terminar el año 2018 con un balance que significaba que en el mediano plazo nuestros ingresos y nuestros gastos estarían equilibrados.
Ya sabemos que eso no va a ocurrir, y que durante varios años más vamos a seguir teniendo importantes desequilibrios presupuestarios: para el próximo año el déficit será de 3,3 puntos del producto.
Y un tercer objetivo de la reforma tributaria era mejorar la salud, sustantivamente, y las pensiones.
Este proyecto de ley viene a hacerse cargo de una parte de los compromisos asumidos durante la tramitación de la reforma tributaria.
Y es bueno tener superclaro qué hace en cuanto al mejoramiento de pensiones.
Esta iniciativa reajusta la Pensión Básica Solidaria y, como consecuencia de ello, la de Invalidez se reajusta efectivamente en 10 por ciento.
La Pensión Básica Solidaria va a pasar de los 93 mil pesos, que alcanza hoy en día en números gruesos, a 102 mil, a partir del 1° de enero.
¿Y qué hace además? Reajusta los Aportes Previsionales Solidarios también en un 10 por ciento en general, dependiendo de la modalidad de pensión de la persona beneficiada.
Pero eso va a significar, en consecuencia, que una persona que hoy día percibe una pensión de 162 mil 779 pesos (con una pensión base de 100 mil pesos y 62 mil 779 de Aporte Previsional Solidario) verá reajustada en 10 por ciento no su pensión completa, no los 162 mil pesos, sino el Aporte Previsional Solidario, es decir, los 62 mil 779.
Por lo tanto, va a recibir un reajuste de 6 mil 278 pesos. Eso significa un 3,9 por ciento.
Yo creo, señor Presidente, que es bueno que aclaremos esto, porque hay muchas personas que reciben el Aporte Previsional Solidario, y piensan que su pensión completa se va a reajustar en 10 por ciento. Eso no es así. La pensión base se mantiene, lo que se reajusta en un 10 por ciento, en la mayoría de los casos, es el Aporte Previsional Solidario, y eso va a significar 4 por ciento, 5 por ciento, 6 por ciento, pero no 10 por ciento. Y es muy importante dejarlo claro.
Yo decía que uno de los propósitos de la reforma tributaria era recaudar para mejorar pensiones.
¿Los recursos que financian este proyecto provienen de la reforma tributaria? No. ¡Categóricamente, no!
¿De dónde vienen los recursos para financiar esta iniciativa, para hacer este reajuste?
Vienen del Fondo de Reajuste de Pensiones. Este se creó el año 2008 con la reforma previsional de la Presidenta Bachelet, que se ha ido incrementando con el tiempo. Porque fíjense que tenemos una norma legal supersabia, que dice que todos los años vamos a tener que ahorrar el 0,2 por ciento de nuestro producto interno bruto para incrementar este Fondo de Reajuste de Pensiones.
Sin embargo, el año 2017 ya estaremos sacando 280 millones de dólares. Una parte será para financiar este reajuste, que cuesta 200 millones de dólares, y otros 80 millones para pagar pensiones que ya se venían financiando con cargo a los ingresos generales de la nación.
Entonces, por supuesto que hay preocupación. Porque esto lo estamos financiando no con un esfuerzo de ahorro, sino sacándolo de lo que ya se había ahorrado.
Como el 2017 también estamos obligados a depositar en el mencionado Fondo de Reajuste de Pensiones el 0,2 por ciento del producto interno bruto, y considerando que no hay plata para hacerlo, ello se realizará mediante un crédito. Es decir, vamos a aumentar el endeudamiento para poder cumplir con la disposición legal que nos obliga a depositar ese 0,2 por ciento del PIB para incrementar el aludido Fondo.
Creo que es bueno que tengamos presente eso, porque he escuchado a muchos señores Senadores plantear el tema previsional con la crudeza que tiene, con la necesidad que aflige a nuestros pensionados, porque todo lo que aquí se dice (que las pensiones son bajas, que estos recursos no alcanzan para vivir) es verdad. Pero también es verdad que con los recursos fiscales será muy difícil que este año, el próximo y probablemente varios años más podamos lograr que haya mejores pensiones, por cuanto no están los fondos para ello, salvo que el país se vuelva a reencontrar con un camino de alto crecimiento económico.
Porque finalmente los recursos para poder financiar todos los programas sociales, incluyendo algo tan tan vital -lo dijo el Senador Hernán Larraín- como el reajuste de pensiones, deben provenir principalmente de la mayor actividad económica, del mayor crecimiento económico. Sin mayor crecimiento económico no vamos a poder mejorar sustantivamente las pensiones, que es el deseo de todos quienes estamos en esta Sala.
Por cierto, voto a favor. Lo hago porque este 10 por ciento, en el caso de las pensiones básicas solidarias, particularmente de vejez y de invalidez ¡ayuda! Los 9 mil y tantos pesos que van a recibir a partir del 1° de enero prácticamente 600 mil pensionados -o sea, los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria- les sirven de ayuda.
Van a ser insuficientes -qué duda cabe-, pero son una pequeña demostración, un pequeño gesto de que en medio de las dificultades financieras, de los problemas de financiamiento que tiene el Fisco, hay comprensión respecto del drama que significan las bajas pensiones en nuestro país.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda que este proyecto es una buena noticia, toda vez que hay un esfuerzo del Gobierno para reajustar en un 10 por ciento la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario. ¡Es un esfuerzo! En medio de la contingencia del reajuste fiscal para el sector público dicha cifra es, en mi opinión, un elemento importante.
Quiero llamar la atención en cuanto a que este incremento va a beneficiar a más de un millón 300 mil personas que están en el Pilar Solidario, quienes verán mejorada su pensión mediante este aporte estatal.
Cabe señalar que la Pensión Básica Solidaria alcanza hoy día a 93 mil 543 pesos y la reciben 580 mil 933 pensionados, y el Aporte Previsional Solidario lo perciben 776 mil 543 personas.
Cuando uno examina las cifras del sistema de pensiones formal -es decir, las AFP-, observa que a octubre del 2016 había un millón 49 mil 105 pensionados de las seis Administradoras de Fondos de Pensiones. Esto significa que el sistema real de pensiones es este, que es mayor al de las AFP, con todos los problemas que tiene.
Y, al respecto, quiero decir lo siguiente:
¡Bien por aquellos que no tienen cotizaciones y reciben la Pensión Básica Solidaria! ¡Bien por quienes, percibiendo una pensión inferior a 300 mil pesos, se benefician del Aporte Previsional Solidario! Pero ¡bien también por las AFP...!, que siguen no cumpliendo el rol básico de entregar pensiones dignas y cuya promesa fue que estas alcanzarían el 70 por ciento del sueldo de cada uno de los chilenos.
Así, por cierto, terminamos protegiendo a más de un millón 300 mil pensionados, pero, al final del día, estamos entregando más recursos a las AFP, porque quienes reciben el aporte del Pilar Solidario, las 776 mil 543 personas, debieran tener, a través de las cotizaciones, una pensión no susceptible de ser "bancada" por el Estado.
Cuando se discutió el proyecto para reformar el sistema previsional, el decreto ley N° 3.500, allá por los años 80, la verdad es que las promesas fueron múltiples y demagógicas.
Durante doce años fui miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde discutimos innumerables veces las transformaciones que debían hacerse al sistema, partiendo por aquello de 24 por ciento de gasto por concepto de administración y publicidad. ¡El 24 por ciento de las utilidades de las AFP las gastaban en administración y captación de afiliados!
Señor Presidente, ¡bien por quienes tendrán este reajuste de 10 por ciento!; pero las AFP, por cierto, seguirán estando subsidiadas por el Estado.
Y a quienes señalan que no es posible tener un fondo solidario de reparto quiero decirles que hoy día hay más pensionados asistidos por el Estado que pensionados de las AFP, desde que estas fueron creadas. ¡Es decir, el verdadero sistema de pensiones en Chile sigue siendo asistido por el Estado de Chile y no por el mecanismo privado, que además es único!
¿Cuál es la alternativa a las AFP? La alternativa es la Pensión Básica Solidaria para quienes no tienen nada, que corresponde a un subsidio estatal. ¡Y en buena hora la Presidenta Bachelet lo puso como un elemento esencial para rescatar a aquellos abandonados por el sistema previsional!
Ciertamente, voy a votar a favor, pero no puedo callar, no quiero dejar de mencionar que al final del día les estamos haciendo la pega a las AFP, ¡para que el señor Pérez Mackenna siga diciendo que a las mujeres hay que aumentarles la edad de jubilación! -no obstante, las AFP continúan enriqueciéndose como lo han hecho durante todas estas décadas- ¡y para que el señor José Piñera venga a decirnos que hay un Mercedes Benz en el que transitan o circulan los jubilados de Chile!
Uno podría señalar que el Gobierno tiene el legítimo derecho a presentar un proyecto de ley aun en difíciles momentos económicos, en que se otorga un reajuste de 10 por ciento, que, en los hechos, son nueve luquitas más para una Pensión Básica Solidaria. Y nueve luquitas son mucho más: nueve kilos de pan. Significa, por así decirlo, la posibilidad cierta de recibir un aporte que hace falta en los hogares.
Pero no puedo dejar de expresar que en algún minuto mi Gobierno -o sea, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no el de la Nueva Mayoría- va a tener que decir ¡basta a las AFP!
Este es el último presupuesto. El siguiente será para la próxima Administración. Nadie sabe del signo que va a ser, pero parece que hay muchos en el oficialismo que desean que llegue un gobierno de Derecha nuevamente, porque uno no entiende ese Manual de Cortapalos para hacer las cosas mal de manera permanente. ¡Cuando están funcionando bien, alguien saca el Manual de Cortapalos y hace exactamente lo necesario para que vayan mal...!
Siento, entonces, que esta buena noticia para el más del millón 300 mil jubilados y pensionados en Chile, y para quienes cotizan y reciben un aporte solidario, se contrasta, se entristece, se ve opacada porque lo que estamos haciendo es seguir fortaleciendo el sistema de las AFP.
¡Cómo hacemos para que esta señal de responsabilidad del Estado, de solidaridad de todos los chilenos a través del pago de impuestos, se vea no como un apoyo a las AFP, no como un remplazo, sino como un gesto solidario hacia los que menos tienen!
Obviamente, estas pensiones se financian con impuestos -no está el Ministro de Hacienda hoy día en la Sala-: todos sabemos que mientras más impuestos se paguen al Estado de Chile mejores condiciones existirán para apoyar a los jubilados del país.
Señor Presidente, cuando en la calle nos paran y nos preguntan "Cuándo va a subir la pensión mínima, cuándo las pensiones de las AFP podrán tener un reajuste adecuado", no puedo dejar de mencionar que, si Chile recaudara más impuestos, es decir, si hubiera más ingresos fiscales, podríamos contar con mejores pensiones.
Digo eso porque acabamos de saber que el ex Presidente Sebastián Piñera, de acuerdo a lo que declaró su mano derecha, su administrador económico de Bancard y de múltiples empresas, ¡tiene más de la mitad de su fortuna, miles de millones de dólares, en paraísos fiscales!, en países como Suiza y Estados Unidos. Y yo pensaba que la tenía en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá. ¡Pero no es así!
Esos son grandes países que cuentan con un intrincado sistema financiero que permite que haya chilenos que pongan su dinero en esos paraísos fiscales y evadan el pago de impuestos, lo que es un delito.
Señor Presidente, acabo de ingresar una moción para establecer que no podrá ser Presidente de Chile quien tenga su dinero en paraísos fiscales, evitando con ello tributar en territorio nacional. Invito a todos los Senadores de Gobierno y Oposición a firmarla. Estará disponible a ese efecto hasta el próximo martes.
Senador Bianchi, ojalá la suscriba.
A mi juicio, refleja una contradicción de fondo decir: "Voy a dirigir un país para hacerlo crecer económicamente, pero mi fortuna la pongo en las Islas Caimán".
Como revelaron los Panama papers, hay más de 2.733 empresas (personas jurídicas y naturales) con depósitos en entidades bancarias ubicadas en pequeños kilómetros cuadrados de islas, donde no pagan impuestos.
Si los pagaran, según la CEPAL, se recaudarían 340 mil millones de dólares. Es lo que calcula dicho organismo respecto de los recursos que están en esos paraísos fiscales o en empresas offshore, que son aquellas creadas en el extranjero con el único objetivo de evadir impuestos y que suelen estar asociadas al narcotráfico, al lavado de dinero, al terrorismo, que son los espacios que ocupan todas esas acciones ilícitas para escapar de la obligación de tributar.
Si alguien manifiesta que podríamos haber reajustado en un 15 o 20 por ciento, yo digo: "¡Sí!".
En todo caso, no hablo de subir impuestos, sino de exigir a quienes han ganado dinero legítimamente que lo tengan en el país y no evadan el pago de gravámenes. Es inmoral -¡es inmoral!-, en una situación como la que vive Chile, que haya empresarios (personas jurídicas o naturales) que lleven su dinero a paraísos fiscales.
Yo espero que los colegas firmen la moción que presenté. Le hago la invitación a Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría o de los independientes, y también al Senador Ossandón, también candidato presidencial.
¡Y aclaro que mi propuesta no es contra Piñera!
En ella se establece la restricción mencionada para diversas autoridades: Contralor General de la República, Presidente del Banco Central, Senadores, Diputados, Fiscal Nacional. Se trata de todas las autoridades que organizan y deciden los destinos del Estado. Debieran ajustarse a la regla planteada, que es primordial, con el propósito de no causar daño económico a Chile y tampoco a la economía global.
Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa que nos ocupa. A través de ella, la Presidenta Bachelet dignifica a los pensionados.
Creo que podríamos mejorar el texto propuesto para que los buenos chilenos, los que quieren a nuestro país, paguen sus impuestos aquí y no tengan la plata en el extranjero.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en lo general, el artículo 1 establece un reajuste extraordinario de un 10 por ciento al monto de la Pensión Básica Solidaria de Vejez vigente, a partir del 1 de enero próximo, lo cual beneficiará a más de un millón 400 mil personas.
También se señala que, al reajustar dicha pensión, automáticamente -por ser del mismo monto- se reajustará la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Asimismo, se recalcularán y aumentarán los Aportes Previsionales Solidarios.
Por su parte, el artículo 2 fija de manera permanente la regla de cálculo del Aporte Previsional Solidario de Vejez. Parece razonable no modificar dicha regla, lo que evitará que algunos beneficiarios puedan ver afectados los montos que reciben por ese concepto.
También quiero destacar que la Comisión Bravo, respecto de las medidas inmediatas, había considerado un aumento del 20 por ciento al pilar básico solidario (el proyecto que nos ocupa es bastante más austero). La Comisión fundamenta este porcentaje a partir de su diagnóstico, el cual señala que un 50 por ciento de los pensionados entre los años 2007 y 2014 recibían pensiones iguales o inferiores a 82.650 pesos.
Por consiguiente, el pilar solidario lo financia el Estado a partir de fondos generales que recauda de los impuestos, lo que alcanza un nivel insatisfactorio para los estándares de un país con el desarrollo que Chile tiene.
Además, este debate vuelve a plantearnos una necesidad trascendental: avanzar decididamente en la discusión de un sistema de pensiones solidario para nuestro país.
El sistema de ahorro individual forzado -administrado por terceros que cobran intereses por manejar las cotizaciones de cada trabajador-, la naturaleza del mercado laboral, su inestabilidad y los bajos salarios no garantizan pensiones básicas elementales para la mayor parte de la población chilena.
Por esa razón, debemos avanzar hacia un sistema de seguridad social con pilar solidario que, al mismo tiempo, establezca ciertos criterios para igualar o corregir las brechas que se producen. Por ejemplo, se precisa fijar pisos mínimos de ingreso para los pensionados. En todo caso, si eso no se hace, el Estado deberá hacerse cargo.
Por otro lado, se requiere estrechar la brecha de género. Las cifras indican que las tasas de reemplazo para los hombres son inferiores a 60 por ciento, mientras que en el caso de las mujeres bordea el 30 por ciento.
En definitiva, por el mismo trabajo, con las mismas condiciones, con la misma formación profesional, las mujeres salen largamente perjudicadas con el actual sistema.
Eso se explica, fundamentalmente, por la manera como opera el mercado del trabajo en nuestro país, en el cual, además de los bajos salarios y su inestabilidad, se establecen barreras soterradas que afectan a determinados sectores de la población, incluidas las mujeres.
Por eso debemos avanzar hacia un sistema solidario que contemple varios pilares: el esfuerzo de los propios trabajadores, que es decisivo a la hora de la pensión final, y los aportes del empleador y del Estado, que resultarán necesarios para que aquellos puedan acceder a una pensión más digna y significativamente mejor a la que hoy se recibe.
Al mismo tiempo, se deben corregir las desigualdades señaladas.
Además, cabe mencionar que el 45 por ciento de los fondos previsionales de Chile, del ahorro que hacen todos los trabajadores y que administran las AFP, hoy se encuentran en el exterior, incluso en paraísos fiscales. Tal situación ha hecho que no se invierta en nuevos emprendimientos económicos en Chile.
Estamos llegando a un punto en que las bases de una economía primaria exportadora de carácter rentista están mostrando sus límites estructurales. En el horizonte cercano no tenemos la posibilidad de revertir la tendencia de llevar la inversión cada vez más al extranjero, debido a la ausencia de proyectos significativos en el área primaria exportadora. Ello no ocurrirá si el país no es capaz de avanzar hacia una economía más diversificada, con cadenas de valor, con productos que tengan valor agregado y con asociatividad, incluyendo una política de esfuerzo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
Por esa razón, me parece que esta discusión apenas rasguña la superficie del problema de pensiones en Chile. Pero de todas maneras vamos a aprobar el proyecto porque señala un camino.
Todos debemos concordar en que la solución propuesta en esta iniciativa no es, ni de lejos, la que los chilenos se merecen.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Reitero que el acuerdo era votar la iniciativa en general y en particular.
Tiene la palabra la Ministra del Trabajo, señora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo).- Señor Presidente, estimadas Senadoras y estimados Senadores, en nombre de la Presidenta Michelle Bachelet, del equipo del Ministerio de Hacienda y de la Cartera de Trabajo, de la Superintendencia de Pensiones y de la Subsecretaría de Previsión Social, quiero agradecer el respaldo unánime a este proyecto de ley, que queda completamente despachado en el segundo trámite constitucional.
Sin lugar a dudas -y muchos de ustedes lo han expresado en forma clara-, esta iniciativa es solo un pequeño avance en el ámbito de las pensiones.
En todo caso, cabe precisar que esta propuesta sí estaba comprometida en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, bajo el acápite "PENSIONES".
En realidad, ella comprometió varias cosas en esta materia.
Primero, constituir, dentro de los primeros cien días de su mandato, una Comisión para llevar a cabo un diagnóstico y una evaluación del sistema de pensiones y para hacerse cargo del bajo nivel de expectativas en torno al monto de las pensiones de nuestros trabajadores cuando llegan a la etapa pasiva.
También asumió la tarea de ver qué cambios se requieren en el ámbito de los parámetros del sistema.
Asimismo, anunció que todo eso se iba a hacer con posterioridad a la reforma tributaria, que fue discutida y aprobada en este Parlamento.
Por lo tanto, había un compromiso explícito de la Presidenta de la República, y con este primer paso cumple parte de lo prometido.
Señor Presidente, el sistema de pensiones de nuestro país, sin dudas, está al debe; no ha satisfecho las expectativas que sembró en sus orígenes, y, tal como estableció la Comisión Bravo -órgano transversal que contó con la participación de todos los sectores-, está pagando pensiones que no son suficientes ni dignas.
El desafío es enorme.
Por eso la Presidenta Bachelet ha llamado a un gran acuerdo nacional para que nos sentemos a conversar todas y todos y seamos capaces de construir una solución ante un problema que no reconoce color político, que no diferencia género ni condición y que, claramente, afecta a miles de personas en el país.
Tal situación la enfrentan también otros países del mundo.
La semana pasada estuve discutiendo sobre este asunto y otras cuestiones laborales en Alemania, país que constituye un ejemplo en materia de productividad, desarrollo y crecimiento.
Los alemanes están debatiendo acerca de cómo abordar los desafíos que tienen como nación, con una población que envejece y con menos hombres y mujeres integrados al mundo laboral, razón por la cual, para mantener el nivel de productividad, requieren sumar trabajadores de otros países.
Las pensiones son un desafío en todas partes, y Chile no está ajeno a aquello.
Además, nuestro sistema previsional es particular, por cuanto, como explicó el Senador García, se ve afectado por una dificultad aún más sensible: por los cambios en el mercado de capitales. Cuando este se contrae, sin lugar a dudas el modelo resulta golpeado fuertemente.
Por lo tanto, el desafío está instalado y la invitación, hecha.
Hoy día el Congreso respalda una necesidad que urge asumir, pero que indudablemente -como cada uno de ustedes lo ha manifestado- es solo un primer paso, que requiere la creatividad, la disposición y la voluntad de todos para enfrentarlo como un desafío país.
En consecuencia, en nombre de la Presidenta de la República y del Ejecutivo, doy las gracias al Senado por este apoyo macizo y contundente.
La invitación está extendida y las voluntades se sumarán para que el desafío de cambiar el sistema de pensiones sea asumido por todas y todos.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
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El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Para un asunto reglamentario, señor Senador?

El señor LETELIER.- Así es.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.- El Presidente titular del Senado había dicho que podíamos tratar enseguida el proyecto signado con el número 7 en la tabla. Solicito que procedamos en esos términos.
Se trata de una iniciativa muy puntual que busca modificar el Código del Trabajo para que, ante un accidente del trabajo, los causahabientes puedan hacer efectiva la responsabilidad del empleador.
Me parece conveniente tramitar esta materia ahora que contamos con la presencia de la señora Ministra del Trabajo en la Sala, pues ella es coautora de la moción respectiva.
Es un proyecto muy simple, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Senador, la Sala acordó tratar a continuación el informe de la Comisión Mixta -entiendo que ya está en nuestro poder- recaído en la iniciativa que concede un bono por retiro voluntario a los profesores que indica.
Después se podría ver el proyecto que usted indica.

El señor LETELIER.- Está bien, señor Presidente.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Certificado
De la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas en la discusión del proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley Nº 20.822 (boletín Nº 10.744-04) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
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El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente, para un asunto reglamentario?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, como existe la posibilidad de que llegue hoy el proyecto sobre reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y con el ánimo de despacharlo a la brevedad, propongo que se tome el acuerdo para prorrogar la presente sesión.
De lo contrario, no alcanzaremos a convocar a una nueva sesión, pues se requieren cuatro horas de anticipación para citarla.
Sugiero que, una vez que terminemos de analizar los asuntos del Orden del Día, se suspenda la sesión hasta la llegada de la referida iniciativa.
Es una solución de tipo administrativo que nos daría la posibilidad de despachar el proyecto hoy. De lo contrario, tendríamos que convocar a una nueva sesión, con las cuatro horas reglamentarias de antelación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Vamos a tener presente su planteamiento, señor Senador.
Seguramente se celebrará una reunión de Comités en los próximos minutos y ahí tomaremos en consideración su sugerencia.



PRÓRROGA DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. COMISIÓN MIXTA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Según lo acordado por la Sala, corresponde tratar a continuación el certificado de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley Nº 20.822, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.744-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 23ª, en 14 de junio de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Comisión Mixta: sesión 49ª, en 14 de septiembre de 2016.
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
Hacienda: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
Educación y Cultura: sesión 48ª, en 13 de septiembre de 2016.
Comisión Mixta (certificado): sesión 63ª, en 16 de noviembre de 2016
Discusión:
Sesiones 33ª, en 20 de julio de 2016 (se aprueba en general y en particular); 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (se rechaza enmienda de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En el certificado respectivo, las proposiciones de la Comisión Mixta son las siguientes.
En cuanto al artículo 2º, número 1, párrafo segundo, aprobarlo con la siguiente redacción:
"Los cupos que no hubieren sido utilizados en los años 2016, 2017 y 2018 incrementarán los cupos del año 2019. A partir de dicho año, los cupos que no sean utilizados en cada anualidad incrementarán los cupos del año inmediatamente siguiente.".
Con relación al artículo 8º, la Comisión Mixta propone eliminarlo.
Por último, cabe indicar que en el certificado constan las votaciones mediante las cuales se aprobó cada una de las proposiciones que acabo de señalar.
Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.
Para entregar mayores detalles de lo que fue la labor de dicho órgano técnico, que terminó su cometido hace pocos momentos, tiene la palabra su Presidente, el Honorable señor Ignacio Walker.


El señor CHAHUÁN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se ha pedido la apertura de la votación.
¿Habría acuerdo para acceder a ello?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, esta es una gran noticia para los profesores de la educación pública, que son 90 mil en Chile.
El presente proyecto contempla un bono de incentivo al retiro, que se pagará por una sola vez entre 2016 y 2024 -es decir, por un lapso de ocho años-, para beneficiar hasta 20 mil profesores de la educación pública que en algún momento de ese período cumplan la edad para jubilar (60 o 65 años, según corresponda).
Este es un anhelo largamente acariciado por el magisterio, por los profesores del sector público.
Un profesor o una profesora con un horario superior a 36 horas podrá obtener, en caso de cumplir la edad requerida en el lapso indicado, un bono de hasta 21,5 millones de pesos.
Se trata de un esfuerzo muy grande y de toda justicia que hace el Estado de Chile en favor del profesorado.
La bonificación propuesta tiene un costo fiscal de 350 mil millones de pesos. Eso es cerca de 650 millones de dólares.
¡De eso estamos hablando!
Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, enorme, para beneficiar a un total -insisto- de 20 mil profesores del sector público.
Entonces, lo que ha hecho por unanimidad la Comisión Mixta es zanjar una pequeña discrepancia que hubo entre la Cámara de Diputados y el Senado y establecer que "Los cupos" -son cupos anuales; por razones presupuestaria, obviamente, existe una programación en esos ocho años- "que no hubieren sido utilizados en los años 2016, 2017 y 2018 incrementarán los cupos del año 2019".
Por lo tanto, solicitamos que esta Corporación tenga a bien aprobar esta propuesta -los plazos, además, se vienen encima-, que está unida también a la eliminación del artículo 8°.
Se produjo una discusión acerca de si la Comisión Mixta era competente o no para conocer un tema que a lo mejor no era directamente el punto medular que acabo de reseñar, pero que obviamente está relacionado: cómo y desde cuándo se aplican este beneficio y este bono. Por ello, el Ejecutivo presentó una indicación para sencillamente eliminar el artículo 8°.
Existe un fallo del Tribunal Constitucional respecto de un bono similar a los asistentes de la educación. No quiero entrar en esa materia porque creo que nos puede desviar de la gran noticia que les estamos dando a los profesores de Chile: van a poder acogerse a este beneficio, por una sola vez -insisto-, de un bono con las características que aquí he mencionado.
Por consiguiente, solicitamos que esta Corporación tenga a bien aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El señor Presidente cita a reunión de Comités a partir de este instante.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece un incentivo al retiro para los profesores en edad de jubilar, entre los años 2016 y 2024.
Como señalé en su oportunidad, la normativa en estudio forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a renovar nuestra educación, cuyos eslabones anteriores fueron las leyes de inclusión y de nueva carrera docente, y que hoy tiene pendiente el proyecto sobre educación pública o desmunicipalización.
En cambios de largo plazo como este resulta especialmente importante definir condiciones laborales también por períodos largos, como ocurre con los incentivos al retiro de los profesores y antes de los asistentes de la educación.
Estas iniciativas en su conjunto representan un aporte estatal -como acá se ha dicho- de más de 650 millones de dólares y beneficiarán a más de 29 mil trabajadores.
Destaco estas cifras porque a veces al calor de las negociaciones, para ganar un punto más, se desconoce esta realidad, como si los ciudadanos nos desdobláramos, como si el que recibe un reajuste no fuera el mismo que se beneficia con un mejoramiento de la planta, una nueva asignación o un incentivo al retiro cuando jubile, como los establecidos en este y otros tantos proyectos que hemos aprobado en el último tiempo.
El Estado es uno solo y su objetivo es el bien común. Todos los mejoramientos, aun los que benefician a grupos de funcionarios, atienden los intereses particulares de estos, pero también el interés común, justamente porque importa al Estado asegurar mejores condiciones laborales para sus servidores.
Responde a una visión parcial, entonces, prescindir de todos estos avances, compartimentando los mejoramientos de acuerdo con la naturaleza de la asignación correspondiente y no con sus beneficiarios. Así también, hubiera sido parcial pretender reformar la educación pública prescindiendo de revisar las condiciones laborales de los profesores.
Todos estos avances responden a una visión global, al objetivo de asegurar mayores niveles de igualdad para los chilenos.
Cuando avanzan los profesores, avanzan nuestros niños y, por lo tanto, avanza nuestro país.
Se está haciendo justicia, así sea parcialmente, a quienes han ejercido en nuestras escuelas justamente en un período marcado por el deterioro de la educación pública, que afectó no solo a generaciones de estudiantes, sino también a generaciones de maestros.
La tarea no está concluida. Nunca puede darse por terminada.
Señor Presidente, quiero aprovechar la presencia de la señora Ministra de Educación para leer íntegramente una carta que he recibido de la Agrupación de Profesores Jubilados Maestro Pedro Aguirre Cerda, de Castro, que representa el sentir de miles de profesores jubilados de todo nuestro país y que reza como sigue:
"Como debe ser de su conocimiento, la DEUDA HISTÓRICA, que data más de 30 años, no fue considerada en el PRESUPUESTO NACIONAL para el 2017, hecho que todos esperábamos, puesto que el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, debería haber incorporado en dicho presupuesto una solución de reparación, sea un mejoramiento de las irrisorias pensiones que recibimos, más el bono de reconocimiento que se estaba tratando en las diversas Comisiones Técnicas de la DEUDA HISTÓRICA.
"Por cierto, que aunque ya sea y parezca un caso manido hablar, pensar y/o escribir sobre lo anterior, no podemos eludir la necesidad de enfrentar con sinceridad e incluso con crudeza la novedosa y dolorosa realidad de los hechos que nos afligen. DEUDA HISTÓRICA, es verdad, de arrastre para la democracia, pero deuda de estado al fin y que llevó al sacrificio social integral, al disminuirse en cada familia su estabilidad financiera.
"Miles de docentes esperan una solución, ya largamente postergada y muchos de esos miles, de no haber una pronta respuesta y concreción sobre sus bajísimas pensiones, morirán tal como ha ocurrido ya con alrededor de más de 20.000 que murieron esperanzados, pero frustrados por no haber vivido de mejor forma sus últimos días.
"En consideración a lo planteado, solicitamos a Uds. que realicen algo mediante trámites, entrevistas, indicaciones al Proyecto, según corresponda, por estos ya viejos profesores que se dirigen a Uds. como una última oportunidad (...).
"Agradecidos y esperando buenas noticias y efectividad, Saludan atte. a Uds. por los 383 Profesores jubilados de la provincia".
Firman la carta el Presidente y el Secretario de esta agrupación.
Esto representa, señor Presidente, el sentir de miles de profesores a lo largo de nuestro país.
Y aprovecho la presencia de la señora Ministra para que nos pueda informar, cuando le toque intervenir, en qué situación se encuentran estos profesores.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que nosotros vamos a apoyar con fuerza este incentivo al retiro, que va a permitir de alguna manera resolver el daño previsional de muchos trabajadores que han dado lo mejor de sus vidas para la formación de mejores ciudadanos.
Sin embargo, quiero señalar que junto con los Senadores Prokurica, Bianchi, Larraín, Quinteros y tantos otros hemos sido quienes insistentemente hemos solicitado una respuesta del Estado respecto de la deuda hacia el magisterio.
Es así como la deuda histórica con el magisterio constituye claramente uno de los lunares, uno de los temas pendientes que tiene nuestro país.
Esta materia la hemos abordado de múltiples formas: a través de proyectos de acuerdo; mediante indicaciones a la glosa presupuestaria -espero que el Senador Quinteros brinde su apoyo este año, como lo ha hecho en oportunidades anteriores- para que el Ministerio informe en el mes de abril al Congreso Nacional acerca de los avances sobre el particular. Ello jamás lo han cumplido ni este Gobierno ni el anterior, al que también se lo hicimos presente en su oportunidad.
Nos tocó constituir en la Cámara de Diputados una Comisión Especial sobre Deudas Históricas para abocarnos a esta materia.
Formamos la Corporación de Profesores Jubilados de Chile, que presidía doña Gabriela Formas. Y logramos finalmente, a través de un trabajo uno a uno, catastrar a los 94 mil profesores y asistentes de la educación -cuestión que podría sonar una novedad- con los cuales se mantiene la deuda histórica.
Por eso que este tema nos parece de la mayor preocupación.
En segundo término, en aquel entonces logramos que la mencionada Comisión Especial pudiera proponer una solución acogida en forma unánime, que establecía la posibilidad del pago de un monto, por una sola vez, para hacerse cargo de la deuda hacia el magisterio y abordarla en su totalidad. Se propuso, además, una fórmula durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet, cuestión que no fue recogida por el Gobierno.
Luego, durante la actual Administración -y es importante, señor Presidente, que por su intermedio lo pueda escuchar la señora Ministra- fuimos a hablar con la Subsecretaria de Previsión Social, con los personeros del Ministerio de Educación, con los integrantes de la Comisión Bravo, con la Asociación de Aseguradoras, y propusimos una fórmula de solución.
¿En qué consistía? Pagar la deuda histórica con el magisterio a través de los bonos de reconocimiento.
¿Qué permitía aquello? Que el costo financiero no lo sufriera una sola Administración, sino que se diluyera, a lo menos, en cuatro Gobiernos.
El pago de los bonos de reconocimiento, modalidad para la que la Asociación de Aseguradoras estaba disponible, implicaba evitar que el costo monetario lo asumiera un Gobierno, sino que lo absorbiera el Estado durante cuatro Administraciones.
La propuesta fue ingresada a la Comisión Bravo; fue discutida también con Hacienda; nos apoyaron algunos Diputados y Senadores en el trámite correspondiente, y esperamos que se esté disponible para discutir esta materia.
Luego, el Senador Prokurica -cuestión que estuvimos apoyando- recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para respaldar la situación de los profesores de su Región de Atacama, quienes habían obtenido sentencias ejecutoriadas en su favor y que el Estado no había pagado.
En mi circunscripción, secundando lo obrado por el Senador Prokurica, estuvimos trabajando y cooperando con aquellos que demandaron oportunamente.
Estamos frente a una situación compleja: las personas que demandaron a tiempo el pago de la deuda histórica lograron que se les pagara. Y aquellos que no interpusieron las acciones oportunamente quedaron en un zapato chino esperando una solución legislativa.
En tercer lugar -ya lo he planteado, y lo voy a recalcar- está lo obrado en la Región de Atacama, donde existen profesores que obtuvieron sentencias ejecutoriadas y a los cuales el Estado no les ha pagado. Esto llevó finalmente al Senador Prokurica -también lo apoyé- a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En resumen, estamos frente a una situación compleja, cuya solución requiere un acuerdo político.
¿Y cuál es la siguiente propuesta alternativa? Una pensión mínima docente que se pueda hacer cargo de resolver el daño previsional de los profesores a través de la generación de las condiciones que posibiliten que aquellos que se hallan en situación desventajosa puedan acceder a una pensión con un nivel ético básico.
Hicimos un catastro de los profesores de Chile y de las condiciones en que se encuentran.
Estudiamos más de 800 casos.
Nos encontramos con profesores que a sus 75 años están desarrollando labores agrícolas en Casablanca; con docentes que están viviendo de la limosna; con profesores que están tocando instrumentos en el Metro de Santiago, o docentes que se encuentran en completo estado de abandono.
Por más digno que sea el trabajo de una temporera o de un temporero, no es posible que un profesor o una profesora de 75 años deba sobrevivir cumpliendo labores agrícolas cuando sus condiciones de salud claramente no lo acompañan.
Por tanto, ¡hacemos un llamado al Gobierno, al Estado de Chile a hacerse cargo de una deuda histórica!
¡Para qué hablar de las negociaciones que ha habido con el Colegio de Profesores! He estado siguiéndolas. Con la vicepresidenta Verónica Monsalve, a cargo de la Comisión de Deuda Histórica, hemos estado trabajando en el día a día.
Y básicamente hay una desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque uno puede entender que estamos viviendo un momento económico complejo, pero no puede ser que la deuda histórica se incluya en los petitorios, en los protocolos de acuerdo y, finalmente, no haya avance en ningún sentido, en ninguna dirección.
Por eso, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, los bonos de reconocimiento permiten que no sea un Gobierno, un período presidencial, sino cuatro períodos presidenciales los que absorban el impacto económico que la deuda histórica significa.
Por otra parte, hay que señalar que la propuesta que formulara la Comisión de Deudas Históricas en la Cámara de Diputados, varios de cuyos miembros actualmente integramos el Senado, entre ellos, la Senadora Adriana Muñoz, el Senador Carlos Montes, permite avanzar en la dirección correcta.
Los Senadores Prokurica, Bianchi, Larraín y quien habla hemos sido consistentes en que se busque una solución a la deuda histórica que afecta al magisterio.
Por eso le queremos decir, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, que vamos a insistir con la indicación en la glosa pertinente para que el Ministerio entregue la información, aunque sea una obligación incumplida por la actual Administración y por la anterior. ¡Porque durante el Gobierno del Presidente Piñera tampoco recibimos la respuesta que los propios profesores y nosotros esperábamos! ¡Y para qué hablar del primer mandato de la Presidenta Bachelet!
Planteo esto por la dignidad del magisterio; a fin de que se valorice y se dignifique su función; para que se avance en la pensión mínima docente; por el homenaje que le queremos brindar a Gabriela Formas, Presidenta de la Corporación de Profesores Jubilados de Chile, quien realizó el catastro uno a uno de los profesores afectados por la deuda histórica con el magisterio, copiando uno a uno tarjetones, a los efectos de poder entregar el listado completo, de Arica a Punta Arenas, de los docentes y asistentes de la educación aquejados por tal situación.
Por eso y por mucho más. Porque hay que resolver el daño previsional y propender a que esta sea una oportunidad para mejorar la calidad del profesorado. Porque la revolución que ha de venir es la revolución del aula; la revolución en la calidad de la educación.
De ahí que resulte tan importante que nuevos profesores...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- ¿Me puede conceder un minuto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Por eso es tan relevante que los maestros estén adecuados a las nuevas técnicas. Hoy día el proceso educativo no implica repetir datos, pues los datos se encuentran en los smartphones. Lo que hoy día se precisa es entender que los procesos educativos requieren una manera distinta de relacionarse con las materias; hay que apuntar a los análisis críticos, al uso de herramientas investigativas.
La calidad de la educación en el aula es la revolución ausente en este Gobierno y en el anterior.
Y espero que en lo que nos queda por delante también pueda ser un desafío por cumplir.
¡Mejor educación, educación de calidad y dignidad para los profesores pensionados!
¡Dignidad para el magisterio!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, a mí me preocupa la forma en que la Comisión Mixta está resolviendo las discrepancias suscitadas en este proyecto. En este sentido, quiero hacerle una pregunta -por su intermedio, señor Presidente- a la señora Ministra de Educación, que está con nosotros aquí, en la Sala.
Me inquieta que los cupos que sobren, que no se usen durante los años 2016, 2017 y 2018 se traspasen al año 2019.
No sé cuánto puede significar la carga financiera de esa operación.
Entiendo el hecho de que hoy tampoco se pueda calcular, porque no sabemos en realidad cuántos profesores se van a inscribir, cuántos finalmente van a obtener su jubilación y, por lo tanto, tendrán derecho a este bono de incentivo al retiro.
Pero lo que más me preocupa es lo que ocurra el presente año. Porque uno tendería a pensar que los cupos que no se utilicen el 2016 -como estamos a menos de 45 días de que se termine el año- debieran ser traspasados al 2017.
Eso parecería lo lógico. Porque si no, quienes no logren un cupo en 2016 deberán optar en 2017 junto con los que postulen el próximo año. De modo que siempre tendremos excedentes.
No entiendo la lógica de la redacción propuesta: "los cupos que no se usen en 2016 pasarán al año 2019".
Eso no lo comprendo.
Tendería a creer que lo razonable -y así debiéramos despachar este proyecto- es que los cupos no utilizados en 2016 se sumen a los del año 2017; que aquellos que no se ocupen en 2017 se agreguen a los del año 2018; que los que no se usen en 2018 incrementen los cupos del año 2019.
Eso tendría lógica; lo otro, no, por lo menos como yo lo entiendo.
De ahí mi consulta a la señora Ministra de Educación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Como estamos en votación, le solicitaremos a la señora Ministra que al término de ella se refiera a las consultas que se le han formulado.
El señor GARCÍA.- Pero la Ministra puede hacer precisiones.

El señor MONTES.- Y aclarar conceptos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, le ofreceré la palabra de inmediato a la señora Ministra, al objeto de que realice alguna precisión o corrección sobre las cuestiones que se han señalado hasta ahora.
Acordado.
Puede intervenir, señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, quiero saludar a todos los Senadores.
Ahora bien, creo que acá se han dicho varias cosas.
Este proyecto ya fue analizado en su integralidad en sesiones anteriores. En estos momentos estamos viendo más bien el resultado de lo que se definió en la Comisión Mixta para tener un texto acordado por ambas Cámaras.
Se trata de un asunto central de la reforma de la educación.
El permitir que un conjunto importante de profesores pueda retirarse, jubilar en forma más digna, con más recursos, evidentemente también posibilita lo que llamaríamos "un tiraje de la chimenea" que va a beneficiar a otros profesores a lo mejor menos cansados y con más ganas de seguir entregando su vida a la labor docente.
Esta iniciativa de ley es continuación de otra. Por lo tanto, señor Senador, el año 2016 está cubierto con una normativa cuya vigencia termina luego.
Nosotros habíamos acordado -Su Señoría lo recordará- un proyecto para 10 mil profesores, de los cuales se han acogido a retiro voluntario aproximadamente 6 mil 500 a 6 mil 800.
Aquí se abre un período que ahora exhibe más certezas, pues tenemos carrera docente y un conjunto de otros elementos. Y una de las razones que llevaron a los parlamentarios a aprobar esta redacción en la Comisión Mixta fue el antecedente que entregó la Biblioteca del Congreso sobre la utilización que se le había dado al incentivo al retiro durante los primeros años, el cual se ocupó casi completamente. O sea, los dos o tres primeros años son los que más se utiliza.
Pero, efectivamente, no es automática esta acumulación. No es cosa de decir "Me sobraron 500 cupos: los paso para el próximo año". Porque estamos hablando de otro presupuesto, de otra situación, pues no sabemos cuántos podrán acceder a la bonificación ese año.
Ello no solo se planteó en este proyecto. También se estableció en el incentivo al retiro para los asistentes de la educación, en el presentado para los funcionarios de la salud pública, en fin. En todos los casos se aplicó el mismo principio: si hay un remanente en los años 2016, 2017 y 2018, se agregará al año 2019; y de ahí en adelante los cupos que no sean utilizados en cada anualidad incrementarán los del año siguiente. Eso, en la idea de buscar también un período económico más favorable, en el cual podamos antecedernos a lo que vendrá a futuro, si se suman todos los profesores con derecho a esta bonificación, que son 24 mil.
Esto se halla pensado para esa cantidad, a lo largo de los próximos ocho años.
Por ello hay cupos por año. Y se supone que los primeros años serán los más demandados, por las condiciones que se abren hoy debido al traspaso de profesores de un sistema a otro y por la inversión en la carrera docente. Eso va a ordenar las cosas de manera distinta.
Entonces, respondiéndole al Senador García, creo que este proyecto es lo contrario de lo que sucedió cuando se generó la deuda histórica.
Cuando ocurre aquello se traspasa a los profesores de un régimen a otro sin tener consideración respecto de quienes deseaban jubilar, o de que hubiera un bono de incentivo al retiro. Nada. Salió nomás el profesor, y se generó una deuda en circunstancias de que, siendo funcionarios públicos, tenían acceso a determinados bonos. Al pasar a los municipios, cambiaron de régimen. Antes del Estatuto Docente eran de régimen común, de contrato laboral solamente.
De otro lado, señor Presidente, quiero aprovechar de señalar lo siguiente.
Hemos estado trabajando con el Colegio de Profesores en esta materia. A mí me han proporcionado antecedentes las intervenciones de los señores Senadores. Pero quiero decirles que esta semana hicimos un planteamiento en la OIT en el que dimos cuenta del especial esfuerzo que está llevando a cabo el Ministerio, que esperamos terminar en enero, en el sentido de contratar un equipo para ir al Archivo Nacional y ver cuántos son los profesores afectados y en qué situación se encuentran. Porque más allá del trabajo que haya realizado la profesora que se menciona acá, en la medida en que, además, se juntó a asistentes de la educación con profesores, estamos en situaciones distintas.
Nos hallamos limpiando esa base de datos con el Registro Civil. Porque no sabemos cuántos de esos profesores están jubilados, cuántos han fallecido, cuántos están vigentes, en fin.
Por lo tanto, esperamos tener en enero el listado completo de quienes se vieron perjudicados, para enviar esos antecedentes a la Comisión pertinente o al Ministerio de Hacienda, que ve la cuestión previsional, al objeto de determinar qué gesto se puede hacer en función de aquello.
La verdad, señores Senadores, es que afortunadamente el magisterio a lo largo de estos años ha tenido mejoras. Pero nunca estos mejoramientos se asociaron a la deuda histórica, sino que solo fueron considerados como tales, pues los profesores se encontraban en una situación muy desmedrada. No se pactó como un proceso de mejoras para resolver el problema que se había generado.
Es cierto que desde el punto de vista judicial solo a un número acotado de profesores la justicia les ha dado la razón en el sentido de que había una deuda histórica.
Asimismo, a muchos otros que también hicieron planteamientos la justicia les ha señalado que aquella no existía.
Ahora, no queremos quedarnos solo en esta situación jurídica-nominal. Pero sí deseamos saber fehacientemente de qué estamos hablando. Porque los montos, señor Senador, son inmensos.
Por lo tanto, no es lo mismo hablar de 88 mil profesores, que son los que se calcula que fueron traspasados en su momento, si no sabemos hoy día si en realidad se trata de 40 mil, 50 mil, 60 mil, ni qué pasa con ellos. Esto, para los efectos de estudiar una solución sobre la materia.
Me parece una buena idea que eso se haga no de una vez, sino a lo largo del tiempo; que no solo comprometa a este Gobierno, sino también a los que vengan.
Señalo aquello para que no se diga que no estamos haciendo nada.
Fuimos reconocidos en la OIT.
Con respecto a lo que señaló el Senador Quinteros, en cuanto a la situación de la agrupación de profesores de la Región que representa, debo manifestar que estamos esperando dichos antecedentes -pensamos que para enero próximo tendremos todo listo- para sostener una conversación política a fin de determinar de qué manera concretamos el gesto que mencioné.
Finalmente, debo consignar que la Comisión Mixta corrigió solo dos aspectos de un proyecto que ya fue analizado por las Comisiones respectivas y las Salas de ambas Cámaras. Y tienen que ver con dos cuestiones muy concretas.
La primera se refiere a la acumulación de cupos que mencionó el Senador García. La segunda se halla relacionada con una norma específica, que dispone que si un alcalde no paga esta bonificación se entenderá que incurre en notable abandono de deberes.
La verdad es que se prefirió eliminar esto último, pues la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ya considera sanciones posibles para una situación similar.
Por otra parte, si estableciéramos lo relativo al notable abandono de deberes, este proyecto tendría que ir al Tribunal Constitucional, lo cual demoraría su tramitación más de 30 días, como ocurrió anteriormente con los asistentes de la educación, en un mes clave en los municipios, porque en estos momentos los profesores están señalando que quieren jubilar, postular al incentivo al retiro.
Entonces, de haberse acogido dicha disposición, se habría perjudicado a miles de docentes a lo largo de nuestro país, quienes se hubieran visto impedidos de postular a dicho beneficio.
Además -como señalé-, la sanción en este caso se halla cubierta por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por eso, la Comisión Mixta aprobó estas proposiciones.
Solo un integrante hizo una reserva concreta con respecto a la eliminación de la norma que mencioné. Pero en lo relativo a la acumulación de cupos para el 2019 la aprobación fue unánime.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, es imposible no hacerse eco de lo que acaba de señalar la Ministra de Educación.
Ella ha dicho que este Gobierno, como los anteriores, no tiene un registro que le permita determinar el universo de maestros a los que el Estado de Chile les adeuda históricamente una cantidad importante de dinero por su vida trabajada.
Una deuda histórica, o a estas alturas "prehistórica", por los años que han transcurrido desde que se originó.
Además, indicó que ya se encuentran viendo cuántos profesores han muerto, cuántos están vivos, cuál es el número de personas afectadas.
Esa situación no me deja de llamar profundamente la atención.
Me alegra escuchar por primera vez, desde que estoy en el Parlamento, que el Gobierno, a través de la Ministra, está estudiando un mecanismo para reparar esa deuda histórica, y que de aquí a enero del próximo año tendrá cuantificado el universo de personas que podrían ser objeto de una retribución económica.
Asimismo, la Ministra agregó que le parece bien que la propuesta que se haga para resolver definitivamente la demanda histórica de los profesores comprometa también a los futuros Gobiernos (a tres o cuatro), y que se plantee un cronograma contemplando aquello.
¿Creo haber escuchado bien?

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Sí, señor Senador.

El señor BIANCHI.- La Ministra me dice que sí, que escuché bien.
Bueno, esta debe de ser la gran noticia para los maestros de todo el país.
Con ello, obviamente, no se juega.
Lo que se acaba de señalar en el Senado hoy día sin lugar a dudas permite mantener las últimas ilusiones de aquellos profesores que han dedicado parte de su vida al ejercicio de su profesión, de su vocación, y también, a dar esta legítima lucha con el fin de obtener del Estado la debida reparación.
Así es que, señor Presidente, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir de aquí a enero o a marzo del próximo año, para ver si se puede entregar, según lo que ha dicho la propia Ministra, no solo una respuesta, sino también un mecanismo para solucionar esta histórica reclamación de los profesores de nuestro país.
De otro lado, lo que estamos haciendo ahora es la mayor demostración de que el Estado -lo hemos dicho tantas veces- es por lejos el peor empleador.
Esta práctica de los bonos, de los incentivos al retiro no es otra cosa que reconocer que se han cometido errores, que ha habido abusos en materia de ahorros previsionales. Porque todo eso hace que un profesor, aun cuando tenga la edad y necesite retirarse, aun cuando se encuentre en una situación profesional en que probablemente no está dando el cien por ciento, no pueda jubilarse porque no tiene las condiciones económicas para ello.
Algunos han llegado a pensiones de 120 mil, de 140 mil pesos.
Al respecto, quiero contar brevemente a lo menos una de las experiencias que me ha tocado vivir, pues son varias, en mis viajes a Magallanes.
En una ocasión conversé con un italiano que había viajado por gran parte del mundo y que venía a conocer el Parque Nacional Torres del Paine y la Patagonia argentina. Esa era parte de las experiencias que él quería vivir durante los próximos años de su existencia.
Yo le pregunté a qué se dedicaba. Me respondió que era profesor jubilado.
Allí yo me dije: ¡Es otro mundo!
Señor Presidente, ¡cómo no desear que un profesor de nuestro país pueda darse el gusto de viajar, no digamos fuera de Chile, pero sí aquí dentro, o cerquita!
La persona a la que me referí venía desde Italia, y se hallaba recorriendo el mundo haciendo uso de su jubilación. ¡Y había sido profesor!
¡Esa es la nivelación hacia arriba que uno quisiera que existiera!
Estos bonos e incentivos al retiro ciertamente son el reconocimiento de que el Estado simplemente no ha dado las garantías ni los recursos que se requieren para que las personas reciban una jubilación digna.
¡No! Aquí, en Chile, debemos establecer bonos para incentivar el retiro; porque de otra forma las personas no podrían jubilarse, pues sus pensiones serían indignas.
Entonces, aparece un señor Senador que dice: "Les tenemos una buena noticia a los profesores: ¡van a recibir un bono!".
¡Claro que es una buena noticia! Pero al ladito de eso está lo otro: que no hemos aprendido ni entendido nada, pues creemos que a través de los incentivos al retiro y de los bonos estamos corrigiendo una situación que es del todo inaceptable.
Por lo tanto, es imposible votar en contra de estos incentivos. Los profesores necesitan jubilarse.
Sin embargo, hay otra preocupación, que se halla relacionada con lo que viene en materia de educación pública.
Porque de lo que se encarga esto también es de hacer que más de 20 mil maestras y maestros se vayan del sistema.
Y viene algo nuevo, que aún no conocemos; lo hemos hablado con la Ministra, y hay mucha incertidumbre al respecto: habrá un traspaso de un empleador a otro.
¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Se van a reconocer los años trabajados? ¿Se van a pagar esos años? ¿O vamos a crear otra deuda histórica como pasó en 1981, cuando los profesores simplemente fueron cambiados a otro empleador, lo que generó la situación que hemos comentado durante esta votación?
Señor Presidente, vamos a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, para aprobar este incentivo al retiro, pero reconociendo que el Estado tiene esta enorme deuda con los profesores de nuestro país.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solo quiero agradecer a la señora Ministra de Educación por la respuesta que dio a la carta que le entregué en representación de la agrupación de profesores jubilados de mi Región, quienes fueron afectados por la famosa deuda histórica de Chile.
Creo que ella ha sido muy seria en su respuesta.
Los profesores, quienes por años han estado peleando por las remuneraciones que desgraciadamente se les adeudan, hoy día tienen la esperanza, como dijo la señora Ministra, de que en enero vamos a disponer del listado completo de las personas que aún están vivas.
Espero que no pasen uno, dos o tres gobiernos más, sino que durante el de la Presidenta Bachelet podamos darle una solución al problema de la deuda histórica.
Yo me alegro mucho de que la señora Ministra haya tomado en consideración la carta de los profesores jubilados de Castro que leí. Porque, a decir verdad, conmueve cuando uno se encuentra con maestros afectados por esa deuda, no solo en Castro o en el resto de la Región de Los Lagos, sino a lo largo de nuestro país.
Así que, señora Ministra, muchas gracias por habernos escuchado y por la respuesta que dio.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me sorprendió una intervención que mezclaba deuda histórica con bono de incentivo al retiro. Son dos cosas absolutamente distintas.
Aquí estamos hablando de un bono como incentivo al retiro.
Yo entiendo -quizás la Ministra pueda corregir la cifra- que para quienes acceden al proceso pertinente son 21 millones 500 mil pesos.
Ahora, discúlpenme, pero a mí me molesta harto cuando algunos dicen que el Estado es el peor empleador y desconocen que en el sector público se pagan en promedio mejores sueldos que en el sector privado y que muchas personas con vocación pública quieren trabajar en el ámbito fiscal.
La situación de los profesores que estamos discutiendo no tiene que ver con que el Estado -en este caso, el municipio- sea buen o mal empleador, sino con el hecho de que el sistema previsional existente en nuestro país es poco adecuado.
Considero importante que reconozcamos que toda la política que se ha ido implementando durante los últimos 10 a 15 años en cuanto a generar incentivos para el retiro tiene que ver más con un sistema previsional incapaz, ineficiente, inadecuado -pongan el adjetivo que quieran para describirlo-, que no es digno para personas que dedican su vida a trabajar y cuando jubilan quedan con malas pensiones.
Este incentivo al retiro es un reconocimiento, sin querer decirlo abiertamente quizás, de que el sistema de capitalización individual es del todo inadecuado.
Si creemos que quien ahorra 10 por ciento del sueldo durante su vida laboral con eso va a obtener una pensión digna, bueno, nos estamos engañando como país.
Por eso el debate en torno a que el empleador aporte; en este caso será el actor del Estado que corresponda. Y esperamos que también haya aportes adicionales, para tener un sistema de pensiones distinto.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor.
Reconocemos el esfuerzo de la Ministra para sacar adelante este proyecto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, solo deseo referirme a la deuda histórica.
Todos los Ministros de Educación le hacen el quite a la deuda histórica: a referirse a ella, a establecer un compromiso con los profesores para enfrentarla.
Se trata de una deuda que el Estado -no determinado gobierno- tiene con los maestros. Por lo tanto, él debe responder.
A lo largo de todos estos años han fallecido muchísimos profesores y profesoras que vieron con gran desaliento, en cuanto al pago de la deuda histórica, que durante las campañas presidenciales y parlamentarias se contraían compromisos, se firmaban protocolos, etcétera, que no se concretaban.
Es muy importante señalar una vez más en esta Sala que, en materia del pago de la deuda histórica con los profesores, solamente es el Estado, a través del Gobierno de turno, quien puede tomar la decisión, porque en ello está involucrado el uso de recursos fiscales.
Señor Presidente, de la actual Ministra de Educación se pueden decir muchas cosas. Uno podrá estar de acuerdo en algunas de las materias que se empeña en sacar, y en otras, en franco desacuerdo. Pero es una Ministra, una mujer, que al menos hoy día señala que va a establecer un procedimiento y que lo dará a conocer a inicios del próximo año. Así hemos entendido.
Eso me parece tremendamente positivo. Porque en los últimos años yo no había escuchado a ningún Ministro o Ministra de Educación que siquiera hubiera expresado que tenía el compromiso de ver un procedimiento para efectuar una propuesta en esta materia.
Eso a mí me gusta mucho. Se lo digo por intermedio de la Mesa a la Ministra de Educación, quien está presente en la Sala. Y le agradezco por ello, pues se trata de una necesidad que han tenido todos nuestros maestros a lo largo del país durante mucho tiempo.
A todos nosotros nos llegan muchas cartas, como señalaba el Senador Quinteros. Los profesores nos paran en la calle, durante las actividades públicas en nuestras regiones. Cada vez que hay un acto, ¡siempre aparece un profesor o una profesora! Nos agarran del brazo y nos dicen: "¡Pucha: cuándo!", "¡Cuándo el Estado se pone con nosotros!".
Es una cuestión justa; no se trata de un favor: ¡es una deuda histórica!
En consecuencia, señora Ministra, ¡hágalo! ¡Por favor, hágalo, pues va a contar con el apoyo de este Congreso, particularmente con el de nosotros, los Senadores, seamos de Oposición o de Gobierno! Yo, como Senadora y Presidenta de un partido político de Oposición, Amplitud, le digo: "Ya: altiro, ¡todo mi respaldo para el pago de la deuda histórica!".
Y si hay que recortar platas de otras cosas, ¡recortémoslas! Porque las deudas históricas hay que asumirlas y pagarlas.
¡Esas son las cosas que hacen la diferencia en los países, en el mediano y largo plazos!
Así que espero que aquello se concrete. Y estaremos vigilantes para, llegado el mes de enero, ver cuál es el procedimiento, a fin de ayudar a que funcione.
Obviamente, voto a favor la propuesta que nos hizo la Comisión Mixta.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Ante todo, saludo a las Ministras presentes.
Señor Presidente, este es un proyecto muy anhelado. Y tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Hacienda cuando se discutió.
A su respecto, quiero hacerme cargo de lo que planteó el Senador García y de lo que contestó la Ministra sobre los cupos no utilizados en 2016.
Desde el momento en que la ley en proyecto se promulgue, se publique y exista reglamento, habrá 1.500 cupos que muy difícilmente se ocuparán este año.
Sobre el particular, yo estaba conforme con lo que planteó la Cámara de Diputados en el sentido de que los cupos que no se usaran en 2016 pasaran al año inmediatamente siguiente. Me pareció que era lo ideal.
Imagino que aquí incide el problema -bien lo sabemos todos- de Hacienda, presupuestario, que no es de responsabilidad de la Ministra de Educación. En definitiva, los cupos de 2016 se llevan al año inmediatamente siguiente a 2019.
En esa línea, yo pediría lo siguiente: si en 2017 se registra un milagro en el precio del cobre y tenemos alguna posibilidad de contar con más disponibilidades presupuestarias, que se envíe un proyecto de ley -sería bastante corto- mediante el cual se destinen los recursos necesarios para que los cupos no utilizados en 2016 se usen el año próximo.

El señor PROKURICA.- Puede ser a través de una indicación.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No. Para una indicación hoy día ya no tenemos tiempo.
Ciertamente, no podemos paralizar el proceso. Pero, sí, es factible analizar la posibilidad de hacer un esfuerzo mayor para que los cupos no ocupados este año se usen en 2017. Ello significa que el próximo año haya 3 mil beneficiarios, pues los 1.500 cupos no utilizados en 2016 no pasarán a los años 2019 y siguiente.
Valoro este proyecto, señor Presidente. Sin duda, va en el camino correcto.
Ahora, con relación a la deuda histórica, las Senadoras y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han sido bastante claros: es lo que nos solicitan todos los profesores afectados por ella, quienes con gran ilusión llevan muchos años esperando una solución, sin perder jamás la esperanza.
Ojalá tengamos esa respuesta, que todo el país les debe a profesores que han dedicado su vida a la educación de nuestros hijos y de la gente que más necesita.
La UDI votará favorablemente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron los señores Espina y García.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, de verdad, ayer y hoy han sido días fructíferos para seguir avanzando en las distintas reformas, pues vamos cerrando proyectos que, si bien no son el eje central de cada cambio, generan las posibilidades y el clima para las transformaciones que estamos impulsando.
En esa línea se ubica la iniciativa que acaba de aprobar el Senado.
Ella también tiene que ver con historia, con justicia respecto de un sector. Pero se suma a la carrera docente, se suma a los cambios que se están proponiendo, se suma al proyecto de nueva educación pública.
Es decir, se trata de un esfuerzo de país que a veces vemos muy por separado.
Yo quisiera darles confianza a todos los Senadores en torno al inmenso esfuerzo que estamos haciendo como nación para mejorar la calidad de la educación.
Estos no son solo procesos; no son únicamente pagos aislados a un sector u otro.
El hacer justicia a los profesores mayores; el imponer más exigencias a los profesores nuevos que se van incorporando a la carrera docente y el brindarles apoyo para que sean exitosos en la realización de su trabajo; el esfuerzo que se realiza con las universidades; los recursos que se discuten hoy en la Ley de Presupuestos para las pedagogías en las distintas universidades al objeto de tener mejores docentes: todo eso es un cúmulo de aspectos enlazados entre sí en la búsqueda de lo que finalmente ocurre en el aula con cada niño y cada joven.
Se suma a aquello la voluntad de nuestro país en cuanto a tener una educación pública de calidad, una oferta pública en la cual poder confiar, una oferta pública como aquella a la que las familias llevan a sus niños de entre 0 y 4 años, que es absolutamente mayoritaria: ¡93 por ciento de toda la oferta parvularia en Chile es pública! Sin embargo, cuando esos niños cumplen 5 años o más, las familias muchas veces optan por ir por otro camino.
Sabemos que el sistema es mixto. Lo estamos fortaleciendo por distintos lados. Pero también queremos tener una educación pública de calidad. Y este esfuerzo se dirige también a profesores que han trabajado toda su vida en condiciones muchas veces de alta vulnerabilidad, en situaciones complejas.
En consecuencia, señor Presidente, solo me resta agradecer este esfuerzo del Senado.
Por cierto, quiero ser bien precisa.
En enero vamos a tener los datos sobre quiénes son los profesores.
La fórmula que encontremos como Gobierno, y ojalá como Estado, para ver qué hacemos con la deuda histórica la dejamos absolutamente abierta.
Yo no voy a traer sola la solución. Pero, sí, la estamos enfrentando en términos de ver que la deuda histórica afecta profundamente la situación de jubilación de cada maestro.
Por lo tanto, queremos entregarla a la comisión que está viendo los temas previsionales, para que realmente haya una cosa especial con los profesores que han visto por años mermada tal situación, como bien se ha señalado aquí.
¡Muchas gracias, señor Presidente! ¡Me voy contenta!
Ahora, a mi presupuesto.

El señor PIZARRO.- ¡Ahí no le va a ir tan bien...!
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- ¡No me va a ir tan bien...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¡Felicitaciones, señora Ministra, por el apoyo que los dos proyectos del Ministerio que usted encabeza han tenido en el Senado ayer y hoy!
Me ha pedido la palabra el Senador señor Horvath.

El señor LETELIER.- ¿No debemos discutir el proyecto signado con el número 7 en el Orden del Día?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, Su Señoría: inmediatamente.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones a la Ministra: es la primera autoridad que se atreve a hablar de "deuda histórica" en el Congreso Nacional, a hacer una evaluación y a buscar, en un gesto, una focalización hacia las personas que se encuentran en condiciones más complicadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
ACUERDOS DE COMITÉS

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de los acuerdos de Comités vinculados con la forma como vamos a proceder en un rato más con el proyecto de reajuste.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, los Comités, con relación al proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público y concede otros beneficios, acordaron unánimemente:

1.- Tan pronto se tenga conocimiento de que la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa, autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar y luego informar verbalmente a la Sala del Senado, sin esperar que se dé cuenta del oficio respectivo.

2.- Citar a sesiones extraordinarias para discutir y votar de 20 a 20:30; de 20:30 a 21, y de 21 hasta el total despacho del proyecto.

3.- Empalmar las sesiones 63ª, ordinaria, y 64ª, extraordinaria.
Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esos acuerdos son de los Comités.
Quiero preguntarle al señor Secretario si para ver sobre tabla el proyecto de que se dio cuenta recién se requiere la unanimidad de la Sala.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se requiere el acuerdo unánime de los Comités. Y en la sesión respectiva estuvieron presentes todos ellos.

El señor NAVARRO.- ¿Y el Comité Mixto, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Estuvieron presentes todos los Comités, Su Señoría.
Por lo tanto, es un acuerdo unánime.

El señor NAVARRO.- ¿Estuvo Bianchi? ¿Estuvo Horvath?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Estuvieron presentes todos los Comités: es lo que dijo el señor Secretario.

El señor NAVARRO.- Si yo hubiera estado, no habría dado la unanimidad, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Perfecto, señor Senador. Pero no estuvo.
Lo lamentamos mucho.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional formulada por el Senador señor Harboe para ausentarse del país a partir del 18 del mes en curso.
--Se accede.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia" (está signado con el número 2 en la tabla de hoy) tiene "suma" urgencia.
Yo pediría que lo despacháramos rápidamente -fue aprobado por unanimidad- antes de ver el otro proyecto, que entiendo es una reforma constitucional que...

El señor LETELIER.- ¡Tenemos un acuerdo con la Ministra en el sentido de ver primero el que aparece con el número 7!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Debería ser después, porque ya hay un acuerdo. Ello, a menos que...

El señor LETELIER.- Veámoslo después del 7.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tenemos un acuerdo en cuanto a tratar primero el 7. Y no hay unanimidad para cambiar ese acuerdo.
Después podemos pasar al 2.

El señor LARRAÍN.- ¿No hay unanimidad para aprobar además el 2?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Después del 7 podemos pasar al 2. Creo que el tiempo nos va a alcanzar para ver los dos proyectos.



COMPETENCIA A TRIBUNALES LABORALES PARA FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOR POR ACCIDENTES DEL TRABAJO O ENFERMEDADES PROFESIONALES


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde discutir el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Rincón y Alvear y señores Letelier y Pizarro, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 420 del Código del Trabajo a fin de conferirles competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.378-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Rincón y Alvear, y señores Letelier y Pizarro):
En primer trámite: sesión 27ª, en 19 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 61ª, en 9 de noviembre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objeto de la iniciativa es entregarles competencia absoluta a los juzgados referidos cuando el propio trabajador o sus causahabientes ejerzan las acciones indemnizatorias derivadas de los daños por la responsabilidad contractual del empleador en materia de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadoras señoras Goic y Muñoz y Honorables señores Larraín y Letelier.
Cabe hacer presente que el artículo único reviste el rango de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 20 votos para ser acogido.
El texto propuesto se consigna en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez.
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz, Presidenta de la Comisión de Trabajo.

La señora MUÑOZ.- En esta condición voy a dar el informe, señor Presidente.
Como ha dicho el señor Secretario, esta es una iniciativa originada en una moción de las entonces Senadoras señoras Rincón, actual Ministra del Trabajo, y Alvear, y los Honorables señores Pizarro y Letelier, que propone entregarles competencia absoluta a los juzgados laborales para los casos en que el propio trabajador o sus causahabientes -viuda e hijos- demanden la indemnización derivada de daños por responsabilidad contractual del empleador en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
Dándose cumplimiento a la normativa constitucional y legal, se consultó a la Corte Suprema, la que, por mayoría, emitió una opinión desfavorable, basada principalmente en una apreciación tradicional del ordenamiento jurídico. Al respecto, señaló que la responsabilidad demandada por los herederos a título personal es de carácter extracontractual, de manera que debe ser conocida por los tribunales civiles, ya que la normativa protectora del trabajo, inspirada en la relación laboral de las partes, reviste un carácter especial
Sin embargo, tres ministros del Alto Tribunal, los señores Juica, Brito y Cerda, emitieron una opinión distinta, en el sentido de que los causahabientes pueden accionar ante la judicatura laboral para obtener el resarcimiento de los daños generados por la responsabilidad contractual del empleador, que ha existido respecto del causante.
Aún más, apuntaron que impedir ese acceso supone asimilar el contrato de trabajo al meramente civil, en circunstancias de que pertenece a la teoría del Derecho más asentada que ha generado una legislación foral justamente porque no puede ser tratado en el exclusivo ámbito de este último.
El contrato de trabajo, en este entendido -prosiguen diciendo los magistrados-, concierne al orden público económico, que trasciende de la persona del trabajador para alcanzar a los suyos, no solo en cuanto a la pertenencia social que el artículo 1° de la Constitución Política de la República requiere para todo individuo como condición de su crecimiento personal, sino también con relación a su seguridad económica.
La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorable señora Goic, Senadores señores Larraín y Letelier, y quien habla, consideró atendible la finalidad del proyecto teniendo presentes dos criterios.
El primero de ellos dice relación con que quienes padecen accidentes laborales con mayor frecuencia son hombres, caso en el cual quienes deben ejercer las acciones indemnizatorias ante el fallecimiento del trabajador son la viuda o los hijos. La tramitación de los juicios correspondientes en sede civil, a raíz de la presentación de acciones judiciales por parte de los causahabientes del fallecido, excede largamente el tiempo de sustanciación de los juicios en el ámbito laboral, lo que afecta el oportuno resarcimiento de los daños que se hayan sufrido.
El segundo es que se consideró que los tribunales laborales conocen desde antiguo las acciones por responsabilidad del empleador ante accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en que no haya fallecido el trabajador. De ese modo, en dicha judicatura existe un bagaje doctrinario y jurisprudencial que permite resolver adecuadamente tales controversias. En los casos en que el trabajador ha fallecido, entonces, es realista que sus causahabientes puedan ejercer las acciones indemnizatorias por responsabilidad contractual ante la justicia laboral, de manera de obtener un resarcimiento de los perjuicios sufridos en un plazo menor que al acudir a la justicia civil.
Por las razones expresadas, le solicito a la Sala, en representación de toda la Comisión de Trabajo, que apruebe la iniciativa, que viene a dar cumplimiento a los derechos fundamentales que emanan de la legislación laboral.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación a partir de este instante?

El señor PROKURICA.- "Si le parece".

La señora PÉREZ (doña Lily).- Votemos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
Está abierta la votación y están sonando los timbres.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quería plantear, antes de que se abriese la votación, que esta se suspendiera y viésemos el próximo proyecto. Como se contempla el empalme con la sesión acerca del reajuste del sector público, van a encontrarse presentes todos los señores Senadores, algunos de los cuales conocen ese antecedente.
Como ya estamos en votación, que suenen los timbres, no más.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional exigido, de que se registran 20 votos a favor, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Los Honorables señores Guillier y Lagos consignan su intención de voto a favor.
Estamos llegando a la hora de inicio de la sesión siguiente, la cual se acordó empalmar, como recordarán Sus Señorías.
--Quedan empalmadas las sesiones 63ª, ordinaria, y 64ª, extraordinaria.



CONVENIO SOBRE CIBERDELINCUENCIA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.682-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 41ª, en 16 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 61ª, en 9 de noviembre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objeto principal de la iniciativa es desarrollar una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chahuán, Larraín y Pizarro, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
Nada más.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

¿Habría acuerdo para abrir la votación de inmediato?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, conocido como "Convenio de Budapest", el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, del Consejo de Europa, constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otros sistemas informáticos, y es bastante importante. Fue elaborado por expertos de esa entidad, con ayuda de especialistas de países ajenos a la organización, como Estados Unidos, Canadá y Japón.
El acuerdo entró en vigor el 1° de julio de 2004 y a la fecha ha sido ratificado por cuarenta y siete Estados.
Cabe constatar que existen diversos ilícitos asociados al uso de plataformas tecnológicas. Algunos de ellos son exclusivamente del ámbito del ciberespacio, como el sabotaje informático o el acceso indebido a sistemas de información, en tanto que otros pueden ser facilitados o presentar un alcance mayor gracias a Internet, como la estafa y la adquisición o el almacenamiento de material pornográfico infantil y su comercialización y producción.
Nuestro país no está ajeno a la ocurrencia de tal criminalidad y, de hecho, desde el año 1993 cuenta con la ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática. Pero el incremento en el uso de Internet, el cual, según la información proporcionada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ha aumentado de 585 mil 489 conexiones fijas, en el año 2000, a dos millones 556 mil 914, en el año 2015, conlleva mayores probabilidades de la ocurrencia de ilícitos de este tipo. Así, por ejemplo, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio Público, los casos ingresados por sabotaje informático se han incrementado de cinco, en el año 2006, a 770, en el año 2014, mientras que el espionaje informático aumentó de un caso, en el año 2006, a 206, en el año 2014.
No obstante lo anterior, nuestro ordenamiento no tipifica ciertas figuras penales. Por ello, la adhesión al Convenio de Budapest obligaría a considerar un catálogo de delitos más exhaustivo y actualizado. En efecto, dicho instrumento establece que las partes deberán adoptar en sus legislaciones nacionales determinados tipos penales relativos a violaciones de sistemas informáticos, fraude informático, pornografía infantil e infracción a la propiedad intelectual.
Por último, es preciso destacar que el ciberespacio no reconoce fronteras, ya que en un Estado es posible iniciar la ejecución de una conducta ilícita para generar sus efectos en otro y aprovechar las ganancias en un tercero. Todo ello puede ocurrir en forma instantánea, porque el desarrollo tecnológico basado en la interconexión global permite lograrlo a bajo costo, con menores riesgos y altos niveles de eficacia.
Por tal motivo, para la detección y sanción de estas prácticas ilegales es imperiosa la asistencia internacional que ofrece el Convenio de Budapest, particularmente el sistema de comunicación y asistencia técnica entre países en un formato de veinticuatro horas diarias, durante los siete días de la semana.
Les consultamos directamente a los organismos policiales, al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones, que cuenta con un departamento especial para combatir este tipo de delito. Ellos nos explicaron, desde un punto de vista técnico, lo importante que es tener acceso a la información instantánea, porque los delitos son instantáneos y la posibilidad de investigarlos se reduce mucho si no se cuenta con la cooperación internacional o la información que se maneja en otros Estados.
Por eso nosotros aprobamos por unanimidad este proyecto de acuerdo.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, tal como lo expresó el Senador Pizarro, este es un tratado extraordinariamente importante y, quizás, el único paso que estamos dando en Chile para cuidar nuestra ciberseguridad.
La verdad es que hoy día, en el campo de la defensa y en el de las relaciones, hay una tremenda debilidad en aquellos países que no forman parte de estos conglomerados y que, como Chile, no han sido capaces de generar un cortafuego entre el sector público y el sector privado para que, unidos, más aún en un país donde las telecomunicaciones se encuentran en manos del sector privado, puedan enfrentar esta realidad que está viviendo el mundo entero.
En los últimos tiempos se ha observado que naciones que tienen un prestigio en esta materia, como Estados Unidos, Corea del Sur e Israel, y que cuentan con un sistema de seguridad, han recibido, sin embargo, ataques que les han costado cientos de millones de dólares y la suspensión de los servicios en una serie de organismos del Estado y privados, causándole daño a la gente.
Tal como decía un experto chino hace unos meses, hoy día un ataque cibernético puede ser más dañino que el de una bomba atómica, porque se puede caer el sistema de carreteras, el de agua, las telecomunicaciones, la bolsa, el comercio y otros más que dependen directamente de este medio.
Ahora bien, la celebración de este tratado nos impone ciertas obligaciones con otros países y, además, nos permite compartir información y generar un primer paso que aún no hemos dado.
Voy a entregar algunas cifras para que los señores Senadores y las señoras Senadoras puedan darse cuenta de los niveles que estamos viviendo.
Según datos dados a conocer por las autoridades, las casillas de correo electrónico en el mundo alcanzan 2 mil 200 millones actualmente -es decir, un tercio de la población mundial las tiene-, con una transmisión diaria de 144 mil millones de correos, al tiempo que los usuarios de Internet llegan a 2 mil 700 millones (el 40 por ciento de la población mundial), mientras que en América Latina son 255 millones.
Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a nivel nacional la penetración de Internet móvil y fijo llega a 68,8 por ciento. Ha experimentado un crecimiento de 9,9 por ciento en relación con el año anterior.
Este instrumento internacional tiene como objetivo desarrollar una política criminal común frente al ciberdelito, mediante la homologación de la legislación penal, sustantiva y procesal y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación entre los países.
Creo que este es un paso muy importante y hay que darlo a la brevedad.
Sobre el particular, deseo recordarle al Gobierno que en la Comisión de Defensa llevamos pidiendo hace dos años que se implemente una política de seguridad en el ciberespacio chileno entre el sector público y el sector privado. Porque hay esfuerzos de distintas instituciones: de las Fuerzas Armadas, de Investigaciones y de Carabineros, y también de la banca y de otros organismos privados. Pero no existe una organización que permita trabajar en conjunto y defenderse de los ataques de que podamos ser objeto.
Una de las ramas de las Fuerzas Armadas nos informó que ella recibe más de 700 ataques al día. Además, todos hemos visto cómo en algunos casos hackers de ciertos países vecinos se han metido en la información de las Fuerzas Armadas.
Señor Presidente, pienso que estamos muy atrasados en esta materia. Tenemos que dar muchos pasos, y rápido, para poder generar una condición que permita defender los intereses de Chile, porque hoy día somos vulnerables a ataques de personas que no sabemos en qué país del mundo están pero que nos pueden causar un tremendo daño.
Por eso, vamos a votar a favor de este tratado internacional.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, yo también voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de esta iniciativa.
La verdad es que el colega Pizarro y el Senador Prokurica fueron muy claros al dar a conocer en qué consiste este Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest, Hungría.
Estamos todos conscientes de que las tecnologías de la información e Internet generan tremendas oportunidades, pero también enormes riesgos.
Hay países que tienen tipificados delitos como los que se han mencionado acá: acceso ilícito, deliberado e ilegítimo a un sistema informático; interceptación ilícita; estafa; ataque a la integridad de los datos. Debo señalar que nosotros tenemos la firma electrónica avanzada, materia que trabajamos con el Senador Espina en su minuto, la cual garantiza la integridad del mensaje, de los datos, que no se altere el contenido, en fin. Pero no todos la usan, y, por lo tanto, hay mucho riesgo, etcétera.
Entonces, es muy importante aprobar esto. Porque ¿en cuántos contratos hay suplantación de personas?
En ese sentido, avanzar en una perspectiva global me parece fundamental.
Internet es una aldea global. Las fronteras virtuales no existen; existen las fronteras territoriales. Por lo tanto, debemos tener una acción mundial coordinada, mancomunada para poder perseguir los delitos informáticos, lo que no siempre en Chile se aplica, porque ese tipo de delitos están regulados de forma especial, por ejemplo, cuando hay acceso, sin autorización del titular, a correos privados.
Eso ocurre a cada rato. Lo hemos visto en programas de televisión, donde algunos de nosotros hemos sido afectados. En base a correos privados se desarrolla todo un tema y no se respeta la vida privada, contrariamente a lo que establece la Constitución.
Por cierto, en esta materia es especialmente importante la coordinación de las policías.
Yo quiero hacer un reconocimiento a la Policía de Investigaciones: hoy día nosotros tenemos un liderazgo en Interpol y Chile es visto como ejemplo por la comunidad internacional, particularmente en nuestro continente.
Deseo señalar que, aparte del sabotaje informático, del acceso indebido a los sistemas de información, de las estafas, de los asuntos de defensa a que aludió el Senador Prokurica, existe un tema que es supersensible y en el que, si no actuamos con legislaciones fuertes que condenen ciertas conductas, nuestra acción va a ser ineficaz. Me refiero a la pornografía infantil, a la trata de personas, a la explotación sexual comercial infantil.
En las redes de pornografía infantil hay un productor, un distribuidor, un comercializador y un consumidor. Este último puede estar en cualquier lugar del mundo, y por el hecho de que él compra pornografía infantil, hay personas que, por ejemplo, en nuestro país pueden llevar a menores, a veces obligados, a participar en actos de producción pornográfica, incluso con violencia. Es lo que se llama "videos snuff" o "fotos snuff". Y mientras más violencia haya, algunos pagan más por esos videos o esas fotografías.
Ciertamente, si no hubiera un consumidor, no habría un productor, ni un distribuidor, ni un comercializador. Se trata de una cadena que funciona a nivel mundial por la aldea global que es Internet, donde resulta muy fácil encontrar vacíos legales que permitan actuar con impunidad.
Por eso lo clave es homologar, colaborar, que todos los países sancionen. Porque si nosotros solicitamos colaboración respecto de una persona que está pidiendo videos de pornografía infantil a Chile y en ese país no hay sanción por tales conductas, no sacamos nada. Acá sancionamos la pornografía infantil en todas sus etapas; además, les dimos atribuciones a las policías para que, previa autorización judicial, puedan usar agentes encubiertos, interceptar comunicaciones, grabar comunicaciones entre personas presentes. Lo mismo hicimos con la explotación sexual comercial infantil.
Gracias a eso, hoy día los clientes son sancionados.
Y, por supuesto -algo muy relevante- sancionamos el grooming, el acoso sexual...
¿Me concede un minuto, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Por supuesto, señor Senador.

El señor WALKER (don Patricio).- Se lo agradezco.
Muchas veces el grooming es la antesala del abuso sexual físico. En este hecho, un adulto se hace pasar por un menor, se gana la confianza de él y chatean. El niño le manda fotos desnudo al sujeto y este empieza a chantajearlo; lo amenaza con hablar con sus padres, en fin. Al final, el chantaje se traduce en un abuso sexual físico.
Por eso es tan importante atacar este tema llenando los vacíos legales -nuestro país ha avanzado mucho en esto, pero todavía nos queda- y, naturalmente, no solo con medidas sustantivas (tipificación de delitos), sino también con medidas procesales que muchas veces son tan importantes como las primeras.
En consecuencia, voy a aprobar con mucho gusto este proyecto de acuerdo (el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", suscrito en Budapest), porque nos ayuda a terminar con la impunidad que existe en estos delitos, que son cada día más graves y más extendidos.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo deseo confirmar lo que aquí se ha señalado y subrayar algún breve aspecto.
Esta es una materia extraordinariamente relevante. Y mi impresión es que no la hemos tomado debidamente en serio.
Pienso que, por ejemplo, la política de seguridad y defensa del país, si no está hoy día debidamente preparada en estos aspectos, puede ser objeto de ataques o de agresiones sin que nuestras Fuerzas Armadas -muy bien equipadas- y nuestros hombres y mujeres militares -muy bien capacitados para cualquier evento- puedan hacer algo.
Porque por aquí viene uno de los aspectos más complejos y difíciles de enfrentar hacia el futuro. Y tengo la sensación de que no lo hemos tomado debidamente en cuenta.
Lo anterior se refleja también en nuestra legislación. Este tratado nos sorprende sin tener al día nuestro ordenamiento jurídico en la materia.
Con un grupo de Senadores hemos presentado un proyecto para, precisamente, avanzar en los delitos informáticos, porque hay demasiadas posibilidades de cometerlos sin que eso esté debidamente sancionado, ya que son los caminos que hoy día se siguen para muchas cosas.
Por esa misma razón, pienso que es indispensable la aprobación de este tratado, el cual nos va a obligar a ponernos al día en nuestra legislación y también en las políticas públicas que deben referirse a esta materia de una manera muy comprometida.
Los problemas que se pueden generar a través de los ciberdelitos son infinitos, y no solo se realizan dentro de nuestro territorio. Por el contrario, un delito de estas características es posible que se cometa por el ciberespacio, sin jamás haber pisado el territorio. Y, por lo tanto, sin requisitos, en muchos casos, para poder siquiera sustanciar esos ilícitos.
En consecuencia, creo que un tratado de esta naturaleza es la única forma de que se generen el espacio de trabajo conjunto y los niveles de información requeridos, para así, entonces, enfrentar debidamente una cuestión tan compleja que se hace cada día más importante.
Piensen ustedes que parte del debate producido en la última elección norteamericana ha tenido que ver con esto, con la intervención, incluso de potencias foráneas, en actividades informáticas de Estados Unidos, a través de mecanismos que serían probablemente considerados como ciberdelitos. Y ni siquiera ese país ha estado lo suficientemente preparado para poder enfrentarlo.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que esta es una cuestión de mucha importancia. Así lo pudimos ver en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde recibimos bastante información. A mi juicio, hay buena preparación en los equipos de Gobierno que trabajan en estas materias (el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las policías), pero ciertamente están faltos de una política pública global que logre ordenarlas.
Creemos que este tratado es un marco de referencia que va a ayudar en esa dirección. Por eso, apoyamos el proyecto con mucho entusiasmo.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hace algunos años, en la Cámara de Diputados trajimos a uno de los campeones mundiales de hackers, un sueco. Estuvimos en este Congreso. Fuimos a la PDI. Y esta persona se demoró exactamente tres minutos en entrar a las redes del Congreso Nacional. Lo mismo ocurrió en la PDI.
Y la verdad es que desde hace muchos años hemos venido diciendo que el Congreso tiene una vulnerabilidad absoluta. ¡No hay ningún sistema de protección! Y si lo hay, es completamente vulnerable.
Ahora bien, quiero decir que esto no se trata de ciberdelincuentes, se trata de Estados.
El mayor delincuente cibernético es Estados Unidos. Así lo revela, por cierto, Edward Snowden -un exanalista de inteligencia de ese país-, quien ha señalado, a través de los trascendidos, que Estados Unidos ha interceptado no solo las conversaciones telefónicas de grandes líderes mundiales (la canciller Angela Merkel, por ejemplo), sino que ha puesto en marcha una operación en más de 80 países para interferir las comunicaciones -por cierto, de Internet- de 80 líderes mundiales.
Está claro -hay abundante información no solo en Internet, sino también en los documentos oficiales- que el espionaje a la canciller Merkel, hecho por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), conlleva además el monitoreo de millones de llamadas realizadas por ciudadanos alemanes, franceses, junto con correos electrónicos; así como de llamadas de los Presidentes de Brasil y de México.
El diario The Guardian informó que la NSA ha monitoreado los teléfonos de 35 líderes mundiales después de que otros funcionarios estadounidenses les facilitaran los números. Aquí también Snowden fue la fuente.
Y diversos medios internacionales dan cuenta de la intervención y la guerra cibernética en la cual están enfrascados hoy día China con Estados Unidos y Estados Unidos con Rusia. Ello nos revela que los grandes interventores sobre la privacidad de las comunicaciones y quienes están en posesión de las capacidades destructivas de una guerra cibernética no son delincuentes al interior de las cárceles o con un computador: las directrices están dadas por los propios Estados, que son, además, los propietarios de las fuentes donde la información se almacena.
La NSA ha intervenido todas las grandes empresas de servidores (Facebook, Google, Microsoft, Yahoo) para hacer seguimiento de las comunicaciones vía Internet, a través de un programa de vigilancia conocido como "PRISM".
Es decir, son los Estados los principales violadores de la privacidad y de la seguridad informática.
Siendo miembro de la Comisión de Defensa del Senado, tuvimos la posibilidad de escuchar a un experto en materia cibernética -no cometo ninguna infidencia; no era una sesión secreta-, quien alertó sobre la permeabilidad de la guerra cibernética en el contexto de los conflictos que Chile tiene en la zona. E hizo afirmaciones tan duras como que no se saca nada con contar con un mayor poderío aéreo, ya que los aviones no van a poder despegar debido a que basta la inhabilitación de los programas que movilizan nuestra Fuerza Aérea (o nuestra Armada, o nuestro Ejército) para crear el caos de la descoordinación.
Estamos en el Senado de la República. Chile compra armamento de primera generación, como los aviones F-16. Luego Estados Unidos nos dice que no nos da repuestos ni misiles y pone condiciones políticas para poder echar a andar esos aviones.
Uno se pregunta: ¿Quién regula esto? ¿No conocemos quién compra? ¿Quién paga? ¿Qué tipo de armamentos?
El Senado ¡no pesa nada! en materia de adquisición de material bélico de última tecnología y ni la Comisión de Defensa ni la Comisión de Relaciones Exteriores ni la Comisión de Hacienda tienen la posibilidad de evaluar.
Entonces, vamos a aprobar este proyecto. Pero, como lo hemos venido señalando, a mí me gustaría tener un informe de mi Gobierno.
Estamos frente a un instrumento internacional, el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001.
¡Nos hemos tardado quince años y no hay ningún Ministro del ramo en esta Sala! Es decir, este no es un tema importante para el Gobierno. Estamos aprobando un tratado internacional que va a tener difícil seguimiento.
Por ello, señor Presidente, me permito sugerir -y espero que así ocurra- que el Senado sea más informado al respecto.
Voto a favor.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, escuchando al Senador Navarro de pronto pensé que estábamos votando algún asunto relacionado con Estados Unidos, pero me doy cuenta de que nos encontramos en un debate distinto, que tiene que ver con un proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest.
Y en todo caso al menos en Estados Unidos -se lo digo al Senador Navarro, por su intermedio, señor Presidente- hay libertad de expresión y la gente puede usar las redes sociales e internet. En el país que Su Señoría tanto defiende aquí, en esta Corporación, Venezuela, esos derechos están absolutamente conculcados y no hay democracia. Se lo digo con harto cariño a mi colega, señor Presidente.
Yendo al tema que nos convoca, suscribo totalmente las opiniones del Senador Patricio Walker en el sentido de que la ciberdelincuencia es un flagelo del mundo moderno.
Uno podría decir que las redes sociales y que todo lo relacionado con internet, con los servidores, con los hostings son algo positivo, porque nos acercan y nos convierten en un mundo más global. Sin embargo, también tienen cosas muy negativas, como la delincuencia a través de internet; el uso del anonimato para hacer daño; la pornografía infantil; la venta de videos snuff, que no solamente se utilizan para comerciar pornografía infantil, sino también violaciones o asesinatos. Los videos snuff son registros reales que se venden en el mercado negro, por medio de internet, a usuarios de este tipo de violencia.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo que hoy día estamos votando tiene mucho más peso del que varios podríamos pensar. Tal vez no aborda un tema tan glamoroso y los medios de comunicación en general no hablan tanto de él, pero es un asunto muy importante.
Ahora, no basta con tener una normativa y que la PDI, por ejemplo, esté altamente entrenada en estas materias, pues, si aquella no está homologada, legislativa ni legalmente, con la de otros países del mundo con los cuales mantenemos intercambios comerciales y tratados de libre comercio, caerá en el terreno de la letra muerta.
Si nosotros celebramos convenios con otras naciones, incluso de América Latina, en lo que respecta a trata de personas, trata de mujeres, trata de niños, pero estas materias no están legisladas en ellos, estos delitos solamente se sancionarán en nuestro país y no en aquellos con los cuales hemos firmado tratados, como el que estamos votando esta noche en el Senado.
Por eso es tan importante que este instrumento esté cada día más globalizado y que más países homologuen sus legislaciones.
Asimismo, debo recordar que en el mundo actual los delitos que se cometen a través de internet no solamente están asociados, como aquí hemos mencionado, a la pornografía infantil y los videos snuff; también se pueden perpetrar atentados de carácter terrorista, ataques a los mercados bursátiles, atentados contra industrias, detonar bombas y destruir imágenes a través de Internet.
En el mundo moderno el nuevo terrorismo igualmente posee ribetes cibernéticos.
Opino que como país nos falta bastante para ponernos al día en este tipo de materias y nos falta conocer todavía mucha más legislación internacional y comparada, sobre todo de naciones que sí son objeto de un terrorismo infinitamente más desatado que en la nuestra en ámbitos de carácter cibernético.
Obviamente, apruebo con entusiasmo el proyecto y, al mismo tiempo, comparto la idea de otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a que el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informe sobre este tema para saber qué pasa en otros países y cómo podemos mejorar nuestra propia legislación.
Gracias. El señor LAGOS (Presidente).- Así se hará, señora Senadora. A través de la Comisión de Relaciones Exteriores se lo pediremos no solamente a la Cancillería, sino también a otros Ministerios involucrados, como Interior, etcétera.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (22 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.


El señor LAGOS (Presidente).- Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 20:11.
--Se reanudó a las 20:44.
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El señor LAGOS (Presidente).- Continúa la sesión.
Ha terminado el Orden del Día.
Por lo tanto, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficio que han llegado a la Mesa.
Informo a Sus Señorías que a continuación iniciaremos una nueva sesión, para la cual requeriremos el quorum necesario.
El proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y comenzará a ser analizado, en los próximos minutos, por la Comisión de Hacienda.
Se levanta la sesión.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
A la señora Directora del Servicio Electoral, a fin de que indique HOJA DE RUTA PARA REESTRUCTURACIÓN DE PADRÓN ELECTORAL.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitándole información referida a CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SECTORES DE COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT, PUCÓN, CUNCO Y PITRUFQUÉN.
De la señora PÉREZ (doña Lily):
A los señores Alcalde de La Ligua y Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, requiriéndoles ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE LOTEOS IRREGULARES EN SECTOR DE HUAQUÉN, COMUNA DE LA LIGUA, Y FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pidiéndole PRONUNCIAMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES TERMINALES Y ALZHÉIMER RECLUIDAS EN CÁRCELES DE CHILE, ESPECIALMENTE EN PENAL PUNTA PEUCO.
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--Se levantó la sesión a las 20:45.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción