REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 54ª, en martes 11 de octubre de 2016
Ordinaria
(De 16:20 a 18:51)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González.
Asimismo, se encontraba presente la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Alejandra Contreras Altmann.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor LAGOS (Presidente).-
El acta de la sesión 52ª, ordinaria, en 4 de octubre de 2016, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines Nos 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece el 25 de agosto de cada año como el Día Nacional del Peluquero (boletín Nº 10.192-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad, y las compatibiliza con los plazos de la ley Nº 20.305, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de remplazo de sus pensiones (boletín Nº 10.583-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Adjunta copia de las sentencias definitivas dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes normas:
-Artículo 22 del decreto con fuerza de ley Nº 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
-Inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de las siguientes disposiciones:
-Inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 277 del Código Procesal Penal.
-Inciso primero del artículo transitorio de la ley Nº 20.791.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta solicitudes de información, planteadas en nombre del Senador señor Navarro, sobre las siguientes materias:
-Argumentos técnicos considerados por la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío para redefinir la ubicación del puente mecano emplazado sobre el río Biobío.
-Fundamentos de la construcción del Puente Bicentenario en remplazo del Puente Industrial en Talcahuano.
-Antecedentes sobre el peso máximo estimado por vehículo para el puente del canal de Chacao y criterios técnicos utilizados en dicha definición.
Remite información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre patentes impagas por derechos de agua sin utilizar desde el año 2007 a la fecha.
Contesta petición, enviada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la supervisión de las obras realizadas en el sector de Huequén, comuna de Angol, que se encuentran deterioradas.
Absuelve solicitud, planteada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, para analizar la posibilidad de que la Dirección Regional de Vialidad del Biobío done tres tubos que permitan canalizar las aguas del riachuelo que cruza el camino fiscal del sector El Conquistador, en la comuna de Coelemu.
Informa en cuanto a la fiscalización ministerial del cumplimiento de la ley Nº 20.753, sobre Normas de Seguridad Mínimas de las Pasarelas Peatonales y los Pasos Desnivelados o Puentes, materia consultada por el Senador señor García-Huidobro.
Da respuesta a petición, formulada en nombre de la Senadora señora Lily Pérez, para considerar en proyectos futuros la reparación del camino de acceso al sector El Patagual, en la comuna de Villa Alemana.
Atiende solicitud, planteada en nombre del Senador señor Horvath, para estudiar la intervención del río Aysén con un dragado a fin de facilitar el ingreso de naves menores y de tamaño medio para pesca, turismo y transporte.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la existencia de terrenos disponibles en la ciudad de Valdivia para reponer o normalizar el Hospital Base de esa ciudad, y a si se han realizado las coordinaciones intersectoriales para mantener el nivel y la calidad de las prestaciones que se otorgan en dicho centro hospitalario.
Del señor Subsecretario del Interior:
Atiende peticiones de antecedentes, remitidas en nombre del Senador señor García, sobre lo siguiente:
-Estado del proyecto presentado por la Junta de Vecinos de Cahuinpangue, comuna de Freire, al Fondo Social Presidente de la República 2016.
-Posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de los nuevos requisitos para solicitar recursos de emergencia a fin de acceder al abastecimiento de agua potable rural para consumo humano en zonas de escasez hídrica.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores:
Envía antecedentes, a raíz de solicitud formulada por el Senador señor Prokurica, acerca del ingreso, las listas de espera y las modalidades de programas de menores y adolescentes en los centros del SENAME y organismos colaboradores de la Región de Atacama.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción:
Remite información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, en referencia a la participación de CORFO en el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) y su posterior desvinculación orgánica.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que incentiva la inclusión de discapacitados en el mundo laboral y modifica la ley Nº 20.422 a fin de establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Mociones
Del Senador señor Guillier, con la que inicia un proyecto que modifica el numeral 2) del artículo 57 de la Carta Fundamental a fin de habilitar a los consejeros regionales para ser candidatos a diputado o senador (boletín Nº 10.916-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto que agrega un artículo 28 C, nuevo, a la ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo relativo al volumen de la publicidad emitida por los servicios de televisión (boletín Nº 10.917-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De los Senadores señores Bianchi y Chahuán, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de excepciones de previo y especial pronunciamiento (boletín Nº 10.918-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Coloma, García-Huidobro, Larraín, Matta y Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto que introduce un artículo 49 bis, nuevo, en el decreto Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, para prohibir el empleo de redes y sistemas de arrastre de fondo en el área señalada de las Regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule (boletín Nº 10.919-21).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señora Goic; señor Patricio Walker; señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros y Rossi, para solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, envíe un proyecto que modifique el artículo 1º de la ley Nº 19.853, que crea una Bonificación a la Mano de Obra en las Regiones I, XV, XI, XII y Provincias de Chiloé y Palena, con el objeto de ajustar al ingreso mínimo mensual la base de cálculo para el otorgamiento de la bonificación que señala (boletín Nº S 1.905-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Quinteros con la que inician un proyecto que modifica el decreto Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892 y sus modificaciones, para suspender por el plazo de cinco años la inscripción, en el Registro Nacional de Acuicultura, de las concesiones de acuicultura emplazadas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines Nos 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, le pido recabar la autorización de la Sala al objeto de que la iniciativa que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (boletín Nº 9.936-07) pase a la Comisión de Derechos Humanos, y no a la de Constitución, dada la enorme recarga de trabajo de esta última.
El señor LAGOS (Presidente).-
Señor Senador, se planteó el punto en la reunión de Comités, pero se estimó necesario hablar primero, por deferencia, con el Presidente de la Comisión de Constitución, en el supuesto de que esta no tendrá dificultad al respecto.
Entonces, va a quedar pendiente la decisión hasta que se lleve a cabo la conversación pertinente. Pero, en principio, los Comités estuvieron de acuerdo en trasladar el estudio de la referida iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, le pido que recabe la autorización necesaria para que el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la denominación del Escalafón del Servicio Femenino Militar del Ejército (boletín Nº 10.505-02) se discuta en general y en particular durante el primer informe.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente, pido que se recabe el asentimiento indispensable para que la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos funcione en paralelo con la Sala.
El señor LAGOS (Presidente).-
Señores Senadores, yo espero que hoy día veamos los dos primeros asuntos de la tabla, aunque creo que difícilmente despacharemos el segundo. Ambos requieren quorum especial de aprobación.
La iniciativa que figura en el número 2 del Orden del Día debe discutirse y votarse en particular. De manera que hoy vamos a alcanzar a pronunciarnos sobre parte de sus normas.
Hago la prevención porque será complicado que Sus Señorías participen en la referida Subcomisión mientras la Sala esté en votación.
Ahora, si a los señores Senadores les parece, se autorizará. Pero advierto que deberán venir al Hemiciclo para votar.
El señor ALLAMAND.-
Entonces, que no se autorice.
El señor LAGOS (Presidente).-
No, Su Señoría. Yo no puedo impedir la autorización. Solo estoy previniendo sobre la situación que se puede registrar.
El señor PROKURICA.-
Parece tener razón...
El señor LAGOS (Presidente).-
No se trata de tener razón, señor Senador: es un criterio.
Hay dos asuntos, y ambos son de quorum especial (para aprobar uno de ellos se requieren 21 votos favorables). Como dije, vamos a despachar el primero. El otro debe discutirse y votarse en particular.
Por eso, creo que el trabajo de la Sala va a ser difícil si funciona en paralelo la mencionada Subcomisión de Presupuestos.
Con todo, si les parece, se otorgará el permiso solicitado, pero con el compromiso de que todos los Senadores que la integran vengan a votar con premura cuando se los requiera.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Por supuesto.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor LAGOS (Presidente).-
Otra opción es autorizar el funcionamiento de las Subcomisiones después de las 18, como ocurrió la semana pasada.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, o se autoriza después de cierta hora, o -es la otra posibilidad- se fija una hora de votación de los dos proyectos.
El señor LAGOS (Presidente).-
El primero tiene "discusión inmediata", señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
¡Ah! Tiene razón, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Para ir cerrando esta parte, tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, los integrantes de la Quinta Subcomisión de Presupuestos estaremos en la Sala contigua, pero del todo atentos a las votaciones correspondientes.
Tenemos citados al Ministro de Agricultura y a diversos funcionarios a partir de las 17.
Por lo tanto, pido que, dentro de lo posible, se dé la unanimidad necesaria.
El señor LAGOS (Presidente).-
Creo que podría autorizarse, pero con la condición de que la Subcomisión se reúna luego de la votación del primer asunto, que comenzará inmediatamente después de que se haga la relación.
¿Okay?
Muy bien.
ACUERDO DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En sesión de hoy, los Comités adoptaron el siguiente acuerdo:
Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07): hasta las 12 del lunes 7 de noviembre próximo, en la Secretaría del Senado.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente no logré escuchar -no hay buena audición en este sector- a qué proyecto se le está abriendo un nuevo plazo para formular indicaciones.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Puede repetirlo, señor Secretario?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se trata de un proyecto iniciado en moción de Su Señoría y de los demás miembros de la Comisión de Constitución: el que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal.
Se abre un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 7 de noviembre del año en curso, por cuanto el fijado primitivamente ya venció.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, la iniciativa en comento tiene alguna relevancia. Yo no veo la razón para fijar un plazo de tres semanas a los efectos de formular indicaciones. Si estas no existen, fue porque no se presentaron dentro de plazo.
Ahora, la Comisión no ha visto en detalle cada artículo.
En todo caso, creo que no damos una buena señal si ante un proyecto de esta envergadura, que redactamos los miembros de la Comisión de Constitución y que la Sala aprobó en general unánimemente, se abre un espacio para formular indicaciones, pasan tres semanas, no se presenta ninguna y se fije un nuevo plazo para tal efecto.
Por eso, señor Presidente, yo daría una semana más, excepcionalmente; eso me parece bien. Porque no podemos seguir demorando el despacho del proyecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Señor Senador, se entendió que el plazo hasta el 7 de noviembre permitía el mejor trabajo de la Comisión.
Ahora, si Su Señoría, único miembro de dicho órgano técnico presente en la Sala, sugiere un plazo inferior, yo lo apoyo entusiastamente.
¿Qué fecha le parece bien? ¿Después de la semana regional?
El señor ESPINA.-
Sí.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿El lunes 24 de octubre?
El señor ESPINA.-
Sí, señor Presidente. Porque de todos modos, por costumbre, la Comisión de Constitución revisa artículo por artículo. Y si surge alguna duda, le pediremos a usted la apertura de un plazo breve para introducir la enmienda pertinente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Siempre estaré dispuesto a escucharlo, señor Senador, si tiene buenos argumentos.
El señor ESPINA.-
No le quepa la menor duda.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entonces, se fija como nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que individualizó el señor Secretario el lunes 24 de octubre.
El señor ESPINA.- Gracias.
DESIGNACIÓN DE DON CARLOS FRONTAURA RIVERA COMO INTEGRANTE DE CONSEJO DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde votar la propuesta de los Comités del Senado para designar, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, letra b), de la ley N° 20.405, al señor Carlos Frontaura Rivera como integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre la designación del señor Frontaura Rivera (S 1.865-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 12ª, en 3 de mayo de 2016.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.
Discusión:
Sesión 52ª, en 4 de octubre de 2016 (queda aplazada la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe tener presente, Sus Señorías, que el acuerdo de la Cámara Alta requiere los votos favorables de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio; en este momento, 21 votos afirmativos
El señor LAGOS (Presidente).-
Ruego hacer sonar los timbres para llamar a quienes se encuentran reunidos en otras dependencias.
La señora GOIC.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor PROKURICA.-
Sí: ábrala.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Por supuesto!
El señor LAGOS (Presidente).-
Es lo que corresponde.
En votación la designación hecha por los Comités del Senado.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín para fundar su voto.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero referirme a la proposición efectuada por el Senado para designar a un integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Como todos saben, el actual consejero Carlos Frontaura Rivera ha sido sugerido por esta Alta Corporación para que continúe desempeñándose en aquella función.
Su formación y su trayectoria académica hacen especialmente adecuado a Carlos Frontaura para formar parte del referido Consejo.
Hoy día se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde ha ejercido fundamentalmente su actividad docente. No es un abogado de tribunales; no es un abogado de litigio: es un académico que trabaja en el ámbito de la reflexión, del pensamiento jurídico, y, por lo tanto, tiene desde su formación la posibilidad de hacer una enorme contribución en temas complejos y difíciles, como los que debe abordar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Probablemente habrá quienes no estén por completo de acuerdo con su pensamiento, con sus convicciones. Empero, me parece que eso es lo que ocurre precisamente con otros miembros del mencionado Instituto respecto de los cuales algunos no compartimos la forma como miran, o como explican, o como expresan la filosofía que sustenta los derechos humanos.
Nosotros creemos que, en lo fundamental, de eso se trata: el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe ser representativo de las distintas visiones filosóficas, políticas, conceptuales y doctrinarias en esta materia.
Así como hemos apoyado a quienes tienen una mirada diferente, creemos justo y necesario que haya personas como Carlos Frontaura, que aportan, desde su visión, una mirada fuerte y convencida en el área referida.
Su formación cristiana lo pone dentro del ámbito de la filosofía cristiana -valga la redundancia-, y esa ha sido su contribución.
Además, creo que lo avala el hecho de haberse desempeñado ya como consejero por un tiempo, durante el cual tuvo una muy buena relación, con los acuerdos y las discrepancias propios de un organismo democrático, que confirman y realzan que la de Carlos Frontaura es una figura, para mi gusto, necesaria en un organismo de tal naturaleza.
Por eso, nosotros vamos a apoyar con mucha convicción y fuerza el nombramiento de Carlos Frontaura Rivera, quien, por su desempeño en el Consejo del Instituto en comento; por su formación; por su trayectoria académica, y por su experiencia en el pensamiento precisamente en el ámbito de los derechos humanos, constituye un gran aporte y una enorme contribución para el desempeño y funcionamiento de dicho ente.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios acerca de la propuesta efectuada por los Comités del Senado para designar integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos a don Carlos Frontaura Rivera.
La primera es la convicción -creo que ha sido algo comúnmente reflexionado durante los últimos años- en cuanto a la necesidad de la defensa transversal de los derechos humanos, cuestión que -dicho sea de paso- ha revertido en legítimas discusiones -muy interesantes- respecto de qué incorpora o no incorpora el concepto de "derechos humanos", pero en el entendido de que a todo evento tenemos que dar, como país, un paso adelante en la materia, lo que se vincula justamente con la transversalidad en dicha defensa.
Me parece que el profesor Carlos Frontaura ha realizado esa tarea con especial celo. Si se revisan sus distintas interpretaciones o algunas de las resoluciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es posible observar que en el organismo ha existido siempre un ánimo positivo para buscar acuerdos y que registra los legítimos disensos propios de cualquier sociedad democrática. Ha habido un especial respeto y altura de miras para plantear cada posición sobre la base de lo que se entiende que es la verdad y no de un arquetipo político o de otra naturaleza.
Además, Carlos Frontaura ha dedicado parte importante de su vida -lo conozco desde antes de su actividad actual- precisamente a estudiar el tema de los derechos humanos. Nosotros sacamos hace varios años el documento La paz ahora, que fue bien recibido por la comunidad, con relación al cual fue el principal colaborador precisamente en cuanto a la sugerencia de políticas públicas tendientes a defenderlos en forma sólida. Nadie pudo imaginar en ese momento que iba a terminar en un rol destacado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero es parte de su vocación.
Hoy día es el decano de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obviamente, ello le da una prestancia para el cargo, lo que estimo merecido desde todo punto de vista.
No ha sido un proceso fácil. Lo entiendo. Incluso la votación ha presentado sus complejidades. Mas juzgo que se trata también de un símbolo de madurez ciudadana, global. No creo en los acreedores en estos asuntos, porque es muy fácil colocarse siempre en la posición de que se le tiene que exigir al otro. Opino que se nos plantea una lógica más bien de deudores respecto de una cuestión apremiante, no solo en el sentido histórico, sino asimismo de lo venidero. La capacidad de violar derechos humanos en adelante es acuciante y de mucha relevancia, y, por eso, se requieren personas con la visión amplia y profunda sugerida por la creación del Consejo.
En consecuencia, más allá de un voto -en estas cosas puede ser uno más o uno menos-, si en verdad buscamos transversalidad y legitimidad en la defensa de los derechos humanos, considero que Carlos Frontaura cumple plena y cabalmente con cada uno de los requisitos. A mi juicio, así lo entiende quienquiera que haya estudiado el tema.
Por eso, me pronuncio a favor y pido una votación importante en el mismo sentido.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ha habido una constante en este tipo de designaciones en organismos de carácter amplio, pero ello presenta siempre una contradicción. Hay quienes argumentan la existencia de un cuoteo cada vez que los gobiernos eligen representantes. Hoy día asistimos a esa situación: se aplica el criterio de uno para ti y otro para mí, al igual que en los casos de la Corte Suprema y del Banco Central, entre diversos órganos. Y pareciera que este no debiese ser el prisma para efectuar un nombramiento.
No tengo nada en absoluto en contra de Carlos Frontaura, ni en lo personal ni en lo humano. Pero quiero consignar que la conformación del Consejo del Instituto claramente debe reflejar una visión diversa, amplia, que interprete a todos los sectores nacionales, y estimo que se configura, en el contexto total, la subsistencia de dos enfoques, respecto de los cuales lo que hacemos es ratificarlos.
Por cierto, mantengo una diferencia de fondo con lo que el candidato representa. Es decano de la Universidad Católica de Chile, y, desde luego, su visión es conservadora y no condice con la que los organismos internacionales en materia de derechos humanos han expuesto en relación con los derechos del niño, los de la mujer y los de los indígenas. Son aspectos que han conocido los relatores que han visitado Chile para examinar la situación al respecto y cómo el Estado maltrata a los pueblos originarios.
En consecuencia, mi discrepancia es de fondo, porque viene a consolidarse una posición conservadora, no moderna y religiosa, en particular, de un órgano que ha de ser más diverso, en mi opinión. Esta entidad debiera reflejar la diversidad del país y no el duopolio Chile Vamos o Vamos Chile y Nueva Mayoría o "Nueva Minoría", como quieran llamarla. Debiera ir mucho más allá y presentar -repito- una visión amplia.
Si me dijeran que no estamos conformando el Consejo desde el punto de vista tradicional por ser uno de los integrantes más apegado a la Iglesia católica y cercano al Opus Dei, y otro, más inclinado a tal universidad y a la Izquierda, por haber estudiado en la Patricio Lumumba o presentar afinidad con Cuba, cabe recordar que se trata de desideologizar, de lograr un enfoque amplio, claro y sin un sesgo que pudiera predeterminar. Y nos hallamos ante un sesgo de la Izquierda y otro de la Derecha.
Estimo que lo que hacemos en el nombramiento que nos ocupa, entonces, es ratificar lo que ha sido la tradición de conformar estos organismos con dos visiones. Espero ser consecuente en definiciones futuras, cuando pueda tocarle, por cierto, a un sector más liberal, más progresista.
Invito a la Sala a un debate más profundo. No se trata solo de una nominación a un Consejo: se encuentra involucrado el prisma de qué debe significar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Antes de su instalación, por lo demás, el organismo fue objeto de una fuerte oposición de la Derecha -¡fortísima!-, diría que descalificatoria, en orden a que no era necesario, que iba a sumar burocracia, que no cabía ni había espacio para establecerlo, que eran otros los ámbitos en los cuales debían darse el debate y la custodia de los derechos humanos, y que los órganos del Estado eran suficientemente dignos para tal efecto.
Pienso que la institución vino a consolidar un espacio necesario, dados el padecimiento y la experiencia histórica registrados por el país, y que ha conllevado un importante adelanto.
Su sola existencia denota un hecho innegable: Chile requiere un organismo que vele por los derechos humanos, el cual tiene que ser independiente del Gobierno de turno y de la ideología hegemónica del momento o de la época. En este sentido, el debate aún está inacabado.
No tengo ninguna objeción a la persona. Sé de sus condiciones académicas. No tengo ninguna observación sobre su condición humana. Mi planteamiento, que es de fondo, dice relación con la conformación de la entidad y con la discrepancia respecto de una visión conservadora que Carlos Frontaura legítimamente mantiene y ejerce.
Por eso, voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Quisiera partir expresando que aquí no media una determinación de la Primera Mandataria. Se trata de la proposición de un nombre a la Sala por los Comités de esta Corporación, que se reunieron para ello el 17 de mayo recién pasado.
Por lo tanto, esta es una genuina decisión del Senado y de los Comités acerca de quién debe incorporarse al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso es muy importante, porque estos últimos, en los cuales todos estamos representados, resolvieron por unanimidad.
En seguida, teniendo presente la fecha en que se reunió la Comisión para escuchar a Carlos Frontaura, quisiera detenerme en los aspectos que juzgó absolutamente indispensables para avanzar en la cuestión de los derechos humanos.
Uno de ellos es el de La Araucanía y el diálogo con las comunidades indígenas, tal como lo mencionó el Senador señor Navarro. Y así lo expresa el informe que se halla sobre nuestros escritorios.
Otro es el del sistema penitenciario y cómo la realidad en las cárceles afecta a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Fíjese, señor Presidente, que Carlos Frontaura planteó en tercer lugar la situación de los menores de edad. Y ello lo hizo el 7 de junio recién pasado, cuando todavía no estallaban los casos del SENAME.
Entonces, además de sus consideraciones profesionales y condición, creo que Carlos Frontaura tiene un enfoque sobre aquello a lo cual debemos abocarnos en materia de derechos humanos que coincide absolutamente con lo expuesto en el debate.
Reitero que los Comités han hecho una proposición que es preciso valorar, razonable y que verdaderamente dice relación con los asuntos que le interesan hoy día al país: nuestros pueblos originarios, las cárceles y la situación de los niños.
Creo que la preocupación expresada por Carlos Frontaura acerca de aquello a lo cual es preciso dedicarse amerita para que el Senado ratifique la decisión de los Comités de nombrarlo integrante del Consejo del Instituto de Derechos Humanos.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la designación, dejándose constancia, para los efectos del
quorum
exigido, de que se registran 22 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores Lagos y Quinteros.
TRANSFORMACIÓN DE INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mociones de los Honorables señores Lagos, Montes y Zaldívar y Letelier y Quintana, respectivamente, en primer trámite constitucional, que permite la transformación de institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.261-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 44ª, en 18 de agosto de 2015 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (10.302-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier y Quintana):
En primer trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
Educación y Cultura (segundo): sesión 53ª, en 5 de octubre de 2016.
Hacienda: sesión 53ª, en 5 de octubre de 2016.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión en general); 47ª, en 7 de septiembre de 2016 (se aprueba en general).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Educación y Cultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1° y 2° no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Ambos deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. No obstante, es preciso consignar el quorum en los dos casos, ya que son disposiciones de rango orgánico constitucional y requieren 21 votos para ser acogidas.
Dicho órgano técnico efectuó diversas enmiendas al proyecto sancionado en general, de las cuales solo una fue acordada por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca del artículo único transitorio, norma de su competencia, y no le introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión de Educación y Cultura.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. La modificación unánime recaída en el artículo 3° debe ser aprobada con 21 votos, por tener el carácter de norma orgánica constitucional.
La Comisión de Educación y Cultura consigna que la totalidad de los artículos del proyecto son justamente de este último rango, por lo que las restantes enmiendas, acordadas solo por mayoría de votos, también requieren 21 votos para ser acogidas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto sancionado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Educación y Cultura, y la redacción que quedaría de ser incorporadas.
De consiguiente, es preciso abocarse primero a los artículos 1° y 2°, que deben votarse no obstante no haber sido objeto de indicaciones o de modificaciones, por cuanto son normas de rango orgánico constitucional y requieren 21 votos para su aprobación.
Nada más.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Se ha pedido la autorización para que ingrese a la Sala la señora Alejandra Contreras Altmann, Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Si le parece a la Sala, se otorgará.
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de procedimiento.
Mi impresión es que lo razonable -imagino que los miembros de la Comisión de Educación estarán de acuerdo con lo que voy a proponer- sería realizar un breve debate y después una sola votación. No se justifica proceder de otra forma.
El señor LAGOS (Presidente).-
Como algunos señores Senadores concuerdan con ello y nadie se ha opuesto, se van a discutir los distintos aspectos del proyecto. Si bien corresponde tratarlo en particular, se dará la posibilidad de que cada uno disponga de diez minutos para intervenir, a continuación de lo cual se verificará un solo pronunciamiento, que subsumirá varias votaciones distintas. Y, por supuesto, se podrá fundamentar, además, hasta por cinco minutos.
Si no hay objeciones, así se acordará.
El señor MONTES.-
¡Con la mantención de los tiempos llegaremos hasta el otro partido de fútbol...!
La señora VON BAER.-
La pregunta es distinta.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Se sugiere algo adicional, como abrir la votación de inmediato?
El señor HARBOE.-
Así todos argumentarán tranquilamente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Es algo que depende de la Sala.
Además, se abrirá la votación y se mantendrán los tiempos, entonces.
¡Cuando existe voluntad, el sistema funciona en forma increíble...!
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Pensé que el señor Presidente de la Comisión iba a hacer primero una relación. Lo digo para no pasar por encima del Senador señor Ignacio Walker.
Puedo usar de ella después.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Espero que la expresión no se tome en un sentido literal. ¡Todos entendemos la metáfora...!
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Seré breve, señor Presidente, porque la iniciativa dice relación con una idea muy simple, que es facultar -o sea, constituye un derecho y algo voluntario, no obligatorio- a las sociedades controladoras de los centros de formación técnica y los institutos profesionales para transformarse en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Este es el sentido del proyecto, que surgió en la discusión de la partida y glosa del año pasado, respecto al Presupuesto de 2016.
La gratuidad no se halla directamente relacionada, pero sí indirectamente. Todos sabemos que solo personas jurídicas sin fines de lucro pueden postular a ella en el caso de la educación superior, que en el año en curso fue la universitaria.
Recordemos que el beneficio no se aplica en relación con los centros de formación técnica y los institutos profesionales, pero sí queremos que se pueda poner en práctica el 2017 a través del Presupuesto que ya estamos analizando.
Incluso, hay un compromiso de la Presidenta Bachelet, expresado el 21 de mayo, en cuanto a que la próxima vez la gratuidad se pueda extender también a los centros de formación técnica e institutos profesionales respecto de los alumnos más vulnerables.
Ese es un efecto relacionado indirectamente con este proyecto, el cual, en todo caso, se explica en sí mismo.
En definitiva, las actuales sociedades que persiguen fines de lucro tendrán tres posibilidades: transformarse en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro; fusionarse con otras, u organizarse como sociedades sin fines de lucro. En este último caso, si se organizan como tales, la ley les reconocerá o mantendrá el reconocimiento oficial -no lo pierden-; la autonomía -no la pierden-, y la acreditación -que tampoco pierden-. Y todo ello, sin solución de continuidad.
Por eso he señalado que esta es una iniciativa muy pero muy simple.
Por consiguiente, hay instituciones que podrán acogerse al nuevo régimen de gratuidad.
Recordemos que para este año, en el Presupuesto del 2015, aprobamos la Beca Nuevo Milenio hasta 850 mil o 900 mil pesos, según ciertos requisitos. Por cierto, fue un avance, pues su monto se incrementó de 600 mil pesos a las cantidades recién indicadas, pero lo que queremos es que las nuevas corporaciones sin fines de lucro puedan, al igual que las universidades sin fines de lucro, debidamente acreditadas, postular al proceso de gratuidad en curso.
En la actualidad, existen 16 centros de formación técnica y 14 institutos profesionales con fines de lucro y solo tres CFT y cuatro IP sin fines de lucro.
Ahora bien, aquellas instituciones que no se transformen no accederán a la gratuidad, aunque mantendrán sus becas y/o créditos.
El proyecto ofrece un abanico interesante, un menú de opciones, pero el requisito sine qua non es transformarse en persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro.
Este 2016, solo el 35 por ciento de los alumnos de regiones pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable ha accedido a la gratuidad, a diferencia del resto, que no ha podido hacerlo. Este año 139 mil alumnos y alumnas de universidades ya tienen gratuidad.
Esto lo vamos a extender -ojalá el 2017, como efecto indirecto de este proyecto de ley- a los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Informo a Sus Señorías que se presentaron cinco indicaciones -la iniciativa ya fue aprobada en general por la Sala- por parte del Gobierno.
Según la primera, aquellas personas jurídicas de derecho privado que se creen al amparo de esta ley -o sea, no que se transformen o se fusionen- mantendrán el reconocimiento oficial, la autonomía y la acreditación. Por tanto, serán continuadoras académicas de las actuales sociedades.
Otra indicación eliminó algo muy engorroso incluido en el texto, como era la declaración jurada por medio de la cual la sociedad debía acreditar que cumplía una serie de requisitos. Ahora, esta simplemente deberá informar al Consejo Nacional de Acreditación acerca de cambios significativos en su estructura de funcionamiento, tales como apertura de carreras, nuevas sedes institucionales, etcétera, a través de un informe de autoevaluación. Ya no habrá -repito- declaración jurada.
Por su parte, la indicación N° 5 del Ejecutivo -tal vez la más importante- regula una serie de aspectos tributarios orientados a facilitar los aportes o donaciones, de tal manera que estos no se conviertan -existía la duda en el texto inicial- en un obstáculo gravoso para la creación de las nuevas corporaciones.
Termino reiterando que este es un proyecto muy sencillo, que constituye una etapa del proceso hacia la gratuidad para que los centros de formación técnica y los institutos profesionales puedan acceder a este nuevo régimen, ya sea que se transformen, se fusionen o se organicen bajo la modalidad de corporación de derecho privado sin fines de lucro.
Eso es, básicamente.
Destaco igualmente los beneficios tributarios, muy importantes para las donaciones o aportes que las sociedades organizadoras o sus relacionadas efectúen a las respectivas corporaciones o fundaciones. De este modo, se imputarán como gasto necesario para producir la renta -de lo contrario, pagarían un impuesto bastante alto- y estarán exentos del trámite de insinuación.
Asimismo, se elimina la declaración jurada ya comentada.
En fin, el texto que se somete a la consideración de la Sala responde, señor Presidente, a un acuerdo con decenas de instituciones que, en el marco de la discusión presupuestaria del año pasado, pidieron tener la posibilidad de acogerse voluntariamente a las normas de la ley.
Insisto: nadie está obligado -es facultativo- a adquirir la nueva calidad.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente. Más adelante podremos ir aclarando otros aspectos.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador, por su informe, tan comprensivo.
Hay varios oradores inscritos.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, creo que mi colega Ignacio Walker ya explicó el contenido del proyecto, que la verdad es bastante sencillo: da la posibilidad de transformarse en entidades sin fines de lucro a las sociedades que actualmente controlan institutos profesionales o centros de formación técnica.
Para tal efecto, se plantean tres alternativas: la transformación propiamente tal, manteniendo la personalidad jurídica; la fusión, y el cambio de naturaleza jurídica, de tal manera que la nueva entidad pueda recibir donaciones.
Para mí, sin embargo, más allá de los aspectos jurídicos específicos que permiten la transformación de las actuales sociedades, lo más importante es tener claro por qué nace este proyecto de ley.
Uno podría pensar que es una iniciativa que se le ocurrió al Gobierno por alguna razón ideológica, pero la verdad es que ella surgió como una demanda de las propias entidades que hoy controlan centros de formación técnica o institutos profesionales.
Es más, el 27 de diciembre de 2015, justamente en relación con toda la política de gratuidad que ha impulsado el Gobierno de la Presidenta Bachelet, doce IP y quince CFT suscribieron una carta donde manifestaban su voluntad de transformarse en instituciones sin fines de lucro.
Tal voluntad, evidenciada de manera expresa en el referido documento, justamente da cuenta de la posibilidad de acceder a la Beca Nuevo Milenio, de 850 mil pesos, para estudiantes pertenecientes a instituciones con menos de cuatro años de acreditación, y de 900 mil pesos, para aquellos pertenecientes a instituciones con más de cuatro años de acreditación.
Por lo tanto -y esto, en mi opinión, es bien relevante a la hora de votar-, este no es un proyecto que se le haya ocurrido al Gobierno, al Ministerio de Educación, sino una iniciativa que surge, fundamentalmente, de una necesidad que plantean las instituciones privadas que promueven o forman el punto de vista técnico-profesional, en especial -y esto también es trascendente- en un contexto en que siempre se habla de que la enseñanza técnico-profesional ha sido postergada en nuestro país, en desmedro o más bien relevando a un primer plano la educación universitaria.
Desde esa perspectiva, resulta del todo razonable darles a estas instituciones la posibilidad de transformarse de manera voluntaria. Esto último es igualmente importante, porque aquí el Estado no está obligando a nadie. Sin embargo, hay que actuar, a mi juicio, con un mínimo sentido de equidad.
En la política que se comenzó a impulsar el año pasado en la Ley de Presupuestos, a través de una glosa -esperamos que posteriormente se consagre en una ley de la república-, la gratuidad se estableció solo para instituciones universitarias. Y ojo: instituciones universitarias privadas, incluso muchas de ellas recientemente creadas, que no están dentro del CRUCh.
Entonces, a mi juicio, resultaba bastante discriminatorio, y también -digámoslo- poco justo y poco equitativo, dejar fuera de la gratuidad a jóvenes en la misma o peor situación económica que la de quienes estudian en universidades.
Es más, en regiones la mayoría de los que optan por la educación técnico-profesional pertenece a los quintiles más pobres. Por lo tanto, requiere de más apoyo del Estado y no de menos y, sin embargo, el año pasado quedaron fuera de la gratuidad, que únicamente benefició a los estudiantes vulnerables de la educación universitaria, en circunstancias de que todos decimos que queremos potenciar la educación técnico-profesional, como se ha manifestado en la discusión de la Ley de Educación Superior y también respecto de la nueva educación pública.
Así que, desde esa perspectiva, señor Presidente, espero que aprobemos el presente proyecto, ojalá unánimemente, para darles la posibilidad de transformarse a las sociedades en cuestión y, de este modo, sus estudiantes tengan la oportunidad de recibir la gratuidad si así lo requieren. Porque es muy distinta una política que da certeza de financiamiento, tranquilidad y pone fin a la incertidumbre de los jóvenes y sus familias, que una beca que no cubre el arancel y que igualmente genera endeudamiento.
Yo represento a una región donde la mayoría de los jóvenes asisten a centros de formación técnica e institutos profesionales que se hallan fuera de la gratuidad, de manera que, si estas instituciones no se transforman -para lo cual es necesario aprobar este proyecto- no podrán acceder a ella.
Por eso, esta votación es tremendamente importante porque, si nos pronunciamos en contra, las instituciones privadas que suscribieron una carta solicitando al Gobierno la posibilidad de transformarse para gozar de los beneficios de la gratuidad, no podrán hacerlo y, por ende, sus estudiantes se quedarán sin financiamiento
Por lo tanto, voto que sí, esperando que el proyecto sea aprobado en forma unánime por la Sala.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¿Me permite, señor Presidente, para hacer una rectificación?
El señor LAGOS (Presidente).-
Solo si es para eso, señor Senador, porque tengo a varios inscritos.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Una frase!
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Es que denantes me expresé mal en un aspecto, que quiero rectificar, para la historia de la ley.
Aclaro que se mantienen el reconocimiento oficial, la autonomía y la acreditación respecto de las sociedades que "se transformen" o "se fusionen". Yo hablé de las que "se creen". No. Obviamente, las que se transformen o se fusionen mantendrán el reconocimiento oficial, así como su autonomía y acreditación.
Solo quería aclarar el punto, señor Presidente.
El señor NAVARRO.-
¿A todo evento?
El señor WALKER (don Ignacio).-
Por el solo ministerio de la ley.
El señor LAGOS (Presidente).-
Ahora se entiende bien.
El señor PROKURICA.-
Era un matiz.
El señor LAGOS (Presidente).- Más que un matiz.
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, cuando se diseñan políticas públicas, el punto crucial es dónde se ponen los acentos, porque son los acentos de las políticas de un gobierno los que finalmente hablan de las preocupaciones centrales de cada Administración. En el caso de las políticas de educación, la cronología de los proyectos presentados al Congreso por el actual Gobierno es, en mi opinión, elocuente.
Respecto de la educación escolar, la Presidenta envió, primero, las nuevas regulaciones para el sector particular subvencionado, las que se tradujeron en la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Y recién este año estamos viendo el proyecto que se ocupa de la educación pública, casi al final del Gobierno de la Primera Mandataria.
En el caso de la educación superior, pese a que este sector comprende una de las principales promesas de campaña de la Presidenta Bachelet (la "gratuidad universal"), a más de la mitad de su período de gobierno, recién se envió el proyecto de ley que, se supone, cumplirá dicha promesa. Mientras tanto, de manera transitoria, por no decir a través de una medida que constituye un "parche", el Ejecutivo ha buscado cumplir con la promesa presidencial, no como corresponde, mediante una ley, sino a través de una glosa presupuestaria.
El proyecto que estamos viendo hoy día, señor Presidente, se enmarca, desgraciadamente, en la misma lógica: es una ley parche. ¿Por qué? Porque, como la Ley de Educación Superior aún no está tramitada en el Congreso, dado que fue enviada hace muy poco, ya en el tercero de los cuatro presupuestos de la Presidenta Bachelet seguimos analizando la política de gratuidad, su promesa estrella, a través de una glosa presupuestaria. Pero, como la gratuidad establecida por glosa discrimina -y no según situación económica, que sería lo lógico, sino dependiendo de la institución que eligieron los jóvenes o para la que a estos les alcanzó el puntaje-, ahora estamos tramitando una ley para apuntalar la referida glosa.
Esta iniciativa, tal como lo dijo el Senador Fulvio Rossi, se podría haber tramitado hace mucho tiempo. De hecho, se habló de ella el año pasado, cuando vimos la Ley de Presupuestos. Podríamos haberla debatido en enero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Recién la estamos discutiendo ahora, en octubre -¡apurados, porque ya ingresó el proyecto de Ley de Presupuestos!-, improvisando, tal como, al parecer, se ha vuelto costumbre.
El problema de la improvisación y del apuro es que las leyes salen mal y después hay que arreglar los desastres que quedan en el camino, tal como ahora está ocurriendo con la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría están pidiendo, con razón, que se haga una reforma a la reforma.
Por otra parte, este proyecto devela el segundo acento de las políticas públicas del actual Gobierno en educación. En educación se puede poner el acento en la calidad, o en el financiamiento para los alumnos más necesitados, o, como lo ha hecho de manera insistente la actual Administración en todas sus iniciativas, en el tipo de personalidad jurídica que tiene la institución que han elegido los estudiantes y sus familias.
Si a este Gobierno le importara de verdad la calidad, entonces la forma de seleccionar a los alumnos que reciben gratuidad sería según la calidad de la institución en la que estudian, independientemente de su personalidad jurídica. Si al Gobierno de verdad le importara la equidad, definiría los beneficiarios de esta medida según el nivel socioeconómico. Pero el acento de las actuales políticas públicas de educación no está, ni en la calidad, ni en el financiamiento de los estudiantes que necesitan mayor apoyo. El acento de las políticas públicas de educación del actual Gobierno está en si las instituciones tienen o no fines de lucro. Si son de calidad, no importa. Si los estudiantes son de escasos recursos, tampoco.
No importan, señor Presidente, ni la calidad, ni tampoco las necesidades de los estudiantes.
¿Qué hace este proyecto? Permite que los centros de formación técnica y los institutos profesionales se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro. Esto ya lo pueden hacer hoy día, pero la diferencia es que mañana podrán hacerlo sin perder su acreditación.
¿Y por qué es necesario que nos preocupemos de este proyecto justamente ahora? Porque, según la legislación actual, estas instituciones pueden ser con fines de lucro. Y la famosa glosa establece que los jóvenes que estudian en instituciones con fines de lucro, aunque estas sean de buena calidad y cobijen, mayoritariamente, a alumnos de escasos recursos o de clase media, no pueden recibir el beneficio.
No lo pueden obtener, según la glosa de gratuidad.
Entonces, en la Región de Los Ríos, a la cual represento, solo perciben hoy día ese beneficio los alumnos de la Universidad Austral. ¡Bien por estos! Pero ¿qué pasa con los demás estudiantes de nuestra Región? ¡Quedan fuera!, aunque necesiten el apoyo económico, aunque sean de familias de clase media o de más escasos recursos que aquellos favorecidos con la gratuidad y que estudian en la universidad.
¿Qué estamos legislando ahora? ¿De qué se trata la presente discusión? Bueno, ¡estamos nuevamente legislando rapidito rapidito...! ¿Para qué? Para que los centros de formación técnica y los institutos profesionales se transformen ¡rapidito rapidito...! en instituciones sin fines de lucro, de modo que sus estudiantes, ahora sí, puedan acceder a la gratuidad.
¿Tiene la definición de hoy algo que ver con calidad? ¡Nada!
¿Tiene algo que ver con equidad? Muy poco, pues va a permitir que alumnos que no tengan gratuidad accedan a ella. Y serán jóvenes de mayores necesidades. ¿Saben por qué? Porque el año pasado el Gobierno los dejó fuera del beneficio.
¡Los estudiantes más necesitados de nuestro país quedaron excluidos de la gratuidad! ¿Por qué? Porque cursan mayoritariamente carreras técnicas y no universitarias.
Pero el acento del Gobierno va a seguir provocando, a través de las definiciones de la gratuidad establecidas en la glosa -no en una ley-, que estudiantes que opten por instituciones de calidad y que sean vulnerables queden fuera del beneficio. Mientras otros, que dispongan de mayores ingresos y quizás opten por una institución con menor calidad -¡más ingresos, menor calidad!-, sí quedarán seleccionados.
¿Y por qué? Porque el Gobierno está legislando con un sesgo totalmente ideológico. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. Pero no compartimos ese sesgo pues creemos que el centro de las políticas públicas en educación debiera focalizarse en el acceso de todos -¡de todos!, señor Presidente-, sin discriminación, a una educación de calidad.
Quiero agregar que la iniciativa que nos convoca responde además a un problema práctico con el que ha tenido que lidiar el actual Gobierno, y específicamente el Ministerio de Educación.
La Presidenta Bachelet comprometió en su campaña la gratuidad universal. ¿Qué dijo?: "educación gratuita para todos". ¿Qué pasó? La plata no alcanza para ello.
Entonces, ¿qué ha hecho el Gobierno? Ha restringido el acceso a fin de que no salga tan caro. ¿Cómo? Poniendo requisitos, dejando a estudiantes afuera.
Señor Presidente, Chile es reconocido en el mundo por la aplicación de políticas públicas que se basan en la correcta focalización, para así gastar los siempre escasos recursos del Estado en aquellas personas que más lo necesiten. Pero como ya se dijo, la política de gratuidad establecida en una glosa no entrega el beneficio según necesidad o según calidad, sino que discrimina a los jóvenes de acuerdo a la personalidad jurídica de la institución en la que estudian. Lo anterior no nos parece justo, sino profundamente injusto. Creemos que estamos frente a una discriminación totalmente arbitraria.
Y, por la injusticia de esta política, votamos en contra del proyecto.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
No se halla en la Sala.
Tiene la palabra, entonces, el Honorable señor Guillier.
Tampoco está presente.
Puede intervenir el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, cuando discutimos este proyecto en general se plantearon algunos temas que han sido reiterados.
Y, a través de usted, debo hacer presente que, contrariamente a lo señalado por el Presidente de la Comisión de Educación, el Senador Ignacio Walker, en esta iniciativa no hay ninguna voluntariedad.
Entonces, es muy importante dejar sentado, para los efectos del debate, de qué estamos hablando específicamente.
En primer lugar, se dice que lo consignado en el proyecto es voluntario para los CFT y los IP.
Señor Presidente, ¿cómo se puede sostener lo anterior cuando la consecuencia directa del no cambio de la naturaleza jurídica y de la no transformación en instituciones sin fines de lucro es, ni más ni menos, que esos institutos o esos centros de formación técnica no puedan acceder a los beneficios de la gratuidad, pero, a poco andar, tampoco a las ayudas estudiantiles expresadas en becas y en créditos?
¡Aquí no existe ninguna voluntariedad! Resulta mucho más transparente decir las cosas como son. Nos hallamos ante una espada de Damocles respecto de los CFT y los IP: aquella institución que no se transforma en una sin fines de lucro no puede acceder a la gratuidad ni a las ayudas estudiantiles.
Entonces, considero muy importante dejar establecido cuáles son, en verdad, los elementos que confluyen en el presente proyecto de ley.
En segundo lugar, señor Presidente -y a través de usted-, el Senador Rossi hacía presente que esta iniciativa se había originado a instancias de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica. Pero volvemos exactamente a la discusión que sostuvimos semanas atrás cuando analizamos en general la iniciativa. En esa oportunidad, todos los señores Senadores tuvieron a la vista la carta de la organización Vertebral, que reúne a todos los CFT e IP con reconocimiento oficial, en que tales instituciones hacían ver que no estaban de acuerdo con el texto legal.
En consecuencia, más allá de cómo quiera votar cada señor Senador, aquí no existe un proyecto voluntario y el texto no cuenta ni con la anuencia ni con la aceptación de los CFT y de los IP.
Dicho eso, quiero hacer presente -y aquí se ha señalado también- cuál es el objetivo de la iniciativa. El objetivo es, ni más ni menos, procurar que las organizaciones mencionadas puedan ser elegibles para las políticas de gratuidad.
Sin embargo, no deja de ser notable la contumacia del Gobierno en la materia pertinente y que se esté legislando específicamente en contra de lo fallado al respecto por el Tribunal Constitucional.
Fíjese, señor Presidente, que cuando se analizó la glosa del ejercicio presupuestario del año anterior, el Tribunal Constitucional conoció de la misma materia. ¿Y qué decía la glosa? Que para ser una institución -CFT o IP- elegible para la gratuidad, debía estar organizada como sin fines de lucro.
Y el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:
"La gratuidad de la educación superior tiene que enfocarse en la situación socioeconómica del estudiante y no en la institución a la que se adscribe".
Esta no es una interpretación, señor Presidente.
¡Se trata simplemente de la transcripción del fallo del Tribunal Constitucional!
Y, más adelante, continúa:
"Que, en consecuencia, lo que objeta esta Magistratura es que a dichos estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la gratuidad, consagrada en la Ley de Presupuestos, condiciones ajenas a su situación personal o académica" -¡y atención, señor Presidente!- "como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, estableciendo una eventual exclusión respecto de aquellos".
Es decir, nos encontramos frente a un proyecto de ley que simplemente reproduce exactamente los elementos que tuvo a la vista el Tribunal Constitucional para declarar la glosa contraria a nuestro ordenamiento jurídico.
¿Qué decía la glosa anterior? Muy simple: en el caso de las universidades, ya sea del CRUCH o instituciones privadas, no era necesario establecer una exigencia en términos del lucro porque, por ley, ni unas ni otras pueden perseguir el lucro.
Pero la glosa, específicamente respecto de los CFT y de los IP, exigía que no tuvieran fines de lucro.
Es decir, lo mismo que el Tribunal Constitucional, conociendo acerca de la misma materia, consideró inconstitucional es, ni más ni menos, el trasfondo de esta iniciativa.
O sea, no obstante que esto ha sido conocido en la instancia jurisdiccional máxima de nuestro sistema jurídico y político, se repiten exactamente las mismas normas que el propio Tribunal Constitucional ha declarado contrarias a Derecho.
Entonces, mi pregunta es: ¿qué sentido tiene este grado de contumacia?
Si el propio Tribunal ha señalado específicamente que esto es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, entonces ¿por qué insistir?
Pero quiero agregar un último elemento.
Durante la discusión presupuestaria nosotros vamos a impugnar todas aquellas normas de nuestro ordenamiento jurídico que hoy día establecen situaciones absolutamente contrarias en esta materia al principio de igualdad ante la ley.
Me explico.
Si un estudiante con cierta vulnerabilidad estudia en una universidad del CRUCH, accede a un sistema de créditos y a un sistema de becas. Si otro estudiante de igual vulnerabilidad ingresa a una institución privada, entonces tiene otro sistema de créditos y otro sistema de becas. Y si, finalmente, está en un CFT o en un IP, accede a un sistema de créditos y de becas también diferenciado.
Es decir, la misma vulnerabilidad, idéntica, es tratada discriminatoriamente, dependiendo de dónde esté matriculado el alumno.
Señor Presidente, esa situación, que se viene reiterando desde hace tiempo en las iniciativas de ley de Presupuestos y en este tipo de proyectos, es completamente ajena a la Constitución, de conformidad con el fallo, que no he interpretado, sino que simplemente procedí a leer.
Vamos a rechazar este proyecto. Haremos ver durante la discusión presupuestaria que estamos frente a una situación que debe ser remediada.
Y, en mi modesta opinión, no corresponde que el Gobierno, frente a un fallo evidente en su contra, insista exactamente en las mismas razones que tuvo en vista el Tribunal Constitucional para declarar contraria a Derecho la glosa respectiva del Presupuesto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, Senador señor Ignacio Walker.
Perdón, Senador señor Andrés Allamand.
El señor WALKER, don Patricio.-
¡Eso fue sin mala intención...!
El señor LAGOS (Presidente).-
¡No hubo ninguna animadversión hacia el Honorable señor Walker...! ¡No se preocupe...!
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, al intervenir en este proyecto, tal cual lo hice en la sesión en que lo votamos en general, voy a expresar mi abstención por una causal distinta de la esgrimida por los Senadores de la Derecha, de la Alianza. Se trata de una situación de fondo que he hecho presente en cada una de las discusiones relacionadas con los centros de formación técnica de nuestro país.
Transcurridos 25 años de recuperada la democracia y de funcionamiento de este Parlamento, hasta el día de hoy no ha habido un planteamiento efectivo, una voluntad política para modificar una situación que cruza a los institutos de formación profesional, especialmente en cuanto a la situación jurídica de INACAP.
He recibido hoy la respuesta que ha dado la Corporación de Fomento de la Producción respecto al requerimiento que hice precisamente en esta Sala para aclarar la siguiente situación jurídica:
En el año 89, en las postrimerías de la dictadura, pasó a tomar posesión de INACAP, simplemente por un acuerdo de su directorio, la Confederación de la Producción y del Comercio, en definitiva, el sector empresarial, en circunstancias de que ese instituto tan importante, creado en el año 66 por la Corfo, siempre fue una corporación público-privada.
He señalado reiteradamente, en particular a la Ministra y en esta Sala, que creo que mientras no exista la voluntad política de clarificar lo anterior, en el sentido de tener una presentación que recupere para el Estado precisamente la conducción y el control de INACAP, no voy a apoyar ninguna iniciativa en que se regule el paraguas, la situación jurídica de los centros de formación técnica e institutos de capacitación.
Por lo mismo -por su intermedio, señor Presidente-, reitero al Senador Allamand, quien, a propósito de esta discusión, señaló de manera bastante desinformada en su momento que "El intento del PS de estatizar INACAP refleja su sello más profundo: apropiarse del esfuerzo ajeno", que, muy por el contrario, queremos que se clarifique jurídicamente cuál es la situación de INACAP, cómo entre gallos y medianoche se tomó el control de este instituto, creado con dineros de todos los chilenos. Y deseamos que el Gobierno aclare si existe voluntad política de entender que la capacitación y la formación técnica son tarea de todos los chilenos.
Si se quiere avanzar en la gratuidad, ¡perfecto! Pero tiene que clarificarse, tiene que precisarse cuál es la naturaleza jurídica de esta institución, y, además, el Estado de Chile, a través de la Corfo, debe volver a tomar control de su directorio, y no seguir teniendo como representante al Director de Sercotec, que es algo absolutamente decorativo, algo absolutamente inaceptable e inexplicable.
Por eso, nos abstendremos de votar en este proyecto, mientras el Gobierno no tenga una iniciativa y una voluntad política para sacar adelante y regularizar esta situación, que ya fue denunciada el año 2004 en la Comisión investigadora acerca de las privatizaciones en la Cámara de Diputados, y sobre la cual existe una gran cantidad de documentos.
Si nosotros queremos tener un sector de formación técnica en el país, a través de la iniciativa que crea quince centros de formación técnica, es el momento de recuperar la gestión que se realizó por allá, por el año 1966, para establecer un Instituto Nacional de Capacitación extendido por el país. No hay que crear una nueva figura, desde la nada, cuando tenemos, precisamente una institución respecto a la cual el Estado tiene mucho que decidir.
Por eso, señor Presidente, reitero y fundamento mi abstención.
Creo en la gratuidad; creo en la extensión de derechos. Pero también creo que el Estado no puede dejar en la absoluta oscuridad un proceso llevado a cabo entre gallos y medianoche. Y esperamos que el Consejo de Defensa del Estado, los propios estudiantes, la comunidad académica de esa institución, reaccionen frente al despojo del patrimonio de todos los chilenos.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra, para hacer una precisión.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, solo deseo hacer un par de aclaraciones, lo que creo que vale la pena a partir de lo aquí escuchado.
Recordarán, ustedes, que el año pasado se tomó un acuerdo con 27 IP y CFT que estaban dispuestos a pasar a ser instituciones sin fines de lucro en la medida que hubiese una ley que les permitiera mantener, justamente, su nivel de acreditación, su reconocimiento oficial, etcétera.
Es decir, esta iniciativa, que nace de dos mociones de Senadores, y que asumió el Ejecutivo, contaba ya desde sus inicios con la disposición favorable de un conjunto de instituciones para dejar de tener fines de lucro.
Se trataba de instituciones diversas: grandes, medianas, algunas más pequeñas. Y no hubo ni un debate respecto a lo aquí señalado.
Por lo demás, tal como estamos expresando, el pasar a la gratuidad con la posibilidad que se abre en este proyecto en cuanto a ser voluntario no limita las ayudas estudiantiles que hoy día existen en el país.
Pienso que no aclarar eso significaría generar una suerte de situación compleja que no se corresponde con lo que estamos discutiendo y mirando hacia el futuro.
Efectivamente, en la medida que la gratuidad sea más amplia y universal, disminuirán las becas. Eso obedece a razones obvias. Pero no se eliminarán las ayudas estudiantiles de que ya dispone el país.
Quiero agregar que desde el primer día se dijo que la gratuidad sería para instituciones capaces de acreditar también su calidad. De ahí la exigencia de cierto número de años de acreditación. En cuanto a las universidades, el año pasado no se cuestionó para nada que se requirieran cuatro años o más de acreditación.
Por lo tanto, pienso que aquí tenemos que establecer un equilibrio respecto de los requerimientos y necesidades del país de contar con instituciones de la más alta calidad y formar a los estudiantes en entidades que les den garantías, que realmente se dediquen a hacer inversión en los bienes educativos que corresponde versus los derechos adquiridos a lo largo del tiempo por alumnos que han tenido créditos, becas, etcétera, en establecimientos de dudosa calidad, en algunos casos. Y, seguramente, al existir una institucionalidad que obliga a acreditarse, porque no permite que existan instituciones sin acreditación, habrá muchas de ellas que no pasarán ese rasero.
Pero yo me imagino que en el Senado de la República la voluntad es que a todos los alumnos que tengan talento, posibilidades se les dé la oportunidad de estudiar en entidades de calidad probada. Creo que esa es una tarea nacional a la cual estamos todos invitados.
Finalmente, quiero decir que el Ministerio de Educación cuenta con esas veintisiete cartas, en que se demuestra la voluntad de la institución. Y en función de esas cartas establecimos dos becas: la Milenio II y la Milenio III -la Milenio II alcanza los 850 mil pesos versus los 600 mil pesos de la beca normal, y la Milenio III es de 900 mil pesos-, para instituciones con más de cuatro años de acreditación.
Eso fue lo que se acordó y se aplicó durante este año. Y ahora, efectivamente, vamos por la gratuidad que permita que los alumnos que no tienen esas becas o que no reciben la totalidad de la colegiatura, del arancel y que además deben pagar matrícula puedan realmente no hacerlo y estudiar con la sola exigencia de que la institución tenga niveles mínimos de calidad.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Gracias, señora Ministra, por su rectificación.
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, precisamente en este momento estaba hablando por teléfono con gente del INACAP sobre un tema relacionado con lo que estamos viendo y pidiendo algunos antecedentes, porque pienso que es bueno aclarar algunas situaciones.
Me llamó profundamente la atención que uno de los Senadores que me antecedieron afirmara: "Con la aprobación de la ley en proyecto todos aquellos estudiantes que no estén dentro de los institutos profesionales o CFT que no tengan fines de lucro no recibirán ninguna ayuda". Le planteé el asunto a la Ministra y le solicité que lo aclarara en la Sala. Y ella dijo que los alumnos van a mantener el beneficio de la beca. Este se otorga, de acuerdo con la información de que uno dispone, en base a las posibilidades de contar con algún conocimiento sobre la materia, en relación con el promedio de notas logrado por los estudiantes en la enseñanza media.
Por lo tanto, quiero ser claro en esto: los estudiantes no van a dejar de tener ese beneficio.
Hago fe -lo ha dicho la Ministra, y ha quedado registrado en la Versión Oficial de esta sesión- de que los alumnos tendrán la posibilidad de seguir accediendo a las becas.
En segundo lugar, se señaló que Vertebral, una institución muy responsable que organiza a los institutos profesionales y a los CFT, habría mandado una carta. Eso es cierto, pero la verdad de las cosas es que sabemos que uno de los principales integrantes de INACAP ha tomado la decisión no de transformarse, sino de hacer realidad lo que es hoy día, desde su creación: una institución sin fines de lucro.
Lo que sucedió es que a INACAP, en lo que respecta a su manera de actuar, desde el tiempo en que se creó, hace muchos años, se le dio una organización que no constituye expresamente una corporación sin fines de lucro. Pero ahora ha tomado la decisión clara de transformarse -así me lo han manifestado- en una entidad sin fines de lucro.
En segundo término, en cuanto a lo expresado por el Senador De Urresti, yo le pediría que reflexionara sobre su voto, porque no es una abstención, sino un voto en contra, por el quorum que se requiere.
Espero que Su Señoría reflexione sobre ello, por la incidencia que su decisión podría tener en el resultado de la votación.
Ahora, lo que ha dicho él es cierto: hay que revisar el estatuto jurídico de INACAP, que es una institución de gran prestigio. Realmente, en cada parte donde se instala recibe un gran reconocimiento de la gente, cualquiera sea su posición política, su pensamiento, etcétera. Porque lo ha hecho y lo hace muy bien.
Esa institución fue creada en los años sesenta en base a una cooperación público-privada, donde participaron la CORFO, SERCOTEC y el sector privado. Ha desarrollado una importante gestión. Se podrá discutir cómo está integrado su directorio. Pero estamos hablando de una fundación autónoma. En virtud de la legislación vigente, ese tipo de corporaciones se pueden reunir de acuerdo con sus juntas y con las normativas y reglamentos, y pueden modificar su participación porque se hallan establecidas en esa forma. No tienen su origen en la ley. INACAP se formó sobre la base de las normas del Código Civil.
Por cierto, el tema puede revisarse. Pero sinceramente les digo que, si me preguntaran, no me gustaría meterle mano a una entidad que está funcionando tan bien y, a lo mejor, echarla a perder o provocarle problemas. Si lo vamos a hacer, que sea para que funcione mejor.
Por lo menos, en mi Región INACAP -yo lo veo- hace un esfuerzo inmenso en la formación en capacitación técnica, sobre todo de los alumnos más vulnerables. Muchas veces ellos vienen del sector rural, donde los padres no tienen la posibilidad de mandarlos a la universidad, no porque no quieran hacerlo, sino porque optan por inscribir a sus hijos en carreras cortas que les significan a estos una muy buena posición profesional, e incluso es posible que más adelante continúen sus estudios con miras a obtener un título universitario.
En consecuencia, ese es un tema clarísimo.
Por otro lado, en virtud de la información de que dispongo, debo señalar que de los 500 mil alumnos, más o menos, que siguen este tipo de educación, si sumamos el DUOC -que es una institución sin fines de lucro-, el INACAP, el San Agustín -en el caso de la Región del Maule- y los otros institutos sin fines de lucro que existen hoy, tenemos cerca de 380 mil alumnos estudiando en instituciones de esa naturaleza y alrededor de 120 mil o 130 mil estudiantes que lo harían en institutos profesionales con fines de lucro. ¿Por qué? Porque la ley -reconozcámoslo- permite las instituciones con fines de lucro. No es el caso de las universidades, donde eso no se acepta. Pero en ciertas instituciones la ley sí permite el lucro.
Ahora bien, qué se debe hacer con estos institutos para no defraudar a aquellos alumnos que ingresan a ellos, que siempre es gente muy modesta. Hay que exigirles calidad, acreditación y mantener la beca aunque no estén en el grupo de los sin fines de lucro.
Eso es necesario aclararlo.
Se ha insistido en que esta materia podría ir al Tribunal Constitucional. Bueno, es legítimo que quienes creen que hay algo inconstitucional acudan a esa instancia, a fin de determinar si existe alguna discriminación.
¿Cuál es el objeto de todo esto? Lo digo como autor de este proyecto, junto con otros Senadores: permitir que este importante sector de instituciones sin fines de lucro, como las que lo tienen -o parecen tenerlo-, realmente acceda a la gratuidad.
Pues bien, diversas entidades sin fines de lucro y otras que jurídicamente aparecen como si lo tuvieran, aunque no lo tienen -es el caso de INACAP-, han manifestado su decisión de entrar a la gratuidad, lo que, además, sería muy fácil, a lo mejor.
Recuerdo que el año pasado, con motivo de toda la discusión y de las discrepancias que tuvimos en el tema del Tribunal Constitucional, logramos algo bien importante respecto de los IP y los CFT. Yo quedé transitoriamente muy conforme en ese sentido. ¿Por qué? Porque se subió la beca Milenio para un sector significativo de alumnos que, por supuesto, están dentro de los cinco quintiles. Ellos tienen ahora una beca de 900 mil pesos. Y sobre todo los padres me han dicho que normalmente el costo de la educación en estas carreras cortas, que le permiten a un joven obtener ingresos muy rápidamente, es de un millón 100 mil o un millón 200 mil pesos anuales, versus los 3 o 4 millones de pesos anuales que cuestan algunas carreras universitarias.
Entonces, cuando un alumno obtiene una beca de 900 mil pesos sus propios padres dicen: "Contamos con una ayuda muy importante, porque debemos poner solo 20 a 30 mil pesos adicionales todos los meses para que nuestro hijo tenga una profesión".
Por eso sostengo que lo planteado por este proyecto no es otra cosa que permitir a estas instituciones, que no han tenido fines de lucro, aunque parezcan organizadas de otra manera, acceder a la gratuidad.
Sería un error gravísimo no posibilitar eso.
Podríamos corregir todo lo demás. Pero, si este proyecto de ley no fuera aprobado, 380 mil estudiantes quedarían en una situación desmedrada, sin poder acceder a la gratuidad.
Desde luego, insisto en que hago fe de lo sostenido por la señora Ministra: tanto las instituciones sin fines de lucro como las que lo tengan van a poder seguir accediendo a las becas de acuerdo con la reglamentación que hoy existe; todas van a acceder a ese beneficio.
Por las razones expuestas, señor Presidente, pido aprobar esta iniciativa, que no tiene otro sentido que permitirles a los IP y los CFT transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro y así acceder a la gratuidad.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Parece que fue bastante inspirador el llamado telefónico que Su Señoría recibió...!
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cuando se trata de institutos profesionales y centros de formación técnica, es imposible no pensar en INACAP.
Esa institución, creada por Eduardo Frei Montalva en 1966 y conocida como la "universidad de los trabajadores", constituyó un hito del siglo en cuanto a proveer capacitación técnica en Chile.
Varios documentos fueron recopilados por muchas instituciones, particularmente por la CORFO. En una de las minutas -se pueden hallar en Internet- se revela cómo poco a poco la CPC y su filial, la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS), hicieron un esfuerzo por apropiarse de INACAP.
Lo anterior no compromete ni a los actuales directivos, ni menos aún a sus estudiantes, así como tampoco la excelencia, reconocida nacional e internacionalmente, de esa institución educacional.
No es que pensemos que fue mal manejada. Nuestra objeción apunta a que aún no se ha hecho claridad sobre el oscuro traspaso de INACAP a la CPC.
Uno de los documentos de la CORFO, denominado "Análisis y Alternativas Circunstancias Inacap", revela los alcances de la estructura jurídica que se tuvo presente para su traspaso al sector privado. No obstante, no se conocen aún -son parte de la deuda histórica- los alcances económicos ni las presiones realizadas para que esto fuera posible.
Esa es la observación.
Nadie quiere estatizar este instituto profesional. Por el contrario, solo pretendemos rescatar con fidelidad la historia de cómo se han forjado en Chile las mejores instituciones que han tenido su origen en el Estado; entre ellas, esta.
¡Porque se originó en el Estado! ¡Fue creado por Eduardo Frei Montalva!
Señor Presidente, escuché con atención al Senador Allamand, a quien le encuentro toda la razón: este cambio no es voluntario. Porque, si se desea seguir recibiendo beneficios del Estado, particularmente en lo referido a becas y gratuidad, hay que adaptarse a lo que la Presidenta Bachelet comprometió: educación superior sin fines de lucro, tal como la ley lo había establecido.
Y si bien -lo señaló el Senador Andrés Zaldívar- los institutos profesionales y centros de formación técnica nunca tuvieron prohibición de lucrar -solo las universidades privadas tenían esa restricción, pero faltaron a la ley y cometieron delitos-, hoy día queremos que en toda la educación superior -y, dentro de ella, el 48 a 49 por ciento de estudiantes de enseñanza media que están en centros de formación técnica y que se están preparando para asistir a institutos profesionales- no haya lucro; que exista la reinversión; es decir, que lo que el Estado pone a disposición del instituto o centro de formación técnica sea reinvertido para mantener, levantar o aumentar la calidad.
Por eso, no hay ningún secreto. Lo que queremos es una transformación hacia sociedades que mantengan como un elemento principal el no lucro. Y se toman resguardos para ello.
La Senadora Von Baer señaló la existencia de un sesgo ideológico.
Yo lo dije: la revolución educacional en Chile es esencialmente ideológica, no pedagógica. Se trata de un criterio distinto: la educación es un derecho, no un negocio, contrariamente a lo sostenido en alguna ocasión por el ex Presidente Piñera.
Reitero: no es un negocio, sino un derecho.
En tal sentido, tenemos una visión ideológica distinta.
Escuché a la Senadora Von Baer -no está en la Sala en este momento- señalar que quiere gratuidad para todos.
Muy bien: ¡gratuidad para todos!
¡Que me diga la Senadora de dónde sacaremos los recursos; a quién le aumentamos los impuestos! ¿A la minería, por ejemplo? ¡Fijemos un royalty minero! ¿Les subimos los gravámenes a los que más ganan? ¿Incrementamos el impuesto a la herencia, que actualmente se traspasa de una generación a otra sin ningún esfuerzo?
Que haya gratuidad para todos. Pero que la Derecha nos diga de dónde obtenemos los recursos.
Porque, el discurso permanente de la Derecha, cada vez que proponemos cambios sociales, protección social, es: "A ver, ¡que la Izquierda nos diga de dónde piensa sacar la plata para financiar lo que propone!".
Le replico a la Derecha -al Senador Allamand y a la Senadora Von Baer- que si quieren gratuidad total que nos digan de dónde obtener los recursos, de qué empresa, de qué actividad.
¿De la minería? ¡Vamos al royalty! Discutamos de una vez por todas qué hacemos con el cobre, cómo dejamos el litio en propiedad del Estado a fin de obtener más fondos para financiar la educación gratuita.
Todo eso significa más impuestos.
Es cierto que no hay voluntariedad. No obstante, las instituciones pueden mantenerse con fines de lucro.
Recuerdo que sus principales gestores reconocían que efectivamente había ganancias y que, a pesar de ser ellos favorables al lucro, por haberse creado a su alero, estaban de acuerdo con terminarlo. Porque nadie está pidiendo que los CFT y los IP decrezcan ni en calidad ni en cantidad de estudiantes. Y estamos disponibles para seguir financiándolos. Recuerdo lo que señaló la Presidenta Bachelet.
Sin ningún ánimo especial, nosotros dijimos hace mucho tiempo que perdimos la batalla de la comunicación, de la información. Y ocurrió porque al inicio de este Gobierno hubo una mala gestión comunicacional. Porque en esta Administración no hay política comunicacional: no la tuvo ni con Álvaro Elizalde ni la tiene con Marcelo Díaz. Por eso, cada dos meses cambia el encargado de comunicaciones de La Moneda.
Perdimos esa batalla y pasamos del 80 por ciento de apoyo al proyecto de gratuidad al 80 por ciento de rechazo.
Había padres que nos decían: "Yo quiero que respeten mi derecho a pagar por la educación de mis hijos".
¿Cuáles eran los discursos? Me tocó asistir a conferencias con los padres y apoderados (salimos a terreno). Y algunos en el Salesianos nos decían: "Se van a cerrar las escuelas".
¡Habían sembrado el terror de que se cerrarían los colegios! Ahora lo hacen con los institutos y los centros de formación técnica.
¿Qué pasó al final? ¡Se crearon 143 nuevos colegios particulares subvencionados un año después de la reforma y no cerró ninguno de manera inmediata!
¿Cuántos han cerrado hasta ahora? Cuatro o cinco, por decisiones de sus dueños. Digámoslo francamente: se ha fortalecido la educación particular subvencionada.
Y en mi sector tenemos un debate respecto de si partir con la gratuidad o con el fortalecimiento de la educación pública. Lo concreto es que ocurrió lo primero y el efecto colateral no deseado fue el fortalecimiento de la educación particular subvencionada.
Porque le estamos dando los mismos recursos -ahora no pueden lucrar- que a la educación pública, que se encuentra con una mano o con los dos pies atados y continúa sin salir a flote, debido a que estábamos en el subterráneo, en el subsuelo, bajo la línea de flotación.
Por tanto, al no poder hacer un esfuerzo paralelo y ponerla en el primer nivel, estamos pagando costos: las escuelas municipales siguen perdiendo matrícula, pues los alumnos se van a los particulares subvencionados.
Lejos de lo que sostenía la Derecha -que se iban a cerrar-, los colegios particulares subvencionados han aumentado e incrementaron su matrícula.
Yo sostengo que los institutos profesionales y los centros de formación técnica se van a adaptar, ya que van a seguir dando educación de calidad y van a tener acceso a la gratuidad y a las becas.
Existen diversos sistemas. Estamos en un proceso. Aquí no queremos un Transantiago; no queremos hacerlo todo de una vez para que falle. Habrá una adaptación, como ocurre con los procesos de cambio en educación, que tardan generaciones. Eso lo saben todos los Senadores.
Por mi parte, veo que las condiciones y facultades entregadas a los centros de formación técnica e institutos profesionales son enormes. Pueden inclusive hacer donaciones sin estar afectos a pagar impuestos por ellas y a otras exigencias que tendrían si estuvieran en otro régimen.
Conforme a lo que ahora se plantea, les es factible efectuar aportes sin pagar el impuesto a las donaciones, sin sujetarse al trámite de insinuación: quedarían exentas de impuestos.
Espero que dichas entidades valoren aquello y se acojan a esta normativa.
Ahora, si alguien piensa que aquí queremos discriminar a estudiantes vulnerables para que no tengan subsidio ni acceso a la gratuidad, por favor, veámoslo caso a caso.
¿Alguien podría afirmar que, con ello, la Ministra está intentando dejar a alumnos vulnerables sin gratuidad?
Lo que queremos es diferenciar. Y si hay errores -porque, evidentemente, puede haberlos-, habrá que corregirlos. Para eso es el trámite en el Senado.
En verdad, acá no se desea enmendar los errores. La Derecha va a rechazar este proyecto. No hay punto intermedio. No es que podamos decir: "Estas son las modificaciones". No. Aquí hay una Oposición férrea y la amenaza, una vez más, del Tribunal Constitucional.
Tengo la certeza, después de escuchar al Senador Allamand, de que van a recurrir a dicha instancia. Su Señoría, que en esto es bueno y hábil, ha dicho que se trata de situaciones calcadas.
Por lo tanto, claramente harán aquello. De modo que es probable que tengamos esto de vuelta, Ministra, y debamos soportar que de verdad haya estudiantes sin acceso a la gratuidad, porque la Derecha acude al Tribunal Constitucional para echar abajo este proyecto, que sí les quiere dar gratuidad, que sí los quiere incorporar.
Entonces, sería bueno que los Senadores Larraín, Allamand, Von Baer señalaran algo al respecto, pues aquí puede haber un grave problema, no porque la Ministra o nosotros queramos, sino por lo que pueda ocurrir en el referido Tribunal.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, no pensaba hablar. Sin embargo, después de haber escuchado un par de intervenciones, creo necesario decir algunas cosas.
Estoy de acuerdo con este proyecto, y lo votaré a favor.
Me parece que el análisis hecho por el Senador Allamand amerita un trabajo mucho más en detalle; hay que discutirlo, leerlo, ver cómo se trata y determinar si tiene rigor o no.
Lo que Su Señoría nos critica es no tratar igual a los alumnos vulnerables estén donde estén -esa es su tesis principal-, y nos plantea que no hacer aquello sería inconstitucional.
En primer lugar, quiero repetir lo que señaló la Ministra.
Ella sostiene que la calidad no es igual.
Hay un conjunto de instituciones de muy mala calidad o que su orientación no es formar profesionales. Y nombro dos: el Instituto Valero y el Instituto Nacional del Fútbol, que tienen otro sentido y forman parte de los establecimientos educacionales existentes en nuestro país.
¡Yo traté de estudiar en el Instituto Valero, pero salí reprobado...!
Entonces, hay instituciones que exhiben otras características.
Existen establecimientos que no son de buena calidad y que se han desarrollado gracias a las becas y al CAE. Eso está estudiado y se sabe que crecieron por el referido crédito, que estimuló la proliferación de un conjunto de instituciones inadecuadas.
Por lo tanto, la obligación del Estado es exigir mayor calidad.
Si la gratuidad la recibe cualquiera en la condición que sea, estaremos engañando a los alumnos vulnerables.
Eso le diría al Senador Allamand.
Aquí la gratuidad tiene que ser para quienes reúnen condiciones de calidad. Si no, no lo estamos haciendo bien.
Lo segundo que nos dice Su Señoría implícitamente es que da lo mismo que los establecimientos educacionales sean públicos o privados.
Esa es su opinión. No es lo que nosotros pensamos, ni tampoco lo que la historia de Chile nos señala.
Toda la historia hasta el Golpe -y es lo que sostuvo permanentemente Jorge Alessandri en la Comisión legislativa respectiva durante la dictadura- nos indica que estos no son iguales. Tienen distintas realidades y exhiben condiciones diferentes que no voy a entrar a detallar.
Entonces, se debe asumir que hay opciones acá. Y la opción es avanzar en gratuidad y calidad; cambiar estructuralmente el sistema y reponer el rol que el sector público tiene en el resto de los países del mundo (Alemania y otros), el cual de repente se nos pierde.
Mi segunda observación apunta a lo que se ha dicho en torno a INACAP.
Yo no podría no referirme a este instituto después de haber oído al Senador Zaldívar.
Durante estos años de democracia hemos tenido una excesiva ponderación para tratar el tema de las privatizaciones: 725 empresas, la mayor parte de las cuales fueron privatizadas de manera muy oscura (no entraré al detalle); 11 mil propiedades urbanas, respecto de las cuales sería bueno que se investigara por qué fueron entregadas a ciertas personas.
Nosotros lo investigamos. Yo presidí la Comisión investigadora pertinente.
¡Un millón de hectáreas rurales de buena calidad!
Todo eso se adjudicó a un precio que no correspondía, pues era muy por debajo de la realidad.
¿Qué actitud hemos tenido en estos años sobre el particular? Debimos asumirlo, porque la Constitución así lo imponía.
Pero, por otro lado, cuando revisamos esto descubrimos que había dos casos en que no se había privatizado plenamente: INACAP y las 400 hectáreas de la hacienda Ñuble-Rupanco. Fueron las únicas situaciones en que el proceso no se había llevado a cabo hasta el final.
¿Qué pasó en INACAP? Y se lo diría al Senador Zaldívar.
Letelier Skinner, general de las Fuerzas Armadas condenado en distintos procesos por irregularidades, de repente decide, con el directorio de la CORFO, retirarse de INACAP. Y designan a otro consejo.
¿Quiénes eran los miembros del directorio de CORFO? ¡Los mismos que después fueron nombrados en INACAP!
Las mismas personas se trasladan de un lado a otro. Se retiran de INACAP, pero mantienen a SERCOTEC.
Entonces, ha sido un organismo público-privado desde siempre, y no de otra manera.
¿Qué planteó -y se lo señalaría también al Senador Zaldívar- el Gobierno de Aylwin? Que cambiara la composición del directorio. Pero se resistieron permanentemente.
No se quiso armar un conflicto.
Nunca se privatizó INACAP. Y lo que pedimos es fortalecer su carácter público. ¿Por qué? Porque este instituto es bueno en muchas cosas, se ha desarrollado muy bien; pero tiene defectos.
Hoy día no se dedica a lo que era en su origen: la capacitación de trabajadores. Son estudiantes de educación media. Es mínimo lo que hacen para los trabajadores.
Tampoco se ha preocupado del campo de lo técnico.
¿Cómo puede ser que a estas alturas no tengamos personas formadas para enfrentar lo relativo a la energía solar y debamos recurrir a técnicos búlgaros?
Acá se debe responder a una política nacional, a una política de interés global, no al cálculo del excedente carrera a carrera, con el sistema de incentivo que existe al interior de INACAP, en que al director que capta más matrícula, independiente de la carrera que sea, percibe una remuneración adicional distinta.
Por último, INACAP nunca ha aceptado a los jóvenes en riesgo. Y hemos terminado con puros cursillos en los programas Más Capaz y otros, porque nunca ha querido conjugar con el Estado una política de mejor nivel para jóvenes en riesgo.
Se diseñó un programa exclusivamente para este instituto -el anterior al actual-, y no estuvieron dispuestos a llevarlo a cabo. Probaron. Dijeron que no les generaba excedentes suficientes, ni les cubría los costos.
Lo que estamos pidiendo es un camino bastante objetivo a fin de que se llegue a un acuerdo y se incorporen las universidades, los trabajadores y otros actores para discutir la política.
Hoy día esta se debate en el actual directorio, y además, en el órgano académico que va al lado, en el que están Mariana Aylwin, José Joaquín Brunner, quienes cada cierto tiempo trabajan en el directorio de INACAP. Pero lo que queremos es que en el núcleo principal estén representantes de las distintas realidades de nuestro país, y no que haya una sola perspectiva.
Entiendo que varios de los ejecutivos de INACAP son conscientes de que esto debe abrirse.
Ello tiene mucho que ver con lo que señalo, porque a lo mejor la historia sería totalmente distinta si hubiéramos clarificado a los CFT en su carácter público. Incluso, si lo hiciéramos ahora, permitiría redefinir el proyecto de ley que crea 15 centros de formación estatales.
No ha habido disposición para eso: si se fortalece su carácter público.
Nosotros creemos que esto es posible, y tenemos que seguir trabajando en esa dirección.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, pues apunta a una cuestión muy específica, que es hacer posible algo para quienes lo quieran: cumplir un conjunto de requisitos y acceder a la gratuidad.
Probablemente no todos optarán por eso, y se van a mantener con las becas.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para que el Senador señor Zaldívar presidiera la sesión?
El señor LARRAÍN.-
¡Sí!
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero efectuar dos reflexiones y, si fuera posible -porque estamos en votación, y a lo mejor no desea contestar-, preguntarle dos cosas a la Ministra.
La primera reflexión es que, claramente, este proyecto no tiene nada que ver con lo que a mí me hubiera gustado analizar a la hora de discutir cómo mejoramos la calidad de la educación.
Aquí -según entiendo- la iniciativa permite la transformación de institutos profesionales y centros de formación técnica en determinado tipo de persona jurídica, pero no contiene ninguna palabra respecto a la calidad de la educación, que era lo que teóricamente nos convocaba.
El compromiso presidencial no fue traspasar la calidad jurídica de un establecimiento a otro, sino avanzar hacia la calidad de la educación no solo de los jóvenes que estudian en las universidades, sino también de aquellos que lo hacen en institutos profesionales y centros de formación técnica, los cuales resultan fundamentales para nuestra nación.
Lamento que este tipo de debate no se dé en un escenario con más sentido de futuro y donde todos queden contentos.
Porque aquí algunos van a aprobar este proyecto. No he visto a nadie con una suerte de euforia por estar cambiando la historia de Chile en materia educacional. Más bien veo resignación, pues al quedar poco tiempo hay que hacer lo que se pueda. Creo que la lógica de "es lo que hay" tiene bastante apabullado a nuestro país.
Señor Presidente, hay una segunda reflexión que no quiero que pase de largo.
A mí esto me parece una negociación completamente desbalanceada. Veo a un Gobierno -y voy a hacer un símil- que tiene una pistola humeante frente a personas que dependen de él para efectos económicos, particularmente con relación a la gratuidad, y a las que les dice una cosa muy simple: "Aquí vamos a establecer la lógica de la gratuidad. Y usted tiene fines de lucro porque le asiste el derecho a ello".
Señor Presidente, acá no pasa lo mismo que en el tema de la universidad, porque esa discusión fue distinta. Ahí, objetivamente, no había espacio para el lucro desde el punto de vista legal. Pero aquí sí hay un legítimo espacio, pues así fueron diseñadas esas entidades. No es que sean buenas o malas. Aquí no están los buenos y los malos, sino los que siguieron un camino. Y a la gente que siguió ese camino, que es harta, se le dice: "Usted tiene dos opciones en cuanto a la gratuidad: o se cambia y accede a ella, o no lo hace y la pierde. Pero todo el sector sí la va a obtener. Y para eso hay que cumplir un requisito: debe transformar su personalidad jurídica y pasar a ser una institución sin fines de lucro".
Aquí no hay una suerte de compensación. No: acá se pierde.
Esa es la verdad.
Incluso, hay cuestiones más técnicas.
A mí me tocó en la Comisión de Hacienda preguntar por el sentido exacto de las normas tributarias. Y los representantes del Ministerio fueron muy francos. Porque la idea era ni siquiera permitir la posibilidad de deducir como gasto para los efectos de la determinación de la renta; o sea, que se hubiera producido anteriormente para retomarlo ahora y decir: "Hay una forma de resarcir determinadas inversiones que se efectuaron".
Esa es una lógica que a mí me violenta -quiero ser bien franco-, pues se expresa: "O se cambia o muere". Eso es lo que en la práctica se está diciendo. Y el que se cambia, bueno, muere desde el punto de vista económico. Es factible que muera también desde un punto de vista jurídico, que es una visión distinta.
Esa forma de hacer las cosas me inquieta, pues creo en el derecho de propiedad, en el derecho legítimo de las personas a tener emprendimientos amparados por la ley. Pero no me parece lógico que si a uno le modifican las reglas del juego deba entregarse a un sistema al que, obviamente, no hubiera entrado de haber sabido lo que sucedería.
Como reflexiones generales, pienso que ahí radica la esencia de la legítima objeción.
Por intermedio de la Mesa, quiero hacerle dos consultas a la Ministra.
La primera resulta importante para el estudio de esta iniciativa.
En la Comisión de Hacienda hubo un compromiso de la titular de Educación en orden a cambiar la redacción del artículo 3° para analogarla al resto del articulado, al objeto de hablar de "organizadores de".
Quiero dejar claro aquello, porque se había producido un error ahí.
Adicionalmente -y entiendo que el Senador Montes preguntó lo mismo-, se iba a estudiar la posibilidad de ampliar el plazo de un año, si era factible, para generar el traspaso, pues había una disonancia entre el año de esta norma y el período en el cual debe tener vigencia desde la perspectiva del Estado.
Más allá de que el proyecto no me agrada, son dos materias que habían quedado pendientes, y me gustaría escuchar una opinión al respecto.
Además, señor Presidente, deseo preguntarle a la Ministra sobre un asunto que para mí es clave, más aún luego de oír a los Senadores Zaldívar, Allamand y Montes. Porque aquí, o estamos entendiendo mal las cosas, o alguien está equivocado.
El Senador Zaldívar sostuvo que aquel que no se cambia -estamos hablando de organizaciones con fines de lucro- no tiene derecho a la gratuidad, pero sí a las becas, en la medida que cumpla ciertos requisitos.
El señor WALKER (don Ignacio).-
A las becas y créditos.
El señor COLOMA.-
A las becas y créditos, como me puntualiza el Senador Ignacio Walker.
Pero ocurre que en la Cámara de Diputados, en forma simultánea se estudia otra iniciativa que plantea lo contrario. Dice que el Estado financiará solo por los próximos cuatro años.
Ese es el horizonte que señala: ¡son cuatro años!
Estamos hablando de proyectos de largo plazo, no de proyectos de dos minutos.
Ese es el tema de fondo.
El Senador Zaldívar afirma que la institución que no opta por cambiar su naturaleza jurídica y sigue siendo con fines de lucro -así le entiendo a Su Señoría, quien tiene influencia en el Gobierno- podrá mantener el beneficio de las becas y créditos, pero no le será factible acceder a la gratuidad.
Ese es el escenario A.
Pero el proyecto de ley que se está estudiando en la Cámara de Diputados señala una cosa distinta: que solo por los próximos cuatro años va a tener acceso a becas y crédito.
No me calza el objetivo final que plantea el Ejecutivo con esta decisión. ¿Es más importante lo que se está diciendo aquí o va a imperar lo que legislativamente la Cámara Baja está haciendo al otro lado? Porque lo que se sostiene allá es exactamente lo que yo menciono.
Entonces, aquí hay una disonancia que no entiendo y que puede generar muchas más fuentes de conflictos o dudas antes que certezas. Y en esta materia tiene que haber certezas.
Si alguien me pregunta el día de mañana qué se aprobó como concepción y cuál es la situación en que queda aquel que no se cambió, tendría que responderle: "Depende a quién le pregunte: si le pregunto al proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados, esto dura cuatro años; si le pregunto a lo que se afirmó en la Sala del Senado, no hay restricción de tiempo".
Ahí, señor Presidente -lo digo con todo respeto-, creo que falta una aclaración con relación a lo que estamos votando. Porque si no, uno puede entender legítimamente cosas distintas. Y ese no es un tema menor, pues estamos hablando de decenas de miles de jóvenes y de instituciones que deberán tomar una decisión. Incluso tienen un año para ello (espero que el plazo sea mayor, después de la duda que surge sobre el particular).
Ahora, ¿en qué parámetro se basa tal decisión? ¿En que quedan cuatro años? ¿En que es, por así decirlo, una cuenta corriente que se termina? ¿O esa es la institucionalidad a la que el Gobierno aspira?
Yo no lo he escuchado, y puede ser interesante. Incluso, tal vez haga variar, no mi voto de ahora, pero sí mi visión hacia delante, porque, al final -como se señala-, igual habrá becas y créditos como política pública.
Esa es una alternativa.
Sin embargo, eso no está planteado arriba de la mesa. Lo que sí se ha dicho es que se pierde. Y se señala que solo aquel que no tenga fin de lucro podrá tener acceso a dinero público para los efectos de la educación.
En consecuencia, no da lo mismo entender el mensaje en un sentido u otro.
Creo que ello es demasiado decisivo como para no pedirle -por intermedio de la Mesa, si es que procede- alguna respuesta a la Ministra, porque se trata de una materia absolutamente esencial para la historia de la ley relativa a este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Estamos en votación.
No sé si la Ministra desea hacer uso de su derecho a aclarar el punto que se ha puesto en duda durante la votación.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, quiero comenzar con lo siguiente.
Hay 54 institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados, para partir de ese rasero. De ellos, 27 manifestaron su decisión de pasar a ser entidades sin fines de lucro.
Señalo aquello para que veamos también el aspecto relacionado con magnitudes.
Ahora, hay un número importante de entidades (cerca de cuarenta y tantas) que no están acreditadas. Son CFT e IP sin acreditación.
Una de las cosas que hemos dicho, y que volvemos a sostener, es que efectivamente todas las instituciones de educación superior deben contar con una acreditación. No puede ser que unas se hallen acreditadas y otras no.
Por supuesto, existe calidad de la acreditación, complejidad de la calidad, etcétera. Pero eso será parte del debate que tendremos cuando llegue a esta Sala el proyecto sobre educación superior.
En todo caso, quiero hablar primero de las magnitudes.
Respecto del crédito -voy a adelantarlo-, estamos estudiando una fórmula que remplace lo que es hoy día el CAE; no la función, sino cómo está constituido.
Por distintas razones, por motivos históricos, el CAE ha cumplido la función de permitir que accedan a estudios superiores muchos alumnos, sobre todo los del séptimo decil en adelante; porque las becas llegan hasta este grupo (esa es la verdad). Sin embargo, en el caso de numerosos educandos de los deciles octavo, noveno y décimo los ingresos familiares no son sustantivamente distintos de los de aquellos que se encuentran en el sexto o en el séptimo deciles, quienes sí tienen beca.
En tal sentido se está analizando el CAE. Esperamos incorporar la enmienda a comienzos del próximo año como una propuesta de ley paralela a la de educación superior; no va a ser una modificación incluida dentro de la iniciativa atinente a esta última.
Por lo tanto, nuestro país va a tener crédito para todos los estudiantes de instituciones acreditadas. Porque las no acreditadas no podrán existir. ¡Así de simple!
Con relación a la beca, estamos mejorando un sistema que se encuentra relativamente dibujado (es muy difícil partir de un papel en blanco: esto me gusta, esto no; esto aquí, esto acá). Y a partir de ahí la beca, en la medida que aumenta la gratuidad, disminuye sistemáticamente.
De hecho, los estudiantes que este año puedan entrar a la gratuidad vía glosa serán aquellos que no tienen cubierto por la beca todo el arancel (a ninguno le cubre la totalidad) y, además, deben pagar matrícula.
Claramente, los 100 mil a 120 mil educandos que ingresen de manera directa a la gratuidad el próximo año van a ser alumnos que dejan de recibir beca.
Creo que la beca se mantendrá por muchos años. ¿Cuántos? Lo debatiremos y acordaremos acá, en el Parlamento.
En mi concepto, lo que está en la ley es poco -lo digo derechamente-, no resulta suficiente.
Por tanto, debemos ver de qué manera los estudiantes más vulnerables de instituciones acreditadas, si por alguna razón no han entrado a la gratuidad, pueden mantener su beca por un tiempo prudencial.
Yo no imagino a nuestro país dejando a entre 100 mil y 200 mil alumnos sin apoyo. ¡Es impensable!
Por consiguiente, los tiempos que nos tome aquello los veremos a propósito del proyecto de ley sobre educación superior. Ahí determinaremos cuánta transición se requiere para pasar a todos los estudiantes a gratuidad con un rasero de calidad.
El Senador señor Coloma señaló aquí que esta iniciativa no habla de la calidad.
Yo debo puntualizar que, si bien pone el foco en las condiciones establecidas para acceder a la gratuidad, la calidad está presente permanentemente: en la exigencia de que las instituciones se encuentren acreditadas; en cómo se pasa por niveles de acreditación; en la calidad que tendrá la institución respectiva en la medida que cuente con más años de acreditación. ¡Esos son elementos de calidad a la vena!
Queremos realmente que todos los alumnos puedan estudiar con gratuidad.
Nosotros estimamos que, si bien se dispuso que las universidades eran sin lucro y los institutos profesionales y los centros de formación técnica con lucro, no existió una razón de fondo que explicara tal decisión. Hubo una razón específica temporal: era una forma de atraer inversiones, de atraer a grupos económicos para que instalaran CFT e IP a fin de otorgarles a muchos jóvenes posibilidades de estudios, pero, a la vez, para hacer un buen negocio. ¡Seamos realistas!
Nuestro país puede repensar aquello -como puede repensar varias cosas- en la medida que tengamos un acuerdo, una mirada compartida.
Personalmente, me parece de locos que en Chile todas las universidades queden sin fines de lucro; que un gran porcentaje de los centros de formación técnica e institutos profesionales pasen a ser sin fines de lucro, y que dejemos que entre 100 mil y 150 mil jóvenes estudien en establecimientos que no quisieron ser sin fines de lucro -o sea, se les permitirá seguir lucrando-, los cuales van a ser -¡recordémoslo!-, a mi juicio, los de menor calidad.
Por tanto, para responderle en forma definitiva al Senador señor Coloma, yo diría que va a seguir existiendo el crédito; por cierto, será un crédito mejorado.
El plazo que duren las becas lo fijaremos tanto en el Senado cuanto en la Cámara de Diputados durante la discusión particular. En esa ocasión veremos qué disposición existe para determinar el tiempo por el cual se otorgarán becas y gratuidad a alumnos que se encuentren en distintas situaciones en determinado momento.
¿Estamos ante una transición? Sin lugar a dudas, nos hallamos frente a una transición. ¿Cuán larga será? Deberemos debatirlo, para que no perjudiquemos a nadie que de buena fe inició un trabajo como CFT o como IP, ni a ningún joven que, también de buena fe, se matriculó en un establecimiento de tal índole.
Claramente, va a llegar un minuto en que la situación será insostenible.
Esa es mi opinión, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
El Senador señor Guillier no se halla en la Sala.
El señor ALLAMAND.-
¡Está en campaña...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, lo que hemos presenciado esta tarde en la Derecha no es nada nuevo: se trata de los típicos fuegos de artificio en discusiones como esta.
A decir verdad, uno no podría esperar otra cosa. La resistencia de algunos Senadores y su defensa irrestricta del lucro no debiesen sorprendernos.
Sí, preocupa un poco, y a ratos molesta, que se busque confundir. Porque aquí no estamos debatiendo acerca de la gratuidad y el conjunto de ayudas estudiantiles: eso vendrá posteriormente, en el marco de la discusión del proyecto sobre educación superior. Y tampoco estamos debatiendo en torno a la glosa presupuestaria.
Por lo tanto, a la supuesta inconstitucionalidad de que hace mención el Senador Allamand no le encuentro el mínimo sustento, porque aquí no se trata de aquella glosa, sino de un proyecto de ley.
Lo que sucede es que, con el correr del tiempo, la Derecha ha ido instalando una doctrina -y ello se vio muy reflejado en la discusión de la reforma laboral- con la que se busca que el Tribunal Constitucional sea el órgano que le dicte pautas al Congreso Nacional sobre cómo legislar.
¡Por supuesto que puede haber recomendaciones y que es factible que algunas de ellas se acojan!
Sin embargo, lo que la Derecha busca desde hace bastante rato -y se reafirma en esta discusión- es que el Tribunal Constitucional termine siendo una especie de colegislador.
Eso, claramente, no corresponde.
En el marco de una nueva Carta, el Tribunal Constitucional actual, por su poca legitimidad, por la manera como se halla conformado -no me refiero a las personas (porque no es una discusión sobre ellas), sino a la integración de dicho órgano-, a decir verdad, tiene muy poco espacio. Porque la legitimidad es muy importante en todas las instituciones, más aún en el ente encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes.
Despejado ese punto, señor Presidente, yo también quiero referirme a las expresiones de Senadores y Senadoras de las bancas del frente que han sostenido majaderamente que este proyecto no tiene nada que ver con la calidad de la educación; que el instrumento que permite transformarse en centros de formación técnica sin fines de lucro no tendría ningún impacto en la calidad de la enseñanza.
¡Eso es completamente falso!
Yo pregunto: cuando un CFT o un IP deja de lucrar, deja de retirar excedentes, los cuales van a los bolsillos del controlador -¡seamos claros: ellos tienen como destino las cuentas corrientes de los dueños de dichos establecimientos!-, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que tales recursos solo pueden tener una sola finalidad: ¡la de la educación! O sea, ello significa más recursos para fortalecer los procesos de aprendizaje, el equipamiento, en fin.
La señora Ministra preguntaba cuál pudo ser la razón por la que la dictadura, en la legislación del año 1981, prohibió el lucro en las universidades y no en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Y decía que, probablemente, era el vínculo directo que estos establecimientos tendrían o debiesen haber tenido con el mundo de la producción, con el mundo industrial.
Sin embargo, con el correr del tiempo, aquello no ha ocurrido. Tanto es así que se le pidió al Estado, incluso por el propio sector privado, algo que este Parlamento ya aprobó y que es parte de la reforma: la creación de 15 centros de formación técnica, pues en Chile se necesitaba la preparación de más técnicos de nivel superior.
Yo creo que en los años ochenta debió irse de frentón al término del lucro.
En el mundo entero ya no hay país que tolere el lucro en la educación. Chile es de los pocos enclaves, de los pocos espacios donde subsiste.
Por lo tanto, lo que hacen acá algunos Senadores y Senadoras de la Derecha es una defensa del lucro.
Expresaba yo que este proyecto sí impacta en la calidad. Porque (reitero) los recursos en comento van a fortalecer la educación. Pero, además, solo pueden transformarse entidades acreditadas. De manera que son los centros de formación técnica y los institutos profesionales de mayor calidad los que podrán dar este paso.
Ahora, aclarado que la iniciativa que nos ocupa sí impacta en la calidad de la educación, también preocupa el incumplimiento flagrante de un compromiso suscrito por 27 planteles: 12 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica.
Parece que se nos olvida que en el año 2015, en el marco de la discusión del proyecto que dio origen a la Ley de Presupuestos que rige en 2016 -la Nº 20.882-, esos establecimientos le manifestaron al Gobierno su voluntad de cambiar su naturaleza a personas jurídicas sin fines de lucro.
Claro: hoy día los recursos ya se encuentran en poder de ellos (para favorecer los procesos formativos), y se desconoce tal compromiso.
¡Eso es lo increíble de toda esta situación!
En esta Sala se ha preguntado qué ocurre con las ayudas estudiantiles.
Reitero: el referido tema estará incorporado en la discusión pertinente. Y ahí deberemos ver, por ejemplo, qué sucederá con las becas.
Nunca está de más recordar que en la glosa presupuestaria aún vigente el salto fue bastante significativo. Y lo saben muy bien quienes controlan dichos planteles.
La beca Nuevo Milenio, que ascendía a 600 mil pesos, pasó a una doble modalidad. Está la beca Nuevo Milenio II, con 850 mil pesos, cifra que en muchas carreras cubre la totalidad del arancel. ¡Y qué decir de la beca Nuevo Milenio III, que llega a 900 mil pesos y está destinada a programas e instituciones con acreditación de cuatro años hacia arriba! O sea, mientras más calidad se demuestra y garantiza con el actual sistema de acreditación, mayor es el incentivo en dinero.
Ese salto se dio precisamente -insisto- en el marco de la referida discusión.
Ahora, debo reiterar que a través de la ley en proyecto estamos creando un instrumento absolutamente voluntario. Aquí no hay nada forzoso; no existe ninguna obligación para los planteles. El proyecto permite el cambio. O sea, lo que estamos haciendo es, en buenas cuentas, terminar con las sociedades comerciales.
¡Y no podía ser de otro modo! ¡A quién le cabe en la cabeza mantenerlas, luego de todo lo que se ha discutido!
Parece que olvidamos las movilizaciones de 2011; que, en las encuestas, 83 por ciento de la opinión pública se pronunciaba contra el lucro. ¡Es como si los ciudadanos hubieran cambiado de parecer...!
Entonces, mediante el instrumento que ahora se crea estamos permitiendo la fusión de dos entidades -primera posibilidad-; la transformación propiamente tal, en que el organizador conserva su personalidad jurídica -segunda opción-, y el cambio de la naturaleza jurídica del organizado -tercera alternativa-, caso en el cual pueden existir aportes y donaciones, los que no se gravarán con los impuestos respectivos (porque perfectamente podrían aplicarse).
En consecuencia, la ley en proyecto les permite a las sociedades de cualquier tipo que sean organizadoras de CFT o de IP transformarse en o fusionarse con una persona jurídica sin fines de lucro, la que será su continuadora legal y académica para todos los efectos, sin solución de continuidad.
Señor Presidente, aquí están dadas todas las garantías que cualquier institución seria, preocupada verdaderamente de su proyecto estudiantil, podría pedir.
En el caso de la transformación, la institución que actualmente se encuentra constituida como sociedad (civil o comercial) muta a persona jurídica sin fines de lucro, manteniendo su personalidad jurídica. Igualmente, la institución debe estar reconocida oficialmente, ser autónoma y estar acreditada, conservando dichas características. O sea, mantiene su reconocimiento oficial (esto es fundamental).
En el caso de la fusión existen dos alternativas. Los centros de formación técnica o institutos profesionales podrán optar por la fusión o absorción. Las personas jurídicas organizadoras de CFT o IP reconocidos oficialmente, autónomos y acreditados podrán ser absorbidas por fusión con o en una corporación o fundación de derecho privado de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, siendo la persona jurídica subsistente la continuadora legal y académica para todos los efectos, sin solución de continuidad -como indicaba recién-, de la persona jurídica organizadora del respectivo CFT o IP.
Señalo lo anterior simplemente para demostrar una vez más que aquí están dadas todas las garantías que una institución de educación superior seria debiera solicitar.
Repito: el cambio no es obligatorio.
Lo que ocurre es que aquí hay una resistencia -reitero- muy propia de la Derecha, casi esperando que el Gobierno renuncie a algo esencial, cual es terminar con el lucro en la educación, especialmente en la superior.
Eso, hoy día, ya debiera ser motivo de vergüenza.
No existe ninguna razón -insisto- para que algo que la dictadura quiso impedir respecto de las universidades se mantenga para los centros de formación técnica e institutos profesionales.
Por lo expuesto, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, muchas veces me sorprende oír estos debates sobre materias educacionales, en los que se habla de hartas cosas, pero muy poco de educación.
Durante varios años me tocó trabajar en educación, antes de dedicarme a la política, en 1991. Desde que egresé de la universidad sentí que la mejor manera de ejercer mi servicio público estaba en la educación. Y trabajé principalmente en la universitaria, pero después, también, en otros niveles de enseñanza.
A partir de una experiencia como aquella uno puede constatar que la naturaleza jurídica de las instituciones educacionales y su sistema de financiamiento -instituciones con o sin fines de lucro- no tienen que ver de manera causal con la calidad de la educación.
Sin embargo, aquí de lo único que se habla es de la naturaleza jurídica de las instituciones y de si persiguen o no fines de lucro. ¿Por qué? Porque -así lo siento- no interesa la calidad de la educación.
Eso es lo que pasa.
En este debate se escucha decir, una vez más: "No. Es que tiene que ser pública"; "No: debe ser privada"...
¡Por favor!
¡Cuándo alguien se va a preocupar de la educación pública de los niños y las niñas, de los adolescentes, de los estudiantes de la enseñanza superior de nuestro país!
¡No hay interés!
Solo existe el compromiso -de naturaleza ideológica, me parece- de ir hacia instituciones públicas y sin fines de lucro logrando la gratuidad.
¡Ese es el eje de la argumentación de fondo!
Pero -lo digo con todo respeto- eso no tiene que ver con la calidad de la educación.
No estamos haciendo mejores ciudadanos: ciudadanos más preparados; mejor formados; que entiendan el mundo (incluido su país) y sean capaces de trabajar en él, de transformarlo.
De eso se trata la educación: de prepararse para ser mejores personas tanto a nivel individual como social, para formar parte de una comunidad en la que se pueda aportar algo.
Hoy día, sin educación de calidad uno se queda fuera del camino de la historia.
¡Pero no! ¡Aquí estamos preocupados de temas laterales que no se relacionan con lo central!
Eso es lo que me preocupa de esta discusión.
Y cuando veo a Senadores como los señores Montes y Navarro, a quienes por cierto respeto, ponerle tanta tinca para terminar con el INACAP "porque tiene una naturaleza jurídica tal", "porque la índole de su financiamiento es tal",...
El señor MONTES.-
¡Eso no es verdad!
El señor LARRAÍN.-
... me da la impresión de que realmente no les interesa la calidad de la educación.
El INACAP es un muy buen instituto educacional; ha hecho mucha labor. Probablemente, podría ser mejor. Quizás no ha ido formando a la vanguardia del desarrollo chileno futuro. Es posible. Porque no hay instituciones perfectas.
Yo no sé qué institución pública lo ha hecho. Pero me parece que el INACAP sí ha realizado una muy buena labor.
Me tocó participar en la génesis del DUOC. Yo formaba parte de su directorio, y, precisamente cuando salió la legislación de 1980, propuse que dicho establecimiento se convirtiera en IP y en CFT. ¡Y, a Dios gracias, así se hizo!
Pienso que la contribución del DUOC ha sido extraordinariamente positiva. Y ello no tiene que ver con su naturaleza jurídica ni con que persiga o no fines de lucro, sino con el compromiso con la educación, de acuerdo con una filosofía tal que permite desarrollar buenos proyectos en ese ámbito.
El DUOC y el INACAP son los mejores ejemplos de la educación técnico-profesional, de la impartida en centros de formación técnica, y creo que lo han hecho muy bien por Chile. Lo de estar dándoles duro una y otra vez solo me hace pensar que la calidad realmente no interesa.
Adicionalmente, quiero manifestar que nuestra intención, contrariamente a lo expresado por mi Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, no es estar llevando todos los asuntos al Tribunal Constitucional. Media en ello el interés legítimo que anima a cualquier Senador.
Cabe recordar que la Nueva Mayoría y la ex Concertación han presentado en dicho organismo más cuestiones que nosotros. Así que no vengan hoy día a rasgar vestiduras porque otros lo hacen.
Por lo demás, se trata del ejercicio de un derecho. El planteamiento de un caso no significa necesariamente que se dará la razón. Hemos ganado y, lamentablemente, también hemos perdido. Sabemos afrontar una derrota sin llorar.
Estimamos, más allá de cualquier consideración, que estamos frente a una situación muy difícil, pues la forma como se han ido estructurando las educaciones escolar y superior revela una segmentación, en la medida en que los alumnos obtienen beneficios no por su condición socioeconómica o su realidad académica, sino por la naturaleza de la personalidad jurídica de la institución en que estudian. Y eso es discriminatorio, ciertamente. Se les está haciendo un daño tremendo.
Curiosamente, toda la reforma de los colegios particulares subvencionados se hizo para terminar con ellos y dejarlos en el área de la educación pública. ¿Cómo leyeron la medida los estudiantes? Siguieron cambiándose de la educación pública a la particular subvencionada, a pesar de todos los esfuerzos hechos para destruir esta última.
A mi juicio, eso tiene que ver con que no ha existido preocupación por la calidad de la educación pública. Eso es lo delicado.
Me parece que si se registra otra vez un saldo de instituciones en que se discrimina a los alumnos por las razones antes mencionadas: naturaleza de la entidad, personalidad jurídica, sistema de financiamiento, persecución o no de fines de lucro, y no por aspectos objetivos que digan relación con el éxito o el fracaso del proyecto educativo -es decir, la calidad de la enseñanza-, le estaremos de nuevo causando un grave daño al progreso de la educación chilena.
No se trata de defender un modelo determinado, sino de asegurar el acceso de todos, sin discriminación, a una educación de calidad, sea pública, privada, subvencionada o no subvencionada. Ese es nuestro objetivo. Y la idea es garantizar que ninguna persona se encontrará impedida de hacerlo por su origen, condición social o lugar de nacimiento.
He sido Senador por veintidós años en representación de una Región que no ha contado realmente con muchas posibilidades en tal sentido. Quiero consignar que ninguno de los proyectos discutidos y promovidos durante el actual Gobierno logrará dicho propósito. Deseo ser reiterativo sobre el particular.
Y es algo que siento mucho, porque la significación de la educación particular o la particular subvencionada local es muy reducida. El Maule Sur es una zona bastante sencilla, del mismo modo que La Araucanía, regiones ambas donde no existen en la materia proyectos millonarios que persiguen fines de lucro. Se trata de gente muy esforzada. Normalmente, son grupos de profesores que crean un establecimiento particular subvencionado y no obtienen lucro ni lo conocen, mas sí realizan un trabajo enorme, que se les arrebata. Pero el saldo concreto, más allá de esa situación, es que la calidad de la educación en mi Región sigue siendo igualmente deficitaria.
Sé que la labor de la señora Ministra es muy difícil. Y solidarizo íntimamente con ella, a pesar de que muchas veces pienso muy distinto. Pero créame, señor Presidente, cuando afirmo que a mí lo que más me duele de todos estos procesos educacionales es que las esperanzas de nuevo se frustran, porque los problemas no son ni de naturaleza jurídica ni económica.
La plata ayuda, pero, como decía alguien, "no hace la felicidad". La calidad de la educación se determina por otras coordenadas, que siento ausentes del debate. Por eso es que votaré en contra.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Estamos en votación y me ha solicitado la palabra el Honorable señor Montes, quien solo ocupó siete de sus diez minutos.
¿Hay inconveniente en que haga uso de ella por los otros tres?
El señor LARRAÍN.-
¡Le regalo todo mi tiempo restante, aunque Su Señoría no tenga ese derecho!
El señor MONTES.-
¡No le queda nada, señor Senador...!
El señor LARRAÍN.-
¡A usted ya se le dio la palabra!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, solo quiero hacerle una aclaración al Senador señor Larraín, porque creo que no entendió o no escuchó lo que expuse sobre INACAP.
Queremos fortalecer este organismo y su carácter público y recuperar su historia. Ello no significa que salgan los que están hoy día, sino una incorporación. Y en eso están de acuerdo incluso parte de los ejecutivos.
Ustedes se ponen en contra también de otras visiones.
INACAP tiene defectos: en sus programas no acepta jóvenes vulnerables; se dedica poco a los trabajadores, a diferencia de su vocación original, y no forma en profesiones técnicas de punta poco rentables, como todo lo relacionado con energía solar.
Lo que hemos dicho -repito- es que queremos fortalecerlo. Y nos preocupa su carácter público.
En seguida, mi Honorable colega centra toda la discusión en la calidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la abordamos? Porque, conforme a nuestro ordenamiento, el Congreso solo se aboca a lo financiero e institucional, pues los contenidos le corresponden al Consejo Nacional de Educación. ¡Eso es un absurdo! Tenemos que corregirlo de una vez por todas.
El asunto fue muy debatido con ustedes mismos a propósito de la normativa sobre la Superintendencia de Educación Escolar, donde se precisó el contenido de la competencia del Consejo.
Además, necesitamos ocuparnos en los temas de fondo. ¿Qué se plantea en el mundo en cuanto a la calidad en educación? Justamente la salida de instrumentos como el SIMCE, como las pruebas estandarizadas, que no permiten formar ciudadanos o personas. ¡Ello se señala en los Estados Unidos y en todos lados! ¡Ustedes nunca han aceptado siquiera revisarlo!
Bajamos de diecisiete SIMCE a los ocho que creo que son ahora. Es un gran avance, porque la educación se concentrará en la formación de los niños, no en pruebas estandarizadas, funcionales. Lenguaje y Matemática son reimportantes, pero también los valores y las personas.
El modelo chileno de educación pública representa un impedimento. ¡La tecnocracia nos copó! Entonces, ¿cómo combinamos lo cognitivo con lo que no lo es? Ahora todos hacen referencia a eso, pero nosotros llevamos unos diez años debatiendo con la Derecha que no basta con las pruebas SIMCE. Este es un factor de apoyo, pero no puede ser el elemento ordenador de la educación.
Discutamos respecto de la calidad, pero en serio y no solo en determinadas coyunturas. Repito que lo hemos venido haciendo por lo menos en los últimos diez años.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El Senador señor Quinteros no intervendrá y el Honorable señor Guillier no se encuentra presente.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Educación, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se registran 23 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, y el proyecto queda despachado en particular.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvieron los señores Chahuán y De Urresti.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, seré muy breve.
Me parece que se han tocado puntos muy significativos.
Solo a modo de pequeño ejemplo, no quisiera retirarme sin decirle al Honorable señor Larraín que estuvimos hace unos días en dos escuelas reconstruidas en la Región que representa, nuevas, sencillas, muy bonitas, una de las cuales accedía por primera vez a la excelencia académica.
Es decir, el esfuerzo de contar con mejores profesores, con materiales de más calidad, con mayores recursos, etcétera, no se verá de un día para otro. Claramente, se está sembrando en una actividad muy importante. Los lugares son muchos.
Espero presentarles a los señores Senadores un consolidado de cuáles son, efectivamente, las mejoras que se llevan a cabo.
Sería muy interesante ver la matrícula y el resultado de los ciento cuarenta mil jóvenes que entraron en el año en curso a estudiar con gratuidad en la educación superior. Pudieron acceder a las mejores universidades -dicho bien derechamente- del país.
Seguramente, de otro modo no habrían contado con esa posibilidad, porque el arancel universitario es más caro. Aunque hubieran recibido ayuda o un crédito, era muy difícil que lo lograran por su origen socioeconómico y estar bajo el quinto decil.
Por lo tanto, soy una convencida de que estamos avanzando.
Lo relativo a la calidad se mezcla con cambios institucionales, que siempre son más duros y complejos, pero se ha luchado por mejorarla en todos los niveles, particularmente en la educación pública, que se nos estaba yendo a pique. El Congreso aprobó los recursos para ello.
Repito que espero entregarles antes de fin de año un documento que resuma lo anterior, porque creo que es bueno no solo que se debata, sino también que todos los parlamentarios conozcan el esfuerzo de país que estamos realizando.
Muchas gracias por el paso que se acaba de dar. Ahora nos vamos a la Cámara de Diputados.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Gracias a usted, señora Ministra.
¡Felicitaciones!
Por haberse cumplido su objetivo, y considerando que hay Comisiones y Subcomisiones Especiales Mixtas funcionando -estamos en plena discusión del Presupuesto-, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitando que se informe en torno a APLICACIÓN DE ACUERDO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, para pedir NUEVAPONDERACIÓN DE AFILIADOS A ISAPRE EN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES EN REGIONES EXTREMAS Y AGILIZACIÓN DE EVALUACIÓN EN NIVEL CENTRAL.
Del señor HORVATH:
Al señor Subsecretario de Pesca, con el objeto de requerir PRÓRROGA PARA EXTRACCIÓN DE RECURSO ERIZO POR SINDICATOS DE PESCADORES DE COMUNA DE LAS GUAITECAS.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, solicitándole ESTABLECIMIENTO POR LEY DE ASOCIACIÓN DE PUEBLOS MÁS BONITOS DE CHILE.
A la señora Directora del Servicio Nacional de Turismo, a fin de pedir ACERCAMIENTO A ASOCIACIONES DE PUEBLOS MÁS BONITOS CON MIRAS A INICIATIVA LEGAL PARA ESTABLECER UNA DE ELLAS EN CHILE.
Al señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y al señor Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, invitándolos a proponer REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE ASOCIACIÓN DE PUEBLOS MÁS BONITOS DE CHILE.
Al señor Ministro de Energía, con el objeto de solicitar EVALUACIÓN DE MARCHA Y PREVISIÓN DE ALCANCES DE LEY N° 20.365; AMPLIACIÓN DE SUS PRECEPTOS A TODO TIPO DE VIVIENDAS Y EVENTUAL REINCORPORACIÓN DE ENERGÍA A SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL, Y NORMATIVA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN TRANSACCIÓN DE BONOS DE CARBONO.
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--Se levantó a las 18:51.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción