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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 40ª, en miércoles 10 de agosto de 2016
Ordinaria
(De 17:12 a 19:30)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo, y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Ernesto Ottone Ramírez.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 17:12, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 34ª, ordinaria, en 2 de agosto; 35ª, especial, y 36ª, ordinaria, ambas en 3 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín N° 9.890-08).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia (boletín Nº 10.402-15).
2) El que enmienda la pena para la radiodifusión no autorizada (boletín Nº 10.456-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley acordado por el Senado que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07).
Con el segundo señala que ha dado su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, con el objeto de hacerla aplicable a los fiscales del Ministerio Público (boletín N° 10.511-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero manifiesta que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N°10.164-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto de los siguientes proyectos:
-El que modifica la ley N° 20.600, que crea los tribunales ambientales, en materia de cesación en el cargo de sus ministros (boletín Nº 10.774-07).
-El que enmienda la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, en materia de nombramiento y duración en el cargo de los ministros (boletín Nº 10.803-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 470 del Código del Trabajo.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Responde acuerdo del Senado, mediante el cual se solicita hacer presente la urgencia al proyecto de ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile (boletín N° 9.119-18).
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de las obras de mejoramiento de las instalaciones deportivas de la comuna de Corral, que han significado una intervención en el cauce del estero El Boldo.
Atiende requerimiento de información, expresado en nombre del Senador señor Navarro, referente a los puentes Industrial y Bicentenario, en la comuna de Concepción.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Remite información acerca de la denuncia presentada por la Junta de Vecinos de la Comunidad Ecológica de Peñalolén ante la Superintendencia del Medio Ambiente, en el año 2014, respecto de proyectos inmobiliarios que cuentan con permiso de edificación y que debieron haber ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental; materia consultada en nombre del Senador señor Horvath.
Del señor Ministro de Agricultura (S):
Informa sobre Consulta Ciudadana de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Atiende inquietud del Senador señor Horvath para que las personas de la tercera edad puedan acceder en forma gratuita o rebajada a diversos medios de transporte.
Responde petición, expedida en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, para analizar la inclusión de una Glosa en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2017 destinada a financiar proyectos de saneamiento sanitario básico en el Valle del Itata.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Guillier, sobre el estado del anteproyecto presentado por las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile con el fin de mejorar las condiciones laborales del personal de esa institución.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Atiende solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, con adhesión del Senador señor Navarro, sobre el plan de contingencia y de ayuda que se aplicará a los pescadores artesanales de la Región de Los Ríos afectados por la marea roja.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Informa petición de antecedentes sobre la formulación de cargos por incumplimientos ambientales en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en contra de la empresa GeoPark Chile; materia planteada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía:
Entrega respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Espina, sobre el proyecto de agua potable rural para el sector Tranaman La Isla, comuna de Purén.
Del señor Alcalde de Melipeuco:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre el número total de extintores en las dependencias de la comuna y el costo de su mantención anual.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Da contestación a solicitud, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, para remitir antecedentes acerca de la reciente aprobación de una zona de vertido de lodo proveniente de pisciculturas en la estancia Lourdes, cercana al parque Torres del Paine.
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Informa sobre la carencia de un jardín infantil en el nuevo barrio de la ciudad de Temuco, camino a Chonchol, denominado "Portal de San Francisco"; materia consultada en nombre del Senador señor Quintana.
Del señor Director Regional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule:
Atiende inquietud, formulada en nombre del Senador señor Matta, sobre la presencia del ácaro "Varroa" en dicha Región.
Del señor Secretario General del Ejército:
Responde requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Bianchi, para informar sobre la dotación que se desempeña en la V División del Ejército bajo la modalidad de "personal a jornal" y sobre la recepción del bono establecido en el artículo primero de la ley Nº 20.846.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad, y las compatibiliza con los plazos de la ley Nº 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 10.583-04) (con urgencia calificada de "suma").
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, en segundo trámite constitucional, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
-El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre Exención de Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito en Basseterre, Federación de San Cristóbal y Nieves, el 26 de junio de 2014" (boletín Nº 9.965-10).
-El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica sobre Exención de Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito en Roseau, Mancomunidad de Dominica", el 23 de junio de 2014 (boletín Nº 9.971-10).
De la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín Nº 9.890-08) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Moreira, señora Von Baer y señores Chahuán y Pérez Varela, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 20.930, que establece el derecho real de conservación medioambiental, en lo relativo a la definición de dicha institución y a las inscripciones que deben realizarse (boletín Nº 10.845-07).
De los Senadores señores Araya, Espina, Harboe, Larraín y Matta, con la que dan inicio a un proyecto que enmienda el artículo 18 de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local, en materia de notificaciones (boletín Nº 10.846-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Araya, Espina, Harboe, Larraín y Matta, con la que inician un proyecto que modifica las leyes Nos 20.640 y 18.700, en lo relativo a la designación de vocales y al expendio de bebidas alcohólicas en los procesos electorales que señala (boletín Nº 10.847-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).- Antes de pasar a los proyectos de Fácil Despacho, tiene la palabra el Senador señor Matta.

El señor MATTA.- Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones solicita un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto que modifica la Ley de Tránsito con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros (boletín Nº 10.125-15), hasta el día viernes 12, a las 12.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Hay acuerdo?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, sugiero que sea para el martes, a las 12.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Martes 16 de agosto, al mediodía?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- O a primera hora, señor Presidente.

El señor MATTA.- El martes, a las 10 de la mañana, estaría bien.

El señor LAGOS (Presidente).- Si les parece, se fijará dicho plazo para el 16 de agosto, a las 10, en la Secretaría de la Comisión.
--Así se acuerda.



MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA NO DILACIÓN INJUSTIFICADA DE AUDIENCIAS EN JUICIO PENAL

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito que el proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín Nº 9.152-07), luego de ser conocido informalmente en la mañana por la Comisión de Constitución, sea rechazado en forma inmediata por la Sala, con el objeto de constituir hoy mismo la Comisión Mixta respectiva.
Para tal instancia, desde ya propongo a los integrantes de la Comisión de Constitución.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.152-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Espina y García):
En primer trámite: sesión 66ª, en 30 de octubre de 2013.
En tercer trámite: sesión 40ª, en 10 de agosto de 2016.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 7 de abril de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
Discusión:
Sesiones 6ª, en 7 de abril de 2015 (se aprueba en general); 29ª, en 17 de junio de 2015 (se aprueba en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Hay unanimidad para proceder a aquello?

El señor HARBOE.- Muy bien.

El señor LARRAÍN.- Sí.

El señor LAGOS (Presidente).- Es un proyecto que no requiere quorum especial.
Entonces, ¿estamos de acuerdo?
--Por unanimidad, se rechazan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, para dar cuenta de una petición.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus miembros, acordó en sesión celebrada el día de hoy solicitar a la Sala la autorización para discutir en general y en particular, en el trámite del primer informe, el proyecto en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, y la ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
V. FÁCIL DESPACHO



DECLARACIÓN DE 8 DE JUNIO COMO DÍA MUNDIAL DEL OCÉANO

El señor LAGOS (Presidente).- En primer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de quien habla, que declara el día 8 de junio de cada año como el Día Mundial del Océano en Chile, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.313-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Lagos):
En primer trámite: sesión 55ª, en 29 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 37ª, en 9 de agosto de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Moreira y Navarro.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 3 del informe de la referida Comisión.

El señor MOREIRA.- ¡Que se apruebe!

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto en general y en particular, y queda despachado en este trámite.
El señor LAGOS (Presidente).- ¡Excelente! ¡Gran proyecto!


MODIFICACIÓN DE CÓDIGO LABORAL EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE TRABAJOS PESADOS


El señor LAGOS (Presidente).- A continuación, corresponde realizar la segunda discusión del proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Letelier y de los entonces Senadores señores Gazmuri, Muñoz Aburto y Núñez, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la declaración de trabajos pesados, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5.205-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Gazmuri, Muñoz Aburto y Núñez).
En primer trámite: sesión 34ª, en 17 de julio de 2007 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 11ª, en 21 de abril de 2015.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 27ª, en 5 de julio de 2016.
Discusión:
Sesiones 57ª, en 30 de septiembre de 2015 (se aprueba en general); 34ª, en 2 de agosto de 2016 (queda para segunda discusión).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión de Trabajo realizó una sola enmienda al texto aprobado en general, consistente en sustituirlo por un artículo único permanente y dos disposiciones transitorias, modificación que fue acordada por unanimidad.
Dicha enmienda unánime debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas.
El artículo único y el artículo segundo transitorio del texto sustitutivo propuesto tienen el carácter de normas de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión particular.

Les recuerdo que estamos en Fácil Despacho.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, esta iniciativa guarda relación con la declaración de trabajo pesado, es decir, con cómo se califica con ese carácter determinada actividad laboral, lo cual da pie a un sistema de cotización diferenciada para permitir una jubilación anticipada, a través de un esfuerzo previsional mayor, tanto del trabajador como del empleador. Ello, dado el desgaste que produce este tipo de trabajo para la vida de las personas afectadas.
Ese es el sentido del proyecto.
El procedimiento que existe hasta ahora a ese respecto es poco práctico y añejo, y evidencia dificultades para adaptarse a las modificaciones que se presentan en la economía y, en particular, en el actual mercado de trabajo.
¿Cuál es el procedimiento hoy para calificar una actividad laboral como trabajo pesado? El sindicato u otros actores le deben solicitar a la Comisión Ergonómica Nacional la declaración respectiva de ese puesto de trabajo.
Sin embargo, dado que hay una gran cantidad de trabajadores en empresas contratistas, el plazo que se requiere para tal calificación es demasiado amplio.
Este proyecto de ley establece que la declaración de trabajo pesado de determinada actividad automáticamente producirá efectos en las personas que laboran en régimen de subcontratación.
Ello beneficiará a miles de trabajadores en ámbitos donde el desgaste físico es mayor: en la minería, en el sector forestal y en ciertas actividades agrícolas. Y también se verá favorecida alguna gente de mar.
La norma propuesta dice: "La calificación de trabajo pesado de un determinado puesto de trabajo, producirá efectos ya sea que se desempeñe por trabajadores contratados directamente por la entidad empleadora respectiva, o bajo régimen de subcontratación o puestos a disposición por empresas de servicios transitorios.".
Se dispone, además, un período de transición para que la ley entre en vigencia: "el día primero del sexto mes posterior a su publicación en el Diario Oficial".
Asimismo, se reconoce el efecto retroactivo de la normativa para quienes ya están contratados en empresas subcontratistas. Ello estará en vigor a partir de la publicación de la ley.
Señor Presidente, quiero señalar que en la Comisión votamos la única enmienda por unanimidad.
Esta iniciativa es una vieja demanda y reivindicación de los trabajadores de la minería, quienes muchas veces están en régimen de subcontratación por dos años, pero las empresas van cambiando, al igual que los contratos, y, a pesar de dedicar toda la vida a un trabajo pesado, nunca acceden a este derecho.
Por ello, invito a la Sala a respaldar el proyecto, que sin duda es de justicia, pues moderniza el régimen laboral de nuestro Código del Trabajo.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Les parece que abramos la votación?
Acordado.
En votación la enmienda unánime.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, seré muy breve.
Apoyaré esta iniciativa, porque, quizás, es una de las herramientas que mayor aplicación práctica van a tener en los trabajos pesados que existen en nuestro país.
La calificación de trabajo pesado genera un beneficio no solo desde el punto de vista de la sobrecotización y, por tanto, de su protección previsional, sino también desde la óptica de la adopción de medidas preventivas.
En la Región del Biobío, la industria forestal, desde hace ya muchos años, ha optado por el modelo de la subcontratación.
Más allá de toda la discusión que hemos debido dar respecto de los beneficios que la empresa mandante les otorga a sus trabajadores -beneficios que no siempre son aplicados a los subcontratistas, a pesar de realizar la misma función-, creo que es tremendamente importante que este proyecto de ley hoy establezca que la calificación de trabajo pesado del puesto de un trabajador dependiente de la compañía principal se aplica de igual forma a la empresa subcontratista en lo concerniente a la misma función.
Puede haber diferencias económicas entre un caso y otro, pero no corresponde hacer una diferencia en la calificación de trabajo pesado en atención a su naturaleza contractual.
Por eso, señor Presidente, me parece que esta iniciativa es muy importante.
Tal como dijo el Senador Letelier, ella va a beneficiar a miles de trabajadores subcontratados que hoy día cumplen funciones en la industria minera, pero también a los que se desarrollan en el sector forestal de la Octava Región, particularmente en las provincias de Arauco y Biobío.
Este tema ha sido planteado por los dirigentes de la Federación de Trabajadores Forestales de la Provincia de Arauco y hoy día tiene un reconocimiento a través de la aprobación del presente proyecto, que va a significar mayor prevención de riesgos y mayor protección social para miles de trabajadores que muchas veces deben efectuar extremos esfuerzos y afectar su salud.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda unánime introducida por la Comisión de Trabajo y Previsión Social (25 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Coloma y Chahuán.


El señor LETELIER.- Hay que destacar la participación en esta iniciativa de los entonces Senadores señores Gazmuri, Muñoz y Núñez.
El señor LAGOS (Presidente).- Me preocuparé de enviarles una nota personal dándoles a conocer que, finalmente, se aprobó el proyecto de ley.


MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PLAZO PARA AUDIENCIA ÚNICA DE PROCEDIMIENTO MONITORIO


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic y Muñoz y de los Senadores señores Allamand, Larraín y Letelier, que modifica el Código del Trabajo en materia de plazo para la audiencia única del procedimiento monitorio en el caso que el juez estime que no existen antecedentes suficientes para pronunciarse de inmediato sobre las pretensiones del demandante, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.623-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand, Larraín y Letelier):
En primer trámite: sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es incorporar en el procedimiento monitorio -instancia de carácter sumario para conocer reclamos de cuantía menor y despido de trabajadoras con fuero maternal-, en el caso de citarse a la audiencia única por antecedentes insuficientes de las pretensiones del demandante, un plazo de 20 días para su realización, que comprenda un lapso de 5 días entre la notificación y la celebración.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand y Letelier.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 5 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, presenté la moción que dio origen a este proyecto hace algunos meses, la que fue suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Además, respecto de sus contenidos, cuenta con la opinión favorable del Ejecutivo.
La iniciativa busca, básicamente, reparar una omisión. Al realizarse la reforma a la justicia laboral, mediante la modificación del Código del Trabajo, no se estableció el plazo en que debe efectuarse la audiencia única del procedimiento monitorio citada por falta de antecedentes suficientes, además de no considerarse que debe mediar un plazo entre la notificación al demandado y la realización de dicha audiencia, como sí se hace para el procedimiento de aplicación general.
La omisión señalada ha llevado a los tribunales a adoptar diversas opciones. Buena parte de los tribunales hacen aplicable para la fijación de la audiencia el plazo de 15 días establecido para la otra hipótesis, aquella en la que exista reclamación.
Sin embargo, las diferencias han sido mayores respecto de la determinación de cuál es el tiempo razonable que debe mediar entre la notificación y la celebración de la audiencia. Esto ha llevado a que, en algunos casos, las Cortes de Apelaciones hayan considerado que existe una excesiva proximidad entre la realización de la audiencia y su previa notificación, por lo que han acogido recursos de nulidad presentados por los demandados, lo que sin duda acarrea problemas para los demandantes, al retrotraerse el procedimiento.
Lo anterior hace necesario solucionar este problema por la vía legislativa, para lo cual se requiere establecer, tal como se hace para el procedimiento de aplicación general, un plazo para la realización de la audiencia, además de la exigencia de que debe mediar un lapso razonable que garantice el derecho constitucional al debido proceso, el derecho a la defensa y la bilateralidad de la audiencia. Eso evitaría la anulación de los procedimientos por disparidad de criterios entre los tribunales de instancia y las Cortes de Apelaciones.
En el artículo único del proyecto se propone que, en el evento de citarse a la audiencia única por no existir antecedentes suficientes para el pronunciamiento, "el tribunal fijará dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación y la celebración de la audiencia, a lo menos, cinco días ".
En consecuencia, la iniciativa establece plazos certeros, en función de generar las garantías para las partes ante la audiencia única del procedimiento monitorio. Se trata de una modificación simple, pero que genera un impacto importante en materia laboral.
Por eso se aprobó por unanimidad en la Comisión y fue respaldada por el Ejecutivo, tal como señalé.
Proponemos a la Sala que acoja el proyecto.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación general y particular.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se propone un mínimo de cinco días entre la notificación y la celebración de la audiencia. Entiendo que se trata de días hábiles.
Lo señalo, porque muchos trabajadores de la Región del Biobío se van al norte a trabajar. En tal caso, cinco días podría ser complejo, si son corridos, para permitir que puedan concurrir a la audiencia.
Está bien fijar un plazo máximo de veinte días, pero el lapso de cinco días, si no son hábiles, representa una dificultad para los trabajadores que, habiendo demandado en una región, están de vuelta en su región de origen y tienen que concurrir a dicha audiencia.
Hay gente que ya abandonó un empleo y que está trabajando en otra parte. Para ellos, puede presentar inconvenientes por el traslado, por el trabajo o por la premura.
No sé cuál fue el criterio para establecer los cinco días. Pudieron haber sido diez, lo que posibilitaría que el trabajador asista a la audiencia, entendiendo que debe solicitar permiso al empleador, sobre todo si está en otra región. Y a veces no cuenta con recursos monetarios suficientes para viajar.
A lo mejor, la Comisión de Trabajo tuvo a la vista un criterio más cercano a aquello.
Pero cinco días, si no son hábiles, me parece un plazo insuficiente, por lo cual pido a los Senadores que estuvieron en ese debate que me aclaren esta inquietud.
Por cierto, vamos a apoyar este proyecto, señor Presidente. Tiene una intencionalidad totalmente positiva, salvo la duda que me surge en este punto.

El señor LAGOS (Presidente).- Sin perjuicio de pedir una respuesta a los Senadores que participaron en la Comisión, quiero señalarle al Senador señor Navarro que lo que se establece es una audiencia única, y se señala que "el tribunal fijará dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación y la celebración de la audiencia, a lo menos, cinco días.".
No es para que concurra, sino para la notificación.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic, para darnos más luces sobre esta materia.

La señora GOIC.- Señor Presidente, usted ha sido clarísimo en la explicación.
Entonces, no tiene que ver con que sean días hábiles. Están los veinte días previos. Se trata de garantizar los cinco días que median entre la notificación y la celebración de la audiencia.
Pero hay un plazo previo. Por lo tanto, esto facilita y da certeza.
Además, el trabajador -es importante señalarlo- sabe del proceso previamente, pues es el demandante respecto del proceso monitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos a favor), quedando despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.

VI. ORDEN DEL DÍA



EXTENSIÓN DE LEY SOBRE DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES DE INTÉRPRETES DE EJECUCIONES ARTÍSTICAS FIJADAS EN FORMATO AUDIOVISUAL A DIRECTORES Y GUIONISTAS


El señor LAGOS (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.889-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 34ª, en 14 de julio de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016.
Educación y Cultura (segundo): sesión 37ª, en martes 9 de agosto de 2016.
Discusión:
Sesión 27ª, en martes 5 de julio de 2016 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 5 de julio del año en curso.
La Comisión de Educación y Cultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico efectuó dos enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las que aprobó por unanimidad, por lo que deben ser aprobadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
La Comisión deja constancia de que la unanimidad de sus integrantes acordó que este proyecto de ley, una vez que culmine su tramitación en el Congreso Nacional, debiera ser denominado como "Ley Ricardo Larraín".
--(Aplausos en tribunas).
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se consignan las modificaciones efectuadas por la Comisión de Educación y Cultura en su segundo informe y el texto como quedaría en caso de ser aprobadas.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en mi calidad de Titular de la Comisión de Educación y Cultura quiero explicar muy brevemente lo que fue en la discusión en particular la modalidad de técnica legislativa que empleamos.
Más que modificar una ley, se optó por establecer una nueva normativa que consiste básicamente en extender la aplicación de normas sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes o actores, que hoy día ya están reconocidos en la ley N° 20.243 (ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual), a los directores o guionistas.
Esa es la ley.
Hubo nueve indicaciones. Pero al final, para hacer la historia breve y corta, en lo sustantivo nos abocamos a la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo para remplazar en su totalidad el proyecto, regulando así los derechos de los directores y guionistas de obras audiovisuales una vez que sus creaciones se encuentren fijadas o representadas en un soporte audiovisual, específicamente en cuanto a su comunicación al público y al derecho a ser remunerados por ello.
El debate suscitado en la Comisión tuvo dos variantes:
1) Estructura del proyecto.
2) Contenido de la regulación.
En cuanto al primer aspecto, y tal como se dijera durante la discusión en general, no se había estimado adecuada la técnica legislativa utilizada, que consistía en introducir adecuaciones o una modificación a la ley N° 20.243, que estableció normas sobre derechos morales y patrimoniales o de remuneración a los intérpretes o actores de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, con la finalidad, en lo sustantivo, de otorgar a los directores y guionistas los mismos derechos patrimoniales que actualmente poseen solo los intérpretes y actores. Esa es la esencia de este proyecto.
En tal sentido, la indicación del Ejecutivo -sustitutiva, que da lugar a esta nueva normativa- optó por no enmendar o modificar la referida legislación, sino que, reconociendo que el derecho a percibir una remuneración es un derecho autoral y no conexo (la Ley de Propiedad Intelectual habla tanto de los derechos de autor como de los conexos), generó un nuevo cuerpo normativo que dispone, precisamente, que el derecho de percibir una remuneración -ese es el concepto clave- establecido en el artículo 3° de la referida ley será aplicable, en iguales términos, a los directores y guionistas de las obras audiovisuales, fijándoseles las limitaciones y excepciones contenidas en el Título III de la ley N° 17.366, sobre Propiedad Intelectual, cuando sea procedente. Por ejemplo, si una obra es usada para un público con discapacidad auditiva o visual, hace procedente la excepción que la propia ley indica, de carácter supletorio.
En relación con el referido derecho patrimonial, quedó establecido de manera expresa, para los efectos de la historia de la ley, porque esta fue una discusión importante, que se refiere al derecho de simple remuneración, reconocido ampliamente en el Derecho comparado, y no al concepto que sobre el particular emplea el artículo 41 del Código del Trabajo.
En cuanto al segundo aspecto -contenido de la regulación-, y además de la regulación esencial comentada, la iniciativa precisa que el cobro de la remuneración podrá efectuarse -es la norma que rige en Chile, por lo demás- a través de la entidad de gestión colectiva que los represente y, asimismo, su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley sobre Propiedad Intelectual, que contempla todo un procedimiento para fijar la tarifa, considerando incluso la mediación obligatoria en caso de existir conflicto entre las partes.
Así también, y a raíz de una inquietud planteada por el sector de los exhibidores de películas extranjeras en salas de cines, se acordó por unanimidad que en el caso de la comunicación al público que se realice en las salas de cine el pago de la remuneración se realizará conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, actuando el exhibidor como retenedor, práctica que se ha utilizado durante muchos años en nuestro país.
Esta disposición y acuerdo contaron con el beneplácito de los exhibidores, a quienes, en mi calidad de Presidente de la Comisión, recibí personalmente.
Cabe destacar, del mismo modo, que con el objeto de permitir que las partes afectadas con esta regulación puedan hacer los ajustes necesarios en su actividad, se estableció un plazo de vacancia legal de nueve meses para la entrada en vigencia.
Esta iniciativa fue aprobada unánimemente por la Comisión de Educación y Cultura.
Asimismo, apoyamos la idea de que sea conocida como "Ley Ricardo Larraín", a manera de homenaje póstumo al gran cineasta chileno.
Por lo tanto, solicitamos a la Sala la aprobación y despacho de esta iniciativa, para que la ley esté vigente antes del próximo Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se desarrollará en el mes de octubre.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación particular.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, la discusión de este proyecto de ley fue tremendamente interesante.
Uno de los temas centrales, que desde mi punto de vista fue sorpresivo, es que hoy día en Chile no está protegido de la manera debida algo que evidentemente tiene que estarlo. Porque si nosotros queremos fomentar la industria creativa de nuestro país, resulta absolutamente necesario cautelar los derechos morales y también los derechos patrimoniales de los autores de una obra.
En el caso de los directores y guionistas, en este momento se hallan protegidos sus derechos morales sobre la obra, pero no sus derechos patrimoniales.
Y, evidentemente, tal realidad provoca un desincentivo a la creación de obras audiovisuales.
En Chile, actualmente los derechos de autor están protegidos -en el papel, digamos- por la Ley sobre Propiedad Intelectual. Se dispone en el inciso segundo de su artículo 1°: "El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra".
En sus siguientes artículos, la mencionada normativa cautela efectivamente los derechos morales. Pero el derecho patrimonial (o sea, el de recibir los fondos cuando las obras son exhibidas de nuevo) no se aplica ni al guionista ni al director, sino que se les cede a los productores.
Eso lo aprendí -por lo menos yo- en la discusión. Y agradezco la presencia de directores y guionistas, porque no era un tema fácil de comprender. Corresponde a una disposición de índole internacional el hecho de que se transfiera el derecho pertinente a los productores.
Pero sucede que, desde el minuto en que se les cede a los productores, cuando la obra es exhibida otra vez, los derechos patrimoniales no se pagan ni al guionista ni al director.
El ejemplo que escuchamos muchas veces fue el siguiente.
Un guionista o un director tiene una idea; va y la discute con un productor, quien la encuentra buena, pero le dice: "No tengo tanta fe en tu idea, así que te voy a pagar tanto". Luego se hace la película y resulta muy exitosa. Se proyecta una primera vez, y el productor les paga al guionista y al director. Sin embargo, luego se exhibe muchas veces más, pero ese éxito no se traduce en una retribución efectiva al director y al guionista, excepto por la primera vez: por la segunda, la tercera, la centésima o la milésima vez no les llega ningún dinero.
Y eso me parece no solo incorrecto, sino profundamente injusto. Porque a aquel de la primera idea, de quien nace la obra, no se le recompensa por todas las otras ocasiones en que es exhibida producto de su éxito.
Y hay algo muy claro: si no protegemos a quien tiene la idea inicial, esa persona, que es muy creativa, o se va a dedicar a otra cosa o se irá a un país donde sí se le reconozca su creatividad, no solo respecto al derecho moral -que la obra no sea cambiada-, sino también al derecho patrimonial.
En tal sentido, celebro al Ejecutivo por la iniciativa que nos ocupa. Y por eso la apoyamos con mucha fuerza tanto en la discusión en general como también después en su discusión en particular en la Comisión.
Tuvimos un debate específico relacionado con cómo lo dispuesto se traducía en la legislación. Y, al respecto, vuelvo a agradecer, porque fui aprendiendo.
No se trata de un tema tan fácil de solucionar, porque...

El señor LAGOS (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto adicional.

La señora VON BAER.- Muchas gracias.
Decía que no se trata de un tema fácil de solucionar, porque uno pensaría que lo más lógico es que el derecho patrimonial se les pague al director y al guionista. Pero aquí hay una cuestión relacionada con cómo funciona la industria. Por lo tanto, se solucionó de la manera propuesta hoy día.
Sin embargo, hay un asunto pendiente, señor Ministro: cómo hacer para no tener tres leyes distintas, sino, al final del día, una sola, a fin de que la modalidad dispuesta se pueda aplicar de la mejor manera.
Por lo tanto, señor Presidente, me alegro de que -espero que por la unanimidad de la Sala- podamos de una vez por todas en nuestro país proteger el derecho patrimonial de los autores de las obras, de los creativos, de aquellos a los que se les ocurre la idea inicial, gracias a la cual disponemos de una industria creativa. Y, al mismo tiempo, que podamos proteger esa industria, para que tengamos más directores, más guionistas, más gente creativa en Chile.
Reconozco también que hayamos podido desarrollar esta discusión. El proyecto lo considero un gran paso hacia delante para apoyar a nuestros creativos, a nuestros directores, a nuestros guionistas.
Asimismo, me alegro de que la unanimidad de los miembros de la Comisión haya acordado llamarla "Ley Ricardo Larraín".
Pero, adicionalmente, me alegro de que podamos o promulgarla o hacer un acto especial en la ciudad de Valdivia con ocasión del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se desarrollará del 10 al 16 de octubre.
Para mí, como Senadora de la Región de Los Ríos, ha sido un gran honor participar de la discusión.
La Comisión de Educación, por unanimidad, acogió no solo que la normativa se denominara "Ley Ricardo Larraín", sino además que estuviéramos todos presentes en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Y el señor Ministro se comprometió a acompañarnos.
Estimo muy importante lo resuelto, para darle fuerza a dicho evento, que es un festival del sur de nuestro país, un festival regional, en el cual se busca potenciar, por cierto, la creatividad desde las regiones.
Así que me encuentro muy contenta, señor Presidente. Ha sido un honor participar de la discusión de este proyecto de ley, y en ese sentido votamos a favor.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal como lo mencioné en la discusión general del proyecto, comparto plenamente su finalidad, pero, por razones obvias, debo inhabilitarme.
El inhabilitarme no me priva de hacer uso de la palabra, pero sí de expresar mi opinión a través de un voto.
Creo que, por lo que acaba de señalar la Senadora Von Baer, el que nos ocupa es un proyecto necesario, que hace justicia, para asegurar los derechos intelectuales de una parte importante de quienes trabajan en el mundo del cine, en la dramaturgia.
Por lo tanto, era necesario dar este paso.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pienso que esta es una iniciativa de la mayor importancia, e incluso, creo útil vincularla con el debate que se tuvo hace poco rato en la Sala a raíz de la aprobación de la proposición de la Presidenta de la República para nombrar a cuatro nuevos directores de Televisión Nacional de Chile. Porque dice relación con lo mismo: el buen momento por el cual atraviesa hoy día la producción de cine chileno, como pudimos conversarlo con Silvio Caiozzi, con Jorge López y con muchos otros directores y guionistas. Por supuesto, también con el Ministro Ernesto Ottone.
Y la mejor muestra de que el cine chileno pasa por un buen momento es la estatuilla recientemente recibida por Historia de un oso en la ceremonia de entrega de los premios Óscar.
Por lo tanto, es de plena justicia lo que hoy estamos haciendo.
También quiero destacar -nobleza obliga- la disposición del Ministro Ottone. Porque había muchas dudas en un comienzo, muy transversales. Y aquí se presentó una indicación sustitutiva que recogió varios aspectos.
Yo quiero detenerme en un punto, relacionado con las entidades de gestión colectiva, materia respecto a la cual -entiendo- en algún momento el Ministro nos va a proponer una legislación.
Y considero que en este caso se justifica mucho, porque, tratándose de las entidades de gestión colectiva, uno podría pensar que Chile Actores es de las que más participa en la dimensión patrimonial de los derechos pertinentes. Y la verdad es que no es así.
Por ejemplo, en materia de televisión, uno le puede preguntar a cualquier ciudadano de nuestro país a quién cree que le paga más la televisión en Chile. Y la realidad es que les paga más a las entidades de gestión musical -a una en particular, de los músicos- y no a la gente que genera estas plataformas audiovisuales, a la que hace cine. Particularmente, se hallaban fuera guionistas y directores.
No digamos que los actores están muy bien tratados -¡por favor!- y tienen muchos contratos.
Vinculo esto, señor Presidente, con lo que pasa en Televisión Nacional, que para estos efectos, a la hora de hacer los contratos, se comporta como cualquier otra casa televisiva: establece exigencias elevadas; incluye cláusulas leoninas, muy en contra de los creadores existentes en Chile, en fin.
Por lo tanto -reitero-, consideramos que el problema existente es de la máxima importancia. Aquí no se trata de consagrar monopolios. Y por eso el Ejecutivo flexibilizó su postura. Porque, así como hoy día tenemos a ChileActores, que a nuestro parecer cumple muy bien su rol, en el futuro perfectamente podría haber en cada una de las regiones -por qué no- entidades similares con un cine con mucho más producción, como señaló la Senadora Von Baer en los casos de Valdivia y otras zonas.
Entonces, los entes establecidos podrán hacerlo, pero no serán exclusivos para los efectos de pagar a los guionistas y a los directores por los derechos respectivos.
Decía que aquello nos parece de la máxima importancia. Porque no se trata de algo fácil. Estamos hablando de un director que debe poner una obra en la pantalla o tomar un texto de un dramaturgo y llevarlo al cine. Ello resulta tremendamente difícil. Y eso es arte.
Había varias dudas, planteadas por distintos Senadores y Senadoras, en cuanto a si estábamos haciendo justicia en buena forma y no se nos quedaban otros -no voy a decir "actores", para no confundirme- participantes de un proceso televisivo o de una producción audiovisual.
La explicación que nos dio la gente del cine fue que, si bien participan otros dentro de la cadena que permite llevar una obra a la pantalla, al cine, las demás son funciones técnicas y no necesariamente artísticas.
Aquí, quien conduce, quien guía es el director. Por muy especializado que sea un camarógrafo (en Chile hay muy buenos camarógrafos), finalmente quien está creando es el que conduce y lleva adelante la obra.
En consecuencia -reitero-, estimamos que en esta normativa hay un sentido de justicia.
Como decía recién la Senadora Von Baer, hoy día esto queda entregado a los productores, pues no se halla dispuesto por ley que guionistas y directores deben recibir el fruto legítimo y justo de lo que han logrado crear.
Nos parece, pues, que este es un gran tributo, un gran homenaje a Ricardo Larraín.
Por supuesto, esperamos celebrar el Festival de Cine de Valdivia dentro de algunos meses con una legislación que ojalá ya esté promulgada.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ante todo, debo señalar que estoy muy de acuerdo con este proyecto.
Considero importantísimo que todos los participantes en el proceso creativo de una obra visual se vean compensados en esa condición.
En mi concepto, artistas, intérpretes, guionistas, productores, en fin, deben tener derechos patrimoniales sobre sus creaciones.
Al mismo tiempo, es indispensable reconocer los derechos irrenunciables de los trabajadores.
Señor Presidente, estando muy de acuerdo con esta iniciativa de ley -repito que me parece muy relevante, ya que permite compensarlos a todos-, quisiera recordar una cita de Silvio Caiozzi. Ello, en el entendido de que no votaré, pues me voy a inhabilitar; creo que debo hacerlo, pues soy madre de una persona que hizo una película y es directora de cine.
Silvio Caiozzi, Primer Vicepresidente de la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales, señaló en la Comisión algo que grafica bien lo que ocurre. Dijo que en su caso "se produce una situación paradojal, toda vez que, por una parte, tiene la calidad de productor de cine, y por lo tanto amparado por la ley N° 17.336, pero por otra, es también autor y creador, calidad que, según la ley N° 20.243, carece de reconocimiento, poseyendo solo resguardo en lo concerniente a la venta de su guion a un canal.".
Y agregó: "... es justo, que al igual que actores y músicos, los autores, que son realmente los creadores de todo lo que pasa en esa película, reciban un beneficio sobre el éxito que genera su obra, toda vez que quienes se consideran creadores completos de una obra audiovisual, son el guionista, el director, los intérpretes y el músico. Ellos son los cuatro pilares de creación de una obra.".
Por eso, considero importante que todos los participantes del proceso creativo sean compensados en su calidad de creadores y no solo en la de productores.
En virtud de las razones que explicité, señor Presidente, pese a compartir absolutamente este proyecto, me inhabilito de votar.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, únicamente voy a decir -no quiero redundar en lo expresado por varios de quienes me antecedieron- que es un placer votar a favor de un proyecto que, en la práctica, pone en su lugar a autores, dramaturgos y directores de cine, de arte, de televisión que han efectuado un trabajo muy importante, sobre todo mediante su accionar en el ámbito nacional y la representación de nuestro país en festivales internacionales, y realizado un gran aporte a nuestra cultura, pese a lo cual no son valorados, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la legislación, que, al no adecuarse, los disminuye, especialmente en la esfera de la industria interna.
Por esa razón, es muy relevante votar a favor de esta iniciativa.
Tal como lo hicieron aquí la Senadora Von Baer y el Senador Quintana, deseo recordar el nombre que ha tomado este proyecto de ley: el del director que ya partió, Ricardo Larraín.
Aprovecho esta oportunidad para recordar, asimismo, que espera en este Senado una Comisión de Cultura cuya creación se ha comprometido durante muchos meses a diversas personas vinculadas al mundo cultural.
Como Senadora, aguardo el establecimiento del referido ente, porque muchas cuestiones relacionadas con la cultura están expectantes en nuestro país.
Obviamente, voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es evidente la relevancia de la ley en proyecto. Y así lo refleja el consenso existente alrededor de ella.
Pero quizá este es un primer paso en un camino en el que debiéramos perseverar.
Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, en torno al debate que estamos teniendo en materia de televisión pública, venimos planteando la potencialidad de Chile como país generador de contenidos.
En el proceso de transformar a nuestra nación para generar ese desarrollo, que incluso puede ser una exportación no tradicional de las más significativas, debe haber un incentivo que vaya más allá todavía.
Parte de la discusión que estamos haciendo para generar el nuevo proceso y entender la televisión pública en los tiempos que vienen debiera ser el fomento de la creatividad, de los contenidos.
De ahí que, a mi entender, el rol que a ese respecto van a jugar guionistas y directores resulta fundamental.
Empero, también quiero poner esta cuestión en el contexto de lo que viene: cómo enfrentaremos en el futuro un mundo donde lo que va a cambiar serán las plataformas y en que internet y las redes sociales, por ejemplo, están generando una situación compleja con las redes sociales, con la propiedad intelectual y con los contenidos; cómo se va a enfrentar la propiedad intelectual en estos desafíos y en las nuevas situaciones, sobre todo cuando viene el internet de las cosas, cuando las plataformas convergentes van a ser fundamentalmente los teléfonos celulares o los sistemas virtuales; cómo vamos a garantizar lo que estamos defendiendo y proponiendo acá, en esta sociedad, donde aparentemente la tendencia es a que no exista propiedad intelectual, a lo que se llama "sociedad de costo marginal cero" -ya ha pasado con la música; y va a pasar con la totalidad de los contenidos: con la creación, en fin-, y particularmente cuando la humanidad está migrando de lo que uno podría llamar "era de Gutenberg", que coloca un cableado neurobiológico en nuestro cerebro, a una era audiovisual, donde los niños y los jóvenes del futuro tendrán estructuras neuronales distintas de las nuestras y no van a leer, pues los contenidos serán audiovisuales.
Entonces, me parece pertinente reflexionar en torno a aquello; observar cómo se resguardan en tales espacios estas propiedades intelectuales, que van a ser mucho más difíciles, mucho más controvertidas.
Porque también -digámoslo así- las redes de Google y Facebook nos ofrecen una falsa ilusión: la ilusión de la transparencia, de la hipertransparencia, para recibir los datos más sensibles de los niños y de todos nosotros, que finalmente ellas transforman en mercancía.
Lo mismo ocurre cuando utilizan contenidos: después no solo los entregan a través de sus redes, sino que, además, mediante ellos saben quiénes somos. Porque a partir de la lectura de los distintos contenidos que bajamos -al saber qué compramos, qué existe en nuestro refrigerador, qué hay en nuestras cuentas corrientes y en nuestras tarjetas de crédito- tienen una percepción más clara sobre nosotros.
También hoy día vemos la realidad de contenidos que cada vez más serán hechos a través del sistema de big data.
Muchos contenidos ya no están contando con la participación activa de guionistas y directores, pues se realizarán mediante algoritmos.
Es decir, vienen cambios estructurales muy profundos.
En mi concepto, debiéramos generar una política más activa para enfrentar los desafíos venideros.
Justamente, hemos de fortalecer nuestra capacidad para generar contenidos; para resguardar el rol de la creación, de la creatividad; para incentivar en los niños la capacidad creativa por la innovación, por la curiosidad, por la invención, aspectos que tienen que ver con la transformación de la manera como educamos y promovemos la cultura.
Considero, pues, que este es un primer paso. Sin embargo, yo lo veo como un primer paso en un mundo complejo.
En consecuencia, sería muy importante, si queremos avanzar de verdad en esta materia, que reflexionáramos en torno a la forma en que vamos a abordar el mundo que viene; o sea, a cómo se desarrollarán los contenidos audiovisuales a partir de las plataformas convergentes.
En tal sentido, sería interesante que uniéramos la discusión que estamos teniendo hoy día respecto de los guionistas y los directores con el debate que existirá en cuanto a la "Ley larga de televisión", que es en el fondo la televisión pública, el canal cultural. Porque debe haber enfoque sistémico; no puede existir una visión compartimentada, porque eso no nos sirve.
Por supuesto, señor Presidente, voto a favor, pues estoy totalmente de acuerdo con este proyecto. Pero, a mi entender, todavía queda mucho por avanzar.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto sugerido por la Comisión de Educación y Cultura (28 votos favorables), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor LAGOS (Presidente).- Despachada la "Ley Ricardo Larraín".
--(Aplausos en tribunas).


El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor OTTONE (Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).- Por su intermedio, señor Presidente, quiero agradecer a las señoras y a los señores Senadores por la aprobación del proyecto en esta Sala, como asimismo a la Comisión de Educación y Cultura por el trabajo que realizó, el cual, de verdad, fue muy ilustrativo.
Si bien, tal como dijo el Senador Girardi, se trata del inicio de un debate mucho más grande -también deberá efectuarse acá- a propósito de la creación del Ministerio de las Culturas, deseo plantear dos cosas muy breves.
Primero, esto es justicia, tal como lo expresó la Senadora Von Baer. En efecto, se enmienda una omisión que hubo el año 2008 con respecto a los primeros creadores de cualquier producto audiovisual, que son los guionistas y los directores.
Y segundo, en nombre de los directores y los guionistas de Chile, agradezco el que se haya aceptado que el cuerpo legal en proyecto se conozca como "Ley Ricardo Larraín", sin duda uno de nuestros grandes cineastas, quien falleció este año y nos dejó un legado muy valioso.
¡Muchas gracias!
--(Aplausos en tribunas).


APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, con segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6.829-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 3 de junio de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 27ª, en 10 de junio de 2015.
Agricultura (segundo): sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
Hacienda: sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
Discusión:
Sesión 29ª, en 17 de junio de 2015 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa se aprobó en general en sesión de 17 de junio de 2015.
La Comisión de Agricultura deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 9 y 13 permanentes y los artículos primero y segundo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones, de consiguiente, deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales acogió por unanimidad.
De las modificaciones unánimes, para aprobar la recaída en el artículo 10 se requieren 21 votos favorables, por cuanto esa norma tiene rango orgánico constitucional.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 11 y 12 permanentes y del artículo segundo transitorio en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Agricultura, pero introdujo enmiendas a los artículos 6, 8 y 11, aprobando la primera de ellas por mayoría de votos, y las dos siguientes, por unanimidad.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto despachado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Agricultura, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda y el texto final que resultaría si ellas se aprobaran.
En consecuencia, señores Senadores, sugiero que se voten primero las enmiendas unánimes -son prácticamente todas, salvo una-, incluida la norma que, no habiendo sido objeto de modificaciones ni de indicaciones, debe aprobarse con quorum orgánico constitucional.
Una segunda votación sería la referida al artículo 6°, en que la enmienda de la Comisión de Hacienda se acogió por mayoría de votos.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el señor Ministro.


El señor FURCHE (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, en forma muy breve, quiero señalar la importancia que le atribuimos a este proyecto de ley, que concreta la adhesión de Chile al estándar del Convenio CITES.
El mencionado instrumento regula el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas.
Existen básicamente tres categorías: las especies en peligro de extinción, cuyo comercio está del todo prohibido; las especies amenazadas, cuyo comercio se halla altamente restringido, y las especies sensibles, que en algún momento podrían pasar a ser amenazadas, las cuales también presenten limitaciones respecto de su comercio internacional.
Chile suscribió el Convenio CITES en el instante de su creación, en el año 1973, cuando veintitrés Estados se hicieron parte de él.
Lo que estamos haciendo con la iniciativa en debate es adoptar varias de las normas que nos está pidiendo el estándar del referido instrumento: esencialmente, la creación de la Autoridad Nacional del Convenio CITES, que en este caso es la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (el Comité Nacional), y luego, las Autoridades Administrativas, Científicas y de Observancia para el cumplimiento de aquel.
Por consiguiente, para Chile, país con importancia creciente en la producción y exportación de bienes generados en los sectores agrícola, pecuario y forestal, es casi un asunto de prestigio nacional ser también parte activa en lo referente a la conservación de la flora y la fauna amenazadas.
Como último dato, señor Presidente, debo decir que en el mundo existen, en las tres categorías, aproximadamente 28 mil especies de flora y fauna, y que en nuestra nación poco más de 300 han sido incorporadas en las listas.
Sobre la base de tales antecedentes, me permito solicitar el apoyo del Honorable Senado a este proyecto de ley.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Hay varios Senadores inscritos.

El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Es lo que iba a sugerir.
Entonces, propongo formalmente abrir la votación.
¡Muy bien!

El señor GARCÍA.- Pero son dos votaciones, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Así es, señor Senador.
Para tranquilidad de Sus Señorías, el señor Secretario va a aclarar el punto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera votación incidirá en las modificaciones unánimes de la Comisión de Agricultura, más las dos enmiendas unánimes de la Comisión de Hacienda; y también incluye, para poder dejar constancia del quorum, el artículo que no fue objeto de modificaciones ni de indicaciones (porque hay normas orgánicas constitucionales).
El segundo pronunciamiento recaerá en la disposición aprobada solo por mayoría en la Comisión de Hacienda, que es una modificación al artículo 6°.
Nada más.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la primera votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, me tocó tramitar el proyecto de ley que busca adecuar nuestra legislación a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más conocida como "CITES", cuando ejercí la presidencia de la Comisión de Agricultura durante el año recién pasado. Participé más bien en el segundo informe, donde se intentó precisar algunos conceptos.
Tal como lo dijo el señor Ministro, la iniciativa regula las obligaciones de Chile como Estado parte, en especial la prevención, fiscalización y sanción de las conductas que contravengan dicho instrumento internacional, mediante su incorporación a nuestro ordenamiento.
En el debate en el órgano técnico recibimos a numerosas autoridades: el Subdirector y Ministro Consejero de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministro de Agricultura, por cierto, y el Subsecretario; el Director del Servicio Agrícola y Ganadero, así como a representantes de las organizaciones no gubernamentales Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) y ECOPOLIS, y a los de un conjunto de instituciones.
También concurrieron el Director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y el encargado de CITES en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Es importante consignar, tal como lo expresó el señor Ministro, que se nos informó que la Convención protege más de 28 mil especies de plantas silvestres y más de 5 mil especies de animales silvestres.
Cuando se abordó particularmente lo relativo al régimen de sanciones, se discutió acerca de la necesidad de adecuar nuestra legislación a lo establecido en otras.
Desde el punto de vista de la institucionalidad, se crea un registro único de especies protegidas por la Convención, el que se encontrará a cargo de las autoridades administrativas.
Del mismo modo, se determina que las personas que hayan sido sancionadas y condenadas por no haber acreditado el legítimo origen de las especies incluidas en los listados de los Apéndices de la Convención o condenadas por el delito de contrabandearlas quedarán inhabilitadas para registrar cualquier actividad de comercio internacional sobre especímenes de las especies señaladas. Ello será por el plazo de un año, contado desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Se prestó una atención especial a las sanciones, para efectos de crear un elemento disuasivo y un mecanismo acorde a la legislación internacional.
La Comisión invitó a destacados penalistas, entre ellos el profesor Jean Pierre Matus, quien nos hizo una propuesta sobre el régimen en la materia.
Al respecto, se amplía y perfecciona el tipo penal de contrabando a fin de sintonizarlo con las normas generales de la Ordenanza de Aduanas. El objetivo es que ambos estatutos jurídicos presenten coherencia y coincidencia, con el objeto de que no exista duplicidad de funciones o de regímenes jurídicos. Para ello, se tipifica el delito como la extracción del territorio nacional o el ingreso a este de especímenes incluidos en los Apéndices CITES, y se sanciona de acuerdo con el grado de riesgo de extinción de las especies.
Así, se castiga con presidio menor en su grado medio -para decirlo en fácil, con 541 días a tres años-, multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales y comiso cuando se trate de especímenes de especies incluidas en el Apéndice I, es decir, en peligro de extinción; con presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales y comiso cuando se trate de especímenes de especies incluidas en el Apéndice II, esto es, amenazadas, y con prisión en su grado máximo, de 41 a 60 días, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y comiso cuando se trate de especies incluidas en el Apéndice III, o sea, sensibles.
Finalmente, se contempla como agravante la circunstancia de que el responsable forme parte de una agrupación o reunión de personas para cometer el delito, sin incurrir en una asociación ilícita. Y, adicionalmente, se sanciona la reincidencia con el aumento de la pena en un grado.
En definitiva, lo que hace el régimen de sanciones es establecer un elemento disuasivo con el objeto de lograr la aplicación práctica y permitir a nuestras autoridades castigar el comercio ilegal de estas especies.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el proyecto fue visto por la Comisión de Hacienda en las materias que le son propias. Sin embargo, hicimos una revisión general para poder aprobar las disposiciones pertinentes.
Quisiéramos dejar una constancia, más que otra cosa. Lo conversamos con el señor Ministro y las personas que participaron en el debate. Si bien estamos totalmente de acuerdo con el resguardo de las especies y los especímenes, es preciso ser cuidadosos. Se preguntó qué pasaría si una persona lleva una manta de vicuña, que puede incluirse en cualquiera de las tres calificaciones. Es un derivado, por tratarse, no de la especie, sino de un espécimen, definido en el artículo 2°.
Como el artículo 12 establece el delito de contrabando, otro ejemplo que se plantea es qué sucedería si una señora de edad, de acuerdo con su tiempo, usa una cartera de cuero de cocodrilo, espécimen derivado de una especie eliminada.
¿De qué se trata? Más que nada, es una reflexión dirigida al señor Ministro para cuando tengan que dictarse los reglamentos referidos, de acuerdo con el artículo primero transitorio, a los artículos 5° y 7°. Es preciso especificar con mucha claridad estos casos, para que no pueda constituir contrabando el que una persona de buena fe lleve consigo un espécimen de una especie contemplada en la Convención y no sea sometida a todo un proceso, con sanciones bastante duras, incluso con presidio.
De eso quería dejar constancia. Y el señor Ministro tomó nota de ello.
Cuando se establezca el Registro que señala el artículo 7°, se hace necesaria una determinación precisa, de tal manera que en el momento en que los funcionarios de Aduanas o el personal que corresponda efectúen el control puedan evitar cualquier tipo de situación que no sea aceptable.

El señor LAGOS (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que se requieren dos votaciones. La que llevamos a cabo dice relación, entre otras cosas, con normas de quorum. Así que les pido a las bancadas llamar a votar, porque entiendo que una o dos Comisiones están sesionando en forma simultánea con la Sala.

La señora ALLENDE.- Que se toquen los timbres, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Están sonando, sin perjuicio de la solicitud que les hago a los Comités.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, cuando pensamos en caza furtiva de animales, tala ilegal de maderas preciosas y tráfico de vida silvestre, las primeras imágenes que se nos presentan probablemente son de elefantes y rinocerontes africanos, de tigres y monos asiáticos, o bien, para citar algo más cercano, de árboles y aves del Amazonas. Nada de Chile. En nuestro imaginario no se concibe la idea de grupos criminales organizados, con alto poder de fuego, que realizan operaciones complejas para internar especies protegidas al país o sacarlas.
No podríamos estar más equivocados. Ya fueron asesinados dos carabineros en el año 2015, presuntamente por un tráfico de fibra de vicuña en el Altiplano. ¿Cuántas personas más deben morir para hacernos reaccionar?
Es justamente el desconocimiento, que bordea en la indiferencia e indolencia, el que facilita la impunidad de los traficantes, lo que condena el patrimonio ambiental chileno y arriesga la seguridad de los funcionarios en terreno.
El 8 de marzo de 2010 ingresó para su discusión en el Congreso el proyecto de ley que aplica la Convención en examen. Constituye uno de los más antiguos e importantes acuerdos multinacionales en materia de protección de la fauna y flora silvestres. Fue suscrito en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, en 1973, y mezcla derecho ambiental, aduanero y comercial.
Es un instrumento que surge, justamente, como una respuesta internacional frente al riesgo y a la amenaza que los elevados niveles de explotación y comercio han representado para la vida silvestre. Lamentablemente, el peligro no ha variado en los términos que se esperaban, pese a los esfuerzos. El tráfico en la materia es el cuarto en importancia mundial -de los ilegales-, luego de la trata de personas, de armas y de drogas. Según estimaciones de las Naciones Unidas, anualmente significa veinte mil millones de dólares.
En este contexto adverso, CITES busca asegurar un comercio sustentable al castigar a los traficantes y debilitar a las organizaciones del crimen organizado que se relacionan con la compra y venta internacionales de plantas y animales protegidos. La Operación Cobra III, del año 2015, apoyada por la Secretaría CITES e Interpol, entre otros organismos, permitió ciento treinta y nueve arrestos y más de doscientos cuarenta y siete incautaciones, simultáneamente, en diferentes partes del mundo.
Los ejemplos de países que sufren en Latinoamérica las nefastas consecuencias del narcotráfico y de las organizaciones criminales deben ayudarnos a reflexionar sobre lo temerario que es darles la espalda a los traficantes de vida silvestre al dejarlos que crezcan y se enquisten en Chile, fomenten la corrupción y atenten contra la paz social.
Las cifras son elocuentes: entre 2003 y 2014, el Servicio Nacional de Aduanas realizó más de treinta mil retenciones de especímenes de flora y fauna en controles fronterizos por no contarse con la documentación legal CITES.
Casos como los registrados en el paso Los Libertadores, el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez y el puerto de San Antonio dan cuenta de que los modos de operación de estos traficantes son similares a los de las drogas. La diferencia radica en que los primeros incrementan cada año sus retornos, sin desincentivos que disminuyan sus crímenes.
Chile es parte de CITES desde el año 1975. Fue el octavo país que ratificó la Convención. Hoy son ciento ochenta y uno los Estados o partes signatarios, con miras a la protección de más de treinta y cinco mil especies de plantas y animales. Más de trescientas de ellas habitan en nuestros ecosistemas terrestre y acuático, sobresaliendo, por mencionar algunas de las más reconocibles, la araucaria, el alerce, el ciprés de las Guaitecas, la ballena azul, el cóndor, el huemul, el puma y la vicuña.
Además de haber sido uno de los primeros signatarios, Chile destaca por haber sido un activo Estado Parte y organizado la reunión del año 2002 en Santiago.
Es natural preguntarse, entonces, luego de cuarenta y un años de implementación de la Convención, por qué el proyecto de ley es importante para nosotros.
Existen muchas razones. Intentaré resumirlas en tres.
Por primera vez en el ordenamiento jurídico nacional se apunta a sancionar el comercio y la posesión ilegal de especies protegidas por CITES, lo que lleva a establecer desincentivos reales y efectivos para detener el tráfico de vida silvestre mediante multas, comisos y tipos penales, como se ha señalado.
Segundo, se reconoce la necesidad ciudadana de proteger el medioambiente, lo que conduce a una legislación transversalmente apoyada por científicos, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos en flora y fauna de diferentes servicios del Estado, según dan cuenta las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y las diversas sesiones para discutir la iniciativa realizadas por las Comisiones de Agricultura, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Y, tercero, se da cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por Chile hace décadas.
Le pido un minuto más, señor Presidente, si es posible.

El señor LAGOS (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría.

El señor HORVATH.- Gracias.
No es la primera vez que llamamos la atención sobre el proyecto de ley urgiendo a la autoridad para lograr su pronta discusión y aprobación. De ello da cuenta el oficio N° 1.069, de septiembre de 2014, enviado al Gobierno de la época. En dicha oportunidad requerí que se informara prontamente acerca de la razón del retraso en el envío de las indicaciones comprometidas desde el Ejecutivo cuatro años después del ingreso de la iniciativa, lo que retrasaba el necesario debate legislativo.
El desafío se halla hoy en nuestras manos. Al haberse avanzado hacia el final del segundo trámite constitucional y restar solo la revisión que sea del caso en la Comisión de Constitución, es tarea de nosotros, con apoyo del Ejecutivo, cumplir con el deber del Estado y aprobar una normativa fundamental y urgente, próxima, además, a la reunión del 25 de septiembre en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.
Por tales razones es que consideramos muy importantes esta instancia parlamentaria y sacar adelante el proyecto.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, no cabe duda de que acoger la Convención es fundamental para todos los países y las especies de flora y fauna silvestres, porque este es un mundo amenazado.
Por desgracia, en Chile existe un comercio ilegal que ha ido creciendo y que diezma nuestra biodiversidad. La cantidad de cactus, de arácnidos, de reptiles y de distintas especies en peligro configura una situación dramática.
Quiero poner la cuestión en contexto. Tal vez el principal problema radica en que se generará un futuro cambio climático y faltará el agua. No solo ocurrirá que más de cincuenta millones de personas, en los próximos veinticinco años, emigrarán hacia distintos rincones del planeta en busca de agua, lo que aumentará la desigualdad y la pobreza, sino también que el impacto más dramático de ambos fenómenos dice relación con la biodiversidad.
Estudios en distintas publicaciones, entre ellas Nature, exponen que la desaparición de especies es mil veces superior a la de un período normal. Muchos científicos ya hablan de la llamada "sexta extinción masiva". En la historia de la evolución se han registrado cinco de ellas, lo que ha involucrado hasta el ochenta o el noventa por ciento de todas las especies vivas, y hoy estaríamos viviendo la siguiente. Las anteriores fueron producidas por volcanismo y meteoritos, en tanto que la actual sería la primera crisis de biodiversidad por la acción del hombre.
Por lo tanto, este es un tema mayor, ya que la sobrevivencia de la humanidad depende de los otros seres vivos. El resguardo del agua y el acceso a la alimentación, a las pesquerías, se basa en el desarrollo sustentable de los recursos. Los vegetales constituyen el noventa y cinco por ciento de la biomasa, en la cual el ser humano representa menos del cero coma cinco, si bien está consumiendo casi el cincuenta por ciento de la energía orgánica primaria, lo que da lugar a una verdadera situación de crisis.
El Mercurio de Santiago y otros medios han informado ayer y hoy que a esta fecha, en mitad del año, ya consumimos la capacidad de regeneración de la Tierra. Quiere decir que para mantener siete mil millones de habitantes necesitamos dos planetas. No obstante, en 2050 vamos a ser nueve mil millones, esto es, creceremos a un ritmo de un millón de personas por semana, las que se instalarán en ciudades, lo que implica una verdadera crisis.
Entonces, ¿por qué quiero poner el asunto en contexto? Porque nuestro principal desafío para la preservación de la vida, dado que los seres humanos no hacemos fotosíntesis ni somos capaces de captar agua y energía solar para producir materia orgánica, además de no contribuir a mantener estable la Tierra -más bien somos sus agresores-, reside en que necesitamos la existencia de los otros seres vivos. Ello, en circunstancias de que estamos alterando profundamente los equilibrios.
En consecuencia, el instrumento que nos ocupa es una señal. Pero, por mi parte, quisiera relacionarla con las tareas que le corresponden a Chile. Porque aquí estamos respondiendo más bien a un desafío internacional y asumiendo normas de la misma índole. ¿Qué pasa con nuestras políticas? ¿Qué ocurre con nuestra agencia estatal que tiene que velar por la biodiversidad? Existe un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad cuyo objetivo es cumplir esta última función.
Desde luego, no quiero criticar al señor Ministro, aquí presente, pues ha estado comprometido con estas materias. Pero la institucionalidad actual es de mentira y busca proteger la biodiversidad solo en las áreas silvestres protegidas, en los parques, donde al menos podemos decir que se encuentra algo resguardada, mas abandona totalmente todo lo que se halla fuera del sistema, es decir, donde realmente se plantean los conflictos de diversidad. Pienso en humedales y ecosistemas marinos.
¡Nada se habla de eso! Se mantiene una visión totalmente economicista, que me parece que ya ni siquiera es propia de las derechas ni de los neoliberales en el mundo, porque nadie está tan ciego. Solo nosotros seguimos en una ceguera y no entendemos lo que está pasando en el planeta y cómo la especie humana está degradando y deteriorando los ecosistemas, la biosfera, a niveles extremos, al punto de poner en cuestión la sobrevivencia de nuestra propia especie.
Entonces, me parece que debiéramos tener algo de coherencia. Es decir, si estamos firmando con entusiasmo este tratado internacional, del mismo modo y con la misma fuerza tendríamos que apoyar la institucionalidad de la nueva agencia para la biodiversidad. Y debiéramos tener una propuesta seria y no una vergüenza de proyecto, que es una bofetada a la preservación de la biodiversidad. Y esto, que es casi nada, ni siquiera lo podemos aprobar porque los intereses económicos y los lobbies impiden que podamos avanzar.
Yo encuentro que es una absoluta paradoja, una absoluta contradicción que aprobemos acá una iniciativa tan importante, pero luego borremos con el codo aquello que nos corresponde hacer a nosotros. Esto implica una responsabilidad internacional, pero llegar a tener una institucionalidad por la biodiversidad es responsabilidad de todos los chilenos. Y ahí le estamos dando la espalda a este tema.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el ex Presidente de la Comisión de Agricultura, Senador Harboe, se explayó muy bien acerca de lo que significa este proyecto. Yo solamente quiero puntualizar uno o dos aspectos.
Primero, que nuestro país, como miembro o signatario de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, asumió diversos compromisos para combatir el comercio ilegal y penalizar las prácticas ilegales.
La Secretaría de CITES califica el grado de cumplimiento de los diversos Estados Partes respecto de las obligaciones emanadas de dicha Convención, en la cual Chile participa, en el sentido de ver si las han cumplido o no. Y nuestro país fue evaluado en lista 2, que incluye a las naciones que no han implementado correctamente las medidas para acatar lo que establece dicha Convención.
Un aspecto central que incide en esta calificación deficiente para nuestro país está representado por diversos vacíos en nuestra propia legislación penal, que no tipifica adecuadamente el comercio ilegal de especies protegidas -por eso me llama la atención lo que he escuchado acá-, lo que intenta ser superado mediante esta iniciativa.
La Comisión de Agricultura, a la cual pertenezco, revisó tanto los aspectos administrativos como penales del proyecto, introduciéndole algunas modificaciones por la unanimidad de sus miembros. Para ello, se escuchó a autoridades de los servicios competentes, a organizaciones no gubernamentales, a representantes del Ministerio Público y a profesores de Derecho Penal. Y el resultado de este trabajo perfecciona el texto aprobado en general y va a permitir que nuestro país, al contar con esta legislación moderna, sancione efectivamente el tráfico ilegal de especies protegidas.
Asimismo, la pronta aprobación de este proyecto de ley hará posible que Chile participe con mayor autoridad en la próxima Conferencia de Estados Partes de la Convención, que se va a realizar en septiembre en Sudáfrica.
De esta manera, señor Presidente, al aprobar esta iniciativa, estamos dando cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país y haciendo una contribución necesaria a la protección de la diversidad biológica de nuestro planeta, cuestión que tanto preocupa a algunos.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que desde hacía muchos años, mucho tiempo, la ratificación de esta Convención era un tema que veníamos examinando en la Comisión de Medio Ambiente, con la participación de la Comisión de Agricultura. Y existían diversas observaciones que tendían a mejorar el texto. Pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y ahora nos encontramos frente a una aprobación, presionada por la próxima participación de Chile en un evento internacional, lo cual, por tanto, me parece adecuado.
Creo que, de la mano de la importancia que nuestro país otorga al hecho de ratificar este convenio, deberían considerarse también los procedimientos para que este funcione en nuestro territorio. Me preocupa que la autoridad competente para conocer de las infracciones a la ley sean los juzgados de policía local, en particular tratándose de zonas extremas. Y me preocupa porque los jueces de policía local no necesariamente van a estar interiorizados de las disposiciones de un proyecto como el que nos ocupa. Por lo tanto, sería muy bueno explicarles, informarlos y capacitarlos, para que puedan aplicar las medidas en sus respectivas jurisdicciones, que es adonde la Convención lleva las denuncias, realizadas, en este caso, por el SAG o por el Ministerio de Agricultura.
Formar e informar a nuestros jueces de policía local, particularmente en las zonas aduaneras, va a ser un desafío. Pero hay que hacerlo para que, cuando se cometa una infracción, ellos puedan resolver en propiedad y con celeridad.
Se establece un margen para los efectos de realizar el decomiso o el traslado de las especies, dependiendo del tamaño y de las condiciones. Creo que los zoológicos serían el peor lugar donde pudiéramos llevarlas. La contradicción que salta a la vista es que se habla de "especies exóticas", pero la mayoría de las que viven en el zoológico del cerro San Cristóbal pertenecen a dicha categoría: "especies exóticas". Y si un juez ordenara requisar, decomisar y trasladar a una de estas especies, el último lugar en que podría pensarse para dejarla sería el zoológico, porque ahí los animales se hallan hacinados por falta de espacio.
Una deuda pendiente del Estado de Chile tiene que ver con dar al Ministerio de Vivienda luz verde para el proyecto que crea un zoológico en la Región Metropolitana con real capacidad de espacio y elementos que nos pongan en estándares internacionales para la tenencia, permanencia y exhibición de estos animales, que están debidamente internalizados y cumplen con todas las leyes.
El Sistema Nacional de Biodiversidad y particularmente la legislación que nos permitirá colocar a Chile en el cuidado permanente de los elementos que aquí se nos señala -flora y fauna silvestres- están pendientes.
Aprovechando que está presente, le quiero manifestar al señor Ministro que hemos retardado ese proyecto por un solo tema: queremos una CONAF pública, una CONAF del Estado, no el híbrido que el Tribunal Constitucional determinó hace ya ocho años que era un servicio inconstitucional, un servicio privado que recibe recursos públicos. Y si no ordenó su cierre es por las graves consecuencias que ello acarrearía.
Necesitamos una CONAF pública, financiada por el Estado, sin ningún tipo de debilidad, que pueda actuar de manera decidida.
La CONAF pública debe contar con el acuerdo de los funcionarios actuales de dicha Corporación.
El debate de fondo era ver si aprobábamos la creación de un Servicio Nacional de la Biodiversidad, sacando funciones que hoy día tiene la Corporación Nacional Forestal para trasladarlas a dicho organismo. Pero con una CONAF de este tipo, no era lo más adecuado.
Por lo tanto, el desafío sigue pendiente.
Para poder afirmar que hemos firmado la CITES, que Chile ratifica y cumple la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, debemos dotarnos de la institucionalidad necesaria para cumplir con ello, especialmente en lo que dice relación con la protección de las especies endémicas, es decir, de nuestra propia flora y fauna silvestres.
Voy a votar a favor, señor Presidente. Creo que esta ratificación es muy importante y veremos cómo vamos ajustando nuestra institucionalidad -la Convención así lo permite-, para tener normas más severas. Porque la CITES es un piso, no un techo. Y ese piso nos da margen para proteger lo nuestro y también para proteger lo que pueda venir desde fuera, para que quienes quieran traer especies a Chile lo sepan.
Habría que difundir esta aprobación en aeropuertos y puntos de entrada a nuestro territorio. Porque va a haber muchos decomisos. Y hay que avisar e informar a la ciudadanía.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes acordadas por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, así como el artículo 9° del proyecto (24 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, ahora les ruego dirigirse a la página 13 del comparado.
Allí figura una modificación de la Comisión de Hacienda.
Como se señaló en la relación, el referido órgano técnico, por mayoría, propone eliminar el inciso final del artículo 6° del proyecto, que dice:
"Asimismo, tratándose de la adecuada mantención y destinación de los especímenes vivos incautados o decomisados por la autoridad competente, las personas o instituciones privadas que, sin adquirir la propiedad de estos, en su calidad de custodios o colaboradores de la autoridad, sean responsables de su cuidado o mantención, tienen derecho a solicitar y a recibir ayuda de los órganos de la Administración del Estado, los que, a su vez, dentro de la esfera de sus atribuciones, para cumplir con los objetivos y disposiciones de la Convención, podrán otorgarla en orden a mantener a dichos especímenes en condiciones adecuadas por el tiempo necesario".
Su eliminación se aprobó por 2 votos contra uno.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Les parece abrir la votación?
Acordado.
En votación la supresión del inciso final del artículo 6°.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, vuelvo a leer este inciso.
Yo voté por mantenerlo. Pero en ese momento hubo en la Comisión de Hacienda una mayoría transitoria...

El señor GIRARDI.- Hubo un problema de interpretación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Una mayoría transversal, porque votaron en el mismo sentido tanto un Senador de Oposición como uno de Gobierno.
Ahora, al volverlo a leer, me doy cuenta de que el inciso es de toda lógica. ¿De qué se trata? De que cuando se incauten especies vivas ellas puedan ser entregadas a instituciones privadas o corporaciones para su mantención o cuidado. Y se señala que, en tal caso, esas instituciones o corporaciones tendrán derecho a pedir y a recibir el respaldo necesario para cumplir con su trabajo.
Entonces, sinceramente, yo no veo la razón que se tuvo para eliminar el inciso final del artículo 6°. Primero hubo un voto a favor para mantenerlo (el mío) y dos abstenciones. Y, repetida la votación, el resultado fue de un voto a favor y dos en contra.
Me parece que si leemos bien la disposición, incluso quienes la rechazaron cambiarían su postura.
Por eso, soy partidario de mantener el artículo 6° tal como se aprobó en general, esto es, sin la modificación introducida por la Comisión de Hacienda, que elimina su inciso final.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Cómo va a votar, Su Señoría?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En contra de la eliminación del inciso final del artículo 6°. Estoy por mantenerlo.

El señor LAGOS (Presidente).- Le voy a dar la palabra al señor Secretario, para que todos estemos claros en cuanto a cómo votar la norma.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, se trata de una modificación de la Comisión de Hacienda al texto del artículo 6° aprobado en general, consistente en eliminar su inciso final.
Y lo que se está votando es la proposición de la Comisión. Vale decir, quienes estén de acuerdo con que se elimine dicho inciso deben votar que sí, y quienes rechacen su supresión, y por lo tanto desean que quede el texto aprobado en general (que figura en la segunda columna del comparado), deben votar que no.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el inciso final del artículo 6° es muy importante. Se trata de una cuestión más bien de sentido común. A lo mejor no fue bien interpretado cuando se votó en la Comisión de Hacienda.
Valoro lo que ha hecho el Senador Zaldívar, quien se ha transformado aquí en un defensor de los animales. ¡Va a tener que entregar su chal de vicuña...!
¿En qué consiste la norma?
¿Qué se hace cuando el Servicio Nacional de Aduanas incauta especies vivas, por ejemplo un búho? Aparentemente, si no hay ningún medio o instrumento, ese búho va a morir, pues no tendrá posibilidad alguna de sobrevivir.
Lo que establece el mencionado inciso final es muy necesario. Si se incautan especies protegidas que forman parte de un comercio ilícito, deben ser entregadas a alguna institución que vele por su cuidado hasta que sean destinadas a un centro de conservación, a un zoológico, o se las pueda devolver a su hábitat.
¿Qué se hace con una especie incautada? Estamos hablando de especies nacionales. Por ejemplo, si se incauta un búho, o un cactus sacado del ecosistema de Paposo, que son especies únicas, endémicas y que se hallan en riesgo de extinción, correspondería hacerse cargo de ellas con el objeto de volverlos a restablecer en su hábitat y en su ecosistema.
Ello no podrá ocurrir si es que no existe una institución que disponga de los medios y la factibilidad de llevar a cabo dicha tarea. Y, si no la hay, ese búho o esa especie de cactus literalmente van a ir a parar al tarro de la basura, sin ninguna posibilidad de sobrevivir.
Por lo tanto, creo que habría que rechazar la enmienda de la Comisión de Hacienda, para restablecer el inciso final del artículo 6°, el cual -reitero- es muy relevante.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo creo que hay que rechazar la modificación introducida por la Comisión de Hacienda.
Pienso que el Senador Zaldívar tiene razón.
En realidad, lo que hace el inciso final del artículo 6° es simplemente consagrar el derecho de petición. Es probable que lo hayamos interpretado mal en su momento, pensando que establecía el derecho a exigir aportes para financiar la mantención de los especímenes. Pero, en verdad, se trata del "derecho a solicitar y a recibir ayuda de los órganos de la Administración del Estado" -comprendiendo, por supuesto, a las municipalidades-, "los que, a su vez, dentro de la esfera de sus atribuciones, para cumplir con los objetivos y disposiciones de la Convención, podrán otorgarla en orden a mantener a dichos especímenes en condiciones adecuadas por el tiempo necesario".
Por lo tanto, considero razonable mantener el inciso final del artículo 6° tal como fue aprobado en general por el Senado.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, la Comisión de Agricultura aprobó el inciso final del artículo 6° con el objetivo de dar adecuada solución a un problema práctico.
Si vamos a estar estableciendo normas más estrictas para evitar el comercio ilegal de especies en peligro de extinción o amenazadas (especies sensibles) y entregando facultades para su incautación, en este caso a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, al Servicio Nacional de Aduanas, al SAG, la pregunta que surge es cuál será la destinación de las especies incautadas o decomisadas.
Se discutió sobre si había institucionalidad pública suficiente para hacerse cargo de aquello. Y, en verdad, ella no existe. Más allá de que se puedan utilizar determinados lugares (Parque Metropolitano, en fin), también hay instituciones privadas que tienen condiciones suficientes para, sin adquirir la propiedad de los especímenes vivos incautados o decomisados, mantenerlos o conservarlos durante un tiempo.
Lo que hace el referido inciso es, primero, habilitar a esas personas jurídicas de derecho privado para que puedan recibir a esos animales o a esa flora a fin de mantenerlos, conservarlos o custodiarlos, pero en seguida también las faculta para ser sujetos de eventuales apoyos de recursos públicos cuando así se establezca.
En consecuencia, no hay un derecho de propiedad respecto de esos especímenes. Tampoco existe una obligación de la institucionalidad pública para financiar a esas organizaciones. Se trata más bien de una posibilidad al objeto de dar solución a un problema real.
Aquí quizá lo importante, y que a mi juicio requiere mayor cuidado de parte, en este caso, del Servicio Agrícola y Ganadero, es la fiscalización de las referidas instituciones privadas.
Hoy día existen ciertas instituciones privadas que actúan como entidades que supuestamente cuidan a determinados animales, pero los estándares de conservación son francamente bajos, y no son adecuados.
Hay vastos ejemplos sobre la materia. El otro día, mientras presentábamos un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de conservación, educación e investigación junto con un grupo de organizaciones y de parques zoológicos, hicimos referencia a este punto.
Creo importante que se actualicen las normas y la capacidad fiscalizadora del SAG para que las instituciones a las cuales estamos habilitando a fin de ser receptoras de este tipo de animales los tengan en buenas condiciones.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, les quiero pedir a los numerosos miembros de este Senado aquí presentes que hagan una pequeña reflexión. En el informe está explicado este punto.
Aquí nadie discute el tema de fondo planteado por los Senadores Harboe y Zaldívar. Lo que se manifestó es algo que yo creo que usted va a entender.
Nos abstuvimos con el Senador Tuma, básicamente porque la redacción de la norma señala que "tienen derecho a solicitar y a recibir" -quienes asuman el cuidado de especies incautadas- "ayuda de los órganos de la Administración del Estado". ¡Qué quiere que le diga! La expresión utilizada es: "y a recibir", la conjunción es "y", no "o".
Ante ello, mi pregunta fue una sola: ¿cuál órgano del Estado? Y el Gobierno dijo que no tenía idea cuál órgano del Estado era porque esa modificación obedeció a una indicación parlamentaria, no del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados.
Entonces, señor Presidente -con todo respeto-, ¡cómo voy a dar yo una facultad a "un organismo del Estado"! ¡Esa expresión es innominal! Yo nunca había visto una ley -no sé si los Senadores Harboe o Larraín, que son constitucionalistas de nota- que diera una obligación a "un" órgano del Estado. No al SAG, es una alternativa; no a la municipalidad, es otra alternativa; no a CONAFE. ¡No tengo idea a cuál!
Simplemente dice: "solicitar y recibir ayuda de los órganos de la Administración del Estado" -¡de todos!- "los que, a su vez, (...) para cumplir con los objetivos y disposiciones (...) podrán otorgarla".
La redacción está mal hecha, en mi perspectiva al menos. Esto no pasa ningún análisis serio de constitucionalidad. Usted no le puede entregar a un órgano impreciso una obligación.
De partida, el Ejecutivo no patrocinó nada. A menos que usted me diga, señor Presidente, que de aquí en adelante yo puedo imponer cualquier obligación a órganos del Estado sin necesidad del patrocinio del Ejecutivo.
¡Si usted me dice que, a partir de esta ley, debo entender que puedo entregar cualquier obligación a los órganos del Estado, sin patrocinio del Ejecutivo, por favor, confírmelo!, porque sería un cambio brutal de la Constitución.
La Administración del Estado está constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos de servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, las Fuerzas Armadas -no sé si será el caso- y las empresas públicas creadas por ley.
Yo pregunto, señor Presidente, ¿cuál órgano? ¡Dígame eso!, nada más. ¡Cuál! No es una pregunta tan compleja, ¡dígame uno!
¡No está!
¡Y el Gobierno no firmó el patrocinio! Esto no se encuentra avalado por el Ejecutivo, esto fue una indicación de un Diputado.
Entonces, si usted me dice que a través de este mecanismo va a poder generar obligaciones para el Estado, permítame decirle que, a mi juicio, eso es un profundo error.
¡Esa fue la discusión!
Quiero recordar que el Senador Zaldívar señaló algo bien sensato: que me encontraba razón en la discusión pero que, sin perjuicio de eso, él creía que lo propuesto era una especie de derecho de petición. ¡Es bien raro instalarlo por esta vía!
Señor Presidente, aquí nadie está en contra de la protección animal. Yo siempre trato de trabajar a favor de generar una lógica de sentido común en el ámbito del mundo animal. No quiero aparecer después en los medios de prensa promoviendo una norma que, desde un punto de vista técnico, es un error jurídico. No me refiero a un punto de vista conceptual, que alguien podría avalar.
En esa ocasión, pedí que el Gobierno -no estaba el Ministro, hay que ser franco- señalara si patrocinaba esto o no, cuánto costaría, quiénes se harían cargo: el municipio o cualquier otra entidad. ¡Nada!
Entonces, ¡cómo voy a aprobar, señor Presidente, algo que desde un punto de vista jurídico y conforme al artículo 1° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado está mal hecho!
Esa fue la explicación y por eso llamo a la reflexión. O se repiensa, o se rehace la norma. Pero no podemos quedarnos con que este Senado aprobó una iniciativa en que se entrega, innominadamente, un derecho a recibir ayuda de "un órgano de la Administración del Estado", ¡así, a secas!
Eso, señor Presidente, con todo respeto, no está bien hecho.
Voto a favor de lo que propone la Comisión de Hacienda. No por el contenido, pero sí por la rigurosidad que uno debe tener para aplicar normas que sean exigibles.
Eso no hay que judicializarlo.
Imagínese, señor Presidente, la cantidad de juicios que podría haber después para demandar -a usted, a mí o a cualquiera- por este tipo de acciones.
A mí me parece un error.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo puedo comprender la fidelidad del Senador Coloma a la Constitución y su estricto cumplimiento, pero esta es una iniciativa que aplica un Convenio que exige y demanda al Estado de Chile la protección de las especies vivas incautadas.
Porque, en los hechos, cuando se incauta una especie viva en algún punto fronterizo del Estado de Chile, de una extensa geografía, alguien debe tomar la decisión de donde trasladarlo para su protección. Porque, si no se tiene un lugar para tal efecto, se estará incumpliendo un tratado internacional.
Se establece una norma amplia que habla de la autoridad competente sobre la cual recae el deber de cautelar y cuidar la especie. ¿Cómo? Como se hace en el paso fronterizo en el norte de Chile, en Arica, o en los pasos fronterizos con Argentina.
Por tanto, se brinda la posibilidad para que la autoridad competente, o una persona, jurídica o natural, colaboradora de la autoridad, solicite y reciba ayuda de los órganos del Estado. ¡Porque nadie va a traer un animal, por el tiempo que sea, de manera gratuita!
Es decir, si eliminamos este inciso, le diremos a todos los guardias fronterizos, al SAG: "usted decomise, y llévese al animal para la casa, y ahí verá cómo lo cuida". Porque si además no lo cuida, vamos a ser denunciados por el CITES a los organismos internacionales.
La especie incautada debe ser cuidada, resguardada. Y, dadas las condiciones, debe existir una norma flexible a fin de que quien la cuide sea quien esté más a mano y tenga las condiciones reales de protección.
El día de ayer nos enteramos de la detención de Gastón Maluenda, dueño del circo los Tachuelas, de los hermanos Maluenda. Ellos sacaron todos los animales del circo, ¡todos! No hay animales, al menos en ese circo, y los tienen en una parcela con cuidados que ya quisiera para muchos animales. Están bastante mejor que en los zoológicos que conozco. Sin embargo, fue detenido y procesado pues no se habrían cumplido los requisitos mínimos en algunas de las jaulas. ¡Y, además, con financiamiento de su bolsillo!, costo que se eleva a varios millones de pesos por cada especie.
Entonces, uno señala: "hay que cuidar a los animales, y no les podemos entregar al SAG, a sus funcionarios, esta responsabilidad".
Yo, señor Ministro, creo que sería irresponsable decirles a los funcionarios del SAG que decomisen, y luego dejarles a ellos, bajo su bolsillo y su condición, la custodia de un tigre de Bengala (no un búho, como decía el Senador señor Girardi), ¿adónde lo llevan? Al zoológico de Santiago. Van a tener que trasladarlo en las mejores condiciones bajo su responsabilidad funcionaria y, por cierto, en muchos casos habrá que pagar, pues ese animal tendrá que alimentarse, tendrá que ser cuidado. Porque hay una responsabilidad adicional no solo con el animal, sino también con la ciudadanía.
Esa norma se halla redactada de manera amplia: "se podrá solicitar". Y, efectivamente, habrá un funcionario criterioso que diga: "el Estado deberá pagarle a este señor por lo menos el abrigo, la alimentación de esta especie, ojalá por el menor tiempo posible".
Por tanto, la eliminación de esta disposición, señor Presidente, solo va a generar una grave inconsistencia y dudas en los funcionarios. Y puede provocar una situación mayor, perversa, para aquellos que cumplan la orden de incautar y, después, no sepan qué hacer con los animales incautados vivos.
Se trata de una puerta de salida legal que incorpora el derecho a petición. Este tendrá que ser evaluado por la autoridad competente, no podrá ser desproporcionado, deberá ser razonable.
Y, en ese sentido, creo que el inciso debiera mantenerse más allá de la objeción de constitucionalidad; pues, de lo contrario, el CITES y los compromisos que adoptamos serán letra muerta.
Si después de la incautación los funcionarios tienen líos supremos, nadie va a estar disponible para ejecutarla. Se van a morir los animales o, simplemente, van a pasar.
Opino que esta norma de fiscalización debiera ser respaldada con la facultad de que el que incauta también tenga la prerrogativa de disponer en el lugar apropiado.
Por tales razones, voy a votar en contra de la propuesta de la Comisión de Hacienda, a fin de mantener esta facultad con el objeto de que los buenos funcionarios puedan hacer su tarea con el suficiente respaldo y de manera eficiente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo deseo referirme a un tema eminentemente técnico.
Lo que pasa es que el Senador Juan Antonio Coloma señaló que la disposición en comento es absolutamente inconstitucional, porque tiene el sentido de obligar a las instituciones públicas a otorgar recursos a determinadas entidades privadas.
La verdad es que esta norma -no es de mi autoría; venía ya de la Cámara de Diputados- puede ser imprecisa al no determinar a qué órgano del Estado se le pueden solicitar recursos, por lo cual tendría que ser objeto de perfeccionamiento.
Sin embargo, en ningún caso el inciso adolece de un vicio de constitucionalidad, porque en parte alguna establece la obligación para un servicio público de financiar, situación que sí sería inconstitucional.
Cuando uno observa el artículo 65 de la Constitución Política, que dispone cuáles son las iniciativas de ley que quedan restringidas a la exclusividad de Su Excelencia el Presidente de la República, no aprecia ninguno de los supuestos contemplados en la norma con relación a lo dispuesto tanto en los seis numerales que allí se señalan como en su encabezado.
En consecuencia, no hay un vicio de constitucionalidad, sin perjuicio de que los autores podrían haber sido más pulcros desde el punto de vista de la redacción y haber procedido a especificar determinado órgano.
Quizás lo que podría hacerse -si le parece a la Sala; para ello se requiere unanimidad- es establecer, a continuación de lo señalado, una frase como "El reglamento emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero determinará...", etcétera.
Eso -como dije- tendría que acordarse por unanimidad en la Sala, si a Sus Señorías les pareciera.
En síntesis, a mi juicio no existe inconstitucionalidad, sin perjuicio de que el texto podría haber sido mejorado.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, el Senador Coloma explicó las razones por las cuales adoptó la posición de eliminar este inciso. Él entregó un argumento propio que fue el que dio base a su votación.
Si bien le reconocí a Su Señoría en la Comisión que era posible precisar más la norma, no teníamos en ese momento el patrocinio del Ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de eso -suscribo la tesis del Senador Harboe-, yo no consideré que el inciso fuera inconstitucional ni tampoco se me reclamó su inconstitucionalidad en la Comisión, respecto de lo cual el órgano técnico podría haberse pronunciado.
Ese no fue el tema.
La observación apuntaba, más que nada, a que la autorización es genérica. Y yo creo que una autorización genérica con respecto al derecho a solicitud es perfectamente válida.
Ahora, cuándo va a ser operable o no, tendremos que verlo.
Y, por supuesto, si pudiéramos incluir una norma -ahora no tenemos el quorum necesario para hacerlo- que dispusiera "Un reglamento determinará la aplicación de este artículo", pienso que se podría salvar dicha observación.
Pero, a pesar de todo, aun sin ese reglamento, sin perjuicio de que el Ministerio podría, a través de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, incluir una reglamentación destinada a verificar cómo se puede prestar esa ayuda, yo me pongo en el caso de que el día de mañana una especie en extinción -por ejemplo, un cóndor- sea ubicada en un camino cordillerano y entregada a una institución cercana para su cuidado. En tal caso, perfectamente, esa entidad podría requerir a la municipalidad, a las Fuerzas Armadas o al organismo de que se trate que la ayude a solucionar el problema.
No creo que se presenten dificultades en ese sentido, porque la autorización que se da es genérica.
Por supuesto que hubiera sido preferible especificarla con mayor precisión.
Sin embargo, me parece que suprimir esta norma produciría un efecto más negativo que el mantenerla. Mantenerla nos abre la posibilidad de que la función respectiva pueda cumplirse, porque -como se ha dicho en la Sala- es fundamental para que las personas que se hagan cargo de las especies en riesgo de extinción puedan contar con el respaldo y la ayuda para hacer lo que corresponde: salvarlas.
Por esa razón, voy a mantener mi votación.
No creo que haya inconstitucionalidad. No fue reclamada tampoco en su momento en la Comisión.
Por lo tanto, opino que es mejor aprobar el inciso, sin perjuicio de que dejemos que el Ministerio del ramo, a través del decreto correspondiente, pueda precisarlo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la eliminación del inciso final del artículo 6º propuesta por la Comisión de Hacienda (16 votos contra 2 y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la negativa la señora Muñoz y los señores Chahuán, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y el señor Coloma.
Se abstuvieron los señores Lagos, Hernán Larraín y Prokurica.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole dar a conocer MOTIVO PARA NO RENOVACIÓN DE BONIFICACIÓN POR RIESGO A CARABINEROS DE CHILE y pidiéndole REPOSICIÓN DEL BENEFICIO CON EFECTO RETROACTIVO.
Del señor HORVATH:
A señora Ministra de Educación y a los señores Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales, requiriéndoles información referente a SITUACIÓN DE LICEOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS Y REEVALUACIÓN DE DESTINACIÓN DE TERRENOS DE ESCUELA AGRÍCOLA DE COIHAIQUE.
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional, ningún señor Senador interviene.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


MEDIDAS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA PRODUCTORES LECHEROS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIO

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la producción lechera ocupa un lugar de especial importancia en la matriz productiva de la Región de Los Lagos y es, al igual que la agricultura, la ganadería y la pesca, una actividad profundamente enraizada en la identidad cultural del sur de Chile.
Sin embargo, ya desde hace tiempo ha quedado en evidencia que la industria lechera regional enfrenta una coyuntura compleja.
Los productores han pasado temporadas especialmente difíciles tanto por la sequía que se ha manifestado con fuerza en esta temporada como por el precio del producto, que recién en los últimos meses ha dado algunas tímidas, aunque esperanzadoras, señales de estabilización luego de un largo período de incertidumbre.
De hecho, una de las principales molestias expresadas por el sector en el último año se sustenta en que, a pesar del alza experimentada por el mercado lácteo internacional, ese incremento no ha tenido un correlato en los valores internos de la leche fresca.
Los productores de la Región de Los Lagos han debido, de esta forma, lidiar con el endeudamiento, con las bajas de precios y con un trato poco adecuado por parte de las grandes empresas lecheras y de las cadenas comercializadoras del retail, sin dejar de mencionar el lamentable cierre de lecherías.
Así, el año recién pasado la difícil coyuntura llevó a algunos productores a tomar la ardua decisión de eliminar animales, con una pérdida patrimonial muy importante.
Chile necesita con urgencia una política para el sector lechero que fomente un desarrollo sustentable de la producción, que involucre financiamiento acorde al ciclo productivo y que promueva el riego como un tema estructural y de apoyo a largo plazo.
Y no solo eso.
Es imprescindible garantizar un mercado competitivo y transparente e impulsar decididamente un plan de capacitación permanente para los trabajadores.
El fortalecimiento de las organizaciones representantes de los productores lecheros, la promoción de la asociatividad y el desarrollo integral de la cadena son también condiciones ineludibles para avanzar en resolver el problema que enfrenta este ámbito productivo.
En ese contexto, cobra especial relevancia la propuesta de generar una estrategia de desarrollo regional para la agricultura, que considere una línea de acción -consensuada con los actores del rubro- tendiente a fortalecer la producción lechera local y a asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
No podemos dejar solos a los productores de leche de la Región de Los Lagos, quienes deben luchar contra los efectos del cambio climático -ello se traduce en sequías y falta de alimentos para los animales- y, al mismo tiempo, sufrir las consecuencias de un poder comprador que aprovecha la indefensión de los pequeños y medianos productores para fijar precios irrisorios comparados con el valor que obtienen del producto final.
Es imprescindible generar nuevas y mejores políticas que permitan a los pequeños y medianos productores ser capaces de mejorar su posición frente a las grandes empresas.
La implementación de cooperativas ha demostrado ser una herramienta efectiva, ya sea para mejorar los precios de sus productos o para generar unidades de negocio propias. En ese contexto, resulta determinante el apoyo que puede otorgar INDAP a los más pequeños.
La búsqueda de nuevos mercados para estos productos también es un camino a seguir, el que está comenzando a ser allanado precisamente gracias a la unión de los productores de leche, quienes, en conjunto con el Gobierno, están buscando mecanismos para atraer compradores e inversionistas chinos, que ven en la leche chilena una opción alimenticia de primer nivel para su creciente población.
Otra ruta que es necesario explorar, y que los mismos productores han planteado en más de alguna oportunidad, tiene que ver con la manera en que el Estado se hace cargo de proteger a sus productores: implementando gravámenes para los productos lácteos o cárnicos que ingresan al país o poniendo mayores restricciones a la entrada de productos elaborados y envasados que las grandes cadenas comercializadoras del retail internan en Chile para venderlos a muy bajo precio, con lo cual obligan a la oferta nacional a rebajar el valor de sus productos.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, señor Presidente, solicito oficiar a Su Excelencia la Presidenta de la República a fin de que tenga a bien instruir a los ministerios correspondientes para definir un conjunto de medidas que protejan a los pequeños y medianos productores lecheros de la Región de Los Lagos y faciliten su fortalecimiento sobre la base de la asociatividad.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, nadie hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Mixto (Partido Amplitud e Independiente; Partido MAS e Independiente, y Partido Somos Aysén), tiene la palabra el Senador señor Navarro, hasta por ocho minutos.


SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE DIRECTOR DE HOSPITAL DE LA CALERA. COMUNICACIÓN

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el día martes en la mañana tuve la oportunidad de estar en el Hospital de La Calera, invitado por los médicos especialistas y también por la FENATS de dicha institución.
Se trata de un hospital tipo 4, en una comuna que cuenta con casi 80 mil habitantes.
Hemos conversado con la Senadora Lily Pérez y con el Senador Ignacio Walker -ambos representantes de La Calera- sobre la situación grave que allí ocurre, respecto de lo cual me permito citar un documento entregado por médicos especialistas del hospital y representantes de la FENATS.
El caso del Hospital de La Calera, en mi opinión, debiera preocuparnos por su profundo contenido crítico y xenofóbico.
Paso a leer dicho documento:
" La carrera del Colegio Médico de Chile, por destituir a un Director con destacada gestión de un Hospital de baja complejidad y la infortunada decisión de las Autoridades de Gobierno ".

"La Calera, Agosto 8 de 2016.-
"El Hospital de la Calera, fundado en el año 1962, fruto del esfuerzo y solidaridad de los obreros del cemento el melón, quienes donaron un saco de cemento para materializar el sueño de las autoridades y la comunidad de aquella época, ha tenido altos y bajos, desde momentos críticos donde el centro de salud estuvo a punto de cerrar por no tener las condiciones sanitarias adecuadas, hasta una época de remonte con infraestructura y dotación de personal como ha sido en los últimos años.
"Dentro de sus importantes avances en los últimos 3 años, se encuentran: aumento de la dotación de médicos generales a 12, implementación y mejoramiento de la sala de partos, de la unidad de emergencias, de las salas de medicina interna y pediatría, sala de rayos, urgencia dental, entre otros avances en infraestructura, salón de operaciones, que pretende, con la incorporación de los especialistas recientemente contratados, comenzar con cirugías de mediana y alta complejidad. Todos avances que se deben a la gestión de este Gobierno, de Michelle Bachelet, y del Director Antón Escobar Díaz, quien supo interpretar estas ideas de gestión hospitalaria y destinar los recursos en estos acometidos.
"En los primeros días del mes de mayo de 2016, se le habría exigido por parte de los 12 médicos EDF," -médicos generales de zona en etapa de destinación y formación- "mediante oficio la renuncia a su cargo enarbolando algunos puntos que se resumen en: falta de trabajo en equipo y planificación, acoso laboral y uso político de su cargo con fines personales, los cuales fueron desestimados por el Director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota de ese entonces, Dr. Francisco Acevedo, por considerarlos inconsistentes. Es importante señalar que tampoco los gremios del establecimiento apoyaban los argumentos esgrimidos por los galenos. La FENATS Histórica y Unitaria, FENPRUSS, Asociación de Paramédicos también rechazaban estas acusaciones.
"Es necesario mencionar que los médicos amenazaron con renunciar a los cargos de jefaturas si no se destituía al Director, lo cual hicieron efectivo días después de no aceptarse su solicitud. Por tanto, el Vicedirector médico, Dr. Ignacio Rojas Lavia, junto con el resto de médicos que ocupaban cargos de jefaturas, cesaron en esas obligaciones.
"El viernes 20 de Mayo de 2016, son pegados carteles en las murallas y entregando papelógrafos al resto de dependencias del Hospital calerano, desprestigiando a los Especialistas contratados por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota" -¡se pegaron carteles denunciando a compañeros de trabajo! ¡Médicos que denunciaban a otros médicos! ¡A especialistas que van a trabajar a La Calera!-, a quienes se les estaban creando las condiciones para desempeñaran a plenitud sus funciones y reducir las listas de espera, que a esas alturas ya contaban con la atención de cerca de 3.000 pacientes.
"Esta acción de los médicos EDF fue repudiada por los 4 Especialistas (Médico Internista, Traumatólogo, Urólogo, Oftalmólogo). Fue catalogado de extrema gravedad por contener un fuerte componente xenofóbico al acusar ejercicio ilegal de la profesión a pesar de que los especialistas cuentan con todos los permisos y autorizaciones de las autoridades. Solo se buscaba denostar a estos especialistas extranjeros ante la opinión pública, faltando gravemente a la ética médica.
"El martes 25 de Mayo los Especialistas responden a los 12 médicos EDF mediante una declaración pública, ante la acusación de `Contratación de Médicos no acreditados ni validados según la legislación chilena para ejercer funciones Médicas'. Se respondió `que era una acusación falaz ya que se cuenta con los permisos de las entidades correspondientes y que la ley 20.816, del 2014, permite contratar a los médicos generales y especialistas hasta febrero de 2017, los cuales no tengan certificación por el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, EUNACOM, para desempeñar sus funciones en la atención pública, mientras regularizan y cumplen con las exigencias de dicho test'.
"En Chile, no existe ley de especialidades médicas y al igual que EUNACOM-ASOFAMECH, es administrado por una entidad privada, CONACEM, todas entidades relacionadas con APICE Chile, cuyo Director es el Dr. Manuel García de Los Ríos, quien públicamente manifestó `Esta prueba se fomentó para frenar la llegada de médicos extranjeros al país', y continuó `no tienen la misma calidad y expertise de los médicos chilenos'. (El Mercurio, 16 de Mayo de 2016)".
Cabe agregar que el Dr. Manuel García de Los Ríos ha sido declarado Premio Nacional de Medicina el presente año.
"El 31 de Mayo de 2016, se reunieron los médicos EDF con su presidente nacional, Dr. Mauricio Cofré, en el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, con la Vicedirectora, Dra. Sandra Lanza, acompañados por el Presidente Regional del Colegio Médico, Dr. Juan Eurolo, a solicitar la separación inmediata de sus funciones al Director Dr. Anton Escobar, reafirmando los mismos argumentos que ya habían sido desestimados por el entonces Director del Servicio y que se resumen en una mala gestión en sus funciones del Director de La Calera.
"El 29 de Julio, justo en el momento en que se inauguraba la modernización y mejoramiento de los salones de operaciones del establecimiento, que contó con la participación del Alcalde de la Comuna," -Eduardo Martínez, con quien conversé el martes en la mañana- "Dirigentes vecinales y de la sociedad civil, Damas de Rojo y de Blanco, agrupaciones sindicales, entre otros actores sociales y autoridades de la comunidad, se informó la decisión de remoción del cargo de Director del Hospital de La Calera, cuya decisión fue tomada por el entonces nuevo director del Servicio Viña del Mar-Quillota, Dr. Jorge Ramos Vargas.".
A este facultativo lo conozco desde hace más de 30 años. He conversado con él telefónicamente para pedirle que escuche y tome más de cerca el caso, pues recién viene llegando al cargo. Ya ha comprometido esa conversación, y espero que la pueda concretar dentro de las próximas horas.
"A partir del lunes 1 de Agosto asume la dirección interinamente el Enfermero Juan Esteban Jiménez, el cual fue hostigado y amenazado telefónicamente y mediante anónimos, como, por ejemplo, `queremos al Dr. Rojas como director', algo no visto anteriormente en el establecimiento. Esto obligó a tomar medidas de denuncia a las autoridades de investigaciones pertinentes (PDI y Organismos de Seguridad del Estado) y el apoyo inmediato público del Colegio de Enfermeras de Chile A.G., quienes hasta ese entonces no se habían manifestado y que fueron agredidos y denostados a varios de sus miembros.
"El miércoles 3 de Agosto en reunión del Estamento Médico EDF y Colegio Médico de Chile A.G., con el nuevo director del Servicio Viña del Mar-Quillota, manifestó el vocero de los médicos caleranos, Dr. Sebastián Peirano, `es muy importante que los equipos directivos de los hospitales tengan las competencias necesarias para poder resolver y trabajar en la misma línea del servicio de salud. En ese sentido, creemos fuertemente que los llamados a liderar estas estrategias o decisiones o lineamientos en los servicios clínicos somos los médicos generales de zona que trabajamos en el hospital'.
"También mostraron preocupación y rechazaron categóricamente la acusación el dirigente de la FENATS Unitaria del Establecimiento calerano Enfermero Manuel Cisternas: `los médicos solicitaron la salida del Director ya que este último detectó irregularidades', incumplimiento de los horarios de los médicos, quienes no estarían respetando la jornada laboral, un alto número de acusaciones por mala atención y trato de los médicos hacia la comunidad, como también acusaciones por la falta de ética detectadas por otros funcionarios del establecimiento.
"El Dr. Juan Eurolo, Presidente del Colegio Médico, señala: `Se criticaba al director, por ejemplo, por la apertura de pabellones que no tenían razón de ser y la contratación de especialistas que finalmente no tenían como atender a los pacientes, situaciones que generaron listas de espera que antes el Hospital no tenía'.
"De esta afirmación del Dr. Eurolo cabe señalar que desde la incorporación del primer especialista al Hospital de La Calera, se comenzaron a gestionar los elementos técnicos necesarios para que se pudiese desempeñar en óptimas condiciones, lo mismo ocurrió con el resto de los especialistas, quienes apoyan irrestrictamente la gestión del Director Anton Escobar. Preocupa además que el Presidente del Colegio Médico no manifieste jamás intención de dialogar con el Estamento de Especialistas, los cuales, por no contar con EUNACOM, son distanciados para colegiarse e incluso poder denunciar en esos tribunales éticos las faltas a la ética cometidas por algunos de los médicos de La Calera, públicamente presentes.".
Señor Presidente, aquí se observa un problema ético, que tendrán que abordar los propios médicos.
"Ante esta situación la organizaciones sociales y civiles de la comuna de La Calera, junto a los Enfermeros de Chile, Estamento de Especialistas del Hospital de La Calera, FENATS Unitaria y resto de las organizaciones y actores sociales y políticos que estimen pertinente sumarse a este llamado, exigimos a partir del lunes 8 de Agosto de 2016 la restitución inmediata por parte del Servicio de Viña del Mar-Quillota del Director Anton Escobar Díaz a sus funciones de Dirección; que cesen las acciones de hostigamiento del Colegio Médico de Chile, y se sancionen a la brevedad las conductas de indisciplina" de doctores que han faltado a la ética médica.
"Por todos los elementos y argumentos señalados:
"¡La Comunidad Hospitalaria y organizaciones sociales de La Calera exigen la restitución del Director del Hospital de La Calera ya!".
Esa es la declaración pública, señor Presidente, que me he permitido leer, por considerarla extremadamente grave, pues puede detonar acciones xenofóbicas.
Si esa es la conducta que están teniendo algunos médicos chilenos, el Colegio Médico y autoridades del servicio de salud con los especialistas que van a trabajar a La Calera o a otros lugares donde se requieran sus servicios -¡y ahí se les denuesta y se les critica!-, tal vez estemos frente a una situación que explote socialmente de manera muy grave.
Señor Presidente, pido se envíe copia de esta intervención a la Ministra de Salud.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:30.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción