CREACIÓN DE SISTEMA DE APORTES A ESPACIO PÚBLICO APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a votar a favor de las modificaciones introducidas a este proyecto, contenidas, fundamentalmente, en la indicación sustitutiva que presentó la Presidenta de la República.

La iniciativa en análisis constituye un aporte indudable para el desarrollo de nuestras ciudades, el cual se ha caracterizado, en las últimas décadas, por la ausencia de un rol planificador del Estado, radicándose decisiones fundamentales en el sector privado.

Las consecuencias ambientales, económicas y sociales de tal situación son ampliamente conocidas: ciudades segregadas, congestionadas, contaminadas y con insuficiente calidad de vida.

El déficit de infraestructura pública es el reflejo del déficit de equidad en nuestras ciudades, porque al final la infraestructura, el espacio público, el área verde, son expresión de una ciudad inclusiva o excluyente.

Una ciudad inclusiva tiene mayor disponibilidad de espacios públicos.

Una ciudad segregada resuelve sus necesidades públicas con condominios o con infraestructura privada.

Esto no puede continuar. Queremos ciudades para todos los chilenos. Queremos bienes públicos de calidad para todos.

La segregación de las ciudades se expresa también en una abismante diferencia en los recursos estatales y privados que se destinan para satisfacer las necesidades públicas.

Las comunas del sector oriente de Santiago disponen de ingresos diez y veinte veces superiores a los que tienen las comunas más pobres.

Este proyecto viene a enfrentar esa realidad. Le da más equidad al aporte privado a través de mitigaciones y cesiones que actualmente solo afectan al 5 por ciento de los proyectos.

También introduce más equidad a la inversión pública, dado que esta ya no se concentrará en las comunas que captan la mayor inversión privada.

Hay otros instrumentos que debemos corregir. El impuesto territorial, que es la principal contribución privada a la comunidad, debe revisarse, pues hoy día solo afecta a una proporción mínima de inmuebles, y la amplia exención que la ley establece no es debidamente compensada por el Estado a los municipios.

Además, este proyecto está bien dirigido y perfectamente alineado con la Política Nacional de Desarrollo Urbano impulsada desde el Consejo Nacional que creó la Presidenta Bachelet.