REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 14ª, en martes 10 de mayo de 2016
Ordinaria
(De 16:24 a 19:27)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, subrogante, señor Mahmud Aleuy Peña y Lillo; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Salud, la señora Carmen Castillo Taucher.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Las actas de las sesiones 12ª y 13ª, ordinarias, en 3 y 4 de mayo de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia (boletín Nº 9.950-03).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, a fin de establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín Nº 8.493-14).
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código Penal; el decreto ley Nº 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, con el propósito de aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para delitos cometidos en contra de menores y otras personas en estado vulnerable (boletines Nos 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
2) El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín Nº 8.924-07).
3) El que enmienda la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública (boletín Nº 9.601-25).
4) El que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín Nº 10.164-05).
5) El que otorga bonificación por retiro voluntario al personal regido por la ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (boletín Nº 10.489-11).
6) El que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica (boletín Nº 10.491-11).
Con el último retira la urgencia que hiciera presente al proyecto de ley para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín Nº 10.184-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y el retiro y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero comunicó su ausencia del territorio nacional en sendas visitas: de Estado, al Reino de Suecia, y de trabajo, al Reino Unido, entre los días 8 y 14 de mayo.
Informó, además, que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para nombrar miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier. Hace presente para su tramitación la urgencia del inciso segundo del Nº 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 1.869-05).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Once de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los seis primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio del transporte aéreo internacional y de las empresas navieras, suscrito en Santiago, Chile, el 25 de abril de 2014" (boletín Nº 10.328-10).
2) El que aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Chile y Sudáfrica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Pretoria, Sudáfrica, el 11 de julio de 2012 (boletín Nº 10.311-10).
3) El que aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Chile y Argentina para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal, su Protocolo y el Memorando de Entendimiento relativo a su aplicación, suscritos en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2015 (boletín Nº 10.346-10).
4) El que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el de la República Popular China para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal con relación al impuesto sobre la renta, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 25 de mayo de 2015 (boletín Nº 10.345-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
5) El que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para el intercambio de información en materia tributaria, y su Protocolo, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 12 de septiembre de 2014 (boletín Nº 10.206-10).
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
6) El que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y el Gobierno del Reino de Noruega sobre permisos de trabajo para cargas familiares de personal diplomático, consular, administrativo y técnico destinado a misiones diplomáticas y consulares (boletín Nº 10.246-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con los cinco siguientes comunica que dio su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código del Trabajo en relación con la indemnización por años de servicio en caso de muerte del trabajador (boletines Nos 8.130-13, 10.437-13 y 10.458-13, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2) El que establece el Día Nacional de la Concienciación del Autismo en Chile (boletín Nº 10.392-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
3) El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de especificar el tipo de infraestructura exenta de la obligación de contar con un permiso municipal y las condiciones que deben cumplir las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado (boletines Nos 10.011-14 y 10.059-14, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
4) El que enmienda la ley Nº 18.290, con el objeto de permitir la creación de escuelas de conductores orientadas exclusivamente a los motociclistas (boletín Nº 10.503-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
5) El que modifica la ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, con el objeto de consagrar expresamente a los diarios electrónicos como medios de comunicación social (boletines Nos 9.460-19 y 9.461-19, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de parlamentarios, respecto de las normas que indica contenidas en el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales mediante la introducción de modificaciones al Código del Trabajo (boletín Nº 9.835-13).
Remite copia de la sentencia definitiva dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los incisos primero y segundo del artículo 19 de la ley Nº 7.200, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para dictar disposiciones de carácter administrativo, económico y financiero.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 29 del decreto ley Nº 3.538, de 1980, Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia de Valores y Seguros.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos:
Envía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Balance de Gestión Integral del año 2015 del Ministerio y de sus instituciones dependientes.
De la señora Ministra de Salud:
Remite, en formato digital, Balance de Gestión Integral del año 2015 de las instituciones dependientes de esa Secretaría de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número de infracciones registradas respecto del artículo 129 A de la ley Nº 20.794, que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley Nº 20.765.
De la señora Ministra de Minería:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a los recursos que ha invertido el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) en campañas de seguridad y prevención de accidentes laborales en los últimos cinco años.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Envía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Balance de Gestión Integral del año 2015 de las instituciones dependientes de esa Secretaría de Estado.
Remite antecedentes, en formato digital, ante solicitud cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativos a diversos aspectos de las concesiones de radiodifusión sonora y televisiva y las experimentales de televisión digital terrestre, otorgadas durante el actual Gobierno.
Del señor Ministro de Energía:
Entrega información, a petición de Senador señor De Urresti, relacionados con los antecedentes específicos del trabajo y las acciones realizadas por el proyecto Partnership for Market Readiness (PMR-Chile), y las que se ejecutarán durante el presente año.
Atiende solicitud de información, expresada en nombre del Senador señor Navarro, concerniente a los estudios de impacto ambiental y social de cuatro proyectos energéticos en la Región del Biobío.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Responde petición de información, planteada en nombre del Senador señor Navarro, sobre los inmuebles fiscales transferidos a la Fundación CEMA Chile desde su creación.
Del señor Subsecretario de Prevención del Delito:
Remite, en papel y en formato digital, Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa Subsecretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Responde inquietud, formulada en nombre del Senador señor Espina, acerca de las falencias o los problemas detectados en la aplicación de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol:
Remite, en papel y en formato digital, Balance de Gestión Integral del año 2015 de las instituciones dependientes de ese Servicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Da respuesta a inquietud, expresada en nombre del Senador señor Navarro, referente a la necesidad de que el Parque Nacional Alerce Andino cuente con un camino de acceso adecuado.
Del señor Director del Servicio de Salud Arauco:
Responde solicitud de información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, en orden a los lugares y procedimientos autorizados por ese Servicio para la disposición final, inertización o eliminación de los residuos médicos patológicos provenientes de clínicas, hospitales o morgues, señalando los costos que ello implica.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, suscrito en Londres el 5 de octubre de 2001 (boletín Nº 9.968-10).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Girardi, señora Allende y señores Chahuán, Navarro y Walker (don Patricio), con la que inician un proyecto de ley sobre bienestar animal (boletín Nº 10.651-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De los Senadores señores Tuma, Araya, Espina y Harboe, con la que dan inicio a un proyecto que modifica el artículo 9º del decreto Nº 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín Nº 10.658-07).
--Pasa a la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor García, con la que inicia un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, para autorizar el retiro de capital a los socios mayores de sesenta años de edad de las cooperativas de ahorro y crédito (boletín Nº 10.659-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Declaraciones de inadmisibilidad
Dos mociones del Senador señor Navarro:
Con la primera propone un proyecto para derogar los artículos 1º y 2º de la ley Nº 20.261, que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la ley Nº 19.664.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, según lo dispone el inciso cuarto del número 2° del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Con la segunda propone modificar las leyes Nos 18.918 y 18.838, con el fin de otorgar al Congreso Nacional una frecuencia de televisión de libre recepción.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo establecido en el inciso cuarto del número 2° del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Moción del Senador señor García, con la que propone un proyecto de ley que crea un fondo concursable para hogares de adultos mayores.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
-El que otorga bonificación por retiro voluntario al personal regido por la ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (boletín Nº 10.489-11).
-El que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica (boletín Nº 10.491-11).
--Quedan para tabla.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Antes de ofrecer la palabra, en nombre de la Corporación y, en especial, de la Mesa, quiero saludar con mucho cariño a la Senadora señora Lily Pérez, quien se encuentra de cumpleaños.
Reciba el saludo del Senado, Su Señoría.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Muchas gracias.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, se acaba de dar cuenta del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el proyecto que modifica la Ley sobre Control de Armas en materia de posesión, tenencia o porte de armas.
Solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que dicha iniciativa sea analizada también por la Comisión de Defensa Nacional, que es donde se radicó un proyecto anterior.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la petición formulada por el señor Senador?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Deseo saludar a la Agrupación Jefas de Hogar de Quintero, Región de Valparaíso, invitada por la Senadora señora Lily Pérez.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García, sobre la Cuenta.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, se ha declarado inadmisible una moción de mi autoría, mediante la cual se propone crear un fondo concursable para la normalización de hogares de adultos mayores.
Todos sabemos que muchos de esos centros no cumplen con las disposiciones sanitarias, pero no es posible cerrarlos. Si así fuera, esas abuelitas y esos abuelitos simplemente no tendrían adónde ir.
La moción busca establecer un fondo concursable para permitir que esas instituciones accedan a recursos y normalicen su situación.
En consecuencia, solicito que se oficie a Su Excelencia la Presidenta de la República para que entregue su patrocinio.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muy bien.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio que ha pedido Su Señoría.
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, solicito que recabe la autorización para que mañana pueda sesionar en paralelo con la Sala, de 17 a 18 horas, la Comisión Mixta encargada de estudiar el proyecto que crea una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Hay acuerdo?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, sobre la Cuenta.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la Mesa ha declarado inadmisible la moción que presenté para disponer que TV Senado sea de transmisión pública y abierta, con el propósito de que las sesiones de Sala y de Comisiones sean vistas no solo por quienes pagan cable, que son un porcentaje acotado de la población chilena, sino también por todos los ciudadanos que tienen acceso a la señal libre.
Esta medida se halla en plena concordancia con todos los acuerdos y proyectos sobre transparencia y probidad que nuestra Corporación ha aprobado.
Creo que estamos atrasados.
Los canales de televisión de los Parlamentos de Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia y España tienen señal abierta, no restringida al cable. Cualquier ciudadano interesado en conocer la tarea legislativa sobre un tema particular puede observar el canal respectivo en cualquier punto de su país.
Hoy día nuestra transmisión se emite por el cable, lo cual implica un costo adicional y va en contra de la difusión del trabajo del Parlamento.
La moción que presenté debiera caerse de madura y, además, cuenta con sustento en la legislación vigente.
Hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional -espero compartirlo con los señores Senadores- que plantea tres alternativas para hacer realidad dicho objetivo.
Señor Presidente, considerando la importancia, la necesidad y, en especial, el sentido común de lo propuesto, pienso que debemos pasar a un mecanismo de mayor difusión.
Existe el derecho. Hemos creado la televisión digital.
En definitiva, están dadas todas las condiciones para que la señal del canal del Senado pueda ser transmitida de manera libre, con acceso universal, sin pago alguno de por medio, a diferencia de lo que, lamentablemente, ocurre hoy con la televisión por cable.
Por lo tanto, solicito que se recabe el patrocinio del Gobierno, aun cuando, conforme al debate registrado en reunión de Comités, debiera ser materia de un acuerdo de la Mesa del Senado y de los Comités pedir formalmente la inclusión de esta señal abierta.
A mi juicio, esto es una expresión de máxima transparencia que será bien recibida por la ciudadanía. Y existen todas las condiciones para que esto se logre.
En consecuencia, señor Presidente, hago una solicitud formal al respecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor Navarro, las razones que tuvo la Mesa para declarar la inadmisibilidad de la moción radican en que afecta facultades del Consejo Nacional de Televisión, que es un servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado y que posee la facultad exclusiva de otorgar uso y goce de servicios de telecomunicaciones, frecuencias y concesiones.
Sin embargo, dado que Su Señoría lo ha solicitado, se enviará el oficio al Ejecutivo en los términos que ha señalado.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, también deseo referirme a la otra moción declarada inadmisible.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pienso que sería bueno revisar la declaración de inadmisibilidad de una segunda moción. Porque, en definitiva, el acotado campo que la monarquía presidencial le deja al Senado -la mayoría de las veces nos pone de rodillas y nos exige acceder con escaso margen de debate- nos obliga reiteradamente a estarle pidiendo al "señor rey" o a la "reina" de turno del Gobierno que nos autoricen.
El señor MOREIRA.-
¿Se está refiriendo a la Presidenta de la República...?
El señor NAVARRO.-
Se ha declarado inadmisible una moción que busca establecer regulaciones en torno a la normativa que rige al EUNACOM (Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina), el cual se encuentra ampliamente cuestionado.
Hemos promovido un proyecto de acuerdo junto con el Senador García-Huidobro y colegas de todas las bancadas a fin de evitar lo que es de conocimiento público: que el 31 de diciembre de este año cesa la autorización provisoria vigente y miles de médicos extranjeros quedarán inhabilitados para prestar servicios de especialidad en muchos hospitales regionales a lo largo de todo Chile.
Si ello llegara a suceder, estaríamos en una crisis sanitaria.
Por tanto, aquí tenemos un tema de fondo, que es cambiar el EUNACOM como propone la moción, y, también, una medida de emergencia, que es prorrogar la autorización del ejercicio de médicos especialistas, como lo propone el proyecto de acuerdo que ingresaremos en unos minutos más. A través de este último se busca, efectivamente, darles tranquilidad a todos los directores de servicios de salud y, en especial, a los más de 13 a 14 millones de chilenos que se atienden por FONASA en los hospitales públicos, en el sentido de que los médicos especialistas que tanto ha costado que trabajen en el sector público puedan permanecer en Chile y no sean obligados a retornar a sus países de origen.
En el caso particular de la moción declarada inadmisible, pido que se oficie a la Presidenta de la República solicitándole su patrocinio. Yo sé que ella tiene amplio conocimiento sobre este tema, al igual que la Ministra de Salud. Y si esta materia es de iniciativa del Ejecutivo, que este nos dé una respuesta concreta.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Senador, esa moción fue declarada inadmisible porque propone suprimir funciones o atribuciones de funcionarios públicos, ya que los artículos que derogaría otorgan una serie de facultades al Ministerio de Salud. Además, el artículo 2° considera el citado examen como requisito para acceder a becas y programas financiados por el Estado.
Como usted lo ha solicitado, se oficiará a Su Excelencia la Presidenta de la República en los términos planteados.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Disponer que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronuncie en general, en el plazo de treinta días, contado desde la entrega del informe por parte de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, respecto del proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas, que refunde nueve mociones (boletines Nos 6.124-09, 6.141-09, 6.254-09, 6.697-09, 7.108-07, 8.355-07, 9.321-12, 10.496-07 y 10.497-07, refundidos).
2.-
Considerar en el segundo lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a los señores Arturo Enrique Navarro Ceardi y Sebastián Gray Avins (boletín N° S 1.852-05).
3.-
Colocar en tercer y cuarto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal regido por la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (boletín N° 10.489-11).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica (boletín N° 10.491-11).
4.-
Tratar en el quinto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Guillier y Lagos, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera en los casos que señala (boletín N° 9.656-15).
5.-
Considerar en primer y segundo lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 11 del presente, los siguientes asuntos:
-Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de once meses, la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití (boletín Nº S 1.867-05).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín Nº 7.550-06).
La señora ALLENDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, ¿sería tan amable el señor Secretario de repetir el acuerdo de los Comités relativo a la iniciativa -fusiona distintas mociones- sobre dominio y uso de las aguas, porque no alcancé a escucharlo?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señora Senadora, el acuerdo es el siguiente.
Se había determinado que ese proyecto fuera informado, antes de pasar a la Sala para su discusión general, también por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía ha despachado esas nueve mociones, que son reformas constitucionales, y entiendo que el informe pertinente se está redactando. De consiguiente, los Comités acordaron que la Comisión de Constitución emita su informe en el plazo de treinta días, contado desde que se le entregue el proyecto por parte de la Comisión Especial, lo cual seguramente sucederá hoy día o mañana.
La señora ALLENDE.-
¿Por qué lo pregunto, señor Presidente?
Porque yo había entendido -no sé si estábamos mal informados- que, incluso, un acuerdo de Comités anterior determinó que el proyecto pasara a la Sala para ser conocido, y que después fuese enviado a la Comisión de Constitución.
A mí me gustaría que se aclarara eso, porque ello significa que solo va a pasar el informe y nada más y la Sala no verá propiamente el informe de la Comisión Especial de Recursos Hídricos.
Eso es lo que quiero saber.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El acuerdo de los Comités fue mantener lo que ya habían resuelto.
Debo recordar que en la Sala efectivamente se pidió cambiar el trámite, o sea, que hubiera una especie de informe previo. Eso se debatió y se decidió que los Comités resolvieran cuándo lo vería la Sala. Y aquellos determinaron mantener el acuerdo de que esta lo discuta en general una vez que la Comisión de Constitución emita su informe.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ese es el acuerdo, señora Senadora.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no sé si se hizo la consulta para que la Sala tomara una decisión o solo se estaba recabando la información.
ACCESO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A INFORMACIÓN PÚBLICA RELEVANTE TRANSMITIDA POR TELEVISIÓN
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a información de la ONEMI, proporcionada a través de concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción y permisionarias de servicios limitados de televisión, con segundos informes de las Comisiones de Salud y de Transportes y Telecomunicaciones, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.353-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Salud (segundo): sesión 9ª, en 12 de abril de 2016.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 9ª, en 12 de abril de 2016.
Discusión:
Sesiones 30ª, en 30 de junio de 2015 (se aprueba en general); 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión en particular); 12ª, en 3 de mayo de 2016 (queda aplazada la votación en particular).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Debo hacer presente que en una sesión anterior se solicitó aplazamiento de la votación.
Cabe recordar que el proyecto fue considerado en particular por la Comisión de Salud y luego por la de Transportes y Telecomunicaciones.
La Comisión de Salud propone aprobar en particular, en los mismos términos, el texto despachado en general por el Senado. Por su parte, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones no realizó enmiendas al texto despachado por la de Salud, aprobándolo en idénticos términos.
Del mismo modo, cabe hacer presente que en su primer informe la Comisión de Salud juzgó adecuado denominar la iniciativa con un nombre más acorde a su contenido, razón por la cual sugirió referirse a ella como "Proyecto de ley que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información que indica, proporcionada a través de concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción y permisionarias de servicios limitados de televisión".
Este tema se dejó pendiente al aprobarse en general el proyecto, postergándose su resolución hasta la discusión en particular.
Ahora bien, cabe consignar que el inciso segundo del artículo 25, contenido en el proyecto de ley, reviste carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación en particular.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general por el Senado, al que no se le introdujeron enmiendas ni por la Comisión de Salud ni por la de Transportes y Telecomunicaciones.
En resumen, señoras y señores Senadores, corresponde votarlo en particular con una norma que tiene quorum especial, y si les parece a Sus Señorías, también quedaría aprobado con la misma votación el nombre propuesto por la Comisión de Salud en su primer informe.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En una sesión anterior se pidió aplazamiento de la votación, por lo que ahora corresponde que nos pronunciemos.
En votación particular.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el proyecto es autoexplicativo. Se entiende claramente que al tratarse de una concesión estatal que se entrega para su uso y goce a un privado, temas como este no debieran representar ningún problema por parte de los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y de servicios limitados de televisión. Estamos hablando de televisión abierta y por cable.
En días anteriores hemos sabido de campañas de utilidad pública que han sido severamente resistidas por los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción.
En lo personal, no me gustó la forma en que quedó la ley sobre televisión digital, que dejó establecida una campaña muy acotada, luego de la cual habría que pagar a los concesionarios para que adviertan la ocurrencia de un tsunami o para que informen de la fiebre tifoidea o del mosquito que transmite el virus del Zika. Reitero: ¡Hay que pagarles!, en circunstancias de que esas campañas deberían estar exentas de cobro.
La ley en cuestión se aprobó con una amplia protección hacia los canales de televisión. Y todos sabemos quiénes son sus propietarios: los grandes empresarios; el uno por ciento más rico, que ha concentrado toda la riqueza de nuestro país. Esos son los dueños de las estaciones televisivas.
El señor MOREIRA.-
¡Y todas las noticias son de Izquierda...!
El señor NAVARRO.-
El inciso segundo señala -y le pido que lo expliquen quienes han estado a cargo del proyecto- que estas serán campañas de servicio público financiadas con fondos públicos. Entonces, ¿nos van a cobrar por este tipo de campañas cuando se acaben los minutos que estableció la ley, cuando se trate de campañas audiovisuales que incorporen la lengua de señas? Según entiendo, esto será de cargo del Gobierno, es decir, a estos servicios de radiodifusión se les va a entregar listo el material.
Los canales hoy día están obligados a transmitir campañas de servicio público por un período acotado -no recuerdo si son 28 horas-, por un lapso reducidísimo al año. Entonces, ¿cuál es la innovación de este proyecto de ley si ya existe la obligación legal de los concesionarios en orden a transmitir campañas de servicio público acotadas en un tiempo específico y claramente determinadas?
Lo que se incorpora es que "los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidos o emitidos con subtitulado y lengua de señas". ¿Esto quiere decir que se les está pidiendo a los canales que incorporen en sus noticieros esa modalidad a su cargo, o habrá que pagarles por ese servicio?
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto de ley en el entendido de que, tratándose de bloques noticiosos, lo que se está pidiendo a las estaciones televisivas es que brinden un servicio adicional cuando se presenten condiciones extraordinarias: situaciones de emergencia o de calamidad pública. Y apruebo la iniciativa entendiendo, por otro lado, que no será el Estado el que tendrá que ocuparse del lenguaje de señas, sino que lo asumirán los canales, de acuerdo con lo que estén informando y transmitiendo.
En consecuencia, estamos imponiendo una obligación a los canales de televisión abierta y de cable para que en situaciones de calamidad o emergencia las noticias que difundan, en los bloques noticiosos respectivos, incorporen la lengua de señas para la población con limitación auditiva. Y esto sería de su cargo, de su obligación.
Las preguntas son: ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Será una obligación permanente? ¿Cuántas horas al día? ¿Se aplicará al noticiario de la mañana, al del mediodía, al de la noche? ¿Estarán obligados a hacerlo mientras dure el episodio de catástrofe o queda a criterio del canal determinar cuándo corresponde, por qué período y en qué noticiario se incorpora la lengua de señas?
Señor Presidente, no he tenido la posibilidad de leer completamente el informe.
Hay que hacer presente que esta iniciativa surge de una moción, cuestión que resulta muy importante. Entre sus autores se encuentra, por ejemplo, el ex Diputado Iván Moreira.
Me gustaría saber dónde se establecen la obligatoriedad de tiempo y la forma de incorporar la lengua de señas por parte de los canales: ¿La pondrán en el extremo superior derecho de la pantalla? ¿En qué noticiario la harán: en el de la mañana, en el de la tarde o en el de la noche? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se verá con todas las noticias o solo en aquellas que tengan que ver con la calamidad sufrida?
Eso hay que detallarlo bien, porque la tendencia de los canales es a ahorrar recursos y a transmitir al menor costo.
Voto a favor, señor Presidente. Pero me gustaría que se aclarara cuál es la exigencia exacta para canales que tienen la concesión del espectro radioeléctrico de televisión.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, creo que esta materia es inmensamente relevante.
Hoy día, cuando nos vemos afectados por situaciones de catástrofe, muchas veces son los medios de comunicación los que nos mantienen informados. Por tanto, la información que entrega la Oficina Nacional de Emergencia es tremendamente importante para la población.
Sin embargo, hoy día solo pueden acceder a ella quienes están en condiciones de escucharla. Las personas que presentan algún grado de discapacidad auditiva no pueden acceder a la información que se entrega a propósito de una catástrofe. Y esto resulta sumamente complejo. Basta imaginarse a una familia en que los padres tienen una discapacidad auditiva y se ve enfrentada a un sismo cerca de la costa. Ellos no sabrán qué tan fuerte fue ese temblor o terremoto y si hay que evacuar o no. Hoy día prendemos la radio o el televisor para informarnos de si la ONEMI está dando la señal de evacuación.
Uno debe pensar, asimismo, que las personas con discapacidad auditiva tampoco van a oír el sonido de las sirenas.
En tal sentido, considero tremendamente significativo este proyecto de ley, que obliga a que exista información emitida con subtitulado y lenguaje de señas.
Señor Presidente, en la actualidad la población con discapacidad auditiva se encuentra en situación claramente desmejorada ante el acceso a información oficial del Estado. Y ello reviste especial importancia frente a catástrofes de la naturaleza, como la que describí en mi intervención.
Esta iniciativa busca aplicar mecanismos de comunicación que en tales casos les posibiliten a las personas con aquella discapacidad acceder a la información pública que se difunda.
En esa línea, la aprobación de este proyecto de ley permitirá imponer como obligación que "Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral, los debates presidenciales, las cadenas nacionales, los informativos" -aquí está el cambio más relevante- "de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública" -por todos conocida como ONEMI- "y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidos o emitidos con subtitulado y lengua de señas...".
¿Cómo vamos a hacer que esta normativa funcione?
Creo que esa es una pregunta tremendamente válida, señor Presidente, considerando que ha costado que los medios de comunicación cumplan la obligación actual de que los noticieros cuenten con lenguaje de señas y subtitulado.
Por eso adquiere tanta significación la forma como los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno dicten el reglamento pertinente.
Es asimismo tremendamente relevante que, sobre todo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría General de Gobierno se preocupen de fiscalizar el cumplimiento de la norma que obliga a que los canales de televisión incluyan el lenguaje de señas, especialmente -lo reitero- en situaciones de catástrofe.
Acá podemos estar legislando sobre la base de una buena idea, pero depende de los ministerios respectivos que la ley se acate.
Para quienes sufren de discapacidad auditiva es muy significativo que la legislación en proyecto se cumpla. Nosotros debemos darle al medio millón de personas que padecen de esa afección acceso a información que es sobremanera relevante para salvar vidas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto para redondear su exposición.
La señora VON BAER.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, basta imaginar la angustia de una persona con discapacidad auditiva cuando se registra un temblor y no puede acceder a la información emitida por los canales de televisión y otros medios.
Por consiguiente, estamos dando un paso muy relevante, en la dirección correcta. Empero, los ministerios involucrados deberán fiscalizar el cumplimiento de la normativa en proyecto. De otra manera, ella será letra muerta.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, se está dando un gran paso en pro de un sector significativo de nuestra sociedad: el afectado por discapacidad auditiva.
En el pasado algunos parlamentarios presentamos una proposición de ley similar a la que estamos votando esta tarde.
Independiente de que se hayan refundido iniciativas, valoro que nos estemos pronunciando sobre este proyecto.
No quiero extenderme mucho en mi intervención, pues prácticamente se ha dicho todo (quienes me antecedieron en el uso de la palabra describieron el artículo único, en fin).
Solo quiero quedarme con una frase de la Senadora Von Baer: este es un proyecto que permitirá salvar vidas. Ello, a través de información difundida mediante lenguaje de señas para que llegue a personas con discapacidad auditiva.
Señor Presidente, esta iniciativa nos prestigia como Parlamento, porque plantea cosas buenas. Buenas, porque alimentan el alma.
Uno de los incisos del artículo único dice: "Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral, los debates presidenciales, las cadenas nacionales, los informativos de la Oficina Nacional de Emergencia (...) deberán ser transmitidos o emitidos con subtitulado y lengua de señas...".
Esto demuestra que se está haciendo justicia. Con este proyecto llenamos un vacío grande que afecta a un sector significativo de nuestra sociedad. Entonces, valoro que vaya a ser ley de la república.
Voto que sí, por la gente con discapacidad auditiva.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, solo quiero agregar un punto que, para mi gusto, queda pendiente.
Aquí se habla de los distintos medios de comunicación. Este proyecto se halla orientado a personas con capacidades distintas. Y yo creo que hoy día todo va hacia el uso de los celulares.
Por lo tanto, solo deseo dejar planteado el punto.
Hablaba recién con el Senador Prokurica, y a ambos nos parece importante -no queremos presentar otra iniciativa en la misma línea- agregar como idea -para que quede consignada- que no se circunscriba a los medios de comunicación, sea televisión o radio, la emisión de información para personas con discapacidad auditiva o visual, sino que ella se extienda a la telefonía móvil, que es lo primero a que recurre la gente ante un terremoto u otra situación de catástrofe.
Sin duda, la televisión y la radio tienen gran relevancia. Pero, ante tales emergencias, la mayor significación la reviste -y estábamos viendo las estadísticas- el uso de celulares e internet.
Por lo tanto, sería del todo conveniente ampliar la norma pertinente para considerar también los medios que acabo de señalar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No hay más inscritos, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (26 votos a favor), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
DESIGNACIÓN DE SEÑORES ARTURO NAVARRO CEARDI Y SEBASTIÁN GRAY AVINS EN DIRECTORIO DE CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Corresponde iniciar la segunda discusión del oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por el término de cuatro años, a los señores Arturo Enrique Navarro Ceardi y Sebastián Gray Avins, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.852-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 92ª, en 13 de enero de 2016.
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 103ª, en 8 de marzo de 2016.
Discusión:
Sesión 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que la Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Allamand, García-Huidobro, Quintana, Rossi e Ignacio Walker), de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por nuestro ordenamiento para la designación de los integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y propone a la Sala dar su acuerdo para el nombramiento de los señores Navarro y Gray.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación...
La señora VON BAER.-
¡No, señor Presidente! ¡Estoy pidiendo la palabra!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Desea intervenir antes de la votación, señora Senadora?
La señora VON BAER.-
Así es.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora VON BAER.-
Pido aplazamiento de la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, me gustaría que la Mesa resolviera primero sobre la petición de la Senadora Von Baer.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Este asunto estaba en segunda discusión. De manera que, habiéndose cerrado el debate, la señora Senadora tiene todo el derecho a pedir aplazamiento de la votación.
En consecuencia, no se votará hoy día.
--Queda aplazada la votación de la solicitud formulada por la Presidenta de la República.
INCENTIVO A RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación por retiro voluntario al personal de la Atención Primaria de Salud Municipal, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.489-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 11ª, en 19 de abril de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda y salud (unidas): sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar las condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios que están en edad de pensionarse, potenciando asimismo el desarrollo de la carrera de los demás funcionarios.
Cabe hacer presente que, con fecha 3 de mayo de 2016, la Sala del Senado acordó que el proyecto de ley fuera considerado en Comisiones unidas de Hacienda y de Salud.
Tales órganos consignan en su informe que esta iniciativa de ley fue debatida en conjunto con la que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica (boletín N° 10.491-11).
Las Comisiones unidas discutieron este proyecto solamente en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, Coloma (como miembro de ambas Comisiones), García, Montes (como miembro de las dos Comisiones), Tuma (como miembro de ambas Comisiones), Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, entiendo que primero vamos a debatir y votar el proyecto que beneficia al personal de la atención primaria y luego el de incentivo al retiro de los funcionarios de la atención de salud centralizada.
Los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la primera iniciativa. Primero, porque nos parece de absoluta justicia que exista un incentivo al retiro para que los funcionarios, luego de muchos años de dedicación y entrega a la atención primaria de salud, puedan jubilar en mejores condiciones, con la cantidad de dinero emanada de los cálculos que se establecen en el articulado. La idea es que eso constituya, por un lado, una reparación del daño previsional que han sufrido por el extenso período en que sus remuneraciones fueron imponibles solo en parte, y por otro, represente una justa retribución a tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y, sobre todo, de dedicación a los pacientes y a la población en general.
Señor Presidente, nos alegra el hecho de que en el caso concreto de las damas este proyecto establezca que van a poder elegir el momento de retirarse, entre los 60 y los 65 años. Eso nos parece muy significativo, porque no se las obliga a jubilar al momento de cumplir 60 años, sino que se les permite programar su retiro hasta los 65, sin sufrir por ello ningún desmedro, ninguna merma en los beneficios que contempla la ley en proyecto.
También debo señalar que esta iniciativa forma parte de un acuerdo entre el sector salud, la Ministra del ramo y los gremios, por supuesto con la participación del Ministro de Hacienda.
Es muy significativo que se alcancen acuerdos como ese y que el Congreso Nacional los ratifique y apruebe.
En la Comisión de Hacienda, junto con el Senador Coloma hicimos bastante hincapié en nuestra preocupación por la forma de financiamiento de una parte de este proyecto. Concretamente, me refiero a la bonificación al retiro, que será de cargo municipal.
¿Cómo pagan las municipalidades? Solicitando un anticipo del per cápita. Pero ya las tenemos pagando otros anticipos de él, precisamente para cumplir con leyes de incentivo al retiro de años anteriores.
De acuerdo a un informe que nos preparó la Dirección de Presupuestos, actualmente 209 municipios se encuentran sirviendo deudas por la aplicación de la ley N° 20.589, y 110, deudas derivadas de la ley N° 20.157.
El endeudamiento asciende en este momento a 410 millones de pesos, aproximadamente, lo que corresponde a 0,6 por ciento del aporte mensual del artículo 49 de la ley N° 19.378.
Sin embargo, cuatro municipios están topados. Eso implica que van a enfrentar serios problemas de financiamiento en el ámbito de la atención primaria de salud, tan sensible e importante para nuestra población.
Yo espero que el Ministerio de Salud tenga presente la situación de los municipios más afligidos y que se otorguen las facilidades correspondientes para que ella no signifique que este beneficio que les estamos entregando a los trabajadores finalmente vaya a tener repercusión en la atención de salud que requiere la ciudadanía.
Señor Presidente, insisto en que, a pesar de las dudas e inquietudes que mantenemos respecto del financiamiento, votaremos a favor, porque la ley de incentivo al retiro para los funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal hará justicia en parte a gente de dilatada trayectoria de servicio público.
He dicho.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se está solicitando abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, tal como señaló el Senador García, en la Comisión de Hacienda se discutió en torno a la forma de financiar la iniciativa vinculada con la atención primaria de salud municipal.
En realidad, yo quisiera referirme también al proyecto que sigue, sin perjuicio de que, por supuesto, votaremos primero el que nos ocupa en este momento.
Esta iniciativa se desarrolló a partir de una negociación con diversas organizaciones gremiales de la salud que forman parte de la Central Unitaria de Trabajadores. En efecto, el 22 de julio de 2015 celebraron un acuerdo con el Ejecutivo en torno a una serie de materias, las que el Parlamento ya empezó a conocer. Y entre ellas está precisamente el incentivo al retiro.
Ya casi conocemos de memoria el formato de los proyectos tendientes a paliar en parte el denominado "daño previsional", que derivó del cambio, en 1981, del sistema de previsión antiguo por el de ahorro individual que nos rige hoy día.
Como sabemos, ese fenómeno ha llevado a que a una gran mayoría de los servidores del sector público les resulte muy difícil dejar sus puestos de trabajo debido a que sus ingresos se reducen en forma sustancial al momento de jubilar. Y una manera de compensarlo es precisamente a través del bono de retiro.
En el caso de la atención primaria, como también en el del sistema de salud centralizada, se da una serie de beneficios.
Cabe consignar una bonificación por retiro voluntario, equivalente a once meses, como máximo, siempre que la persona tenga más de sesenta años, si es mujer, o sesenta y cinco, si es hombre.
De acuerdo con la iniciativa, ello dice relación, tratándose del segundo sector señalado, con más o menos veintidós mil funcionarios, y de unos siete mil en el otro.
Una connotación que proyectos anteriores no presentaban es que el mecanismo expuesto durará diez años. O sea, durante este período, quienes vayan cumpliendo las edades mencionadas podrán acceder a la bonificación. Y esta es una novedad, porque el efecto de las otras leyes se calculaba para una sola vez.
Se determinarán cupos de los que irán accediendo al beneficio de acuerdo con lo que determine el cuerpo legal.
Además, a las personas que cumplan una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales y registren una antigüedad de diez años de servicio se les concederá una bonificación adicional de 560 unidades de fomento.
En el artículo 11 se contempla una bonificación de permanencia para quienes sirvan un cargo en las plantas de profesionales, directivos y fiscalizadores, ascendente a cinco unidades de fomento, con un máximo de cien, por cada año de servicio que exceda los veinte, contados a la fecha en que se haga efectiva la renuncia voluntaria.
A lo anterior se agrega un bono por antigüedad, equivalente a diez unidades de fomento, con un máximo de cien, cuando sea personal con una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional si esta fuera inferior.
Se establecen, asimismo, un bono por trabajos pesados y la posibilidad de acceder al llamado "bono poslaboral", adicional a la previsión.
De acuerdo con los antecedentes entregados en el informe financiero, el costo, en el caso de la salud centralizada, será del orden de 108 mil millones de pesos en el año 2016 y de 58 mil millones en 2017, para terminar en 49 mil millones en 2024.
Respecto de la salud primaria, con bonificaciones similares o equivalentes a las señaladas con anterioridad, el informe financiero determina que el costo total asciende a 22 mil millones de pesos en 2016 y a 20 mil millones en 2024.
En este último caso, los Senadores señores Coloma y García, así como los que también concurrimos a las Comisiones unidas, pedimos que el Ministerio de Hacienda dijera cómo se iba a financiar el gasto que les significaría a las municipalidades el otorgamiento de estos beneficios.
Es preciso distinguir la bonificación por retiro voluntario de los bonos. La primera será de costo municipal, y estos últimos -el incremento por meses, el adicional y el complementario-, de cargo fiscal, lo que representa más de 112 mil millones de pesos en todo el período.
Se nos hizo presente algo razonable -ello podría estudiarse y se requeriría considerar municipalidad por municipalidad-, en orden a que una persona normalmente se acoge a retiro en el límite de su escala de remuneración, mientras que el nuevo contratado entra a los últimos grados, con un menor beneficio. Por lo tanto, el costo de reemplazo es muy inferior al de mantener al funcionario sin incorporarlo a la ley de retiro. Eso implica un resultado financiero que es preciso ver en cada municipio para el efecto de determinar el costo de una nueva contratación, en relación con el de una persona que se retira. En ese diferencial se podría lograr, en definitiva, un cierto equilibrio en la plantilla total de trabajadores, sin un cargo adicional.
Tiene razón mi Honorable colega García en el sentido de que si acaso se plantea una dificultad en algunos casos específicos, se requiere ver cómo solucionarla.
Mas también cabe tener en cuenta que una manera de ayudar más que nada a la cuestión de caja, para los efectos de responder al retiro, es que se dará un anticipo con cargo al per cápita al objeto de poder facilitar la aplicación de la ley.
Como hay todo un cálculo financiero de por medio, no me atrevería a hacer la afirmación global de que todos los municipios entrarán a un problema de financiamiento o de que todos los municipios obtendrán un beneficio adicional por la diferencia entre contratar cuando una persona se acoja al retiro voluntario y lo que signifique el costo del funcionario con mayor antigüedad.
En consecuencia, estimo necesario estar atentos, pero también tener presente la conveniencia, al estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos, de insistir en que se siga incrementando el per cápita de salud que se les entrega a las municipalidades, no por el solo proyecto que nos ocupa, sino también por las prestaciones en la materia en el sector primario.
Por todas estas razones, pero también por abrigar la absoluta convicción de que realmente se paliará en parte el daño previsional sufrido por estos funcionarios, las Comisiones unidas aprobaron por unanimidad el proyecto y le recomienda su aprobación a la Sala.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a una iniciativa que efectivamente responde a un clamor de los gremios de la salud, pero también a una dificultad que se da en el proceso.
Habitualmente surgía una expectativa en los trabajadores del sector en el sentido de que leyes de incentivo al retiro pudieran mejorar sus grados para los efectos de pensionarse en mejores condiciones. ¿Y qué ocurrió? Ello se vio frustrado por un dictamen de la Contraloría en el año 2015, en cuanto a que había un abuso de poder en esta práctica de los servicios de Salud.
Lo anterior ha generado la movilización de los gremios, en particular del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, pero, además, con la posibilidad de que se adhieran otros en todo el país.
¿Qué queremos plantear? Que la fórmula del incentivo al retiro, que no es más ni menos que resolver el daño previsional de los funcionarios dándoles la posibilidad de pensionarse de mejor manera, involucra también un desafío para que finalmente podamos contar con una nueva política de recursos humanos.
Lo hemos conversado con la Ministra de Salud.
Hemos estado acompañados, por primera vez, de todos los gremios del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, que han estado trabajando unidos a fin de lograr mejores condiciones para los efectos de poder generar un incentivo al retiro que asimismo ofrezca dignidad en las pensiones.
¿Y cuál es el problema? ¡El peor empleador en Chile es el Estado!
Eso es cierto, no solo porque no cumple con el 80/20 -ochenta por ciento de trabajadores de planta y veinte por ciento de trabajadores a contrata-, sino porque, adicionalmente, el sistema de fondos de pensiones no está dando el ancho para poder responder efectivamente a las expectativas generadas en muchos trabajadores públicos que se vieron forzados a cambiar de régimen previsional.
--(Aplausos en tribunas).
Frente a esa circunstancia, medidas de parche, como el incentivo al retiro, han constituido un instrumento para ir mejorando las condiciones.
A pesar de que he sido uno de los mayores críticos de la gestión de la Subsecretaría de Salud Pública por la inversión en infraestructura hospitalaria; por el aumento de las listas de espera en patologías GES y no GES; por ser condescendiente con la venta de servicios a terceros, que en esta Administración ha aumentado en 27 por ciento; por contentarse con 494 días de espera para una intervención quirúrgica de una patología no GES o con 430 para una interconsulta médica, quiero felicitarla por un compromiso que espero que se cumpla: llegó a un acuerdo con todos los gremios de la salud para los efectos de traspasar a la planta a los trabajadores a contrata y a honorarios.
Ojalá que lo anterior se materialice, porque la fe pública está de por medio. Si bien esa materia no se hallaba incorporada en el proyecto sobre incentivo al retiro, se convino al respecto para que la medida estuviera a mano de los miembros de la Comisión de Hacienda, así como también de los integrantes de la Comisión de Salud.
Insisto en que la situación ha generado expectativas, lo que se da en los hospitales de Casablanca, Van Buren, Claudio Vicuña, Doctor Eduardo Pereira y cada uno de los que forman la red.
Ahora, hay dificultades. ¡Cómo no las va a plantear el hecho de que un piso completo del hospital Doctor Eduardo Pereira no se esté utilizando y se registre capacidad ociosa, o de que no se ocupen cuarenta camas críticas del hospital Van Buren financiadas por el Gobierno regional, o de que exista demora en el inicio del hospital Claudio Vicuña, de San Antonio!
¡Por supuesto que hay dificultades!
¡Para qué hablar de las camas críticas del hospital...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su intervención.
El señor CHAHUÁN.-
Lo que se requiere, ciertamente, es apoyar el incentivo al retiro.
Voy a pedir un nuevo pronunciamiento de la Contraloría frente a la legítima esperanza de los trabajadores de la salud, porque hace falta una nueva política de recursos humanos.
Lo deseable es que las pensiones se dignifiquen para un sector que concentra los más altos índices de licencias médicas por el sobrestrés a que está sometido.
A mi juicio, la unidad de los gremios, en particular en los casos de los servicios de Salud Valparaíso-San Antonio y Viña del Mar-Quillota, que son los más fuertes de nuestra Región en organización, finalmente puede iluminar un cambio de criterio de la Contraloría, de modo que una expectativa tan legítima se plasme en una política.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en acuerdos suscritos entre el Gobierno y las agrupaciones de funcionarios.
En tal sentido, no puedo sino aprobarlo. El personal de la salud municipalizada es, en la práctica, la primera línea del Estado para recibir las crecientes demandas de los usuarios y el que muchas veces debe acompañar a los pacientes durante el largo período de espera para una atención especializada en los hospitales.
Lo integran quienes también fueron víctimas del engaño, como muy bien se ha dicho acá, que ha significado el nuevo sistema previsional, al que se vieron obligados a adherir millones de trabajadores a quienes este no puede asegurar pensiones dignas y al que ahora se intenta, a través de sucesivas leyes, parchar o mitigar mediante bonos como los que nos ocupan.
Por estas razones, la iniciativa en debate es de total justicia, y anuncio mi voto a favor.
Sin embargo, me valgo de la oportunidad para plantear también algunas dudas, la primera de las cuales se refiere al financiamiento de la bonificación.
El texto dispone que el bono correspondiente a un mes de remuneración por cada año de servicio será de cargo exclusivo de los municipios o de las corporaciones municipales, a los que habilita para endeudarse por medio del mecanismo de los anticipos del per cápita.
Todos sabemos que eso es absolutamente insuficiente. Hace dos años, un estudio de la Universidad de Chile estableció que la asignación debiera al menos alcanzar a seis mil pesos, y hoy todavía se halla en cuatro mil ochocientos.
En consecuencia, el beneficio se pagará, mayoritariamente, con cargo a fondos destinados a la salud de los más pobres. Son pocos los municipios que pueden sostener un aporte sin tocar el per cápita, por lo que el financiamiento será con cargo a más deuda. Y la deuda municipal no la paga el Fisco, a diferencia de la propia de los hospitales.
Si se responde que se ahorrará sobre la base del personal que no será remplazado, ello en verdad es cada vez menos aplicable en el sector Salud, que permanentemente aumenta la cantidad y complejidad de sus prestaciones y, por lo tanto, necesita una mayor dotación.
Si a lo anterior se suma el que aún no hay un proyecto que modifique el sistema de financiamiento municipal, creo que estamos poniendo en una situación difícil a los gobiernos locales. Cabe recordar que la reciente iniciativa que autoriza para reformular las plantas de personal asimismo les generará presión a los presupuestos, pues no cubre los nuevos cargos que deban crearse.
Me parece más justo el esquema utilizado últimamente para financiar el bono de retiro de los profesores, que consideró en ello una mayor participación del Fisco.
En otro orden de cosas, me parece que es preciso repensar la idea de beneficios decrecientes en función de la edad en que los funcionarios se acogen a ellos.
Con el envejecimiento progresivo de la población y las menguadas pensiones ofrecidas por el sistema imperante, el bono, más que constituir un incentivo al retiro, debe transformarse en una compensación. En consecuencia, es posible considerar la postergación de su otorgamiento, como ha ocurrido en sectores donde se ha perseguido justamente el objetivo inverso al del articulado en examen, en el sentido de posponer el momento de alejarse de una actividad.
Por otro lado, también es necesario destacar aspectos novedosos, como el de que el beneficio estará vigente durante un período más largo, de diez años, con lo cual los funcionarios podrán programar adecuadamente el retiro.
En definitiva, el articulado tiende precisamente a beneficiar a los funcionarios de la salud primaria, lo que debemos apoyar, pero subsiste la actitud del Gobierno central de soslayar los problemas de financiamiento que enfrenta la salud municipalizada,...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Su Señoría cuenta con un minuto para concluir.
El señor QUINTEROS.-
... que absorbe la mayor cantidad de prestaciones demandadas por la población más vulnerable y se encuentra en una clara situación deficitaria.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Honorable señora Muñoz asuma como Presidenta accidental.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, todos sabemos que las ideas centrales de la iniciativa dicen relación con que el 1° de junio de 2015 el Gobierno suscribió un acuerdo con la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM), en virtud del cual se determinó un plan de incentivo al retiro a largo plazo que comenzará a regir desde el término de la vigencia del plan anterior establecido en la ley N° 20.589.
Ya se han dado a conocer las características de este proyecto, sus beneficiarios y los bonos adicionales, así que yo solo voy a hacer un comentario.
Aquí, nosotros hemos escuchado a distinguidos Senadores que han hecho uso de la palabra. Tal como en otras oportunidades en que se han tratado situaciones similares del sector salud y de diversas áreas públicas, siempre se pronuncian encendidos discursos y prácticamente se dice lo mismo, cambiando solo la repartición a la cual le corresponde el beneficio.
Indudablemente, nadie se va a restar de la posibilidad de intentar mitigar, mediante este proyecto de ley, lo que significa ser parte de la Administración del Estado y, sobre todo, los archiconocidos problemas que los dirigentes de la salud le señalan al país a través de la prensa y sus movilizaciones.
Obviamente, nosotros vamos a aprobar esta iniciativa, pero antes, como digo, quisiera hacer un comentario.
Este proyecto de ley es parte de una agenda que el Ejecutivo tiene con los gremios. Actualmente se encuentran en tramitación cuatro iniciativas diferentes -¡cuatro!-, de distinto tipo, planteando diversas formas de incentivo al retiro, más otras normativas relacionadas con remuneraciones.
Una de ellas otorga beneficios al incentivo por retiro voluntario al personal de la Atención Primaria de la Salud Municipal de la ley N° 19.378 que indica. Hasta hace poco se encontraba en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con un costo de 202 mil 725 millones de pesos.
Luego tenemos la que modifica las leyes números 15.076 y 19.664. Se halla en primer trámite constitucional, con un costo, para el año 2016, de 26 mil 876 millones de pesos, y a partir del 2017, de 37 mil 716 millones de pesos.
Y hay otra que otorga beneficios al incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica. Esta también se encontraba hasta hace poco en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con un costo de 530 mil 142 millones de pesos.
En tal sentido, se me presentan las siguientes dudas antes de votar a favor del proyecto en discusión. Y me hubiese gustado que estuviera presente en el Hemiciclo algún representante del Ministerio de Salud, ya sea la Ministra o algún Subsecretario.
El señor MONTES.-
¡Está la Ministra!
El señor MOREIRA.-
¿Y por qué no entra?
Mis dudas son las siguientes:
-¿Cuál es el fundamento para diseñar una política de incentivo al retiro en base a un acuerdo político y no a una visión completa sobre el sector salud?
-¿Vendrán más proyectos de incentivo al retiro, o estos son los últimos?
-¿Por qué no hay una política global de incentivo al retiro en el sector público?
Nosotros, señora Presidenta, necesitamos que estas dudas, legítimas, sean aclaradas por el Ejecutivo. Sin embargo, obviamente que, como sector, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad para saludar muy afectuosamente a todo el gremio de la salud primaria.
--(Aplausos en tribunas).
Se trata de una actividad del todo compleja y que, sin duda, es la primera contención que tienen los distintos municipios, nuestro propio Estado y nuestro país en materia de salud.
Estamos asistiendo a otro penoso espectáculo.
Excúseme, señora Presidenta, y también excúsenme los directivos que llegaron a este acuerdo. ¡Las AFP en Chile han sido la lacra que ha llevado a la peor de las condiciones a las personas que jubilan en nuestro país!
--(Aplausos en tribunas).
El Estado de Chile ha tenido un comportamiento miserable con los trabajadores y las trabajadoras de nuestra nación. ¡Y ni hablar del sector público!
Señora Presidenta, uno se ve obligado a tener que participar de estos acuerdos. Y lo hago con indignación, porque además este acuerdo tendrá vigencia para los próximos 10 años.
A personas que han trabajado 15, 20, 30 años en un servicio público se les paga hasta once meses.
¡Eso es de la mayor injusticia!
¡Año trabajado, año pagado!
¡Eso sería lo justo! ¡Eso sería lo humano! ¡Eso sería lo razonable, señora Presidenta!
--(Aplausos en tribunas).
Aquí, ¡no! Aquí, como gran cosa, como un obsequio para el trabajador, como un logro para el trabajador, le vamos a dar un incentivo al retiro.
Lo que ocurre, señora Presidenta, es que nos hemos acostumbrado a tener un comportamiento cínico con nuestros trabajadores.
La semana pasada planteé un proyecto en el que me acompañaron todas las Senadoras y los Senadores, para intentar cambiar el modelo actual.
¿Qué le decimos a la Presidenta? "Mire, para que no se dé más esta situación, tan injusta, con las futuras generaciones, anticipémonos: que el Estado se obligue a entregarle a cada persona en Chile -una niña, un niño-, al momento de nacer, 2 millones de pesos, cifra que, a los 65 años, más el aporte que haga el afiliado, haría que se obtuvieran pensiones promedio de 444 mil pesos".
¡Eso sería lo razonable! ¡Eso sería lo justo!
Aquí, ¡no! Aquí se está dando un bono de seis, ocho, once millones de pesos, que rápidamente se va a ir de las manos, y una pensión de hambre. Personas que ganaron un sueldo medianamente digno terminan empobreciéndose al momento de jubilar.
Entonces, señora Presidenta, cuando las organizaciones gremiales llegan a estos acuerdos, lo que hacen con esto, perdónenme, es obligarnos a tener que continuar y seguir con un sistema brutalmente inhumano.
Y les quiero decir a estas y otras organizaciones que, en la medida en que ellas logren estos malos acuerdos con los distintos gobiernos de Chile, ¡van a seguir abusando de nuestras mujeres y nuestros hombres trabajadores!
--(Aplausos en tribunas).
¡Ojalá que esto nunca más se repita!
Por eso es que yo no me alegro de este acuerdo. ¡Perdónenme! ¡Yo no me puedo alegrar de un acuerdo que sé que terminará empobreciendo a nuestros jubilados!
¡Pero estoy obligado!
¡Es lo que hay! ¡Es lo que tenemos! ¡Es lo que se logró!
¡Y el Estado sigue mirando para el lado! La norma 80/20 nunca se cumplió. El personal nunca ha sido traspasado a las plantas. Sigue habiendo abusos laborales.
Así que aquí, señora Presidenta, hay una situación que, si nosotros aprobamos este proyecto, seguiremos avalando. Y por eso que indigna tener que votar favorablemente iniciativas como esta. Como alguien dice arriba, "¡Es lo que hay!".
La tengo que aprobar, desgraciadamente, pero no la apruebo con alegría.
Ojalá no se repitan estos malos acuerdos, que no hay que celebrar.
Deberíamos apuntar, creo yo, a un cambio más profundo, en la lógica de evitar el permanente y eterno abuso de este Estado con su clase trabajadora.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Gracias, señor Senador.
El de la AFP es un gran tema para el debate de la reforma constitucional, que también deberíamos tratar en ese marco.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos favorables) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular, y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor BIANCHI.-
¡Que también se apruebe la otra iniciativa, con la misma votación!
El señor MONTES.-
Entiendo que se estaban viendo en conjunto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Senador señor García preguntó eso en su minuto y se aclaró que solo se estaba analizando la correspondiente a la atención primaria municipal, pero la Sala es soberana para decidir.
El señor MONTES.-
Demos por aprobados los dos.
El señor GARCÍA.-
Sí.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Entonces, si no hubiera objeción, se procedería en esos términos.
Acordado.
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DE SECTOR SALUD
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector salud que indica, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.491-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 11ª, en 19 de abril de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda y salud (unidas): sesión 14ª, en 10 de mayo de 2016.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
De conformidad con lo recién resuelto por la Sala, este proyecto se daría por aprobado en general y en particular con la misma votación alcanzada por la iniciativa anterior.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (26 votos), y queda despachado en este trámite.
CABOTAJE DE PASAJEROS POR NAVES DE BANDERA EXTRANJERA
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Guillier y Lagos, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros en cruceros de bandera extranjera en los casos que señala, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.656-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, Guillier y Lagos):
En primer trámite: sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2016.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es permitir el cabotaje de pasajeros para barcos de bandera extranjera con una capacidad de transporte igual o superior a 400 personas cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva.
Asimismo, se pretende permitir el cabotaje de pasajeros en naves extranjeras con una capacidad menor a 400 pasajeros en aquellos casos en que en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas, en conformidad al reglamento que al efecto se dicte.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que acordó proponer a la Sala discutir solo en general este proyecto, no obstante ser de artículo único.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Girardi, García-Huidobro, Letelier y Ossandón.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 53 del primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, el sentido de esta iniciativa se encuentra muy vinculado al turismo.
En nuestro país existe una norma que impide o limita las posibilidades que tienen los chilenos de subirse a ciertas embarcaciones que hacen turismo a lo largo de nuestra costa pero que viajan con bandera extranjera.
Técnicamente, se considera que hoy está prohibido que un chileno se traslade desde La Serena hasta Valparaíso en un buque de turismo de bandera peruana, porque hay una interpretación curiosa de la norma.
Por eso se plantea el tema del cabotaje de pasajeros en este proyecto, estableciéndose que "Se entenderá por cabotaje de pasajeros, el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros, cuyo origen y destino sean puntos del territorio nacional y entre éstos y artefactos navales instalados en el mar territorial o la zona económica exclusiva".
Se consagra una limitación respecto al tipo de naves que podrán realizar este cabotaje de pasajeros. Se dispone: "Las naves de pasajeros extranjeras podrán participar en el cabotaje, siempre y cuando su capacidad de transporte sea igual o superior a 400 pasajeros. Sólo se podrá efectuar cabotaje de pasajeros en naves extranjeras cuya capacidad de transporte sea inferior a 400, cuando en la correspondiente ruta específica no exista disponibilidad de naves chilenas, lo que será determinado y autorizado en la forma establecida en un reglamento dictado por la autoridad competente".
Esta normativa, señora Presidenta, algo tímida, diría yo, se dicta por cuanto en Chile existe una protección o un proteccionismo al cabotaje de pasajeros, limitación que, por desgracia, daña el desarrollo del turismo en nuestro país.
Es importante señalar que la iniciativa ha estado encabezada por varias personas, entre ellas la Subsecretaria de Turismo, quien entiende que es fundamental no solamente para dinamizar las ciudades puerto y generar una sana competencia entre los que hacen cabotaje de pasajeros, sino también para abrir una mayor oferta.
Digo que es una iniciativa tímida porque, como se notará, solo permite el cabotaje cuando las naves tengan una capacidad de transporte igual o superior a 400 pasajeros, y con menos de 400 cuando en la ruta no exista disponibilidad de cabotaje nacional.
En todo caso, representa un paso fundamental para el turismo y para las ciudades puerto de Chile, que queremos que sea un país que permita el desarrollo de un sector tan relevante para la economía.
Por ello, invito a todos mis colegas a votar a favor de la iniciativa, a fin de generar una nueva oferta de oportunidades para las chilenas y los chilenos y para la industria del turismo.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, escuché con mucha atención al Senador Juan Pablo Letelier, quien tiene toda la razón cuando expresa que esta es una materia de extraordinaria importancia para nuestro turismo.
Con el extenso mar que tenemos, sin duda que el transporte de pasajeros dentro de nuestros puertos debiera constituir una forma de turismo y de viajes muy requerida, muy solicitada. Y, si lo que falta para promover esta forma de hacer turismo es que tengamos una legislación como la propuesta, que permite a las naves extranjeras hacer este tipo de cabotaje, ¡bienvenido sea!
Yo soy de los que creen que nuestro país tiene un enorme potencial turístico, que posee bellezas naturales francamente irrepetibles en otros lugares del mundo; y debemos ser capaces de transformar todo eso en una realidad concreta, de manera de beneficiar tanto a nuestros compatriotas como a quienes vienen desde el extranjero a visitarnos y a recorrer y conocer Chile.
Por lo tanto, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto, con mucho entusiasmo. Eso sí, creo que tal vez sea mejor dejar pendiente su votación para la sesión de mañana, aunque el Senador Juan Pablo Letelier me dice que no necesariamente. Pero, cualquiera fuere el momento en que lo votemos, yo lo aprobaré con entusiasmo; porque iniciativas como esta le hacen mucha falta a nuestro país y le hacen muy bien a nuestro turismo.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señora Presidenta, dentro de la revisión de las medidas de la Agenda de Productividad figura la de fomentar la competencia en el mercado de transporte marítimo nacional.
La verdad es que para la Región de Los Lagos y el sur austral de nuestro país esa medida es muy importante. Sin embargo, no solo hay que ver lo favorable, sino también analizar lo que ello significa para el cabotaje regional.
Lo que se propone favorece la existencia de mayor competencia en el mercado del cabotaje. Pero, para que haya una verdadera libre competencia, necesariamente todos los actores deben competir en igualdad de condiciones.
Cualquier modificación sobre el particular debiese respetar el tenor literal del artículo 1° de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, que señala: "La Política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante en armonía con el interés general.".
Además, cualquier enmienda debiese considerar las experiencias internacionales fallidas, como la de apertura unilateral del cabotaje a las naves extranjeras en Perú, en Australia y en Argentina, por mencionar algunos ejemplos más recientes.
El cabotaje en la zona sur austral de Chile no solo es vital para las economías regionales, sino que además cumple roles geopolíticos de conectividad e integración.
Asimismo, hay impacto en puestos de trabajo nacionales, pues solo en la zona sur austral existen más de 20 mil personas laborando directa e indirectamente en actividades relacionadas con el cabotaje.
En cuanto a la competencia desleal de naves extranjeras con bandera de conveniencia, puedo señalar que dicha condición les permite someterse a la regulación del país del pabellón que enarbolan.
Por eso, sostengo que debemos tener cuidado y hacer respetar nuestra legislación. Por ejemplo, un barco construido en Chile, con bandera panameña, responde a las regulaciones de Panamá.
La observación de aspectos laborales, técnicos y tributarios es una materia que debe ser considerada antes de promover este tipo de iniciativas. Porque podría suceder que los armadores nacionales evaluarán cambiarse a una bandera de conveniencia para competir en igualdad de condiciones en caso de la apertura del cabotaje, ya que, de esa manera, podrían contratar tripulaciones extranjeras con el fin de tener menores costos al estar sujetos a las respectivas leyes extranjeras.
En consecuencia, señora Presidenta, creo que este es un buen proyecto, pero deben tomarse todos los resguardos del caso.
Los cambios en las reglas del juego con socios comerciales que han mantenido la reserva de cabotaje para impedir que en el servicio de la logística interna se compita bajo el subestándar de naves de bandera extranjera afectan la igualdad de condiciones del comercio internacional, principio sobre el cual debe sostenerse este tipo de acuerdos.
Reitero que la iniciativa en estudio es buena, pero deben tomarse todas las prevenciones necesarias.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto y, de ser posible, presentaremos las indicaciones pertinentes.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor QUINTEROS.-
No.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tenemos quorum.
Se pondrá en votación,...
El señor MOREIRA.-
No.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
... porque no hay más inscritos.
Es lo que corresponde.
Pido silencio en las tribunas, por favor.
En votación general.
Solicito a los señores Senadores emitir su pronunciamiento.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (12 votos favorables).
Votaron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, García, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Prokurica, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señora Presidenta, respecto de la iniciativa que se acaba de aprobar, pido que se deje constancia de mi pronunciamiento favorable, pues me encontraba en la Comisión de Minería y Energía analizando la admisibilidad de las indicaciones presentadas al proyecto relativo a la creación de nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica.
Y en la misma situación se hallaba el Senador De Urresti.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
De acuerdo.
Se deja constancia de las intenciones de voto positivo de los Honorables señores Horvath, Guillier, García-Huidobro, Ossandón, De Urresti, Pizarro y Chahuán.
ESTABLECIMIENTO DE DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el derecho real de conservación, con segundos informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5.823-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 14 de agosto de 2012 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 92ª, en 5 de marzo de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 11ª, en 19 de abril de 2016.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales (segundo): sesión 11ª, en 19 de abril de 2016.
Discusión:
Sesión 15ª, en 7 de mayo de 2014 (se aprueba en general).
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 7 de mayo de 2014, y cuenta con segundos informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en virtud del acuerdo que adoptó la Sala con fecha 28 de agosto de 2013 en orden a que en el trámite de la discusión en particular el proyecto fuera informado primero por la de Constitución y después por la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la cual previamente había realizado su estudio en general.
De acuerdo con lo señalado en ambos informes, no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por su parte, realizó modificaciones en los artículos 1°, inciso tercero; 2°, inciso segundo; 3°, inciso segundo; 5°, incisos primero y segundo; 6°, inciso primero; 7°, números 3, 5 y 6; 8°, números 1) y 2); y, finalmente, en el artículo 10 del texto despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de algunas de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y por la Comisión de Medio Ambiente, y el texto final que resultaría de aprobarse aquellas.
Ahora bien, hay modificaciones de la Comisión de Constitución sobre las cuales la de Medio Ambiente plantea enmiendas. Por lo tanto, aun cuando sean unánimes, debe votarse el texto que propone la Comisión de Medio Ambiente y, de no ser aprobado, el de la Comisión de Constitución.
Es decir, solo podrían acordarse las modificaciones unánimes formuladas por una sola de las Comisiones o en forma igual por ambas.
Quiero señalar, en todo caso, que si ustedes van al comparado verán que, aun cuando la Comisión de Medio Ambiente es la única que en el artículo 1° elimina la voz "constitutivo" que traía el texto aprobado en general, ello se va repitiendo después en otras normas del proyecto respecto a las modificaciones de la Comisión de Constitución.
De consiguiente, habría que exceptuarla de la aprobación de las enmiendas unánimes -a que me he referido- en que no hay discrepancia.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En discusión particular el proyecto.
El Senador señor De Urresti va a dar a conocer el informe de la Comisión de Constitución.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, no tengo problema alguno en que el Honorable señor De Urresti informe el proyecto relativo al derecho real de conservación, sobre el cual me he preparado bastante, lo que significó que no pudiera asistir a la sesión citada por la Cámara de Diputados para tratar el problema de la marea roja.
Solicito que se informe a la Mesa que, pese a conocer el entusiasmo, el interés y la preocupación existentes para sacar adelante muchos proyectos de ley, y saber que las Comisiones deben funcionar, debo decir que no es bueno que estas lo hagan paralelamente con la Sala; porque eso conspira contra el buen servicio en la Sala, en donde deberíamos estar todos.
Entiendo que los señores Senadores se encuentran en distintas Comisiones autorizadas para sesionar en paralelo. Pero, entonces, ¡trabajemos los lunes, los martes, los miércoles y los jueves!
La otra vez se dijo que las sesiones especiales se iban a celebrar los jueves. ¡Bueno, cuando no se realicen, que funcionen las Comisiones, pues se está alterando el normal desarrollo de este Hemiciclo!
Señora Presidenta, después pediré la palabra para intervenir como miembro y Presidente accidental de la Comisión de Medio Ambiente acerca de la iniciativa que establece el derecho real de conservación.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Señor Senador, la forma en que se ordena la tabla es una materia que hay que plantear en los Comités.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor De Urresti, para entregar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se me da para informar sobre el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece el derecho real de conservación.
Esta ley en proyecto, largamente anhelada, ha sido discutida y estudiada tanto por la Comisión de Medio Ambiente como por la de Constitución, durante el período que tuve el honor de presidirla.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de diversos señores Diputados, y su propósito central es incorporar en nuestro ordenamiento civil un nuevo derecho real, denominado "derecho real de conservación".
Este nuevo derecho responde al propósito de facilitar que nuestro país avance hacia el desarrollo sostenible, armonizando el crecimiento económico con el manejo racional de los recursos naturales, lo que permitirá preservar los paisajes y ecosistemas y contribuir a la protección de nuestro medioambiente.
En esa línea, la creación del derecho real de conservación viene a satisfacer el vacío existente en materia de instrumentos que puedan ser desarrollados, especialmente por el sector privado.
Cabe recordar que en el Senado este proyecto fue informado en general por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y, luego, aprobado por la Sala en mayo de 2014, por la unanimidad de los 29 señores Senadores presentes. En cuanto a la discusión en particular, se acordó que fuera informado, en primer lugar, por la Comisión de Constitución; y, después, por la de Medio Ambiente.
Una vez radicada la iniciativa en la Comisión de Constitución, pudimos advertir que el derecho que se propone constituye una innovación jurídica de enorme interés, por cuanto ofrece una herramienta práctica para dar certeza jurídica a los más variados emprendimientos de conservación, los que en un país como el nuestro, de tanta potencialidad ecológica y turística, pueden alcanzar una proyección muy amplia.
Tanto el contenido de la iniciativa como las indicaciones que se presentaron fueron estudiados con gran minuciosidad. Para tal fin se contó con la participación del Ministerio del Medio Ambiente, representado por su titular, el señor Pablo Badenier, y su equipo asesor, y con la valiosa colaboración de los profesores señores René Moreno y Ricardo Irarrázabal, quienes ilustraron a la Comisión desde el punto de vista del Derecho Civil y del Derecho Ambiental, respectivamente.
Del mismo modo, asistieron en forma permanente especialistas del Centro de Derecho de Conservación y de la Fundación Terra Austral. Y, en lo referente a las reglas relativas a la jurisdicción que conocerá de las causas derivadas de esta iniciativa, tuvimos oportunidad de conocer el punto de vista de la justicia ambiental, representada por los miembros del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que nos acompañaron en algunas sesiones.
Al mismo tiempo, la Comisión estimó necesario conocer a cabalidad las experiencias que ofrece el derecho comparado en esta novedosa materia. Para estos efectos, recabamos de los especialistas de la Biblioteca del Congreso Nacional un conjunto de antecedentes, que nos permitieron revisar la experiencia de países avanzados en esta área, como los Estados Unidos de Norteamérica y Costa Rica. Son naciones que han acumulado una importante trayectoria en materia de modelos conservacionistas, específicamente de servidumbres ecológicas, las que, en ciertos casos, van incluso acompañadas de incentivos tributarios.
Después de un trabajo realizado a lo largo de 11 sesiones, la Comisión despachó el texto que damos a conocer en esta oportunidad, que es distinto del que fuera aprobado en general por la Sala, pues contempla una serie de modificaciones que se acordaron en su totalidad por la unanimidad de sus miembros presentes.
De ahí que quiero agradecer fundamentalmente a los integrantes de la Comisión de Constitución, quienes lo estudiaron con dedicación a fin de hacer observaciones a esta importante iniciativa.
En líneas generales, el texto aprobado por la Comisión de Constitución regula los siguientes aspectos:
a) Se define el derecho de conservación como un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de este y que se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada.
Este derecho real se caracteriza por ser inmueble y distinto del dominio del bien raíz gravado. Además, es transferible, inembargable, indivisible e inseparable del inmueble o de la parte de él que se grava, y se puede constituir sobre cualquier bien inmueble.
b) En relación con el titular de este derecho, se establece que podrá serlo toda persona natural o jurídica, pública o privada.
c) Luego se dispone que el contrato mediante el cual se constituirá el derecho real de conservación deberá celebrarse por escritura pública, la cual, además, servirá como título para requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. En dicho contrato se contemplarán los gravámenes que podrán imponerse al respectivo inmueble, los que tendrán por finalidad la conservación del patrimonio ambiental. Para tal efecto, las partes deberán acordar al menos una de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones:
"1.-
Restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestales o de otro tipo.
"2.-
Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.
"3.-
Obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo, con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de los mismos.".
d) El proyecto dispone, además, que podrán fijarse límites de montos para las obligaciones pecuniarias que se acuerden, así como también convenirse plazos diferentes para el cumplimiento de los distintos gravámenes que se establezcan.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto adicional para que termine.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, señora Presidenta.
e) Por otra parte, se precisa que el derecho real de conservación se extenderá a todas las servidumbres activas constituidas a favor de tal inmueble y estará sujeto a todas las servidumbres pasivas preexistentes, a las nuevas que pueda establecer el dueño del predio sin vulnerar este derecho o a las que se impongan posteriormente por mandato legal.
f) Complementariamente, la iniciativa regula en detalle aspectos como las menciones que debe contener el contrato constitutivo del nuevo derecho, la forma de modificarlo y las reglas a las cuales se ajustará su inscripción, entre otras materias.
Señora Presidenta, el informe que hemos presentado a este Hemiciclo da cuenta de las ideas debatidas por la Comisión de Constitución, de los antecedentes considerados y de las resoluciones que se adoptaron en relación con las indicaciones formuladas, todas las cuales contaron, como ya señalé, con el apoyo unánime de los señores Senadores en las respectivas sesiones.
Pensamos que de ese modo hemos dado debido cumplimiento al encargo de la Sala y recordamos que el proyecto también fue objeto de un segundo informe por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, en mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente -en un momento fui también su Presidente accidental-, quiero destacar la importancia de la presente iniciativa.
¡Y qué bueno que en esa instancia el asunto se haya tramitado en forma rápida!
Como señaló mi distinguido amigo el Senador De Urresti en su excelente informe, lo que permitirá abreviar mi intervención, el proyecto busca propiciar la participación del sector privado en la protección del medio ambiente mediante el establecimiento del derecho real de conservación, que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de este.
Tal derecho se constituye en forma libre y voluntaria por parte del propietario del inmueble en beneficio de una persona natural o jurídica, pública o privada, a título gratuito u oneroso, por el plazo que se convenga en un contrato, en el cual se disponen prohibiciones, restricciones u obligaciones determinadas.
Debo recordar que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, Nº 8º, asegura a todas las personas "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.". Sin embargo, es deber de cada uno de nosotros protegerlo. El Estado no puede hacerlo todo. No cabe pretender, entonces, que recaiga solo en los organismos públicos el cuidado del medio ambiente, porque todos conocemos las limitaciones propias del aparato estatal.
Por tal razón, iniciativas como la que nos ocupa apuntan en la dirección correcta. A través del derecho real de conservación que estamos creando, entregamos más alternativas y herramientas jurídicas para que los privados se involucren en la preservación del medio ambiente. Por decirlo de alguna manera, a nuestro ecosistema no le importa si la protección de un bosque nativo la está otorgando un ente privado o público. Lo único realmente relevante es el resultado: que se resguarde el medio ambiente.
En Chile cada día conocemos más experiencias de parques privados que contribuyen de manera inconmensurable a la protección del medio ambiente. Más del 10 por ciento de las áreas protegidas nacionales pertenece a privados. Son más de 308 sitios, respecto de los cuales el Estado se halla en deuda, porque debería promover y facilitar aún más su creación y mantención.
De esas áreas protegidas privadas, las más importantes y conocidas son Huilo-Huilo, Tantauco, Los Huascoaltinos, Pumalín y Karukinka. Pero existen centenares más pequeñas que, como Estado, debemos incentivar a que se mantengan, pues constituyen un aporte invaluable a nuestro ecosistema.
El presente proyecto de ley es una pequeña contribución a esa finalidad. Cuando entre en vigencia, muchos privados podrán darles un mayor valor ambiental a sus propiedades y también transar sus derechos de conservación. Así, por fin será posible ir asignando un valor real y concreto a las cuestiones ambientales.
¿Cuánto vale tener una buena vista?; ¿cuánto cuesta asegurar que en determinado sector un predio solo podrá destinarse a actividades ecoturísticas o ser objeto de procesos que cumplan criterios ambientales más altos que los que exige la ley?, etcétera.
Durante la tramitación de esta iniciativa, la Comisión de Constitución hizo un gran trabajo. Sus modificaciones permitirán que los privados se involucren más en los asuntos ambientales al posibilitarles contar con mayores certezas jurídicas, pues ellos mismos crearán el contenido de sus contratos ambientales; por supuesto, con las debidas limitaciones que el proyecto fija.
Luego, en la Comisión de Medio Ambiente solo nos limitamos a precisar tres aspectos.
Primero, se dejó en claro que el derecho real de conservación es de carácter indefinido. Esa será la regla general. No tiene plazo legal. Solo las partes pueden limitar su duración en el tiempo.
En segundo lugar, se consignó de manera explícita que tal derecho es transmisible no solo por actos entre vivos, sino también por ser heredable.
En tercer término, se especificó que el derecho real de conservación nace a la vida jurídica, produciendo todos sus efectos, una vez que se encuentre inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Esperamos que, después de despachado el proyecto en análisis, podamos avanzar con mayor rapidez en la iniciativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, respecto de la cual, junto con otros Senadores, presentamos una indicación -y pedimos que fuera patrocinada por el Ejecutivo- para crear una serie de incentivos...
Pido un minuto más, señor Presidente, para concluir.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Continúe, Su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Gracias.
Decía que formulamos una indicación mediante la cual se crean una serie de incentivos al mundo privado para que participe en la conservación de nuestro patrimonio ambiental. De ser acogida, dicha propuesta estaría en perfecta armonía con el proyecto que estamos tratando ahora.
Señor Presidente, termino señalando que lo importante es que, con la creación del derecho real de conservación en nuestro ordenamiento jurídico, vamos avanzando en la línea correcta, pues se generan los incentivos adecuados para la protección ambiental por parte del mundo privado. Con esa integración estamos dando un paso adelante en el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, en el resguardo del ecosistema.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, nuestro país, junto a un conjunto de otras naciones, es miembro del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Sin embargo, dicho instrumento internacional, que pretende asegurar la biodiversidad en el planeta, ha fracasado en sus metas. Los distintos países signatarios no han cumplido siquiera con la obligación de contar con un 10 por ciento de su territorio bajo el alero de áreas silvestres protegidas por el Estado o mediante una modalidad combinada entre lo público y lo privado.
En este ámbito Chile, aparentemente, cumple la norma porque alrededor del 20 por ciento de su territorio continental se encuentra bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Pero, si uno observa con detención, nota que más del 80 por ciento de dichas zonas se ubican desde Puerto Montt hacia el sur. Es decir, la biodiversidad no queda garantizada por un porcentaje del territorio total, como se advierte en forma particular en los ecosistemas entre Arica y Puerto Montt.
Y a ello se debe agregar lo concerniente al medio oceánico, en lo cual se ha avanzado significativamente en la última década.
Como se ha señalado, el proyecto apunta en una dirección bien profunda, pues modifica los atributos de la propiedad.
Tal idea nació de la iniciativa de una organización internacional en esta materia. En nuestro país la entidad preocupada de ese asunto es el Centro de Derecho de Conservación.
Cuando se define la naturaleza de un predio, sea de un privado o de una organización fiscal o semifiscal, no se puede entender como un gravamen el que se destine a la conservación, ya que hoy en día la propiedad cumple múltiples funciones. El aspecto medioambiental pasa a ser un atributo. Por decirlo en términos más didácticos, es como ser vecino de un parque nacional o de una empresa minera. Obviamente, cualquier terreno adquiere una cualidad y un valor superior al colindar con un área protegida.
En esta materia el Centro de Derecho de Conservación -invito a las personas interesadas en este asunto a revisar su página web- ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente: "es un hecho que la sociedad post-moderna actual está fundada en nuevo conocimiento, y se la ha llamado la `sociedad de la información y el conocimiento' (...) y que hoy se ha generado un conocimiento respecto de la naturaleza y el patrimonio ambiental" -al cual agrego el cultural- "que permite advertir que en los `predios' existen no solo atributos tangibles susceptibles de explotación extractiva tradicional, sino innumerables intangibles cuyos atributos y funciones se vinculan a otros beneficios y procesos sociales y ecosistémicos, que antes eran totalmente desconocidos.".
Entonces, las operaciones relativas a derechos reales de conservación podrán ser múltiples en un mismo predio.
Algunas se referirán a ciertas funciones ecosistémicas: por ejemplo, el paisaje o escenario natural, la captura de anhídrido carbónico o todo aquello que garantice la biodiversidad. Esta es una palabra técnica que, en el fondo, permite generar investigación para obtener nuevos alimentos, nuevos cosméticos, nuevos remedios para las distintas enfermedades. La naturaleza nos da la oportunidad para lograr todo eso.
Otras aludirán a características que benefician no a la flora o a la fauna, sino al turismo, a la educación, a la innovación y a la investigación.
En el minuto y medio que me queda, quiero citar lo que manifestó en la Comisión de Medio Ambiente el Director del Centro de Derecho de Conservación, profesor Jaime Ubilla.
Dijo: "De aprobarse el proyecto de ley, Chile sería pionero en conformar una estructura de derecho privado con estas características. Históricamente, los derechos reales se orientaban a facilitar la circulación de la riqueza, por ello las limitaciones al derecho de propiedad, como el usufructo o la servidumbre, no eran de carácter indefinido porque se entendía que la generación de riqueza se relacionaba solamente con la extracción de recursos naturales tradicionales.". Se menciona un punto muy importante: este derecho real de conservación no se pierde por la venta del predio o por heredarse. Esto pasa a ser un atributo permanente, de carácter indefinido.
Y agrega: "Al heredar estas estructuras, el derecho americano utilizó la figura de la servidumbre para fines de conservación, sin embargo, la idea del presente proyecto de ley es crear nueva riqueza mediante la conservación, para cuyo objetivo se requiere de una figura jurídica idónea que capture los intangibles propios de ella; el enfoque hoy es concebir como riqueza la conservación del capital natural y no como gravamen, concepción de la cual se derivan diversas consecuencias al regular este nuevo derecho.".
"Como derecho real el de conservación se asimila más al usufructo que a la servidumbre porque captura jurídicamente un valor activo, uso y goce,...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Cuenta con un minuto adicional para concluir.
El señor HORVATH.-
... mediante la creación de una nueva facultad: conservar. La sociedad empieza a valorar la conservación como un activo y no como un pasivo.
"El Derecho Real de Conservación que se instituye, posibilitará la captura de múltiples elementos que los derechos reales romanos no permitían aprovechar, y en tal sentido puede aplicarse en diversos niveles e intensidades para establecer prácticas sustentables, como asimismo para mantener ciertas cualidades del entorno de un bien, señalando entre ellas, el silencio cerca de un templo, determinada luminosidad dentro de un observatorio astronómico o cierta cualidad de espacio para el esparcimiento comunitario.".
Señor Presidente, Honorables Senadores, estamos realizando un cambio más que significativo: no es un simple paso el establecimiento del derecho real de conservación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, este proyecto -soy uno de sus autores- partió su tramitación hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados.
Un grupo de chilenos conoció este instrumento en el extranjero y nos contó dicha experiencia. Ese fue el origen de la iniciativa sobre la que hemos trabajado.
Es fundamental destacar que Chile cuenta con una importante superficie de áreas protegidas o de conservación (parques y reservas nacionales). Alrededor del 14 por ciento del territorio total del país presenta algún tipo de protección.
La mayoría de las áreas protegidas fue establecida hace varias décadas y se encuentra ubicada, principalmente, en las Regiones de Los Lagos, de Aisén y de Magallanes.
No se prevé que en un horizonte próximo el Estado invierta en crear nuevos parques o reservas en la zona central. De este modo, ecosistemas muy valiosos quedan desprotegidos. Entre ellos, destaca el denominado ecosistema "mediterráneo", que se da en muy pocos lugares del mundo: en California, en la costa oriental del Mediterráneo y en España.
Eso ocurre, por ejemplo, con El Panul, una zona de La Florida (Región Metropolitana) que presenta una de las últimas reservas de bosque esclerófilo.
¿Qué busca el proyecto en estudio? Establecer un mecanismo jurídico que permita fijar un camino en esta materia y apoyar jurídicamente el interés privado en la conservación ambiental.
Se recoge así en nuestra legislación una buena idea, la que ha sido aplicada en otras partes del mundo (Estados Unidos, Costa Rica), donde se ha avanzado significativamente gracias a dicho instrumento.
El derecho real de conservación, en términos simples, es un compromiso o una obligación jurídica que el dueño de un terreno con potencial ambiental realiza con alguna institución pública (municipalidades, CONAMA, CONAF, etcétera) o privada (ONG, corporaciones) con el fin de no alterar o mejorar a perpetuidad o por un lapso extenso las condiciones características del predio.
Es un gravamen, al estilo de una servidumbre, que recae sobre un inmueble, y es inseparable de él. Pero es distinto del dominio sobre el bien raíz.
El derecho real de conservación es transferible, transmisible, inembargable e indivisible.
Representa un avance respecto de la normativa vigente, pues constituye una forma de afectar o gravar un inmueble, obligando al propietario a conservarlo, incluso con sanciones económicas, pero sin hacerle perder la propiedad del bien.
El propietario no necesita donar; sigue siendo el dueño. No obstante, se compromete a conservar.
Con esto la conservación ambiental en el país encuentra una nueva figura jurídica para expresarse.
Como se señala en el proyecto, entre los contenidos del contrato que se suscriba para materializar el derecho real de conservación, se deberá indicar si existirá o no una contraprestación. Vale decir, el dueño puede recibir dinero u otra especie de la contraparte con la que acuerda. Ello seguramente dependerá de si el terreno es muy valioso en términos ambientales.
Si bien en la iniciativa no se menciona, es posible pensar a futuro en complementar esta idea con algún incentivo tributario (exención de contribuciones o aplicación de Ley sobre Donaciones Culturales). Esto podría perfeccionar la figura que se crea, aunque no es indispensable.
La experiencia de muchos lugares en otros países ha demostrado que el hecho de que diversos propietarios graven sus terrenos con fines de conservación produce una valoración de estos.
En definitiva, el presente proyecto plantea una nueva forma de hacernos cargo de una situación ambiental pendiente: ¿qué hacer con las áreas silvestres protegidas o de conservación (parques y reservas nacionales), y también con un conjunto de terrenos con valor ambiental que hoy no tienen cómo conservarse, desarrollarse o mantenerse?
Señor Presidente, esperamos que esta propuesta legislativa se apruebe y que se traduzca en acciones concretas en la sociedad.
Yo lamento que no haya nadie del Ejecutivo como contraparte en este proyecto, que es muy nítido, porque...
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Andan en Suecia...!
El señor MONTES.-
... requiere que haya alguien del Estado que diga: "Esto hay que impulsarlo; esto hay que sacarlo".
No basta con una ley. No es suficiente con un instrumento jurídico. Requiere actores; requiere Estado.
Pero como hay personas en ciertas partes de las bancas de enfrente a las que cualquier cosa que suene a Estado les provoca problemas -¡menos mal que algunos están en el Chile Day ahora...!-, muchas de ellas tienen reacciones contrarias a cualquier idea tendiente a extender un nuevo mecanismo jurídico como el que nos ocupa, que podría tomar las experiencias de Estados Unidos, de Costa Rica y nos ayudaría mucho en el desarrollo de nuestro patrimonio ambiental.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡El Gobierno no existe...!
El señor PROKURICA.-
¡Está en el Chile Day...!
El señor MONTES.- ¡El Gobierno está en el Chile Day junto con Coloma...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este es un muy buen día para el medioambiente, un muy buen día para la filantropía, un muy buen día para aquellos hombres y aquellas mujeres que han venido luchando durante décadas en pro de la conservación del medioambiente y que han chocado con una tremenda muralla en Chile, que es el derecho de propiedad.
Yo agradezco la voluntad de todas las partes para entrar a un tema escabroso, a veces escabullido del debate: el sacrosanto derecho de propiedad.
Con este proyecto no estamos modificando el derecho de propiedad, sino introduciendo una variable que hace ya veinte años Douglas Tompkins -el filántropo de Chile, el hombre que hizo ver el valor intrínseco de los elementos que hoy día forman parte de este debate- incorporó y por lo cual no fue comprendido.
En el Derecho Civil no se ha creado en Chile un derecho real en los últimos dos siglos. Y este derecho real de conservación captura y le da valor de activos a riquezas que han surgido en el mercado y en la realidad social de nuestro país.
El actual ordenamiento jurídico en Chile no considera como derechos o bienes la belleza escénica, la calidad del aire, los servicios ecosistémicos.
En tal sentido, este proyecto de ley, que es producto de una moción presentada por varios Diputados, introduce un derecho que puede ser transado en el mercado e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y que, sobre todo, le da valor a un elemento que todos menospreciaban o consideraban intrascendente.
Este derecho ya fue utilizado por los norteamericanos mediante la figura de la servidumbre para fines de conservación.
Sin embargo, en Chile vamos más allá.
La iniciativa crea una nueva riqueza mediante la conservación, para cuyo objetivo se requiere una figura jurídica idónea que capture los intangibles propios de ella. El enfoque hoy es concebir como riqueza y no como un gravamen la conservación del capital natural. Es decir, cuando se establece el derecho de conservación se le está dando mayor valor agregado, por ejemplo, a un terreno que los ojos comerciales o, más bien, neoliberales solo ven como un producto para la explotación de la tierra. Se le está dando la belleza escénica, el patrón de conservación y proyecta lo que hoy día el mundo entero reclama: conservar la Madre Tierra que todos estamos contribuyendo a destruir.
Por lo tanto, esta es una innovación legislativa que debiera llenarnos de orgullo, pues perfecciona nuestra normativa legal "a la norteamericana" y, además, es de carácter transversal.
Asimismo, quero señalar que vamos a marcar una línea que espero nos lleve a un debate con los poseedores de los bienes a fin de que este nuevo marco jurídico sea valorado. Es decir, tendremos que abrir un debate cercano con los empresarios, con los inversionistas, a quienes debemos invitar a invertir en la preservación. Ya lo señalan muchos estudios internacionales: un peso invertido en preservación crece 25 veces.
Hablamos de la cooperación como un modelo que se opone al individualismo.
Este nuevo derecho real se diferencia de los demás derechos reales en el hecho de que genera cooperación. La distinción tradicional entre derechos individuales y derechos colectivos o sociales radica en que los derechos individuales generan conductas estratégicas que son proclives al autointerés, en tanto que los derechos sociales, por contraposición, generan cooperación.
Por ejemplo -esta es una situación muy clara, pues cuesta asimilar de buenas a primeras de qué se trata-, una asociación hotelera puede constituir este derecho sobre el paisaje; una universidad puede hacerlo recaer sobre información biogenética; una asociación de agricultores puede ejercerlo para la polinización, sin alterar el derecho de propiedad de la tierra.
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto de ley, pues creo que constituye un enorme avance.
Solo espero que exista comprensión de parte de los poseedores de los bienes y que la certeza jurídica quede adecuadamente radicada mediante la ley en proyecto.
Habrá que hacer pedagogía medioambiental, pedagogía jurídica sobre un tema muy complejo.
Reitero mi intención de aprobar esta iniciativa, que crea el derecho real de conservación, que solo representa muy buenas noticias para Chile.
Espero que nadie se aproveche de este derecho, sino que permanezcamos fieles a su idea matriz para su utilización.
Anuncio mi voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señores Senadores, tenemos que iniciar la votación particular del proyecto y perfectamente podríamos hacer una sola para todo el articulado.
Hay ligeras diferencias entre el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Por ello, le pido al señor Secretario que nos explique cuáles son esas discrepancias a fin de ver cómo votamos.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, yo estaba inscrito.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Perdón, señor Senador.
Antes de escuchar al señor Secretario, le daré la palabra al Senador señor De Urresti, ya que había mucho interés en oír su intervención.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, previo a entrar al fondo del asunto, me sumo a la queja que han manifestado varios señores Senadores.
Yo soy uno de los impulsores del proyecto.
Hemos estado trabajando en la Comisión de Constitución y en la de Medio Ambiente, cuyo informe ya entregó el Senador Moreira. Pero en paralelo está funcionando la Comisión de Minería y Energía,...
El señor PROKURICA.-
¡Hay tres Comisiones sesionando!
El señor DE URRESTI.-
... y veo acá al Senador Pizarro, con quien hemos estado participando en un debate importante.
Creo que eso desnaturaliza la discusión.
Este proyecto, en un momento determinado, había quedado para hoy día, luego lo dejamos para mañana, y después lo reponemos.
Entonces, no se genera un ambiente de discusión jurídica, de debate de posiciones conforme a la relevancia que esta iniciativa de ley reviste para nuestro país.
Este es un proyecto largamente anhelado por los ciudadanos. Es, quizás, la creación jurídica en el ámbito del Derecho Civil más importante de las últimas decenas o centenas de años: el establecimiento de un derecho real en nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso, para que quede en la historia de la ley, quiero reconocer a don Francisco Solís, quien participó activamente en la tramitación del proyecto, y al profesor Jaime Ubilla, quien se encuentra en las tribunas de nuestra Corporación. Ambos intervinieron en la discusión y nos alimentaron, junto con otros profesores, académicos, organizaciones y el Ministerio del Medio Ambiente -estuvo representado en todas las sesiones-, de los conceptos jurídicos necesarios para entender que el Derecho Civil actual debe reconocer determinados elementos (por ejemplo, la belleza escénica, la belleza estética, el medioambiente, la biodiversidad) como susceptibles de apreciación económica y que un ser humano, una persona jurídica o un ente público o privado desea conservar.
¡Nos referimos al derecho real de conservación!
Esto lo han podido experimentar especialmente en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de estudiar legislación comparada y de apreciar lo que se está haciendo en naciones más avanzadas en la materia, como Costa Rica, cuyos sistemas jurídicos han permitido valorizar aquellos elementos que hoy día deben tenerse en consideración para alguien que, por ejemplo, desea construir un hotel y quiere mantener esa vista, esa belleza escénica para poder contemplarlas. O también para quien aspira a conservar un renoval de robles, de hualles, un determinado humedal, una propiedad. La idea es que pueda decir: "Deseo establecer sobre este terreno o sobre parte de él este derecho real de conservación".
Por ello, reconozco a aquellos que han impulsado este proyecto desde la sociedad civil, desde la academia, porque representa un paso enorme, un paso imprescindible para una sociedad que no solo debe buscar la conservación a través de los sistemas públicos -el SNASPE, mediante los parques, las reservas nacionales, los santuarios de la naturaleza-, sino también por la vía de otros instrumentos. Y precisamente lo importante es que se incorpore el privado, que se incorporen miles de personas que quieran constituir este derecho real de conservación.
Algunos han planteado que este instrumento es una limitación al dominio. Por el contrario, se trata de una propiedad relacionada con la conservación que se le adicionará al terreno, al inmueble que uno posee, durante el plazo que uno determine. Es un gravamen, pero no en el sentido negativo, sino en el de agregar valor, de reconocer precisamente las condiciones escénicas, la belleza y la biodiversidad de determinado terreno. Además, esto quedará sometido -se señala en el informe- a un registro a través de escritura pública y será inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.
Esto va a cambiar a Chile, la forma en que el privado y el Estado ven la conservación: ya no -insisto- solo como un gravamen o algo que limita el dominio, sino como una adición de valor. Ese valor que muchas veces no podía ser considerado en el precio de la propiedad, en la hipoteca, en el usufructo o en otros derechos reales.
Entonces, señor Presidente, estimo muy relevante que estemos próximos a votar este proyecto. Y espero que lo aprobemos por unanimidad, tal como lo hicieron las Comisiones, a fin de que demos a nuestro país una gran señal de protección del medioambiente y de preservación para las futuras generaciones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le ofreceré la palabra al señor Secretario para que nos clarifique la manera de votar. Y, por cierto, nos interesaría mucho que los miembros de la Comisión de Constitución estén presentes para ver cómo resolvemos esta ligera diferencia existente entre los informes de ambos órganos técnicos.
El señor DE URRESTI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Me quiero referir a dos situaciones.
La Senadora Allende, que está presidiendo la Comisión de Minería y Energía, me señaló que quería intervenir sobre esta materia. Ella también fue Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.
Pero mientras llega podemos ponernos de acuerdo con la Secretaría. Porque se me señaló que hay dos adecuaciones de redacción, en cuanto a las referencias que se hacen a la escritura y al contrato constitutivo.
Tal vez se podría suspender la sesión por un par de minutos para conversar con la Secretaría a fin de tener una propuesta unitaria y votarla.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le daré la palabra al señor Secretario y, si le parece a Su Señoría, podríamos despejar esto en una sola votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En realidad, señores Senadores, cuando hay diferencias entre las Comisiones, en la Sala se efectúan distintas votaciones. Sin embargo, acá hay enmiendas coincidentes y otras que realiza solo uno de los órganos técnicos. Y en ambas Comisiones las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.
Además, se ha informado que Senadores de la Comisión de Constitución asistieron al debate de la de Medio Ambiente.
Por lo tanto, las situaciones son las siguientes.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en la página 1 del boletín comparado, elimina la palabra "constitutivo". Y en otras disposiciones sustituye un término de similar sentido por "otorga" u "otorgamiento". Por ejemplo, se dice "Contrato de derecho real de conservación. El contrato mediante el cual se otorga" o "el otorgamiento es", en fin. Eso es lo que se propone.
Por otro lado, en la página 9 del comparado se indica que la Comisión de Constitución aprobó el encabezado del inciso segundo del artículo 6°, que pasa a ser 5°, de la siguiente manera: "El derecho real de conservación producirá sus efectos respecto de terceros". Sin embargo, la de Medio Ambiente eliminó la expresión "respecto de terceros". Yo entiendo que le basta con que se diga: "El derecho real de conservación producirá sus efectos desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo".
El señor DE URRESTI.-
Correcto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Vale decir, para las partes y para los terceros.
Por su parte, en la página 15 del comparado figura que la Comisión de Constitución aprobó el N° 5, que señala: "La duración del derecho real de conservación, y". Pero la de Medio Ambiente intercaló, a continuación de la voz "conservación", la frase "si la hubiere,", por cuanto puede ser tanto indefinido como por tiempo limitado.
No sé si eso permite hacer una sola votación. De lo contrario, habría que pronunciarse primero acerca de aquello en que no hay diferencia y después realizar votaciones sobre cada disposición en que exista discrepancia entre ambas Comisiones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Para saber si estamos en condiciones de hacer una sola votación, ofrezco la palabra a los miembros de la Comisión de Constitución presentes.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, este es un proyecto muy interesante, como ya lo han destacado las distintas intervenciones.
Se trata de una tremenda innovación para incorporar al sector privado en la preservación del medioambiente, a través de una figura que ya ha funcionado en muchos lugares, pero que, por sus características, es de difícil regulación.
El trabajo realizado por nuestra Comisión ¿presidida en ese minuto por el Senador De Urresti, quien es muy entusiasta en cuanto a este proyecto- fue particularmente cuidadoso, precisamente por eso.
Yo pedí la participación, entre otros, de un profesor de Derecho Civil, porque, en el ámbito jurídico, estas son materias muy propias y precisas del Derecho Privado, del Código Civil, y, por lo tanto, es necesario redactarlas bien y con mucho cuidado.
Respecto de las observaciones que hizo presente el señor Secretario, en relación con las diferencias existentes, no es lo mismo "otorgar" que "constituir". Desde el punto de vista del Derecho Privado es obvio que la palabra debe ser "constituir".
Por su parte, la otra enmienda que se hace, en cuanto a que el derecho real de conservación producirá sus efectos respecto de terceros o desde el momento de su inscripción, me parece que no tiene un cambio de lenguaje, sino que es una manera distinta de decir lo mismo. Y no hay ningún problema en modificarla.
Entonces, señor Presidente, yo no sé cuál será la mejor manera de ir zanjando esas diferencias. Pero no veo que haya discrepancias sustantivas, sino al contrario.
Me parece que hay ánimo en todos los integrantes de esta Corporación de aprobar el proyecto, porque en realidad es muy positivo y muy futurista, y debemos dar espacio a este tipo de iniciativas.
Sin embargo, yo tendría mucho cuidado. Incluso, nos podemos haber equivocado. Pero hemos tramitado la iniciativa con particular preocupación para que esta figura innovadora, de un derecho real, de un derecho de inmueble, indivisible, con tales y cuales características y que, sin embargo, es privado pero incide en un interés público, sea bien redactada.
Por lo tanto, yo quisiera evitar las imprecisiones jurídicas, porque muchas veces, a raíz de esto, los derechos quedan mal constituidos, se genera incertidumbre y no prende, es decir, no se instala ni se desarrolla la iniciativa que pretendemos llevar adelante.
Por eso, sugiero ser cuidadosos al considerar las distintas propuestas.
Por mi parte, anticipo ya un criterio, por ejemplo, respecto de esas dos ideas, que me parecen ordenadoras para sacar adelante el proyecto hoy día, estoy seguro, por unanimidad.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, en esa misma línea, sintetizando lo que sostuvo el Senador Larraín, con relación al primer numeral votaríamos la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Las dos adecuaciones posteriores que hizo la Comisión de Medio Ambiente las aprobaríamos, porque en ella se analizó posteriormente el proyecto y participaron asesores en la misma línea. Entonces, no hay una discusión desde el punto de vista de dos situaciones encontradas, sino que solo se trata de un asunto de redacción.
Y principalmente está la diferencia en la primera observación que mencionó el Senador Larraín. Se consigna -insisto- en lo que ha votado cada una de las Comisiones.
Pero, reitero, no hay una confrontación de ideas entre los órganos técnicos.
Debiéramos dar lectura a cada enmienda y someterlas a votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, cuando intervine antes señalé que el derecho real no nace con el contrato. Y es eso lo que quiso dejar claro la Comisión de Medio Ambiente, en el sentido de que el derecho real nace cuando el bien está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y no antes. Y esa fue una precisión jurídica que efectuaron expertos en la Comisión.
Esta es una materia jurídica opinable, discutible, en la que los abogados a veces no se ponen de acuerdo.
Por lo tanto, solo quería hacer tal precisión.
La Comisión de Medio Ambiente quiso especificar en el espíritu de la ley en proyecto que el derecho real nace, no al firmarse el contrato, sino cuando el derecho real está inscrito en el conservador de bienes raíces. No basta con la suscripción de la escritura.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero decir en primer término que la ley en proyecto es bastante significativa y que hay que valorar lo que puede implicar la colaboración público-privada, aunque esto nace del mundo privado.
Tenemos muy poco en materia de conservación y preservación. Y aquí les estamos dando un instrumento a particulares que quieran conservar, por distintas razones -patrimoniales, paisajísticas o de otra índole-, quienes se someten a un contrato, el que me parece de gran importancia, pues tiene características diferentes.
Desde luego, es voluntario para el dueño. Pero esto se ejerce en el momento en que se celebra el contrato con terceros. Y estos terceros son los interesados en que exista la conservación.
Aquí lo interesante, entonces, es que se abre la posibilidad de que concurran distintos actores en un mismo lugar.
Por esa vía sería factible, por ejemplo, que en una gran extensión hubiera una parte destinada a preservar los humedales o los bosques nativos existentes en el área y que a la vez se desarrollara un proyecto de ecoturismo, compatibilizando perfectamente ambos intereses.
Señor Presidente, disponemos de muy pocas herramientas para conservación, sobre todo en el ámbito privado.
Por eso, considero relevante que demos un paso más, como lo estamos haciendo mediante esta iniciativa.
En tal sentido, como país, podemos tratar de que cada vez exista mayor preservación.
Sabemos que, hasta cierto punto, estamos casi en deuda en el ámbito de la Convención de la Biodiversidad.
Ante la situación dramática que estamos viviendo a raíz del cambio climático, debemos tener conductas proactivas que nos motiven a encontrar herramientas para enfrentar el problema.
Aquí lo interesante, como dije, es que este proyecto se centra más bien en el ámbito privado.
En esa línea, considero muy interesante que podamos dotarnos de esta herramienta para así asumir el compromiso. Porque nadie duda de que en este planeta debemos ir generando energías más limpias, creando instrumentos de conservación eficaces. Y para ello es necesario abrirle posibilidades al sector privado.
Como decía, no contamos con herramientas jurídicas apropiadas. Por eso, es indispensable que nos proveamos de ellas.
Nosotros respaldamos este proyecto, que es una forma activa de trabajar por la conservación, la que no solo se logra desde lo público, sino también -reitero- desde lo privado. Y esto implica posibilitar que a las acciones pertinentes concurran empresas, ONG, comunidades indígenas, para potenciar el ámbito de la conservación.
Mediante el artículo 2° de este proyecto se crea un nuevo tipo de derecho real, que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental o ciertos aspectos de él.
Normalmente, el derecho de propiedad sobre un inmueble le dice al propietario: "Usted puede usar de él, gozar de él, disponer de él". Pero este proyecto le reconoce a tal derecho un nuevo atributo: la conservación.
Nosotros estimamos que conservar el patrimonio ambiental es tremendamente importante.
Señor Presidente, en el poco tiempo de que dispongo, quiero puntualizar que el contrato se celebra por escritura pública con el futuro titular del derecho real de conservación y que en él se establecen los gravámenes que pesarán sobre el inmueble.
Yo tenía una inquietud, pero en la Comisión se estableció que el derecho en comento será de duración indefinida, a menos que las partes voluntariamente resuelvan ponerle término.
Eso es muy importante, porque debemos darle al derecho real de conservación cierta proyección, cierta certeza, cierta seguridad.
Este derecho, que es visto pocas veces, incluso puede ayudarnos a generar riquezas o a desarrollar potenciales proyectos, como el que señalé por la vía ejemplar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora ALLENDE.-
O sea, además de su carácter privado, es un derecho social. Se diferencia de los otros porque en este caso hay colaboración, disposición al acuerdo, cooperación entre distintos actores motivados por la preservación, por la conservación.
Todo aquello es muy relevante.
Por eso, señor Presidente, creo que debemos aprobar esta iniciativa, que entrega una herramienta muy muy útil para los efectos tantas veces explicitados.
Hay en ella aspectos insospechados.
También puede tener aplicación, por ejemplo, en espacios urbanos, donde resulta factible cuidar valores arquitectónicos; espacios tradicionales, típicos, en fin.
Según manifesté, es posible que concurran distintos actores.
Por ejemplo, se proveen herramientas para que algunas comunas conserven espacios de tal índole y disfruten de ellos, con independencia del uso tradicional que se les pueda dar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra al Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, estamos asistiendo a un debate en que el punto es el principio de la especialización.
Este proyecto se analizó en la Comisión de Medio Ambiente, y el debate de este momento es estrictamente jurídico: si el derecho real que se establece tiene validez desde la firma del contrato o desde la inscripción en el conservador de bienes raíces.
Al respecto hay dos tesis, que el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recoge muy claramente en su página 13.
Una, la del abogado señor Jaime Ubilla, quien señaló que "todos los profesores de Derecho Civil que participaron en el debate habido en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estuvieron contestes en que el derecho real de conservación se constituye mediante la inscripción del contrato en el Conservador de Bienes Raíces, como ocurre con los demás derechos reales establecidos en el artículo 577 del Código Civil.".
Por su parte, el abogado señor Pablo Terrazas expresó lo siguiente: "... existen servidumbres, que son un derecho real y no se perfeccionan con la inscripción, sino que se perfeccionan con la mera celebración del contrato, a excepción de la servidumbre de alcantarillado de predios urbanos". Indicó que "ello prueba que existe un derecho real que se perfecciona por la mera suscripción del contrato, reiterando la necesidad de consignar que el DRC se perfecciona por la inscripción del título en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.".
Yo no sé -y aquí hay una cuestión jurídica de fondo- cuál es el matiz que podría causar problemas.
Entiendo que el contrato es voluntario; además, se disuelve por voluntad de las partes, y su validez jurídica está sujeta a la reglamentación y a los títulos del Código Civil que se indican.
Creo que podríamos perfeccionar este aspecto en la ley en proyecto.
Sin embargo, tal como lo dice el propio informe, si lo hubiéramos metido en la ley minera, hoy día no tendríamos esta iniciativa de ley sobre derecho real de conservación.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Estamos teniendo una legislación que habrá de ser perfeccionada. ¿Con qué? Con la praxis.
Pretender legislar y colmar todas las expectativas para la aplicación del derecho en comento es una tarea imposible.
Estamos procurando tener un marco lo más estrecho posible al objeto de dar certeza jurídica por la vía de establecer que quienes se involucren van a tener garantizado que al suscribir el contrato pertinente no perderán la propiedad, lo que se plantea de manera indefinida, pero con la factibilidad de revocación por las partes.
En torno a la distinción entre si el derecho real de conservación comienza con la suscripción del contrato o con la inscripción en el conservador de bienes raíces, los profesores de Derecho Civil a que me referí tienen parecer unánime.
Ahora, como en Derecho todo es opinable, si hay debate, lo resolverán los tribunales.
En mi concepto, pretender consignar una nueva norma, adicional a las ya existentes en el Código Civil, no es lo más adecuado.
Entiendo que cuando la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento vio este proyecto se abordó el punto y hubo unanimidad en el sentido de que el derecho real de conservación se constituye mediante la inscripción del contrato en el conservador de bienes raíces.
Ahora, en lo personal, la certeza de que haya una inscripción concreta en el conservador me gusta más que la mera suscripción del contrato, la cual queda entre las partes.
Porque, señor Presidente, se trata de inscribir un derecho real tan valioso como la propiedad de la tierra. Es un intangible. Pero se trata de un derecho. Y mientras más resguardado esté, mejor.
Sin ser abogado, yo me inclino por la inscripción en el conservador, en la medida que significa un resguardo para dar certeza a todas las partes.
Imagino que, de no existir inscripción, el contrato lo tendrán las partes o estará en una notaría. Debe haber un juez que determine si es verdadero, si las partes concurrieron a él voluntariamente, en fin.
Yo prefiero -repito- la inscripción en el conservador de bienes raíces, pues eso da certeza.
Tratándose del derecho de propiedad, lo mejor que podemos hacer es otorgar la mayor certeza jurídica posible, para que no haya lugar a equívocos. Porque nadie quiere que exista ambigüedad en esta materia: deseamos la máxima transparencia.
Los bienes intangibles señalados aquí a propósito del derecho real de conservación tienen que estar debidamente garantizados, para que a sus propietarios les sea atractivo ingresar al sistema.
Entonces, mientras más certezas demos y mientras mayor espacio territorial exista para conservación y preservación, mejor.
Mientras más ambivalente sea lo que aprobemos, menor incentivo habrá para ejercer el derecho real de conservación, que en la práctica constituye una variante del derecho de propiedad sobre intangibles, sin que se pierda el derecho de propiedad original.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Me han pedido abrir la votación.
Antes de hacerlo, le daré la palabra al señor Secretario, porque es posible votar aquello en que no hay diferencias entre ambas Comisiones.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La idea es votar todas las enmiendas unánimes (o sea, aquellas en que hubo consenso en ambas Comisiones, sea en un sentido u otro), con la sola salvedad (esto, por tanto, requiere pronunciamiento separado) de que, existiendo solo modificación por la Comisión de Medio Ambiente (página 1 del comparado) para eliminar la voz "constitutivo", ello fue controvertido por el Senador señor Larraín debido a que guarda relación con otras normas donde se cambia dicho término por "otorgamiento".
De consiguiente, deben votarse las enmiendas unánimes, sea de Constitución o de Medio Ambiente, en las que, por supuesto, no hay controversia entre ambas Comisiones.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Está muy claro aquello sobre lo que la Sala debe pronunciarse.
Se hallan inscritos los Senadores señora Goic y señores Horvath y Larraín.
El señor LARRAÍN.-
"Si le parece", señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No sé si Sus Señorías fundamentarán el voto a propósito de las enmiendas de consenso.
La señora GOIC.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En votación las enmiendas unánimes, en los términos explicitados por el señor Secretario.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, como se trata de varias normas, haré más bien una fundamentación general sobre este proyecto, que atiende a las características particulares del territorio nacional, las cuales favorecen la existencia de una gran riqueza de ambientes marinos, costeros, terrestres e insulares que han servido de hábitat para especies endémicas en ecosistemas muy variados y con cualidades excepcionales.
A pesar de los datos existentes, esa riqueza se encuentra en permanente amenaza debido a la carencia de instrumentos efectivos que propendan a la protección de nuestro patrimonio ambiental.
Es un antecedente suficiente para concluir aquello el hecho de que en el actual sistema de conservación ambiental del Estado -me refiero al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas- solo se cubre 19 por ciento de la superficie terrestre de nuestro país, lo cual implica que en vastos territorios se hallen expuestas y sin protección miles de especies endémicas.
La estadística es aún más preocupante al constatar que, de dicho porcentaje, 84 por ciento corresponde a zonas ubicadas en las Regiones de Aisén y de Magallanes.
Sin duda, el conjunto de áreas protegidas públicas que existe actualmente en Chile no logra representar todos los ecosistemas presentes. Hay, como señalaba, importantes vacíos de resguardo, particularmente en la zona mediterránea de Chile.
Estudios recientes señalan que 65 por ciento de dichas áreas, a las que el Estado debiera dar protección, están en manos de particulares.
Por lo tanto, en ese escenario, las iniciativas de conservación privadas pueden constituir una herramienta muy importante, en una estrategia de conservación de la biodiversidad a largo plazo, para cubrir áreas que, tal como señalé, hoy día se hallan desprotegidas.
Teniendo en consideración lo anterior, este proyecto de ley (estamos aprobando varias de sus normas) constituye un importante avance hacia el establecimiento de un instrumento destinado a la conservación de la biodiversidad, ya que por un lado implica un menor costo para el Estado, pues no tendrá que recurrir a la expropiación, y por otro facilita la participación de privados en dicho objetivo, generando un sistema incentivador de la autosustentabilidad.
El avance que significa la consagración de este nuevo marco jurídico va acompañado de correctos instrumentos legales que regulan la conservación privada y estimulan su incorporación.
Esperamos que con ocasión del derecho real de conservación avancemos asimismo en el establecimiento de incentivos tributarios o financieros destinados a la conservación que impulsen a que los propietarios graven voluntariamente sus inmuebles.
Me refiero a incentivos tributarios sujetos a planes que defina el Estado (esto exige un Plan Nacional de Conservación de la Biodiversidad) y a un plan de manejo específico, acorde con un Plan Nacional de Manejo de las Áreas Prioritarias, que indique los principios básicos de los planes de manejo. De lo contrario podríamos tener tantos bienes raíces destinados a la conservación como planes de manejo.
Estamos pensando en una estructura ordenada que obedezca a una política pública que ponga en valor la conservación de nuestros ecosistemas.
Yo creo que lo valioso de este planteamiento es la incorporación de los privados a raíz de la creación del derecho real de conservación, pero con los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
Por eso mi voto favorable al conjunto de modificaciones sometidas a nuestro pronunciamiento, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Justamente, señor Presidente, estábamos haciendo un análisis con la Secretaría y con miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque las diferencias indicadas son muy menores.
De hecho, el entonces Presidente de dicho órgano técnico, Senador Alfonso de Urresti, participó en esta segunda versión.
Entonces, entiendo que, independiente de que en el fondo al constituir este derecho real de conservación se pasa a una nueva fórmula de propiedad en nuestro país -esto se vio con profesores de Derecho: los señores Jaime Ubilla, Francisco Solís, en fin-, lo que de alguna manera estaría obstaculizando las dos versiones sería solo el hecho de que nosotros eliminamos la palabra "constitutivo", pues entendemos que el contrato se constituye una vez inscrito en el conservador; con eso lo damos por zanjado.
Sin embargo, entiendo que el Senador Larraín planteó una cuestión al respecto.
A nosotros nos interesa que el proyecto prospere sin ningún tipo de interpretación. O sea, se trata de una característica que se transmite, que se hereda, en fin. Pasa a ser un elemento y un atributo de la propiedad.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, respecto de las materias que registraron unanimidad en cada una de las Comisiones, nadie discute lo que se está votando. Donde tiene lugar la diferencia es en aquello que hay un cambio de un órgano técnico a otro.
A mí me preocupa un solo aspecto, para mantener la uniformidad en el lenguaje del Código Civil: los derechos reales se constituyen, no se otorgan. Eso es lo que he querido exponer.
El lenguaje que utiliza la Comisión de Constitución en el artículo 5° es "El contrato mediante el cual se constituye el derecho real de conservación", en tanto que la Comisión de Medio Ambiente plantea que "El contrato mediante el cual se otorga el derecho real de conservación deberá celebrarse por escritura pública". Lo demás sigue igual.
Estimo que lo último es impreciso. El Senador que habla conservaría los contenidos...
El señor DE URRESTI.-
Esa es la votación separada.
El señor LARRAÍN.-
Ahora, los efectos del derecho constituido se producen con la inscripción, por lo que me parece bien la observación de la Comisión de Medio Ambiente. Es más clara. Porque el texto nuestro hace referencia a lo que dice relación con terceros, que es cuando realmente tiene sentido el ejercicio de un derecho. Mas es mejor esa primera precisión.
En consecuencia, sugiero mantener, si le parece a la Sala, la expresión "constitutivo" de la Comisión de Constitución, cada vez que se utilice, con el remplazo de "otorga" donde corresponda, y los cambios que hace la Comisión de Medio Ambiente.
El señor DE URRESTI.-
Perfecto.
El señor QUINTEROS.-
De acuerdo.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entiendo que la proposición del Honorable señor Larraín es compartida por los miembros de ambos órganos técnicos.
El señor DE URRESTI.-
Absolutamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Es algo que facilita nuestra labor, por supuesto, pero tiene que ver con otro pronunciamiento.
El señor DE URRESTI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.-
Con la aclaración hecha por el señor Senador, sugiero repetir la misma votación en todo el texto, sobre la base de la opinión de la Comisión de Constitución acerca de la forma de constituir y de las precisiones en cuanto a la Comisión de Medio Ambiente. Así, se podría dar por despachado el proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- La Sala tiene que resolver respecto de la materia no controvertida que se ha sometido a su pronunciamiento.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La votación recae sobre los puntos en que no hay diferencias.
Sus Señorías pueden sumar, por unanimidad, lo relativo a que queden los términos "constitución" o "constituido" y no "otorga" u "otorgamiento", o la supresión de "constituido", pero la Secretaría quiere dejar en claro que hay uno o dos aspectos en que median discrepancias, de modo que, como tal, no puede resolver al respecto.
El señor DE URRESTI.-
Cabe ponerlos en votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Puedo señalarlos rápidamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Es necesario concluir la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Por 23 votos a favor, se aprueban las enmiendas unánimes en que no hay controversia entre ambas Comisiones.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros y Andrés Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Respecto del inciso segundo del artículo 3°, la Comisión de Medio Ambiente propone intercalar, a continuación de la voz "transferible", la expresión "transmisible".
Vale decir, el derecho de conservación presentaría también esta última característica.
El señor DE URRESTI.-
Existe unanimidad para acogerlo.
El señor MOREIRA.-
Sería hereditario.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con la votación anterior.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Con relación al mismo inciso, la Comisión de Medio Ambiente recomienda agregar, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración "Es de duración indefinida, salvo que las partes acuerden lo contrario".
El señor DE URRESTI.-
Con la misma votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si no hay objeciones, se aprobará con la misma votación anterior.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En cuanto al inciso segundo del artículo 5°, la Comisión de Medio Ambiente sugiere eliminar la frase "respecto de terceros".
El texto diría, entonces: "El derecho real de conservación producirá sus efectos desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo".
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo?
No veo al Senador señor Larraín.
El señor DE URRESTI.-
Con la misma votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Tratándose de las menciones del contrato, la Comisión de Constitución contempla, respecto del artículo 7°, un número 5 que dice: "La duración del derecho real de conservación, y", en tanto que la Comisión de Medio Ambiente plantea intercalar, a continuación del término "conservación", la frase "si la hubiere,", ya que puede ser por quince años o indefinido.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si no hay objeciones, se aprobará con la misma votación.
--Se aprueba, quedando despachado en particular el proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, procederé a levantarla, sin perjuicio de dar curso a los oficios llegados a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda, para plantear EXCLUSIÓN DE ASIGNACIÓN DE ZONA DE REMUNERACIÓN BRUTA PARA PAGO DE BONO EN UNIVERSIDADES ARTURO PRAT, DE TARAPACÁ Y DE MAGALLANES y TRABAJO CON SECTORES PRODUCTIVOS Y LABORAL RESPECTO DE INSTRUMENTOS DE EXCEPCIÓN PARA MAGALLANES.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, a fin de consultar si existen DENUNCIAS CONTRA OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL POR IMPEDIMENTO DE PORTABILIDAD NUMÉRICA.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la señora Ministra de Salud, al señor Ministro del Medio Ambiente y al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con el objeto de que se informe sobre FACTIBILIDAD DE TRABAJO INTERSECTORIAL PARA PLAN INTEGRAL ANTE MAREA ROJA, DE REFORZAMIENTO DE ACCIONES SANITARIAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS Y DE MITIGACIÓN DE IMPACTO EN PESCADORES ARTESANALES.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios (t y p), para pedir antecedentes respecto de DIFICULTADES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN HUILLINCO, COMUNA DE LA UNIÓN.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para consultar por CRONOGRAMA DE LICITACIONES EN LA ARAUCANÍA, LICITACIONES DE CONSERVACIONES GLOBALES PDI, DESPACHO DE MODIFICACIONES DE OBRA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
Del señor GUILLIER:
Al señor Contralor General de la República, solicitando PRONUNCIAMIENTO SOBRE CALIDAD JURÍDICA DE FUNCIONARIOS DE CASAS CENTRALES DE CORPORACIONES MUNICIPALES PARA ACCESO A "BONO ZONAS EXTREMAS".
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole PRIORIDAD PARA ENTREGA Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS EN PUERTO SECO, CALAMA, Y ACTUALIZACIÓN DE DECRETO N° 2, DE 2015, PARA VENTA DE INMUEBLE A INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA.
A la señora Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, recabándole información sobre TERRENOS DISPONIBLES EN TOCOPILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PROYECTOS HABITACIONALES DE SERVIU.
Del señor HARBOE:
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole remitir antecedentes sobre BENEFICIARIOS DE LIBERTAD CONDICIONAL EN 2016, RESOLUCIONES DE COMISIONES RESPECTIVAS YPOLÍTICAS O PROGRAMAS MINISTERIALES DE REHABILITACIÓN EN ESTUDIO O EN IMPLEMENTACIÓN.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Hacienda, proponiendo ESTUDIO PARA PROMOCIÓN DE APORTE EMPRESARIAL EN ÁREAS DE INTERÉS PÚBLICO Y EXPOSICIÓN DE PUNTOS DE VISTA EN CUANTO A RESPONSABILIDAD DE GRANDES EMPRESAS CON SOCIEDAD.
A los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura, solicitándoles ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEBANDA DE PRECIOS PARA TRIGO Y CITA DE PRODUCTORES Y ACADÉMICOS PARA CONCORDANCIA EN DIAGNÓSTICO DE SECTOR Y SOLUCIONES.
A los señores Ministro de Hacienda y Tesorero General de la República, para consultar por POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DE RED DE OFICINAS DE TESORERÍA Y DE EVALUACIÓN DE SU COSTO.
A la señora Ministra de Salud, a fin de preguntar por POLÍTICAS EN EJECUCIÓN PARA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES Y ENVÍO DE PROYECTO DE LEY DE SALUD MENTAL.
A los señores Ministro de Desarrollo Social y Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, para que soliciten información sobre CUMPLIMIENTO DE LABOR SOCIAL DE MUNICIPIOS DE REGIÓN DEL MAULE PARA CON ADULTOS MAYORES.
Al señor Fiscal Nacional Económico, reiterándole oficio acerca de EVENTUAL COLUSIÓN DE PODERES COMPRADORES DE TRIGO.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole indicar AUDITORÍAS Y SANCIONES A HOSPITAL DIPRECA EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
A los señores Ministro y Subsecretario de Hacienda, con la finalidad de consultar por NUEVOS PLANES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE MAREA ROJA EN REGIÓN DE LOS LAGOS.
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos y al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, solicitando diversos antecedentes de SITUACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES.
A los señores Jefe de la División de Carabineros de la Subsecretaría del Interior y Director (t y p) del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, solicitándoles información referida a DÉFICIT FINANCIERO DE HOSPITAL DIPRECA, PORCENTAJE DE LICITACIONES VERSUS COMPRAS DIRECTAS, PAGO DE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PMG, COSTO DE ROBOT DE CIRUGÍA "DA VINCI" Y MONTO POR RECEPCIÓN DE ESCOMBROS.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole antecedentes sobre CONCURSOS DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, COSTO DE INDEMNIZACIONES POR CESACIÓN EN CARGO Y CONSULTORAS PARTICIPANTES.
A la señora Ministra de Salud, para que informe respecto de IMPLEMENTACIÓN DE UCI PEDIÁTRICA EN HOSPITAL REGIONAL SAN JOSÉ DEL CARMEN, COMUNA DE COPIAPÓ.
Al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama, consultando por TRAMITACIÓN DE SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA SEÑORA ROSA GARRIDO CERÓN, VECINA DE COMUNA DE HUASCO.
A la Fundación Teletón, a fin de pedir EVALUACIÓN DE SEÑOR JAVIER TAPIA BERRÍOS, VECINO DE HUASCO.
Del señor QUINTANA:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole FISCALIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INMUEBLE EN RUTA 5 SUR, COSTADO NORTE DE ACCESO A VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, POR SUBSECRETARÍA DE GUERRA.
Del señor QUINTEROS:
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, para que informe acerca de FACTIBILIDAD DE CREACIÓN DE SEGUNDA SALA ORDINARIA EN CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT.
)---------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó la sesión a las 19:27.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción