REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 8ª, en miércoles 6 de abril de 2016
Ordinaria
(De 16:22 a 19:55)
PRESIDENCIA DE SEÑOR RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González; y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes Lillo; del Trabajo, señor Francisco Díaz Verdugo; de Previsión Social, señora Julia Urquieta Olivares; y diversos asesores de Gobierno y de Senadores.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 107ª, extraordinaria, en 10 de marzo, y 1ª y 2ª, ambas ordinarias, en 15 y 16, respectivamente, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Asimismo, las actas de las sesiones 3ª, ordinaria, en 22 de marzo; 4ª, especial, y 5ª, ordinaria, ambas del 23 de marzo de 2016, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Quince de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los catorce primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias (boletín N° 9.197-03).
2.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
3.-
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03).
4.-
Proyecto de ley que crea Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
5.-
Proyecto de ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05).
6.-
Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín Nº 10.264-07).
7.-
Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional (boletín N° 10.240-08).
8.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo Sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Barbados", suscrito en Bridgetown, Barbados, el 29 de noviembre de 2013 (boletín N° 9.888-10).
9.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina regional para América del Sur en Chile y el Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo VI de éste" (boletín N° 9.897-10).
10.-
Proyecto de acuerdo que aprueba la modificación con respecto al Artículo XII (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (boletín N° 9.918-10).
11.-
Proyecto de acuerdo que aprueba las modificaciones al Convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), adoptadas mediante la Decisión XXXVIII/D/453, de la XXXVIII Reunión de Ministros de esa organización, celebrada el 30 de noviembre de 2007 en la ciudad de Medellín, Colombia (boletín N° 9.966-10).
12.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de abril de 2015 (boletín Nº 10.323-10).
13.-
Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para extender la vigencia del certificado de informaciones previas que emite la Dirección de Obras Municipales en el caso que indica (boletín N° 10.395-14).
14.-
Proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que otorga al personal asistente de la educación que indica, una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín N° 10.583-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que dio su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que establece marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (boletín N° 9.094-12).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su opinión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica el artículo 385 del Código Procesal Penal (boletín Nº 10.566-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del impacto que produciría en las áreas de interés de esa Secretaría de Estado la suscripción y ratificación por el Ejecutivo del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
De la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos:
Contesta solicitud de información, requerida en nombre de los Senadores señor Espina, señoras Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Coloma, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín, Prokurica, Quinteros y Zaldívar, y reiterado en nombre del señor Espina, respecto del cumplimiento y ejecución del "Contrato de Prestación de Servicios para el Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viajes y Servicios Relacionados", suscrito con fecha 25 de noviembre de 2011 entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y Morpho S.A.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Da respuesta a solicitud de información, planteada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la instalación de una antena de telefonía en el sector de Rucatraro Calbuco, en la comuna de Galvarino, y a los motivos por los cuales aquella no ha entrado en funciones.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde solicitud, realizada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca del cumplimiento de la ley N° 20.815, que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama.
Del señor Alcalde de Galvarino:
Contesta solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Espina, referente a la instalación de una antena telefónica en el sector Rucatraro Calbuco, de dicha comuna, y las razones por las que la misma no está en funcionamiento.
De KPMG Auditores Consultores Ltda.:
Remite informe de servicio de auditoría externa al Servicio Electoral sobre procedimientos y mecanismos de control, sistemas de información y programas de computación para la actualización del Registro Electoral, según lo dispuesto en la ley N° 18.556.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones Relativo al Establecimiento y Operación de Oficinas en la República de Chile, suscrito en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14, 16 y 17 de abril de 2015" (boletín N° 10.244-10) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Larraín, señoras Pérez San Martín y Van Rysselberghe y señores Allamand, Bianchi, Coloma, Chahuán, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, envíe con urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley que eleve los estándares de protección de datos personales en Chile (boletín Nº S 1.864-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Comunicaciones
De la Comisión de Minería y Energía, con la que señala que en su sesión celebrada el día de hoy ha procedido a elegir como su Presidenta a la Senadora señora Isabel Allende Bussi.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con la que informa que ha elegido como su Presidente al Senador señor Alejandro Navarro Brain.
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, con la que expresa que el Senador señor Rabindranath Quinteros Lara ha sido elegido como su Presidente.
Del Senador señor García-Huidobro, con la que informa que se ausentará del país entre los días 6 y 16 del mes en curso para dirigirse a Estados Unidos, donde participará en la Conferencia Global Parlamentaria, que se efectuará en Washington D.C., y posteriormente a una invitación de los Estados de Pensilvania y Delaware. Además, asistirá al Foro Anual de la Asociación Panamericana.
--Se toma conocimiento.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Certificado
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la fecha de las elecciones primarias municipales (boletín Nº 10.595-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tenemos dos proyectos de Fácil Despacho y además ha llegado el informe de Comisión Mixta recaído en la reforma laboral, que viene con "discusión inmediata".
Por lo tanto, quiero pedir una suspensión de 15 minutos para celebrar una reunión de Comités a fin de resolver cómo se tramitará dicho informe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:27.
--Se reanudó a las 16:41.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Continúa la sesión.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para informar de lo resuelto por los Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités han acordado incluir, en la tabla de la presente sesión, el informe de la Comisión Mixta sobre reforma laboral, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Intervendrá como Senador informante el Presidente de la referida Comisión, el Senador señor Letelier, y a continuación dispondrán de diez minutos quienes deseen exponer sus argumentos en contra de las proposiciones formuladas y de diez minutos quienes estén a favor de ellas, luego de lo cual se abrirá la votación.
Sin perjuicio de lo anterior, se tratarán en primer lugar los proyectos que figuran en la tabla de Fácil Despacho.
El señor LAGOS (Presidente).- En consecuencia, procederemos al análisis de los dos asuntos que figuran en esa parte de la sesión.
MODIFICACIÓN DE FECHA DE ELECCIONES PRIMARIAS MUNICIPALES
El señor LAGOS (Presidente).-
En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la fecha de las elecciones primarias municipales, con certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.595-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización (certificado): sesión 8ª, en 6 de abril de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La iniciativa persigue como objetivo específico modificar el plazo para realizar las declaraciones de candidaturas a alcalde a fin de participar en las elecciones primarias.
Para su aprobación se requiere quorum orgánico constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 18 y 19, N° 15°, de la Constitución Política.
El proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Gobierno por la unanimidad de sus miembros: Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar. A continuación se acogió el artículo único y se agregaron, en el artículo transitorio, como incisos tercero y cuarto, nuevos, los que figuran en las páginas 3 y 4 del informe.
Dicha enmienda también fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión ya mencionados.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer, Presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, este proyecto busca solucionar un problema que se planteó en la anterior iniciativa que discutimos respecto a las elecciones primarias, donde lo que se hizo fue separar las listas para alcalde de las listas para concejales. La idea es que cuando se declare un pacto para alcaldes, dentro de este también se puedan hacer distintos subpactos para las listas de concejales.
En aquella oportunidad se modificó igualmente la fecha de las elecciones primarias, como un tema adicional. Sin embargo, el Servicio Electoral planteó que no iban a alcanzar los tiempos para verificar todos los datos necesarios de los candidatos. Frente a esto, el Ejecutivo ingresó el día de ayer, vía Cámara de Diputados, un proyecto que cambia la fecha de las elecciones primarias y, además, pone en concordancia la fecha de declaración de las candidaturas con los tiempos que necesita el SERVEL.
Por lo tanto, lo que propone el proyecto es que las elecciones primarias de alcalde se realicen, este año 2016, el domingo 19 de junio, y que se fije como plazo para efectuar la declaración de candidaturas de quienes participen en estas primarias el 20 de abril.
Dentro del mismo plazo, pero en forma previa a la declaración de candidaturas, deberán formalizarse los pactos y subpactos electorales para la elección de concejales que contemple un pacto electoral.
De ese modo, queda solucionado el problema que se había suscitado al correrse la fecha de realización de las elecciones primarias para este año y, a su vez, se establecen los plazos necesarios que ha pedido el SERVEL.
En la Comisión discutimos, con la presencia del Presidente y de la Directora Ejecutiva del Servicio Electoral, un tema que preocupa especialmente a los consejeros regionales.
Por un lado, tenemos el espíritu de la Ley de Elecciones Primarias. Su artículo 19 señala que el SERVEL deberá verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las candidaturas para postular a cada cargo y que -esta es la parte importante- el cumplimiento de las exigencias para ser candidato se evaluará siempre en relación con la fecha de la elección definitiva.
Ello ha producido una discusión respecto de los consejeros regionales, porque se creía y muchos de ellos postulaban que si un consejero quería presentarse a una primaria no era necesario que renunciara a su cargo antes de la elección. Sin embargo, la interpretación del SERVEL es distinta. Este organismo planteó en la Comisión de Gobierno que los consejeros regionales sí deben renunciar a su cargo antes de la inscripción de su candidatura a elecciones primarias, independientemente del resultado que se obtenga. En castellano, podría ocurrir que un consejero regional renunciara a su cargo y se inscribiera para participar en una elección primaria de alcalde, pero la perdiera y no siguiera siendo consejero regional.
Varios Senadores consideramos que eso va contra el espíritu de la Ley de Elecciones Primarias, que busca seleccionar candidatos y que los requisitos e inhabilidades se evalúen en relación con la fecha de la elección definitiva. O sea, un consejero regional debiera poder seguir ocupando su cargo y solo renunciar al momento de ser elegido como candidato, después de la elección primaria.
Sin embargo, por la premura del tiempo, no se pudo llegar a una solución que permitiese contar con el apoyo técnico del Servicio Electoral para resolver específicamente el problema relacionado con la participación de los consejeros regionales en las elecciones primarias. Aunque el Senador Pérez Varela presentó una indicación apoyada por los colegas Zaldívar, Bianchi y quien habla, no se llegó a ninguna solución, dado que el Servicio Electoral planteó que, técnicamente, esto no era posible. Y, por lo tanto, los consejeros regionales van a tener que renunciar antes de la declaración de candidaturas.
Esa fue la segunda parte que se discutió en este proyecto de ley, y no se incluye en lo que vamos a votar ahora, pues no se logró alcanzar un consenso con el organismo técnico a cargo, el SERVEL.
Por último, también se incorporó una indicación parlamentaria que contó con el apoyo transversal de la Comisión, en la que se faculta a las directivas centrales provisionales de los partidos políticos a suscribir pactos y subpactos, así como a declarar candidaturas para las elecciones primarias, solo por este año.
Eso se debe a que había varios partidos que estaban en formación, y solo respecto a ellos se solucionó el problema para la elección primaria; pero existían algunos partidos ya declarados como tales que, por los plazos de las primarias, no alcanzarían a realizar sus consejos generales, ratificar los pactos y cumplir con los tiempos definidos en la norma.
En tal sentido, y dadas todas las modificaciones que se han hecho, este año se permite, por una sola vez, que las directivas centrales provisionales puedan cumplir con estos trámites.
Todos esos cambios, señor Presidente, buscan viabilizar las elecciones primarias, aumentar la participación ciudadana y que, ojalá, tengamos mayor cantidad de primarias legales y vinculantes a lo largo de todo el país, que concilien todos los cambios de la legislación electoral vigente con el surgimiento de nuevos partidos políticos y con las modificaciones que se han hecho tanto a las leyes electorales como a la legislación respecto a los partidos políticos.
Hemos buscado solucionar los problemas que se han presentado. Sin embargo, nos queda un desafío pendiente respecto a las inhabilidades y a los requisitos necesarios para ser candidato, porque el espíritu inicial de la Ley de Primarias era que los requisitos se tuviesen que cumplir en el momento de la elección definitiva y no de las primarias.
No obstante, eso no se logró solucionar en esta primaria. Y esperamos poder analizar junto con el Ejecutivo un proyecto de ley que nos permita zanjar este problema para las primarias que vengan en adelante, y de esa manera hacer más viable dicho mecanismo para los distintos candidatos.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, sin perjuicio de lo que ha señalado la Senadora Von Baer, Presidenta de la Comisión, quiero reafirmar lo relativo a los consejeros regionales.
Hay un contrapunto entre la Ley de Primarias y la ley que se acaba de publicar el día lunes. Personalmente, creo que predomina la Ley de Primarias porque apunta específicamente a este tema.
A pesar de que el Servicio Electoral no aceptó introducir una disposición para aclararlo, la Ley de Primarias determina que la persona tiene que estar habilitada en el momento en que sea candidata porque, de lo contrario, se produce lo señalado acá: un consejero regional que quisiera optar a primarias tendría que renunciar antes del 20 de abril, cuando hay que hacer la inscripción. ¿Por qué? Porque no estaría habilitado de acuerdo con la interpretación del SERVEL.
Y sucede que un consejero regional que no fuera a primarias debería renunciar en la fecha correspondiente, al momento de la inscripción de candidaturas de la elección general. O sea, tres o cuatro meses después.
Es decir, se produce una contradicción entre el consejero regional que va a primarias y el que no lo hace. Con eso se realiza un contrapunto con la Ley de Primarias, en circunstancias de que se quiere favorecer que las haya.
Ahora, efectivamente se dijo que eso provocaba una cierta diferenciación con otros cargos de la Administración Pública que están en la misma situación, cuyos titulares tienen que declararse inhabilitados en el caso de que vayan a primarias, como un Ministro de Estado, un Subsecretario, etcétera. Pero estamos considerando nada más que el caso municipal.
Quiero dejar constancia de mi interpretación: yo creo que prima y está por encima de la ley general, la ley especial, que es la de Primarias. Esta tiene que regir y, por lo tanto, ese consejero regional no tendría que renunciar a su cargo para participar en primarias.
Se podría producir el contrasentido de que un consejero regional renunciara, de acuerdo con la interpretación del SERVEL, fuera a la primaria, la perdiera y dejara de ser consejero regional.
Reitero: debe regir la Ley de Primarias y no la ley general.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Muy brevemente, señor Presidente, creo que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hizo un buen trabajo con el objeto de resolver tanto los problemas que acarreó la ley en materia de fechas para llevar adelante la elección de primarias, que fue publicada recién el día sábado, como los relativos a la situación de los partidos en formación o recientemente constituidos para poder participar en primarias, subpactos, elección de candidatos. Creo que esto se soluciona adecuadamente.
Lo que no se pudo resolver es lo que informó la Senadora Von Baer y que ratificó el Senador Andrés Zaldívar. Cuando discutimos en el Senado la iniciativa concerniente a las primarias, se dijo que se buscaba incentivar la participación. Y la manera de hacerlo era establecer: "todos los plazos relativos a los requisitos de inhabilidades, incompatibilidades se van a contar desde la fecha de la elección", y así lo dejamos consignado en la ley.
Esta resolución del SERVEL hace tabla rasa y deja en letra muerta la disposición legal que consagra que los plazos se contarán desde la elección definitiva. Y, por lo tanto, se va a generar -a nuestro juicio- una discriminación hacia quienes hoy son consejeros regionales y quieren participar en primarias.
Lo grave de esa interpretación, que más bien parece atada a temas técnico-administrativos, es que no da cuenta acerca del interés del Senado, y del Congreso en general, cuando se dictó la Ley de Primarias: incentivar la participación de la gente en política a través de procedimientos democráticos para que la ciudadanía ayude a las coaliciones, a los partidos a elegir los candidatos.
Esta elección de primarias va a tener una serie de cortapisas para quienes estén ejerciendo cargos públicos de elección popular. Por lo tanto, yo concuerdo con el Senador Zaldívar en cuanto a su interpretación, que es correcta: los actuales consejeros regionales que vayan a primarias tendrían que cumplir los requisitos 90 días antes del 23 de octubre y no como ha resuelto el SERVEL, el 20 de abril próximo, lo que generará una situación supercompleja que no hemos podido resolver legislativamente.
En consecuencia, se ha abierto una ambigüedad, una incertidumbre y, al final, existe una discriminación en esta materia.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Como no hay más oradores inscritos, se abrirá la votación.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que este proyecto contiene normas de quorum orgánico constitucional y, de consiguiente, para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (33 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional exigido, y queda concluida su discusión en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Allende y señor Girardi.
FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LAGOS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
En trámite de Comisión Mixta: sesión 6ª, en 5 de abril de 2016.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016.
Comisión Mixta: sesión 8ª, en 6 de abril de 2016.
Hacienda: sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (tercer trámite): sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016.
Discusión:
Sesiones 45ª, en 19 de agosto de 2015 (se aprueba en general); 82ª, en 16 de diciembre de 2015 (se aprueba en particular); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (se rechazan las enmiendas y pasa a Comisión Mixta).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de dos enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
Su detalle es el siguiente.
1.-
Artículo 49 bis.
En el primer trámite constitucional el Senado aprobó un artículo 49 bis que en su inciso primero faculta a los alcaldes para modificar las plantas municipales mediante un reglamento municipal. El inciso segundo de esa disposición establece que el reglamento que se dicte al ejercer tal potestad estará sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, y que se publicará en el Diario Oficial.
En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó una oración final al inciso segundo para consagrar que "La municipalidad deberá remitir a la Contraloría el reglamento aprobado por el concejo dentro de los treinta días corridos siguientes.".
2.-
Artículo segundo transitorio.
En el primer trámite el Senado aprobó un artículo segundo transitorio, cuyo inciso primero dispone que "El personal de planta, regido por la ley N° 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15° al 20°, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que esté en posesión a esta última fecha.".
La Cámara de Diputados, en segundo trámite, agregó una oración final en dicha norma, que señala: "siempre que mantengan un nombramiento entre los grados ya señalados, ambos inclusive.".
Ahora bien, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras la Comisión Mixta propone, en cuanto a la primera discrepancia, modificar el inciso final del artículo 49 bis, que se refiere a que los concejales que hubiesen votado por rechazar la propuesta de planta tengan la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral Regional, mediante la sustitución de las expresiones "solo podrá" por "deberá" respecto del envío del reglamento a la Contraloría por parte del alcalde, una vez transcurrido el plazo que se concede a fin de solicitar que se declare el notable abandono de deberes sin que se haya interpuesto la acción, o cuando esta se haya rechazado.
Respecto de la segunda divergencia la Comisión Mixta acordó mantener el texto aprobado por el Senado.
El órgano técnico adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Pérez Varela, Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y Diputados señora Cicardini y señores Becker, Farías, Morales y Morano.
Por la misma unanimidad antes mencionada, ese organismo técnico acordó modificar el numeral 4) del artículo 4° reemplazando las referencias que ahí existían a determinados incisos por otras.
Cabe hacer presente que, a juicio de la Comisión Mixta, el inciso final del artículo 49 bis propuesto es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe pertinente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, en la Comisión Mixta resolvimos dos puntos más bien de redacción y precisión.
Este proyecto lleva largo tiempo de tramitación en el Parlamento, y tiene por objeto eliminar las diferencias de remuneraciones existentes entre los sectores municipal y público, sobre la base de un acuerdo a que se llegó con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Por eso -ya lo hemos explicado en la Sala- se estableció, primero, que las municipalidades van a tener autonomía para fijar sus plantas de personal.
En segundo término, se modificó el porcentaje de los recursos que podían destinarse a conformar las plantas y los contratos, y, además, se estableció un mecanismo para incorporar a la contrata a los empleados a honorarios.
También se determinó un sistema con el objeto de otorgar el beneficio de asignación profesional y, además, la entrega de dos grados a las plantas de funcionarios municipales.
Todo eso ya lo vimos.
Aquí solo se tratan dos temas en los cuales hubo divergencia.
El primero se refiere a la propuesta hecha por la Cámara de Diputados en el sentido de que el reglamento por el cual se fijaban las plantas tenía que remitirse a la Contraloría dentro del plazo de treinta días corridos, lo cual era contradictorio con lo dispuesto en el artículo 49 bis respecto del procedimiento de reclamo de los concejales ante el Tribunal Electoral Regional por el reglamento dictado por el alcalde.
Esa diferencia se soluciona al cambiar el término "sólo podrá" por "deberá", y al determinar que el plazo corra desde el momento mismo en que se haya dado respuesta a los reclamos interpuestos ante el referido tribunal.
La otra materia -figura en la página 29 del boletín comparado- se refiere a la interpretación que podría darse en cuanto al derecho a aumentarse en dos grados los encasillamientos, porque de acuerdo con la redacción propuesta por la Cámara podría entenderse que, si a alguien se le nombrara con determinado grado, después no sería factible otorgarle otros.
Por lo tanto, se propuso eliminar dicha modificación de la Cámara, y ambas sugerencias de la Comisión Mixta se aceptaron por unanimidad.
Me parece que se debe despachar este proyecto, pues lleva mucho tiempo de tramitación, y tanto los funcionarios como las municipalidades lo están esperando como un gran avance para el desarrollo municipal.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras antes del término de la tramitación de este proyecto de ley saludando a todos los funcionarios municipales que nos acompañan, varios de los cuales vienen de diversas regiones del país.
Lo hago con gran fuerza y, a estas alturas, con mucho cariño, porque todos los miembros de la Comisión de Gobierno trabajamos en conjunto con las asociaciones de funcionarios municipales durante bastante tiempo para enriquecer la iniciativa del Ejecutivo ingresada al Senado.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley muy importante -lo hemos dicho varias veces-, porque permite la modificación de las plantas municipales fijadas en 1994. O sea, han pasado más de veinte años sin que ellas sufrieran transformaciones, por lo que es absolutamente necesario modernizar el régimen de recursos humanos de cada uno de los municipios.
En nuestro país las municipalidades son muy distintas entre sí, y no existe la posibilidad de contar con plantas municipales que recojan esa diversidad.
Adicionalmente, esta normativa mejora las condiciones laborales de los funcionarios municipales, y también permite al alcalde y al concejo municipal responder a las necesidades de cada municipio.
Durante muchas sesiones de la Comisión de Gobierno dijimos que nos parecía tremendamente relevante este proyecto, porque siempre el municipio es el primer lugar adonde llegan los ciudadanos con todo tipo de preguntas, preocupaciones, necesidades, y son los funcionarios municipales los que muchas veces, con pocos recursos y también con pocas posibilidades de encontrar soluciones, tratan de ser la puerta de entrada al Estado y resolver de la mejor manera posible los problemas de cada uno de los vecinos.
Este proyecto de ley fue enriquecido fuertemente en la Cámara de Diputados y también en el Senado, gracias al trabajo conjunto con los funcionarios municipales, muchos de los cuales nos acompañan hoy.
Los dos artículos abordados por la Comisión Mixta tratan temas menores. Probablemente, no hubiésemos llegado a dicha instancia si no se hubiese producido la descoordinación respecto del envío de información sobre la modificación de la planta a la Contraloría General de la República.
Respecto de la norma transitoria, no estaba cien por ciento clara su redacción. En la Cámara Baja se introdujo una enmienda que podría generar menoscabo a los funcionarios municipales para acceder a dos grados: uno, el 2016 y otro, el 2017.
Para solucionar esta segunda divergencia la Comisión Mixta acordó mantener el texto aprobado por el Senado, que es claro en señalar el beneficio: "El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que esté en posesión a esta última fecha.".
Por lo tanto, los funcionarios podrán aumentar de grado el 2016 y el 2017, lo cual siempre fue el espíritu de esta norma. Dicho propósito no había quedado completamente claro en la redacción del texto acordado en su momento por la Cámara de Diputados.
Terminada esta tramitación, que ha sido larga pero positiva, los funcionarios municipales en todo Chile podrán celebrar las modificaciones legales que les otorgan beneficios tremendamente relevantes.
Sin embargo, el despacho de esta iniciativa no significa que todo esté solucionado y que ahora nos podemos olvidar de los municipios porque ya todo está bien.
Eso no es así.
Con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo acordamos dejar algunos temas para más adelante.
Uno de ellos es el relativo al incremento previsional para funcionarios que hoy día están corriendo el riesgo incluso de ser embargados por situaciones judiciales. Este asunto quedó pendiente, pues no se pudo llegar a un acuerdo en el marco del presente proyecto de ley.
Y hay otras demandas que seguramente se irán trabajando con los funcionarios municipales. Por ejemplo, la concerniente en otorgar asignación profesional a los conductores de camiones municipales. Ellos no cuentan con este beneficio y algunos creemos que deberían tenerlo. ¿Por qué? Porque hay una profesionalización de la función...
El señor LAGOS (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le doy treinta segundos más.
La señora VON BAER.-
Gracias.
En consecuencia, todavía quedan desafíos pendientes.
Hoy todos podemos estar contentos por nuestros municipios, por los funcionarios municipales y por el avance que esta legislación va a permitir.
Es un día importante para la descentralización del país, pero aún quedan asuntos que debemos trabajar en conjunto con los funcionarios municipales y los municipios.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa el siguiente documento.
Comunicación
Del Comité Partido Demócrata Cristiano, con la que informa que ha designado como sus representantes, a contar de esta fecha, a los Senadores señores Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta.
--Se toma conocimiento.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes.
Pensando en el proyecto de reforma laboral que veremos pronto, pido la misma autorización para el ingreso del Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz, junto a sus asesores; de la Subsecretaria de Previsión Social, señora Julia Urquieta, y de los asesores de los parlamentarios.
El señor PÉREZ VARELA.-
Sí.
El señor DE URRESTI.-
Conforme.
--Se accede.
El señor LAGOS (Presidente).-
Aprovecho de saludar a las asociaciones de empleados municipales y funcionarios que nos acompañan el día de hoy, que no son pocas: las Asociaciones de Empleados Municipales de Valparaíso, de Quilpué, de La Calera y de Quinta Normal; la Unión de Funcionarios Municipales de Chile; la Asociación de Funcionarios Municipales de Talagante, y la ASEMUCH (Confederación Nacional de Funcionarios Municipales).
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación la proposición de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, no voy a ahondar mayormente en lo que ya dijeron nuestra Presidenta de la Comisión de Gobierno y los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Quiero destacar lo importante que ha sido la unión de los trabajadores municipales. Basta decir que en esta iniciativa hubo una participación crucial de la dirigencia nacional y de las directivas de cada una de las regiones y las comunas de nuestro país.
Tal como lo hicimos ver ese día en la Comisión, el contenido del proyecto que estamos aprobando es de absoluta justicia y se debe a la voluntad de un Gobierno, que entendió lo injusto de la situación por la que atraviesan las funcionarias y los funcionarios municipales; al compromiso de un Subsecretario que muestra una particular sensibilidad en esta materia, y al esfuerzo de un grupo humano, de mujeres y hombres, que ha liderado todo este proceso en defensa de la labor municipal.
Por eso no quiero entrar en el detalle del proyecto, que es por todos conocido. Prefiero valorar la lucha que por años dieron los funcionarios y las funcionarias municipales. Gracias a ellos, hoy día estamos concluyendo algo que es absolutamente justo y totalmente necesario.
A pesar de que todos sabíamos de esa situación, no fuimos capaces antes de recuperar, remediar y emparejar la cancha para esta función pública tan particular.
La labor municipal, señor Presidente, no la enseñan en ningún lugar. Mujeres y hombres han dado toda una vida a ese trabajo, y por eso era tan injusto ver que no tenían una retribución económica. El aumento de grados, los bonos y todos los incentivos que se establecen han sido largamente esperados.
Por lo mismo, el día en que todos votamos a favor de esta proposición en la Comisión Mixta, argumentamos con mucha fuerza que nada de esto hubiese sido posible sin la unión y el liderazgo de quienes representan a los funcionarios municipales.
Me alegra mucho concluir la tramitación de este proyecto de ley, que hemos aprobado con enorme entusiasmo.
Señor Presidente, no podía dejar pasar esta oportunidad sin rendir un sentido homenaje a la función pública de nuestro país a través de la labor municipal.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, la iniciativa de ley que estamos despachando fortalecerá la descentralización, en atención a que cada municipio fijará sus plantas, según sus necesidades.
Dichas plantas no han experimentado cambios desde 1994, lo cual era una facultad privativa de la Presidencia de la República.
Los alcaldes, con el acuerdo de los dos tercios del concejo municipal, previa consulta a un Comité Bipartito (compuesto por representantes de los funcionarios y del edil), podrán crear o modificar las plantas.
El proyecto establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para el proceso de fijación de las plantas.
Se aumenta el gasto en contrata del 20 al 40 por ciento del gasto en planta.
También se promueve la profesionalización de los municipios: un 75 por ciento de los nuevos cargos serán técnicos o profesionales.
Se concede asignación profesional a aproximadamente 8.700 funcionarios de distintos estamentos.
Asimismo, se crea una asignación especial, llamada "Directivo-Jefatura".
Mejoran las remuneraciones.
Se asigna un aporte fiscal extraordinario para que las municipalidades puedan financiar parte de los beneficios a sus funcionarios: 34 mil millones de pesos en 2016 y 36 mil millones en 2017.
A partir del año 2018, se cuadruplica el aporte que el Estado debe efectuar al Fondo Común Municipal.
Se otorgan los bonos de asignación profesional, asignación Directivo-Jefatura y por incremento de grado.
Se estimula la participación de los funcionarios, como dijeron algunos colegas, mediante la constitución de un Comité Bipartito.
Además, se permite que funcionarios ya retirados accedan al bono poslaboral.
Se faculta a las municipalidades para que, a través del reglamento interno, se puedan crear nuevas unidades.
Se exige como instrumento de gestión municipal la política de recursos humanos, con participación de los funcionarios.
Y también se asignan nuevas funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Señor Presidente, lo que quiero destacar con mi exposición es que aquí se plantea un cambio absoluto en cuanto a la función municipal. Por primera vez en la historia se hace justicia con la labor que realizan los funcionarios de los diversos municipios del país.
Por ello, me alegro mucho de haber colaborado para que la ley en proyecto sea aprobada.
Felicito a todos los dirigentes y funcionarios municipales por la gran lucha que han llevado adelante durante muchos años.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, no voy a referirme al proyecto que nos ocupa, en atención a que se halla en la tabla de Fácil Despacho. Pero igual me sumo entusiasta a su aprobación.
Intervengo para pedir que recabe la unanimidad de la Sala a fin de fijar un nuevo plazo para formular indicaciones a la iniciativa que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín Nº 9.914-11), hasta el lunes 2 de mayo, a las 12.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este proyecto viene a reparar un daño permanente provocado por la aprobación de leyes que imponen obligaciones a las municipalidades, pero no incluyen el financiamiento respectivo. Esa carga de trabajo debe ser asumida por todo el personal municipal, incluidos los gastos adicionales que implica.
Lo anterior constituye un reclamo constante de los alcaldes y de los funcionarios a lo largo de todo Chile.
La presente iniciativa ha sido trabajada con las asociaciones de funcionarios, y me parece bien que se apresure su tramitación. Entiendo que hoy día quedará despachada -existe unanimidad al respecto-, sobre todo porque viene a compensar la situación desmedrada de las plantas municipales.
Desde 1994 los alcaldes vienen reclamando: "¡Cómo no puedo modificar la planta!"; "Requiero tal perfil profesional"; "Me encuentro acotado"; "Estoy con sobrecarga".
Si hay ineficiencia a nivel municipal, que es la base de la construcción de sociedad, de gobierno, de programas, del ejercicio de políticas públicas, ¡tenemos un grave lío!
Este proyecto no resuelve todos los problemas de los municipios (muchos de ellos presentan dificultades de financiamiento, déficit en infraestructura, deudas), pero generará condiciones para facilitar la sacrificada tarea de los funcionarios municipales, quienes durante años han estado esperando una retribución económica adecuada.
Entiendo que un conjunto de temas quedó fuera de esta futura ley, como siempre ocurre.
Pese a ello, quiero preguntar a los miembros de la Comisión si existe un compromiso para despachar ahora esta materia. ¿Están garantizados los recursos? Dado que se encuentran presentes el Ministro y el Subsecretario de Hacienda, imagino que sí.
Parece que está todo dispuesto. Entonces, hay que aprobar lo propuesto, despachar la iniciativa y, en definitiva, pagar esta deuda pendiente con los municipios.
Señor Presidente, deseo saludar a todas las asociaciones de funcionarios que nos acompañan en las tribunas. Muchos de ellos tomaron contacto -entiendo- con todos los parlamentarios. Cumplieron una tarea disciplinada, que yo ya quisiera ver en algunos partidos. Nos llamaron a terreno y nos explicaron sus planteamientos, lo que posibilitó que muchos funcionarios municipales conocieran la normativa que los rige. Digámoslo francamente: muchas veces las leyes son desconocidas por los propios beneficiarios, pero en esta ocasión la totalidad de las personas terminó sabiendo perfectamente de sus alcances.
Junto a muchos funcionarios municipales y dirigentes de las asociaciones respectivas, tuvimos la oportunidad, al menos en la Región del Biobío, de conocer en detalle el presente proyecto de ley.
Voto a favor, porque considero que esta propuesta legislativa constituye un avance significativo.
Si bien no resolvemos todos los problemas, damos un paso sustantivo en materia de políticas municipales, particularmente en lo relativo a las plantas.
Los funcionarios esperan con ansiedad que se haga justicia.
Ojalá la iniciativa que hoy aprobamos se convierta en ley a la brevedad.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, me correspondió presidir la Comisión de Gobierno cuando se inició la tramitación de este proyecto de ley.
Recuerdo que en esa oportunidad señalamos que se estaba haciendo justicia respecto de un sector cuya postergación resultaba francamente incomprensible. Los funcionarios municipales son los que están más cerca de la comunidad -de hecho, mantienen un contacto diario y permanente con ella- y adolecen de, a lo menos, tres o cuatro situaciones graves, que en parte -¡en parte!- se reparan con la iniciativa que nos convoca.
En primer lugar, les afecta un detrimento en remuneraciones e ingresos, en comparación con la Administración central, que no tiene ninguna justificación.
El funcionario municipal debe estar en el frente de batalla -por decirlo de manera simbólica- lidiando con una cantidad enorme de inquietudes, peticiones y demandas ciudadanas, sobre las cuales no dispone de atribuciones, en gran medida, para resolverlas. Sin embargo, buena parte de los chilenos que requieren apoyo y ayuda acuden a la municipalidad.
Por lo tanto, resultaba de gran injusticia que trabajadores municipales que presentaban un desgaste personal enorme y debían atender un requerimiento de trabajo gigantesco y una demanda ciudadana muy fuerte mantuvieran -ahora se acortará algo esta brecha- desigualdades en los ingresos sin ninguna justificación, salvo una muy mala decisión tomada años atrás.
En segundo término, las plantas municipales se encuentran absolutamente obsoletas hoy día; no corresponden a la realidad. Han pasado décadas sin que se hayan renovado. Deben actualizarse y, además, ello tiene que hacerse dentro de la lógica de cada municipalidad.
Se estableció que el alcalde, con acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio y con la participación previa de un Comité Bipartito (compuesto por funcionarios y representantes del alcalde), pueda modificar su planta municipal.
En muchas municipalidades hay estupendas ideas y grandes proyectos, pero la planta no da cabida a todas las personas que se requieren para cumplir adecuadamente la labor o no permite contar con funcionarios bien remunerados, en los cargos correctos, para servir la función que les demanda la comunidad.
Entonces, se le solicita una cantidad enorme de funciones al personal municipal, pero se le otorgan pocos poderes y mínimos recursos, lo que finalmente produce una gran frustración en un porcentaje de ellos, quienes siguen trabajando solo por amor a la camiseta de su comuna y muchas veces en condiciones adversas.
Es cierto que este proyecto otorga la asignación profesional y la Directivo-Jefatura, las cuales son importantes. Hay un incremento de grados y se conceden bonos, entre otras tantas materias que tramitamos en esta iniciativa.
Señor Presidente, quiero hacer un reconocimiento, muy especialmente, a las distintas organizaciones de funcionarios municipales.
Cuando me correspondió presidir la Comisión de Gobierno, siempre estuvieron las puertas abiertas para que todos ingresaran. Recuerdo algunas sesiones en que la sala parecía más bien el estadio La Bombonera, por lo lleno que se encontraba: había funcionarios municipales sentados, de a pie o esperando afuera. Les abrimos las puertas a todos para que ni un solo funcionario no sintiera que tenía la oportunidad de participar en el debate o, al menos, escuchar la discusión.
Y lo que considero más notable es que, pese a haber puntos de diferencia muy serios, nunca un funcionario municipal en la tramitación íntegra de esta iniciativa de ley dejó de manifestar un comportamiento cívico adecuado.
Se plantearon los temas con personalidad, con carácter, con fuerza, pero jamás hubo una descalificación ni una actitud que se alejara del legítimo derecho de defender los intereses de todos los funcionarios municipales.
Viajé por varias regiones de nuestro país y me ocurrió exactamente lo mismo. Y aprendí a conocer la realidad de las municipalidades desde la perspectiva de los funcionarios, porque uno siempre lo hace desde el punto de vista de la autoridad o de los ciudadanos. ¡Por Dios que es distinto cuando se conoce desde la perspectiva de los funcionarios municipales!
Me alegra que la ley en proyecto esté llegando al final de su tramitación. Creo que se ha dado un paso, si bien las iniciativas nunca son perfectas. El gran desafío que tendrán los futuros Gobiernos en Chile es modernizar mucho más aún la Administración Pública, y particularmente los municipios, porque de ese modo servirán mejor a la comunidad, que es su finalidad.
Por esa razón, votamos a favor, Señor Presidente.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (37 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señor Presidente, solo quiero reiterar el agradecimiento de parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet por apoyar un proyecto que, en primer lugar, como aquí se ha dicho, redignifica la función municipal, y en segundo lugar, avanza y profundiza el proceso de descentralización de Chile en el que estamos involucrados.
Gracias, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Subsecretario.
Antes de entrar al Orden del Día, saludo a los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales. Les hago presente que vamos a continuar trabajando en las materias que quedaron pendientes. Sin embargo, este es un tremendo avance.
--(Aplausos en tribunas).
MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.835-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 30 de junio de 2015 (se da cuenta).
En trámite de Comisión Mixta, sesión 5ª, en 23 de marzo de 2016.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 43ª, en 12 de agosto de 2015.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 95ª, en 20 de enero de 2016.
Hacienda: sesión 95ª, en 20 de enero de 2016.
Trabajo y Previsión Social (complementario del segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Comisión Mixta: sesión 8ª, en 6 de abril de 2016.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 18 de agosto de 2015 (queda pendiente discusión general); 45ª y 46ª, empalmadas, en 19 de agosto de 2015 (se aprueba en general); 104ª, en 9 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión); 105ª, en 9 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión); 106ª, en 10 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión); 107ª, en 10 de marzo de 2016 (se aprueba en particular).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de algunas de las enmiendas efectuadas por el Senado en el artículo 1o del proyecto, en lo que respecta al ejercicio de los derechos reconocidos por el Código del Trabajo de buena fe y en forma pacífica; a la obligación de desarrollar la negociación colectiva de manera pacífica entre las partes; a la negociación semirreglada; al derecho de información específica para la negociación colectiva en las grandes y medianas empresas, y a la negociación colectiva del sindicato interempresa.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las diferencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición.
Respecto de las divergencias, propone lo siguiente:
-Ejercicio de los derechos reconocidos por el Código del Trabajo de buena fe y en forma pacífica: rechazar la enmienda introducida por el Senado en el numeral 3), letra a).
-Obligación de desarrollar la negociación colectiva de manera pacífica entre las partes: rechazar la enmienda introducida por el Senado, consistente en la incorporación de un artículo 6o bis.
-Negociación semirreglada, artículo 315: aprobar el texto de la Cámara de Diputados para el encabezamiento del inciso primero, reemplazando la mención al artículo 362 por una al artículo 365; y aprobar la modificación introducida por el Senado respecto del inciso tercero.
-Derecho de información específica para la negociación colectiva en las grandes y medianas empresas, artículo 317: aprobar un artículo 317 con el texto propuesto por el Ejecutivo.
-Negociación colectiva del sindicato interempresa: aprobar la incorporación de un nuevo artículo 365, sobre negociación colectiva de los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa.
La Comisión acordó la proposición con las votaciones que consigna en cada caso en su informe.
Corresponde señalar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la cuarta y en la quinta columna, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse su informe.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, ¿se puede abrir la votación?
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Ello, en el entendido de que los señores Senadores dispondrán de diez minutos para intervenir.
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier, quien entregará un breve informe en su calidad de Presidente de la Comisión Mixta.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, estamos llegando al final de un debate de casi un año y cuatro meses para una reforma laboral que probablemente, en opinión de muchos, está pendiente desde hace más de cuarenta años.
Quiero partir haciendo alusión a un cartel que se encuentra en las tribunas y que dice: "La reforma laboral es un caballo sin cola; no es bonito, pero sirve para andar". Esto lo expresa una de las organizaciones sindicales que nos acompañan y permite contextualizar este debate. Porque la reforma laboral que se está discutiendo, ahora en trámite de Comisión Mixta, se relaciona con la conclusión de un proceso, de un cambio legal que persigue una finalidad: tener un caballo que ande.
En tal sentido, debemos recordar que esta reforma laboral busca nivelar la cancha a través de dos pilares esenciales.
Por una parte, la titularidad sindical y su vinculación con la extensión de beneficios, siempre respetando la libertad sindical.
Por otro lado, el establecimiento en nuestro Código Laboral de una institución, de un derecho fundamental: la huelga efectiva, sin remplazo interno ni externo.
Al final de esta discusión y en esta etapa de la Comisión Mixta, no tengo ninguna duda de que esta reforma permite nivelar la cancha y garantizar titularidad sindical y huelga efectiva como las dos instituciones fundamentales para avanzar.
Sin duda, más allá de los detalles que algunos quieran destacar (si el caballo tiene una cola larga o corta), este es un caballo que anda para los fines que fue propuesto, que es fortalecer el derecho de los trabajadores de nuestro país, para emparejar la cancha.
Quiero partir mis palabras indicando que considero que estamos frente a un paso histórico de fortalecimiento para los trabajadores a través de su sindicato, estableciendo un nuevo modelo de relaciones laborales, que esperamos sea colaborativo, de diálogo, que permita abordar no solo el ámbito de las remuneraciones, sino también los debates sobre condiciones de trabajo, productividad, capacitación, compatibilización con la vida familiar, entre otras materias.
La Comisión Mixta abordó un conjunto de materias que paso a relatar, por cuanto ya en los otros trámites varias de las instituciones que se propusieron en esta reforma fueron aprobadas.
Cuatro fueron los principales temas que se debatieron en la Comisión Mixta. Existen algunos de menor relevancia, pero quiero centrarme en los fundamentales. Ellos son:
-Información para la negociación colectiva.
-Negociación colectiva del sindicato interempresa.
-Definición, derivada de los debates, sobre práctica desleal con relación al uso de la fuerza en las personas o en las cosas.
-Práctica desleal relacionada con la subcontratación.
Ahora pasaré al detalle, señor Presidente.
La Cámara de Diputados rechazó la enmienda que el Senado introdujo en su momento en dos artículos, vinculada a establecer la obligación de ejercer los derechos reconocidos en el Código del Trabajo en forma pacífica.
Ese concepto -si no recuerdo mal- se introdujo tanto en el artículo 5° como en el artículo 6° bis, nuevo, en los que se planteaba que la negociación colectiva debía ser pacífica.
Ambas normas fueron rechazadas en la Cámara Baja.
En la Comisión Mixta se hizo presente que ya estaba definido que era una práctica desleal y, también, una práctica antisindical el uso de la fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas. Es decir, esta materia, a juicio de la mayoría, estaba abordada.
Sí se complementó en un aspecto lo tocante a las prácticas desleales.
En consecuencia, la Comisión Mixta rechazó la propuesta de que el referido concepto se consignara en los artículos 5° y 6° bis; pero complementó lo relativo a la práctica desleal -reitero que ya se hallaba consignado el uso de la fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas-, agregando una nueva acción que puede considerarse como tal. Hay que recordar que las prácticas desleales no constituyen un decálogo cerrado: es abierto, indicativo de las materias que posteriormente deberán resolver los tribunales. Así, se agrega que es una práctica desleal impedir durante la huelga, por medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de trabajadores no involucrados en ella.
El verbo rector de la práctica desleal es "impedir" el acceso por la fuerza.
Ese fue el primer capítulo general que abordó la Comisión Mixta, respecto del cual formuló la propuesta que señalé para resolver la divergencia surgida entre ambas Cámaras.
El segundo punto que se debatió -y no me quiero detener en cuestiones secundarias- tiene que ver con el derecho de información para la negociación colectiva.
Sobre el particular, se repusieron normas que el Senado había rechazado.
Se fijaron criterios respecto a la información que debe ser puesta a disposición durante una negociación colectiva, diferenciando, sí, qué tipo de información debe garantizarse para trabajadores y empleadores.
Aquí tuvimos una controversia con la Oposición.
Se reincorpora la norma que establece que tanto el sindicato como el grupo negociador existente en las empresas donde no hay un sindicato, para los efectos de preparar la negociación colectiva, pueden solicitar al empleador la planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados a la organización, desagregada por haberes y con el detalle de ingreso a la empresa y cargo o función desempeñada.
Se entiende, y está explícito, que los trabajadores autorizan al sindicato para pedir dicha información.
Con el objeto de mantener la reserva de la información personal de los trabajadores, se dispone que la información relativa a la planilla de remuneraciones solo podrá ser solicitada por los sindicatos que hayan sido autorizados expresamente en sus estatutos o cuando su entrega haya sido autorizada de manera explícita por cada trabajador. Ello, para no violentar normas sobre información personal existentes en otros cuerpos legales.
Adicionalmente, respecto de la información de remuneraciones para los distintos cargos y funciones de la empresa, se establece la obligación de entregar la información innominada cuando se trata de negociaciones en medianas y grandes empresas. La empresa entregará esta información solo cuando existan cinco o más trabajadores en cada cargo o función, se asegure la reserva de información individual de cada trabajador y no se infrinja el deber de reserva de la información personal del trabajador que la ley impone al empleador.
Sobre esta materia hubo una segunda discrepancia significativa, señor Presidente.
Por un lado, algunos entendemos que la información es esencial.
Ello quedó demostrado con el caso de Canal 13. Y excúsenme el ejemplo.
Cuando se conocieron los sueldos de los cuerpos directivos de dicha estación televisiva y el sindicato pudo actuar en función de esa información, sin duda se logró llegar a mejor puerto en esa negociación. Porque no hay que olvidar que las negociaciones colectivas muchas veces tienen como propósito cerrar la brecha salarial que existe al interior de una empresa.
En resumen, se repusieron los derechos de información.
Se introdujo una diferenciación entre lo que han de entregar las empresas por regla general. Pero también se reincorporó la norma que establece la obligación de proporcionar la información específica relativa a la planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores (acá hubo discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados) y la información tocante a las remuneraciones del cuerpo directivo, la que deberá ser entregada innominadamente.
El tercer gran tema de discusión fue la negociación colectiva del sindicato interempresa: artículo 365.
Señor Presidente, estimados colegas, se propone una nueva fórmula que permite a los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa negociar con su empleador conforme al procedimiento de negociación colectiva reglada. Y se establecen los procedimientos que señalaré en seguida.
A mi juicio, acá se garantiza algo fundamental: que los trabajadores que formen parte de un sindicato interempresa siempre podrán negociar. La cuestión es cómo hacerlo y quién es su contraparte (el empleador) al negociar.
La fórmula establecida considera:
Primero, que los sindicatos interempresa deberán agrupar a trabajadores que se desempeñan en empresas del mismo rubro o actividad económica.
Segundo, que la negociación se realizará en la empresa (esto lo discutimos en el Senado, pero fue rechazado).
Tercero, que el sindicato interempresa deberá tener un número de afiliados en la empresa en que se negocia igual al que se establece para el sindicato de empresa. Es lo que en la jerga común se conoce como "doble quorum": quorum para establecer el sindicato interempresa y al interior de la empresa en que se negocia debe haber tantos afiliados como los que se requieren para establecer un sindicato de empresa.
Con esos requisitos se negocia como sindicato interempresa (regla general).
En las medianas y grandes empresas es siempre obligatorio para el empleador aceptar el pliego que presenta el sindicato interempresa.
En las pequeñas y microempresas es facultativo para el empleador decidir con quién negocia.
El empleador de una pequeña empresa o de una microempresa puede resolver que no quiere negociar con el sindicato interempresa.
Si esa es su voluntad -es facultativo, como indiqué-, está obligado a negociar con los trabajadores de su empresa que están afiliados al sindicato interempresa como si fueran un sindicato.
Por ende, se garantizan dos principios muy importantes en la referida fórmula: la libertad sindical, esto es, la manera en que se organizan los trabajadores, y el derecho de los trabajadores a negociar siempre.
En ambos casos, sea a través del sindicato interempresa directamente, sea con los trabajadores afiliados al sindicato interempresa como si fueran un sindicato, cuando el empleador de la pequeña o microempresa no quiere negociar con la directiva del sindicato interempresa, esto se realizará de acuerdo a los principios de la negociación reglada, con los fueros, con los plazos, con los derechos que ahí se determinan.
Adicionalmente, resulta importante consignar -esta materia también se discutió en el Senado- que la comisión negociadora sindical estará integrada por los directores y los delegados sindicales que trabajen en la empresa donde se negocia. Es decir, en la comisión negociadora el empleador negocia con los trabajadores propios, pero que estén o hayan estado afiliados al sindicato interempresa.
Además, se plantea una norma general: el sindicato interempresa siempre puede negociar en forma no reglada; o sea, la negociación es voluntaria o no reglada.
Por tanto, señor Presidente, respecto del sindicato interempresa, en la Comisión Mixta -formas más, formas menos- se restableció el principio de la libertad sindical en virtud del cual, para los efectos de negociar, los trabajadores pueden organizarse de diferentes maneras: una, sindicato de empresa; la otra, sindicato interempresa.
Entonces, se repuso lo que planteó la Cámara en el sentido de que el sindicato interempresa existe como mecanismo. Y el agregado es para que se hagan en particular sindicatos interempresas de un mismo rubro o actividad económica.
El cuarto tema abordado en la Comisión Mixta, señor Presidente, tiene que ver con la subcontratación.
Como recordarán Sus Señorías, en el trámite del Senado se agregó un artículo para determinar las facultades de la empresa mandante en el caso de que, habiendo contratado a una empresa contratista, esta y sus trabajadores vivan un proceso de negociación colectiva que termine en huelga porque ambas partes no se pusieron de acuerdo.
Ese fue uno de los puntos de desencuentro que se llevaron a la Comisión Mixta. Esto, porque la Cámara de Diputados mantuvo la norma de que, en caso de huelga en una empresa subcontratista, durante ella el mandante pudiera (porque se trata de un contrato de carácter civil) proveer los servicios con un tercero.
Sobre el particular, la idea es establecer como precedente que los mandantes sí tienen responsabilidad en lo que ocurre durante la huelga.
Por ello, se incorpora una regla en virtud de la cual se dispone que la contratación directa o indirecta de los trabajadores en huelga de una empresa contratista o subcontratista por parte de la empresa principal se considera una práctica desleal sancionable con multa.
Se consagra el criterio de que la empresa mandante, aunque tiene atribuciones para contratar servicios si se interrumpen sus actividades a raíz de una huelga en una empresa subcontratista, podría incurrir en prácticas contrarias al proceso de negociación colectiva de su contratado (la empresa contratista) y de los trabajadores involucrados.
Por último, señor Presidente, más allá de esos cuatro puntos, se estableció una cuestión -quedó planteada; y es importante consignarlo, si bien se trata de algo menor- relacionada con los instrumentos colectivos suscritos por los grupos negociadores.
Al respecto, hay que marcar el precedente.
Si existe un contrato colectivo suscrito por un grupo negociador, al promulgarse la ley en proyecto, ¿hasta cuándo dura?
Hubo aprobación en el sentido de que los afectos al contrato colectivo se mantienen hasta el término de la vigencia de este instrumento.
Eso es muy importante para los efectos de dar certeza jurídica.
Es una cuestión complementaria. Y se trata de un precepto que reproduce la misma regla aprobada para los trabajadores sindicalizados.
Señor Presidente, tales fueron los principales temas que abordamos en la Comisión Mixta y que ahora se someten a la consideración de esta Sala.
No he querido mencionar disposiciones más bien formales: títulos, aspectos complementarios, en fin.
Como Presidente tanto de la Comisión de Trabajo del Senado cuanto de la Comisión Mixta, les agradezco a todos los parlamentarios que participaron en el debate de este proyecto, que ha sido muy largo, muy intenso. Pero tengo la convicción de que estamos dando un paso histórico al adecuar nuestras normas laborales y, en el fondo, devolverles a las trabajadoras y a los trabajadores chilenos derechos que tuvieron en el pasado.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador, por el informe que entregó como Presidente de la Comisión Mixta que analizó el proyecto de reforma laboral.
Siguiendo con el acuerdo de Comités, les otorgaré diez minutos tanto a los Senadores que están a favor cuanto a los que están en contra. Luego de ello, cada cual podrá fundamentar su voto por cinco minutos.
Hay ya una lista de oradores.
Antes de eso, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, Honorables colegas, como señaló el Presidente de la Comisión Mixta, estamos llegando al final de un debate extraordinariamente largo. En consecuencia, parecería inoficioso reiterar argumentos que hemos expuesto durante varios meses.
Simplemente, me interesa informar a la Sala, de manera muy breve, sobre los cambios introducidos a partir de la Comisión Mixta, que no son menores y no carecen de importancia.
Señor Presidente, tal como expresó el Senador Letelier, la primera enmienda dice relación con lo que se ha denominado genéricamente "tema de la fuerza o de la violencia".
En sesión anterior del Senado tuvimos un largo debate, tras el cual se incorporaron dos principios y dos preceptos -artículos 5° y 6°- que (podríamos decir), globalmente, establecían el concepto de que los derechos consagrados por el Código del Trabajo siempre debían ejercerse de buena fe y en forma pacífica.
Fue una votación dividida, y finalmente se instalaron esos dos conceptos, que, por quedar en la parte general del referido Código, inspiraban el conjunto de la legislación.
A mi juicio, aquí hay que decir las cosas como son.
En virtud de un acuerdo político que se alcanzó en la Nueva Mayoría, todo lo definido en esta Sala con relación a tales materias, simplemente, se borró de una plumada. Y se ha pretendido señalar que eso no tiene importancia, pues se agregó una práctica antisindical que significa exactamente lo mismo.
Señor Presidente, yo quiero hacer presente, de manera responsable, que eso no se ajusta ni remotamente a la verdad.
Una cosa es lo que resolvió esta Sala en el sentido de consagrar un principio general para toda nuestra legislación, y una completamente distinta, remplazar un principio general simplemente por una cláusula antisindical que, como señaló el Senador Letelier, era del todo innecesaria. Y era innecesaria porque las cláusulas antisindicales y desleales no son taxativas.
De consiguiente, lo que se hizo aquí fue sustituir una norma que le daba una inspiración global a nuestra legislación por otra que ya existía.
En segundo lugar, en materia del sindicato interempresa, la discusión es la que hemos tenido siempre.
Algunos, como nosotros, creen que el sindicato interempresa tiene que poder negociar voluntariamente, cualquiera que sea la contraparte. Otros, por el contrario, consideran que en algunos casos debe negociar obligatoriamente.
¿Qué se acordó en la Cámara de Diputados?
Voy a poner un solo ejemplo.
Las empresas muy chiquitas y las pymes bajo 50, como señaló el Senador Letelier, negocian voluntariamente. Y las otras negocian con el sindicato interempresa obligatoriamente.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, que un local comercial para venta de electrodomésticos que cuenta con 51 trabajadores puede verse obligado a negociar con el sindicato interempresa de la cadena DIN, que debe de tener cien locales y miles de trabajadores, o con algunos de los sindicatos que están representados en las tribunas (entiendo que varios sindicatos de las cadenas del retail hacen muy bien las cosas).
Aquello puede significar que, en una provincia, un pequeño supermercado de 51 trabajadores se vea obligado a negociar, por ejemplo, con el sindicato interempresa de Unimarc.
Algunos estiman que eso está muy bien. Yo considero que es un profundo error.
No habría inconveniente mayor en que en el ámbito del sindicato interempresa, como ya ocurre -por ejemplo, en el caso de los multirrut-, negociaran los grandes con los grandes.
Pero si a ustedes les parece razonable que una cadena de supermercados que tiene 80 mil empleados negocie en el mismo sindicato con un local comercial o con un supermercado que tiene 51 trabajadores, estamos viendo las cosas de modo muy distinto.
En tercer lugar se halla lo concerniente a la privacidad.
Señor Presidente, digamos las cosas como son.
Yo considero que las remuneraciones forman parte del derecho de las personas a la privacidad y la reserva.
Y no me estoy refiriendo en este minuto a los ejecutivos.
¿Por qué razón la remuneración de un trabajador, contra su voluntad -y voy a ir a esto-, tiene que estar en manos del sindicato?
Si una persona es demandada en un juicio de familia, la información sobre su remuneración es reservada para las partes.
Cuando discutimos esto acá, el Presidente de la Democracia Cristiana de ese entonces, Senador Jorge Pizarro, argumentó por qué motivo la norma planteada era inconveniente para los propios sindicatos y lesiva para la reserva y privacidad que deben tener las remuneraciones.
¿Qué se hizo en la Comisión Mixta?
Se reconoció el principio que discutimos en esta Sala, y se dijo: "¡Ah! De ahora en adelante, para que los sindicatos puedan tener acceso a las remuneraciones, deben darse dos condiciones. Una," -era la que planteábamos nosotros- "que haya una autorización expresa del trabajador".
¿Pero dónde está la segunda, que, desde mi punto de vista, es tramposa?
Se expresa: "salvo que el estatuto del sindicato así lo establezca".
¿Alguien me va a decir que cuando un trabajador se incorpora a un sindicato revisa exhaustivamente las cláusulas de sus estatutos a fin de saber si a esa organización se la autoriza o no para tener acceso a sus remuneraciones?
¡Nadie lo hace!
Señor Presidente, consideramos que esas tres cosas están mal.
Queremos dejar constancia de nuestro punto de vista.
Ahora, para que no haya equívocos en esta materia, debo manifestar que durante la discusión que tuvimos en la Comisión Mixta salió a relucir muchas veces el tema del Tribunal Constitucional. Y el Presidente de aquella señaló en varias oportunidades que en cuestiones de procedimiento se seguía exactamente la doctrina de ese Tribunal: Tribunal Constitucional para acá y para allá.
Bueno: nosotros vamos a recurrir a ese Tribunal.
Y estamos en nuestro derecho.
Ese Tribunal Constitucional es el originado en la Constitución del Presidente Ricardo Lagos, del año 2005.
¡Ninguno de los miembros de ese Tribunal Constitucional ha sido nombrado por dictadura alguna!
¡Todos los miembros de ese Tribunal Constitucional han sido nombrados por este Congreso Nacional, por Presidentes de la República democráticamente electos y por miembros de la Corte Suprema!
Por lo tanto, ese Tribunal Constitucional tiene plena legitimidad...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Silencio!
El señor ALLAMAND.-
... para conocer de estas y otras materias. Y nosotros, le guste a quien le guste, vamos a ejercer nuestro derecho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Pido silencio en las tribunas.
Le corresponde intervenir al Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Hablaré cuando funde mi voto, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que en esta discusión había que decir la verdad.
Mi propósito es hablar en términos más generales. Sin embargo, primero deseo clarificar algunos de los aspectos que abordó Su Señoría, para después entrar a la verdad de la discusión de este proyecto, el que ha sido objeto de una larga tramitación, como puntualizó el Senador informante y Presidente de la Comisión de Trabajo y de la Comisión Mixta.
Señor Presidente, aquí nadie ha querido amparar una práctica violenta. Y eso queda salvaguardado con claridad.
Lo cierto es que se está tratando de confundir el debate.
Nosotros establecimos como práctica desleal tanto de los empleadores cuanto de los trabajadores durante la negociación colectiva el ejercicio de fuerza física en las cosas o física o moral en las personas, y fijamos las sanciones correspondientes.
Además, complementariamente, en la Comisión Mixta se determinó que se considera práctica desleal de los trabajadores el uso de la fuerza para impedir que ingresen a la empresa el personal directivo o los empleados que no estén involucrados en la huelga.
¡Qué mejor muestra!
Más aún: con todos los votos de la Nueva Mayoría, se llegó a un acuerdo. Y entiendo que ello le duela a la Derecha, que se negó a legislar sobre la materia. Porque esta es la verdad: rechazaron incluso la idea de discutir aquí, en este Congreso, un proyecto para actualizar la negociación colectiva.
Puede no gustarles. Pero quién puede dudar de que es necesario remozar las modalidades de la negociación colectiva y capacitar a los trabajadores para sentarse a la mesa y discutir cómo se distribuye el fruto del trabajo en que ellos participan, de qué manera se establecen relaciones más modernas.
Aquí se ha intentado convencer de que se trata de entregar información en contra de la voluntad del trabajador.
¡Si afiliarse a un sindicato y asumir lo que disponen sus estatutos es parte de la libertad de asociación! ¡Nadie está obligado a ello!
Probablemente, entre los argumentos que van a utilizar figure el de que para obtener los beneficios pertinentes el trabajador estará obligado a afiliarse al sindicato.
¡Pero si es factible que haya distintos sindicatos! ¡Y el trabajador puede elegir si se afilia o no!
Incluso, establecimos que la extensión de beneficios tiene que ser materia de la negociación colectiva y que debe priorizarse el acuerdo.
¡Eso es lo que buscamos con este proyecto!
Nosotros no pretendemos reeditar la lucha entre los trabajadores y los empleadores, ficción que se ha tratado de colocar en este debate.
Nuestro propósito es instalar relaciones más modernas, de respeto. Pero también procuramos que haya equilibrio entre las partes.
¡Qué duda cabe de que no es lo mismo un trabajador negociando solo frente a su empleador!
Por eso, se necesita fortalecer el sindicato. Y es justamente lo que hace esta reforma.
Señor Presidente, quiero destacar que hoy día estamos dando un paso importante.
¿Quedarán debates pendientes en materia laboral? ¡Sin duda!
Sin embargo, acá tenemos aprobada la titularidad sindical.
Hay derecho a huelga efectiva. Y este es un cambio significativo, que además está en línea con legislaciones que funcionan en otros países. Porque se trata de una huelga, no para hacer desgaste, sino para incentivar el acuerdo.
Avanzamos incluso en una materia en la que inicialmente había diferencias: los pactos de adaptabilidad; y resguardamos que ello sea con los trabajadores organizados.
Además, incorporamos el Consejo Superior Laboral. Porque entendemos que en esta materia deben generarse instancias tripartitas, donde trabajadores, empleadores y representantes del gobierno sean capaces de sentarse y mirar hacia delante para buscar la forma de mejorar las relaciones laborales.
Estimados colegas, me alegra que hoy día estemos terminando esta etapa de la tramitación de la reforma laboral.
Lamento que la Derecha haya amenazado constantemente con el Tribunal Constitucional.
Yo siento que se trata, no de cuidar que nuestras normas estén dentro del ordenamiento constitucional -podemos dar latamente argumentos al respecto; y lo hicimos durante el debate-, sino más bien de torcer una voluntad que se expresa en este Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Yo espero que frente a eso estén las explicaciones ante el mundo de los trabajadores, ante un país que hoy día espera avanzar en productividad. Pero eso se hace con todos los que contribuyen sentados a la mesa.
Un país que crece deber ir de la mano con relaciones más equitativas y de justicia social.
Por eso, respaldamos con entusiasmo -y en la bancada de la Democracia Cristiana existe unanimidad al respecto- el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor Larraín, ¿va a hacer uso de sus tres minutos ahora?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, por más que se insista y por más que se use la retórica para señalar que esta es una reforma histórica, lo cierto es que, a nuestro juicio, no lo es.
Se trata de una reforma bastante circunscrita, porque, a decir verdad, solo está referida a los trabajadores formales del sector privado, regidos por el Código del Trabajo, que presten servicios en empresas con más de ocho empleados, pues con menos no es posible constituir sindicatos.
Esta reforma excluye a todos los trabajadores públicos; a todos los trabajadores a honorarios; a todos los trabajadores por cuenta propia, y, desde luego, a los desocupados.
De consiguiente, estamos hablando de una reforma que solo puede abarcar al 30 por ciento que no está incorporado en ese primer grupo. Y de ellos, incluso, solo se está refiriendo a los trabajadores que se encuentran sindicalizados, que sabemos son el 15 por ciento del total de la fuerza laboral, la que se mide mediante encuesta del INE.
En consecuencia, estamos circunscribiendo el ámbito de esta reforma a una materia muy específica.
Segundo, respecto de su espíritu, le escuché a la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra plantear que esta es una modernización de las relaciones laborales para lograr un mejor entendimiento al interior. Pensamos que no es así. Por el contrario, la reforma, por la manera como se ha expuesto, más bien tiende a insistir en la confrontación al interior de la empresa y a reforzarla.
La titularidad sindical, la afiliación obligatoria encubierta, la no extensión de beneficios, son instituciones absolutamente estructurales que no compartimos. Por eso es que hemos votado en contra de la idea de legislar, no porque nos opongamos a revisar la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores y cuestiones de estilo.
Es más, hemos destacado la conveniencia de una reforma constitucional para que existan la negociación colectiva y el derecho a huelga de los trabajadores del sector público. Ese proyecto lo presentamos hace más de dos años. Hasta el día de hoy, ni la Comisión de Trabajo se ha dignado verlo ni el Gobierno ha manifestado interés por asignarle urgencia, a pesar de que se lo hemos solicitado. De manera que nos interesa fortalecer los derechos laborales donde no se cuenta con protección, particularmente en el sector público, en que se encuentra el peor empleador, que es el Estado.
El espíritu del texto también se refleja en algo que a mí me ha sorprendido. Me refiero al rechazo registrado primero en la Cámara de Diputados, pero que aquí también tuvo lugar con los votos de los Senadores de la Nueva Mayoría integrantes de la Comisión Mixta, en el sentido de no permitir...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene un minuto adicional para concluir, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Voy a usar mi tiempo de fundamentación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Sus cinco minutos?
Muy bien.
El señor LARRAÍN.-
Se desechó una disposición aprobada mayoritariamente por el Senado en el sentido de que "Los derechos reconocidos por este Código deberán ser siempre ejercidos de buena fe y en forma pacífica.".
¿Quién puede explicarme por qué una norma de esta naturaleza ha sido desestimada, en circunstancias de que precisamente refleja el propósito de evitar la idea de confrontación y el de generar el entendimiento de trabajadores y empleadores, socios ambos de una empresa en la que juegan su destino? Mientras mejor le vaya a ella, mejor les irá a los trabajadores. Y eso es lo que, además, justamente se debe regular con preceptos de esta índole.
No. Fue rechazada.
Pero no solo esa. Ocurrió lo mismo con una norma también aprobada por el Senado, a propósito de una indicación de Senadores de la Democracia Cristiana, en orden a que "La negociación colectiva deberá desarrollarse de manera pacífica entre las partes". Nuevamente la desecha la Cámara y otro tanto ocurre, lamentablemente, en la Comisión Mixta.
Por lo tanto, en el espíritu no hay, a mi juicio, una verdadera modernización, una búsqueda de caminos para que trabajadores se puedan entender bien con empleadores. Ello, en igualdad de condiciones, por cierto, para lo cual es necesario fortalecer los derechos de los sindicatos y que todos los trabajadores que quieran afiliarse puedan hacerlo.
Me parece que eso no ha quedado debidamente reforzado, por lo cual creemos que es una mala legislación.
En tercer lugar, tengo que hacer presente una cuestión de procedimiento planteada al interior de la Comisión Mixta.
Con motivo de uno de los temas mencionados al informar, el señor Presidente del órgano técnico se refirió al cambio en la subcontratación introducido por el Ejecutivo en el órgano técnico.
La norma general, sobre la cual hubo acuerdo en ambas ramas del Congreso, es que la mandante, cuando se presenta una huelga en una subcontratista, puede contratar otros servicios. Porque si a una empresa contratista se le estaba ofreciendo casino, por ejemplo, es preciso seguir dando alimentación.
Sobre esa materia se incluyó una disposición en el Senado, existió acuerdo en la Cámara y no se suscitaron problemas.
Sin embargo, el Ejecutivo incorporó una indicación referida a la subcontratación. Independientemente del contenido, es una práctica desleal. Estamos frente a algo que no forma parte de las discrepancias entre el Senado y la Cámara, no obstante lo cual ello tuvo lugar en el debate de la Comisión Mixta. Lo anterior contradice el espíritu del artículo 71 de la Carta.
Algunos trataron de recurrir a fallos del Tribunal Constitucional, lo que demuestra que, cuando les interesa y les sirve, como bien decía el Honorable señor Allamand, sí lo citan. En relación con este aspecto dijeron que se había sentado un precedente a favor.
Discrepo por completo de esa interpretación. Y lo hago por una razón: si establecemos que la Comisión Mixta puede abordar cualquier tema no incluido dentro de las discrepancias o de puntos que pueden revisarse, para resolverlas, a través de acuerdos del propio órgano técnico, estamos frente a una manera de legislar que se salta directamente el trabajo legislativo de ambas ramas del Congreso. Porque ninguna Cámara puede ver materias nuevas que se introduzcan en esta etapa ni enviarlas a la Comisión respectiva para que las estudie.
En ese sentido, creo que se hace burla del trabajo legislativo de las Corporaciones al efectuarse una incorporación a través de la Comisión Mixta aprovechando una mayoría. Las mayorías pueden obedecer a muchas razones y justificaciones, pero no tienen derecho a saltarse las normas establecidas por la Carta.
Y termino, señor Presidente, refiriéndome a la labor del Tribunal Constitucional.
Efectivamente, nosotros estimamos que hay normas en contradicción directa con el contenido de la Ley Fundamental. Esta expresa, por ejemplo, que la negociación colectiva les corresponderá a los trabajadores y a los sindicatos que conformen. Pues bien, el articulado en estudio les está prohibiendo a los primeros desarrollarla por su cuenta a través de organizaciones que no sean sindicatos. Esta es una contradicción flagrante con un principio consagrado en la Carta y que refleja, además, los de la OIT.
Por eso es que vamos al Tribunal Constitucional, no por las diferencias políticas que mantenemos, que pueden ser muchas más. Solo lo hacemos...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de un minuto para redondear la idea.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que solo lo hacemos por aspectos como el que he dado como ejemplo, que contradicen directamente el espíritu de la Carta. Si tenemos derechos contemplados ahí, que se inspiran, por lo demás, en los establecidos -repito- por la OIT, no veo por qué tenemos que evitar una corrección a través de la instancia existente para ello.
No concordamos con mucho del contenido de la reforma laboral, pero ello no se llevará al Tribunal Constitucional, porque no basta una diferencia. Vamos a llevar solo lo referente a la violación de principios constitucionales, como el que acabo de mencionar de la negociación colectiva, que dice relación con la titularidad sindical; con el del rechazo a la extensión de beneficios, por referirse a una negación de la libertad de trabajo; con el de la igualdad contractual, y con ideas consustanciales a la forma como se ha desarrollado el Derecho Laboral, que queremos preservar.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En la última parte del tiempo previo, tiene la palabra la Honorable señora Muñoz hasta por cinco minutos.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que esta es una de las reformas centrales del programa de la Presidenta Bachelet, latamente discutida y, por cierto, muy controvertida. Han quedado al descubierto fantasmas y sombras que rodean un debate de esta naturaleza, excesivamente ideologizado desde las bancadas de la Derecha y el mundo empresarial, que ha seguido el debate por la prensa y también con una presencia en el Congreso.
Quisiera consignar que de lo que se trata, por cierto, es de examinar los cuatro temas radicados en la Comisión Mixta y ya expuestos por el Senador señor Letelier, Presidente de la Comisión, pero la idea, en realidad, es demostrar, en el Congreso y el país, que se busca fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores.
Lo anterior, a diferencia de lo titulado en muchas partes en el sentido de que esta es una reforma "sindicalera", que beneficiará a los puros sindicatos, a sus dirigentes. Hemos estado esperando largamente, durante más de veinticinco años, durante los Gobiernos de la Concertación, el de Derecha y el de la Nueva Mayoría, la restitución de derechos y la instalación, además, de estándares mínimos de derechos laborales existentes en el mundo entero. Entonces, no entiendo por qué los colegas de la Derecha se han parapetado en el fantasma del Tribunal Constitucional que han instalado permanentemente.
Lo que queremos consagrar -hay una mesa de trabajo en relación con el personal del sector público- son derechos para fortalecer la negociación colectiva, la huelga y la sindicalización. Eso es lo que persigue el proyecto y en lo que se ha avanzado a medias, en mi opinión.
Por cierto, la reforma abre, pero no completamente, el candado del Plan Laboral de 1979, del señor José Piñera, durante la dictadura.
¡Y vamos a hacerle empeño para que la cola le crezca rápido a este caballo que carece de ella; para que de verdad se logre una ley que cubra efectivamente estos derechos!
Me alegro de que en la Comisión Mixta hayamos podido abocarnos a algo que se instaló en el Senado: la criminalización de la huelga. Para nadie es un secreto que esta última y la negociación colectiva son momentos de tensión, conflictos, y no sé sobre la base de qué conceptos o sutilezas podemos dimensionar cuándo algo es pacífico o violento en estos procesos. Todo lo violento es sancionado en el Código Penal y en distintos ordenamientos, y, para las causales de despido, en el propio Código del Trabajo. Mas se insistió hasta el cansancio en que la huelga tenía que ser consagrada como no violenta, como pacífica, en la normativa que nos ocupa.
Cuando en la Comisión nos preguntábamos qué es "pacífico" en ese caso, la Senadora que habla siempre traía a la memoria la figura del gran revolucionario indio Mahatma Gandhi, quien se tendía en las calles para impedir el paso de los tranvías, de la locomoción. Y eso puede catalogarse de violento. Si trabajadores impiden la entrada a la empresa poniéndose en las orillas o tirándose al suelo, la huelga podría calificarse de la misma forma.
Me alegro de que el punto se haya planteado y de que se entienda la huelga como es: un proceso de conflicto, de tensión, entre trabajadores y empleadores.
También despejamos bastante lo de la información, que es básica para el avance de la negociación colectiva con un instrumento, ya que no sé qué pueden negociar a ciegas los trabajadores.
La propuesta del Gobierno en su reciente indicación, aprobada en la Comisión Mixta con los votos de la Nueva Mayoría, concilia el resguardo de la confidencialidad y los instrumentos necesarios de transparencia para llevar a cabo la negociación colectiva.
Por último, considero que estos son avances importantes -no voy a referirme a los otros puntos, porque ya los consignó muy bien el Senador señor Letelier-, pero lamento que sean acompañados de disposiciones como la relativa a las adecuaciones necesarias.
En mi opinión, no se logró consagrar desde la ley una señal clara, una normativa nítida, en términos de resguardar la efectividad de la huelga, que ha sido uno de los pilares...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Cuenta con un minuto adicional para concluir, Su Señoría.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, señor Presidente.
Si uno de los pilares centrales del proyecto es la huelga efectiva, creo que una señal clara desde la ley queda bastante poco regulada, lo que llevará a judicializar mucho, por cierto, estas situaciones.
Sin embargo, creo que este es un progreso. Seguiremos intentando fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores, porque es la forma como en el mundo entero se ha logrado redistribuir riqueza. El sector laboral, representado por sus organizaciones, dispone de instrumentos para nivelar las relaciones, que son profundamente desequilibradas. Hay un conflicto de poder fuerte, ya que el empresario es el que dirige, orienta y manda, sin un equilibrio elemental para los trabajadores.
Así empezamos incipientemente a recuperar derechos, lo que creo que permitirá, a través de la negociación colectiva, en la medida en que sea efectiva y en que los sindicatos se vayan fortaleciendo, redistribuir riqueza, que es lo que esperamos...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de sus cinco minutos de fundamento de voto, señora Senadora.
La señora MUÑOZ.-
Solo deseo expresar que lamento, una vez más, que las bancadas de enfrente lleven al Tribunal Constitucional el corazón de la reforma -el colega Allamand sabe que seguiremos discutiendo acá el punto-, que es la titularidad y la extensión de beneficios. Se establece que eso ya no será dispuesto unilateralmente por el empleador, sino de acuerdo con el sindicato.
Sin titularidad y sin extensión de beneficios seguiremos con sindicatos débiles, que es lo que ellas pretenden.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entramos a continuación al tiempo de fundamentación del voto, con cinco minutos para cada señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, tiene razón la Senadora señora Goic, Presidenta de la Democracia Cristiana, al decir que desde el principio hubo una diferencia. En efecto, todos los parlamentarios de Gobierno y de la Nueva Mayoría, incluyendo los veintinueve de nuestro Partido, aprobamos la idea de legislar, y todos los de la Oposición legítimamente se pronunciaron en contra.
Cuando intervine la primera vez para fundamentar mi voto a favor de la iniciativa, dije que, como Democracia Cristiana, teníamos que perseguir tres objetivos:
Primero, fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores, como la organización sindical y la negociación colectiva, lo que es la esencia del proyecto.
Segundo, garantizar la libre afiliación sindical, es decir, el derecho a afiliarse, a no afiliarse y a desafiliarse. Ello recorre ochenta años de historia de la Democracia Cristiana y está en la base de todo el sistema de la OIT.
Y, tercero, atender a la situación de las pymes y, sobre todo, de las microempresas. Son más de setecientas mil y generan el sesenta a setenta por ciento del empleo. Ciertamente, no podíamos imponerles las mismas obligaciones laborales que a las grandes.
A mi juicio, el articulado contiene avances y clarificaciones importantes en esa triple dirección, lo que va a llevarme, por cierto, al igual que todos los Senadores de mi Partido, a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
Ya se han mencionado la organización sindical y la negociación colectiva, la titularidad sindical -sí, señor: allí donde hay sindicato, se negocia con el sindicato, lo que está bien resuelto y bien aprobado- y la huelga efectiva, ya que los trabajadores miembros de un sindicato en huelga paralizan.
Aclaramos, en su oportunidad, que eso no es sinónimo de paralización de la empresa. Y me referí latamente a las adecuaciones necesarias, concepto que se había "caído" en la Comisión de Trabajo del Senado y que celebro que el Gobierno haya repuesto, no para borrar con el codo lo escrito con la mano, sino para situar las cosas en su justa dimensión.
Por lo tanto, tenemos la situación de las empresas estratégicas; los servicios mínimos; la libertad de trabajo de quienes no estén en huelga; la modificación de horarios y turnos, agregada en el proyecto, y las adecuaciones necesarias con relación a las funciones convenidas en el contrato.
¿Cómo defendemos a las pymes? Muy sencillo: la negociación colectiva con el sindicato interempresas será libre y voluntaria en el caso de micro y pequeñas empresas, es decir, de todas aquellas con menos de cincuenta trabajadores. Y eso está bien.
La cuestión nunca ha sido un problema con las grandes, porque exhiben altas tasas de sindicalización, de manera que negocian con su sindicato.
Y respecto de las medianas, donde efectivamente puede existir un mayor signo de interrogación, se aclaró -y se aprobó así- que debe tratarse del mismo rubro o actividad económica.
Termino, señor Presidente, haciendo referencia a la llamada "huelga pacífica". Siempre fuimos partidarios de colocarla en el ejercicio del derecho a huelga, es decir, en el Libro IV DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. De hecho, así lo consideró el proyecto inicial que la Presidenta Bachelet envió a la Cámara de Diputados. Textualmente se expresaba que la huelga se ejerce "colectiva y pacíficamente".
Lo cierto es que nosotros no tenemos facultades legislativas o iniciativa, tratándose del Libro IV, para haber introducido ese cambio. Por eso, finalmente incluimos la norma en el TÍTULO PRELIMINAR, en el artículo 6° bis, como un principio general del Derecho del Trabajo.
Pero me alegro de que el Gobierno haya repuesto el concepto de "huelga pacífica" -así se llama comúnmente- donde siempre tuvo que haber estado: en vinculación con las prácticas desleales. En el artículo 407, a continuación de la letra e), que hace referencia al "ejercicio de fuerza física en las cosas o física o moral en las personas", se agrega la siguiente letra f): "Impedir durante la huelga, por medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de trabajadores no involucrados en ella.".
Por lo tanto, evidentemente que el sentido que muchos alegamos en su momento era que se preservara este principio...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Un minuto, señor Senador.
El señor WALKER (don Ignacio).-
... Era reponer el sentido básico y fundamental de este concepto: que, evidentemente, la huelga pacífica, no solo desde el punto de vista del trabajador, sino también desde el punto de vista del empleador, siempre debió haber tenido lugar en aquello que era el proyecto inicial del Gobierno, discutido en la Cámara de Diputados y al cual ya me he referido, en torno a la frase "se ejercerá en forma colectiva y pacífica".
Por lo tanto, me parece perfectamente razonable que la Comisión Mixta haya acordado sacarlo del Título Preliminar y reponerlo bajo el concepto de práctica desleal.
Por eso, voto a favor del informe.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el anuncio de la Oposición, de la Derecha, de recurrir al Tribunal Constitucional, no debiera extrañarnos.
Se trata de un tribunal creado el 23 de febrero de 1970 y disuelto por la dictadura militar el 10 de noviembre de 1973. Luego fue repuesto y nosotros le hicimos modificaciones a su funcionamiento en el año 2005.
Está claro que este organismo, si es sometido a uso y abuso, va a terminar desvirtuándose.
Yo le haría una advertencia a la Oposición, a la Derecha, en cuanto a qué debe hacer cada vez que siente que su rol de minoría se ve menoscabado después del debate y del uso legítimo de las mayorías de este Parlamento.
Ya ha habido elecciones y la próxima será sin binominal, lo que reflejará de verdad lo que aquí no existe, porque se dan subsidios cruzados en materia de representación de la Sala del Senado y también en la Cámara de Diputados. Pero, ¡es lo que hay!
Entonces, cada vez que hay un descontento o una inconformidad se abusa de un órgano institucional, toda vez que queda claro que los fundamentos son más ideológicos que constitucionales. Que la UDI se oponga a la titularidad sindical o a la extensión de beneficios forma parte de su discurso permanente desde el 81, desde que José Piñera hizo la reforma laboral. Y efectivamente, durante los 12 años que me tocó participar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, fue la bandera para impedir la titularidad sindical o la extensión de los beneficios.
Cuidado con esto, porque lo que se va a abrir es un debate sobre un tercer órgano legislativo.
La Constitución establece dos órganos legislativos: la Cámara de Diputados y el Senado. Si el Tribunal Constitucional se convierte en el tercer órgano que va a comenzar a legislar después de un gran debate en el que han participado Ejecutivo y Legislativo, Oposición y Gobierno, la ciudadanía, y se transforma en el órgano rector, vamos a entrar en un problema que creo que la Oposición no quiere, que es una cierta crisis de institucionalidad, pues las instituciones, efectivamente, no estarán funcionando.
Hay una observación constitucional porque la UDI o la Derecha no quieren titularidad sindical. ¡Nunca han querido fortalecer los sindicatos! ¡Siempre han estado por debilitarlos, por extinguirlos! ¡Y lo mismo sucede con la extensión de beneficios! Es cierto: hasta ahora dependía del empleador. Ha sido una lucha ganada por los dirigentes sindicales, por cada uno de los trabajadores que han hecho alguna huelga en Chile, una huelga muy especial: con reemplazo, exponiendo su capital físico, mental y también económico. Que se extendiera por obra y gracia del empleador era, sin duda, una asintonía, una asimetría inaceptable.
Se nos plantea que esta es una reforma parcial, que no es la gran reforma que quisiéramos. Bueno, ¡a confesión de parte, relevo de pruebas!
¡No quieren! ¡La han querido hacer parcial!
Ya quisiéramos una reforma mejor, pero es la que podemos hacer, pues también ha habido dificultades al interior de la Nueva Mayoría. Y eso es bueno, porque somos diversos.
Con relación a la nueva letra f), tengo mis dudas, porque hoy no es práctica antisindical. ¿Qué les queda a los trabajadores? Durante la huelga, no pueden ir al baño, no tienen vestidores; deben estar bajo la lluvia, afuera de la empresa. ¡Era insostenible! ¡Y además con reemplazo!
Que aquello sea declarado práctica antisindical es un punto que yo me reservo. Ya estamos en la fase de Comisión Mixta y no creo que vaya a haber votación separada.
Estos son los líos del procedimiento legislativo que resultan incomprensibles para la ciudadanía. Porque nos dicen: o votas en contra o votas a favor. Yo digo: no me gusta la letra f), pero estoy de acuerdo con lo demás. Pero no puedo votar en contra. Entonces me van a refregar: "Tú aprobaste la letra f)".
Y viene lo incomprensible de esta materia legislativa que muchas veces se transforma en una verdadera caja encriptada para la ciudadanía: no poder determinar qué es lo que se quería votar.
Siento que tenemos una deuda con los trabajadores del sector público. No era esta la ocasión para solucionarla. Pero debemos reconocer que tenemos una deuda pendiente con el sector público que hay que abordar. No lo hizo Piñera en cuatro años.
Por eso, cuando escucho al Senador Larraín -que no está en este momento en la Sala- decir que los trabajadores públicos quedan excluidos, la pregunta es: ¿Qué hicieron ellos en cuatro años? Lo único que dijo Piñera es que contaran con él, que su padre había sido funcionario público. ¡Llegó y echó a 4 mil trabajadores de la Administración Pública, a todos los que no pensaban como él!
No solamente no cumplió su promesa de que los iba a respetar, sino que durante cuatro años tampoco hizo nada.
Entonces, tenemos una deuda general, compartida, y no solo de la Nueva Mayoría, señor Presidente...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Un minuto más, Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, he escuchado a los empresarios, de manera belicosa, presagiar lo peor de esta reforma laboral.
Cuando hicimos la reforma educacional -y usted, señor Presidente, ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones-, se advertía: "¡Van a cerrar los colegios subvencionados particulares!". ¡Aterrorizaron a los padres y apoderados diciéndoles que sus hijos iban a quedar sin colegio!
¡Se crearon 132 colegios particulares subvencionados el primer año de vigencia de la reforma! ¡No hubo cierre masivo de colegios!
Y hoy se presagia lo peor, actuando con irresponsabilidad, porque hay una economía precaria. Las señales que da el empresariado efectivamente no contribuyen a la inversión.
Voy a votar a favor, señor Presidente, con los elementos que he señalado respecto del informe de la Comisión Mixta.
¡Es lo que se pudo lograr!
¡Firme y adelante! ¡Iremos por más cuando tengamos de verdad mayoría completa en esta Sala, lo que ocurrirá después de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales! ¡Es lo que espero!
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero aprovechar el tiempo del fundamento de voto para referirme a tres cosas puntuales vinculadas con el cuestionamiento que la Derecha ha efectuado a este nuevo modelo de relaciones laborales.
Yo lo entiendo. Ellos están inspirados, desde hace más de 30 años, en una visión neoliberal, donde los sindicatos tienen que ver con un obstáculo y una rigidización del mercado del trabajo.
Entiendo que es una visión de sociedad muy legítima. No es la mía. En la Nueva Mayoría creemos en procesos colectivos. Pensamos que los sindicatos son expresión de un esfuerzo de sociedad y de construcción societal, de lo colectivo, que es fundamental. Por eso somos partidarios de que los sindicatos puedan ir y expresarse más allá de la empresa, porque estimamos que deben poder incidir en los asuntos de la sociedad, más allá de sus temas remuneracionales, de condiciones laborales, de productividad en su lugar de trabajo.
Para mí, es natural que tengamos un punto de vista diferente.
Pero sí quiero plantear que me llaman mucho la atención ciertos argumentos que usan los Senadores de Oposición para recurrir al Tribunal Constitucional. Y es por eso que quiero fundamentar mi voto.
Deseo plantear que la titularidad sindical es producto de una norma donde la sociedad organizada define cómo los trabajadores, cómo un grupo de personas se organiza para un fin. Y, tal como hay una disposición para constituir un sindicato, también hay requisitos para constituir una junta de vecinos con ciertas atribuciones. Lo mismo ocurre con los bancos, que deben cumplir determinados requisitos para tener tales y cuales atribuciones.
Cuestionar la titularidad sindical, cuestionar la posibilidad de que la sociedad se organice en forma colectiva para ciertos fines, constituye, sin duda, en mi opinión, un argumento inconstitucional.
Eso tendrá que discutirse a la luz de la organización y autonomía de los cuerpos intermedios, que están regulados en su forma y constitución por la ley.
El segundo argumento tiene que ver con la titularidad sindical en materia de los beneficios que se contratan a través de un contrato bilateral.
Un empleador, un empresario, puede, respecto de su patrimonio, es decir, respecto del derecho de propiedad, comprometerse con un sindicato sobre cómo distribuye la riqueza que produce su emprendimiento y que los trabajadores ayudan a producir.
Uno podrá discutir si la distribución de esa riqueza es justa o no es justa, pero el hecho de que el empleador concurra, en forma voluntaria, a un contrato bilateral y se comprometa es absolutamente constitucional. Y puede comprometerse con su sindicato en cuanto a bajo qué condiciones extender beneficios a un tercero. Y ese tercero trabajador que no pertenece al sindicato que celebró el contrato tiene toda la libertad para formar otro sindicato, así como para no participar en ningún sindicato si esa es su opción.
La Constitución no establece que los sindicatos son para garantizar la distribución justa de la riqueza que se produce. Quizás lo debería decir. A lo mejor debería ser parte del debate del proceso constituyente, que será muy interesante, en lo relativo al mundo del trabajo: cuáles van a ser las garantías constitucionales que vamos a instaurar. Pero la Carta que hoy nos rige, con sindicatos y negociación colectiva propios de una visión neoliberal, es muy acotada.
Por ende, solo quiero dejar constancia de que los argumentos que ha planteado en esta materia la Oposición, la Derecha, tienen que ver más con aquello que no quieren que ocurra que con la Constitución. ¡No quieren que los sindicatos crezcan! ¡No quieren que se pueda pactar la extensión de beneficios en forma bilateral, a pesar de que, en lo referente a los convenios colectivos, se halla regulado en esta ley que se debe definir, de mutuo acuerdo, cómo formular una política de extensión de beneficios!
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que tengo la convicción de que esta reforma representa un avance histórico para nuestro país.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene un minuto adicional, señor Senador, para que redondee su intervención.
El señor LETELIER.-
Hemos esperado más de 25 años para recuperar un principio de titularidad sindical. Hemos esperado muchísimos años para devolverles derechos a las trabajadoras y los trabajadores chilenos.
Que no hemos recuperado todo lo perdido, es cierto. Que falta mucho, es cierto. La Senadora Muñoz dijo: "Bueno, esperaremos que le crezca la cola al caballo más rápido". Pero no tengo la menor duda de que este nuevo modelo de relaciones laborales va a permitir, como indicó la Senadora Goic, una lógica más colaborativa, más positiva, que nos va a permitir abordar, en el siglo XXI, un nuevo esquema de relaciones laborales y, por sobre todo, cumplir el principal objetivo perseguido por la Presidenta Bachelet, que es que esta ley sirva para achicar la desigualdad, cerrar la brecha salarial, empoderar a los trabajadores de nuestro país a que tengan más voz en la riqueza que ellos mismos ayudan a producir.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, está culminando la tramitación de este proyecto, que moderniza las relaciones laborales, después de un largo período de discusión que involucró a centenares de organizaciones sindicales y empresariales.
El texto que estamos aprobando no es el mismo que presentó el Ejecutivo, ni es el que hubiese deseado la CUT o la CPC.
Se han incorporado mejoramientos sustantivos y se han establecido normas especiales que recogen las condiciones propias de la micro, pequeña y mediana empresa.
Lamentablemente, la Oposición optó por rechazar la idea de legislar, lo que equivale a decir que las normas actuales son suficientes o aceptables para ese sector político, yendo en contra del sentido común de la gran mayoría de los chilenos, que percibe que la cancha está desnivelada en la negociación que se produce dentro de la empresa entre empleadores y trabajadores.
Como con esta actitud se ha marginado, en la práctica, de la discusión y construcción de acuerdos, la Oposición ha intentado introducir cuñas dentro de la alianza gobernante, relevando las diferencias puntuales que han surgido entre sus partidos.
Por su parte, algunos dirigentes empresariales se han negado a reconocer que el proyecto ha recogido muchas de sus aprensiones relativas a las empresas de menor tamaño.
De la misma manera, algunos dirigentes sindicales pondrán énfasis en lo que no se obtuvo, en lugar de destacar los evidentes avances que representa el proyecto de ley.
Yo creo que, al margen de estas opiniones de trinchera, la enorme mayoría de los chilenos, en especial los trabajadores, sabrá ponderar debidamente el valor de lo que estamos aprobando, pues tendrá incidencia directa en las reglas de la negociación colectiva y, por lo tanto, en la determinación de sus remuneraciones y de sus condiciones de trabajo.
Acá ha primado la realidad. Y la realidad nos indica que muchos empresarios hacen lo imposible por evitar que se formen sindicatos en sus empresas, y si se forman, buscan disminuir su poder por la vía de los reemplazos en las huelgas, la promoción de grupos negociadores, la extensión de beneficios sin consulta al sindicato o, simplemente, con la subcontratación.
Frente a esta realidad se imponía una reforma sustantiva, y eso es lo que estamos aprobando hoy día.
Por otra parte, se había aprobado una norma sobre huelga pacífica, que estigmatizaba el accionar sindical y desconocía la realidad, cual es que la fuerza y la violencia normalmente no la han puesto los trabajadores. Y la Comisión Mixta ha reconocido esta realidad.
También es una realidad que la gran mayoría de las pequeñas empresas no negocia colectivamente, por las propias condiciones en las que se desenvuelve, más allá de la debilidad de sus sindicatos. Y eso no va a cambiar después de la reforma.
Asimismo, es una realidad que muchos sindicatos interempresas existen, están agrupados por ramas y negocian con cada empresa, sin mezclar ni confundir las condiciones de cada una de ellas. No se da aquello de un sindicato interempresa que mezcle una zapatería con una bomba de bencina. Eso solo existe en la mente de quienes no quieren fortalecer la negociación colectiva que ya practican los sindicatos interempresas.
Por eso, estimo que la aprobación de esta reforma es, en el fondo, un triunfo de la verdad. Porque la verdad es que, efectivamente, hay un conflicto entre capital y trabajo, aunque algunos lo nieguen, y lo que corresponde no es promover las huelgas, sino asegurar la igualdad de condiciones en la negociación.
La verdad es que son pocos los trabajadores que negocian colectivamente, y que ahora lo harán más.
La verdad es que los trabajadores protegen sus empleos y quieren que a sus empresas les vaya bien, y no, como se ha argumentado, que fracasen o vayan a la quiebra.
La verdad es que la situación de la pequeña empresa no cambiará sustancialmente.
Y la verdad es que la cancha entre empleadores y trabajadores estará un poco más nivelada de aquí en adelante y Chile será un poco más justo.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, lo cierto es que resulta casi imposible no intervenir para hacerse cargo de algunas de las aseveraciones de mis Honorables colegas.
Voy a referirme solamente a cuatro, haciendo un emplazamiento al Gobierno en la figura del Ministro de Hacienda y de la Ministra del Trabajo.
Es un emplazamiento amistoso, en cuanto a la criminalización.
Yo les pido, estimados colegas, que tengan un mínimo de coherencia intelectual.
La persona que incorporó el tema de la huelga pacífica en el debate legislativo se llama Michelle Bachelet.
¡Cómo pueden ser tan incoherentes con sus propias expresiones!
El proyecto que presentó la Presidenta Bachelet a la Cámara de Diputados -¡ella!, ¡ningún opositor!- definió la huelga como "huelga pacífica". De manera que cuando ustedes se refieren a la criminalización de la huelga están disparándose en los pies, porque la persona que introdujo ese concepto fue la Presidenta de la República.
Está bien, podrán engañar a algunos, pero no a todos todo el tiempo.
¡Pretender que nosotros establecimos aquel concepto, cuando fue la Presidenta Bachelet la que lo hizo, es ridículo!
Segunda cosa.
Ustedes dicen acá: "¡Hace 25 años que estábamos esperando esta reforma!".
Y yo les pregunto: ¿Qué les pasó en el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, cuando tuvieron mayoría en ambas Cámaras durante sus cuatro años? ¿Por qué no la hicieron?
Porque ustedes no creían en esta iniciativa, pues, como lo demostré con todos los antecedentes en la mano, las reformas que hoy se están imponiendo no estuvieron en el programa de Aylwin, de Frei, de Lagos ni de Bachelet. ¡En ninguno de esos programas!
En tercer lugar, aquí se ha dicho, señor Presidente, que esta reforma va a contribuir a mejorar la distribución del ingreso. Y quiero aseverar que va a ocurrir exactamente lo contrario.
Esto es muy simple. Hoy es 6 de abril. Yo le digo al Gobierno: escoja con qué fecha calculamos: ¿6 de abril del próximo año, 6 de abril del año 2018? Yo aseguro que la distribución del ingreso va a empeorar. Y voy a explicar básicamente por qué.
Estoy apostando sobre seguro, porque cuando el país crece menos de 2 por ciento -este Gobierno tendrá el peor crecimiento desde 1990-, al contraerse el empleo resulta imposible que suba la distribución del ingreso.
Por lo tanto, yo emplazo al Ejecutivo a que diga frente a la nación si de aquí a dos años, con esta reforma y en el conjunto de su gestión, se atreve a asegurar que la distribución del ingreso va a mejorar.
Yo sostengo que va a empeorar.
Y veamos en dos años más quién tiene la razón, porque -vuelvo a decir- esta es una apuesta sobre seguro: con un crecimiento bajo; con la productividad por los suelos, cayendo desde hace siete años; y con una reforma laboral de esta naturaleza, que va a generar desempleo, será imposible mejorar la distribución del ingreso.
Los emplazo a que digan que estoy equivocado y a que el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo se comprometan a manifestar frente al país que con esta reforma vamos a mejorar la distribución del ingreso en los próximos dos o tres años. ¡No lo van a hacer!
Finalmente, deseo mencionar una sola palabra respecto al muy correcto emplazamiento de la Senadora Muñoz, porque le tengo el mayor respeto, como a todo el mundo, más allá de que uno discrepe con fuerza.
Fíjense que la extensión de beneficios es lo más lesivo para los trabajadores que existe en esta reforma...
--(Manifestaciones en tribunas).
Y voy a explicar por qué, al margen del griterío.
Por una razón muy simple: si en una empresa de 1000 trabajadores hay un sindicato con 100 integrantes, y este pide un 5 por ciento de aumento, los 900 restantes tendrán una sola posibilidad, salvo la venia del sindicato, para acceder a esa extensión de beneficios: afiliarse a él.
Nosotros propusimos cambiar la norma actual, porque sostiene que la extensión de beneficios es unilateral del empleador. ¿Y qué fue lo que propusimos? Que la extensión de beneficios fuera automática.
El que para obtener la extensión de beneficios haya que afiliarse al sindicato, simplemente perjudica a todo el resto.
Sin embargo, existe una cosa mucho peor: si en esta empresa de 1000 trabajadores, donde hay un sindicato de 100, dentro de los 900 existe uno que no quiere estar afiliado al sindicato pues negocia mejor individualmente sus remuneraciones, se le prohíbe hacerlo. Y eso es un gravísimo error...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Pido guardar silencio en las tribunas, por favor. No está permitido hacer manifestaciones ni en un sentido ni en otro.
Puede continuar, Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Termino en un instante, señor Presidente, la verdad es que el griterío me tiene sin cuidado desde hace rato.
Lo que quiero decir es que las personas que están acá abajo, y las que más han estudiado el tema, que se encuentran arriba, saben que lo que digo es absolutamente cierto.
Por lo tanto, ustedes mismos van a tener que convencerse de que esta norma, la de la extensión de beneficios -¡escúchenme!-, va a ser rechazada. Y argumentaremos en el Tribunal Constitucional con todos los planteamientos -¡atención!- de los Senadores y de los mayores expertos laborales de la Democracia Cristiana, que coinciden en que se trata de una norma inconstitucional.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, estamos llegando al final de una larga tramitación de este proyecto de ley que moderniza y equilibra -lo que más nos interesa- estas relaciones laborales tan profundamente desiguales en nuestro país.
Ha costado tanto que nuestro mundo empresarial, que nuestros colegas de la bancada del frente, de la Oposición, entiendan que lo que buscamos es emparejar una cancha evidentemente dispareja. Y nos ha costado mucho que entiendan que pretendemos asumir que es posible generar un tipo de relación al interior de una empresa como la que existe en tantos países europeos, en que los actores son capaces de escucharse, de respetarse mutuamente y de sentarse en una misma mesa.
Necesitamos sindicatos que dispongan de fortaleza porque tienen que sentarse a negociar; tienen que ser escuchados; tienen que luchar por mejores condiciones de vida, por mayores remuneraciones.
Me alegro de que vayamos a aprobar este informe de Comisión Mixta, a dar término a esta tramitación.
Podrán estar en su derecho a apelar, pero están profundamente equivocados, pues están acostumbrados a que aquí exista una extensión unilateral: simplemente, el empleador se aprovecha para extender los beneficios, lo que obviamente debilita a cualquier organización sindical.
Estamos acostumbrados a una larga historia de prácticas antisindicales y desleales. Estamos acostumbrados a ver que empresas, algunas del retail ampliamente conocidas, tengan más de cien nombres diferentes. ¿Y para qué? Para atomizar, para fraccionar, para impedir una mejor organización sindical, para no extender los beneficios.
Estamos dando la titularidad de la extensión porque necesitamos que los sindicatos tengan esa capacidad y puedan fortalecerse. Y estamos convencidos de que con eso les daremos las herramientas que buscamos: fortalecer una organización para una negociación colectiva reglada, que permita generar mejores condiciones, mejores remuneraciones.
Hace pocas horas vimos que Monseñor Goic nuevamente levantaba la voz, a fin de decir: "400 mil pesos debiera ser el salario mínimo". ¿Por qué lo hizo? Porque este es un país de profundas y enormes desigualdades, pues la gente sabe lo que nos ha costado llegar a estos 250 mil. Y todos entendemos que con eso no vive una familia.
Nos encontramos acostumbrados a que el 1 por ciento más rico del país se lleve el 30 por ciento del producto nacional. ¡Eso no es posible! No genera condiciones de cohesión, no genera condiciones para una mejor sociedad. Y, por eso, yo diría que su lugar es legítimo, que hacen su rol, que es lo que creen; pero están profundamente equivocados.
Que nosotros les demos estas herramientas a nuestros trabajadores será la mejor forma de lograr un mejor país si somos capaces de entender que ninguno de ellos quiere destruir su fuente de trabajo, sino alcanzar una remuneración justa, legítima, considerando su aporte en trabajo; porque no es posible que solamente el capital y sus especulaciones se lleven toda la riqueza.
Aquí tenemos ganancias desmedidas, y una sociedad donde uno sabe lo que ganan los bancos, las isapres. ¿Y qué reciben los trabajadores? Sueldos mínimos, sueldos medios. Miren las cifras, las estadísticas: ¿cuánto gana la media de los trabajadores de este país?
Deberíamos sentirnos avergonzados de darnos cuenta de los extremos que existen. No le hace bien a un país. Un país necesita gobernanza, necesita cohesión, necesita diálogo, necesita emprendedores que se comprometan con sus trabajadores, y necesita empresarios que no acudan a expedientes -no son todos, por suerte- como la colusión, para ponerse de acuerdo en la cantidad que producen y los precios que van a cobrar.
¡No! Nosotros queremos que se entienda que una sociedad se construye con cohesión en la medida que hay respeto. Y aquí el respeto debe mantenerse entre los empresarios y ese grupo de trabajadores, que tienen que organizarse; que tienen que ser escuchados; que luchan por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo.
Por eso, señor Presidente, nuestra bancada, la del Partido Socialista, va a apoyar este proyecto, esta reforma que nosotros sentimos que constituye un paso.
Hubiésemos querido otras cosas, el Partido Socialista siempre ha creído en una negociación ramal. Sabemos que no está en la meta hoy, sabemos que nuestros funcionarios públicos efectivamente no pueden negociar. Ya llegará el momento en que lo permitamos...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, Senadora señora Allende.
Dispone de un minuto adicional.
La señora ALLENDE.-
Sabemos que los trabajadores a honorarios no tienen ninguna facilidad en sus condiciones de trabajo ni un contrato regular que les permita tener previsión y otros derechos. Ya llegaremos a aquello. Pero estamos dando un paso significativo, que va a marcar -me alegro- el legado de este Gobierno; que nos va a dejar una reforma laboral en la que a lo menos logramos que existan titularidad; extensión; no reemplazo externo, desde luego.
Y esperamos que los empresarios no acudan a otros expedientes para provocar el reemplazo interno que debilite la huelga. Porque para los trabajadores llegar a esa instancia es duro, doloroso. Pero es una de las pocas herramientas de que disponen a fin de ser escuchados y buscar mejorar sus condiciones de vida.
Por eso, señor Presidente, la bancada del Partido Socialista apoya esta reforma laboral.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, quiero tener una mirada en esta materia -trataré de hacerlo- un poquito más exógena que desde un sector político o de otro, y pensar en las personas.
Cada año tenemos que discutir en este Congreso los reajustes del sector público y del salario mínimo. Por eso, deseo concurrir con mi voto favorable pensando en las personas, mujeres y hombres, que por más de treinta años trabajan, imponen y terminan con un promedio de renta de 140, 90 o 160 mil pesos al final de sus vidas.
¡Esa es la realidad de nuestro país!
Chile es una moledora de carne humana -excúsenme la expresión-, porque deja a las personas viviendo en una condición de absoluta pobreza al momento de jubilarse.
Por eso me hace mucho sentido apoyar con mi voto y hacer ver lo que en su momento manifesté.
En primer lugar, hicimos una defensa -la sentíamos del todo legítima- de las micro y pequeñas empresas, pues no podían quedar sometidas a las mismas obligaciones, dado que les es absolutamente imposible sostener un proceso de negociaciones.
En ese momento argumentamos que había que entender que ellas debían estar fuera de la negociación colectiva. Afortunadamente, se recoge ahora una solución que apunta a las medianas y grandes empresas, vale decir, a aquellas que tengan sobre cincuenta hasta ciento noventa y nueve trabajadores, y las que tengan sobre doscientos trabajadores, respectivamente.
Me queda, sí, la sensación de que podría haberse hecho una excepción particular con las medianas empresas, que están presentes en todo el país, pues obviamente muchas veces carecen de la capacidad para negociar.
Sin embargo, quiero centrar mi discurso en las personas.
Yo aspiro a que, así como cada año debemos analizar a través de estas negociaciones el reajuste del salario mínimo -está más que claro que este no permite a ninguno de los integrantes de la familia que lo percibe el tener alguna clase de proyección-, con la sindicalización más fortalecida se logre una condición futura bastante más humana para nuestras mujeres y hombres que trabajan toda su vida.
De ahí que, en su momento, apoyamos el fortalecimiento de la sindicalización en Chile. Pero, a su vez, también hicimos ver que faltaba regular de mejor forma la situación de las pequeñas y medianas empresas.
En eso ha habido un avance, el cual, afortunadamente, va a permitir -espero que así sea- que esas empresas mayoritarias en nuestro país sigan contando con la capacidad de trabajo necesaria para un futuro desarrollo.
Sin embargo, de manera muy especial voy a concurrir con mi voto favorable, porque creo que el fortalecimiento de tales estructuras humanas, como la sindicalización, nos va a posibilitar cerrar las brechas económicas, que son escandalosas, que producen tremendas diferenciaciones, y, por ende, en el futuro podremos contar con jubilaciones mucho más dignas para los trabajadores, mujeres y hombres, de Chile.
Voto por la aprobación del informe.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Quiero ser muy breve, señor Presidente, porque ya ha habido un largo debate.
Soy de los que prefieren ver el lado positivo de la reforma. Y lo digo porque algunos colegas, especialmente el Senador Andrés Allamand, recién hacían una suerte de emplazamiento en cuanto a los resultados que podía traer esta reforma en términos de la distribución del ingreso o del mayor o menor crecimiento del país en los próximos dos años.
Nosotros estamos convencidos de que la reforma laboral no es para dos años, sino para numerosos más, y de que pretende lograr una mejor relación entre empleadores y trabajadores, con el objeto de que exista una negociación más justa, equilibrada y equitativa.
Ese es el principal objetivo de esta reforma.
Las dificultades del crecimiento ya las conocemos. El propio Senador Allamand reconoció que los problemas de la economía nacional e internacional vienen desde hace varios años, incluso del Gobierno anterior.
Sin embargo, este debate lamentablemente se ha hecho con mucho prejuicio tanto de parte de los empleadores, que dicen que los trabajadores lo único que quieren es destruir las empresas, como también de los trabajadores, por el abuso de los empleadores. Pero tenemos muy buenos trabajadores y, también, muy buenos empleadores.
Creo que lo importante de este proyecto es que cumple con los objetivos para los cuales se planteó, como la titularidad sindical, que implica el fortalecimiento de los sindicatos, pues alguien tiene que negociar y robustecerse en la negociación.
El ejemplo que se colocaba acá de una fábrica con mil empleados, de los cuales solo cien estaban sindicalizados y los novecientos restantes no tenían ninguna oportunidad, es exagerado. Porque los otros novecientos tienen varias alternativas. Aquí hay libertad de organización sindical y lo más probable es que una fábrica o una empresa con mil empleados tenga varios sindicatos; por lo tanto, habrá diversas negociaciones al mismo tiempo.
El segundo objetivo que se persigue: una mayor cobertura en la negociación colectiva, también está garantizado. Eso es positivo, y se basa en otro instrumento importantísimo: que la huelga sea efectiva y sin reemplazo.
Me parecen razonables las dudas manifestadas respecto de la extensión de los beneficios. Nosotros las plantemos, efectivamente. Porque si la única alternativa es la afiliación al sindicato y se tiende a los sindicatos únicos, no vamos a estar jamás de acuerdo con eso. Siempre hemos creído en la libertad y en el pluralismo sindicales; siempre hemos creído en la libertad de los trabajadores para afiliarse o no.
De ahí que propusimos otras alternativas que, lamentablemente, en el debate no se pudieron concretar. Pero pensamos que había otras fórmulas intermedias o graduales a través de las cuales los trabajadores que no deseaban afiliarse al sindicato o que no formaban parte de él pudieran acceder en alguna etapa o en algún momento a los beneficios de la negociación colectiva.
Pero analicemos el otro argumento al revés.
¿Por qué se plantea esto? Por la sencilla razón de que los sindicatos, al no tener la titularidad para poder negociar, quedaban debilitados y los empleadores pactaban con distintos grupos de manera separada o a la vez. Y eso, evidentemente, va en contra del fortalecimiento de la organización sindical.
Por tanto, llegar a un equilibrio no es fácil.
En consecuencia, me parece que el debate realizado, con participación de todos los actores, tanto de los sectores público, privado y académico como de los ámbitos laboral, gremial y empresarial, nos lleva a aprobar una reforma laboral que es necesaria e imprescindible para un país que quiere seguir creciendo y compitiendo en el mundo, y que le hace muy bien a la aspiración de mayor igualdad y equidad en Chile.
Por eso, a pesar de que el contenido de la reforma no es suficiente o de que no todas las cosas que se incluyen son eficaces por completo para conseguir el objetivo de fondo, estamos de acuerdo con lo propuesto, razón por la cual votamos a favor de este proyecto de reforma laboral y lo respaldamos plenamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, de las reformas hechas en los últimos años en Chile, esta es una de las que, a mi juicio, van a generar mayor impacto en la lucha contra la inequidad, contra la desigualdad.
Hoy día los sindicatos presentan muy baja adhesión porque carecen de capacidad de negociación. Con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales habrá un incentivo significativo no solo para participar en ellas, sino también para el surgimiento de nuevos dirigentes, lo cual permitirá alcanzar un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza.
En este debate largo y a veces tedioso, al que por fin llegamos a un acuerdo, fui defensor no solamente de los trabajadores, sino también de las mipymes.
El consenso alcanzado en la Comisión Mixta nos permite avanzar, aunque quizás quedaron cosas pendientes. Pero prefiero pensar que dimos un paso muy significativo en vencer la camisa de fuerza que quedó instalada desde el Gobierno militar en la legislación laboral.
Ahora sí estamos viendo que el período de transición está avanzando hacia una democracia que permite satisfacer anhelos y aspiraciones de miles de trabajadores en búsqueda de la equidad.
Además, esta iniciativa apunta objetivamente a lograr una mayor colaboración entre empleadores y trabajadores.
Cuando existe equilibrio de fuerzas y es factible negociar en igualdad de condiciones, se estimula la tendencia a colaborar para incrementar la producción y hacer más rentable la empresa, con lo cual se puede distribuir mayor riqueza.
En este punto tengo una preocupación respecto de las tareas pendientes: ¿cómo hacer para que las mipymes logren condiciones de competencia? Hoy la concentración de la economía en pocas empresas deja un espacio reducido a millones de personas que laboran en las mipymes. Si estos trabajadores vieran mejorada su posición de negociación, podrían conseguir una mayor distribución del ingreso.
El Senador Allamand dice: "Aquí se corre el riesgo de que no haya una mejoría en los sueldos". Sí la habrá, en la medida que exista un mayor equilibrio entre empleadores y trabajadores y se genere un clima de colaboración para aumentar la producción.
Otros aspectos que deben ser abordados guardan relación con las medidas que el Ministro de Hacienda ha anunciado en materia de productividad.
Y la gran iniciativa pendiente es la reforma previsional. Aun disponiendo de la mejor negociación colectiva, es imposible contar con garantías de dignidad para los jubilados si no introducimos un cambio legislativo que asegure pensiones dignas.
Por lo tanto, creo que el presente proyecto es un paso significativo. Sin embargo, nos queda mucho por hacer todavía en materia de garantías y seguridad para los trabajadores y de competitividad para la economía.
Valoro la propuesta acordada por la Comisión Mixta.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, esta reforma laboral aborda dos aspectos específicos: la sindicalización y la promoción de la negociación colectiva.
Ambas situaciones en nuestro país han ido deteriorándose producto de una legislación que no se construyó sobre un debate justo en una instancia como el Congreso Nacional, pues fue elaborada en cierta circunstancia histórica que todos conocemos.
La iniciativa establece ciertos principios, como el de la titularidad sindical, esencial para fortalecer a los sindicatos.
También empareja la cancha al establecer mecanismos de real competencia durante la negociación colectiva: por ejemplo, se evitan los reemplazos encubiertos con trabajadores ajenos a la empresa, como ocurre hoy. Esta práctica hace imposible el éxito de una negociación colectiva y el ejercicio del legítimo derecho a la huelga, que se encuentra consagrado en la legislación occidental de todos los países democráticos republicanos.
Por otro lado, elimina ciertas referencias bastantes odiosas e innecesarias. Decir que las negociaciones colectivas "deben ser pacíficas" es como decir que una elección parlamentaria "debe ser limpia". Resulta un poquitito odioso e innecesario hacer ese tipo de alusiones. Partimos del supuesto de que así debe ser siempre.
Además, deja un mayor espacio de protección a la mipyme, a efectos de establecer mecanismos de intermediación, capacitación y un trato distinto en algunos aspectos, lo que me parece apropiado y adecuado.
La experiencia de los países desarrollados -lejos de los pronósticos catastrofistas que nos caracterizan en Chile- muestra que el fortalecimiento sindical siempre ha sido uno de los factores para mejorar la distribución del ingreso. Cuando el trabajador puede negociar colectivamente sus condiciones laborales, ello redunda, la mayoría de las veces, en una mejor distribución de la riqueza.
Cuando hay un juego limpio entre la empresa y sus trabajadores, cuando existe un buen trato y se remunera en forma digna, mejora la calidad de las relaciones. El trabajador se siente orgulloso de su empresa cuando es debidamente compensado.
Por lo tanto, esta reforma será una gran contribución para mejorar tanto las relaciones entre trabajadores y empresarios como la igualdad y dignidad del trabajador.
Voto que sí.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, intervengo en representación de mi bancada, Partido Por la Democracia.
Quiero dejar consignado en la historia de esta ley que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Con más o menos apreciaciones, con más o menos gusto, estamos abriendo el camino para fortalecer efectivamente los derechos de las organizaciones colectivas de los trabajadores.
No lo habíamos logrado en los últimos 25 años. En los distintos Gobiernos de la Concertación pudimos abrir una brecha importante para reformar solo derechos individuales en el Código del Trabajo. Sin embargo, fue imposible fortalecer a los sindicatos, regular la huelga efectiva y ampliar la negociación colectiva.
Deseo consignar ese paso como un cambio cultural relevante en el país, porque hasta hoy lo único que vale en este modelo libremercadista es el capital. El trabajo, que contribuye a generar riqueza en abundancia, la que se halla concentrada en muy pocas manos, no tiene valor en nuestra sociedad.
La demanda y la movilización de los trabajadores han apuntado justamente a instalar el sindicato como un actor central en la lucha social por la distribución de la riqueza.
Por eso, señor Presidente, aunque algunas cosas me gusten más y otras menos o sienta que todavía hay déficits, haremos crecer la cola de ese caballo, como dijo el Senador Letelier, pues hemos dado un paso histórico para que la cultura social y política de nuestro país revalore el trabajo.
El trabajador y la trabajadora construyen la riqueza y tienen todo el derecho a que esta se distribuya en abundancia para sus familias.
Ello solo se consigue con organización, con los sindicatos, con la huelga efectiva y con la negociación colectiva para cada vez más trabajadores.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Comisión Mixta (23 votos a favor y 15 en contra) y queda despachado el proyecto.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, Honorable Sala del Senado, en nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo de este Parlamento.
Hoy día en la mañana la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta por 60 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones.
Y ahora hace lo propio el Senado. Desde hace mucho tiempo que no se veía que los 38 Senadores votaran. Y, claro, se trata de una decisión importante para el país: 23 votos de respaldo.
Agradezco ese hecho.
Quiero aprovechar de responder al emplazamiento que el Senador Andrés Allamand nos ha hecho al Ministro de Hacienda y a mí respecto de la equidad, el crecimiento y la redistribución.
Hay un paper del Ministro Rodrigo Valdés, que publicó junto con los señores Calderón y Chong el año 2005 -es bastante antiguo; por tanto, no fue hecho para esta discusión en especial-, donde se señala que las regulaciones del mercado laboral, particularmente en materia de la importancia de los sindicatos, mejoran la distribución del ingreso a largo plazo, más allá de los ciclos económicos.
Por tanto, creo que es importante poner seriedad en el debate.
El presente proyecto, señor Presidente, atraviesa a la sociedad en su conjunto: a las grandes, medianas y pequeñas empresas; a los trabajadores; a los que quieren integrarse al mundo del trabajo, y a los consumidores.
Todos tienen legítimos intereses y no siempre son coincidentes. Debemos, sin lugar a dudas, protegerlos a todos.
El resultado de la votación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es la mejor expresión de gobernabilidad que podemos dar, pues hemos logrado no solo obtener el apoyo de la Nueva Mayoría, sino también cohesionar de manera clara y eficaz los legítimos intereses de la inmensa mayoría de nuestro país.
Es deber del Gobierno velar por el bien común de Chile.
Esto es lo que hoy podemos mostrar: titularidad sindical, sindicatos que podrán negociar en representación de sus trabajadores, extensión de beneficios pactados por afiliación, huelga efectiva, pactos de adaptabilidad, normas sobre género, derecho a información permanente, sobre todo para la negociación colectiva.
Hemos modificado una serie de instituciones con esta iniciativa, que busca reequilibrar, rebalancear las relaciones laborales.
Señor Presidente, después de muchos años, al fin damos como país con la nota cuando hablamos de modernizar las relaciones laborales, cuando apostamos por más productividad, cuando creemos que la equidad es un elemento fundamental del desarrollo.
Agradezco a todas y a todos.
Este es un hito importante que cierra su etapa de debate legislativo.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A usted, señora Ministra.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
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--Se suspendió a las 19:23.
--Se reanudó a las 19:32.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Alcalde de Puerto Saavedra, consultándole si hay un PROYECTO PARA REPARACIÓN DE MIRADOR EXISTENTE EN SECTOR PUERTO SAAVEDRA-BOCA BUDI. Y al señor Director de Vialidad de La Araucanía, recabándole información en torno a ESTADO DE PROYECTO DE DOBLE VÍA FREIRE-PUCÓN.
De los señores NAVARRO, GUILLIER y PROKURICA:
A la señora Presidenta de la República y a los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Economía, Fomento y Turismo, de Desarrollo Social, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Vivienda y Urbanismo y de Energía, en materia de CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO SUSCRITO ENTRE AUTORIDADES REGIONALES Y MESA DEL SECTOR PÚBLICO MÁS LA CUT DE LA REGIÓN DE ATACAMA.
Del señor ORPIS:
Al señor Director Nacional de Gendarmería, requiriéndole ANTECEDENTES POR REGIÓN SOBRE NÚMERO DE IMPUTADOS DERIVADOS A TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE DROGAS POR APLICACIÓN DE LEY Nº 20.603.
Del señor PROKURICA:
A los señores Vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería y Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, solicitándoles información referida a HABILITACIÓN DE CAMINOS MINEROS EN PROVINCIAS DE COPIAPÓ, CHAÑARAL Y HUASCO.
Al señor Intendente de la Región de Atacama, pidiéndole antecedentes acerca de CUMPLIMIENTO DE LEY N° 20.815, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE BONO ATACAMA.
Al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama, para consultar acerca de URBANIZACIÓN DE SECTOR DE JARDÍN INFANTIL VILLA SAN PEDRO (COMUNA DE HUASCO) Y PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO Y ALUMBRADO PÚBLICO.
A la señora Directora Regional de Atacama de Fundación Integra, para que remita diversos antecedentes sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN SECTOR VILLA SAN PEDRO, COMUNA DE HUASCO.
Y a los señores Presidente de Aguas Chañar y Gerente General de la Empresa Eléctrica Atacama, con el objeto de que informen, en lo que a cada uno corresponde, si existe factibilidad de AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA SECTOR DONDE SE UBICA JARDÍN INFANTIL DE VILLA SAN PEDRO, COMUNA DE HUASCO (todos de la Región de Atacama).
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En Incidentes, no hará uso de su turno el Comité Renovación Nacional.
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE NUEVO TRATO A SECTOR PÚBLICO DE ATACAMA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el 5 de septiembre de 2014 entre los dirigentes gremiales que integran la Mesa del Sector Público y las autoridades de Gobierno de la Región de Atacama se convino un Protocolo de Acuerdo Mesa Gobierno-Sector Público. El acuerdo central fue conformar una mesa de trabajo entre los representantes de las asociaciones de funcionarios públicos y representantes del Gobierno con el fin de alcanzar y consensuar, a través del diálogo, alternativas viables y acciones concretas para dar respuesta a las necesidades de la Región.
Las principales demandas decían relación con: bonificación especial de salario por un valor mensual parejo de 80 mil pesos, pagados de manera trimestral al total de los trabajadores del sector público, incluidos funcionarios municipales; nuevo valor de subsidio habitacional para la construcción de viviendas sociales; IPC regional; mayor descentralización de los principales servicios regionales; capacitación de mayor pertinencia para funcionarios públicos; mayor descentralización intrarregional; aumento de las plantas funcionarias de la región, y mayor conectividad para los poblados más aislados.
Entre las propuestas en que el Gobierno estuvo particularmente de acuerdo se encuentra la instauración de un bono especial de zona que dé cuenta de las particulares condiciones de costo de la vida en esa Región, el que fue pagado de forma transitoria durante el año 2015, conforme a la ley N° 20.815, que "Otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican.".
En este Senado votamos esa ley. Y la medida se financió con recursos regionales, del FNDR, no con aportes del Tesoro Público ni del Gobierno central.
Asimismo, se acordó un estudio conjunto, que ha estado retrasado, para evaluar si el bono para los años que seguían al 2015 tendría viabilidad.
No obstante el tenor claro y preciso del acuerdo, el Gobierno encargó un estudio, el que fue desarrollado unilateralmente por el INE, en abierta violación de lo acordado. En dicho estudio se concluye que el alza del costo de la vida no representa mayor particularidad para la Región de Atacama, razón por la que se rechaza el establecimiento de un bono permanente.
Se planteó que iba a ser un estudio conjunto, y lo hizo solo el INE. Ahí está el censo del INE: ¡el peor censo de la historia!, más allá de la capacidad de sus funcionarios.
Hoy se ha cumplido más de un mes (37 días) de movilizaciones y paralización indefinida de los funcionarios del sector público de Atacama. Y se encuentra en la Región el señor Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Claramente, el Gobierno está haciendo esfuerzos; sin embargo, no son notorios.
Se registra una falta de avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el referido Protocolo de Acuerdo. Y la primera autoridad regional, por primera vez a lo largo de todo el proceso de negociación del beneficio, ha manifestado abiertamente que, en su opinión, ya se han agotado los requerimientos (formales y oficiosos) hasta ahora desplegados desde el Gobierno regional y otras instancias competentes a las autoridades del nivel central, y, definitivamente, estas no estiman procedente ni están en condiciones ni en disposición de acceder a las demandas.
¡Es decir, el Intendente ha tirado la cadena!
Señala que no existe disposición ni voluntad para hacerlo y que todas las demandas de reclamo por el pago del bono en atención al mayor costo de la vida en la Región de Atacama no pueden acogerse.
Señor Presidente, los funcionarios públicos que han concurrido a la firma del Protocolo han actuado de buena fe, con confianza. Pero es imperativo que hoy las distintas partes involucradas en este conflicto, que se ha extendido innecesariamente por más de un mes, retomen el sentido original del Protocolo en cuestión, a fin de alcanzar de manera consensuada y a través del diálogo alternativas viables y acciones concretas para dar respuestas a las necesidades de la Región.
Esta misma realidad la vive la Región de Antofagasta, motivo por el cual el Gobierno entrega una asignación similar allá.
Por lo expuesto, hemos presentado un proyecto de acuerdo, para solicitarle a la Presidenta de la República:
"1.-
En virtud de los fundamentos antes expuestos se reconozca la naturaleza jurídica de Contrato Colectivo vinculante para las partes (Gobierno y Trabajadores del Sector Público), al mencionado PROTOCOLO DE ACUERDO suscrito entre las autoridades regionales y la Mesa del Sector Público más la CUT de la Región de Atacama;
"2.-
Solicitar a la señora Presidenta de la República y a los señores Ministros del Interior, de Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Social, Energía y Economía:
"a) El acatamiento íntegro del PROTOCOLO DE ACUERDO suscrito entre las autoridades regionales de la Región de Atacama, por una parte, y por la otra, la Mesa del Sector Público y la CUT Provinciales de dicha Región;
"b) El envío al Congreso Nacional a la brevedad posible, en carácter de suma urgencia, de un Proyecto de Ley que en cumplimiento del referido PROTOCOLO otorgue a los funcionarios públicos de la Región de Atacama una Bonificación Especial de $80.000.-
pesos mensuales por cada uno de ellos para el año 2016 en las mismas condiciones que las establecidas en la Ley N° 20.815 para el año 2015;
"c) Se ordene el Estudio comprometido en el citado PROTOCOLO por parte del INE conjuntamente con quienes formaron la Mesa del Sector Público de la Región de Atacama;
"d) Se cumpla íntegramente con los demás compromisos sectoriales adquiridos por la autoridad pública en el PROTOCOLO DE ACUERDO;
"e) No se apliquen medidas de represalia en contra de los funcionarios públicos que han participado en las movilizaciones en protesta por el incumplimiento del PROTOCOLO DE ACUERDO, en especial, descuentos, desvinculaciones, bajas en sus calificaciones de desempeño funcionario y otras análogas.".
Hemos ingresado hoy este proyecto de acuerdo con las firmas de los Senadores Guillier, Prokurica y quien habla, a fin de que pueda ser sometido a la aprobación de la Sala.
Veremos si podemos concurrir con más firmas de colegas de las distintas bancadas. No obstante, debido a la urgencia de la situación, a la extensión de las movilizaciones y a que el Senado no vuelve a sus funciones hasta el próximo martes, lo hemos ingresado con las firmas de los Senadores de las Regiones de Antofagasta, de Atacama y del Biobío, interpretando y entendiendo cuál es la voluntad, la urgencia y el grito de agonía desesperado de los funcionarios de Atacama.
Cuando discutimos la ley pertinente, en mi intervención advertí que este bono iba a transformarse en permanente, que habría movilización social. Porque las necesidades son permanentes.
El informe elaborado unilateralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas señala que Atacama ocupa el sexto lugar entre las regiones más caras con relación al costo de vida.
"Queremos realizar de manera conjunta el estudio comprometido", dicen los funcionarios públicos de Atacama.
Si el Gobierno va a enviar un proyecto de ley, ¡bienvenido!
Debemos ver cómo hacemos realidad las peticiones que han formulado los funcionarios públicos de Atacama, toda vez que cuando aprobamos la iniciativa que dio vida a la ley N° 20.815 sabíamos que la bonificación especial que se establecía iba a tornarse en permanente.
Señor Presidente, no es primera vez que el Gobierno presenta proyectos de ley dirigidos a resolver problemas económicos de los trabajadores.
Ya lo hicimos al aprobar una normativa que permitió entregar a la industria de la basura 16 mil millones de pesos, más de 30 millones de dólares, para pagarles a los recolectores de basura de nuestro país, a fin de compensar su precaria situación económica.
El bono existe para Antofagasta, señor Presidente.
Yo solo espero que no se extienda innecesariamente este conflicto.
También me gustaría que se debatiera lo relativo a los impuestos regionales.
¡Qué necesidad tendría Atacama de pedirle recursos al Gobierno central cuando la riqueza que esa Región produce a través de la extracción de minerales (cobre, en fin) y de las empresas que operan allí debiera generar un impuesto regional!
Impuestos regionales: lo planteamos los regionalistas cuando discutimos el proyecto sobre reforma tributaria.
No fuimos escuchados.
Creo que la solución de fondo radica en que las regiones que producen riqueza dejen en ellas parte de los recursos que generan.
Porque uno va a Atacama y ve que el tiempo se ha detenido allí. No se compara el grado de desarrollo tecnológico de las empresas mineras que operan en esa Región con la situación en que se encuentran las ciudades y, en particular, con la calidad de vida de sus funcionarios públicos y de cada uno de sus habitantes.
Las voces que reclaman aquello se han hecho escuchar de manera reiterada.
Ahí ha estado Cristian Tapia, Alcalde de Vallenar, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, haciendo presente firmemente, decididamente al interior del Gobierno, en el Comité Político, tal exigencia.
De ello puede dar cuenta el señor Presidente, quien, además, está a la cabeza del Partido Por la Democracia.
Ello se ha planteado reiteradamente. Pero requiere solución.
¡Para qué extendemos los conflictos si al final del día habrá solución, después de un costo extraordinario para la imagen del Gobierno, de la Presidenta, de la Nueva Mayoría, de la política!
Señor Presidente, quiero que mi intervención se haga llegar a la Presidenta de la República; al Intendente de Atacama; a los gobernadores de la Tercera Región; al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior, y a los Ministros que se mencionan en el proyecto de acuerdo, correspondientes a las carteras sociales.
Hacemos un llamado para que haya una evaluación y para que el Gobierno cumpla -no es que ceda ni que se ponga de rodillas- los acuerdos suscritos en la mesa de trabajo con los funcionarios públicos de Atacama.
Las regiones en algún momento se van a sublevar, se pondrán de pie.
No es necesario que exista una crisis social para que el Gobierno central entregue una respuesta.
Eso es lo que hoy esperamos...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Senador, puede proseguir su intervención en el tiempo del Comité Partido MAS, al que le corresponden tres minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, si bien el Gobierno se ha comprometido a enviar el proyecto de ley pertinente -eso es lo que se nos informó de la gestión realizada por el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en Atacama-, dicha iniciativa debe ser tratada a la brevedad.
¡Discutámosla!
Aprovechemos ese debate para analizar los impuestos regionales. Que el sector privado también genere recursos para mejorar la calidad de vida no solo de los funcionarios públicos de Atacama, sino también de todos los habitantes de la Región.
¡Ese es el verdadero rol de los regionalistas!
Solicito, pues, que se envíen estos oficios a las autoridades que mencioné, independiente de la votación que se registre en el Senado respecto del proyecto de acuerdo que presentamos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
NECESIDAD DE CONVENIO SOBRE TRASLADO A CHILE DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EXTRANJEROS PARA EJERCICIO EN SECTOR PÚBLICO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Salud y, también, que se entregue copia de esta intervención a la Presidenta de la República.
El 5 de octubre de 2015 -han transcurrido ya seis meses-, junto con 257 alcaldes, quienes gobiernan a 10 millones de personas, le entregamos una propuesta a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, con el objeto de hacerle presente la necesidad de firmar un convenio para traer médicos extranjeros a fin de suplir las graves falencias que hay en materia de médicos especialistas y de médicos de familia.
Las estadísticas al 31 de enero de 2016 son demoledoras: en Chile hay un millón 552 mil 205 personas en lista de espera para atenderse con un médico especialista y -escuche bien, señor Presidente- 240 mil 536 pacientes están aguardando por una cirugía.
Ya el informe del Ministerio de Salud, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2015, daba cuenta de cifras trágicas: 57 mil 523 personas fallecidas esperando atención de un médico y 10 mil 82 personas muertas aguardando ser operadas.
¡En Chile la gente se está muriendo porque no hay médicos especialistas!
La situación derivada de la falta de un oncólogo infantil en Magallanes viene a desnudar el completo fracaso de la política de formación de especialistas en nuestro país: ¡El cartel del Colegio Médico! ¡El cartel de la ASOFAMECH! ¡El monopolio y la colusión de un grupo de médicos respecto del EUNACOM, prueba que se exige para el ingreso de los médicos al sector público!
Hoy día hay médicos disponibles en el mundo.
¿Pero qué ha pasado en Magallanes?
Señor Presidente, por Linkedin, a través de Internet, se contactó a una profesional mexicana. Lo señaló ella misma hoy en una entrevista en el diario El Pingüino, de Magallanes.
Estuvimos con las madres de niños que padecen cáncer en la Región de Magallanes. La respuesta que se les dio constituye un avance, pero es totalmente insuficiente.
Los niños tendrán que seguir viajando a Valdivia y a Santiago.
¡La gente reclama justicia y derechos!
Pido que se oficie a la Ministra de Salud, a fin de que haya una respuesta...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Senador, finalmente, dispone de los nueve minutos que le corresponden al Comité Partido Por la Democracia.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
La falta de oncólogos infantiles no es un problema solo de Magallanes: también afecta a Iquique, a Ñuble, a Coquimbo, que igual exigen un oncólogo para sus pacientes.
¿Cómo va a resolver aquello el Ministerio de Salud?
¿Va a buscar en Linkedin? ¿Va a entrar a Internet para contactar profesionales en el mundo? ¿O va a desarrollar una política aplicada, consensuada con los pactos, con los convenios que Chile ha firmado? ¿Con quién? Con Cuba.
¡Qué temor le tienen a traer médicos de allí, cuando hay más de 52 mil médicos cubanos en 82 países!
Los médicos cubanos vinieron a mi Región para el terremoto y el tsunami. Estuvieron en Chillán. Y resolvieron más de dos mil operaciones en los pabellones de los hospitales de San Carlos y de Chillán.
La gente no quería que se fueran.
Se trata de médicos de primer nivel, de máxima calidad.
¿Qué nos dice Cuba?
Estuvimos en ese país con Cristian Tapia, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, y con Ángel Castro, Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (que agrupa a 54 comunas).
Señor Presidente, de manera inmediata, cuando Chile diga que sí, podemos tener mil, mil quinientos, dos mil especialistas, de todas las áreas, y quinientos, mil médicos de familia por uno o dos años.
El próximo lunes me reúno con Sadi Melo, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Voy a pedirle que dicha Asociación se amarre bien los pantalones y firme un convenio para traer médicos especialistas en una misión, de manera que no se ande buscando a través de Internet por si algún médico siente lástima de nuestro país. ¡Tal procedimiento avergüenza a Chile!
Señor Presidente, aquí hay algo de xenofobia también.
No conozco a don Manuel García de los Ríos, Premio Nacional de Medicina 2016.
Sin duda, él puede ser un buen médico.
¿Pero qué nos señala? Él dice que "la formación de nuestros médicos es muy superior al promedio de los que vienen a Chile".
Sobre el EUNACOM afirma que "esta prueba se inventó porque lamentablemente tenemos firmados con ciertos países convenios que les permite a ellos venir y ejercer la medicina simplemente con un timbre en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para, de alguna forma, frenar esta barbaridad se hizo la prueba".
Señor Presidente, y lo digo con mucho respeto, yo creo que se sinceró lo que hoy día es el EUNACOM.
El Director Ejecutivo de EUNACOM nunca ha dado este examen, jamás ha ejercido la medicina. Por favor, ¡que me desmienta el Colegio Médico!
Cuando el doctor Paris me invita a una reunión me dice: "Quiero una reunión privada, Senador Navarro". Y yo le respondo: "La salud pública es pública. No estoy disponible para reuniones privadas con el Colegio Médico". Porque creo que son un cartel de la salud, que buscan la hegemonía y la colusión.
Se han coludido las sociedades médicas.
Oftalmología: cuatro oftalmólogos al año.
Ahí están también los pediatras.
Se han coludido como lo hicieron los ginecólogos en Ñuble, quienes fueron sancionados, multados por un tribunal. Se coludieron en los precios, en todo para atender a la población de Ñuble.
Tenemos una situación gravísima en el EUNACOM.
Hemos ido a la Contraloría General de la República con los antecedentes pertinentes.
Se reconstruyeron 25 preguntas en el EUNACOM de 2015.
Jaime Mañalich, Ministro de Salud de Sebastián Piñera, anuló en su momento dicha prueba por haberse filtrado 12 preguntas.
Señor Presidente, pusimos en manos de la Contraloría todos los antecedentes para enfrentar esta situación anómala, en que dos instituciones privadas, el Colegio Médico y la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), califican a los médicos para que trabajen en el sector público.
Lo he dicho y lo reitero: cualquier médico de primer nivel, sea uruguayo, mexicano, argentino, cubano, llega a la Clínica Las Condes y opera: puede hacerlo; llega a la Clínica Alemana y opera: puede hacerlo. Pero cuando se trata de que vayan al Hospital Guillermo Grant Benavente para contar con sus servicios porque ahí no hay especialistas, se dice: "¡No es posible!".
O sea, esos profesionales pueden operar a las personas de más altos ingresos, a los ricos, pero no a los pobres. ¿Y quién lo dice? El Colegio Médico y la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Estas últimas forman a los médicos: ¡son juez y parte!
¡Hay que terminar con esa colusión del sector médico! ¡Hay que terminar con el cártel del Colegio Médico! Y debemos hacerlo ahora, porque ¡la gente se está muriendo!
Yo desafío al Ministerio de Salud, a la Ministra Carmen Castillo.
Se lo digo con todo cariño, Ministra: ¡La gente se está muriendo! ¡Fallecieron 57 mil 700 personas que esperaban atención de un especialista y 10 mil que aguardaban una cirugía!
Me señalan que no hay relación causal.
Avaluemos, evaluemos, revisemos.
¿Acaso al Ministerio de Salud no le importa que la gente muera mientras espera atención?
¡En 2015 fallecieron 510 pacientes GES que aguardaban la atención que les garantizaba la ley!
Señor Presidente, la inmensa mayoría de los médicos de Chile tienen vocación de servicio público; son fieles a su juramente hipocrático, pues trabajan en el sector público, y también en el privado. Sin embargo, hay un grupo que se ha concertado para crear esa verdadera colusión.
Conversamos con las madres de los niños magallánicos que necesitan atención oncológica: su traslado en ambulancia de Magallanes a Valdivia cuesta ¡14 millones de pesos!; además, se debe pagar el pasaje a Santiago.
¡Cómo no va a haber un oncólogo infantil formado en Chile capaz de asumir la tremenda responsabilidad de asistir a los niños de Magallanes que padecen de cáncer!
Señor Presidente, en nuestro país existen 2 millones 300 mil adultos mayores. ¿Y cuántos geriatras tenemos? ¡Solo 84...! La OCDE establece que debe haber 3,2 por cada mil habitantes. Nosotros tenemos ¡1,6...!
¡Faltan especialistas! ¡Faltan médicos de familia!
Ahí están los convenios. Pero no se utilizan.
Se aplica la política del goteo: en La Serena autorizan a cinco médicos venezolanos y dos cubanos; en Arica autorizan a dos profesionales extranjeros.
Los seremis fueron valientes.
Sin embargo, se mira hacia el Ministerio. Y, al parecer, este le teme al Colegio Médico, pues antes de resolver observa cómo lo va a tratar dicha organización gremial.
Hay una política de Estado en materia de formación de especialistas. Creo que va por el camino adecuado. No obstante -se lo digo a la Ministra-, la considero insuficiente. ¿Por qué? Porque se dice que habrá 1.100 especialistas de aquí al 2017 y otros 1.100 al 2018. Ello, pese a que las cifras del Ministerio revelan que se requieren 3.990. Es decir, durante este Gobierno no se cubrirá totalmente el déficit.
En Magallanes existe un hospital cinco estrellas: faltan especialistas. Se están construyendo tres hospitales: faltan especialistas.
Me decía el Intendente de esa Región "Se están formando especialistas".
Las isapres siguen pagando 80 millones de pesos en multas y evitan que los especialistas formados en el sector público regresen a él.
Especializar a un médico puede costar 200 millones de pesos.
¡Es más barato pagar la multa...!
Señor Presidente, presentamos un proyecto de ley para establecer que los médicos que se especialicen con cargo al Estado y no devuelvan el importe de la beca no puedan ejercer la especialidad.
Eso no es un atentado contra la libertad de trabajo: se trata de guardar la mínima coherencia entre lo que el Estado paga y lo que debe recibir como justa retribución. O sea, la idea es que dichos profesionales vayan al servicio público y vuelvan a los hospitales para atender a los pacientes que permanecen en largas listas de espera.
Ahora, si fuera solo espera, señor Presidente, ¡Chile tiene paciencia!
El problema radica en que la gente se muere. Pero el Ministerio de Salud no quiere verlo. Y si lo ve, lo hace con una mirada que no comprendo.
Yo nunca he hecho cola en un hospital, señor Presidente. Estoy en FONASA desde hace más de tres décadas, a partir de los 14 o 15 años, cuando enteré mis primeras imposiciones.
¿Qué ha hecho FONASA? ¿Qué ha hecho Jeanette Vega?
¡90 mil millones de pesos le roban las mutuales a FONASA! ¡521 mil licencias derivadas de accidentes del trabajo se plantean como enfermedades comunes!
¡130 millones de dólares!
Se lo he dicho al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien estuvo en esta Sala: ¡130 millones de dólares!
Por eso hay una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, existe un conjunto de elementos vinculados con nuestra salud.
Han mejorado los hospitales: ¡bien, Presidenta!
Vamos a cumplir con la construcción de 28 hospitales. Pero los hospitales requieren especialistas. Y los consultorios y los CESFAM necesitan médicos de familia de manera permanente. De nada sirve tener un muy buen hospital si no hay especialistas.
Señor Presidente, le solicito que haga llegar esta intervención a la Ministra de Salud; a la Presidenta de la República; a todos los intendentes regionales; a todos los directores de servicios de salud de Chile. Porque algo tenemos que hacer. Y no mañana, sino ¡ahora!
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:55.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción