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ELECCIÓN DIRECTA DE GOBERNADOR REGIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE FIGURA DE DELEGADO PROVINCIAL


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la centralización del país no da para más y es una de las causas -no la única- de la crisis de la política y de la desconfianza generalizada en las instituciones que sufre nuestro país.
La crisis actual se debe, en buena parte, a la distancia cada vez mayor de la actividad política respecto de las comunidades, lo que es especialmente evidente en los territorios más alejados.
Incluso, diría que las primeras señales o las más nítidas de esta creciente desafección de la política las pudimos advertir en las regiones, cuando muchas veces las comunidades se encontraban con respuestas centralistas, alejadas de la realidad frente a sus problemas, o cuando no siempre sus autoridades máximas lograban representar los intereses de esas comunidades.
Tales fenómenos los hemos sufrido por décadas en las regiones, y el actual clima político solo ha agudizado ese cuadro.
Muchos de los conflictos que hemos vivido en los últimos años (las manifestaciones masivas que se produjeron desde el norte, en Tocopilla y Freirina, hasta el sur, en Chiloé, Aisén y Magallanes) han sido no solo la expresión de una reivindicación específica, sino también la señal de que las instituciones locales o regionales no cuentan con el poder suficiente y que la autoridad central no advierte a tiempo los problemas.
De manera tal que hay razones políticas de fondo detrás del impulso descentralizador y, en especial, de la elección de la autoridad máxima en cada región.
Con esto estamos acercando la política a la gente, ampliando la democracia y devolviendo parte de la soberanía a los ciudadanos. Los futuros gobernadores regionales podrán representar sin limitaciones los intereses de su región, canalizar de mejor manera las demandas de cada territorio y anticipar más oportunamente los conflictos.
Las regiones tendrán ahora una voz potente, legitimada por sus comunidades.
La centralización no solo es una traba para la democracia; es también un obstáculo para el desarrollo económico de los territorios y, por ende, del país.
Lo he dicho innumerables veces: Chile no será un país desarrollado mientras no desarrollemos sus regiones.
La productividad, la innovación, la creatividad, la capacitación, la inversión, la sostenibilidad ambiental y la diversificación productiva y de la matriz energética son todas condiciones necesarias para el desarrollo que se estimulan y se potencian mejor desde territorios que dispongan de autonomía y de autoridades fuertes, dispuestas a atreverse a competir con sus propias ventajas y capacidades.
No es lo mismo bajar a la región una política nacional, que generar una política propia. Chile no necesita una política de turismo, ¡necesita quince! Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de la economía.
Por otro lado, las políticas sociales pueden focalizarse de mejor manera en las regiones.
Las necesidades de las comunidades indígenas del norte no son iguales a las del sur. Y lo mismo pasa con relación a mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores.
El enorme desafío de la reforma educacional supone también el fortalecimiento del nivel regional.
Asimismo, una planificación adecuada del territorio, que facilite la inversión pero que al mismo tiempo salvaguarde los intereses de las comunidades, y la administración eficiente de las zonas metropolitanas, que tanto incide en la calidad de vida de millones de personas, son tareas propias de una autoridad electa que responde a los ciudadanos que la eligieron y no a las metas de uno u otro ministerio.
En mi opinión, esos son los aspectos centrales que nos jugamos con esta reforma constitucional. Con la elección de la autoridad máxima de cada región estamos actuando sobre un factor clave para el desarrollo político, económico, social y territorial del país.
Así lo entendieron el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y el programa de Gobierno que levantó la Oposición en la última elección.
Así lo concluyeron todos los estudios internacionales que demuestran que Chile es uno de los países más centralizados tanto en la OCDE como en América Latina.
Así también lo acordó de manera unánime una Comisión Asesora Presidencial de innegable autoridad y transversalidad.
Todos los esfuerzos que en materia de probidad y de transparencia se han hecho en este Senado podrían quedar en nada de no aprobarse esta reforma.
Nadie creerá que queremos cambiar las maneras de hacer política que han primado hasta ahora si no damos curso a la elección de la autoridad máxima de cada región ahora, y no en cinco ni en diez años más.
Las desconfianzas existentes sobre la eficiencia o la disciplina fiscal de los nuevos gobiernos regionales, la generación de caudillismos o los eventuales conflictos que surjan con la autoridad nacional no pueden impedir que demos este paso. La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es aún mayor, y esta reforma no se puede dilatar.
La descentralización por sí sola no se va a traducir en un desarrollo territorial inmediato. Pero, sin duda, es una herramienta no solo eficaz, sino también imprescindible.
Por cierto que esta reforma pudo ser más profunda e ir acompañada del otorgamiento de mayores potestades para los gobiernos regionales.
Igualmente, tiene aspectos opinables, como el de si los nuevos gobernadores regionales se elegirán por mayoría simple o absoluta, o si serán reelegibles.
Pero esos aspectos pueden ser zanjados en votaciones separadas y sus resultados no afectarán lo principal: la democratización de la función ejecutiva de los gobiernos regionales y el impulso decidido al proceso descentralizador de nuestro país.
Señor Presidente, fui intendente por 10 años con los Presidentes Aylwin y Frei, y ellos y sus colaboradores siempre me dieron espacio para expresar lo que yo interpretaba como los intereses de la Región de Los Lagos, que entonces incluía la actual Región de Los Ríos.
Pero en los tiempos actuales esto no es suficiente.
En el contexto de hoy la tarea es más compleja. Es imposible que una autoridad designada cuente con la legitimidad y el apoyo suficientes para liderar el camino al desarrollo de cada región.
Se requiere más participación, más diálogo, más articulación, y también más responsabilidad y rendición de cuentas ante la ciudadanía, y ello solo será posible con la generación democrática de los actuales intendentes y futuros gobernadores regionales.
Por eso, voto a favor.
--(Aplausos en las tribunas).