CREACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, comparto plenamente los objetivos de este proyecto.

Esta es una necesidad para la calidad y la proyección de nuestra democracia.

Nuestro sistema político requiere ciudadanos formados e informados. Es una ingenuidad esperar que nuestros niños y jóvenes, los futuros ciudadanos, se formen espontáneamente.

En nuestra historia, la educación pública cumplió un rol central en esta materia desde su origen. Las escuelas preparaban para el trabajo, la vida social y la participación ciudadana. Los liceos eran el semillero de los servidores públicos.

El Instituto Nacional es un símbolo en ese ámbito. Además de la larga lista de los exalumnos que han asumido posiciones de liderazgo en la historia de nuestro país, como el ex Presidente Ricardo Lagos, destacan también eminentes maestros, como el ex Presidente Patricio Aylwin, quien fue profesor de Educación Cívica y Economía Política por casi veinte años en dicho establecimiento.

Pero ese rol de formador no estaba limitado a las escuelas y los liceos. El movimiento sindical nació en el siglo XX al calor de la lucha reivindicativa, gracias a que se otorgó una especial importancia a la formación cívica de los trabajadores, lo que permitió su incorporación masiva a la vida política y social de Chile.

Lo mismo pasó con el movimiento estudiantil, con el de mujeres y con el movimiento social en general.

El ejercicio de la ciudadanía entonces, restringido a una élite a comienzos del siglo XX, surgió desde las aulas públicas y se masificó y reprodujo en las asambleas de sindicatos y organizaciones.

Todo este proceso se truncó con la dictadura militar. En los liceos ya no se podía hablar de estos temas, y el movimiento social estaba proscrito. Seguramente el año 98 se suspendieron las clases de Educación Cívica, pero yo no recuerdo que desde el 73 en adelante se enseñara dicha asignatura.

Hago esta referencia histórica porque, sin perjuicio de valorar el presente proyecto de ley y considerarlo imprescindible, sobre todo para las generaciones más jóvenes, creo que la tarea de contar con un plan nacional de formación ciudadana no puede restringirse a la educación escolar.

¡Es una labor de todos!

Desde luego, alcanza a la educación superior en todas sus modalidades. De hecho, la iniciativa que crea institutos tecnológicos estatales recoge también esta misión.

Pero creo que este objetivo debe exceder a la educación formal.

La democracia los comprende a todos, incluidos los millones de chilenos que se formaron en dictadura y que nunca tuvieron acceso a educación cívica alguna.

Por ello, pienso que este proyecto de ley u otro debe contener las medidas destinadas a promover la ciudadanía en todos los sectores sociales, en todos los segmentos etarios y en todos los rincones del país.

Asimismo, dicha tarea no es solo de la Cartera de Educación. En tal objetivo deberán participar, en particular, el Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría de Derechos Humanos -ambos organismos nuevos-; el Consejo Nacional de Televisión, los municipios. Pero, si miramos el panorama en general, todos los servicios públicos tienen un rol que jugar en la formación de los ciudadanos a partir de la relación que generan con sus propios usuarios.

En efecto, el Estado ha establecido diversas normas para asegurar información mínima en muchos ámbitos.

Así, por ejemplo, respecto de los alimentos, se exige información nutricional en sus envases. En cuanto a los cigarrillos y, ahora, al alcohol, se incluyen mensajes de advertencia. Y a algunos servicios, como los bancarios, se les impone la obligación de informar sobre los límites de la garantía estatal.

De la misma manera, todos los bienes y servicios públicos deberían entregarse con información general que permitiera conocer a los ciudadanos para qué sirven y qué hacen las diversas instituciones del Estado.

Por cierto, no hablo de propaganda ni de la caricatura que siempre se hace sobre la publicidad estatal como un derroche de recursos o mero proselitismo.

Me refiero a información pública destinada a formar ciudadanos; a promover el conocimiento acerca de la acción de los distintos órganos del Estado; a incentivar la participación en sus diversas instancias, y a generar una masa crítica que pueda servir de contraparte para las rendiciones de cuentas de las diferentes instituciones.

Así como el SERNAC promueve un consumidor informado, también hay que avanzar hacia la idea de un ciudadano informado, lo que no se limita a dar transparencia a los actos públicos, especialmente de aquellos más complejos que se encuentran sujetos al riesgo de corrupción.

Se trata de llegar hasta el ciudadano más humilde o al que habita el territorio más alejado, con información básica que explique en palabras simples la ley que le otorgó el beneficio, los poderes que participaron en ella, los objetivos de la política pública respectiva.

Señor Presidente, estoy seguro de que, en el mediano o largo plazo, nuestro país superará la crisis de confianza que afecta a toda la institucionalidad. Probablemente, con otros actores y -lo más importante- con otros ciudadanos, más formados y más informados; más conscientes de sus derechos y deberes; más tolerantes y más participativos.

Espero que, cuando se mire hacia atrás, esta ley -además del cambio al sistema electoral y del proceso constituyente- sea vista como un hito dentro de un proceso, gracias al cual la ciudadanía recuperó el lugar central que le corresponde en el sistema democrático.