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INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE EQUIDAD EN TARIFAS ELÉCTRICAS


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no voy a repetir lo que ha dicho mi colega Iván Moreira, Senador por la Región de Los Lagos, pues tiene toda la razón: este es un proyecto que busca la equidad y, desgraciadamente, tal como se ha manifestado, varias de las comunas de la provincia de Chiloé no reciben lo que debieran. Porque de las treinta de nuestra Región, dieciocho tienen una rebaja en las tarifas y doce, prácticamente, no la tienen o aumentan de 1 a 1,3 por ciento, en algunos casos.
Tampoco me voy a referir a lo que ha significado esta iniciativa. Ya se ha dicho lo que implica la equidad tarifaria residencial, a qué obedece el valor de las tarifas en cuanto a la generación, transmisión, distribución, etcétera, etcétera.
Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a los problemas energéticos, que representan un desafío para el desarrollo y que deben ser abordados en todas sus facetas por el Estado.
En los últimos años hemos sido testigos de diversas movilizaciones sociales a lo largo de nuestro país. Educación, salud, previsión, trabajo, son quizás las materias donde la conflictividad se ha hecho evidente para la opinión pública. Pero los problemas no acaban allí. Otra de las grandes razones del malestar social, han sido, sin lugar a dudas, los conflictos regionales. En la base de estos se encuentra siempre el mismo problema: los frutos del progreso y las ganancias parecen no ser compartidos con los habitantes de las regiones donde se producen.
Frente a ese panorama, los conflictos entre empresas energéticas y las comunidades van a ir en aumento si no tomamos cartas en el asunto. Aisén es quizás el ejemplo más mediático, pero vemos que este tipo de problemas comienzan a ser la regla y no una excepción.
El año 2014 el Atlas global de justicia ambiental ubicó a nuestro país en el puesto número 10 en el ranking de los países con más conflictos ambientales derivados de proyectos energéticos en curso.
Lo anterior pone de relevancia al menos dos situaciones que debemos atender oportunamente: por un lado, velar por la necesaria democratización regional, que entregue a las comunidades y a los ciudadanos, en general, servicios energéticos a precios justos; y por otro, impulsar una política medioambiental robusta, que ponga el acento en el uso de energías renovables. Y como ya ha señalado la Senadora Allende en la discusión en la Comisión, este no es solo un problema de dónde quedan los recursos, sino también de calidad de vida.
Habiendo mencionado esos antecedentes, puedo decir que, en mi opinión, este proyecto avanza en la dirección correcta. Las dos grandes aristas del mensaje buscan paliar algunas de las externalidades negativas aquí señaladas.
Así, mediante la implementación del principio de reconocimiento de la generación local se favorece a los habitantes de localidades históricamente postergadas y relegadas. Y espero que cuando haya mayor generación en Chiloé, las comunidades reciban los beneficios de aquello.
Y también está la equidad tarifaria residencial, que avanza en regular un mercado de servicios básicos, donde el derecho de cada ciudadano a contar con electricidad no pueda estar sujeto a la fijación arbitraria de precios.
Un Estado que defienda una economía social de mercado debe saber que los efectos negativos de la libertad de precios no pueden recaer en los consumidores, pues nuevamente los más perjudicados serán los habitantes de sectores con baja densidad poblacional, es decir, las regiones, y en especial, los sectores más rurales.
Si realmente queremos modernizar nuestro país, debemos saber salir del círculo vicioso en el que nos atrapa la centralización: la cosecha de los frutos de la inversión económica y energética debe favorecer a la población en general, y no solo a quienes ya viven en mejores condiciones.
Visto así, cabe también hacer mención de algunos aspectos por mejorar del proyecto.
El Ejecutivo ha hablado de un "impuesto verde" para paliar los efectos medioambientales a través de una compensación económica. Esto es a todas luces un avance, pero aún insuficiente. La calidad de vida de los habitantes no se puede ver mermada por el desarrollo energético, por lo cual es preciso saber poner en la balanza al menos dos factores más: por un lado, el fomento a la generación de energías renovables, y por otro, la búsqueda de los mecanismos más adecuados para hacer asequibles los servicios eléctricos en los sectores más vulnerables de la población.
Solo así, señora Presidenta, estaremos en condiciones de hablar de un verdadero desarrollo.
Voto a favor.