SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con la presente iniciativa y quiero aprovechar la oportunidad para hablar de otros tópicos que inciden en esta materia.

En el mundo de hoy el transporte público ha pasado a ser un componente esencial de la calidad de vida de las personas.

Cuando algunas necesidades básicas se encuentran relativamente satisfechas, la conectividad surge como una demanda muy fuerte que cruza todos los sectores de la sociedad, sin importar sus niveles de ingresos o si viven en un área urbana o rural.

En ese sentido, el proyecto que analizamos influye en un aspecto central de la calidad de vida de la gente y, en el caso de los taxis colectivos, afecta especialmente a sectores medios y bajos, con una mayor repercusión en las regiones.

Sin embargo, además de los usuarios, no es posible prescindir del hecho de que esta modalidad de transporte constituye la fuente de ingresos de miles de dueños y choferes de taxis. Solo en la Región de Los Lagos existen más de 4.700 vehículos inscritos.

De este modo, debemos examinar la presente iniciativa de ley desde dos perspectivas: la del usuario y la de los actores del sector.

Cabe tener presente que las alternativas de política pública sobre el particular serían las siguientes: dejar el mercado abierto para que opere todo aquel que esté interesado en ofrecer sus servicios; licitar un número limitado de cupos, como una concesión, o bien congelar los permisos vigentes.

A los pasajeros les importa un servicio de calidad, eficiente, con frecuencias adecuadas, a precios razonables y seguro.

En la mayoría de esos factores, la evaluación general de los usuarios de esta modalidad de transporte público es positiva, por lo que no existe una justificación para modificar el sistema actual, que en lo esencial congela el parque vehicular, pero permite a la autoridad efectuar algunas licitaciones de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo.

Sin perjuicio de lo anterior, existen reclamos, que pueden traducirse en mejoras, respecto de distintas materias en mi Región, como la antigüedad de las máquinas, el cumplimiento de los recorridos y el respeto de las tarifas.

Asimismo, es evidente que esta política puede y debe ser complementada con medidas para atender otras finalidades, como la protección del medioambiente a través de incentivos que promuevan el uso de vehículos menos contaminantes.

Por otra parte, en materia de subsidios, cabe tener presente que la realidad de los taxis colectivos en regiones es muy diferente de la situación que se observa en la Región Metropolitana. En Puerto Montt, por ejemplo, estos son el principal medio de transporte local, mientras que en Santiago se ubican por detrás del Metro y de los buses.

Ahora bien, desde el punto de vista de los trabajadores del sector, por supuesto que ellos están interesados en que se mantengan las cuotas existentes y no aumente el parque de taxis.

Pero debemos reconocer que se producen distorsiones, que no son sanas.

Hoy se transan derechos para operar taxis por un valor cercano a los diez millones de pesos. Por tanto, aquellos se han transformado en el principal capital de los dueños de tales vehículos, incluso mayor que el precio de estos.

De hecho, las automotoras han integrado este ítem en su negocio, ofreciendo automóviles con derechos, con lo cual se convierten en intermediarios en este ámbito.

En otro sentido, se produce un problema en caso de muerte del titular del derecho: este se pierde y no pasa a sus herederos, en circunstancias de que es la fuente del sustento de una familia.

Por otra parte, los valores excesivos han provocado un aumento de la piratería en el sector, que la autoridad debe enfrentar, sin desconocer que parte de esa realidad se debe a que los taxis piratas se han extendido en zonas desatendidas, especialmente en los suburbios de las grandes ciudades, muchas veces por las condiciones de seguridad que afectan a esos barrios.

También la autoridad debe hacerse cargo del nuevo fenómeno de las aplicaciones para celulares en materia de servicio de transporte de personas, como las que ofrecen Uber y otras empresas, que han generado graves conflictos en distintas ciudades del mundo y que ya han llegado a nuestro país.

En consecuencia, creo que no existen razones para innovar en el sistema vigente, que ha congelado el parque vehicular, sin perjuicio de que es factible introducir mejoras y atender problemas y realidades que no existían hace 17 años, cuando comenzó a operar la suspensión de inscripciones en el Registro.