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APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, después de escuchar al Presidente y al ex Presidente de la Comisión de Agricultura es poco lo que se puede agregar.
Solo deseo recordar que hace más de cuarenta años Chile suscribió la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, denominado CITES, para regular y combatir el comercio ilegal de que ellas, animales o vegetales, sean objeto. Sin embargo, la Secretaría de la Convención lo ha calificado en la categoría 2, debido al incumplimiento de algunos requerimientos establecidos en dicho instrumento.
Lo que buscamos hoy día a través de la aprobación de la iniciativa en debate es elevar el estándar de cumplimiento para que Chile pase a ser considerado en categoría 1. Para ello, se abordan compromisos que no habían sido satisfechos a cabalidad, relacionados con los listados de especies cuya comercialización debe ser regulada bajo los términos establecidos por la Convención.
Nuestro país puede solicitar que se agreguen otras nuevas, y proteger, de este modo, su patrimonio natural, particularmente relevante en una Región como la que represento -la de Los Lagos-, rica en biodiversidad tanto en áreas terrestres como marinas.
El texto también presenta un claro avance en lo relativo a la tipificación del delito de comercio ilegal de las especies reconocidas por la Convención.
Se establecen la sanción de multa de hasta cien unidades tributarias mensuales y el comiso con relación a quienes no puedan acreditar el legítimo origen de aquellas que tengan en su poder, y se puede llegar hasta el presidio en caso de introducirlas o de extraerlas. Ello nos permite cumplir con el requerimiento formulado respecto de contar con penas que logren una efectiva disuasión del ilícito.
Finalmente, se avanza en la regulación del procedimiento asociado a la incautación de especies en aquellos casos en que proceda una investigación de hechos constitutivos de delito.
En cumplimiento de los términos del instrumento internacional, el país señala las autoridades administrativas que serán responsables de la aplicación de las normas, correspondiendo aquellas a diversos servicios, como el SAG, la CONAF, el SERNAP y otros.
Lo más apropiado habría sido que la mayor parte de estas funciones quedaran radicadas en el Servicio para la Biodiversidad, como aquí se ha dicho, pero la iniciativa que lo crea aún está en trámite en esta misma Corporación.
Con todo, a través de la aprobación del proyecto de ley lograremos que nuestro país siga fortaleciendo su rol en la preservación de su fauna y flora. El mejoramiento en la aplicación de nuestro ordenamiento y la eliminación de ciertos vacíos legales que disminuían nuestra capacidad de proteger nuestra biodiversidad generarán beneficios que serán disfrutados por las futuras generaciones.
Voto que sí.